Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

Uno de los responsables de la desaparición de Andrés Núñez vuelve a la cárcel

Sep 27, 2023 | DDHH, Destacado 4

El expolicía Jorge Alfredo González volvió a ser detenido a 33 años del secuestro y posterior asesinato del futbolista platense, uno de los primeros casos en democracia.

A 33 años de la desaparición forzada del futbolista Andrés Núñez en La Plata, el expolicía Jorge Alfredo González, involucrado en su tortura, volvió a ser detenido luego de una libertad condicional que duró casi un año. ANCCOM conversó con el autor del libro sobre la historia de Núñez y respecto a las desapariciones en democracia.

En la noche del 27 de septiembre de 1990 se lo vio por última vez a Andrés Alberto Núñez, quien fue detenido ilegalmente por cuatro policías vestidos de civil con el pretexto de estar buscando al ladrón de una bicicleta. Jorge Alfredo González, Pablo Martín Gérez, José Daniel Ramos y Víctor Rubén Dos Santos, a bordo de un Fiat 147, buscaron a Andrés en su casa de Villa Elvira. Lo golpearon y lo metieron en el interior del auto para llevarlo, esposado, a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí, ya en la madrugada del 28, lo torturaron hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, los oficiales de la Policía Bonaerense incineraron su cadáver en una estancia ubicada en la localidad de General Belgrano. Fue recién en agosto de 1995 cuando, a partir de las declaraciones del policía José Daniel Ramos que revelaron información acerca de dónde estaba el cuerpo de Andrés -para beneficiarse en la causa judicial-, se encontraron los restos del desaparecido.

Pablo Morosi, periodista que escribió Un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la Bonaerense en la democracia recuperada, cuenta que “fue un caso que repercutió muy fuerte porque todos los ciudadanos estaban viendo una ventana que se volvía a abrir luego de la dictadura. Era encontrarse, ya en democracia, con las instituciones funcionando en el caso de una desaparición.” Indica, además, que “se dio un cambio cultural a partir de este tipo de casos de abuso y de brutalidad institucional”

En el año 2010 se probó que el sargento González, a instancias del subcomisario Ponce, le puso una bolsa de nylon en la cabeza a Núñez, aplicándole la tortura del “submarino seco”. Por lo tanto, en un juicio llevado a cabo en ese mismo año la justicia platense condenó a prisión perpetua a Jorge Alfredo González junto a Víctor Dos Santos, quien ya falleció. Dos años más tarde detuvieron y condenaron, también a perpetua, a Luis Raúl Ponce. Sin embargo, la condena impuesta al primero había sido anulada el 28 de noviembre de 2022.

El último viernes 8 de septiembre la jueza de ejecución penal de La Plata, Laura Lasaga, debió dar marcha atrás sobre sus pasos y revocar la libertad condicional que le había concedido al expolicía bonaerense, González. El sargento había sido detenido en 2010 por “privación ilegal de la libertad calificada” y “torturas seguidas de muerte” para luego ser liberado el año pasado por «buena conducta».

Se logra una instancia de justicia, pero no es completa. Hasta la fecha se han realizado muchos actos y marchas en búsqueda de la justicia por la desaparición de Núñez. Pasaron 33 años de aquella noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre y, más allá de la reciente detención del ex policía González, aún resta la sentencia para Pablo Martín Gérez, que sigue prófugo y no hay noticias sobre su posible paradero. “El Estado hace 33 años no lo puede ubicar, aun conociendo su nombre y donde viven sus familiares”, afirma Morosi.

La desaparición forzada de Andrés Núñez cuenta, además, con otros responsables acusados de encubrimiento: Ernesto Zabala, César Carrizo y Gustavo Veiga, de quienes se espera que se lleve a cabo un juicio oral, y los fallecidos Oscar Silva y Pedro Costilla. Al margen de lo que habría sido una posible sentencia quedaron Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Juan Kaldlugowsky y Eduardo Fraga. Varios de ellos quedaron libres de cargo a partir del accionar de los jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que decidieron desprocesarlos en 1997. “Se pudo señalar a un grupo, aunque todos sabemos que no es el conjunto completo. Las maniobras de encubrimiento funcionan así. En un principio se procesó a 180 miembros de la Brigada pero ese número fue reduciéndose”, señala Morosi.

