Monumento a la publicidad

Monumento a la publicidad

Carteles enormes recubren numerosos monumentos históricos en la Ciudad de Buenos Aires. La Ley de Patrocinio permite que las empresas privadas financien su restauración. ¿Pero qué pasa cuando se van los andamios? Un argentino radicado en España encabeza un movimiento de denuncia.

Hace escasos años, sobre todo tras la pandemia, los porteños se acostumbraron a ver algunos de los monumentos de la Ciudad cubiertos por andamios con extensas lonas que lucen estampados publicitarios. La explicación a ese cambio del paisaje urbano proviene de la Ley 6163 que establece un régimen de patrocinio. La nueva normativa, aprobada en mayo de 2019 por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, busca promover la participación de “las personas humanas o jurídicas de carácter privado en contraprestación a la difusión del nombre, denominación, marca, imagen, productos  y/o  servicios del patrocinador”.

Aquellos que quieran participar de este sistemas de contraprestaciones pueden presentar una Manifestación de Interés detallando el valor del aporte, las acciones de difusión propuestas y los valores de la marca a asociar. La autoridad de aplicación, designada por el Poder Ejecutivo porteño, es la responsable de aprobar los proyectos de patrocinio, establecer límites y condiciones de seguridad, verificar la ejecución de los proyectos y aplicar sanciones en caso de incumplimiento. Por su parte, el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana es quien designa cuales monumentos deben restaurarse y el Ministerio de Desarrollo Económico y Producción establece los convenios a realizar.

Sin embargo, todo lo que parece tan claro en papel, no lo es tanto para algunos funcionarios y vecinos que indican que las cosas no son como se las plantea. Como explicaba Jonatan Baldiviezo, titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), en marzo de este año a Tiempo Argentino, el valor del patrocinio solía ubicarse en un rango de entre 1,5 millones y 10 millones de pesos. Seguramente ese dinero habría venido a las arcas del Estado pero, según reconoció el Gobierno de la Ciudad, se pagan con canjes y no en efectivo.

¿Por qué, en algunos casos, cuando se sacan los carteles las estatuas parecen estar igual que antes? Los intentos de ANCCOM por contactar con el GCBA para obtener algunas respuestas no dieron frutos. ¿Qué pasa realmente detrás de los carteles?

Poco y nada

“Quienes deben hacer el control sobre esta ley son la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, la Auditoría de la Ciudad y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad”, explica María José Lubertino, abogada y exmiembro de la Cámara de Diputados de Argentina. “Estos órganos son quienes tienen que pedir informes, los que deben exigir las estadísticas, los datos sobre la publicidad, los monumentos y la eficacia de la ley de patrocinio. Yo fui constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, y esos son los tres órganos que deberían estar monitoreando este asunto público. No solamente la eficacia y las estadísticas, sino también cuánta plata se destina a ese proyectos y la efectividad de la ley”, continúa.

Para la actual Presidenta de la Asociación Ciudadana de los Derechos Humanos, “el problema es que los pedidos de informe en la Legislatura los bloquean. No les dan quórum, no los tratan en las comisiones. Y la Auditoría realiza investigaciones que se publican después de dos años o tres años”.

Lubertino aclara: “Nuestra Constitución de la Ciudad protege el ambiente, protege el patrimonio, protege el buen vivir y consagra una democracia participativa ambiental. Esta modalidad de poner publicidades en los monumentos son otra manera más de violarla, porque además genera contaminación visual. Que determinadas publicidades estén durante meses que exceden a la reparación de esos monumentos, deja en claro que esto tiene que ver con el negocio de las empresas y la recaudación de la Ciudad de Buenos Aires”.

“Estos temas se están planteando en los consejos consultivos comunales, a nivel de las comunas y los plantean los comuneros, los juntistas. Los de la oposición, obviamente”, detalla Lubertino y comparte una lista de monumentos históricos actualmente intervenidos por la Ley del Patrocinio (Ver recuadro).

