El golpe del arancelamiento a la universidad pública
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por Javier Milei transforma a la educación en una mercancía. Uno de los pasos propuestos es el arancelamiento de la universidad pública a estudiantes extranjeros sin residencia en el país. Opinan estudiantes y funcionarios.
El proyecto de Ley Ómnibus presentado por el presidente Javier Milei desató el temor de los miles de estudiantes extranjeros que eligieron Argentina para estudiar. Es que uno de sus puntos propone arancelar la educación universitaria para todos aquellos que no tengan la residencia permanente en nuestro país.
-En cuanto me enteré, entré en pánico — confiesa María José, de 22 años, mientras mira cómo sus dedos se entrelazan en las manos apoyadas sobre la mesa.
En 2022 abandonó Sogamoso, una pequeña ciudad perdida entre las sierras de Bogotá, y arribó a Argentina con el objetivo de seguir la carrera de Psicología en la Universidad de Buenos Aires. Aún le faltan dos años más para poder conseguir la residencia permanente.
-No podría costear mis estudios. Mis papás no me envían mucho dinero. Yo trabajo, pero no alcanza. Imagínate, con lo que pago de alquiler, para comer y los gastos diarios no puedo pensar en dónde voy a sacar para pagar la universidad.
En la misma situación se encuentran sus amigas de Colombia, Venezuela y Ecuador, que desde que el 10 de diciembre se transformaron en variable de ajuste, enfrentan el riesgo de tener que abandonar sus proyectos de vida.
-Es injusto porque desde que abandoné Santiago de Chile, no dejé de pagar impuestos — opina por su parte Iván, de 23 años —. Yo estudio Medicina en la Universidad de La Plata. Para estar acá pago un alquiler, compro mis víveres, voy al supermercado. Cada vez que gasto dinero pago impuestos, entonces no entiendo por qué dicen que estudio gratis.
Su padre, Jesús, se recibió en 1999 de la carrera de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Por ese motivo, creció con la expectativa de repetir los pasos familiares e ir a buscar del otro lado de la Cordillera la educación que su país le negaba.
-Oí que hay posibilidades de que el Congreso rechace algunos artículos, pero la verdad es que estoy muy preocupado. Si nos arancelan la Universidad no sé si podría pagarla. Sería un golpe muy duro porque encima la inflación hace que todo cueste un poco más.
Ney también debió abandonar su hogar para poder seguir con el sueño de estudiar economía. En 2023 partió de Guayaquil con el objetivo de regresar con un título bajo el brazo.
Son las once de la noche y aún lleva el delantal que utiliza en la rotisería en donde trabaja para poder pagar la habitación que comparte con tres brasileños en una residencia del barrio porteño de Monserrat.
-Tanto hablaban de la casta y al final la casta éramos nosotros — lamenta, mientras pica perejil en la mesada de la cocina común de la pensión —. Si nos privatizan la educación, voy a volver a trabajar en el campo con mi papá.
Levanta solo la cabeza para escuchar. Al momento de responder, vuelve a agacharla, casi como si sintiera culpa por un supuesto delito que no cometió. Pone sus ojos en la verdura, casi como si se quisiera abstraer de la realidad.
“En la residencia no hay contrato y nos aumentan cada dos meses. En la rotisería me tienen en negro ¿Y a mí me vienen a reclamar que pague impuestos?”, reclama.
Su voz temblorosa delata la bronca que intenta ocultar. Se trata de un enojo motivado por la incertidumbre de no saber, si una vez más, las clases subalternas pagarán por los negociados de los que dirigen las reglas de juego.
“La conciencia mayoritaria en nuestra sociedad es que nuestro sistema universitario es un activo de todo el país”, sostiene el ex ministro de Educación, Nicolás Trotta, en diálogo con ANCCOM y agrega: “Estamos ante un gobierno que viene exteriorizando posiciones que tienden a la mercantilización de ese sistema”.
Alberto Sileoni, titular de la cartera educativa durante el gobierno de Cristina Fernández y actual director general de Escuelas de la provincia de Buenos Aires, coincide con Trotta.
“La educación debe concebirse como un derecho, nunca como un bien transable. Y a eso, la ley lo anula. — advierte Sileoni —. Yo creo que hay que leerlo en conjunto con la propuesta de nuestra canciller, Mondino, de querer entrar a la OCDE. Para poder ingresar, los países tienen que concebir la educación como una mercancía. Eso es una puerta abierta a los negocios, a la privatización educativa, a las plataformas digitales”. En este sentido, advierte que “la ley es muy grave, porque deroga el artículo 10 de la Ley de Educación Nacional, que impide que la Argentina establezca convenios en donde se tome la educación como un bien de mercado”, advierte.
La presentación del proyecto oficialista estuvo acompañada de una campaña dirigida a sostener que las universidades están colmadas de alumnos extranjeros. Sin embargo, los dos funcionarios coinciden en señalar lo falaz de este argumento.
“La por entonces precandidata a presidenta, Patricia Bullrich, hoy ministra de seguridad de Milei, intentó plantear con información errada un supuesto problema que justifique el arancelamiento como primer paso, a un sector de nuestros estudiantes para después hacer un arancelamiento absoluto — declara Trotta —. Si nosotros vemos las estadísticas en términos de la cantidad de estudiantes que tiene nuestro sistema universitario, tiene el mismo reflejo de la población extranjera que hay en la Argentina”.
En la misma línea, Sileoni explica: “la cifra de estudiantes no argentinos es absolutamente irrelevante. Aparte, no se trata de que vos le das clase al colectivo de estudiantes extranjeros. No, ellos se incorporan a aulas de 30, 40, 50 estudiantes. Entonces no hay un costo que se incrementa por la llegada de ese extranjero al aula”.
El supuesto gasto extraordinario generado por el acceso irrestricto a las casas de estudios ha sido otra de las excusas para legitimar la privatización parcial de la educación superior.
En este sentido,Trotta sostiene que un trabajo de la Organización Internacional del Trabajo concluyó que “el aporte de los extranjeros en términos económicos es superior al costo de los bienes públicos y servicios sociales que consumen”.
Tenemos un saldo positivo — afirma — Producen más recursos que los que terminan consumiendo.
Por su parte, Sileoni concluye: “Todas las medidas que está tomando este gobierno, como rifar 41 empresas públicas, romper con la TV Pública, vender a cualquier precio YPF, los trenes. Todo eso huele a negocio. Si todo huele a negocio, por qué no lo van a hacer con la educación, que es un inmenso negocio a escala internacional”.
