La salud también para

La salud también para

Los trabajadores de FATSA realizaron paros por turnos y medidas de visibilización durante toda la semana en reclamo de aumentos salariales. La medidas de fuerza continuarán hasta el próximo 28.

“Estado de alerta y movilización” anuncian en rojo sobre negro los carteles que se encuentran en las fachadas y volantes de diversas instituciones de la salud. La Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) lanzó un plan nacional de lucha debido al atraso salarial que los trabajadores del sector en el marco del ajuste llevado a cabo por el gobierno de La Libertad Avanza.

Entre bombos, colectivos, ambulancias y autos particulares que tocan bocina y banderas celestes y blancas, Norberto Correa, trabajador e integrante de la comisión interna del Sanatorio Franchín de Construir Salud relata: “Estamos pidiendo un reajuste sobre abril y sobre mayo desde hace más de un mes. No estamos llegando a ningún acuerdo”. Decidieron salir a la vereda para hacer más visible el reclamo.

En el Hospital Italiano, los trabajadores marcharon por las calles aledañas también con batucada y entonando canciones al megáfono. César Latorre, delegado general, explica: “Nuestra paritaria está vencida desde el 31 de marzo y tenemos una pérdida de poder adquisitivo muy grande, que viene ya de larga data, y hoy estamos en una situación casi de miseria con sueldos básicos iniciales de 200 mil pesos debajo de la línea de pobreza”. En concordancia, un cartel blanco exige: “Básicos iniciales igual a la canasta familiar (hoy $1.163.391) con cláusula de ajuste mensual”.

Entre ellos se encontraba Adriana Pizarro, también de la institución del barrio de Almagro, quien denunció que “hubo aprietes a los trabajadores, sacando fotos y enviándolas a Departamento de Enfermería, por lo cual los delegados debieron intervenir garantizando ante la patronal que el paro es nacional”.

A pocas cuadras de ahí, en el Instituto Médico de Alta Complejidad (IMAC), Hernán Lucero, administrativo del sector de internaciones y subdelegado general de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina en Buenos Aires, coincidió: “Estamos pidiendo una recomposición salarial urgente por la inflación y el estado del país. La consigna es ‘Sin salario, no hay salud’”. También puede verse un afiche con la frase: “Sin aumento, hay paro”.

La medida ocupó toda la semana del 20 de mayo, con asambleas informativas el lunes y martes y después con paros que fueron aumentando su duración durante los distintos días: el miércoles fue de dos horas por turno, el jueves de tres y el viernes de cuatro. “El gremio ha llamado a esta jornada nacional, que nosotros desde La Bordó (MST) creemos que viene tardía y también que esta modalidad de dos horas por turno dificulta el accionar conjunto de todos los trabajadores. Más allá de eso, el martes hicimos asamblea general, adherimos a las medidas como las dictó el sindicato para poder hacer fuerza igual, a pesar de tener estas críticas”, agregó Latorre desde el gazebo que lleva los colores de su agrupación.

 “La cámara empresaria quiere omitir el mes de abril y ahora nos ofrece un 6% de aumento en nuestro sueldo, siendo que el índice de inflación fue en mayo un 8,8%”, opinó Lucero y aclaró: “Acá somos 500 personas y el acatamiento es bajo porque la gente tiene miedo de algún tipo de represalia o de perder su trabajo, a algunos tampoco les gusta la modalidad del paro por horas y por turnos”.

Mientras Correa contaba 1200 trabajadores para el Sanatorio Franchín, Latorre apuntó que en el Hospital Italiano “el acatamiento es grande, los compañeros están con necesidad de parar para poder manifestar que necesitan que les aumenten el salario”.

El delegado de La Bordó criticó a Héctor Daer, histórico dirigente de Sanidad, ex diputado nacional por el Frente de Todos y miembro del triunvirato que dirige la Confederación General del Trabajo (CGT), porque “el pedido que, según los trascendidos de los medios, está realizando es de un 17% en dos veces, lo cual no cubre para nada la pérdida de poder adquisitivo que tuvimos y la inflación de los últimos meses tampoco, considerando que ya llevamos 65% en lo que va del año”.

