Por Agustina Franceschi
Fotografía: TELAM

La defensa de los prefectos imputados por el crimen de Rafael Nahuel volvió a plantear la teoría del enfrentamiento armado y en los alegatos pidió su absolución.

En el Tribunal Oral Federal de Roca donde se lleva a cabo el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel ayer tuvieron lugar los alegatos de la defensa de los imputados. Los abogados de los prefectos, luego de ocho horas, pidieron la absolución para los cinco albatros y la eximición de la pena. Será el miércoles 29 de noviembre cuando se escuchen las palabras finales de los acusados y el veredicto del tribunal. 

Con una sala llena y de forma remota, el abogado Marcelo Rocchetti habló en defensa de los prefectos Francisco Pintos, Guillermo Cavia y Carlos Sosa y pidió que sean eximidos de toda sanción. Solicitó también abrir investigaciones contra las propias víctimas de armas de fuego de aquel 25 de noviembre en Villa Mascardi, Johana Colhuan y Gonzalo Coña, a quiénes acusó de haber disparado armas de fuego y de tener un plan para resistir a las fuerzas de seguridad.

En esa misma línea se expresaron las abogadas Alejandra Busseti y Anabella Schmidt quienes pidieron la absolución de sus defendidos, Sergio García y Juan Obregón, por haber actuado dentro de la legítima defensa, con la idea de que no hubo “excesos”, y de que cumplían con su deber y con una orden judicial.

Con la intención de culpar a las víctimas, Rocchetti manifestó una vez más la existencia de armas de fuego entre los mapuches y los señaló como un “grupo violento con antecedentes violentos”. Reconoció que Cavia fue el autor de un disparo, pero lo excusó por no tener intenciones de matar. Incluso argumentó que los prefectos respondieron a los ataques mapuches tirando bolitas de pintura: “Llegó un momento que las bolitas de pintura se acabaron. Ahí Cavia solicita permiso para responder con arma de fuego, porque su vida estaba en riesgo”. 

El defensor atacó con dureza los alegatos de las querellas, que habían pedido la semana pasada prisión perpetua para los imputados del asesinato de “Rafita” Nahuel, y solicitó que sean anulados. En su extenso alegato expresó que los residuos de pólvora hallados en las manos de Nahuel y de los dos sobrevivientes Fausto Jones Huala y Lautaro Curruhuinca demuestran que sí usaron armas de fuego, y descartó que sean válidos los peritajes de la causa que indican que esos residuos llegaron a ellos por transferencia.

Una nueva audiencia se realizará el próximo 22 de noviembre, una semana antes del veredicto, donde tendrán lugar los planteos de nulidad y en la que las partes podrán hacer pedidos de dúplicas y réplicas. A pesar del pedido de la querella para que la audiencia final se realice en Bariloche luego de seis años de un caso sin resolución, el magistrado respondió que será en General Roca sin dar fundamentos. 

Afuera del tribunal se volvieron a convocar organizaciones de pueblos originarios de la Patagonia, así como sindicales como los docentes de Aduc, y la audiencia fue transmitida por una cobertura colaborativa de medios alternativos. En esa transmisión, recordaron que Rocchetti fue jefe de Gabinete de Cristian Ritondo en el ministerio de Seguridad durante el mandato de María Eugenia Vidal.