Más presupuesto para el pago de deuda, menos para las áreas sociales

Más presupuesto para el pago de deuda, menos para las áreas sociales

A diferencia del año pasado, el gobierno obtuvo la aprobación del Presupuesto nacional en el Parlamento. Disminuyen las partidas en áreas sensibles.

El Senado convirtió en ley el Presupuesto 2023 con 37 votos positivos y ninguno negativo. El proyecto contempla un gasto total de casi 29 billones de pesos, un crecimiento económico del 2%, una inflación proyectada del 60% y la reducción del déficit fiscal del 2,5 al 1,9%.  ¿Pero qué análisis puede hacerse de la norma?

Luego de haber conseguido los votos necesarios en Diputados, el oficialismo logró la sanción definitiva por unanimidad en una sesión que no contó con la presencia de la oposición. Los legisladores de Juntos por el Cambio habían anticipado su decisión de no participar debido a la incorporación en el temario del decreto que establece nuevas designaciones en el Consejo de la Magistratura.  

De esta manera, el Gobierno vuelve a tener Presupuesto luego de que en el año 2021 la oposición  votara en contra del proyecto y dejara al Poder Ejecutivo sin repartición de partidas por segunda vez en la historia.

En diálogo con ANCCOM, el economista Martin Hourest destaca el acuerdo político que implicó la votación en la Cámara Baja y señala: “Lo que se discute no es una cuestión de política fiscal sino de equilibrio de la balanza de pagos. Todo aquello que no entorpezca su financiamiento será materia de acuerdo”. Agrega, al mismo tiempo, que la votación del proyecto juntó a una parte sustantiva del arco político que va en tándem con las votaciones de los acuerdos con el FMI.

En ese sentido, agrega que el proyecto no debe ser leído como una guía a partir de la cual se puedan prever los efectos de la política económica y que, para dar cuenta de ello, habría que mirar los acuerdos con el FMI.  Sin embargo, advierte que no lo menciona de forma peyorativa y afirma: “Esos acuerdos habilitan el acceso a financiamiento internacional y, en un país que no tiene acceso a los mercados de crédito, el ingreso de dólares es el que determina el nivel de actividad y de empleo”.

Por su parte, Julieta Izcurdia, Coordinadora del Programa Justicia Fiscal en ACIJ, menciona que desde la organización no observan una mayor inversión en comparación con otros años en áreas tales como derecho a la vivienda, a la educación, políticas de género o de ambiente. Sin embargo, advierte lo siguiente: “Existe un aumento en la participación en el total del Presupuesto de los fondos destinados a pagar la deuda pública y, al mismo tiempo, bajan considerablemente las partidas dirigidas a seguridad social”. Destaca, al mismo tiempo, lo problemático que resulta esta orientación de las partidas en un contexto en el cual no mejoran los índices socioeconómicos. 

Otro de los focos de discusión en los cuales hace foco Izcurdia reside en políticas de Ambiente. Al respecto, dice: “La asignación de recursos para el Ministerio de Ambiente en el 2023 será menor de lo que se destinará a sostener el régimen de promoción de la minería. Un régimen que no se revisó desde un enfoque socioambiental y sobre el cual no contamos con información clara para saber si es necesario seguir incrementando sus fondos».

Por último, subraya la importancia de cara al año entrante de revisar la política fiscal de nuestro país. “Uno de los problemas que tenemos es que nuestro sistema impositivo está sostenido por el IVA y el Impuesto a las Ganancias, debemos avanzar en aquellos impuestos progresivos que no tienen demasiada participación y nos permitan robustecer el sistema con el objetivo de darle prioridad al gasto social, que es la única forma de revertir la situación de desigualdad que afecta a la mitad de nuestra población”.

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

Por una alimentación sana, segura, soberana y saludable

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) con el apoyo de la Fundación Heinrich Böll, presentó el Primer Informe de Soberanía Alimentaria. Denuncia que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas en diversas comunidades.

La red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria y Colectivos Afines (CALISAS) presentó el Primer Informe Anual de la situación de la Soberanía Alimentaria en la Argentina, en el Salón del Consejo Directivo de la Facultad de Medicina de la UBA, el jueves último.

