Habrá una nueva inspección ocular en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel

Habrá una nueva inspección ocular en la causa por el asesinato de Rafael Nahuel

Oct 5, 2023 | DDHH, Destacado 5

La ordenó el tribunal y se hará en el territorio donde fue baleado el joven mapuche hace seis años, en Villa Mascardi, Bariloche. Algunos de los prefectos acusados estarán presentes.

El Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro, ordenó para el 24 de octubre a las 15 la realización de una nueva inspección ocular en el lugar en el que Rafael Nahuel, a sus 22 años, fue asesinado -según la imputación- de un disparo en la espalda por efectivos de la Prefectura Naval Argentina en la Lof (comunidad) Lafken Winkul Mapu, durante un operativo represivo posterior al desalojo realizado en el marco de una denuncia por usurpación hecha por Parques Nacionales. Luego de las audiencias de esta semana, restan nada más 16 testimonios de los más de cien previstos al inicio del juicio.

El juez federal Alejandro Silva, presidente del tribunal, definió acelerar y agilizar lo restante de la prueba testimonial ofrecida por la Fiscalía y la defensa para la próxima semana. El martes 10 y miércoles 11 de octubre tendrían que declarar los últimos testigos del cronograma, casi todos prefectos colegas de los cinco oficiales imputados.

En comunicación con ANCCOM, el abogado querellante Ezequiel Palavecino expresó que fueron fuertes las declaraciones de los testigos presenciales Johana Colhuan, Fausto Jones Huala, y Lautaro González Curruhuinca, todos integrantes de la comunidad a la que pertenecía Rafael Nahuel y quienes lo acompañaban el día del asesinato. Colhuan además era su prima y fue una de las heridas. “Los testimonios de la semana que viene son más que nada de ‘actuación’ y gente de a pie, que estaba en la ruta” agregó. Con respecto a la inspección ocular que está por realizarse en el lugar del homicidio manifestó que va a ratificar los relatos de los testigos presenciales y colocará a los jueces en el lugar del hecho.

 

Durante las audiencias de este tramo las declaraciones de los testigos fueron más acotadas. Entre los testimoniantes hubo civiles, efectivos de la Policía de Río Negro y la Policía Federal Argentina que participaron en los operativos o que transitaban por la Ruta Nacional 40 el día del crimen.

El homicidio ocurrió el 25 de noviembre de 2017 en un territorio disputado por la comunidad Lafken Wilkun Mapu y el Parque Nacional Nahuel Huapi. A mediados de diciembre de ese año se hizo una primera inspección en la que se recolectaron 31 vainas servidas que pertenecían a disparos realizados con munición 9mm de armas oficiales. Los cinco imputados que pertenecían a la Agrupación Albatros de la PNA están siendo juzgados en instancia oral y pública desde el pasado 15 de agosto.

El nuevo reconocimiento ocular fue aceptado por los jueces a petición del Ministerio Público representado por el fiscal Rafael Vehils Ruiz. De los cinco imputados, participarán los albatros Juan Obregón y Sergio García, defendidos por las abogadas Anabella Schmidt y Alejandra Bussetti. Los otros tres, Guillermo Cavia, Carlos Sosa y Francisco Pintos, representados por Marcelo Rochetti, adelantaron su ausencia sin dar fundamentos. También estarán presentes quienes acompañaban a Nahuel en el momento de su asesinato: Colhuan, Jones Huala y González Curruhuinca.

El operativo busca establecer el lugar donde fue el homicidio de Nahuel, pues según entienden los abogados querellantes, el grupo de los mapuches fue perseguido por los Albatros más allá de los límites del territorio que había reclamado y ocupado la comunidad.

Renunció el juez que llevaba la causa de Arshak Karhanyan

Renunció el juez que llevaba la causa de Arshak Karhanyan

Oct 4, 2023 | DDHH, Destacado 4

El caso había sido expuesto por Leandro Santoro en el debate entre candidatos a Jefe de Gobierno. La familia del policía desaparecido en 2019 cuestionaba al magistrado por la parálisis de la causa.