Consultados sobre si se reúnen con las autoridades, Lucero respondió que “no nos reunimos específicamente para esto. Nosotros como comisión hemos conseguido el aumento del 10% del presentismo, pero eso es un beneficio extra, fuera de la paritaria. Uno de los integrantes del directorio del IMAC forma parte de ADECRA como vocal y ellos no están muy de acuerdo con los aumentos”.

Por otro lado, Latorre expandió que “las patronales no quieren dar aumento con la excusa de que les volvieron atrás con el tema de aumentar libremente las prepagas y esa situación es la que les está haciendo crisis, la cual es tan fuerte que el sindicato se ve obligado a convocar a esta medida de fuerza nacional”.

También consultado sobre si se juntan con las autoridades, relató: “Nosotros tenemos semanalmente reuniones con la patronal, ellos plantean el panorama de que con la situación que están perdiendo varios juicios y amparos por el tema del aumento de las prepagas y esta situación en general, de tener de nuevo los controles, le rompe todos los esquemas, le hace inviable el negocio y por esa situación está en crisis la institución. De hecho, han mandado una comunicación pública a todos los empleados en esa tónica”.

Con un tono burlón, Lucero también dijo que las autoridades “lloran, todo el tiempo lloran por la situación económica y porque no les alcanza, pero se pasean en su Audi. Y no creo que esto sea no rentable porque la ocupación de camas está a un 95% por lo menos”. Mientras tanto, Latorre destacó que “Tampoco es que muestran los libros contables como para decir ‘la crisis es tal’”. Y agregó: “Habían festejado que había ganado Milei, que les había permitido aumentar la prepaga como sea, y ahora están con estas contradicciones. El sistema de salud en general está bastante mal porque ahora, la salida que pueden llegar a darle a todo este conflicto, es rebajar el Programa Médico Obligatorio, esto significa que cubran menos prestaciones que las actuales y por esa vía tratar de adaptar los nuevos aumentos que puedan llegar a hacer en las prepagas. La verdad que es malo y muestra claramente que no puede haber un negocio detrás de la salud”.

En cuanto a cómo seguir, Correa señaló que “mañana se incrementa el horario y así hasta que haya algo positivo para nosotros” a tono con el nuevo comunicado del viernes por la noche de ATSA, ya que debido a que aún no llegaron a un acuerdo en las reuniones que tuvieron estos días, continuarán con las medidas durante el fin de semana y hasta el martes 28 inclusive “a causa de la irresponsabilidad de los empresarios”.

La crisis estalló en Misiones

La crisis estalló en Misiones

Docentes, policías y tafereros tienen en jaque a la provincia con paros, marchas y cortes de ruta. Los salarios por debajo de la línea de indigencia encendieron la mecha. El personal de la salud tomó el Ministerio. El Gobierno nacional se limitó a enviar gendarmes y prefectos.

La tensión en Misiones continúa y son cada vez más los sectores que salen a reclamar por mejoras salariales. La provincia es, hace ya varios días, el epicentro de una lucha social que se materializa a través de paros, marchas, cortes de ruta, y cánticos contra el gobierno. Hugo Passalacqua, el gobernador, no ofreció aún muchas respuestas y el Gobierno nacional se limitó a enviar efectivos de Gendarmería y Prefectura, mientras se desligó del asunto.

El lunes por la tarde, Udpm (Unión de Docentes de la Provincia de Misiones) y Sidepp (Sindicato de Docentes de Educación Pública de Gestión Privada) aceptaron el acuerdo ofrecido por el Gobierno que promedia entre el 23% y 50%, bastante por debajo del 100% exigido. Por ello, el resto de los gremios rechazaron la propuesta y continuaron con las protestas. El gobierno provincial se iba a reunir ayer por la tarde con quienes no la aceptaron pero, de manera unilateral, la administración suspendió la mesa de diálogo, empeorando la relación entre ambos. 

Un maestro misionero que recién comienza en la docencia percibe un sueldo aproximado de no más de 250.000 pesos, cifra que lo coloca por debajo de la línea de indigencia. Con el aumento prometido, esa situación no se modifica. 

La comunidad educativa viene con este reclamo hace ya varios meses, aunque estas últimas semanas escaló de manera exponencial. El pasado jueves cientos de ellos marcharon hacia la Legislatura e increparon a los diputados. Hubo forcejeos entre la policía y los maestros, quienes lograron frenar la sesión.