Una fuente de un organismo nacional que prefirió no dar su nombre explicó a ANCCOM: ”Yo no tengo esa información porque no depende de mí. Lo único que te puedo decir sin estadística es que las estatuas y monumentos estuvieron tapados y eso se usó para propaganda. Es comprobable que, por ejemplo, en la estatua de Bernardo de Irigoyen ni siquiera se le practicó una limpieza superficial. En los dos Congresos se verificaron malas prácticas también”.

Algunos casos llegaron a Twitter donde los vecinos comentan casos particulares de publicidades masivas ubicadas en sus barrios. Una vecina de Recoleta, por ejemplo, informa que en la plaza Rodriguez Peña el monumento de Bernardo de Irigoyen estuvo más de seis meses cubierto por una publicidad de “Samsung”. El resultado de la espera fue nulo: la estatua del expresidente se encontraba igual que antes de que la cubrieran. Al finalizar esa “obra”, desplazaron los andamios y cubrieron una palmera que, al parecer, estaba siendo restaurada con el patrocinio de la empresa coreana. Semanas más tarde, la palmera fue totalmente tapada para colocar un anuncio de “Heineken”. Los vecinos se preguntan cuál es el trabajo que hay detrás de esos andamios, ya que no ven a ningún trabajador realizar ninguna tarea en ningún momento del día.

Una moda internacional

Estos negocios monumentales no ocurren solamente en la Ciudad de Buenos Aires, ya que publicidades de grandes marcas a nivel internacional dominan monumentos mundialmente reconocidos, como la Catedral de Barcelona, la Santa Iglesia Catedral Basílica Metropolitana.

El movimiento artístico político «Adeu Ad« , propone un adiós a la publicidad en los monumentos históricos. Esta organización logró remover una publicidad de “Samsung” en su iglesia. Emi Nogueroles, un estudiante de publicidad argentino que actualmente reside en España, fundador del grupo, cuenta: “El movimiento Adeu Ad surge como una respuesta pública ante la gran cantidad de denuncias y quejas que provocaba el gigantesco cartel de Samsung en la Catedral de Barcelona. Nosotros somos un grupo de tres jóvenes que trabajamos con la publicidad y nos encanta el mundo creativo, pero el problema surge cuando las publicidades se aplican de manera absurda e invasiva en un monumento tan significativo para todos“.

La agrupación lanzó folletines en la zona de la catedral con la consigna: “Hay un poco de catedral en tu valla publicitaria”. “Nuestra estrategia comunicacional fue hacer una campaña de titulares en Semana Santa: cuando estaba lleno de gente repartíamos los folletos con un código que te lleva a nuestro filtro de Instagram capaz de recrear la imagen de la catedral sin publicidad”, recuerda Nogueroles. “Fue una acción en vía pública que se volvió digital, una experiencia en la calle donde la gente se sumó y compartió. Hubo más de 5.500 fotos e impresiones compartidas con nuestro filtro, hilo en Twitter y debates públicos. Salimos en 20 medios locales y nacionales. Algunos influencer de Madrid lo levantaron y llegamos a más de medio millón de reproducciones y seguimos contando los números aún. Y después de siete días exactos retiraron el cartel de Samsung de la Basílica“.

¿Podría hacerse algo similar en Buenos Aires? “Creémos que Adeu Ad propone una interesante movilización que se puede implementar en distintos lugares donde surja el mismo problema, como en Buenos Aires donde este asunto está en permanente tensión entre los ciudadanos. Mi compañera viajará a Buenos Aires dentro de poco, veremos cómo podemos aplicar esta intención activista en una Ciudad como Capital Federal. Creemos que la clave para que algo se modifique es siempre moverse, hacer, activar hacia un cambio mejor. El problema estaba enfrente de todos y todos sabían que eso estaba mal y que alguien debía hacer algo, pero si nadie se empieza a movilizar, nada cambiara“.

