Los afiliados a la Asociación de Licenciados en Enfermería denunciaron, este martes, despidos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta y exigieron que se los reconozca como personal de la salud. Realizaron una caravana desde Corrientes y Callao a la Legislatura de la Ciudad.
Tras la resistencia de trabajadores, vecinos y consumidores, el Gobierno de la Ciudad rehabilitó el mercado de economía popular. Los cooperativistas no bajan los brazos.
El mercado de Bonpland, ubicado en el barrio porteño de Palermo, reabrió sus puertas, luego de que el Gobierno de la Ciudad levantara la clausura. El martes 22 de marzo el Gobierno Porteño clausuró el Mercado de Economía Solidaria y la noticia despertó rápidamente la preocupación y la organización del sector para impedir el cierre. Los funcionarios reclamaban una habilitación que la administración porteña nunca terminó de tramitar.
Las cooperativas que componen el Mercado informaron que consiguieron levantar la clausura que les había impuesto la Agencia Gubernamental de Control y que las organizaciones denunciaban que había sido «arbitraria».
Luego de varios días de trámites y lucha en la calle, ayer al mediodía levantaron la faja que cerraba el recinto y permitieron que los productores vuelvan a vender sus productos.
Rosa Zambrano, vocera del Mercado e integrante de la Cooperativa Soncko, estuvo presente en el momento de reapertura y se mostró agradecida con quienes acompañaron el reclamo estos últimos días: “Es muy gratificante todo el acompañamiento que recibimos en estos momentos tan tristes, pero que sirvieron para saber que la comunidad del mercado está más unida que nunca. Hoy recuperamos nuestra fuente de trabajo, pudimos abrir el mercado, todo gracias a la resistencia popular”.
Desde hace 15 años funcionan en el mercado ocho cooperativas y trabajan alrededor de 200 familias que durante la semana de la clausura perdieron la posibilidad de comercializar sus productos. El levantamiento de la clausura fue celebrado por clientes y trabajadores, que sostienen que “La organización colectiva siempre vence”.
De todas formas, el problema no está saldado por completo, ya que todavía hay exigencias que el Gobierno de la Ciudad debe cumplir. “Les pedimos que nos sigan acompañando porque es muy importante el camino que nos queda por recorrer. Tenemos que lograr que bajen los fondos para lograr la habilitación necesaria, que hace 15 años nos vienen prometiendo, ya que sin final de obra nunca vamos a conseguir la habilitación formal”, agregó Zambrano.
Quienes integran el único mercado de Economía Solidaria de la Ciudad de Buenos Aires son conscientes de que la lucha no se termina con la reapertura, ya que los negocios inmobiliarios y la especulación edilicia siguen vigentes. Por eso, reiteran el llamado a la comunidad para que acompañe el comercio sano seguro y solidario.
En Bonpland se encuentran producciones agroecológicas libres de agrotóxicos, alimentos elaborados de manera artesanal y sin aditivos y artesanías ecológicas, entre otros productos que llegan a los y las consumidoras sin intermediarios. “Nosotros somos los que podemos garantizar que en la mesa de los argentinos haya alimentos sanos y de calidad”, destacó Rosa Zambrano y enfatizó que “ha quedado a la luz, no solamente la problemática burocráticas de los trámites de las habilitaciones, también quedó a la luz la falta de consideración del Estado sobre los modos de producción familiares, los pequeños emprendimientos, las cooperativas o pequeñas empresas recuperadas”.
El Mercado sembró un precedente en la construcción y desarrollo de una red de comercialización alternativa de productos de la agricultura familiar y de la economía social y solidaria. Por eso, Zambrano señaló que es necesario fortalecer este modelo, y remarcó que tenemos que transmitir al consumidor el cambio en los hábitos de consumo. Es fundamental para producir y consumir de otra manera.
Fotografía: Guido Ieraci
Este jueves 28 de octubre, trabajadores nucleados en la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores (FACCyR) realizaron una movilización para acompañar la presentación del proyecto de la Ley de Envases con Inclusión Social en la Cámara de Diputados. La marcha partió a las 10 de la mañana desde el Obelisco y concluyó en el Congreso de la Nación junto a un acto de cierre donde participaron dirigentes como Jacquelina Flores -cartonera, miembro del MTE y la CTEP-, María Castillo -directora de la Economía Popular en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación-, Sergio Sánchez -presidente de la FACCyR-, Juan Grabois -abogado y militante del MTE- y el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié.
