Legisladores, organizaciones defensoras de los derechos humanos y trabajadores denuncian el desmantelamiento de los equipos de relevamiento y análisis de archivos de las Fuerzas Armadas, un duro revés para la búsqueda de la verdad sobre delitos de lesa humanidad en Argentina.
Desde las 9.30, en el Salón Perón de la Legislatura porteña, se realizó una conferencia de prensa para denunciar el desmantelamiento de los equipos de Relevamiento y Análisis de archivos y el Sistema de Archivos de la Defensa, que se encargaban de analizar los archivos de las Fuerzas Armadas, contribuyendo así a la investigación de delitos de lesa humanidad. Además, trabajaban en proyectos destinados a ampliar el acceso de la sociedad a estos archivos.
El desmantelamiento del sector, del cual fueron despedidos diez de sus trece trabajadores, tiene como objetivo “borrar una historia que durante años pudimos construir en Memoria, Verdad y Justicia. Y se da en el contexto en el que el gobierno pide la reconciliación con las Fuerzas Armadas”, según denunciaron al iniciar la conferencia Victoria Montenegro, diputada por la Ciudad y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura, que además es una de las nietas recuperadas por Abuelas, y Alejandrina Barry, legisladora del FIT e hija de desaparecidos.
“Es fundamental visibilizar cuál es el objetivo de este gobierno y del ministro de Defensa, Luis Petri, que vergonzosamente se jacta de sus fotos con reivindicadores del accionar de los genocidas y, por supuesto, nuestro compromiso permanente con la lucha de los Derechos Humanos”, comentó Montenegro.
Junto con la presencia de organizaciones sociales, sindicales y políticas, denunciaron que los equipos realizan un aporte fundamental para esclarecer delitos de lesa humanidad. La antropóloga e investigadora Valeria Barbuto leyó el comunicado firmado por Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS). “La decisión busca obstaculizar el proceso de justicia y de averiguación de la verdad. Retirar estos equipos civiles y profesionales resulta aún más preocupante dado que la conducción del ministerio de Defensa está ahora en gran parte a cargo de militares retirados”, remarcó.
“Son archivos que no pueden, obviamente, estar en manos de los mismos genocidas y de los mismos policías represores, que van a garantizarse la impunidad, porque al pacto de silencio le siguió esto, intentar por todos los medios que no se pudiera conocer toda la información”, denunció Alejandrina Barry.
Angélica Enz tomó la palabra por los trabajadores despedidos: “Es un hecho gravísimo, ahora los requerimientos van a estar respondidos directamente por las propias fuerzas. No solo porque muchas personas que están en las Fuerzas Armadas pueden tener algún tipo de interés, sino también porque no tienen el conocimiento ni el nivel de información y capacitación que se requiere. Cada compañero conoce en detalle cómo funcionaba cada fuerza, cuáles eran las regulaciones en el período 76-83”, señaló la investigadora. “Hay alrededor de 30 causas abiertas que no van a recibir esos aportes”, estimó Enz. Desde su creación en 2010, los equipos generaron alrededor de 170 informes que colaboraron con tribunales y fiscalías para responder a requerimientos vinculados a investigaciones por delitos de lesa humanidad.
Amparo
Según explicó el abogado Pablo Llonto, junto con su colega Mariana Maurer, presentaron una medida cautelar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 3 de Capital Federal para la reincorporación de todo el equipo. La idea es que la iniciativa se replique en todo el país. “No tenemos ninguna duda de que cada medida que ya han puesto en marcha desde el gobierno, más las que seguramente están tramando, tienen como objetivo central obstaculizar, frenar y tratar de lograr los objetivos de impunidad para los genocidas”, remarcó Llonto, y agregó: “Por eso la importancia que tiene la lucha tanto sindical, en las calles, por parte de nuestros organismos, como por parte de las abogadas y los abogados para hacer presentaciones en la justicia”.