 El lunes por la tarde, luego de que trascendiera la noticia de que los sindicatos más allegados al poder habían pactado una cifra bastante por debajo de la reclamada, el resto de los gremios anunció un paro sin asistencia a los lugares de trabajo, por lo menos, por 48 horas. La medida, en algunos casos, se extendió hasta hoy y mañana. “Nosotros rechazamos la propuesta porque no soluciona nada. Hoy, la Policía se está levantando porque cobra 450.000 pesos y no les alcanza. Y esa misma cifra nos ofrecieron a nosotros. Es ridículo”, exclamó Rubén Ortíz, docente, historiador y Secretario General de MPL (Movimiento Pedagógico de Liberación).

Durante el día de ayer, desde bien iniciada la mañana y hasta pasadas las 18, dos columnas educativas marcharon hacia el acceso este del puente, del lado de la localidad de Candelaria. Allí se concentraron miles de personas. Luego, muchos de ellos se sumaron al reclamo de las fuerzas de seguridad en el centro de Posadas. Es decir, lejos de imaginar un acuerdo, los diferentes sectores sociales comienzan a unirse y apoyarse entre ellos, logrando así una lucha colectiva que se observa a lo largo y ancho de la provincia. “La situación ha empeorado. En virtud de que la protesta ha crecido enormemente y hoy se puede decir que todo el territorio de la provincia está paralizada”, afirmó el referente de MPL.

Esta tarde, los maestros realizarán una marcha de antorchas en la ciudad de Posadas, en las avenidas Mitre y Uruguay, a pocos metros del despliegue de las fuerzas de seguridad que ya lleva cinco días de acampe. Por otro lado, mañana se unirán al paro nacional docente convocado por los gremios de la CGT, en defensa de la educación pública. Al respecto, Ortíz agrega: “Tenemos una sola universidad pública acá en el norte, la vamos a defender a muerte. Sobre nuestros cadáveres van a cerrarla. Nosotros estamos dispuestos a todo, esto no es solo por nuestros salarios”, sentenció. 

También la policía

Si bien fueron los docentes quienes tomaron la posta de este reclamo salarial, la noticia tomó impacto nacional cuando se unió un sector impensado: las fuerzas de seguridad. 

El viernes por la madrugada, un grupo de policías autoconvocados, activos y retirados, tomaron el Comando Radioeléctrico, en el centro de Posadas, y al menos siete patrulleros cortaron la avenida Uruguay. Al igual que los docentes, reclaman un incremento del 100% en sus haberes. El sueldo más básico de un policía en la provincia de Misiones no supera los 450.000 pesos, por lo tanto entra en la línea de pobreza ya que no alcanza a cubrir ni siquiera la canasta básica.

Durante el fin de semana se especuló con un posible acuerdo entre las partes que, finalmente, no llegó a buen puerto. Según trascendió, la oferta fue del 15% contra el 100% reclamado.

La respuesta de Nación fue la creación de un Comité de Crisis, encabezado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y por el gobernador Passalacqua, para “aliviar” el descontento social. Además, la ministra decidió enviar más de 200 gendarmes a Misiones para hacerle frente a los uniformados que acampan y resisten en Posadas. De todas formas, se desligó de la problemática y resolvió que es la provincia quien debe solucionar el asunto. 

El domingo por la tarde, los efectivos se reunieron con el ministro Coordinador del Gabinete, Ricardo Ller, pero la negociación pasó a un cuarto intermedio. Hoy, miércoles, la situación sigue trabada. El Gobierno afirma haber ofrecido lo máximo posible, pero las fuerzas de seguridad continúan exigiendo, mínimamente, el doble. Además, la tensión crece por los patrulleros en la avenida principal, los policías se niegan a retirarse. Al contrario, son cada vez más, no solo de las fuerzas, sino de otros sectores. 

Por otro lado, también solicitaron una “amnistía” a los sancionados por las manifestaciones para evitar problemas a futuro. Fue en 2012 la última vez que las fuerzas de seguridad protagonizaron una situación similar. En ese entonces, arreglaron un acuerdo en los salarios y a los cinco meses comenzaron a separar a los efectivos que estuvieron involucrados. Esta vez, quieren evitar esa situación.

El fin de semana, además, se sumaron al reclamo los trabajadores de la salud. Al igual que docentes y fuerzas de seguridad, reclaman un 100% de recomposición salarial, mientras tanto los principales hospitales de la provincia se encuentran de paro desde el 18 de abril y, de momento, solo atienden emergencias.