Este trabajo fue llevado a cabo por CALISAS y la Fundación alemana Heinrich Böll – Cono Sur, que nuclean docentes, estudiantes y profesionales de distintas ramas de la salud, así como también organizaciones independientes que se dedican a defender los derechos por una alimentación sana, segura, soberana y saludable de distintas regiones del país.

Pedro Cerviño, representante de la red de cooperativas de alimentos, que combina trabajos con la red y comercializa los productos de un conjunto de cooperativas y productores de todas las regiones del país, explicó que actúa como una contraparte de la fundación Heinrich Böll prestando un servicio de administración y acompañamiento a la red. Explicó que para los compañeros de la cooperativa fue importante llevar adelante este informe: “Se sintieron halagados y muy a gusto con encarar el trabajo, ya que la Soberanía Alimentaria está abordada desde distintos lugares”. Desde la red de alimentos trabajan con especialistas de varias regiones para indagar en la temática, con la idea de crear un espacio de producción y promoción de alimentos sanos. Aseveró que el informe debería ser una referencia obligada para quienes están insertos en la soberanía alimentaria.

A continuación, docentes y profesionales de distintas universidades del país pertenecientes a la red CALISAS, entre ellas Soraya Ataire (Salta), Antonella Geronaso (Jujuy), Mara Eliana Manzur (Formosa), y Melina Gai (Santa Fe), explicaron los hallazgos.

El informe

El informe, distribuido en nueve capítulos, celebra la participación de las universidades públicas que evidencian una preocupación por la soberanía alimentaria, también la adopción de políticas públicas que contribuyen a su implementación en algunas cuestiones. Por otra parte, cuestiona que algunas políticas públicas también limiten y amenacen el avance de la soberanía alimentaria en nuestro país. Y por último se exige el cumplimiento de las propuestas del Foro Agrario para un programa Agrario Soberano y Popular del año 2019, así como también las recomendaciones dadas por la Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación Adecuada en el mismo año.

El público que asistió a la presentación también aportó su mirada. Docentes e investigadores de distintas universidades, miembros de agrupaciones como Mariano Toranzo, parte de la Campaña Nacional en defensa del Agua para la vida, personas públicas como Leonardo Pérez Esquivel hicieron su devolución: La importancia de cuidar la biodiversidad de nuestro país frente al agronegocio y garantizar el trabajo a pequeños productores brindando alimentos de buena calidad para la población nacional, fue de las principales demandas.

Semillas de libertad

El objetivo del informe busca visibilizar la importancia que tiene la alimentación y la producción agrícola en nuestro país. Denuncia también que los gobiernos han apañado al agronegocio y al extractivismo, generando problemas para gran cantidad de personas. La soberanía alimentaria apunta a abordar cuestiones que tienen como base los derechos humanos. Desde el derecho al agua, como el de los pueblos originarios, hasta el derecho a una vivienda digna y el derecho al trabajo.

La red CALISAS lo que propone es ir más allá de un encuentro netamente académico, para tomar conciencia y problematizar realmente estas cuestiones. Brindar herramientas para que los tomadores de decisiones puedan comenzar a trabajar en ellas. Hacer fuerza para que se escuchen las voces de aquellos a quienes representa este enorme grupo de docentes e investigadores: “Así como los árboles escriben la historia en su panza, en forma de anillos, nosotros conformamos una red para contarles las heridas, las cicatrices, pero también los crecimientos que atraviesa nuestro territorio nacional y lo estamos haciendo juntos y juntas. En forma de memoria escrita para que transforme y nos guíe a todos al buen vivir”, señalaron los organizadores.

Videojuegos peligrosos

Videojuegos peligrosos

La Organización Mundial de la Salud (OMS) incluyó a principios de este año la adicción a videojuegos en la lista de desórdenes mentales junto al “uso de sustancias o comportamientos adictivos». El anuncio volvió a poner el foco en un sector del entretenimiento que crece de manera exponencial.

“Si la persona no puede jugar empieza a sentir ansiedad, agresividad, irritabilidad, depresión, aparece el fenómeno de tolerancia que es la necesidad de estar cada vez más tiempo conectado”, explica Laura Jurkowski, psicóloga especialista en adicción a las tecnologías y directora del Centro reConectarse. Según la especialista la adicción a los videojuegos comparte los criterios de cualquier otra adicción comportamental. Esto significa que no hay una sustancia de por medio y lo que es adictivo es la compulsión a realizar una conducta, lo cual se manifiesta en síntomas propios del síndrome de abstinencia.