El proyecto de ley está basado en el principio de “responsabilidad extendida al productor” (REP), la cual plantea la obligación de los productores sobre el destino posconsumo de los envases que se introducen en el mercado nacional. Para ello, se propone la implementación de una tasa ambiental destinada a las empresas que los colocan en el mercado, beneficiando a aquellos productores que elijan utilizar materiales más fáciles de reciclar. Lo recaudado será destinado a la implementación de un Sistema de Reciclado con Inclusión Social que permitirá llevar adelante la recuperación de los envases para destinarlos nuevamente a la industria, generar nuevos puestos de trabajo y mejorar las condiciones laborales para los trabajadores cartoneros.
Desde el Ejecutivo habían anunciado que la ley se trataría en 2020. Pero aún no ocurrió.
Desde el Poder Ejecutivo se había determinado que la ley sería tratada en el mes de agosto del año 2020. Pero aún no pudo ser discutida dentro de la Cámara de Diputados. ‘’Nos pasa que en muchos municipios nos dicen ‘no hay plata’, ‘más adelante’ y la necesidad de nuestro sector ya viene atrasada hace tiempo’’, comentó Jonathan Castillo, presidente de la cooperativa Recicladores Unidos de Avellaneda y referente de la FACCyR. ‘’Nosotros necesitamos que nos entiendan, porque el reconocimiento de nuestros compañeros y la tarea viene atrasada hace años y siguen diciendo ‘vamos a esperar’. La misma burocracia de siempre. Tenemos que empezar a cortar con eso porque las necesidades de nuestros compañeros se tendrían que haber tratado antes. Yo estoy esperanzado que está ley que se presenta hoy se trate lo antes posible’’, agregó.
La ley no solo es fundamental para el sector cartonero, sino también para la política ambiental del país. En Argentina el 35% de los residuos que se generan por día terminan en basurales a cielo abierto u otros sitios de disposición irregular, lo cual genera la liberación de los gases de efecto invernadero que contribuyen al cambio climático. La implementación de la REP permitiría aumentar de manera significativa la cantidad de envases reciclados y la recuperación de los residuos. ‘’Se debería haber pensado antes en nuestra casa común, en el medio ambiente. Nosotros, lo que proyectamos, más allá del reconocimiento económico de todos nuestros compañeros, es el cuidado de nuestra casa común’, señaló Castillo.
El reconocimiento del trabajo realizado por los trabajadores cartoneros sigue siendo una deuda pendiente. ‘’El sector cartonero estuvo siempre en la marginalidad, en la desigualdad y siempre es la lucha constante’’, expresó Brenda, coordinadora del turno mañana del predio Saavedra del MTE Rama Cartonera. La discusión de la ley significaría un avance en este reconocimiento, brindaría respuestas a sus reclamos y daría cuenta de todo su trabajo y crecimiento. ‘’Queremos el reconocimiento de que el laburo es tan digno como un recolector de basura o un barrendero’’, sostuvo Castillo.
La pandemia de covid-19 que se desató en el mes de marzo del año 2020 afectó duramente al trabajo que realizan los trabajadores cartoneros. ‘’ El ‘quedate en casa’ no es posible para un compañero porque nuestra fuente de trabajo está en la calle. Si el cartonero no sale a la calle no le alcanza, está muy por debajo de la canasta básica y se complica para saber si vas a comer o no vas a comer’, dijo Brenda.
Las malas condiciones laborales de los 150.000 cartoneros y cartoneras ya estaban presentes previamente al desarrollo de la pandemia. Muchos de ellos realizan su trabajo en basurales sin baño, sin agua y sin techo para cubrirse del sol o la lluvia. La imposición del aislamiento fue imposible de cumplir para el sector, por las tareas que realizan, lo que agudizó aún más la problemática. ‘’Tenemos dos realidades muy diferentes: un compañero independiente no ha podido comprar barbijos y lo único que podía hacer era ver si podía comer. Los compañeros que están organizados en una cooperativa tuvieron los insumos, pudieron quedarse en casa a hacer la cuarentena. El compañero independiente no podía quedarse en su casa, aún teniendo covid. Ni el Estado pudo garantizar muchas cuestiones necesarias’, manifestó Castillo.