La compañera de Andrés, Mirna Gómez, lucha desde el día del asesinato de su pareja contra la violencia institucional, denunciando la continuidad de las desapariciones en democracia y las encubiertas del Estado cuando un hecho de represión policial vuelve a tener lugar. Fue la misma Gómez quien, representada por el abogado Manuel Bouchoux, presionó a la jueza Lasaga a darle cese a la libertad condicional que González gozó del lunes 28 de noviembre de 2022 al último 8 de septiembre.

El tiempo y las prácticas clandestinas del Estado a través de su policía fueron dando cuenta de otros casos similares al de Andrés, ya sea previos o posteriores. A raíz de las investigaciones realizadas sobre otros acontecimientos de violencia institucional se pudo comprobar que hubo aún más asesinatos de esta índole. “Recién en el año 1992 aparece la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) para reunir a familiares y denunciar situaciones de gatillo fácil o desapariciones en las que la policía había participado. Ese registro lo empiezan a hacer estas organizaciones no gubernamentales. Hoy por hoy no tenemos uno oficial hecho por el Estado”, reclama Morosi. 

El caso de Núñez es el primero desde el retorno a la democracia del que haya constancia de una efectiva detención ilegal por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, pero no es el primero ocurrido desde 1983. El 24 de diciembre de ese año, el joven José Luis Franco fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Según publicó la periodista Adriana Meyer en su libro Desaparecer en democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, “apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos”.

Para Morosi, “en ningún momento el Estado asumió que tenía un problema. Decía que ‘eran casos aislados’. Con el paso del tiempo se demostró que lo tenía y lo tiene por no haberlo asumido en tiempo y forma y no haberlo revertido desde el punto de vista formativo”.

 

Encadenados y en huelga de hambre

Encadenados y en huelga de hambre

Sep 25, 2023 | DDHH, Destacado 4

Los integrantes del Malón por la Paz continúan sus protestas en Buenos Aires contra la reforma constitucional jujeña. Uno de los indígenas que realiza la huelga de hambre denunció que necesita que le controlen los signos vitales y el SAME no lo hizo. Además, los organismos de derechos humanos presentaron una denuncia por la represión del gobernador Gerardo Morales.

Representantes de comunidades indígenas del norte del país exigen una respuesta del Congreso de la Nación al planteo de inconstitucionalidad de la reforma impuesta por el gobernador Gerardo Morales hace tres meses. “Les pedimos que sesionen e intervengan la provincia para que podamos vivir en paz”, afirmaron.

En las puertas del Congreso de la Nación, más precisamente en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, el Tercer Malón de la Paz, compuesto por miembros de diversas comunidades indígenas de la región norteña, se asentó con la intención de llamar la atención de las autoridades y obtener una respuesta a sus reclamos.

Dado que la reforma de la Constitución provincial llevada adelante por Morales el pasado 20 de junio los afectó duramente, decidieron viajar hasta Buenos Aires, en busca de una contestación por parte de la Justicia. Estuvieron frente a Tribunales y en Plaza de Mayo haciendo una “permanencia”, porque el gobierno de la Ciudad no les permitió instalar carpas.

“Gerardo Morales impuso una reforma de forma ilegítima, burlando la normativa de la Constitución de Jujuy e incluso la mismísima Constitución Nacional”, sostuvo en diálogo con ANCCOM Marcelino Sulca, integrante del Tercer Malón y habitante de la región de Humahuaca. “Los territorios de los pueblos originarios son intocables. No se pueden embargar ni vender. Si quieren trabajarlos o desean hacer uso de los recursos naturales del suelo, tienen que consensuar con nosotros e informarnos de sus intenciones. A lo largo de este proceso, eso no se respetó” agregó.