 

La marca de los próceres

Estos son los monumentos en restauración que aparecen rodeados de publicidades:

  • Monumento de los Sirios a la Nación (Bouchard y Sarmiento)
  • Monumento de San Sebastián (Libertador y Castilla)
  • Monumento al Libertador Bernardo O’Higgins (Plaza Chile)
  • Monumento de la Carta Magna y las Cuatro Regiones Argentina (Parque tres de febrero)
  • Monumento a Garibaldi (Plaza Italia)
  • Fuente de la 9 de Julio y Córdoba
  • Monumento a Bernardo de Irigoyen (Plaza Rodríguez Peña)
  • Monumento a Nicolás Avellaneda (Plaza Holanda).

Las empresas patrocinantes son Samsung, Chevrolet, Garnier Fructis, Heineken, Cif, El Cronista, Puma, Iveco, Bundesliga, entre otras marcas.

Los sin techo de la Patria Grande

Los sin techo de la Patria Grande

Desde este lunes 26 se realizará en Buenos Aires el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle. Participarán personas que carecen de vivienda, además de organizaciones sociales, docentes, investigadores y funcionarios. El 29 cierra con un frazadazo.

Desde este lunes y hasta el 29 de mayo se lleva a cabo el Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe de Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires. Los primeros tres días constan de reuniones en diferentes sedes, como la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y el Espacio de Memoria, Verdad y Justicia -exEsma- que invita a las personas y familias en situación de calle, junto a diferentes organizaciones sociales, docentes, investigadores académicos y funcionarios del ámbito público a debatir sobre las problemáticas que los aquejan y poner en la agenda política la implementación de la Ley Nacional 27.654 que busca proteger y garantizar los derechos humanos de aquellos que sufren la vulnerabilidad social de las calles. 

El encuentro gira en torno a cinco ejes de discusión: diseño y gestión de centros integración, inquilinatos y desalojos, política pública, acceso a la salud y violencia institucional. El objetivo es plantearlo desde una perspectiva transversal en géneros y diversidades para atender las particularidades de cada problemática en relación al colectivo LGTBIQ+, las niñeces, adultos y adultas mayores, violencias de géneros y discapacidades para llegar a un documento colectivo final que sintetizará las diferentes voces, discusiones y puestas en común que haya dejado esta semana de encuentros. Su exposición será el jueves 29, donde integrantes de las diferentes entidades organizadoras -Proyecto 7, CELS, ACIJ, Hecho en Buenos Aires, Red Puentes, Somos Barrios de Pie y Programa de Justicia y Derechos Humanos- se vestirán con frazadas en Plaza de Mayo y se movilizarán hacia el Congreso de la Nación para reclamar la regulación de la ley junto a otras políticas públicas que cuenten con un enfoque integral. 

“En todas las organizaciones, parte de nuestro equipo es gente en situación de calle. Entonces es simbólico, pero también es parte de nuestra realidad: la necesidad de las frazadas, la gente que duerme en la calle y que también se mueren durmiendo con una frazada. Se trata de un problema coyuntural”, cuenta Daniela Drozd, coordinadora general de Hecho en Buenos Aires -empresa social- y quien forma parte de la organización de este Tercer Encuentro Latinoamericano y del Caribe.

Drozd trabaja hace 23 años en la temática de inclusión pero su objetivo es claro: “No voy a hablar por ellos, sino que ellos van a estar hablando. Por eso hablamos de algo integral, no académico. Van a estar algunas organizaciones gubernamentales teniendo un reclamo vigente, que si bien genera tensiones, es bienvenido. Que no seamos las personas que no vivimos la situación, sino quienes están en carne propia sufriendo o quienes lo hayan sufrido hablando directamente por su acceso a la salud o justicia”. 

A partir de las 17 del jueves 29 se dará inicio al “Frazadazo” que estará acompañado por ollas populares y un festival con intervenciones musicales. Los integrantes de Proyecto 7, quienes cuentan con una panadería, se encargarán de hacer pan casero para los cuatro días de encuentros y donarlos a quienes más necesitan, ya que las personas contarán con desayuno, almuerzo, merienda y cena durante toda la jornada. 

Durante la jornada del jueves, las ollas populares estarán presentes desde la mañana en la sede de Hechos en Buenos Aires, ubicada en la Avenida San Juan 21, como invitación a aquellos que vienen del exterior y las personas en situación de calle para interactuar de una forma distendida entre todos y todas.  