Con la implementación de la Ley de Envases con Inclusión Social se garantizaría la generación de puestos de trabajo calificados en recolección, clasificación y acondicionamiento de los reciclables. Se estima que cada $1000 millones recaudados podrían garantizarse 1.340 puestos de trabajo y se reforzaría el Sistema Local de Gestión de Residuos, mejorando las condiciones en las que cartoneros y cartoneras llevan adelante su trabajo.
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Por: Diana Mull Barrios
Fotos: Andrea Bravo
El reloj marcó las 14 horas del sábado pasado: las puertas y las latas de pintura se abrieron, las brochas se alistaron y la música empezó a sonar en La Casa Roja, que es la sede de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) y está ubicada en el barrio de Constitución. Se hicieron presentes asistentes e invitados especiales, quienes fueron protagonistas del conversatorio Trabajo Sexual e Identidad Marrón, organizado por trabajadoras sexuales, integrantes del Bloque Migrante e Identidad Marrón. En esta actividad de encuentro y reflexión, mientras dejaban registro pintando un mural, las trabajadoras sexuales contaron algunas anécdotas que reflejan la dificultad de ser marrón y migrante en la Argentina.
Abre el juego Yokhar, migrante de Perú que vino a la Argentina hace 13 años, con el primer testimonio: “Llegué porque otras compañeras migrantes me contaban que aquí no era tan difícil ser una persona trans. Me encontré con otra cultura y algunas costumbres y racismos que llegué a normalizar, pero más adelante me di cuenta que eso estaba mal. Soy trabajadora sexual por voluntad propia y vivo con el temor de la persecución policial, porque nosotras somos doblemente estigmatizadas, primero por nuestro trabajo y segundo por ser migrantes de color marrón. De la misma manera son discriminadas las compañeras que vienen de otras provincias, pues son también tratadas como migrantes. Al llegar a AMMAR adquirí herramientas y conocimientos para poder enfrentar a la policía de manera pacífica. Aprendimos a defendernos, en La Casa Roja hicimos la unión puta”, concluyó.
Laura, quien se desempeña como trabajadora sexual por internet y en privado, suma su testimonio: “Soy marroncita del conurbano y hace cuatro años soy trabajadora sexual de múltiples modalidades, pero arranqué por internet. Hice calle y ahora empecé con un privado. Quise ir más allá y fue así que se me ocurrió hacer publicidad y fue entonces que detecté el racismo en el que vivimos. Varios clientes me rechazan diciendo que en las fotos me veo más blanquita. Quienes se encargan de hacerme publicidad me suelen pedir fotos con más iluminación o filtros para verme más blanca. Pero la realidad es que yo soy marrón, mi piel es oscura y esto es para mí y para mis compañeras una dificultad que padecemos a diario”.
El mural va tiñendo la pared de un rostro, en una paleta de marrones, negro y rojo y continúa recogiendo testimonios en cada pincelada.
“Los pueblos originarios, las putas y los migrantes tenemos los mismos problemas que nos unen: la persecución policial, la falta de acceso a la vivienda y a la salud por nuestro color de piel. Mi experiencia fue que con una compañera fuimos a un hotel de prestigio ubicado en Recoleta, en el que suelen ir compañeras putas a trabajar. Compañeras putas sí, pero de belleza hegemónica. Mi compañera y yo intentamos ingresar al bar y no nos dejaron, poniendo como pretexto que era una fiesta privada. Sentimos mucha impotencia porque no nos dejan trabajar por ser marronas y no podemos llamar a la policía para que nos defienda porque ¿qué les decimos? ¿Que somos putas y queremos trabajar? ¿Que somos trabajadoras sexuales y no nos dejan prostituirnos? También hago calle en Microcentro y me pasa lo mismo, en medio de los cuerpos blancos hegemónicos, yo, la color marrón, soy la extraña. Las compañeras blancas trabajan tranquilas y a mí la policía me decía que no puedo trabajar, entonces me sacaba. Otro problema es que nos bajan el precio, por lo mismo, por no encajar en el estereotipo. Con AMMAR aprendí cuáles son mis derechos. Ahora me siento más protegida, pero hay un largo camino por recorrer”, cerró Rebe, quien fue la anfitriona del conversatorio y es una de las militantes más activas.