Frío, hambre y sueño

 

El martes 19 de junio, desde las 11, algunos integrantes del Malón resolvieron encadenarse a las puertas del Congreso y comenzar una huelga de hambre. Tomaron esta medida de fuerza con la esperanza de que se produzca un cambio de actitud por parte de las autoridades. “Allá están nuestros compañeros encadenados, reclamando que se termine esta injusticia. Tenemos frío, hambre y sueño, pero no nos rendimos. No hay una respuesta aún, pero seguimos luchando” aseguró Sulca, asintiendo con seguridad.

Néstor Jerez, uno de los que realiza la huelga de hambre, denunció este lunes, a través de un video difundido por la Revista Cítrica, que necesita que le controlen los signos vitales. Pero la médica del SAME no lo hizo.

 Para el Tercer Malón, ha quedado a la vista que el sistema no atiende a las necesidades e inquietudes de la población. “Parece que al Estado no le importa, pero deberían actuar, porque para eso los hemos elegido y para eso se les paga” comentó Sulca. “Si quieren hacer negocios y no desean ayudar a la gente, no deberían dedicarse a esto”, agregó.

 Tras ser víctimas de sucesos represivos en San Salvador y otras ciudades y pueblos de Jujuy, los maloneros expresaron que desde que arribaron a Buenos Aires e iniciaron su vigilia frente a la Corte Suprema, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta les impidió colocar baños químicos o carpas para protegerse del clima hostil. Pese a que la policía porteña haya intentado desalojarlos, destacan el accionar de la gente de Buenos Aires: “Estamos agradecidos con la gente de por aquí que frena para brindarnos su ayuda solidaria en forma de donaciones”.

 En tanto, estos representantes de varios pueblos originarios se reconocen como protectores de la naturaleza y la soberanía nacional, consideran esencial defender las bases del poder comunitario e interceder por la continuación de las vías democráticas para la resolución de conflictos. En ese sentido, afirmaron que no piensan abandonar la lucha: “Nosotros seguiremos marchando, expresándonos y cantando nuestras melodías. Si observan bien, notarán que son canciones de protesta que están dirigidas a concientizar al conjunto de la población. Queremos que nos conozcan, que nos escuchen, que nos vean”. Mientras hablaban con ANCCOM sonaban los bombos y las voces cantoras haciendo eco en el viento.

Sulca y sus compañeros y compañeras encadenados pusieron en evidencia que sus derechos están siendo vulnerados y sus reclamos ampliamente ignorados por las autoridades. De hecho, fueron solo muy pocos los diputados que los recibieron, hecho que puede ser considerado como una muestra de la impunidad de un Estado ausente.

Si bien múltiples notas fueron presentadas, las demandas de los sectores aborígenes todavía no están en el temario. No obstante, sus reclamos lograron que el Gobierno nacional creará la “Comisión de Investigación, Análisis y Recepción de Datos sobre la Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy”, la cual aún se encuentra en proceso administrativo de conformación.

Por su parte, una veintena de organizaciones de derechos humanos presentó una denuncia en la justicia federal para investigar las acciones llevadas adelante por Morales y otros dirigentes y funcionarios políticos en el marco de las protestas acaecidas contra la aprobación de la reforma de la Constitución jujeña. La presentación afirma que en Jujuy fue “brutalmente reprimido” el derecho a la protesta, así como también explica que se desplegaron múltiples acciones violentas contra una infinidad de personas que estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión, que estaban manifestándose por sus ideales. En esos días hubo detenciones y allanamientos ilegales, golpes, torturas y personas heridas de gravedad, sobre todo en el rostro y ojos.

Inconstitucional e inconsulta

En junio el gobierno de Gerardo Morales aprobó la reforma Constitucional, que incluye la restricción a la libertad de protesta. La decisión, tomada de manera sorpresiva e inconsulta en el marco de un fuerte operativo represivo, fue resultado de una votación unánime en la Convención Constituyente. No obstante, los diputados de izquierda no estuvieron presentes. Mientras se llevaba a cabo la votación, en las cercanías de la Legislatura, una multitud marchaba con antorchas expresando su rechazo a las políticas puestas en práctica por Morales. Este fue el caso de los docentes, quienes elevaban la consigna “Arriba los Salarios. Abajo la Reforma”. Hoy, tres meses después, la lucha continúa tanto en Jujuy como en la Ciudad de Buenos Aires.

