«Mi gorra no mata, la tuya sí»

«Mi gorra no mata, la tuya sí»

La 5ª Marcha de la Gorra convocó a una multitud, impulsada por los recientes asesinatos de Lucas González y Elías Garay. La CORREPI ya contabilizó más de medio millar de víctimas de la violencia institucional en lo que va de 2021.

Ella tomó unos stickers de su mochila y comenzó a pegarlos con delicadeza en la garita del colectivo. Se podía ver la imagen de un muchacho y se leía No fue enfrentamiento, fue gatillo fácil”, seguido de un nombre: “Alejandro Espíndola”. Un hombre que se percató de lo que las pequeñas imágenes decían, le tocó el hombro y preguntó con un tono cuidadoso: “¿Era tu hermano?” La chica lo miró, un tanto sorprendida, dejando escapar un sollozo: Era mi marido, hoy se cumplen 13 meses desde que lo mataron”. El hombre le sostuvo la mirada, apoyó su mano en el hombro de la chica, y apretó con suavidad. Había una complicidad, no es solo un nombre en un registro, la ausencia es enorme. 

El sol de la tarde porteña combinaba con el calor de los reclamos en la Quinta Marcha de la Gorra. Organizaciones de todas las banderas políticas, y gente no agrupada se movilizaron desde Avenida de Mayo y 9 de Julio hasta el Congreso para hacer oír un Basta de violencia institucional”, una vez más. Una multitud ocupó las más de seis cuadras de distancia, por momentos de manera abigarrada.

Alrededor de las 17, luego de dos horas del horario pactado, las personas comenzaron a llegar en oleada a la Plaza de los Dos Congresos. Los recibirán la Comunidad Charrúa Etriek, con sus banderas bien en alto, la de las Comunidades Indígenas y aquella perteneciente a los Mapuches. Al ritmo de sonidos de percusión y con cantos, la gente que iba llegando comenzó a aplaudirlas y en ese aplauso se fundía un entendimiento, y es que hace pocos días la comunidad Mapuche sufrió la pérdida de Elías Garay a manos de la policía de Río Negro.    

La convocatoria de la Marcha de la Gorra fue nutrida, cuadras completas de gente con sus bombos, trompetas, carteles y ocasionales humos de colores que formaban una nube densa en el aire que luego se evaporaba. Las banderas políticas eran diversas, los colores partidarios podían formar un arcoiris, pero la consigna que los unía era una sola: Basta de violencia institucional”. Y es que las cifras de muertes en manos de la policia solamente este año según el informe de la CORREPI, que aún no tiene su corte definitivo, es de 537 víctimas. 

Los episodios de violencia por parte de las fuerzas represivas comportan un problema sistémico y, por ende, una política de Estado. Mariana Vergara, madre de Cristián Ariel Coqui” Montecinos, el joven fusilado por el gendarme Elliezer Acosta a cinco cuadras de su casa, abraza a una de sus amigas que la acompañó a marchar. Tras haber expresado a ANCCOM con voz temblorosa pero firme: La Policía y la Gendarmería dicen que están acá para cuidarnos, pero es mentira. Hoy el asesino de mi hijo está en la calle y debería estar en la cárcel”.

Frases en cartulinas decoraban las rejas del Congreso: No más muertos por portación de cara”, Mi ropa no es delito”, Las balas que piden se llevan a los pibes”.

Las fotos impresas y colgadas en los cuellos de los asistentes inundaban la plaza del Congreso. Incontables nombres y fechas en la que fueron asesinados y reiterados pedidos de justicia fueron el símbolo más presente en esta marcha. Estela, la madre de Marcelo Rivero, quien fue asesinado por dos policías en 1989 y su causa archivada en el 2000, gritó a un micrófono: Lo mataron porque era pobre nada más, nos matan por eso”. Las palabras quedaron resonando, igual que aquellas frases escritas en cartulinas que decoraban las rejas del honorable edificio: No más muertos por portación de cara”, Mi ropa no es un delito”,  Las balas que ustedes piden se llevan a nuestros pibes”.