Conferencia en el Congreso al cumplirse cuatro años de la desaparición de Arshak Karhanyan.

El lunes 2 de octubre el abogado de la familia del policía Arshak Karhanyan había pedido el reemplazo del juez Alberto Baños por no avanzar en la investigación. Esto ocurrió luego de que en el primer debate entre los candidatos a jefe de Gobierno de la Ciudad, el postulante de Unión por la Patria, Leandro Santoro, interpelara al candidato oficialista Jorge Macri, en una caso extraño que lleva cuatro años cajoneado.  Karhanyan, había trabajado en la División Exposiciones que custodiaba las escuchas ilegales durante el gobierno de Mauricio Macri.

“Solicitamos el apartamiento del juez Baños de la causa de Arshak Karhanyan quien acaba de renunciar hace unos días. Eso cambia el panorama. Ahora vamos a hacer nuevas presentaciones ante un magistrado nuevo para ver si podemos avanzar con la causa”, dijo Mariano Przybylski, Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos y representante de la familia de Arshak. Luego de su entrevista con ANCCOM se conoció que el titular del juzgado en lo Criminal y Correccional Nº27 de Capital Federal había presentado su renuncia y que la misma fue aceptada el 22 de septiembre pasado. 

Una semana después –el 27 de septiembre– , durante el debate de candidatos a Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Santoro recordó:  «Hace cuatro años que falta un policía. Falta Arshak. No hemos logrado que el jefe de Gobierno reciba a su madre. No existe una imagen de Arshak en ningún patrullero ni comisaría. Es asombroso que en una ciudad como esta nos falte un policía, y la mayoría de ustedes se está enterando por mí. Es crucial que la verdad salga a la luz y que le informemos a la madre sobre el paradero de su hijo».

Arshak Karhanyan, oficial primero de la Policía de la Ciudad, tenía 28 años al momento de su desaparición, vivía en un departamento alquilado en Caballito y estaba estudiando ingeniería informática en la UTN (Universidad Tecnológica Nacional). Fue visto por última vez el domingo 24 de febrero de 2019 luego del mediodía mientras estaba de franco. Su hermano mayor, Tigran, fue a buscarlo al día siguiente y no lo encontró. Hizo la denuncia 48 horas después en la misma comisaría donde trabajaba y le dijeron que esperara hasta el miércoles a la mañana, cuando le tocaba volver al servicio, al que nunca regresó.

Rosa Karhanyan, madre de Arshak.

Una cámara de seguridad captó ese domingo a Arshak teniendo una tensa charla de treinta y seis minutos en la vereda de su casa con Leonel Herba, quien había sido su compañero en la División de Exposiciones de la Policía porteña. Salió de su departamento, dejó sus dos teléfonos celulares y su moto en la puerta. Aparentemente portaba su arma reglamentaria y su placa. Llevó su tarjeta de débito y otros elementos que jamás fueron hallados. Un rato más tarde, fue a un cajero Link cerca de la estación Primera Junta de la Línea A del subte donde sacó dos mil pesos, cambió su clave, y se dirigió a un supermercado Easy donde compró una pala de punta que pagó en efectivo y guardó en su mochila. A partir de allí, no existen más filmaciones que permitan conocer su ubicación.

La fiscalía pidió preservar todas las filmaciones a cinco cuadras del local y de la casa del policía desaparecido, pero cuando pidieron las del día y hora de la desaparición la Policía de la Ciudad mandó a la fiscalía las de dos días después. El primer rastrillaje de la fuerza de seguridad porteña duró pocos minutos y lo hicieron con poco personal. El peritaje sobre el celular personal de Arshak fue realizado por la Superintendencia de Cibercrimen de la Policía de la Ciudad –creada por el exministro de Justicia y Seguridad Eugenio Burzaco– que devolvió el teléfono con un cartel que decía “desactivado” y así no se pudo saber con quién habló en los días en los que desapareció.