Los pueblos originarios sostienen que la normativa resguarda los intereses de las multinacionales y favorece el avance del extractivismo. A su vez, los interpela negativamente, dado que atenta contra la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. “La reforma nos perjudica, empeña el futuro de nuestros hijos, la legalización del saqueo de los recursos naturales, el despojo de nuestras tierras” expresó al respecto Jorge Angulo, referente del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki.

El Tercer Malón de la Paz sigue acampando a las afueras del edificio a la espera de una resolución del máximo tribunal. Pese a las condiciones adversas, sostienen su plan de lucha. Permanecen allí noche y día, a sol y sombra, unidos en una lucha con la fuerte convicción de que pronto serán escuchados y podrán volver a sus tierras: “De acá no nos vamos sin una respuesta para nuestro pueblo. Ya lo hemos decidido. Si nos dan una respuesta, nos vamos de inmediato. No tenemos la intención de quedarnos aquí, pero las cosas no pueden continuar así”.

 

Condenada por rasguñar a una policía en un desalojo

Condenada por rasguñar a una policía en un desalojo

Sep 23, 2023 | Comunidad, Destacado 3

La joven mapuche Jéssica Bonnefoi fue sentenciada por el hecho ocurrido en 2017 en Villa Mascardi.

El Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche condenó a la mujer mapuche Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil a seis meses de prisión en suspenso. La joven fue imputada por rasguñar a una agente de la Policía Federal en 2017 durante un desalojo ocurrido en la localidad de Villa Mascardi, en Bariloche. Ella se encuentra detenida desde el 11 de agosto en la sede de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en Río Negro, y según el fallo emitido ayer por el juez federal Hugo Greca debería haber recuperado su libertad. Sin embargo, seguirá presa porque está imputada en otras causas vinculadas a la lucha mapuche por la tierra.

 Uno de sus abogados defensores, Eduardo Soares, dijo a ANCCOM que “aún no será liberada, estamos a contrarreloj pidiendo su libertad por la última causa, la de Los Radales y toda la causa nueva de usurpación”. Estos procesos imputan a Bonnefoi por usurpación en el exhotel Mascardi, La Escondida y en el predio Los Radales, donde se produjo el incendio de una casilla de Gendarmería. Por estos hechos, los vecinos acusan a los mapuche, y ellos sostienen que fueron responsables los grupos de derecha alentados por el PRO y la gobernación provincial.

 Tras la publicación del fallo, Soares enfatizó su disconformidad con la separación de la causa y afirmó que en realidad se trata de un mismo expediente que empezó el 23 de noviembre de 2017 y terminó dos días después con la muerte de Rafael Nahuel, quien fue asesinado el 25 de noviembre de un tiro en la espalda -por lo que está imputado el prefecto Francisco Javier Pintos- durante la represión y desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu en la zona del lago Mascardi, en Río Negro. “Es una sola causa. La recuperación, que ellos llaman usurpación, con incidentes como el de Jéssica, en el que aparece una denuncia de lesiones, y finalmente la muerte de Rafita Nahuel. Todo es un solo hecho concatenado” expresó. Además, aseveró que al notar que sería contraproducente para las fuerzas de seguridad tratar en un solo juicio todos los hechos, la fiscalía decidió separarlo en partes, ya que “las mismas pruebas en contra que tenían en la causa de Bonnefoi, las tenían también en contra de los miembros de la Prefectura acusados en la causa de Rafita Nahuel”. 

Jéssica Bonnefai, entre sus abogados, Laura Taffetani y Eduardo Soares.