Se hicieron presentes La Cámpora, el MTE, la Juventud Comunista Revolucionaria, el Movimiento Ni un Pibe Menos Por La Droga, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la CORREPI, las Madres en Lucha contra la Impunidad, La Garganta Poderosa y AMMAR. Hubo lectura de un documento consensuado, tres líneas cada representante de cada organización,  tres líneas y se pasaban el micrófono al siguiente, y así completaron que La vida en los barrios se vuelve todavía más precaria y los conflictos por derechos básicos son inevitables. Las políticas públicas para mejorar nuestra vida no llegan, seguimos teniendo que salir a inventarnos un laburo, dejar la escuela, resignar nuestros sueños, sufrimos la falta de salud, de vivienda. La respuesta a estos problemas vienen siendo muy insuficientes y en muchos casos se saldan con represión.” 

 Y continuaron: 

 La represión se vuelve aún más cruda e invisible en contextos de encierro. Nuestros compañeros y compañeras privadas de su libertad sufren de condiciones de detención pésimas, donde la tortura y los malos tratos son moneda corriente.” 

 La gorra como símbolo que marcó a la convocatoria de la tarde, marcó también la narrativa, hay una gorra que mata, y una que no. Mi gorra no mata, la tuya si”, se leía en el cartel que sostenía una de las amigas de Lucas Verón, el joven que salió a comprar con sus amigos y la policía por suponer que estaba robando lo asesinó. No por tener gorrita, estar vestidos de cierta manera, ser de color, la policía tiene derecho a quitarnos la vida” explicó conmovida. 

 La lectura del documento fue la despedida de los asistentes, que cerró:

 Los peligrosos seguimos siendo los pibes de los barrios populares, los trabajadores de la economía popular, las disidencias. Los discursos de odio programados por mercenarios mediáticos, y dirigentes políticos buscan instalar que nosotros somos el problema de la inseguridad.”

La violencia institucional como política de Estado

La violencia institucional como política de Estado

En apenas cinco años de historia, la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 fusilamientos por gatillo fácil. No es la única: en total la violencia policial alcanzó los 537 casos de fusilamiento, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el atropellamiento deliberado con patrullero.

“En los últimos cuatros días hemos tenido que sumar a Lautaro Rosé en Corrientes, a Lucas González en Capital, a Alejandro Martínez en Provincia de Buenos Aires y, ayer, a Elías Garay, el joven mapuche que mataron en Cuesta del Ternero en Río Negro”, cuenta a ANCCOM María del Carmen Verdú, abogada penalista que forma parte de la Coordinadora contra la Represión Policial (CORREPI). 

Anualmente, la CORREPI realiza informes sobre violencia policial, y detalla que en los últimos cinco años la Policía de la Ciudad de Buenos Aires fue protagonista de 121 “fusilamientos por gatillo fácil”. En un informe previo a aquel que se presentará en diciembre, llegan a 537 los casos totales de fusilamientos de gatillo fácil, muertes en lugares de detención, femicidios de uniforme, desapariciones seguidas de muerte y otras modalidades como el uso del patrullero para embestimientos deliberados en persecución.

El de Lucas González no es un caso aislado, ni de “asesinos sueltos”, es sistémico, y por ende una política de Estado, según expresa la abogada penalista. A su vez, el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura reclamó al gobierno porteño no sólo la sanción de los responsables del homicidio de Lucas González sino que se tomen medidas de prevención “para evitar hechos” que se repiten “desde la creación de la Policía de la Ciudad”.

Clases de periodismo

Por un hecho absolutamente circunstancial, el caso de Lucas Gonzalez rompió el blindaje mediático, y es que gracias al club, la familia pudo hablar de lo sucedido. El informe inicial fue una versión policial tomado de “forma acrítica y sin hablar con el entorno de la víctima para chequear”. El primer parte se conoció a través del Ministerio de Seguridad y Justicia de la Ciudad, para ser difundido luego por varios medios de comunicación. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) recalcó la tergiversación de los hechos, al igual que la CORREPI, que apartó el caso para hacerle seguimiento, encontrando en el texto de la nota ciertos vacíos. Se explicita, entonces, que la información que difunden las comisarías no puede replicarse “sin ser contrastada porque es en ese lugar donde se imponen los relatos de los operativos policiales”. El CELS subrayó que existe una “historia muy extendida” de “procedimientos ilegales” en operativos policiales fraguados que quedaron al desnudo en la investigación judicial realizada por Daniel Rafecas a fines de los 90’, cuando actuaba como fiscal e investigó causas fraguadas por la Federal  publicadas por los medios como persecuciones.

