Postergan el juicio a Laura Villalba en Paraguay

Postergan el juicio a Laura Villalba en Paraguay

Feb 15, 2024 | DDHH, Destacado 5

La acusan de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», delitos que conllevan una condena de hasta 30 años de cárcel. Sin embargo, no existen pruebas contundentes que demuestren su culpabilidad.

La audiencia programada para el juicio oral de la causa número 256, en la que se acusa a la argentina Laura Villalba de «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra”, y que estaba prevista para el 8 de febrero en los tribunales especializados de Asunción, ha sido pospuesta debido a una acordada de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay. Esta resolución reorganiza las unidades especializadas en materia de juzgado de sentencias. Laura Villalba y su defensa deberán esperar a que se sortee un nuevo tribunal y se les notifique quiénes serán sus nuevos integrantes, dado que los miembros anteriores fueron asignados a unidades ordinarias. Salvador Sánchez, abogado de Laura, sostiene que la espera no será prolongada: “Como máximo en 15 días vamos a tener agenda”. 

En 2019, Laura Villalba viajó con su hija y sobrinas a Yby Yaú, en el norte de Paraguay, con el objetivo de que las niñas pudieran conocer a sus padres, quienes eran miembros del grupo insurgente «Ejército del Pueblo Paraguayo» (EPP). Aunque tenían planeado regresar antes del inicio de las clases en 2020, la pandemia por covid-19 lo impidió y las fronteras fueron cerradas. Ante esta situación, la familia se vio obligada a convivir en un campamento creado por el grupo insurgente. Sin embargo, el 2 de septiembre, este campamento fue descubierto y atacado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, una unidad militar anti grupos insurgentes. El resultado fue trágico: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Posteriormente, sus cuerpos fueron disfrazados de guerrilleras para que el presidente de ese momento, Mario Abdo, pudiera tomarse fotografías victorioso en el campamento. En un intento de escape, Carmen Elizabeth “Lichita”, de 14 años, desapareció un 30 de noviembre tras una nueva emboscada de las fuerzas armadas paraguayas.

Villalba fue detenida un 23 de diciembre de ese mismo año, tras terminar en un retén militar por buscar a sus sobrinas. Fue llevada a juicio por los cargos de «violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar», con una pena de 10 años, y por «asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra», con una expectativa de pena de 30 años. Respecto al primero de los cargos, en Concepción, Laura Villalba fue condenada a 3 años de prisión bajo la acusación de «violación del deber de cuidado y/o educación», y fue absuelta del cargo de «violencia familiar». Concepción cuenta con un único Tribunal de Apelación, al cual la defensa intentará apelar en busca de la absolución.

 

Para el juicio por terrorismo, Salvador Sánchez afirma que no existe ningún material audiovisual o de imágenes que pueda sostener que Laura cometió los hechos que se le atribuyen. Se le inculpa de terrorismo basado en homicidio, pero su abogado sostiene que el Ministerio Público no tiene una víctima del supuesto hecho punible de homicidio en grado de tentativa. Sánchez reafirma: “Son solamente relatos teóricos que hace el Ministerio Público, con los cuales pretende imponer una condena arbitraria a la misma”. Sin embargo, a pesar de la poca contundencia de las pruebas presentadas por la justicia, la defensa muestra prudencia en el caso al reconocer la inclinación del Tribunal a favorecer al Ministerio Público. Por ello, Sánchez solicita «respaldo y solidaridad» a la comunidad internacional para conformar una delegación de veedores internacionales, con el fin de asegurar un «debido proceso» para Laura, frente a las posibles irregularidades que se han presentado hasta la fecha.

 

Las arbitrariedades cometidas por el Estado paraguayo no son sorpresa. El mes pasado, la Comisión de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas emitió un comunicado a la República del Paraguay para expresar su preocupación por el no esclarecimiento del paradero de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba, a más de 3 años de su desaparición. A lo largo del comunicado, el comité señala al Estado por una “posible participación” en los hechos de la Fuerza de Tarea Conjunta -FTC-, la cual no estaría bajo una adecuada investigación a pesar de que la desaparición de “Lichita” tuvo lugar en una zona bajo su control. El comité acusa que «no se evidencia la existencia de una estrategia de búsqueda para localizar a Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, ni de una investigación integral y exhaustiva para identificar a los presuntos autores de su alegada desaparición forzada».