La joven mapuche lleva 43 días detenida. Durante más de dos semanas se mantuvo en huelga de hambre hasta que fue publicada la fecha del juicio que se llevó a cabo el 18 y 19 de septiembre. La medida de fuerza y las condiciones precarias en las que se encuentra encerrada deterioraron su salud, y ha tenido fiebres y malestares en su cuerpo. Su abogado comentó en qué condiciones la vio el martes 19, último día de sesiones antes de que se emitiera el fallo: “No estaba muy bien, Tenía muchos dolores renales. Hablamos con ella y nos dijo que el médico la estaba atendiendo”. Asimismo, comentó las condiciones del lugar en el que se encuentra encerrada Bonnefoi “Las condiciones de detención en la PSA donde está no son las mejores. Es un calabozo para gente que pueda estar apenas unos días, pero no tanto tiempo. No es un lugar de detención, es apenas de paso” denunció.

 Según el fallo judicial, la acusadora María Florencia Pérez, agente de la Policía Federal Argentina, sufrió lesiones leves en su rostro provocadas por Bonnefoi “quien atentando contra la integridad física de la funcionaria, pretendió resistir su intervención policial”. También confirma que el hecho ocurrió tras materializarse la orden de allanamiento y desalojo dictada por el entonces juez subrogante Gustavo Villanueva. “Puntualmente, tras ingresar al predio (…) el personal de la Policía Federal Argentina actuante procedió a la aprehensión de las personas halladas en el interior, entre las cuales se encontraba la aquí imputada” explica el documento al que accedió ANCCOM. Sin embargo, los abogados defensores alegaron la falta de pruebas que demuestren que las lesiones sufridas por la agente fueran realizadas por Bonnefoi. El documento detalla que Pérez sufrió “una lesión excoriativa lineal de trazo vertical de unos 5cm. de longitud sobre región de tercio externo de pómulo derecho y de la mejilla derecha y una lesión excoriativa de 1.5cms (…) a nivel del surco nasogeniano derecho” estas lesiones, aclara el fallo, se habrían de curar en un lapso menor a un mes sin incapacidad laborativa alguna. En su alegato, la defensa había afirmado que la policía Pérez mintió y todo el proceso fue una “causa armada”.

 Otro de los puntos conflictivos durante el juicio tiene que ver con las irregularidades en el proceso de allanamiento e identificación ordenado por el juez Villanueva. La abogada defensora Laura Taffetani enfatizó que no es lo mismo la identificación que la detención y que esta última solo es autorizada en caso de resistencia a obedecer la orden. “La fuerza de seguridad actuante debía agotar los medios para que interviniera personal especializado en menores de edad” recordó. Por otro lado, resaltó que aún cuando la orden de allanamiento decía que el procedimiento debía ser filmado y fotografiado, esto no se cumplió. Al final de su exposición recalcó que la última persona que identificó a Bonnefoi como la agresora fue la agente Pérez y ningún otro testigo. Incluso, uno de ellos dijo que Bonnafoi vestía atavíos mapuches, mientras que la acusada la identificó como usando un jean con un pullover. El también defensor Eduardo Soares concluyó que no existen motivos para creerle a Pérez y descreerle a Bonnefoi, al menos que se elija hacerlo porque una es policía y la otra es mapuche. 

En tanto, en varias ciudades de la Patagonia, como por ejemplo en Neuquén, hubo manifestaciones por la libertad de Bonnefoi.  

Además, la Red de apoyo Bariloche por la libertad de la lamien Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil emitió un comunicado sobre la “injusta detención la lamien (hermana) vuelve a tener problemas de salud que le están afectando su cuerpo, en el marco de la represión que dio paso al asesinato de Rafael Nahuel”. Desde ese colectivo de organizaciones y militantes sociales resaltaron que “mientras la policía reprime a mujeres Mapuche junto a sus hijos e hijas, incluso asesina a un joven Mapuche que solo defendía su identidad, nuestra lamien Jéssica tiene que esperar un juicio, que pareciera un mal chiste del sistema, en un calabozo prácticamente en situación de castigo, que hace aumentar sus problemas de salud y, además, separada de sus hijos”. La Red destacó que Bonnefoi “no pertenece a ningún movimiento, es una mujer Mapuche autónoma que, actualmente, lucha por su libertad, lucha por estar junto a sus hijos y seguir defendiendo su identidad como Mapuche”. 