El relato policial del caso de Lucas González es idéntico al de “paragüita” Toledo. El joven de la villa 21-24 que el 15 de julio de 2017 fue asesinado a tiros por Adrián Otero, oficial de la Policía de la Ciudad, mientras volvía de bailar junto a dos amigos. A raíz de una discusión de tránsito, Otero comenzó a perseguir el auto donde estaban los tres jóvenes y a disparar contra los tres chicos. Ocho balas impactaron en el auto, una de ellas le causó la muerte a Cristián Toledo. En un primer momento, la versión de los hechos difundida planteaba que el policía había actuado en defensa propia ante un intento de robo, buscando criminalizar a los jóvenes, quienes fueron detenidos durante dos días. La respuesta de vecinos, amigos y familiares fue lo que permitió que liberaran a los dos jóvenes y se exigiera justicia por Cristián.

«-8.500»

El caso de Cristian Toledo comportó el primer juicio contra un efectivo de la Policía de la Ciudad por gatillo fácil. La sentencia para Otero de prisión perpetua, en octubre de 2018, sentó un precedente importante. Los casos en los que se logra una condena correspondiente: aquella de homicidio agravado por el abuso funcional de un miembro de la fuerza de seguridad, explica Verdú, son muy pocos. Y agrega que la regla común del gatillo fácil es que “le sigue sistemáticamente el sobreseimiento fácil”. Explica la abogada que en la mayoría de los casos, cuando no existe una familia que se presente frente a la fiscalía o el juzgado, que se constituya como querella o particular damnificado, y que empiece a poner puntos sobre las íes en materia de prueba o de interpretación de la misma, en menos de seis meses la causa es archivada. 

 La criminalización de la víctima va en paralelo con la narrativa de la víctima inocente, que desde la CORREPI se intenta desterrar y explican que “vuelve a resurgir con los discursos del odio: el ‘algo habrán hecho’ o ‘la polícia no mata porque sí’”. Tal es el caso de Luciano Cabello, el joven que en noviembre de 2015 recibió tres disparos por parte del oficial Ayala de la, entonces, Policía Metropolitana, quedando en estado de cuadriplejia. Las justificaciones del accionar del agente vinieron de la mano de la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires, por entonces era vicejefa de Gobierno porteño, María Eugenia Vidal, quien alegó que Ayala había accionado en un supuesto marco de violencia de género. Lo insólito de sus declaraciones es que fueron desmentidas por la mujer de Cabello, la supuesta denunciante. 

El juicio contra Ayala se llevó a cabo en 2019, y lo condenaron a 16 años de prisión en diciembre de ese año, pero aún así está libre porque la Cámara de Casación aún no se expidió sobre el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que la condena no está firme. Dice la abogada del caso que “si vos tenés que querellar a alguien en una situación de empate con la defensa partís de 0. Contra un policía, un gendarme, un prefecto, un servicio penitenciario no arrancàs de cero, arrancás de -8500”. 

Ayer, en el marco de un doloroso reclamo por justicia, se llevó a cabo frente a Tribunales una congregación por el asesinato de Lucas González. Este martes, a las 15, se llevará a cabo en Av. de Mayo y 9 de Julio la quinta Marcha de la Gorra organizada por la CORREPI. Habrá un amplio arco de organizaciones convocadas, y se leerá un documento consensuado. El primordial reclamo es contra la violencia institucional que se carga con las muertes de personas, día tras día. El informe oficial de la Coordinadora hasta ahora presenta cifras récord, con 537 muertes donde no es el gatillo fácil lo que más aumentó sino las muertes en lugares de detención por covid-19. La situación es crítica, concluye Verdú: “Tenemos la falacia de un país que tiene un Código Penal que dice que no existe la pena de muerte, pero a punta de (pistola) reglamentaria está decidida por policías en la calle”.

«Los chicos fueron víctimas de la policía»

«Los chicos fueron víctimas de la policía»

El juez Alejandro Cilleruelo sobreseyó a los amigos de Lucas González, quienes habían sido imputados como coartada para salvar a los policías responsables del asesinato del joven futbolista. Los padres de la víctima convocaron a una marcha para el lunes y tres miembros de la fuerza fueron puestos a disponibilidad.