El principal cuestionamiento que denuncia la familia y los organismos de derechos humanos es que la Policía de la Ciudad, principal sospechosa del hecho, sea la encargada de realizar la investigación y el peritaje en la causa. Sin embargo, el juez Alberto Baños lo desestimó. También rechazó el cambio de carátula a “Desaparición forzada” para que pueda ser tratado en un juzgado federal, así como el pedido de citar a declarar como imputado a Herba, argumentando que no había suficientes pruebas, a pesar de que en las conversaciones con su pareja Jazmín Soto, obtenidas en la intervención de su celular. ella le dice: “Y a vos que te buscan por hacer desaparecer gente, yo no te voy a cubrir más”.

“Al nuevo juez en primer lugar le vamos a pedir que reciba a la mamá de Arshak. También va a ser bueno tener una audiencia y ver algunas medidas pendientes. La idea es retomar las pruebas que Baños había desestimado y pedirle que aparte a la Policía de la Ciudad de la investigación”, continuó Mariano Przybylski y, agregó, que “lo último que queríamos que haga Baños era pedir a Gendarmería o algún otro organismo sistematizar la información de ADN de personas no reconocidas que hay en otras causas judiciales para hacer una comparación de perfil genético con Arshak”, una pesquisa también eludida en la causa.

Según entiende Przybylski, a  partir de ahora resulta posible abrir línea investigativa en relación con otros expedientes en proceso, como los caratulados como NN. “También vamos a volver a pedir que citen a Herba a indagatoria”, subrayó.

Según cuentan sus familiares, Arshak no estaba contento dentro de la policía. En su círculo íntimo comentaba que algunos de sus compañeros ingresaban a la fuerza para robar y hacer negocios. “Estuvo trabajando durante un tiempo en la División de Exposiciones, que se encarga de allanamientos, operativos en la vía pública, cosas un tanto especiales, porque ahí también se guardaban las escuchas telefónicas ilegales que había ordenado Macri en su momento. Una de las hipótesis es que posiblemente haya visto algo que no sólo comprometía a un superior, sino a alguien de mucho más nivel como un funcionario de mucha jerarquía. Algo vio, algo sabía y se quiso abrir”, dice en diálogo con ANCCOM el periodista Eduardo Silveyra, autor de La Gorra. Prontuario de la Policía de la Ciudad.

“Es muy sintomático todo el proceder del Gobierno de la Ciudad, como entregar los registros de las cámaras de seguridad de otros días. Y otra cosa llamativa que es parte del diseño que tiene esta fuerza para ocultar cosas o entorpecer la investigación”, explica Silveyra. “La causa cayó en el juzgado de Baños, un juez sumamente experimentado en entorpecer y cajonear causas. Una de sus primeras fue la profanación del cadáver de Perón. El tipo hizo todo lo posible para que la causa no avanzara y al final prescribiera”, cerró el periodista especializado.

De momento, la continuidad del proceso depende del juez subrogante Martín Yadarola hasta la designación de un nuevo magistrado.

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

«Hay una decisión política de perseguir a ciertos sectores de la sociedad»

Oct 4, 2023 | DDHH, Destacado 1

Ciento siete casos de violencia policial en un año, un sistema de encierro sobrepoblado y aumento de prácticas represivas, tal es el balance del nuevo informe del Mapa de la Policía, plataforma que visibiliza el accionar de la fuerza de seguridad porteña.

“La diferencia fundamental de la Policía de la Ciudad con el resto de las fuerzas es que desde su origen hasta hoy ha sido conducida por la misma alianza política”, afirmó la titular de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI), María del Carmen Verdú.

Lo hizo durante la presentación del Tercer Reporte del Mapa de la Policía, la plataforma que tiene como objetivo visibilizar casos de abuso policial. Verdú explicó la decisión de empezar por localizar la herramienta en territorio porteño: “No es casual que sea la fuerza de seguridad con el porcentaje más alto de muertes por gatillo fácil con el funcionario fuera de servicio pero con su arma reglamentaria”.