 

El formato del juicio estaba inicialmente programado como virtual para Laura y presencial para los abogados en Asunción. Sin embargo, con la reorganización judicial en curso, existe incertidumbre sobre cómo se desarrollará ahora. La intención de la defensa es revertir esta situación y solicitar la presencialidad de Laura Villalba en el juicio. Esto se debe a una acordada de la Corte Suprema de Justicia que exhorta a todos los tribunales a llevar a cabo las audiencias de manera excepcional por medios telemáticos.

 

Para la defensa, la presencia de Laura en la sala de juicio tiene un gran significado. Esto se debe a la experiencia previa del juicio llevado a cabo en Concepción, donde no pudo estar presente al ciento por ciento en su juicio. Hubo muchos momentos en los que la señal se escuchaba entrecortada o se perdía por completo. Salvador Sánchez reafirma: «Siempre hay dificultades con los medios tecnológicos, y por eso queríamos plantear la idea de pelear con el tribunal para que remitieran el caso a la cámara de juicios».

Comenzó en Paraguay el juicio a la argentina Laura Villalba

Comenzó en Paraguay el juicio a la argentina Laura Villalba

Nov 17, 2023 | DDHH, Destacado 3

Había viajado con su hijas y sobrinas para que conocieran a sus padres que integraban un grupo insurgente. Tras un operativo militar, donde algunas niñas murieron y otras desaparecieron, la acusan de «violación del deber de cuidado» y «asociación terrorista».

La delegación humanitaria que viajó para solidarizarse con Laura Villalba.

En 2019 Laura villalba viajó a Yby Yaú, norte de Paraguay, junto con su hija y sobrinas quienes tenían como objetivo conocer a sus padres, Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, miembros del grupo insurgente “Ejército del Pueblo Paraguayo” (EPP). El objetivo era retornar antes del inicio de las clases, pero la pandemia por covid-19 tiró para atrás estos planes ya que las fronteras fueron cerradas. A la familia no le quedó otra opción que convivir en un refugio creado por el EPP, el cual el 2 de septiembre de 2020 fue descubierto y posteriormente asaltado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, una unidad militar creada para contrarrestar a los grupos armados insurgentes. El resultado fue brutal: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Como si fuera poco, decidieron disfrazarlas de guerrilleras para que luego, el presidente paraguayo de ese entonces, Mario Abdo, pudiera fotografiarse victorioso en el campamento. Durante el ataque, Carmen Elizabeth, apodada “Lichita” y de 14 años de edad, fue herida en una de sus pantorrillas, sin embargo pudo escapar con su tía Laura y dos de sus primas. Entre medio de emboscadas militares y luego de sobrevivir en la selva a partir de comer insectos y tomar su propio orín, “Lichita” desapareció un 30 de noviembre.

La policía capturó a Laura Villalba el 23 de diciembre de ese año, quien por buscar a sus sobrinas por las distintas comunidades terminó en un retén militar. Fue aislada e incomunicada sin abogados ni personal femenino, y fue trasladada a la Penitenciaria Regional de Encarnación. Ahora es juzgada por los cargos de “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” – delitos que tienen 10 años de pena- y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra” – penados con hasta 30 años de prisión-, al ser acusada de formar parte del Ejercito del Pueblo Paraguayo.

Luego de tres instancias que habían sido suspendidas de forma arbitraria por la justicia paraguaya, en el Palacio de Justicia de Concepción de Paraguay, durante las jornadas del 14 y 15 de noviembre, comenzó el juicio. Como muestra de apoyo a Laura Villalba, viajó una delegación humanitaria, con el objetivo de desmantelar el cerco mediático, pedir por su absolución y por el juicio y castigo a los verdaderos autores del infanticidio de las niñas.

Durante el 14 se dieron los alegatos iniciales, los incidentes y las declaraciones testimoniales compuestas por parte de la defensa, mientras que el 15 se continuó el desarrollo judicial con dos testimonios que corresponden a miembros del organismo de seguridad que participaron del operativo el 2 de septiembre, cuando fueron asesinadas las niñas María Carmen y Lilian Villalba. Salvador Sanchez, abogado de Laura Villalba, afirmó que están en la etapa del “30% al 35% del juicio”, con 15 testigos propuestos por el Ministerio Público que deben brindar declaración. El juicio se reanudará el lunes 20.

El abogado y miembro de la delegación humanitaria, Gustavo Franquet, dio una de las testimoniales con el fin de demostrar el tipo de vida que lleva la familia Villalba. Relató todos los esfuerzos que hicieron durante estos años para guiar a todos los niños, y que si bien “han sufrido y pasado dificultades”, son “extremadamente sanos, viven con amor y son felices”. El objetivo es “pregonear” los esfuerzos con los cuales la familia lleva adelante la situación, para tratar de “disipar” el relato estigmatizante bajo el cual se escuda la fiscalía paraguaya. Franquet afirma: “Sobran los testimonios, hechos y evidencias de que eso ha sido así. La teoría de la fiscalía y de las fuerzas represivas del Estado paraguayo de lo que ocurre con los niños y esa familia es absolutamente descabellado”.