Un trabajador del sistema de salud, con la categoría más baja, como un chófer de ambulancia o un trabajador de ordenanza, está cobrando hoy por hoy 373.000 pesos, un enfermero sin antigüedad 388.000 pesos y un médico 455.000 pesos. Todos, por debajo de la línea de pobreza.

Hasta ahora, las propuestas habían estado muy lejos de lo exigido: 16%, 20% y 22%. Pero, al contrario de lo que reclama la mayoría, muchos de los trabajadores de la salud se llevaron la sorpresa de que ayer por la tarde, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN) firmaron un acuerdo con el ministro de Salud, Héctor González, por un aumento del 18% para el mes de mayo, una suba del 10% al básico, y un 8% de equiparación salarial. Por eso, esta mañana decidieron instalar una carpa frente al Ministerio de Salud exigiendo respuestas. Una vez allí intentaron gestionar una reunión con las autoridades, pero la misma quedó trunca, generando aún más malestar. Ante esta situación decidieron ir más lejos e ingresar al edificio de manera pacífica. Allí permanecen, en la planta baja, reclamando que el Ministro los reciba. 

Uno de los sindicatos que lleva adelante esta ocupación es la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) Autónoma de Misiones. Jorge Duarte, su secretario adjunto, conversó con ANCCOM, desde la toma, y se manifestó al respecto: «Los salarios de los trabajadores de la salud están por debajo de la pobreza y no llegamos ni siquiera al día 10 de cada mes. Estamos cada vez más en un círculo vicioso de endeudamiento, gastando por adelantado nuestro salario”, indicó. 

Por el momento, Héctor González les pidió la entrega de un petitorio por escrito. Los gremios ya lo entregaron y ahora aguardan una reunión mañana a primera hora.

Mientras tanto, el referente de CTA Autónoma Misiones rescata la solidaridad del pueblo misionero que, a pesar de verse imposibilitado a realizar algunas de sus tareas diarias, constantemente se acerca a los centros de acampe con alimentos y palabras de aliento.

Por otro lado, rechaza de manera tajante el accionar del Gobierno nacional: «Nosotros repudiamos la decisión de la ministra Patricia Bullrich. Repudiamos la creación de un Comité de Crisis para enviar fuerzas federales para disciplinar la protesta social. Lo que nosotros creemos necesario es la creación de un comité para resolver los problemas sociales y salariales que estamos reclamando en estos momentos”, exclamó. Al mismo tiempo, disparó directamente contra Adolfo Safrán, ministro de Hacienda provincial, a quién acusó de recibir el dinero pero no repartirlo como corresponde. 

En cuanto a los yerbateros, la situación no parece tan fácil. Al contrario, parece venir de larga data. Rubén Ortíz (MPL), además de docente es historiador y afirmó al respecto: “El productor de la yerba mate hoy está al borde del hambre porque Milei abrió las importaciones”. Y agregó: “Lo que está reventando acá en nuestra zona, en el norte de la provincia, es que la pobreza nos ha castigado de manera tremenda. El extractivismo nos mató. El salario no es lo único a resolver”, finalizó, desnudando así una problemática aún más grande que la ya planteada.

«Más allá de las cataratas y la selva -describe Duarte-, en Misiones hay una población sumergida en la pobreza, en las necesidades, sin acceso a viviendas, agua potable y cloacas», la provincia del norte del país, famosa por su tierra colorada, hoy está paralizada y siendo observada por el resto del país por los reclamos salariales de los sectores que la mantienen en pie. Por su parte, tanto el Gobierno provincial como el nacional continúan mirando para otro lado.

El déficit cero mata

El déficit cero mata

Con la excusa de una auditoría, el organismo estatal que distribuye medicamentos oncológicos dejó de entregárselo a los pacientes. Ya hubo siete muertes, 400 pedidos de amparos y 1.900 afectados.

Cecilia Herrera padece un  cáncer de mama y atraviesa la enfermedad por segunda vez. Debería ir por su cuarta quimioterapia y según lo estipulado terminaría su tratamiento en octubre o noviembre. Pero para ello necesita de la medicación Trastuzumab 440, la cual tiene un valor de 20 millones de pesos y debe utilizarla cada veinte días, un costo sin dudas imposible de afrontar para cualquier persona y por ello la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, DADSE, era la encargada de proveerselo. A pesar de que su tratamiento no puede interrumpirse más de diez días, desde la asunción del gobierno de Javier Milei y el cierre de la institución no sólo se quedó sin la provisión de su medicación sino que tampoco recibió ninguna respuesta oficial.

