Sep 22, 2021 | Novedades, Trabajo
El acampe es frente al Congreso. Dos días de actividades por la Ley de Acceso a la Tierra, llevado a cabo por la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) junto a otras organizaciones que apoyan el reclamo. El verdurazo está en el centro y es una de las acciones más sorprendentes para los vecinos.
A las 12 del mediodía, en la Plaza del Congreso se podían encontrar los distintos puestos de la feria que se había montado, la mayoría con banderas wiphala, y carteles que reclamaban «Por una política agropecuaria que alimente’’ o “Ley de Acceso a la Tierra”, enarboladas por las organizaciones que habían ido a vender sus productos alimenticios como quesos, leches, yerbas y bandejas de comida a precios populares y que se iban a mantener durante toda la jornada.
A esa hora la llegada de un camión dio lugar a que dos chicas rompieran el silencio al grito de “azo, azo, se viene el verdurazo”. Y ahí nomás, dos trabajadores empezaron a bajar los primeros cajones y comenzó la repartija de verduras a la cuadra y media de personas que habían armado una fila en no más de 10 minutos. Primero un trabajador llenaba las bolsas de las señoras mientras gritaba los nombres de las verduras, y del otro lado del camión se repetía la misma situación.
Los productores de la UTT obsequiaron 5.000 kilos de verduras.
Media hora después, se hizo un pase de manos entre diez trabajadores de la UTT al grito de «verdura va» para bajar del camión los más de 5.000 kilos de verdura que habían traído y armar altas columnas de cajones en círculo para facilitar la distribución. Mientras tanto, en los parlantes comenzaba a sonar música folclórica que fue recibida con aplausos por las trabajadoras, vestidas con remeras que ostentaban el lema: “Ni una menos, ni una más sin acceso a la tierra”.
Precisamente, el proyecto de ley tiene como finalidad el acceso a créditos blandos para dejar de alquilar las tierras en las que se producen alimentos y poder obtener una vivienda digna.
Los cajones no paraban de apilarse delante de un tractor verde en el que estaban apoyados decenas de ramos de flores, cuando una trabajadora decidió tomar el micrófono para anunciarles a las familias que esperaban con sus bolsas y changuitos que toda la verdura se iba a donar. Pidió que mantuvieran la fila, explicó el motivo por el cual se realizaba el acampe, y agradeció que acompañaran en el reclamo. Cuando por fin se terminaron de bajar los cajones, empezaron a aplaudir, mientras se sumaban más trabajadores para ayudar a llenar las bolsas de albahaca, perejil, puerro, rúcula, coliflor y otros alimentos agroecológicos.
Al rato, los trabajadores comenzaron a cocinar en una olla gigante al grito de “¡Diputados, diputados / no se lo decimos más / ley de acceso a la tierra / y vivienda digna ya!”.
«Los pequeños productores somos responsables del 65% de los alimentos que se consumen en el país», dicen en la UTT.
“Somos pequeños productores -explicó a ANCCOM Zulma Molloja, pequeña productora de la UTT-, no terratenientes, producimos más del 65 por ciento de los alimentos. Trabajamos en duras condiciones, en el frío, la lluvia y el barro. Nuestras viviendas son casillas precarias en las que vivimos muy mal, por lo cual suele haber incendios. Tenemos compañeros fallecidos, y dos nenas que murieron calcinadas. No solo estamos garantizando alimentos a precios justos, sino también agroecológicos. Somos más de 20 mil familias organizadas demostrando que es posible y, sin embargo, no hay ni una sola política pública que no sea de la boca para afuera. El proyecto se presenta año tras año y se lo deja de lado.”
En los parlantes, otra vez, se escuchaba la voz de una mujer que sostenía que “bajar el precio de los alimentos es igual a acceso a la tierra” y “alimentos a precios justos y sanos es con acceso a la tierra agroecología y cooperativismo”. También comentaba las actividades programadas durante los dos días de acampe: baile; un taller a cargo del área de alimentación de la Red de Comedores; una charla sobre trigo transgénico. Un florazo por la llegada de la primavera, otro verdurazo; una radio abierta; otro taller a cargo de Alimentación y de la red de Comedores. Y como cierre, un festival de música con Eruca Sativa, Susy Shock y Sudor Marica entre otros artistas.