Para Jurkowski muchos de los que sufren esta adicción huyen de algún problema o llenan algún vacío en su vida por medio de estos comportamientos compulsivos: “Buscan una satisfacción o gratificación que de otra manera no pueden conseguir, se escapan de la angustia”. Por ejemplo, alude a personas con escasas habilidades sociales, quienes pueden llegar a recurrir a los videojuegos como su única manera de conectar con el mundo y relacionarse con otros.

“Empiezan a tener problemas sociales, peleas con su familia, con sus amigos”, detalla la autora de Efecto Pantalla. Comienzan a presentar dificultades para concentrarse y conciliar el sueño, ya que se les invierten los horarios. Se vuelven muy sedentarios, lo que afecta su salud, favoreciendo problemas en los ojos, en la vista, en las manos o en los brazos por la cantidad de horas que pasan con la computadora. La alimentación también se ve alterada porque se acostumbran a comer desordenadamente y muchas veces casi ni salen de su cuarto, lo cual conduce a problemas de higiene. Si estudian o trabajan suelen faltar o llegar tarde y empiezan a tener malos resultados. “Esto pasa a ser el único tema de interés”, afirma Jurkowski.

Para la especialista, es a partir de los 15 y 16 años donde la adicción realmente se incrementa. Sin embargo, la situación empeora cuando los chicos dejan el colegio, ya que éste suele funcionar como un regulador que los mantiene lejos de las pantallas, al menos durante algunas horas al día. Además, cuando los niños son pequeños los padres suelen tener un grado más importante de control sobre su vida y al crecer también pierden esa regulación. Si a esto se le suma la frecuente comorbilidad con otro tipo de trastornos como puede ser el déficit de atención, a estos jóvenes les resulta poco atractivo y difícil estudiar y concentrarse. En cambio, en los videojuegos encuentran todo un mundo de satisfacción, con lo cual tienen poca motivación para hacer un esfuerzo”, opina la psicóloga.

De pandemia a peor

Célica Menéndez, psiquiatra infantojuvenil y ex jefa del Área de Salud Mental en el Hospital Garrahan, cuenta que luego de la pandemia el panorama se vio “empeoradísimo de una manera exponencial”. Si bien siempre hubo chicos con dificultades para establecer límites e inhibir sus impulsos, “después de la cuarentena esto se le fue de las manos a todo el mundo”. Menéndez entiende que al estar encerrados en sus casas y con menos socialización que nunca, los jóvenes encontraron en internet y los videojuegos la única manera de conectarse con sus pares: “Los chicos los usaban todo el tiempo y me parece que a los padres se les hizo más difícil que nunca poner una franja horaria”. Muchas de esas prácticas sobrevivieron a la pandemia y ahora resulta difícil plantear un control. Sin embargo, un alto consumo de videojuegos o pantallas no es suficiente en sí mismo para generar un trastorno.

“Cuando hablamos de adicción estamos hablando de una personalidad adictiva”, explica Jurkowski, lo que significa que siempre suele conjugarse con otra problemática personal del individuo. Pese a esto, cuenta que una buena forma de prevenir estos trastornos es llevar un registro del uso que se hace de las pantallas: “Tratar de darnos cuenta para qué y cuándo las usamos”. También aconseja a los padres que eduquen con el ejemplo a sus hijos y que sigan generando estímulos para ellos, lograr que no todo pase por las pantallas: “Es importante que todos, tanto padres como los niños tengan tiempo libre del celular”.

Jurkowski plantea que cuando uno reconoce que tiene un uso problemático puede intentar manejarlo solo o acudir a un profesional para lograr formas sanas de consumo: “El tipo de tratamiento que utilizamos es una terapia cognitivo conductual, donde la idea es trabajar en lograr un uso saludable y, a la vez, tratar de ver cuáles fueron las razones que provocaron este uso adictivo: “El tema no es dejar de usar las pantallas sino poder usarlas de manera equilibrada”. La psicóloga cuenta que también se suele trabajar con las familias de los pacientes, ya que en muchas ocasiones estos rechazan el tratamiento.