El inspector Gabriel Alejandro Isassi, el mayor Fabián López y el oficial José Nievas, responsables de la muerte del joven futbolista Lucas González, fueron apartados de sus cargos. Sin embargo, aún no pesa sobre ellos orden de arresto. 

La familia de Lucas será representada legalmente por el abogado Gregorio Dalbon, quien enfatizó que este tipo de hechos delictivos no pueden pasar en democracia, e hizo un llamado a todos aquellos que tienen hijos para salir a marchar con una vela en la mano el próximo lunes 22 a las 19, frente al Palacio de Tribunales, para exigir justicia y que nunca más haya casos de gatillo fácil. 

Las muestras de apoyo a las familias llegaron de todos lados, incluidos muchos clubes de fútbol. La AFA, a su vez, declaró tres días de duelo en juveniles. Lo mismo hizo el club Barracas Central, del que Lucas era parte, que además colgó una bandera con la exigencia de justicia por su asesinato. También se solidarizaron diversos organismos de Derechos Humanos. 

Ni el jefe de Gobierno, ni su ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, ni el mandamás de la Policía pudieron explicar aún por qué sus dirigidos iban de civil, en un auto que no era oficial y dispararon sin identificarse ni dar la voz de alto.

A través de sus redes sociales, enviaron condolencias tanto el presidente de la Nación, Alberto Fernandez, como el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, quien había lanzado la Policía de la Ciudad hace cinco años en la misma comisaría donde se desempeñaban los tres responsables de la muerte de Lucas González, quienes iban de civil, bajaron de un auto particular y dispararon sin piedad a cuatro adolescentes que regresaban de una práctica de fútbol. Ni el jefe de Gobierno, ni su ministro de Seguridad Marcelo D´Alessandro, ni el mandamás de la Policía pudieron explicar aún por qué sus dirigidos iban de civil, en un auto que no era oficial y dispararon sin identificarse ni dar la voz de alto.

A raíz de lo sucedido, la abogada y activista trans, Cristina Montserrat Hendrickse, abrió una convocatoria para juntar firmas y así poder presentar un proyecto de ley -que llamó Ley Lucas- que prohíba actuar de civil a la Policía de la Ciudad, que ya acumula una importante cantidad de casos de gatillo fácil en sus escasos cinco años de vida.

Los tres amigos de Lucas, a los que se les había iniciado una causa caratulada como Tentativa y Resistencia a la Autoridad como coartada para salvar a los policías y por la cual los adolescentes pasaron la noche detenidos, fueron sobreseídos por el Juez Alejandro Cilleruelo quien afirmó que los chicos  “fueron víctimas de la policía” y su abogada Lorena Blanco afirmó a ANCCOM: “Yo vi a la mamá de Joaquin llorar acostada en el piso de la puerta del Instituto de Menores porque no la dejaban pasar a ver a su hijo, por ese momento no más yo iría hasta las últimas consecuencias. No puedo, ni siquiera imaginar lo que fue la noche de la mama de Lucas. Esto no puede pasar, todos tenemos que terminar con el gatillo fácil en la Argentina y con la impunidad de los policías”. 

Los papás de Lucas decidieron donar los órganos de su hijo “para que él siga viviendo en otros”, agradecieron a los medios y pidieron a la sociedad   que no les suelten la mano. Su mamá, en medio de la conferencia de prensa, le habló a los policías que la estaban mirando sentados desde su casa: “Aunque me lleve toda la vida, esto no va a quedar así”. Su papá, que cada tanto se secaba las lágrimas y trataba de demostrar fortaleza, aseguró: “Mi hijo entraba a una villa con respeto, porque nosotros se lo enseñamos y salía con respeto. Yo tenía miedo de la villa, pero me equivoqué, porque el que me lo mató fue el que me lo tenia que cuidar”. Y continuó diciendo: “Que esos policías se preparen, que les remuerda la conciencia, porque voy a ir hasta las últimas consecuencias, que no se queden tranquilos”.  

“Esta obra no existiría si Facu estuviera acá”

“Esta obra no existiría si Facu estuviera acá”

El 12 de noviembre se presenta por primera vez en la ciudad de Córdoba «La ilusión del rubio», una obra escrita por Santiago San Paulo sobre Facundo Rivera Alegre, desaparecido desde el 19 de febrero del 2012, víctima de violencia institucional.