«Al cuerpo de Rafael Nahuel lo movieron bastante»

«Al cuerpo de Rafael Nahuel lo movieron bastante»

Sep 21, 2023 | DDHH, Destacado 3

El legislador de Río Negro, Antonio Ramón Chiocconi, recordó conversaciones con testigos mapuches que afirmaron que las víctimas recibieron heridas por la espalda. Carolina Zombory, a su vez, declaró cómo manipularon al cuerpo de la víctima.

Antonio Ramón Chiocconi, actual legislador de Río Negro, compartió sus recuerdos en la audiencia número 11 del juicio por el homicidio de Rafael Nahuel. Chiocconi, quien también es médico, subió a la montaña donde ocurrió el asesinato hace seis años.

Chiocconi recordó lo que conversó con los miembros de la comunidad mapuche, quienes fueron testigos oculares de los hechos. «Contaron que ellos fueron baleados y en los tres casos recibieron heridas por la espalda», mencionó. También reveló que Rafael Nahuel «se acababa de agachar para agarrar una piedra» cuando fue herido.

El médico estuvo en la montaña después de que el cuerpo de Nahuel fuera trasladado al hospital de Bariloche. Allí, conversó con unas 15 personas y notó la angustia y el miedo en el lugar.

En la audiencia también declaró el perito balístico de Salta, Héctor Barboza, quien afirmó que la pistola Pietro Beretta calibre 9mm de Guillermo Cavia fue la que disparó el proyectil letal, contradiciendo una pericia anterior que señalaba al subfusil MP5 de Francisco Pintos como el arma homicida.

El perito químico José Luis Manzano, también de Salta, mencionó que encontraron residuos de disparo en Nahuel, Jones Huala y González, pero destacó ciertas irregularidades en los procedimientos que podrían haber afectado los resultados. Juan Manuel Mandagarán, quien participó en la pericia balística de Gendarmería, declaró que no hubo representantes de las querellas en esa diligencia y que solicitaron la presencia de un abogado para esa parte, pero se les negó.

El miércoles, durante la doceava audiencia, dieron testimonios clave médicos y miembros de la comunidad Lafken Winkul Mapu, a la que pertenecía “Rafita”, como le decían. 

El testigo Víctor Hugo Parodi relató que cuando llegó al lugar, «pedían ambulancia por dos o tres heridos». Pero al llegar al lugar, observaron a dos personas bajando a Rafael Nahuel en una camilla desde la montaña y dejándolo al costado de la ruta. Así fue como Parodi confirmó la muerte del joven de 22 años, que ya no tenía signos vitales.

Carolina Zombory, testigo ocular, no presenció el momento en que bajaron a Nahuel de la montaña, pero fue testigo de los procedimientos realizados por la Policía de Río Negro y Criminalística. Describió la escena como caótica, «estaba todo muy alterado, muchísimos ruidos y gritos por todos lados». 

Cuando el cuerpo de Nahuel fue destapado, Zombory notó que «lo revisaron. Lo movieron bastante. Me llamó la atención cuánto lo movieron, lo dieron vuelta una y otra vez». Además, mencionó que se demoró en colocar bolsas para proteger las manos de Nahuel. «Fue bastante manoseado el cuerpo en sí». También señaló que pasó bastante tiempo hasta que tomaron muestras de residuos de disparos tanto a los detenidos como a Nahuel.

Lautaro González y Fausto Jones Huala, quienes bajaron a Nahuel de la montaña, fueron vistos esposados dentro de un móvil policial, donde les tomaron las muestras de residuos de disparos en las manos. El proceso fue largo y Zombory y el chofer de la ambulancia estuvieron como testigos durante horas.

El martes próximo se espera que declaren los testigos mapuche: María Nahuel, tía de “Rafita”, Johana Colhuan, Lautaro González y Fausto Jones Huala. Estos dos últimos fueron quienes bajaron el cuerpo moribundo de Nahuel desde el cerro.  

Testigos mapuche acompañados

El werken (vocero) del parlamento mapuche de Río Negro, Orlando Carriqueo, convocó a las comunidades y organizaciones sociales a movilizarse para acompañar a los testigos de la comunidad Lof Lafken Winkul Mapu que estarán presentes en el juicio en los próximos días.