A un año de su lanzamiento, el último informe del Mapa –que abarca el primer semestre de 2023–, registró un total de 236 denuncias, de las cuales se decidió visibilizar 107. De estos casos, eligieron destacar e investigar la muerte del manifestante Facundo Molares como consecuencia de la represión policial.

“Queríamos desmentir con claridad la hipótesis que levantaban los medios de que había muerto por cuestiones que no tienen que ver con el accionar de la policía”, subraya Stephanie Darling, integrante del Equipo de Investigación Política (EdIPO), en diálogo con ANCCOM.

Con la herramienta colaborativa del Mapa buscan darle luz a prácticas reiteradas en materia de seguridad porteña. “No se trata de un policía particular, sino de una decisión política de perseguir, amenazar o violentar a ciertos sectores de la sociedad”, remarcó Ofelia Fernandez, la impulsora del proyecto, durante la presentación, realizada el pasado 26 de septiembre en FM La Tribu.

Además del caso de Facundo Molares, el Tercer Reporte considera que la elección de Gerardo Morales como candidato a vicepresidente de Horacio Rodríguez Larreta, días después de la represión al pueblo jujeño, fue el otro punto clave que evidenció una “sobreactuación” represiva del actual jefe de Gobierno porteño, que lo llevó a perder la interna con Patricia Bullrich, la principal representante del punitivismo en Juntos por el Cambio. Esta “carrera” electoral, según Ofelia Fernández, tuvo “un costo excesivamente alto”: el asesinato de Molares y 170 heridos en las movilizaciones de la provincia norteña.

Con un aumento del 900 por ciento en relación a 2020, hoy 1.400 personas están detenidas en comisarías y alcaidías de la Ciudad de Buenos Aires. “Están en condiciones indignas, las alcaidías no son espacios preparados para que las personas puedan alojarse. Que una persona esté privada de su libertad, no quiere decir que daba ser privada de todos sus derechos”, denuncia Stephanie Darling.

Frente a estos datos, el informe del Mapa de la Policía se pregunta el porqué del fenómeno. La respuesta es por la suba de presos durante el período 2015-2019, debido a la aplicación de leyes de endurecimiento penal, que se trasladan al Sistema Penitenciario Federal (SPF) porque CABA no cuenta con cárceles propias. “Y cuando el SPF cierra el ingreso, como hizo en 2020 para bajar su superpoblación, se empiezan a acumular en las comisarías y alcaidías”, consignan en el reporte.

Este tipo de medidas punitivas y los casos de violencia policial, para Ofelia Fernández, se relacionan con la inseguridad: “A veces la negligencia y el abuso policial explica la ausencia de seguridad en situaciones en donde hay demanda. Hay una conexión entre lo que se hace de más y lo que se hace de menos”.

La legisladora porteña opina que se debe abordar esta discusión de manera más profunda para no permitir que la dicotomía sea “seguridad o delincuentes”, y define al Mapa como un mecanismo para aportar datos y análisis concretos.

“Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo», dice Ofelia Fernández.

El Mapa de la Policía funciona como una red de cuidados entre ciudadanos. “No queremos hacer una herramienta en contra de la Policía, pero es muy importante que todos tengamos la información necesaria sobre quién es la policía, qué debería cumplir y cuándo se trata de violencia policial”, precisa Stephanie Darling.

Tal como dijo Fernández, la creación de esta herramienta es una declaración política: “Preferimos que los policías tengan miedo de ser denunciados en plataformas de estas características a que lo tenga un vendedor ambulante mientras hace su laburo, o una persona que se está movilizando, o una mujer trans caminando por la calle”.

«Los muertos siempre los ponen los mapuche»

«Los muertos siempre los ponen los mapuche»

Sep 28, 2023 | DDHH, Destacado 3

Testigos clave relataron cómo fue la muerte de Rafael Nahuel en sendas audiencias del juicio por este homicidio, en el que están siendo juzgados cinco miembros de la Prefectura Naval Argentina.