El escenario está vacío, solo hay unas sillas en hilera y un micrófono. De repente. alguien se pone al frente y habla. Ese alguien es Martín Slipak quien interpreta a Facundo Rivera Alegre, el protagonista de la obra dirigida por Gastón Marioni que se presentará en la Sala de las Américas, dentro del Pabellón Argentina de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), el viernes 12 de noviembre, a las 21 horas.

La realización del unipersonal surgió del ciclo Nuestro Teatro del Teatro Nacional Cervantes, en el que el escritor y actor Santiago San Paulo presentó  La ilusión del rubio. La obra finalmente fue seleccionada para ser filmada y presentada de manera virtual. Para el director aquel estreno fue extraño por la novedad del formato, pero la experiencia resultó más que satisfactoria: “En la dimensión artística a la gente le ha gustado mucho como obra de teatro y en la dimensión social ha cumplido una necesaria función de visibilizar y ponerle palabras a la ausencia de Facundo y la de muchos otros desaparecidos en democracia como él”.

Viviana Alegre, la madre de Facundo, víctima de violencia institucional desde el 12 de noviembre de 2012, confiesa lo difícil que ha sido atravesar la desaparición de su hijo: “Hubo un momento que colapsé psicológicamente. Era sentarme en la puerta a esperar que venga, pararme en la esquina para ver si aparecía por algún lado, sentir que escuchaba su voz”. Viviana es también hermana de Marco Alegre, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, y luego de la desaparición de su hijo enfermó de un cáncer que afortunadamente pudo superar. Recordó el momento en que la obra de San Paulo fue seleccionada para ser presentada: “Tuve una mezcla de ternura y de dolor, esta obra no existiría si Facu estuviera acá”. Desde aquella lluviosa madrugada de febrero, Viviana espera el regreso de su hijo, que la noche anterior había salido a un baile de cuarteto del cantante Damián Córdoba.

 

Viviana es también hermana de Marco Alegre, desaparecido durante la última dictadura cívico-militar, y luego de la desaparición de su hijo, en democracia, enfermó de un cáncer que ya superó.

“Desde antes de lo que pasó con Facundo ella ya era una referente de las luchas sociales de Córdoba”, dice San Paulo sobre Viviana. Su búsqueda se suma a tantas otras de la larga lista de desaparecidos en democracia que tiene nuestro país. Sobre lo que le toca vivir, Viviana remarcó: “El poder político de la provincia miró para otro lado, les pedimos audiencias, pero (el exgobernador de Córdoba, José Manuel) De la Sota nunca nos recibió y (el actual gobernador Juan) Schiaretti tampoco”. Para ella la responsabilidad del Estado es ineludible: “Al comienzo no le dieron mucha bolilla a la causa, desde el Gobierno nacional ofrecieron todo para buscar a Facundo, pero el fiscal Alejandro Moyano se opuso”.

La causa tuvo su fin para la justicia cordobesa cuando en el 2015 condenaron a los presuntos asesinos. Sin embargo, el proceso judicial se llevó a cabo con un manto de sospechas por parte de los familiares, testigos falsos, un fiscal que no investigaba y la coincidencia del cierre del caso con la cercanía de las elecciones a gobernador. “Nosotros absolvimos a los que ellos culparon. Sabemos que son el último eslabón de una larga cadena de impunidad: quienes los imputaron y los condenaron fueron el poder político, la Justicia y la Policía de Córdoba”, señala Viviana.

Un cuerpo que aparece

En el séptimo aniversario de la ausencia de Facundo Alegre se realizó una peña para recordarlo y fue allí cuando Santiago San Paulo, uno de los participantes, pensó en qué podía hacer de diferente para interpelar a los asistentes. Como respuesta le surgió la idea de representar a Facundo arriba del escenario: “Ahí corroboré el poder que tiene el teatro de hacer aparecer a un desaparecido”. Luego de esa experiencia, y con el advenimiento de la pandemia de covid-19, el joven escritor decidió hacer una obra de esa idea y presentarla para el concurso del Cervantes. Desde el teatro le ofrecieron la dirección a Gastón Marioni, quien tras una primera lectura quedó encantado con el material y aceptó la propuesta. “Desde que empezamos a trabajar, Viviana se ha convertido en otra protagonista del proyecto, nos ayudó mucho las veces que hablamos por videollamada y cuando fuimos a verla a Córdoba”.