 

El mejor amigo para la inclusión

El mejor amigo para la inclusión

La Escuela de Perros Guía Argentinos, que funciona en el partido bonaerense de Quilmes, se propone como una alternativa para garantizar la independencia de las personas ciegas.

La Escuela de Perros Guía Argentinos (EPGA) es la primera y hasta hoy única en su tipo de la Argentina. Fue fundada en 2010 por Botindari, integrante del Club de Leones de Quilmes Oeste, asociación de la que depende el establecimiento.

“Es una loca idea que se me ocurrió tras ver la falta de un espacio como éste, un lugar donde las personas ciegas puedan recibir más autonomía”, afirma el director de EPGA, Carlos Botindari, en diálogo con ANCCOM.

Los perros guía o perros de servicio acompañan, conducen y auxilian a las personas con discapacidad, y son considerados la mejor opción para individuos ciegos, ya que les permite ser más independientes al momento de circular fuera de sus hogares.

Luego de un ciclo de talleres, que se extendieron durante tres años, Botindari entendió la importancia, para los disminuidos visuales, de poder valerse de un can. Solicitó asesoramiento a reconocidas escuelas de perros guía de Estados Unidos y España, pero no obtuvo respuesta. “Y como todo argentino, dijimos: ‘Vamos a atar los alambres y lo vamos a hacer nosotros’”, recuerda entre risas.

Después de un tiempo de averiguaciones, pudieron contactarse con una adiestradora especializada de origen búlgaro, Nina Lozeva, y este fue el impulso que hizo que la nueva escuela avance y no pare de crecer.

Los perros guía requieren un entrenamiento de muy alta precisión para que se adapten a las necesidades del usuario. Como habitualmente se menciona, cumplen el rol de ser los ojos de su dueño. El proceso de enseñanza dura unos dos años, hasta que se considera que el animal está preparado para guiar sin un entrenador al lado que lo corrija.

El objetivo último es que la persona ciega tenga la posibilidad de formar parte de los entornos de la vida cotidiana sin depender de otra que la acompañe. Se trata de hacer más sencilla la vida con su discapacidad, además de fomentar una comunidad más tolerante a las diversidades en los espacios comunes.

“Esta es la segunda vez que formo parte de los entrenamientos y recibo un perro guía. Soy abogada, cursé toda mi carrera universitaria con mi primer perro, Danco. Él entraba a la facultad conmigo y el día que me gradué recibió el título conmigo: nos recibimos los dos”, relata Ximena Vera Ceballos, quien actualmente asiste a la EPGA.

Los perros guía no solo son meros acompañantes, están preparados para salvar a su usuario en situaciones de peligro. Nicolás Raventos, que acaba de finalizar los entrenamientos con su nuevo perro de asistencia, Río, comenta que en muchas ocasiones han salvado vidas, y no sólo de sus dueños, también de quienes los rodeaban y confiaron en la percepción y el accionar del animal.

“Se hizo popular una anécdota de cuando pasó el atentado a las Torres Gemelas. Había una persona ciega con su perro guía y fue él quien lo ayudó a salir del edificio antes de que se derrumbara. Lo empezó a llevar hacia la salida y unas 30 personas los siguieron y lograron escapar”, refiere Raventos.

El propósito de la EPGA, además de que los usuarios tengan su perro guía, es que el Estado garantice la inclusión de los ciegos en los espacios públicos y, por ende, en la sociedad. Esta es una batalla que continúa. Todavía hay numerosos locales gastronómicos o líneas de colectivo que se rehúsan a aceptar el ingreso de los perros.

La Ley Nº 26858 establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a entrar con su perro guía a cualquier lugar de acceso al público.

La Ley N° 26858 establece que las personas con discapacidad tienen el derecho a entrar con su perro guía a cualquier lugar de acceso al público, a la vez que determina que en los medios de transporte tienen que cederle un asiento preferencial.

A la par, cada vez son más los comercios, sobre todo restaurantes, que se etiquetan como “pet friendly”, aunque cabe subrayar que estos animales de servicio no son mascotas, y esta es la diferencia crucial para considerar al momento de permitirles el acceso a donde quieran ingresar.