Una hora después de empezado el reparto de verduras, ya no quedaban filas, solo algunas personas que intentaban agarrar verduras al paso, como podían, entre sus manos. Algunos pasaban por un supermercado y compraban bolsas. Una vecina, rápida, bajó de su casa con todas las bolsas que tenía a mano y las ofrecía a precios módicos para quienes evaluaban los beneficios posteriores. No faltó la familia que, a falta de bolsas, usó el cochecito de sus dos bebés como changuito.
El acampe sigue al día siguiente, con flores, el festival y el renovado reclamo de la ley de acceso a la tierra, por un modelo sustentable y la soberanía alimentaria del país. Una manera de asegurarle al pueblo la canasta básica.
Sep 21, 2021 | Novedades, Trabajo
Sobre La Rioja e Hipólito Yrigoyen, barrio de Once, se ubica uno de los espacios arrendados por la gestión de Horacio Rodríguez Larreta. Luego de reprimirlos, hasta desalojarlos de la calle cuatro años atrás, el Gobierno de la Ciudad puso a disposición de los vendedores ambulantes una serie de centros comerciales. Sin embargo, con la pandemia llegó el ajuste, dejó de pagar el alquiler y hoy 200 familias de manteros se enfrentan a la amenaza de un nuevo desalojo: con una deuda de 20,6 millones de pesos, el Ejecutivo porteño litiga contra el dueño del terreno «por ocupación indebida».
Oscuro y escondido detrás de la feria del Gobierno de la Ciudad, el predio apenas se distingue. El movimiento sobre esa calle, tomada por los carros que comercializan verduras, es casi nulo y muy cada tanto recibe algún potencial comprador. Entre los primeros locales se encuentra el de Margarita Pérez, referente y delegada del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE). Pérez, que trabajó en la calle la mayor parte de su vida, fue víctima de las coimas que la policía cobraba para permitirles trabajar.
«Estamos en el predio hace casi cinco años. Vendíamos en la calle cuando el Gobierno de la Ciudad decidió sacarnos de ahí. Hubo una negociación y nos reubicaron en estos galpones. En un principio se veía todo lindo, pero con el tiempo se fue a la mierda porque no había ventas. Le propusimos al Gobierno que pongan paradas de colectivos, que esto se difunda, pero no fue así», explica Pérez y agrega: “Las ventas aquí son poco y nada».
Respecto al posible desalojo, Pérez asegura que las autoridades tampoco les han informado nada. De hecho, desconocen si la deuda contraída es con el predio de La Rioja, del cual ella es delegada, u otro. Pero afirma: “El Gobierno de la Ciudad cuenta con un monto de dinero para reparar tanto el predio de La Rioja como el de Perón”. Propone que los feriantes pudieran mudarse a otro lugar, si el Gobierno se tomara el trabajo de ponerlo en condiciones. “Hasta ahora no quieren mover un dedo. Presentamos un proyecto de refacción y les pusimos todo lo más fácil posible. Es más, expusimos que tenemos compañeros capaces: arquitectos y trabajadores del MTE que pueden hacerlo y que cobrarían por debajo del costo con la garantía de responsabilizarse. Pero hasta ahora nos dilatan el tema”, cuenta la delegada.
La indiferencia que padecen es de larga data, desde el momento que llegaron al galpón y perdieron sus mercaderías por las goteras en el techo. El Gobierno les ofreció una retribución paupérrima y muchos eligieron dejar el lugar, empujados también por la falta de ventas. “A veces se vende y a veces no. Tratamos de liquidar la ropa porque tampoco nos vinimos para irnos con una mano atrás y otra adelante, si tenemos que ‘baratearla’ lo hacemos porque tenemos que llevar algo a casa. Por otro lado, recibimos el apoyo de las ferias populares que nos dan bolsas de alimentos. El Gobierno, al principio de la pandemia, empezó a repartir alimentos, pero después lo dejó de hacer. Hace seis meses entregaron una vez más y ya no volvieron. Me parece algo inadecuado porque hay necesidades”, sostiene Pérez.
