Solo se ejecutó un 8% de los programas de prevención del VIH, de Infecciones de Transmisión Sexual y de Hepatitis Virales entre otros, que incluyen la provisión gratuita de medicamentos específicos. Denuncian faltantes de drogas e insumos.
La salud argentina es una variable más del ajuste libertario. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), las áreas donde se notó una fuerte caída de ejecución presupuestaria interanual fueron el programa de Acceso a Medicamentos, Insumos y Tecnología Médica (-54%), el de Prevención y Control de enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles (-45%) y el de Respuesta al VIH, Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), Hepatitis Virales, Tuberculosis y Lepra. Este sufrió un recorte presupuestario del 92%.
Este programa fue creado por la Ley Nacional 27675, aprobada y reglamentada en 2022 y plenamente vigente desde inicios del 2023. Gracias a esta normativa, se garantiza el acceso a la medicación y a los estudios de forma gratuita en el sistema de salud público y en el privado (obras sociales y prepagas) para todas las personas argentinas o extranjeras que lo soliciten.
Con sólo un 8% de presupuesto con respecto al mismo periodo del año pasado, en todo el país comienza a haber faltantes. “El problema de que falte medicación es que muchas personas no pueden continuar con su tratamiento -denuncia Camila Arce, activista seropositiva-. Es una vergüenza porque no es algo caro lo que falta: la droga es genérica y se produce en un laboratorio nacional y privado”.
En este sentido, esta disputa es también por la soberanía. Lucas Fauno, periodista y activista VIH, lo sintetiza: “Cuando hablamos de VIH, hablamos de (no) producción pública de medicamentos, de ITS, de Educación Sexual Integral. La desfinanciación afecta a los medicamentos, pero también a los preservativos disponibles en todos lados y gratuitos, si hay información, cómo se está hablando de estos temas, cómo se evitan los nuevos casos y cómo es la calidad de vida de las personas con VIH. Vivir con el constante miedo de ir a retirar tu medicación y que no te la den, afecta tu salud”.
En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites.
En febrero tenía que comenzar el proceso de licitación para la compra de medicamentos antirretrovirales, pero todavía Nación no inició los trámites. Ante esta desidia planificada, los médicos cambian los componentes de los cócteles, arriesgando la adaptación de las personas ya en tratamiento. Además con las faltantes, se imposibilita el acceso a la biterapia, un esquema de tratamiento que reduce de tres a dos drogas.
Las provincias están tomando la responsabilidad de la compra de medicamentos faltantes para el sistema público. “En el caso Santa Fe estamos esperando una respuesta concreta del programa provincial, pero en Córdoba ya anunciaron que van a hacerse cargo de los medicamentos”, comenta Arce. Sin embargo, no todas las provincias tienen aceitada la implementación de los programas o el presupuesto necesario para hacer esta gestión.
Todas las aristas del cumplimiento de esta ley se resquebrajan. Por primera vez, A.T., una persona bonaerense viviendo con VIH hace más de una década, tuvo que pagar un copago de su obra social para hacerse los análisis semestrales. “La rutina de análisis es también para que me den los remedios. De nunca pagar nada, ahora tuve que pagar nueve mil pesos”, dice con indignación. Las personas con VIH deben testearse periódicamente para conocer el estado de su serología: si el virus no se detecta en sangre, el tratamiento está funcionando y es intransmisible. Si bien A.T. sigue recibiendo los remedios, teme por su continuidad.
“Es una situación que se repite históricamente: tenemos gobiernos neoliberales, de derecha y fascistas y esto es lo mismo que vivimos en 2017-2018”, recuerda Fauno sobre la desfinanciación en la gestión de Mauricio Macri. En ese momento, organismos como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires presentaron pedidos de información y recursos legales para resolver las graves faltantes de medicación antirretroviral. En el 2018, el 70% de la población con VIH recibía su medicación del sector público, por lo que el Estado nacional estaba incumpliendo su obligación de garantizar el acceso y adherencia al tratamiento del mayor segmento de personas con serología positiva.
“Hay que pensar nuevas estrategias -propone Fauno-: reunirse y animarnos a disentir entre pares. También hay que pensar que no tiene que ver con VIH, sino con salud pública. Si a mí, viviendo con VIH me falta la medicación no significa que el área VIH falla, sino que está fallando el sistema de salud. En este caso, falla por la decisión de un gobierno”.