En una nueva audiencia que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, el martes 26 de septiembre dieron sus testimonios Johana Colhuan y Lautaro González Curruhuinca, quienes presenciaron el momento en que el joven mapuche recibió un disparo por la espalda. Por tanto, sus testimonios eran esperados por todas las partes involucradas en el homicidio ocurrido en territorio recuperado en Villa Mascardi, el 25 de noviembre de 2017. Además de ellos, María Nahuel, tía de la víctima, también declaró como testigo. «El pueblo mapuche es preexistente al Estado y los muertos siempre los ponemos los mapuche», dijo sobre el asesinato de su sobrino.

En sus testimonios, Colhuan y González Curruhuinca afirmaron que aquel día un contingente del grupo Albatros de la Prefectura interceptó a un grupo mapuche, abriendo fuego y persiguiéndolos. Rafael Nahuel resultó herido de bala en la espalda, mientras que Colhuan y Gonzalo Coña también sufrieron heridas. Los testigos negaron haber disparado con armas de fuego y afirmaron que se defendieron arrojando piedras.

La audiencia incluyó la declaración indagatoria de dos prefectos, Juan Ramón Obregón y Sergio García, procesados como partícipes necesarios del homicidio. Estos efectivos argumentaron que se vieron superados en número por los mapuches, quienes desconocían el terreno y los atacaron con «lanzas, piedras y disparos de armas de fuego». Afirmaron que tomaron medidas previas al uso de armas letales, como disparos disuasorios con marcadoras de pintura y el lanzamiento de una granada de aturdimiento.

Lautaro González Curruhuinca

La declaración de Johana Colhuan agregó detalles sobre su encuentro previo con Rafael Nahuel en la sede de la Policía Federal de Bariloche –donde estaban detenidas las mujeres tras el desalojo del 23 de noviembre– y su participación en llevar comida y abrigo a los hombres que se habían refugiado en la montaña. Ella y Nahuel fueron testigos de un ataque armado por parte del grupo Albatros.

Por último, Colhuan recordó a Rafael Nahuel como una persona «excelente» que luchaba por mejorar su vida. También reveló que en ocasiones, «él no tenía suficiente leña para calentar su casa en invierno», lo que resaltó las dificultades que enfrentaba.

Lautaro González Curruhuinca declaró con el propósito de proporcionar información sobre la muerte de Nahuel para que sus padres pudieran conocer la verdad sobre su fallecimiento. Él confirmó que fueron atacados a balazos por la Prefectura y que se defendieron con piedras. Nahuel les pidió que lo dejaran morir en el lugar, pero decidieron bajarlo en busca de atención médica. No llegaron a conseguir esa ayuda porque el joven murió mientras lo bajaban del cerro.

 

Johana Colhuan

 

Este miércoles, en una nueva audiencia, Fausto Jones Huala declaró que él y otros miembros de la comunidad mapuche llegaron primero al lugar, donde los disparos resonaban constantemente. Decidieron tomar piedras y lanzarlas hacia quienes disparaban. «Los disparos eran uno tras otro», relató.

En un momento, Gonzalo Coña corrió hacia ellos, herido. Nahuel, a la izquierda de Jones Huala, también fue alcanzado. «Sí, lo vi caer», dijo Fausto. «Al final, Joana también se detuvo a mi lado y vi que se agarraba el hombro».

La confusión reinaba en el lugar mientras las personas gritaban que Nahuel estaba herido. Nadie sabía dónde había sido impactado. «Recuerdo que solo podía agarrarse la ropa y parecía que le costaba respirar», añadió Jones Huala.

Fausto Jones Huala

 

Finalmente, cuando lograron que Nahuel se pusiera de pie, se dieron cuenta de la gravedad de la herida. «Le levantamos la remera y vimos un globo violeta en ese lado», describió Fausto. Rápidamente, improvisaron una camilla con tablas y troncos para llevarlo a un lugar seguro. «Rafa no quería irse, quería quedarse ahí. El peñí se tiraba de la camilla y hacía todo lo posible por no ser trasladado», recordó Fausto. Fue necesario atarlo.