“Me la paso peleando con los colectiveros cada vez que salgo a pasear con los chicos y sus perros. Es una lucha constante. Tengo que salir con la ley impresa en la mano e igual así te insultan y no los dejan subir. No entienden que son los perros los que les permiten a ellos llegar a los lugares”, se queja Micaela, una de las entrenadoras de la EPGA.

Las otras dos son Brenda y Liz. Aparte hay voluntarias, encargados de los caniles, un veterinario estable y una secretaria administrativa. Todos ellos, más el empuje de su director, sostienen la creciente matrícula de la escuela y hace la diferencia para quienes se inscriben, como Ximena, Nicolás y Tamara, que en una fría mañana de junio participan del entrenamiento.

“La inclusión es un trabajo al que le queda un largo camino –reflexiona, entre mates, Botindari–. Es importante y necesario que la gente aprenda a convivir con la diversidad, si no la sociedad nunca va a progresar”.

Frutazo para los sin techo

Frutazo para los sin techo

La cooperativa de alimentos ECAS y Proyecto 7 repartieron frutas para las personas en situación de calle y reclamaron la plena implementación de la ley que protege a quienes no tienen en donde vivir.

«Estoy viviendo de esto. Cocino en una lata con un poco de alcohol, me las ingenio, es así”, dice Elizabeth en la fila para esperar una bolsa llena de verduras y frutas. Acudió a la iniciativa de la Asociación Civil Proyecto 7 y la Empresa Cooperativa de Alimentos Soberanos (ECAS), que realizaron ayer un “frutazo” en la Plaza Congreso con la intención de reclamar la implementación de las leyes para las familias que no tienen dónde vivir. Desde las 17 y con el lema “La calle no es un lugar para vivir” entregaron 5.000 kilos de fruta a quienes se acercaron allí. 

Elizabeth cuenta que está en la calle desde el 2012 y al no conseguir un alquiler le quitaron a sus seis hijos que se encuentran en hogar: “Me cortaron todos los subsidios que tenía, ahora vivo de esto”.

Junio trajo consigo una ola polar que se hace sentir en el país. Pulóveres, camperas, incluso guantes y gorros ya comienzan a circular en las calles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la idea de llegar a casa, sentir el calor hogareño resulta reconfortante. Lamentablemente, no todos cuentan con esa posibilidad y el frío se convierte en una realidad permanente y difícil de combatir.

Las personas en condiciones de calle se encuentran desprotegidas todos los días, todo el día y frente a temperaturas extremas su vida corre aún más peligro. El lunes pasado en el barrio de Villa Crespo un hombre fue hallado muerto, sin signos de violencia, en la calle Leopoldo Marechal al 1400.

Desde fines del 2021 se encuentra sancionada la Ley 27.654 de Situación de Calle y Familias sin Techo que tiene por objeto “garantizar integralmente y hacer operativos los derechos humanos” de las personas en esa condición. A esta ley, se le suman las propias de la Ciudad de Buenos Aires que fueron reglamentadas en 2013 y que no son puestas en práctica: Ley 3706 «Protección y Garantía Integral de los Derechos de las Personas en Situación de Calle y en Riesgo a la Situación de Calle» que dispone «la formulación e implementación de políticas públicas en materia de salud, educación, vivienda, trabajo, esparcimiento y cultura elaboradas y coordinadas intersectorial y transversalmente entre los distintos organismos del Estado». 

Horacio Ávila, vocero de Proyecto 7 habló con ANCCOM y señaló que la ley es “letra muerta, hace unos meses que fue reglamentada pero no tiene adjudicado presupuesto y tampoco se realizó un relevamiento cuantitativo y cualitativo para conocer la población a la que se debe dirigir”. La organización trabaja desde cuatro centros de integración, nació en 2003 y está integrada y coordinada por personas en situación de calle. “Buscamos ayudar, visibilizar, como también reclamar al Estado en general. Acá no se trata de señalar ‘de quiénes son los pobres’, sino que todos tienen que laburar en conjunto para que las personas dejen de estar en la calle. El aumento de la pobreza es algo que vemos todos, no solo nosotros”. 