Siguiendo esta línea, para Menéndez es fundamental orientar a los padres y hablar con los chicos para que entiendan los elementos de sus conductas que les hacen daño: “Tengo pacientes que ellos mismos me dicen: ‘yo sé que me pone nervioso, yo sé que me pongo agresivo’, no es que no lo registran”. El Estado, de momento, no se ha hecho eco de la problemática favoreciendo campañas de prevención o mecanismos de ayuda: “Las cosas que vi o leí sobre la problemática provienen de ONG o de instituciones de psicología que se ponen a investigar el tema y hacer recomendaciones”. Jurkowski destaca la importancia de la prevención “y que la gente conozca esta problemática, porque en general esto está muy normalizado y naturalizado, muchas veces hasta por los mismos profesionales”.

El videojuego adecuado para el momento adecuado

 “El uso excesivo de cualquier cosa es potencialmente peligroso”, explica Andrés Rossi, presidente de la Asociación de Desarrolladores de Videojuegos Argentinos (ADVA). Para Rossi, al igual que las especialistas en salud mental, un trastorno de este tipo se desarrolla si hay una propensión de la persona: “Lo importante es enmarcar y saber que si una persona presenta ciertas características que lo hacen afín a desarrollar adicciones, lamentablemente los videojuegos, tanto como la pornografía, los juegos de azar, el alcohol o las drogas se transformarían potencialmente en un problema”.

El director de la Licenciatura en Producción de Videojuegos de la Universidad de Rafaela (UNRaf) sostiene que los videojuegos suelen cargar con mala fama, ya que al no entender se dispara el prejuicio: “Que dejaran de decir jueguitos y digan videojuegos o industria de los videojuegos fue un trabajo que llevó veinte años”. Rossi considera que en ocasiones se los rechaza porque se dice que no son tan buenos como salir al aire libre, sin embargo, “un videojuego es una forma de expresión como el cine o un libro y es importante que se entienda que, bien enmarcados, pueden ser muy beneficiosos”.

            Rossi opina que el problema aparece cuando los chicos consumen productos que no son acordes a su edad y llama a la responsabilidad de los padres: “Estamos hablando de piezas de entretenimiento y es importante entender que el entretenimiento es para distintos segmentos. Si no se cuidan o se reemplazan cuestiones como la presencia del adulto lamentablemente estás armando una fórmula que posiblemente genere más problemas que soluciones. Si se usa como chupete electrónico estamos fabricando un problema”.

El académico reconoce que hay juegos originarios de otras regiones que tienen mecanismos muy agresivos en cuanto a la generación de conductas adictivas. Sin embargo, opina que se trata de algunos casos particulares no generalizables a todos por más que son los que más captan la atención: “Hay géneros más tendientes a eso, lo que hay que entender es que no solo se necesita que haya una persona predispuesta para la adicción sino que tenés que tener un volumen de contenido y las dinámicas necesarias para que eso ocurra”.

 Rossi sostiene que generar la fórmula para que un videojuego sea atrapante, al punto de volver al jugador adicto, es muy difícil: “Trabajan miles de personas y se gastan cientos o miles de millones de dólares por año para desarrollar un juego así. Si fuera tan fácil, todos estarían generando eso porque cuando esos mecanismos están en marcha mueven mucho dinero. Hay una responsabilidad vinculada a las corporaciones con este tema y es importante que el Estado y la salud dialoguen sobre eso”.

Un ejemplo en el mundo puede ser China, donde el gobierno decidió poner un límite a la cantidad de horas que los jóvenes pueden pasar conectados a las pantallas: “En esos lugares donde había grupos con un consumo de muchas horas, el Estado intervino y tomó decisiones”. Sin embargo, Rossi afirma que en esos países funcionan lógicas de gestión social muy distintas a las nuestras: “¿Argentina está en esa situación? Yo te diría que antes que con los videojuegos se metan con WhatsApp porque el consumo de horas muestra que somos extremadamente improductivos por estar paveando con los memes”.

“Los videojuegos no son inocuos de por sí. Creo realmente que un chico que se vincula a los videojuegos genera muchas oportunidades de diversión y aprendizaje pero es importante que eso ocurra en una edad adecuada y en un tiempo adecuado”. Para Rossi, que un chico de siete años esté jugando cuatro horas por día a un videojuego es un problema: “Si el niño está en un momento de desarrollo madurativo tiene que destinarlo a otro tipo de cosas y si por alguna cuestión está jugando videojuegos no es lo mismo pasar ese tiempo jugando Minecraft que jugando juegos donde el objetivo es matar al otro como el GTA”. Desde su punto de vista, los videojuegos bien aprovechados son una herramienta muy poderosa donde los resultados son sobresalientes: “El punto es el videojuego adecuado para el momento adecuado”.