«Creo que habremos tardado unos 40 minutos más o menos, en bajarlo desde el lugar que recibió el disparo»,  dijo Fausto. Mientras descendían, los disparos continuaban, era una amenaza constante.

Fausto también contó sobre como efectivos de la Prefectura Naval Argentina se abalanzaron sobre ellos, los esposaron y los mantuvieron boca abajo durante horas. «Los precintos de las esposas apretaban las manos de Lautaro, causándole dolor».

Horas después, al anochecer, los trasladaron nuevamente y les cambiaron las esposas. Les tomaron muestras de residuos de disparos. «Me dejé tomar las nuestras para que se sepa la verdad, que nosotros en ningún momento habíamos disparado», aseguró Jones Huala, reafirmando su inocencia en medio de la confusión y el caos.

Además, coincidió con el testimonio de Zombory sobre las reiteradas veces que movieron el cuerpo de Rafael: «En ese momento estábamos rodeados solamente de efectivos de Prefectura y eran los que le levantaban la ropa que tenía, le tapaban la cara.». Sobre el tiempo dijo que no sabía precisamente cuántas veces fueron, pero «sí me acuerdo por lo menos que en cuatro o cinco oportunidades que vi, se acercaba gente y miraba».

A lo largo de las dos jornadas hubo momentos de tensión cuando el abogado de la defensa de tres de los prefectos imputados, Marcelo Rochetti, pidió un traductor porque no entendía la palabra «lamien» que los testigos repetían, y que significa hermano o hermana. También se opuso a que describieran cómo era Nahuel, a lo que el presidente del tribunal, el juez Simón Bracco, le recordó que además de testigos eran víctimas y familiares del asesinado.

Como evaluación de estos testimonios clave, el abogado de la querella Sebastián Feudal dijo que los cuatro fueron «claros y contundentes».

Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

Sep 27, 2023 | DDHH, Destacado 4

El expolicía Jorge Alfredo González volvió a ser detenido a 33 años del secuestro y posterior asesinato del futbolista platense, uno de los primeros casos en democracia.

A 33 años de la desaparición forzada del futbolista Andrés Núñez en La Plata, el expolicía Jorge Alfredo González, involucrado en su tortura, volvió a ser detenido luego de una libertad condicional que duró casi un año. ANCCOM conversó con el autor del libro sobre la historia de Núñez y respecto a las desapariciones en democracia.

En la noche del 27 de septiembre de 1990 se lo vio por última vez a Andrés Alberto Núñez, quien fue detenido ilegalmente por cuatro policías vestidos de civil con el pretexto de estar buscando al ladrón de una bicicleta. Jorge Alfredo González, Pablo Martín Gérez, José Daniel Ramos y Víctor Rubén Dos Santos, a bordo de un Fiat 147, buscaron a Andrés en su casa de Villa Elvira. Lo golpearon y lo metieron en el interior del auto para llevarlo, esposado, a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí, ya en la madrugada del 28, lo torturaron hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, los oficiales de la Policía Bonaerense incineraron su cadáver en una estancia ubicada en la localidad de General Belgrano. Fue recién en agosto de 1995 cuando, a partir de las declaraciones del policía José Daniel Ramos que revelaron información acerca de dónde estaba el cuerpo de Andrés -para beneficiarse en la causa judicial-, se encontraron los restos del desaparecido.