Estas acciones son necesarias también para aquellas personas que tienen un hogar, pero que los gastos del día a día hacen cada vez más difícil acceder a ciertos alimentos. Mientras guarda la bolsa que recibió en su carrito, Estela cuenta que se enteró del “frutazo” y se acercó al salir del trabajo, es empleada doméstica. “A veces ni verdura podemos comprar, esto nos viene muy bien, nos salva un montón”, dice agradecida por la ayuda.

Juan Pablo De la Vila, integrante de ECAS, dijo a Télam que “no puede ser que en 2023 la única política pública a nivel nacional, y en la Ciudad, para familias en situación de calle sea entregar algo caliente y una frazada. Eso lo hacemos las organizaciones sociales. El Estado tiene que hacer cosas que transformen la matriz, construir trabajo y lugares aptos que sean funcionales para las familias».

Media hora más tarde de iniciada la acción solidaria, gran parte de las verduras y frutas fueron entregadas a la fila de personas que se hicieron presentes allí. “En una hora o menos ya nos vamos”, dicen los organizadores frente a la falta de alimento que seguir ofreciendo. “Venimos haciendo desayunos, el lunes estuvimos en el Obelisco, el martes frente al Ministerio de Desarrollo Social y probablemente mañana vengamos de vuelta al Congreso. Vamos rotando”, comenta Horacio e invita a que chequear la página web de la organización que cuenta con información sobre los cuatro centros de integración y los datos para poder llamar, acercarse y ayudar. Se reciben donaciones de ropa y mantas en los abastos soberanos de ECAS ubicados en el barrio porteño de Villa Crespo, en Serrano al 461, y en Monte Grande, en Arana al 293, de lunes a viernes de 9 a 20 y los sábados de 9 a 14.

Llegaron las promesas y se levantó el acampe indígena

Llegaron las promesas y se levantó el acampe indígena

Representantes de 32 comunidades originarias que acampaban en Plaza de Mayo levantaron la medida de protesta luego de reurnirse con distintos organismos públicos y crear diversas mesas de diálogo.

Los 130 miembros de 32 comunidades indígenas de Salta, Jujuy, Chaco y Corrientes, luego de cuatro días de acampe con carpas azules, colchones, abrigos y banderas en Plaza de Mayo, se llevaron una serie de compromisos tras haber mantenido reuniones con diferentes despachos oficiales del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), la Jefatura de Gabinete y los ministerios de Obras Públicas, Salud, Desarrollo Social y de la Mujer, Diversidades y Géneros. Ya de regreso a sus territorios comienza una etapa de informes y relevamientos porque las demandas son muy variadas, van desde el acceso a la tierra y a los dominios de las comunidades contemplados en la Ley de Reparación Histórica a los Pueblos Originarios hasta el acceso al agua, tanto potable como para la producción, pasando por la falta de acceso a la salud, al trabajo, a la vivienda digna.

Los pueblos wichi, toba, mocoví y guaraní –representados por las comunidades de Algarrobal, Alto la Sierra, Cañada Larga, Chripa, Chorro, Churguipampa, Cooperativa el Municipal, Itaguasuty, La Curvita, Las Juntas, Las Moras, Lucero del Alba, Mecle. Molinos, Nueva Esperanza, Nuevo Amanecer, Los Lapachos, Pérez, Pozo El Tigre, Quebracho, Santa María, Uacop, 9 de Julio y Tuicha Kuña Ikavi, entre otras– exigían el reconocimiento y derecho de gestión de sus territorios ancestrales, una Ley de Propiedad Comunitaria Indígena de la Tierra, un Estado Plurinacional y Plurilingüe. También reclamaban el acceso a la justicia, sin acciones discriminatorias y cese de la violencia sobre mujeres y niñas.