Fue el turno de Meli, quien es parte del Bloque Migrante, el cual surge al calor de la lucha contra el racismo y la discriminación hacia los migrantes, sobre todo latinoamericanos. “El Bloque Migrante está compuesto por compañeros que confluyen a partir del DNU 70/2017 de Mauricio Macri, el cual modificó algunos puntos clave en la Ley Nacional de Migraciones de la Argentina. En este nuevo decreto, la gestión de Cambiemos hizo que muchos expedientes de radicación migratoria fueran revisados con la posibilidad de ser revocados para luego expulsar a los migrantes, incluso en casos en los que no tuvieran una condena en el fuero penal. Por suerte en la actual gestión mejoraron algunas cosas y se derogó este DNU. Nosotros creemos que la migración no es un problema, sino que el verdadero problema es el racismo hacia aquellos cuerpos marrones que, por el contrario a los cuerpos blancos, no tienen realmente permitido ocupar ciertos territorios. La articulación entre el Bloque Migrante y las trabajadoras sexuales es una lucha interseccional, pues es un problema de racismo que viven las personas que no cumplen con esa corporalidad y esa racialidad que el país espera. En el caso de las compañeras que ejercen el trabajo sexual están doblemente atravesadas por esa discriminación no solo por su racialidad, sino por el oficio que desempeñan”, dijo la activista colombiana.
El conversatorio cerró con las palabras de Georgina Orellano, quien es la Secretaria General del Sindicato de Trabajadoras Sexuales de la Argentina. “Lo que nos une es la exclusión social y política. Vivimos la violencia institucional. ¿Cuáles son los cuerpos que son castigados por la represión policial, por la mirada de los vecinos? Siempre llegamos a la conclusión que son los de pieles oscuras. Queremos poner en evidencia cómo se construyen las políticas punitivas que le entregan mayor poder a la policía para que nos persiga, en este caso, a las trabajadoras sexuales callejeras, a las migrantes, a las compañeras racializadas, a las marrones. Las personas que escriben las leyes que nos competen, quienes hablan de la pobreza y de exclusión son personas blancas que no están atravesadas por las situaciones que nosotras vivimos”. Para ejemplificar, agregó: “Muchas veces allanan sin motivo casas de compañeras. En una ocasión encontraron un cuaderno en el que habían anotados nombres de otras trabajadoras y al lado de cada nombre un número. Lo primero que pensaron es que ellas son parte de la venta de estupefacientes, vinieron varios medios de comunicación y publicaron que se había desarticulado una red de narcotráfico, cuando en realidad lo que está escrito en este cuaderno son nombres de putas que tienen pensado acceder a un plan de crédito y ahorros. Otras vendían comida como una fuente de ingreso extra y ese número era la cantidad de dinero que ganaron por eso. Para la policía, si nosotras vendemos papas a la huancaína, tamales o seco de cordero, es decir, comidas típicas de nuestros países, significa que vendemos droga. Nosotras no podemos ir a pedir un crédito a un banco porque no existimos. Por eso nos organizamos y pensamos estrategias para sortear estas dificultades”. Reivindicando sus identidades y visibilizando su problemática, concluyó: “Queremos ser nosotras, las feministas marrones, las escuchadas, las referentes de los feminismos populares, comunitarios y antirracistas. En la agenda aparecen siempre los problemas que atraviesan las clases medias, a nosotras nunca nos preguntaron de qué manera enfrentamos los problemas económicos durante la cuarentena. Quedamos fuera nosotras, que estamos endeudadas, que no podemos acceder a la vivienda porque no tenemos recibos de sueldo: alquilamos por contratos de palabra y pagamos el doble. No hay políticas públicas para nosotras”.