Una característica del gobierno libertario, tanto en su campaña electoral como desde su asunción el pasado 10 de diciembre, es el descreimiento de lo público y su consecuente cierre o desfinanciamiento. Tal es el caso es la DADSE, dependiente desde febrero del Ministerio de Salud, que debería ocuparse de la entrega de medicación a pacientes oncológicos o con otras enfermedades graves o raras y que no posean cobertura médica, pero desde su asunción, la nueva gestión comenzó a vaciar sus oficinas y discontinuar la entrega de medicamentos a dichos pacientes. De esta manera, miles de personas que dependen de la entrega de sus remedios por parte de este organismo para poder continuar sus tratamientos no están pudiendo hacerlo. Es el caso de Cecilia Herrera.

Esta medida gubernamental, que se tomó con la excusa de realizar una auditoría para regularizar la compra de medicamentos, implica que miles de pacientes vean en riesgo su vida ante la imposibilidad de continuar sus tratamientos. A pesar de que el gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, haya negado esta situación diciendo que el organismo no cerró ni se discontinuó la entrega de medicamentos, hay una gran cantidad de casos que demuestran lo contrario. “Este gobierno borró todas esas puertas que nosotros podíamos ir a golpear para reclamar un remedio o asesorarnos sobre la medicación –expresa Herrera–. Lo que está causando este tema es terrible, porque no sabés si mañana vas a tener tu remedio o tu tratamiento. No tenés a quien llamar, no tenés con quién hablar. Lo único que hacés es ir al hospital donde tramitás la medicación para que te atienda una chica y te diga que no vas a tener tu medicación”. Hasta el momento pudo continuar su tratamiento a través de donaciones que recibió de otras personas que pasaron por una situación similar pero que ya no deben utilizar más la medicación. Además de preocuparse por su situación de salud, Cecilia insiste por la incertidumbre que atraviesa y reclama una respuesta por parte del gobierno: “Yo quiero vivir, no pido otra cosa. Y este tipo (Milei) nos está matando”.

Un caso similar es el de Rodolfo Lera, quien sufre melanoma desde marzo del año pasado y vio interrumpido su tratamiento a raíz del recorte efectuado por el Gobierno. Para su tratamiento, que está a mitad de recorrido, debe inyectarse dos ampollas de la medicación Pembrolizumab cada 21 días, las cuales tienen un valor de 18 millones de pesos. Desde diciembre, durante cinco meses Rodolfo no las recibió de la DADSE, sino que también tuvo que recurrir a donaciones para continuar su tratamiento. Recién el pasado 30 de abril recibió tres cajas con dos ampollas cada una, es decir para dos meses.

Su situación es preocupante ya que también es un tratamiento que no puede ser interrumpido, y es una gran incertidumbre no saber si van a enviar o no desde el Gobierno su medicación. Natalia, su esposa, advierte sobre esta situación: “Está en riesgo la vida de la gente. Estaban jugando con la vida de mi marido. Y si pudo continuar su tratamiento es por la generosidad de muchísima gente. Tengo miedo, me asusta lo que está haciendo este gobierno con lo inhumano que es”.

A la falta de entrega de medicamentos, que pone en peligro el tratamiento y por ende la vida de miles de pacientes, se le suma el cierre de las oficinas donde los enfermos podían reclamar sus medicaciones y asesorarse sobre sus tratamientos, generando así una gran incertidumbre y preocupación. Ante esta situación, muchos se acercaron a distintas organizaciones que asisten a personas oncológicos o con otras enfermedades raras para asesorarse sobre sus trámites y realizar sus reclamos.

Respecto a ello, Alejandra Iglesias, presidenta de Asociación Sostén, que asiste a pacientes oncológicos, advirtió en diálogo con ANCCOM sobre esta problemática.