¿Qué hacer?

            La adicción a los videojuegos (y a las pantallas en general) existe, es un hecho. Los síntomas están a la vista y la pandemia no hizo más que profundizar un pozo que ya tenía varios metros de profundidad. Esto no significa que deba generalizarse un rechazo hacia una industria que es muy variada y que genera entretenimiento, el desarrollo de vínculos y nuevas formas de contar historias.

Sin embargo, es importante reconocer que dentro del sector existen empresas que apuntan a desarrollar un tipo de consumo adictivo con el objetivo de generar más ganancias. No es algo que sea exclusivo de los videojuegos: las redes sociales son un gran ejemplo. Es importante que todos puedan analizar sus prácticas de consumo y tratar de poner límites cuando este se vuelve problemático pero también el Estado debe colaborar en campañas de prevención. Las adicciones son un problema de salud pública, las tareas de prevención y de tratamiento no pueden colocarse en un segundo plano. Nacer en un ambiente con la tecnología no implica que se sepa manejarla. Esto no quiere decir que en un futuro no podamos hacerlo.

«La UBA me hizo médico y Larreta, piquetero»

«La UBA me hizo médico y Larreta, piquetero»

Residentes, concurrentes, médicos de planta, enfermeros y administrativos de los hospitales públicos porteños reclaman por mejoras salariales y condiciones dignas de trabajo. Los concurrentes trabajan a la par que residentes, pero lo hacen sin percibir salario y sin seguro laboral.

Tras ocho semanas de innumerables reclamos y paro en los servicios de salud pública de la Ciudad de Buenos Aires, la precaria situación de los residentes y concurrentes continúa. En el paro del pasado 8 de noviembre, confluyeron además las demandas de médicos de planta, enfermeros, administrativos. En resumen: participó toda la comunidad hospitalaria.

Macarena Machado es concurrente de Psicología del hospital Penna. Entrevistada por ANCCOM, sostuvo que el paro se debe a que el gobierno de la Ciudad no da respuestas: «Ni Horacio Rodríguez Larreta ni Fernán Quirós ni el Ministerio de Salud porteño contestan. El trabajo de los concurrentes no está reconocido, no solo de manera económica, sino que ni siquiera nos reconocen como trabajadores de la salud pública”, asegura.

Otra de las problemáticas por las que los concurrentes reclaman es que, a pesar de que rinden el mismo examen que los residentes, que hacen las mismas rotaciones y que tienen las mismas responsabilidades, no perciben un salario. “No tenemos ni viáticos, ni ART. Por eso también estamos parando”, continúa Macarena.

Gisel es médica concurrente de quinto  año del Servicio de Neurología del hospital Durand. Dice que “trabaja cuatro días por semana sin cobrar un peso”. Al respecto, asegura que hace “todo tipo de procedimiento a la par que los residentes», y añade una larga lista de tareas no reconocidas: «A la vez, superviso a los concurrentes y residentes de años anteriores, hago historias clínicas, las firmo y estoy expuesta a muchísimas enfermedades en sala: trabajé en plena pandemia en la parte de clínica médica sin ningún tipo de cobertura ni ART, obligada además a concurrir bajo amenazas (en el hospital Álvarez en su momento). Esto que pedimos es para que se nos considere como trabajadores, que se nos pague por lo que estamos haciendo, que nos den ART y obra social como a cualquier trabajador”.

Alejandro Ierimonti es presidente de la Asociación de Médicos Municipales, desde ese rol gremial explica que “la falta de inversiones es palpable. Comenzando con el pobre reconocimiento al personal de salud, que lleva a que cada vez más el hospital público no sea la primera opción de trabajo. No se estimula la capacitación y/o la investigación. Solo se mira la agenda de turnos, la estadística”.