El vocero expresó que “la última semana de septiembre comienzan a llegar los testigos de la comunidad. Tiene que ser el momento de mayor movilización, estas semanas estamos acompañando las audiencias junto a otras comunidades y organizaciones sociales. Cuando lleguen los testigos tiene que ser contundente el acompañamiento y ni hablar con los alegatos, en ese momento hay que marcar una fuerte presencia, algo que quisieron evitar desde un primer momento” remarcó el referente.

Además, reiteró el reclamo y repudio por llevar el proceso judicial a la ciudad de General Roca. “Cuestionamos que se haya hecho en Fiske Menuco, es atípico porque los imputados no están presentes en la sala y la familia de Nahuel no puede llegar y lo siguen desde Bariloche”.

“No hay evidencia de enfrentamiento o tiroteo, si bien no sabemos en qué va terminar, nos queda la sensación de mucha injusticia porque se podría haber evitado el asesinato de Rafael Nahuel si el Estado atendía el reclamo de las comunidades de la zona andina” concluyó.

Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

Sep 14, 2023 | DDHH, Destacado 3

En una nueva audiencia del juicio que investiga el asesinato del joven mapuche, los investigadores aportaron a la hipótesis que solo dispararon los gendarmes. Piden una inspección ocular en el lugar de los hechos.

La orden de la inspección ocular, solicitada después de seis años del suceso, siembra expectativas en las partes para avanzar en sus teorías del caso. Los tres testigos que declararon el miércoles terminaron concordando en un punto central para la hipótesis de las querellas: los residuos de pólvora hallados en Nahuel y sus compañeros pueden haber sido producto de transferencia o contaminación ambiental por el aire, o incluso por el propio disparo.

El homicidio de Rafael Nahuel tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en un terreno ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El Tribunal Oral Federal a cargo del juicio por este caso ha decidido realizar una nueva inspección ocular en el sitio del crimen con los cinco miembros de Prefectura acusados del hecho. La primera había sido realizada en diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5.

Esta medida, solicitada por el Ministerio Público y programada para noviembre, tiene como objetivo principal determinar con precisión la ubicación exacta de los disparos efectuados por los uniformados. «La medida resulta manifiestamente útil», aseguró el presidente del tribunal federal Simón Bracco en la jornada de debate. 

Esta nueva inspección ocular se llevará a cabo aproximadamente seis años después de la trágica muerte de Rafael Nahuel. La solicitud para esta diligencia fue presentada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró que era necesaria para «esclarecer los detalles mencionados en los testimonios» de testigos pertenecientes a varias fuerzas de seguridad presentes en el lugar, aunque no están siendo acusados en el caso.

En palabras de Vehils Ruiz es necesario que los imputados “den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos» en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche”.

Entre ellos se encuentra Sergio Cavia, miembro del grupo Albatros de Prefectura, quien enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa». También se espera que participen sus compañeros acusados: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes han sido procesados como partícipes necesarios. También asistirían dos testigos clave, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban presentes junto a Rafael Nahuel en el momento del disparo y ayudaron a trasladarlo hacia la ruta en busca de atención médica.

Las querellas que representan a la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respaldaron la solicitud del fiscal y consideraron valiosa la posibilidad de que los protagonistas del hecho vuelvan al lugar del crimen para realizar esta inspección.

El representante de la Secretaría, Mariano Przybylski, dijo que le parece «necesario que el Tribunal observe las características del terreno». Sobre la topografía del lugar, Przybylski sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno. «Caminando son mucho más, ya que se trata de un sendero zigzagueante y con muchos obstáculos», puntualizó.

Por otra parte, el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de los prefectos Cavia, Pintos y Sosa, se opuso a la solicitud por considerarla «extemporánea e innecesaria», argumentó que la inspección ocular es una actividad propia de la etapa de instrucción de un caso y señaló que el terreno en el que se llevará a cabo es «agreste, boscoso y salvaje, y cambia constantemente». «Estamos a cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer y esas acciones van a hacer que sea absolutamente distinto de aquel del que se sucedieron los hechos», objetó Rocchetti, y adelantó que sus defendidos no participarán de la diligencia. 