Según pudieron saber, serían 1.900 los pacientes oncológicos que se encuentran en esta situación y más o menos la misma cantidad de personas que sufren otras enfermedades poco frecuentes y crónicas. Es decir, aproximadamente 4.000 personas se vieron privadas de su derecho al acceso a su medicación para realizar su tratamiento. Además, las estimaciones son que siete pacientes perdieron la vida esperando que llegue su medicación. Sin embargo, advierte que estos son números estimativos, ya que no hay un registro oficial de cuántos son los afectados, ni quiénes son, cómo continúan los casos o si recibieron o no su medicación. “Nosotros lo que fuimos viendo es que cuando hacen las licitaciones están los expedientes, pero no podemos ver el número total y todos los registros. Entiendo que esto se irá registrando de alguna manera y en algún momento nos dirán. Lo ideal primero es que se regularicen las entregas y no vuelva a haber esta falta de suministro”, afirma.

Si bien en gestiones anteriores existían problemas y demoras en la entrega de medicamentos, estos finalmente llegaban y los pacientes podían continuar normalmente con sus tratamientos. Con la asunción del nuevo gobierno se asiste a una situación inédita sobre este tema, donde los pacientes esperan meses, no tienen respuesta alguna y ven peligrar sus vidas. “Es incomprensible. No sé hasta dónde vamos a llegar así y recién inicia la gestión con este corrimiento del Estado. Es una situación de desamparo”, expresa Iglesias. “A la situación de enfermedad, que como la del cáncer avanza, las personas están sufriendo un deterioro en su salud mental, porque están angustiadas, con miedo, están desesperadas. Nos hablan todo el tiempo para saber si hay novedades y para nosotros también es muy frustrante decirles que no”.

Frente a esta situación ya hubo más de 400 amparos individuales en los que reclaman la regularización de los casos. A ello también se suma un amparo colectivo que hicieron seis organizaciones, pidiendo al ministro de Salud que diga quién es la persona a cargo de la DADSE, cuál es su presupuesto, cuál es su procedimiento, y exigiendo que este sea rápido y eficaz.

A pesar de que el gobierno haya emitido un comunicado de prensa indicando que “esta administración nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”, miles de casos demuestran lo contrario.

 

La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

La motosierra llegó al Garrahan (y los trolls también)

Los trabajadores del Garrahan realizaron un ruidazo para denunciar el deterioro de la calidad hospitalitaria debido al inédito ajuste. Como respuesta, recibieron una catarata de ataques en las redes sociales.

“Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos y solicitudes de audiencia. El 95% de esas notas son ignoradas», dice Alejandro Lipcovich, secretario general de la Junta Interna de ATE.

 

En este período de ajustes crecientes, recortes y ausencia de negociaciones, el pasado miércoles 17 de abril la Junta Interna ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) del Hospital Garrahan convocó a un ruidazo frente a la Dirección como protesta a la falta de insumos y despreocupación de parte del Estado por una mejora salarial y presupuestaria. Una vez finalizada la actividad, Alejandro Lipcovich, trabajador administrativo del hospital y secretario general de la Junta, sufrió un alto hostigamiento en sus redes de parte de distintas cuentas trolls con perfiles anónimos que el presidente Javier Milei retuitea habitualmente.

El aumento del presupuesto para el Hospital Garrahan fue tan sólo un 34% superior al de 2023, con una inflación interanual del 287%. En conversación con ANCCOM, Lipcovich explicó que se trata de un recorte de presupuesto muy fuerte, y destacó que son los trabajadores quienes enfrentan dichas condiciones del hospital: “Tenemos profesionales de enfermería que no llegan a cubrir la canasta de pobreza e incluso se están dando tijeretazos sobre las horas extras. Se trata de un hospital de alta complejidad, hay pacientes muy graves que requieren mucho cuidado y mucha atención. Si hay menos empleados para atenderlos eso empeoraría las condiciones de trabajo”.

No es la primera vez que se muestran los conflictos en el funcionamiento operativo del hospital porque hay insumos que empiezan a escasear o a ser degradada su calidad. El día que se llevó a cabo el ruidazo, se organizó una recorrida por el Sector de Quemados, donde se informó acerca de la situación en que no había gasas para hacer las curaciones porque faltaba el papel estéril que las envuelve. Por otro lado, se han recortado distintos programas nacionales de medicación que impactan en el hospital, que están vinculados con la medicación oncológica.

“En las redes me amenazaban de muerte», denuncia Lipcovich.