Pese a la incertidumbre que viven, las feriantes eligen trabajar en el predio. Muchas de ellas son madres y sus hijos las acompañan, ya que no disponen de guardería, otra demanda ignorada por el Gobierno. También trabajan allí adultos mayores, personas que sufrieron la violencia institucional y no quieren volver a la calle. Ante la falta de apoyo, son las organizaciones sociales las que brindan contención, como el MTE, que organiza ollas populares y lleva comida para las familias.
“Apostamos a la conciencia porque sin lucha no se consigue nada –afirma Pérez–, todo lo que se pide es para los compañeros”. A la lucha por un trabajo digno, se suma la pelea por la vivienda, otra de las necesidades urgentes. Los precios exorbitantes de los alquileres expulsan a condiciones de vida infrahumanas a quienes no pueden pagarlos. “Yo me pregunto: ¿por qué el Gobierno nos denigra a la gente de la clase baja? Los pobres somos la última rueda del coche, somos los negros. ¿Por qué solo se le da la oportunidad a los que tienen plata? ¿Por qué nos discriminan? No pedimos que nos regalen, sino una casa para pagar, así sea a treinta o cuarenta años. Yo a la casa no me la voy a llevar al cementerio, pero nuestras familias se van a ocupar de seguir pagando eso que yo les estoy dejando porque tienen claro que es de ellos”, sostiene.
Ante la ausencia de políticas, las vendedoras crearon lazos de solidaridad y, según Pérez, la gente del predio es su segunda familia. Entre colegas se cuidan los puestos, se dan una mano ante cualquier problema o necesidad y conversan mientras esperan clientes. Los pasillos de la feria contrastan con el exterior: además de las prendas de vestir, los juguetes, accesorios y diversos productos exhibidos, cuelgan globos y guirnaldas de colores. Cada puestera mantiene los cuidados que amerita el marco sanitario y desde el MTE las han ayudado para que se vacunen. Frente a contagios de coronavirus, Pérez cuenta que se organizaron y acompañaron, así como lo hacen cuando alguien pasa una situación complicada de salud o fallece. De parte del Gobierno de la Ciudad nunca recibieron una ayuda económica desde que comenzó la pandemia.
El secretario general del Sindicato de Vendedores Ambulantes, Omar Guaraz, opina que la Ciudad de Buenos Aires está “liberada” desde hace unos meses por el contexto electoral. “Larreta quiere preservar la paz social, los vendedores hemos hecho muchas marchas. Somos laburantes, pero ante el hostigamiento nos organizamos”, destaca y hace un repaso del derrotero que condujo a la creación de la llamada “Feria de Once”.
“Cuando fue el desalojo, en 2017, había unos 2.300 vendedores en Once que, junto con Flores, son los lugares donde más manteros hay. Los desalojos comenzaron antes, en la peatonal Florida, cuando Mauricio Macri era jefe de Gobierno, desde entonces se eligió una política de represión que continúa hasta hoy. Por una cuestión de propaganda política, para mostrar que Larreta daba soluciones a los vendedores, se crearon los predios. Tenían capacidad para 500, 600 personas, es decir que le dio una solución parcial a un 25%. Aunque en aquel momento, en la Ciudad de Buenos Aires había más de 15 mil manteros. O sea que en realidad era una solución para un 3%, pero siempre se presentó como ‘la solución’”.
Guaraz relata que al principio se hicieron controles “literalmente carcelarios” en los predios y se echó a más de 200 vendedores. Mucha gente se fue y hoy es pequeño el porcentaje que trabaja allí. “Los predios fracasaron, no cumplieron con su objetivo. Hoy todos los vendedores están en la calle. Con el paso del tiempo, las promesas del Gobierno para poder levantar los predios no llegan porque no son viables económicamente y los trabajadores esperan”, afirma. La violencia institucional se sigue ejerciendo mediante la indiferencia y abarca a todos los funcionarios políticos con poder de gestión, independientemente del origen político, sostiene Guaraz. “Hoy en el conurbano bonaerense hay represión –subraya-, secuestro de mercadería, prohibición de trabajar, ocurre en los municipios de San Martín, Morón, Florencia Varela, La Matanza y en distintas provincias”.