En la primera inspección ocular el perito Enrique Prueger informó que no se encontraron indicios de otros disparos en el terreno o en los árboles que no fueran atribuibles a los prefectos.

¿Quién fue el autor?

En las audiencias previas del juicio habían declarado los peritos de las dos primeras pruebas balísticas. Esta semana fueron interrogados dos licenciados en criminalística que participaron como peritos en la tercera pericia balística, realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, que contradijo los resultados del primer estudio del que resultaba el cabo Pintos como autor del disparo.

Martín Spotorno -perito de parte de la defensa y testigo solicitado por la defensa de García y Obregón- y Agustina Oberti -perito por la querella- defendieron el resultado de la tercera pericia balística, que arrojó como resultado que el proyectil 9 milímetros que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1º Cavia.

La abogada defensora de dos de los prefectos investigados, Anabella Schmidt, consultó al licenciado en criminalística Spotorno cuál podía ser la explicación para que dos pericias de ese tipo arrojaran resultados divergentes. Spotorno defendió la actuación de los peritos de la tercera diligencia, aunque reconoció que la opinión sobre la coincidencia entre los proyectiles era de «carácter subjetiva». Dijo, también, que en los estudios balísticos pesa la «experticia, capacitación, entrenamiento, formación, experiencia» de los peritos intervinientes, así como el equipo que utilizan para los análisis.

Finalmente, Spotorno manifestó que había encontrado «gran coincidencia» entre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y la bala testigo obtenida de la pistola Beretta que portaba Cavia, aunque luego reconoció: «Al fin y al cabo uno se puede equivocar».

Todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder.

Mapuches desarmados

Este miércoles 13 de septiembre, comenzó la décima audiencia con el testimonio del gendarme Báez, “en algunas muestras dio positivo para residuos de disparo y en otras había dado negativo”, respondió Báez, pero aclaró tras las preguntas que: «Eso no implica que sí o sí haya disparado».

Luego continuó Alejandro Converso, jefe de laboratorios forenses de Gendarmería nacional. «Si hay más armas, y más disparos se van a generar de manera proporcional más residuos de disparo que se van a estar aportando al medio ambiente», reveló el doctor en Bioquímica. 

Converso estaba a cargo de la división de Análisis Instrumental de Gendarmería Nacional al momento de realizar la pericia y explicó hoy que se utilizó la técnica microscopía electrónica de barrido basado en la Norma ASTM 1588.

«Siempre que haya una superficie contaminada y en contacto con otra, puede haber transferencia (de residuos de pólvora)», respondió Converso y agregó que también puede ser por aire, cuando salen las partículas tras el disparo y se liberan al medio ambiente; y depende del clima como será su dispersión. 

«Suponiendo que se disparen gran cantidad de disparos de arma de fuego, más de 100 disparos y circulen personas por ahí, ¿se puede transferir los residuos?», preguntó el querellante Mariano Przybyksky. «Sí, si se encuentran cerca de la pluma de disparos», respondió Báez entre silencios prolongados. 

Finalmente declaró Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quién fue confrontada de manera agresiva por el abogado defensor de tres prefectos, Marcelo Rocchetti. «La forma que se está dirigiendo que sea con respeto», pidió el juez Simón Bracco en un momento del testimonio.

Para Serquis; el hallazgo de residuos de pólvora puede indicar varias cosas: «O disparó o estuvo cerca o estuvo en contacto con alguien que disparó. Existe algo que se llama la transferencia», y habló sobre la existencia de superficies contaminadas como pueden ser los móviles policiales. Los residuos de disparo bien podrían haber llegado a las manos de Nahuel y los dos detenidos, Lautaro González y Fausto Jones Huala; por transferencia luego de ser esposados, por la manta con la que se tapó el cuerpo y por superficies contaminadas en el móvil policial donde fueron demorados.

En definitiva, todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder, algo que en su momento fue afirmado en la mesa de la conductora Mirtha Legrand por parte de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.