Pasadas las 19 horas y de la mano de la artista Mirela Vega, el mural pintado en las puertas de La Casa Roja estaba terminado. En esta jornada, las trabajadoras sexuales lograron su objetivo: alzar la voz fortalecida y empoderada que las caracteriza. Sin embargo, para ellas el camino es largo y por eso las actividades continúan: el próximo sábado 30 de octubre a las 12 horas se llevará a cabo el Encuentro Feminista Popular, en el Estadio Malvinas Argentinas. Para asistir se debe llenar el siguiente formulario
El acampe es frente al Congreso. Dos días de actividades por la Ley de Acceso a la Tierra, llevado a cabo por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a otras organizaciones que apoyan el reclamo. El verdurazo está en el centro y es una de las acciones más sorprendentes para los vecinos.
A las 12 del mediodía, en la Plaza del Congreso se podían encontrar los distintos puestos de la feria que se había montado, la mayoría con banderas wiphala, y carteles que reclamaban «Por una política agropecuaria que alimente’’ o “Ley de Acceso a la Tierra”, enarboladas por las organizaciones que habían ido a vender sus productos alimenticios como quesos, leches, yerbas y bandejas de comida a precios populares y que se iban a mantener durante toda la jornada.
A esa hora la llegada de un camión dio lugar a que dos chicas rompieran el silencio al grito de “azo, azo, se viene el verdurazo”. Y ahí nomás, dos trabajadores empezaron a bajar los primeros cajones y comenzó la repartija de verduras a la cuadra y media de personas que habían armado una fila en no más de 10 minutos. Primero un trabajador llenaba las bolsas de las señoras mientras gritaba los nombres de las verduras, y del otro lado del camión se repetía la misma situación.
Los productores de la UTT obsequiaron 5.000 kilos de verduras.
Media hora después, se hizo un pase de manos entre diez trabajadores de la UTT al grito de «verdura va» para bajar del camión los más de 5.000 kilos de verdura que habían traído y armar altas columnas de cajones en círculo para facilitar la distribución. Mientras tanto, en los parlantes comenzaba a sonar música folclórica que fue recibida con aplausos por las trabajadoras, vestidas con remeras que ostentaban el lema: “Ni una menos, ni una más sin acceso a la tierra”.
Precisamente, el proyecto de ley tiene como finalidad el acceso a créditos blandos para dejar de alquilar las tierras en las que se producen alimentos y poder obtener una vivienda digna.
Los cajones no paraban de apilarse delante de un tractor verde en el que estaban apoyados decenas de ramos de flores, cuando una trabajadora decidió tomar el micrófono para anunciarles a las familias que esperaban con sus bolsas y changuitos que toda la verdura se iba a donar. Pidió que mantuvieran la fila, explicó el motivo por el cual se realizaba el acampe, y agradeció que acompañaran en el reclamo. Cuando por fin se terminaron de bajar los cajones, empezaron a aplaudir, mientras se sumaban más trabajadores para ayudar a llenar las bolsas de albahaca, perejil, puerro, rúcula, coliflor y otros alimentos agroecológicos.
Al rato, los trabajadores comenzaron a cocinar en una olla gigante al grito de “¡Diputados, diputados / no se lo decimos más / ley de acceso a la tierra / y vivienda digna ya!”.
«Los pequeños productores somos responsables del 65% de los alimentos que se consumen en el país», dicen en la UTT.
“Somos pequeños productores -explicó a ANCCOM Zulma Molloja, pequeña productora de la UTT-, no terratenientes, producimos más del 65 por ciento de los alimentos. Trabajamos en duras condiciones, en el frío, la lluvia y el barro. Nuestras viviendas son casillas precarias en las que vivimos muy mal, por lo cual suele haber incendios. Tenemos compañeros fallecidos, y dos nenas que murieron calcinadas. No solo estamos garantizando alimentos a precios justos, sino también agroecológicos. Somos más de 20 mil familias organizadas demostrando que es posible y, sin embargo, no hay ni una sola política pública que no sea de la boca para afuera. El proyecto se presenta año tras año y se lo deja de lado.”
En los parlantes, otra vez, se escuchaba la voz de una mujer que sostenía que “bajar el precio de los alimentos es igual a acceso a la tierra” y “alimentos a precios justos y sanos es con acceso a la tierra agroecología y cooperativismo”. También comentaba las actividades programadas durante los dos días de acampe: baile; un taller a cargo del área de alimentación de la Red de Comedores; una charla sobre trigo transgénico. Un florazo por la llegada de la primavera, otro verdurazo; una radio abierta; otro taller a cargo de Alimentación y de la red de Comedores. Y como cierre, un festival de música con Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marica entre otros artistas.