“Se olvidan que el pueblo indígena está sufriendo, nuestros niños están desnutridos, nos dicen que somos usurpadores, sin embargo somos los dueños de las tierras, nacimos acá y somos el pueblo originario”, dijo Anselmo Rojas, del pueblo qom del Impenetrable chaqueño. Rojas mencionó que la policía persigue y tortura a chicos, tanto indígenas como criollos, los detiene sin causa por reclamar por la tierra en la zona de Pompeya y Miraflores. “No pueden andar tranquilos por la vía pública, necesitamos que intervenga el ministro de Justicia”, agregó. Al mismo tiempo, denunció que de las 10 mil hectáreas que correspondían a su comunidad “prácticamente nos dejaron sin nada, sin título de propiedad”. Eran sus primeras palabras luego de un viaje de treinta horas, y cuando le preguntaban hasta cuándo se quedarían respondía que “hasta que haya respuestas”.

El acampe fue organizado con la finalidad de insistir en que el Estado nacional, y los gobiernos provinciales, adopten “políticas públicas con perspectiva indígena”, tal como expresaron otros referentes apenas pisaron suelo porteño. “A partir del siglo XIX, fuimos despojados de nuestras tierras y recursos, hemos sido condenados a vivir excluidos, en situaciones de extrema pobreza, sin que sean respetados nuestros derechos”, recordaron antes de hacer una asamblea.

El jueves indígenas y militantes del movimiento La Dignidad comenzaron a desarmar el acampe, mientras los micros se estacionaban frente al Cabildo para emprender el regreso. En esos días habían sido recibidos por diferentes organismos estatales. “En algunos se lograron armar mesas de diálogo a través de las cuales se han alcanzado marcos básicos de consenso para avanzar sobre algunos de los temas en agenda, ahora queda realizar la tarea de informes y relevamientos territoriales, sentarse con los distintos organismos correspondientes y ver qué resultados obtenemos”, sintetizó ante Anccom Manuel Malenchini, de La Dignidad de Corrientes. “De esos resultados dependerá la respuesta de las comunidades. Si vemos que los acuerdos de palabra asumidos avanzan materialmente no hará falta salir a protestar de nuevo. Mientras tanto estamos en alerta y en constante comunicación con las comunidades y operativizando los distintos informes y relevamientos que.nos solicitaron de parte del Estado”, agregó.

Malenchini dijo que conversaron sobre la “situación de abandono de las comunidades, la gran discriminación desde el sistema judicial y la falta de acceso a denuncias” con Carolina Varsky, subsecretaría de Programas Especiales contra las violencias, Bruno Cassan, director nacional de programas especiales y Aymara Choque, coordinadora de abordaje contra las violencias hacia pueblos indígenas. Se acordó la implementación de programas tales como el “articular”, “producir” y “escuelas populares” en las distintas comunidades. 

“El acampe fue levantado pero la lucha sigue”, enfatizó.

Tal como sucedió con la mesa de diálogo con el Estado que propició la liberación de las cuatro mujeres mapuches en Bariloche, algo similar parece haberse gestado con las comunidades originarias del centro y norte del país. Sin embargo, esta voluntad política está destinada a chocar con sectores conservadores de abierto racismo, como el diario La Nación que publicó días atrás un editorial sobre la solución en Villa Mascardi con el título “Acuerdo ilegal con falsos mapuches”.

Dos velitas para el Reprocann

Dos velitas para el Reprocann

El Registro del Programa Cannabis que permite el uso y cultivo de la planta de marihuana con fines medicinales ya cumplió dos años. En este período se realizaron más de 200.000 solicitudes, buena parte ya aprobadas. ¿Qué impacto está teniendo el sistema? ¿Cómo viene funcionando?

En marzo de 2021 se aprobó el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que habilitó en la Argentina el uso y cultivo de cannabis con fines medicinales. Desde entonces, el Ministerio de Salud recibió más de 200.000 solicitudes para obtener el permiso. La demora para la aprobación suele rondar entre uno y dos meses en promedio para quienes cumplieron con los requisitos, sobre todo un diagnóstico médico que lo justifique. Gracias a este registro, la persona es autorizada a circular dentro del país con la cantidad necesaria para su tratamiento.

¿Cómo funciona el Reprocann? ¿Qué evaluación hacen los expertos a dos años desde su implementación?