 

La lucha y los reclamos continúan. Las últimas semanas se sumaron los hospitales Garrahan y Posadas. Norma Lezana, secretaria General de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan (APyT), señaló: «El actual plan de lucha de la APyT comenzó el 25 de agosto pasado con un abrazo al Hospital Garrahan en su 35° aniversario, y luego dos jornadas de paro: los días 29 de septiembre y 19 de octubre pasados. En esas oportunidades, con marchas al Ministerio de Salud de la Nación y al Ministerio de Economía de la Nación, respectivamente, para reclamar al Gobierno nacional un 80 por ciento de recomposición salarial por la pérdida desde 2017 más el ajuste por inflación de este año, que llegará aproximadamente al 100 por ciento», detalla.

A lo largo de estas semanas, distintas pancartas se leyeron en el centro porteño: “La UBA me hizo médica, Larreta piquetera”, “Residentes y concurrentes en lucha”, “Recomposición salarial ya”, “Estudié 8 años para ser pobre”, “Atiendo a tu hijx por 300 pesos la hora”, entre otras.

Mario Mateo es bioquímico, médico de planta del Hospital Muñiz y subraya: “Fui residente, conozco bien la problemática. Ganan 120 mil pesos por mes. ¿Te parece que es un sueldo para gente que ha estudiado toda su vida? Es la precarización absoluta. Además de eso, los hospitales cada vez están peor, sin infraestructura, sin insumo ¿Es más importante arreglar una vereda o mantener la salud de la gente? Hay muchas personas que no tienen recursos, que vienen al hospital público. El día que no exista más, ¿qué van a hacer? Esa es la problemática. El plan es luchar y luchar, son años de estudio, de vocación, para que después no puedas ganar un sueldo que ni siquiera llegue a la canasta básica”, dijo en diálogo con ANCCOM.

La mayoría de los profesionales que atiende en hospitales públicos son residentes y concurrentes: “no estamos atendiendo para que el impacto sea mayor y que toda la población que se atiende en el  hospital público vea lo que está pasando”, concluyó Macarena Machado.

Ajustes económicos y desajustes en salud

Ajustes económicos y desajustes en salud

En un país de 46 millones de habitantes sólo 20 millones cuentan con obra social, mientras tanto la medicina prepaga comienza a transformarse en una prestación de lujo. La jefa de gabinete del Ministerio de Salud, Sonia Tarragona, cuenta cómo se gestiona la salud y qué prestaciones no se verán modificadas tras el recorte de 10 millones por el mega ajuste implementado por Sergio Massa para cumplir las metas del FMI.

El 22 de agosto se anunció mediante el Boletín Oficial una modificación al Presupuesto General, lo que implicó una reducción de fondos disponibles destinados a educación, salud y para el programa Procrear. Sonia Tarragona, jefa de gabinete del Ministerio de Salud y licenciada en Economía de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), asegura que se trata de una reasignación de recursos y que es una acción necesaria frente a la falta de aprobación del presupuesto 2022. En un contexto de reestructuración presupuestaria, asegura que crece la necesidad de garantizar una cobertura integral de la salud de la población.

Cada año, el Poder Ejecutivo tiene tiempo hasta el 15 de septiembre para presentar el presupuesto del periodo siguiente, el cual es discutido en las Cámaras de Diputados y de Senadores. El 17 de diciembre de 2021, el presupuesto general de la Administración Pública Nacional para el periodo actual no fue aprobado en diputados, por una cantidad de 121 votos afirmativos, 132 negativos y 1 abstención. En junio, el Poder Ejecutivo prorrogó por decreto el presupuesto del año 2021 y lo actualizó con una pauta que prevé el 62% de inflación anual, que es casi el mismo porcentaje de actualización que corre para el aumento de los alquileres por un mismo periodo. El último Índice de Precios al Consumidor (IPC) publicado por el INDEC, indica que hasta agosto de este mismo año se tenía acumulado un 56,4% de inflación.

Mediante la Decisión Administrativa (D.A) 826/2022 se dispone una compensación de créditos presupuestarios y se modifica la partida de gastos en seis ministerios por un total de $210.000 millones, los cuales serán incrementados en el Tesoro para la asistencia en Servicios Económicos. En este contexto, el Ministerio de Salud se verá privado de $10.000 millones de pesos, de su presupuesto de $338 mil millones, los cuales serán retirados del programa de Prevención y Control de Enfermedades Transmisibles e Inmunoprevenibles. Sin embargo, Tarragona aseguró que no se afectará directamente el programa, ya que la inversión en el mismo se realizó en 2021 y cubrió el período 2022.