Una hora después de empezado el reparto de verduras, ya no quedaban filas, solo algunas personas que intentaban agarrar verduras al paso, como podían, entre sus manos. Algunos pasaban por un supermercado y compraban bolsas. Una vecina, rápida, bajó de su casa con todas las bolsas que tenía a mano y las ofrecía a precios módicos para quienes evaluaban los beneficios posteriores. No faltó la familia que, a falta de bolsas, usó el cochecito de sus dos bebés como changuito.
El acampe sigue al día siguiente, con flores, el festival y el renovado reclamo de la ley de acceso a la tierra, por un modelo sustentable y la soberanía alimentaria del país. Una manera de asegurarle al pueblo la canasta básica.
Sobre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, barrio de Once, se ubica uno de los espacios arrendados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de reprimirlos, hasta desalojarlos de la calle cuatro años atrás, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de los vendedores ambulantes una serie de centros comerciales. Sin embargo, con la pandemia llegó el ajuste, dejó de pagar el alquiler y hoy 200 familias de manteros se enfrentan a la amenaza de un nuevo desalojo: con una deuda de 20,6 millones de pesos, el Ejecutivo porteño litiga contra el dueño del terreno «por ocupación indebida».
Oscuro y escondido detrás de la feria del Gobierno de la Ciudad, el predio apenas se distingue. El movimiento sobre esa calle, tomada por los carros que comercializan verduras, es casi nulo y muy cada tanto recibe algún potencial comprador. Entre los primeros locales se encuentra el de Margarita Pérez, referente y delegada del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pérez, que trabajó en la calle la mayor parte de su vida, fue víctima de las coimas que la policía cobraba para permitirles trabajar.
«Estamos en el predio hace casi cinco años. Vendíamos en la calle cuando el Gobierno de la Ciudad decidió sacarnos de ahí. Hubo una negociación y nos reubicaron en estos galpones. En un principio se veía todo lindo, pero con el tiempo se fue a la mierda porque no había ventas. Le propusimos al Gobierno que pongan paradas de colectivos, que esto se difunda, pero no fue así», explica Pérez y agrega: “Las ventas aquí son poco y nada».
Respecto al posible desalojo, Pérez asegura que las autoridades tampoco les han informado nada. De hecho, desconocen si la deuda contraída es con el predio de La Rioja, del cual ella es delegada, u otro. Pero afirma: “El Gobierno de la Ciudad cuenta con un monto de dinero para reparar tanto el predio de La Rioja como el de Perón”. Propone que los feriantes pudieran mudarse a otro lugar, si el Gobierno se tomara el trabajo de ponerlo en condiciones. “Hasta ahora no quieren mover un dedo. Presentamos un proyecto de refacción y les pusimos todo lo más fácil posible. Es más, expusimos que tenemos compañeros capaces: arquitectos y trabajadores del MTE que pueden hacerlo y que cobrarían por debajo del costo con la garantía de responsabilizarse. Pero hasta ahora nos dilatan el tema”, cuenta la delegada.
La indiferencia que padecen es de larga data, desde el momento que llegaron al galpón y perdieron sus mercaderías por las goteras en el techo. El Gobierno les ofreció una retribución paupérrima y muchos eligieron dejar el lugar, empujados también por la falta de ventas. “A veces se vende y a veces no. Tratamos de liquidar la ropa porque tampoco nos vinimos para irnos con una mano atrás y otra adelante, si tenemos que ‘baratearla’ lo hacemos porque tenemos que llevar algo a casa. Por otro lado, recibimos el apoyo de las ferias populares que nos dan bolsas de alimentos. El Gobierno, al principio de la pandemia, empezó a repartir alimentos, pero después lo dejó de hacer. Hace seis meses entregaron una vez más y ya no volvieron. Me parece algo inadecuado porque hay necesidades”, sostiene Pérez.