 

Cómo se hace

“Para uno poder registrarse tiene que ingresar a la página de REPROCANN y definir si es paciente, si cultiva para sí mismo o si cultiva para un tercero, es decir, si es un ‘cultivador solidario’”, explica Nicolás Di Biase, médico clínico y especialista en hepatología, con posgrado en endocannabinología y terapéutica cannabica de la Universidad de la Plata. El especialista aclara que el REPROCANN está vinculado a la  Ley 27350 de 2017 que permitió legalizar el cultivo y transporte de cannabis para uso medicinal.

“Una vez hecha la solicitud, el sistema brinda un código de vinculación que  tiene que usar el médico tratante”, comenta Di Biase, quien trabaja en diferentes hospitales de Bahía Blanca. Cualquier médico que tenga matrícula vigente puede recetar, “no tiene que ser un médico especialista en cannabis. Aunque hay médicos que se autodefinen como cannabinólogos, la verdad es que no es una especialidad en sí misma sino una herramienta que está bueno aprender a utilizar” explica Di Biase, también presidente de la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis. “En la Universidad Nacional del Sur desde 2018, dentro de la Carrera de Medicina, se dicta una cátedra de uso de cannabis medicinal. Se busca que el estudiante se reciba como médico teniendo información sobre la planta. Hay otras universidades que lo están haciendo”, afirma el médico.

Una vez hecha la inscripción, el médico debe entregar al paciente un consentimiento informado bilateral. Por su parte, el paciente debe brindar al médico el código obtenido de la inscripción en el REPROCANN para cargalo. Si todo va bien, en aproximadamente uno o dos meses se recibe la aprobación. El permiso dura tres años y, “se permite cultivar indoor (interior) u outdoor (exterior). Lo que no se permite es cultivar en la vía pública, como en las veredas”, aclara Di Biase.

Si bien la mayoría de las inscripciones se aprueba, “se puede negar cuando hay patologías psiquiátricas como esquizofrenia, bipolaridad, depresión… No es que lo rechazan definitivamente, sino que piden que el permiso lo haga un psiquiatra. Es importante recalcar que el programa solicita que se haga una evaluación a cargo de un especialista», afirma Di Biase.

Los cuatro grupos de enfermedades frecuentes que trata el cannabis son el dolor crónico, alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo y alteraciones del apetito. El cannabis también se utiliza para tratar la epilepsia: ayuda a reducir la cantidad de convulsiones, pero no cura la enfermedad. “Hay que entender que son paliativos de síntomas. El producto no produce intoxicación ni muerte. La única precaución a tener en cuenta es con mujeres embarazadas, niños y adolescentes, personas con problemas psiquiátricos graves, enfermedades cardiovasculares no controladas y casos específicos”, aclara.

Existen cerca de quince mil tipos de cannabis y dependiendo el perfil de cannabinoides que tiene, se le receta al paciente. Es frecuente que alguien se acerque con un producto comprado en un negocio: “En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que no tienen nada. Por eso la idea es que mejor auto-cultiven las plantas”, sugiere el especialista.

Di Biase asegura que es difícil que se produzca dependencia o adicción como suele suceder con el clonazepam, la nicotina o la cocaína. La razón es que no es una molécula singular individual que entra al cuerpo y genera dependencia continua si no un grupo de moléculas que interactúan en diferentes receptores y eso hace que la persona no genere dependencia a una sola. Lo que sí puede pasar es que con los años pueda requerir más cantidad para tener el mismo efecto. También aclara que si bien “no produce dependencia química, puede pasar que se produzca la dependencia psíquica».

“Somos hijos de una cultura prohibicionista que se instaló en la década de 1920 y fue una bajada de línea de políticas internacionales de Estados Unidos en las cuales se demonizó a la planta y a su usuario. Hemos nacido en ese contexto y suele relacionarse al cannabis con otras drogas, narcotráfico y crímenes”, aclara Di Biase.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

Ruchansky describe que hay dos tipos de permiso: para pacientes o el llamado «cultivador solidario».   

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.