A pesar de que la movilización se realizó frente a las oficinas de los funcionarios, no hubo ningún tipo de respuesta por parte de las autoridades. “Vivimos enviando notas a los directivos con nuestros reclamos, solicitudes de audiencia y solicitudes de respuesta. El 95% de esas notas son simplemente ignoradas, cada tanto hay una respuesta que muchas veces niega las condiciones degradantes que se están experimentando hoy en día en el establecimiento”, dijo Lipcovich.

A pocas horas del ruidazo, y tras la difusión de distintos videos en los que Lipcovich aparecía hablando con un micrófono, comenzó un hostigamiento por redes sociales hacia su persona de parte de distintas cuentas anónimas, entre las cuales observó un patrón común en el hecho de que varias son las que usualmente likea o retuitea el presidente Milei. En los comentarios de los videos difundidos por la red social X (ex Twitter) distintos usuarios insultaron al trabajador por su reclamo y por hacerlo en una planta cercana a donde habría pacientes internados. “Me amenazaban de muerte, decían que estaba perjudicando a los niños con cáncer que querían descansar. Toda una serie de mentiras que justamente tratan de desacreditar el reclamo que estábamos llevando adelante”.

A través de la plataforma X, Lipcovich desmintió esta información al explicar que el espacio donde se realizó el ruidazo se encuentra dos pisos abajo de las salas de internación y que se trata de un espacio donde se hicieron decenas de protestas en gobiernos anteriores, como el de Alberto Fernández

«Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza», subraya Lipcovich.

Un dato importante para comprender el contexto de lo ocurrido tiene que ver con lo enorme que es el hospital ubicado en el barrio de Parque Patricios, que abarca cuatro manzanas por cuatro que en total suman 113 metros cuadrados. Cada año, se realizan 610 mil consultas y 12 mil cirugías, y egresan más de 28 mil pacientes. Dispone de 587 camas, de las cuales 132 corresponden a las terapias intensivas. La actividad cuestionada se realizó en el pasillo central de planta baja, lejos de los pacientes.

Además de la catarata de ataques recibidos, distintos usuarios comenzaron a difundir sus datos personales como su número de documento. Lipcovich contó al equipo de ANCCOM, que si bien este tipo de ataques permanecen en el mundo virtual, no deja de ser un recurso intimidatorio que genera cierto nerviosismo. “Entre distintos usuarios querían denunciarme ante el Ministerio de la Salud y demás”. Por las persistentes amenazas con datos sensibles, presentará una denuncia penal con el patrocinio de la asociación de abogados de derechos humanos APEL.

“Trabajo 40 horas semanales y gano un sueldo que no cubre la canasta de pobreza. Por eso nos organizamos con mis compañeros y compañeras de la lista Roja de ATE, que protagonizó reclamos históricos de la salud pública, como la gran huelga de 2005”, subrayó el trabajador del Garrahan. “Nuestros difamadores, por el contrario, se esconden en nombres falsos y viven de oscuros fondos públicos. Todo para defender a un gobierno criminal, que despide, recorta medicación oncológica y tantas porquerías más. Tienen miedo porque saben que la lucha va a crecer”, agregó.

A pesar de sus años como militante político, sindical y estudiantil –tiene 38 años, fue presidente de la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires), e integra el Partido Obrero–, dijo que nunca había experimentado un hostigamiento de este tipo. Lipcovich manifestó su agradecimiento a muchos de compañeros y compañeras del hospital que se solidarizaron tanto por redes como en persona y que difundieron el repudio sobre lo acontecido. “Me da mucha fuerza el apoyo de la gente y lo que es seguro es que la intimidación no va a surtir efecto. No es algo individual. Acá somos mucha gente y vamos a ser cada vez más los que vamos a defender el hospital”, expresó.

Norma Lezana, secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), opinó sobre la agresión recibida hacia su compañero: “El ataque a Alejandro Lipcovich es un ataque a la protesta a nuestro hospital y un intento de disciplinamiento. Desde la APyT lo repudiamos y exigimos que cese la persecución sindical”. En diálogo con ANCCOM, expresó la necesidad de un ajuste del salario por inflación y que el gobierno no solo actualice el presupuesto para el área de la salud sino también de la educación.

En ese sentido, Lipcovich agregó la importancia de asistir a la marcha del 23 de abril y la necesidad de “armar un canal para que mucha gente proteste por distintas causas, superando las diferencias que puedan existir por intereses diversos, para fortalecer la lucha de toda la sociedad”.