Pese a la incertidumbre que viven, las feriantes eligen trabajar en el predio. Muchas de ellas son madres y sus hijos las acompañan, ya que no disponen de guardería, otra demanda ignorada por el Gobierno. También trabajan allí adultos mayores, personas que sufrieron la violencia institucional y no quieren volver a la calle. Ante la falta de apoyo, son las organizaciones sociales las que brindan contención, como el MTE, que organiza ollas populares y lleva comida para las familias.
“Apostamos a la conciencia porque sin lucha no se consigue nada –afirma Pérez–, todo lo que se pide es para los compañeros”. A la lucha por un trabajo digno, se suma la pelea por la vivienda, otra de las necesidades urgentes. Los precios exorbitantes de los alquileres expulsan a condiciones de vida infrahumanas a quienes no pueden pagarlos. “Yo me pregunto: ¿por qué el Gobierno nos denigra a la gente de la clase baja? Los pobres somos la última rueda del coche, somos los negros. ¿Por qué solo se le da la oportunidad a los que tienen plata? ¿Por qué nos discriminan? No pedimos que nos regalen, sino una casa para pagar, así sea a treinta o cuarenta años. Yo a la casa no me la voy a llevar al cementerio, pero nuestras familias se van a ocupar de seguir pagando eso que yo les estoy dejando porque tienen claro que es de ellos”, sostiene.
Ante la ausencia de políticas, las vendedoras crearon lazos de solidaridad y, según Pérez, la gente del predio es su segunda familia. Entre colegas se cuidan los puestos, se dan una mano ante cualquier problema o necesidad y conversan mientras esperan clientes. Los pasillos de la feria contrastan con el exterior: además de las prendas de vestir, los juguetes, accesorios y diversos productos exhibidos, cuelgan globos y guirnaldas de colores. Cada puestera mantiene los cuidados que amerita el marco sanitario y desde el MTE las han ayudado para que se vacunen. Frente a contagios de coronavirus, Pérez cuenta que se organizaron y acompañaron, así como lo hacen cuando alguien pasa una situación complicada de salud o fallece. De parte del Gobierno de la Ciudad nunca recibieron una ayuda económica desde que comenzó la pandemia.
El secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz, opina que la Ciudad de Buenos Aires está “liberada” desde hace unos meses por el contexto electoral. “Larreta quiere preservar la paz social, los vendedores hemos hecho muchas marchas. Somos laburantes, pero ante el hostigamiento nos organizamos”, destaca y hace un repaso del derrotero que condujo a la creación de la llamada “Feria de Once”.
“Cuando fue el desalojo, en 2017, había unos 2.300 vendedores en Once que, junto con Flores, son los lugares donde más manteros hay. Los desalojos comenzaron antes, en la peatonal Florida, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, desde entonces se eligió una política de represión que continúa hasta hoy. Por una cuestión de propaganda política, para mostrar que Larreta daba soluciones a los vendedores, se crearon los predios. Tenían capacidad para 500, 600 personas, es decir que le dio una solución parcial a un 25%. Aunque en aquel momento, en la Ciudad de Buenos Aires había más de 15 mil manteros. O sea que en realidad era una solución para un 3%, pero siempre se presentó como ‘la solución’”.
Guaraz relata que al principio se hicieron controles “literalmente carcelarios” en los predios y se echó a más de 200 vendedores. Mucha gente se fue y hoy es pequeño el porcentaje que trabaja allí. “Los predios fracasaron, no cumplieron con su objetivo. Hoy todos los vendedores están en la calle. Con el paso del tiempo, las promesas del Gobierno para poder levantar los predios no llegan porque no son viables económicamente y los trabajadores esperan”, afirma. La violencia institucional se sigue ejerciendo mediante la indiferencia y abarca a todos los funcionarios políticos con poder de gestión, independientemente del origen político, sostiene Guaraz. “Hoy en el conurbano bonaerense hay represión –subraya-, secuestro de mercadería, prohibición de trabajar, ocurre en los municipios de San Martín, Morón, Florencia Varela, La Matanza y en distintas provincias”.