A su vez, el Ministerio de Salud se encarga de los programas protegidos, los cuales cubren las necesidades de la población que accede a los servicios de salud públicos. Estos programas pueden ser utilizados tanto por personas que no cuentan con una obra social como por quienes sí. La Superintendencia de Servicios de Salud confirmó que en 2022 hay un total de 20.391.394 personas que son cubiertas por una obra social, en una población de 46.234.830 en el país, según estimaciones del INDEC. Un 66,22% de ellas accede a este servicio a través de un trabajo en relación de dependencia. Según la Ley 23.660, estas obras sociales deben cubrir todas las prestaciones del Programa Médico Obligatorio (PMO) y los medicamentos que esas prestaciones requieran. Por su parte, la Ley 26.682 establece que las entidades de medicina prepaga deben ser controladas por el Ministerio de Salud de la Nación, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud y deben cubrir el PMO y la Ley de Prestaciones Básicas para personas con Discapacidad.

La preocupación en torno a la ausencia  de recursos o la falta de acceso a la salud fomentaron críticas al gobierno nacional. Sin embargo, en diálogo con ANCCOM Sonia Tarragona afirmó que esta reasignación no afectará a los Programas Protegidos y amplió sobre cómo se gestiona la salud en este contexto nacional.

¿Por qué se dieron recortes por parte del Ministerio de Economía?

Nosotros no tenemos presupuesto para 2022 debido a que la oposición no lo aprobó. Esto significa que el plan de gobierno, que es aquello que lo representa, no estuvo aprobado y se prorrogó el presupuesto 2021, incluyendo las líneas presupuestarias y los fondos que se corresponden con ese año. Sin embargo, en 2022 no se prevé llevar a cabo las mismas actividades que el año pasado.

¿Cómo podría ejemplificar esta situación?

El año pasado compramos aproximadamente mil respiradores y en 2022 no necesitamos comprarlos. Sin embargo, en el presupuesto prorrogado figura un monto para la compra de respiradores. A diferencia del 2021, este año compramos medicamentos oncológicos y para el Programa REMEDIAR. El año pasado no se realizó esa adquisición y el año que viene, 2023, tampoco se realizará, porque el Ministerio no necesita comprar todos los años las mismas cosas. De esta forma, no podemos decir que se trata de un recorte sino de modificaciones.

Entonces, ¿cuál sería el término correcto para hablar del recorte?

En 2021 se realizaron una gran cantidad de actividades o compras programadas y que en este año ya no son necesarias; esto pasó en el Ministerio de Salud y también en otros ministerios. Entonces, lo que se hizo fue reasignar esas partidas de compras ya ejecutadas a las necesidades del 2022.

¿Cómo altera la reasignación el plan de acción del Ministerio?

Son 10 mil millones de pesos en un presupuesto de casi 350 mil millones de pesos. Es bajo el porcentaje de reasignación y, de esta forma, no compromete ninguna de las metas que el Ministerio se propuso.

¿Qué programas no se verán afectados por la reasignación de recursos?

En el Ministerio de Salud están los Programas Protegidos desde el año 2002. Estos incluyen la vacunación, el SIDA,  las enfermedades de transmisión sexual y hepatitis C, la maternidad e infancia y el Programa REMEDIAR. Que estén protegidos quiere decir que ante reducciones en el presupuesto o cambios que sean necesarios, esos programas no se pueden ver afectados.

¿Qué es el plan REMEDIAR? 

Es un programa de distribución gratuita de medicamentos para el primer nivel de atención. Esto incluye todas las patologías que se atienden en las salas de primeros auxilios y los hospitales de primer nivel. Este programa está cumpliendo 20 años y actualmente atiende a 19 millones de personas, las cuales retiran medicamentos de los centros de atención primaria. Esto cubre entre el 85% y 90% de las causas de consulta en el primer nivel y está destinado principalmente a la población que no tiene cobertura, pero no es excluyente.

De cara a la población, ¿cómo se puede garantizar en este contexto económico el acceso a los medicamentos que la población necesita?

Si bien la responsabilidad de procurar el acceso a los medicamentos no es de la Nación, sino de las provincias, en los casos que estas no logran atender los problemas de salud de su población, el Ministerio de Salud complementa las acciones. Con respecto a los precios, lo que hicimos es acordar con la industria que no se sobrepasen con los aumentos, sino que estén alineados con la inflación y no por encima.