Luego de seis años, el tribunal presidido por el juez Alejandro Silva condenó al prefecto Sergio Cavia, identificado como el autor del tiro mortal que mató al mapuche Rafael Nahuel, a cinco años de prisión como responsable de homicidio agravado por uso de arma de fuego, cometido en exceso de legítima defensa. Los otros cuatro acusados –Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Sergio García y Carlos Valentín Sosa– recibieron una condena de cuatro años y seis meses por haber sido considerados partícipes necesarios del mismo delito. Cavia, además, fue inhabilitado por siete años para ocupar cargos públicos, y el resto por siete.
Como estaba previsto, la última audiencia de la denominada causa Pintos se realizó el miércoles 29 de noviembre en el Tribunal Oral Federal de Roca que emitió su veredicto sobre el caso que conmovió a la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu cuando el 25 de noviembre de 2017, en un predio en disputa entre esa Lof y la Dirección de Parques Nacionales, el joven de 22 años Rafael Nahuel fue asesinado de un disparo por la espalda realizado por miembros del grupo Albatros de la Prefectura Naval.
Ante los micrófonos de la radio abierta montada por la cobertura colaborativa de Infoterritorial, Radio Libre y revista Cítrica, la madre y el padre de Nahuel afirmaron que la justicia “les faltó el respeto”, y dijeron que su hijo “no descansará en paz hasta que los asesinos no reciban la pena de prisión perpetua”, que era la que habían solicitado como querellantes. En diálogo con ANCCOM, el abogado de la secretaría de Derechos Humanos Mariano Przybylski dijo “no estar conforme con el fallo”, y anticipó que apelará ante las instancias superiores, al igual que las otras dos querellas de la familia y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Como fue costumbre en las anteriores audiencias, los cinco prefectos ahora condenados no estuvieron presentes en el Tribunal sino que la presenciaron mediante Zoom. Ante la posibilidad de emitir unas palabras finales, los albatros reiteraron su discurso de haber actuado en cumplimiento del deber, sin cometer excesos y respondiendo a una orden judicial. “Respetamos la vida propia y la de terceros”, dijo Obregón.
Las calles alrededor del tribunal se encontraban repletas de manifestantes desde temprano. Organismos de derechos humanos, sindicatos, organizaciones sociales y partidos políticos se hicieron presentes, junto a las agrupaciones que representan a las comunidades originarias patagónicas. La presencia de vallas y fuerzas represivas buscaron remarcar una supuesta actitud peligrosa por parte de los presentes y complicaron el ingreso de muchos de los que querían estar allí. Luego del veredicto, la bronca por las bajas penas se expresó con algunos piedrazos, que fueron respondidos por un par de tiros al aire pero el incidente no pasó a mayores.
Frente a tres posibles caminos –la prisión perpetua que pedían las querellas, cinco años de prisión que solicitó la Fiscalía o la absolución planteada por las defensas– los jueces se inclinaron por la posición del fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien apuntaló su solicitud en la teoría de que hubo un enfrentamiento porque los miembros de la comunidad mapuche estaban armados, y que los prefectos dispararon en ejercicio de su “legítima defensa”. El razonamiento es similar al que hizo el abogado defensor de tres de los Albatros, Marcelo Rocchetti -exjefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires durante la gestión de María Eugenia Vidal-, en cuanto sus clientes habrían sido emboscados y agredidos con armas de fuego.
Luego de más de 20 audiencias y tres meses y medio del proceso oral y público por el cual pasaron 63 testigos, decenas de peritajes y una inspección ocular al lugar de los hechos, el fallo no fue bien recibido por parte de la querella, que esperaba condenas más severas. “Se acreditó que dispararon 150 veces, en una persecución, que no hubo un exceso sino una intención de matar y todo eso no se reflejó en el fallo. No estamos conformes, aunque no podemos dejar de lado que se entendió que hubo un delito y que hubo, en consecuencia, cinco condenas”, expresó Przybylski. De la misma manera opinó el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, quien esperaba “condenas más duras” frente a un hecho que “siempre supimos que fue un asesinato y una cacería”. Sin importar que su mandato finalice el 10 de diciembre, el Secretario dará instrucciones para apelar el fallo.
Por su parte, Orlando Carriqueo, vocero del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, estuvo al lado de la familia y a su turno de hablar manifestó que las “teorías de los enfrentamientos vienen de la época de la dictadura militar. A pesar de los 40 años de democracia hay gobiernos que siguen desplegando terrorismo de Estado, como fue el de Patricia Bullrich y Mauricio Macri, y hay una sociedad que no reconoce el genocidio originario, cuando hace 140 años el Estado ocupó esta Patagonia”. También acudieron a abrazar a la familia de Nahuel, Alberto Santillán, padre de Darío, asesinado en la masacre de Puente Pueyrredón en 2002, y Asunción Ávalos, padre de Sergio, desaparecido en Neuquén hace 14 años. «Me nace acompañar a la familia de Rafael Nahuel porque hoy, sin lugar a dudas, mi hijo Darío estaría acá. Me parece que es el lugar correcto, donde hay que estar. Qué mejor que caminar en la misma vereda que caminaron nuestros hijos y sus compañeros que fueron asesinados por las balas del Estado», dijo Santillán a la agencia Télam.