En territorio porteño, la persecución de las autoridades –la Policía de la Ciudad y Espacio Público– condujo a la muerte de dos vendedoras ambulantes que fueron atropelladas en situaciones similares: María Barrechea y Beatriz Mechato Flores. Esta política xenófoba se tradujo también en la sistemática detención de vendedores senegaleses y metodologías de tortura en comisarías. “En la ex Comisaría Séptima –hoy 3 A sobre Lavalle entre Paso y Pueyrredón– tenían la modalidad de quemarles la mano con una plancha caliente. Muchos compañeros heridos en esas circunstancias quedaron con discapacidades permanentes producto de la represión”, asegura Guaraz. La violencia no se limitó a la calle, también operó a través del poder político de la Ciudad con la justicia porteña en los allanamientos. Las fuerzas de seguridad entraban de manera ilegal a los hogares, amenazaban a los trabajadores y les sacaban mercadería y bienes personales. Estos hechos fueron utilizados por el Gobierno para instalar un relato que luego replicaron los grandes medios, el de “las mafias organizadas”, criminalizando a los vendedores ambulantes.
Hoy el Gobierno de la Ciudad no tiene intenciones de entablar un diálogo con los manteros a quienes considera “ilegales”. Guaraz explica que la mayoría de los funcionarios los sigue viendo como una contravención o una falta. “Pero es un tema que excede el formalismo legal porque vivimos en un país donde cada dos personas en edad de trabajar, solo una lo hace, donde hay 13 millones de trabajadores en la informalidad y más de 20 millones son asistidas de alguna manera por el Estado con ingresos mínimos para vivir que no le garantizan ni la supervivencia. La gente tiene que salir a ganarse el mango y muchos lo hacen con la venta ambulante. Poner el Estado para reprimir, encarcelar a los vendedores, a los excluidos, hace que estén fuera de la realidad de lo que vive gran parte de nuestro pueblo”, señala Guaraz.
La gestión de Rodríguez Larreta nunca tuvo la verdadera intención de brindarles las herramientas para que los manteros puedan trabajar en mejores condiciones. Para Guaraz, la disposición de los predios “fue parte de una estrategia del Jefe de Gobierno para mostrar en un desalojo a la sociedad porteña que él no dejaba sin trabajo a la gente” y que el fracaso de estos galpones es intencional: “Saben que es un fracaso y que no lo pueden mantener”, asevera.
Desde el Sindicato se llevaron adelante propuestas para mejorar la situación de los manteros. La lucha por la legalización de su trabajo viene de 2014, año en el que se presentó el primer proyecto que proponía la habilitación de la reventa, muchas veces prohibida, y la creación de ferias en determinados horarios. “Tenemos que tener derechos y obligaciones. Esa era una manera de regular la venta desde el espacio público: si la prohibís, la volvés a tener. El Gobierno utilizó todos los recursos, Policía, toda la violencia institucional y, sin embargo, todos los vendedores volvimos a la calle. Es un hecho. No les sirvió desde el punto de vista que querían ellos”, expresa el secretario.
En los próximos meses, presentarán un proyecto de formalización de la venta callejera a la Legislatura porteña. Guaraz dice que “cada vez hay más vendedores en la calle producto de la situación económica. La solución es la creación de trabajo genuino. Si no hay, no hay posibilidad de dar una respuesta desde el Estado a los millones de trabajadores de la economía popular”.
Lejos de ser un problema, el trabajo de los vendedores ambulantes genera un impacto positivo en los centros comerciales. Tal es el caso de avenida Avellaneda, que creció con su llegada. “La gente iba por los manteros y esa afluencia indirecta de público que recibían los comercios los terminó beneficiando. No existe, al contrario de lo que se piensa, un interés contrapuesto. Son actividades que pueden coexistir”, afirma Guaraz. De hecho, los operativos de la policía contra los manteros asustaron al público. “Muchas personas terminaron siendo detenidas o decomisadas cuando salían de un comercio”, puntualiza.
Asegura que con la mayoría de los comerciantes tienen buen vínculo. Además, la situación crítica que ha dejado la pandemia se transformó en un punto de coincidencia. “Los comercios no cierran porque se le pone un vendedor al frente, cierran por los efectos de la cuarentena, porque la Ciudad de Buenos Aires le exige más impuestos, mientras que el valor inmobiliario de los locales cada vez es más alto. Los negocios no cierran por los vendedores, sino por la administración política de los funcionarios de turno”, concluye Guaraz.