Para Viviana se trataba de algo inesperado, pero colaboró en todo cuanto pudo y sobre todo con Martín Slipak, quien iba a actuar de su hijo. Le contó cómo era, le facilitó grabaciones y hasta le mostró las canciones que él había escrito. Luego de haber visto la obra ella le confesó: “Nos lo hiciste aparecer”. La presentación en Córdoba, por primera vez, cobra entonces un sentido especial para la familia de Facundo.

“El título tiene una clave, hay un poco de la prestidigitación, de la magia, que es algo que hace el teatro, poner presencias a las ausencias”, señala Marioni. El juego de estos términos oponibles ha tenido en la historia argentina reciente un enorme peso. En una recordada conferencia, el por entonces presidente de facto, Jorge Rafael Videla, definió al desaparecido: “No tiene entidad, no está ni muerto ni vivo”. Esta conceptualización fue retomada por San Paulo: “Traté de deconstruir ese binarismo y superar esa definición, si él trataba a los desaparecidos como si fueran fantasmas entonces ahora esos fantasmas les van a hablar”.

Es por eso que esta obra reabre el debate sobre lo que implica que sigan habiendo desaparecidos en democracia. “Seguimos percibiendo las desapariciones como casos aislados y no nos damos cuenta de que no puede desaparecer una persona si no hay connivencia del Estado”, observa San Paulo. “Lo que pasó con Facundo no es de una provincia específica, pasa en todo el país”, señala Viviana y concluye: “La lucha es larguísima y no sé si encontraremos a Facu porque tenemos muchas trabas, pero a pesar de eso yo sigo creyendo en que va a aparecer y para eso hay que seguir buscando”.

La ilusión del rubio: 12 de noviembre a las 21 hs. Sala de las Américas, Pabellón Argentina, UNC. 

«Lo matamos por pobre»

«Lo matamos por pobre»

Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.

“Lo matamos por pobre”, le gritó uno de los policías de Caleta Olivia, Santa Cruz, a la familia de Rodrigo Curaqueo durante una protesta por la muerte de ese joven de 19 años que falleció el pasado 7 de abril en extrañas circunstancias. Hoy, el caso judicial está estancado. Lo que sí continúa es el hostigamiento de las fuerzas de seguridad hacia la familia y los sectores más humildes de la ciudad.

La mañana de aquel martes, Curaqueo llegó alcoholizado a su casa. Tras manifestar actitudes violentas, su familia decidió llamar a la policía con la esperanza de que apaciguaran la situación. “Se hizo todo mal desde un principio: se lo llevaron a la comisaria Seccional Quinta, que está a una cuadra y media de su hogar. De ahí, no lo volvieron a ver más”, relata su hermana Brenda.

“Tendría que haber estado suelto a las 15”, cuenta su madre, Andrea Muñoz. Pero alrededor de las 16:50, 16 presos declararon haber escuchado alboroto en el calabozo que destinan para los contraventores, donde se encontraba Curaqueo. “Los gritos de Rodrigo los escucharon hasta no escucharlo más. A las 17 les dieron permiso a los internos: los hicieron salir y los oficiales, como nunca, tenían guantes de látex puestos”, sigue.

No fue hasta la medianoche que los uniformados tocaron la puerta de la casa a la que pocas horas antes había llegado por última vez Rodrigo. Se le informó a la familia de su deceso recién el 8 de abril, 7 horas después de que se escuchara su último grito. ¿Por qué, si la casa queda a una cuadra y media?, se pregunta su hermana. De ahí en adelante, las piedras en el camino fueron cada vez más. Les dijeron que la causa de muerte habría sido suicidio por ahorcamiento y covid-19. Aunque esto implicaba que la familia debería esperar tres días para ver su cuerpo, la agonía se extendió por al menos siete.