 

El Gobierno recortó el 92% del programa que atiende a los pacientes con VIH

El Gobierno recortó el 92% del programa que atiende a los pacientes con VIH

Solo se ejecutó un 8% de los programas de prevención del VIH, de Infecciones de Transmisión Sexual y de Hepatitis Virales entre otros, que incluyen la provisión gratuita de medicamentos específicos. Denuncian faltantes de drogas e insumos.

La salud argentina es una variable más del ajuste libertario. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las áreas donde se notó una fuerte caída de ejecución presupuestaria interanual fueron el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica (-54%), el de Prevención y Control de enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-45%) y el de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra. Este sufrió un recorte presupuestario del 92%.

Este programa fue creado por la Ley Nacional 27675, aprobada y reglamentada en 2022 y plenamente vigente desde inicios del 2023. Gracias a esta normativa, se garantiza el acceso a la medicación y a los estudios de forma gratuita en el sistema de salud público y en el privado (obras sociales y prepagas) para todas las personas argentinas o extranjeras que lo soliciten. 

Con sólo un 8% de presupuesto con respecto al mismo periodo del año pasado, en todo el país comienza a haber faltantes. “El problema de que falte medicación es que muchas personas no pueden continuar con su tratamiento -denuncia Camila Arce, activista seropositiva-. Es una vergüenza porque no es algo caro lo que falta: la droga es genérica y se produce en un laboratorio nacional y privado”.

En este sentido, esta disputa es también por la soberanía. Lucas Fauno, periodista y activista VIH, lo sintetiza: “Cuando hablamos de VIH, hablamos de (no) producción pública de medicamentos, de ITS, de Educación Sexual Integral. La desfinanciación afecta a los medicamentos, pero también a los preservativos disponibles en todos lados y gratuitos, si hay información, cómo se está hablando de estos temas, cómo se evitan los nuevos casos y cómo es la calidad de vida de las personas con VIH. Vivir con el constante miedo de ir a retirar tu medicación y que no te la den, afecta tu salud”.

En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites.

En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites. Ante esta desidia planificada, los médicos cambian los componentes de los cócteles, arriesgando la adaptación de las personas ya en tratamiento. Además con las faltantes, se imposibilita el acceso a la biterapia, un esquema de tratamiento que reduce de tres a dos drogas.

Las provincias están tomando la responsabilidad de la compra de medicamentos faltantes para el sistema público. “En el caso Santa Fe estamos esperando una respuesta concreta del programa provincial, pero en Córdoba ya anunciaron que van a hacerse cargo de los medicamentos”, comenta Arce. Sin embargo, no todas las provincias tienen aceitada la implementación de los programas o el presupuesto necesario para hacer esta gestión.

Todas las aristas del cumplimiento de esta ley se resquebrajan. Por primera vez, A.T., una persona bonaerense viviendo con VIH hace más de una década, tuvo que pagar un copago de su obra social para hacerse los análisis semestrales. “La rutina de análisis es también para que me den los remedios. De nunca pagar nada, ahora tuve que pagar nueve mil pesos”, dice con indignación. Las personas con VIH deben testearse periódicamente para conocer el estado de su serología: si el virus no se detecta en sangre, el tratamiento está funcionando y es intransmisible. Si bien A.T. sigue recibiendo los remedios, teme por su continuidad.

“Es una situación que se repite históricamente: tenemos gobiernos neoliberales, de derecha y fascistas y esto es lo mismo que vivimos en 2017-2018”, recuerda Fauno sobre la desfinanciación en la gestión de Mauricio Macri. En ese momento, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentaron pedidos de información y recursos legales para resolver las graves faltantes de medicación antirretroviral. En el 2018, el 70% de la población con VIH recibía su medicación del sector público, por lo que el Estado nacional estaba incumpliendo su obligación de garantizar el acceso y adherencia al tratamiento del mayor segmento de personas con serología positiva.

“Hay que pensar nuevas estrategias -propone Fauno-: reunirse y animarnos a disentir entre pares. También hay que pensar que no tiene que ver con VIH, sino con salud pública. Si a mí, viviendo con VIH me falta la medicación no significa que el área VIH falla, sino que está fallando el sistema de salud. En este caso, falla por la decisión de un gobierno”.