Pablo Morosi, periodista que escribió Un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la Bonaerense en la democracia recuperada, cuenta que “fue un caso que repercutió muy fuerte porque todos los ciudadanos estaban viendo una ventana que se volvía a abrir luego de la dictadura. Era encontrarse, ya en democracia, con las instituciones funcionando en el caso de una desaparición.” Indica, además, que “se dio un cambio cultural a partir de este tipo de casos de abuso y de brutalidad institucional”

En el año 2010 se probó que el sargento González, a instancias del subcomisario Ponce, le puso una bolsa de nylon en la cabeza a Núñez, aplicándole la tortura del “submarino seco”. Por lo tanto, en un juicio llevado a cabo en ese mismo año la justicia platense condenó a prisión perpetua a Jorge Alfredo González junto a Víctor Dos Santos, quien ya falleció. Dos años más tarde detuvieron y condenaron, también a perpetua, a Luis Raúl Ponce. Sin embargo, la condena impuesta al primero había sido anulada el 28 de noviembre de 2022.

El último viernes 8 de septiembre la jueza de ejecución penal de La Plata, Laura Lasaga, debió dar marcha atrás sobre sus pasos y revocar la libertad condicional que le había concedido al expolicía bonaerense, González. El sargento había sido detenido en 2010 por “privación ilegal de la libertad calificada” y “torturas seguidas de muerte” para luego ser liberado el año pasado por «buena conducta».

Se logra una instancia de justicia, pero no es completa. Hasta la fecha se han realizado muchos actos y marchas en búsqueda de la justicia por la desaparición de Núñez. Pasaron 33 años de aquella noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre y, más allá de la reciente detención del ex policía González, aún resta la sentencia para Pablo Martín Gérez, que sigue prófugo y no hay noticias sobre su posible paradero. “El Estado hace 33 años no lo puede ubicar, aun conociendo su nombre y donde viven sus familiares”, afirma Morosi.

La desaparición forzada de Andrés Núñez cuenta, además, con otros responsables acusados de encubrimiento: Ernesto Zabala, César Carrizo y Gustavo Veiga, de quienes se espera que se lleve a cabo un juicio oral, y los fallecidos Oscar Silva y Pedro Costilla. Al margen de lo que habría sido una posible sentencia quedaron Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Juan Kaldlugowsky y Eduardo Fraga. Varios de ellos quedaron libres de cargo a partir del accionar de los jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que decidieron desprocesarlos en 1997. “Se pudo señalar a un grupo, aunque todos sabemos que no es el conjunto completo. Las maniobras de encubrimiento funcionan así. En un principio se procesó a 180 miembros de la Brigada pero ese número fue reduciéndose”, señala Morosi.

La compañera de Andrés, Mirna Gómez, lucha desde el día del asesinato de su pareja contra la violencia institucional, denunciando la continuidad de las desapariciones en democracia y las encubiertas del Estado cuando un hecho de represión policial vuelve a tener lugar. Fue la misma Gómez quien, representada por el abogado Manuel Bouchoux, presionó a la jueza Lasaga a darle cese a la libertad condicional que González gozó del lunes 28 de noviembre de 2022 al último 8 de septiembre.

El tiempo y las prácticas clandestinas del Estado a través de su policía fueron dando cuenta de otros casos similares al de Andrés, ya sea previos o posteriores. A raíz de las investigaciones realizadas sobre otros acontecimientos de violencia institucional se pudo comprobar que hubo aún más asesinatos de esta índole. “Recién en el año 1992 aparece la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) para reunir a familiares y denunciar situaciones de gatillo fácil o desapariciones en las que la policía había participado. Ese registro lo empiezan a hacer estas organizaciones no gubernamentales. Hoy por hoy no tenemos uno oficial hecho por el Estado”, reclama Morosi. 

El caso de Núñez es el primero desde el retorno a la democracia del que haya constancia de una efectiva detención ilegal por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, pero no es el primero ocurrido desde 1983. El 24 de diciembre de ese año, el joven José Luis Franco fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Según publicó la periodista Adriana Meyer en su libro Desaparecer en democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, “apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos”.

Para Morosi, “en ningún momento el Estado asumió que tenía un problema. Decía que ‘eran casos aislados’. Con el paso del tiempo se demostró que lo tenía y lo tiene por no haberlo asumido en tiempo y forma y no haberlo revertido desde el punto de vista formativo”.