El 9 de abril, Andrea se enteró por allegados que llevaban sin autorización el cuerpo de su hijo a Puerto Deseado, otra ciudad santacruceña. El motivo, según le dijeron, era para realizar una autopsia ya que en Caleta Olivia no había médicos forenses disponibles. Falso: la familia pagó de su propio bolsillo 50.000 pesos para contratar a Néstor Sosa, un médico de la ciudad que nunca pudo terminar su trabajo debido al entorpecimiento de la investigación.

Aunque hubiesen querido examinar el cuerpo de Rodrigo en Puerto Deseado, eso tampoco iba a ser posible: no había sido conservado en la morgue como se requería. “De todas las maneras intentaron tapar lo que había hecho la policía, pero son cosas muy evidentes”, afirma Brenda. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de la comisaria de aquel 7 de abril nunca fueron entregadas, y la escena del hecho fue cambiada radicalmente.

Una historia que se repite

Rodrigo no es el primero en fallecer en una comisaria de Caleta Olivia. El 18 de septiembre de 2016 le tocó la misma suerte a Gustavo Gerez, un taxista de 28 años que murió en la Seccional Primera, adonde había sido llevado por estado de ebriedad y disturbios en la vía pública. Alberto Luciani, abogado de los Curaqueo y los Gerez, señala que hay más de una similitud entre ambas causas. El patrón es el mismo: maltrato a los contraventores, impunidad y, por sobre todo, quienes mueren en dudosas circunstancias son siempre personas provenientes de los sectores más marginales de la ciudad, que suelen tener problemas con el consumo de sustancias.

“El sistema, en vez de cuidarlos y bridarles una salida a la problemática los penaliza, los criminaliza. No solo eso: no se les garantiza el derecho a la vida y terminan muriendo en extrañas circunstancias”, asegura el letrado. Tanto en 2006, como en 2009 y 2020: en cada año se pueden identificar nombres de “suicidios” en comisarías, como los de Omar Alvarado y Federico Courbuol.

“Quedó demostrada, además, la pésima capacitación que tiene la policía en derechos humanos. No tienen esa preparación, y tampoco en cómo tratar a una persona que está con algún problema de haber ingerido sustancias que le provoquen alteraciones físicas o psíquicas”. El caso recuerda al de Santiago “Chano” Moreno Charpentier, el cantante de Tan Biónica. Con una diferencia: los pobres no tienen el beneficio de la duda, ni de la recuperación. 

Fotografía tomada de la cuenta de Facebook de Rodrigo Curaqueo.

En ambos casos, también, la administración pública brilla por su ausencia. “A Rodrigo no lo cuidaron, fue un abandono por parte del Estado”, expresa con dolor su hermana. Para Luciani, la falla es clara: no garantiza el derecho a la vida para los detenidos, ni el deber de seguridad, ya que se encuentran bajo su custodia. “No es que pasó una vez y ha sido un accidente, es una cosa repetida”, sentencia. Lo que le resulta llamativo es la protección de la que gozan los responsables para que las causas no avancen. “La misma Justicia le brinda cobertura legal a la policía porque de alguna manera trabajan juntos, es el mismo sistema. Si no hay sanciones y no se condenan casos así, se vuelve a repetir”, agrega.

Para Andrea, los gobernantes la dejaron sola. Ella ya está acostumbrada a estar así: desde hace tiempo que cumple el rol de madre y padre a la vez. Bronca e impotencia se juntan con el dolor y la desesperación por la falta de respuestas. El pueblo la acompañó solo al principio. Después, el enojo colectivo se diluyó en el tiempo.

“A la gente le falta un poquito de empatía, hasta que a uno no le pasa, no se da cuenta”, se lamenta Brenda Curaqueo. “El apoyo del pueblo solo estuvo cuando ocurrió, que es cuando recibís la noticia y te impactás y te enojás, pero a las marchas mucha gente ya no va”, continúa. Pero la familia no está sola: los casos de brutalidad policial son muchos a lo largo y ancho del país. El apoyo llega de los lugares más impensados: organizaciones como La Garganta Poderosa y el Colectivo Gatillo Fácil, de La Plata, son algunas de las que se contactaron para brindarles ayuda y asesoramiento que, según la joven, hace mucha falta en estos casos. Lo que sí saben es lo que exigen Brenda y Andrea: “El cambio de juez y que el que está trabaje, que deje de acumular casos, muertos y que se haga justicia por Rodrigo”.