En territorio porteño, la persecución de las autoridades –la Policía de la Ciudad y Espacio Público– condujo a la muerte de dos vendedoras ambulantes que fueron atropelladas en situaciones similares: María Barrechea y Beatriz Mechato Flores. Esta política xenófoba se tradujo también en la sistemática detención de vendedores senegaleses y metodologías de tortura en comisarías. “En la ex Comisaría Séptima –hoy 3 A sobre Lavalle entre Paso y Pueyrredón– tenían la modalidad de quemarles la mano con una plancha caliente. Muchos compañeros heridos en esas circunstancias quedaron con discapacidades permanentes producto de la represión”, asegura Guaraz. La violencia no se limitó a la calle, también operó a través del poder político de la Ciudad con la justicia porteña en los allanamientos. Las fuerzas de seguridad entraban de manera ilegal a los hogares, amenazaban a los trabajadores y les sacaban mercadería y bienes personales. Estos hechos fueron utilizados por el Gobierno para instalar un relato que luego replicaron los grandes medios, el de “las mafias organizadas”, criminalizando a los vendedores ambulantes.
Hoy el Gobierno de la Ciudad no tiene intenciones de entablar un diálogo con los manteros a quienes considera “ilegales”. Guaraz explica que la mayoría de los funcionarios los sigue viendo como una contravención o una falta. “Pero es un tema que excede el formalismo legal porque vivimos en un país donde cada dos personas en edad de trabajar, solo una lo hace, donde hay 13 millones de trabajadores en la informalidad y más de 20 millones son asistidas de alguna manera por el Estado con ingresos mínimos para vivir que no le garantizan ni la supervivencia. La gente tiene que salir a ganarse el mango y muchos lo hacen con la venta ambulante. Poner el Estado para reprimir, encarcelar a los vendedores, a los excluidos, hace que estén fuera de la realidad de lo que vive gran parte de nuestro pueblo”, señala Guaraz.
La gestión de Rodríguez Larreta nunca tuvo la verdadera intención de brindarles las herramientas para que los manteros puedan trabajar en mejores condiciones. Para Guaraz, la disposición de los predios “fue parte de una estrategia del Jefe de Gobierno para mostrar en un desalojo a la sociedad porteña que él no dejaba sin trabajo a la gente” y que el fracaso de estos galpones es intencional: “Saben que es un fracaso y que no lo pueden mantener”, asevera.
Desde el Sindicato se llevaron adelante propuestas para mejorar la situación de los manteros. La lucha por la legalización de su trabajo viene de 2014, año en el que se presentó el primer proyecto que proponía la habilitación de la reventa, muchas veces prohibida, y la creación de ferias en determinados horarios. “Tenemos que tener derechos y obligaciones. Esa era una manera de regular la venta desde el espacio público: si la prohibís, la volvés a tener. El Gobierno utilizó todos los recursos, Policía, toda la violencia institucional y, sin embargo, todos los vendedores volvimos a la calle. Es un hecho. No les sirvió desde el punto de vista que querían ellos”, expresa el secretario.
En los próximos meses, presentarán un proyecto de formalización de la venta callejera a la Legislatura porteña. Guaraz dice que “cada vez hay más vendedores en la calle producto de la situación económica. La solución es la creación de trabajo genuino. Si no hay, no hay posibilidad de dar una respuesta desde el Estado a los millones de trabajadores de la economía popular”.
Lejos de ser un problema, el trabajo de los vendedores ambulantes genera un impacto positivo en los centros comerciales. Tal es el caso de avenida Avellaneda, que creció con su llegada. “La gente iba por los manteros y esa afluencia indirecta de público que recibían los comercios los terminó beneficiando. No existe, al contrario de lo que se piensa, un interés contrapuesto. Son actividades que pueden coexistir”, afirma Guaraz. De hecho, los operativos de la policía contra los manteros asustaron al público. “Muchas personas terminaron siendo detenidas o decomisadas cuando salían de un comercio”, puntualiza.
Asegura que con la mayoría de los comerciantes tienen buen vínculo. Además, la situación crítica que ha dejado la pandemia se transformó en un punto de coincidencia. “Los comercios no cierran porque se le pone un vendedor al frente, cierran por los efectos de la cuarentena, porque la Ciudad de Buenos Aires le exige más impuestos, mientras que el valor inmobiliario de los locales cada vez es más alto. Los negocios no cierran por los vendedores, sino por la administración política de los funcionarios de turno”, concluye Guaraz.