Durante el desarrollo de las jornadas ocurrieron irregularidades: los doce testigos miembros de los dos pelotones que secuestraron, torturaron y asesinaron a las niñas, estaban esperando para testimoniar en el mismo cuarto que Gustavo Franquet. Como si fuera poco, solamente se presentaron dos, Gabriel Guerrero Roa y Aldo Ivan Ayala Bogado, que son los jefes respectivos de cada uno de los equipos. Salvador Sanchez, agregó que la no presentación de los testigos no fue justificada y la defensa recurrió a pedir que “se notifique bajo apercibimiento de ley de que si no vienen, la fuerza pública tendrá que ir a buscarlos”. Concluyó que “todas estas personas no pueden alegar desconocimiento de domicilio porque están vinculadas a la función pública, es decir que tienen arraigo, por ende no pueden no aparecer nomás por no querer en un juicio de vital importancia”.

Por último, la periodista y miembro de la delegación humanitaria, Claudia Korol, replicó una intervención de Laura Villalba: “Ella señala que fue un castigo que la sometieran a escuchar los testimonios de los militares de las fuerzas de tareas conjunta, que sabemos que son responsables del crimen de las niñas”. Korol agregó que este hecho fue un nuevo episodio de tortura para Laura, porque esos militares “tendrían que haber estado sentados como acusados y no como testigos de esto”.

La delegación se hizo tiempo para ir al cementerio dónde están los restos de las niñas asesinadas. “Al menos ahora sabemos dónde están sus cuerpos”, resumió con tristeza Franquet, dado que ellas al igual que su prima Lichita estuvieron desaparecidas.

Una madre, un niño y un árbol en un documental sobre la dictadura paraguaya

Una madre, un niño y un árbol en un documental sobre la dictadura paraguaya

Sep 20, 2023 | DDHH, Destacado 4

«Guapo´ y», el documental de Sofía Paoli Thorme, cuenta la historia de Celsa Ramírez Rodas y su pequeño hijo, presos durante la dictadura de Alfredo Stroessner, la más larga de Latinoamérica.

Guapo’y es un documental que recorre el testimonio de Celsa Ramírez Rodas, quien pasó tres años presa en el campo de concentración del Municipio de Emboscada, en Paraguay, durante la dictadura de Alfredo Stroessner, la más larga en la historia de América Latina. Dirigido por Sofía Paoli Thorne en una coproducción con Argentina y Qatar, el film representará a Paraguay en los Premios Goya 2024.

Sofía Paoli trabajaba para el periódico E’a cuando leyó Canciones de cuna en los campos de Stroessner, un artículo sobre niños que nacieron en prisión en Paraguay durante la dictadura. Allí conoció la historia de Celsa Ramírez Rodas, esposa e hija de perseguidos políticos durante la dictadura de Alfredo Strossner entre 1945 y 1989. Privada de su libertad y sometida a graves torturas, Celsa dio a luz en 1976. Su hijo Derlis Villagra Jr. crecería en la cárcel de Emboscada junto a su madre, su abuela y otros compañeros detenidos, a la sombra de un frondoso guapo’y, un árbol siempre verde típico de la zona, que hoy persiste entre ellos como un símbolo de lucha colectiva.

El vínculo entre maternidad y encierro sacudió la atención de Sofía: «Guardé ese recorte porque sentía que algo tenía que hacerse con esa historia. Después de muchos años, cuando fui mamá, volví a leerlo y ahí me marcó la historia de Celsa. Me hizo sentir que estaba en ese mismo lugar, con mi hijo», recuerda en diálogo con ANCCOM.

En 2015, Sofía y Celsa se encontraron por primera vez y, entre charlas de mate sobre plantas y niños, la amistad entre ambas y el proyecto del film comenzó a tomar forma. La calidad humana de la directora y su equipo le permitió a Celsa atenuar una angustia recurrente a la hora de dar entrevistas: «Sofía se acercó de una manera tan inteligente… hablamos de un montón de cosas, y así se fue dispersando esa tensión que se crea cuando aparecen ciertas preguntas». Pero, además, trasladar su testimonio a la gran pantalla significó un punto de inflexión en su modo de contribuir en la lucha por la memoria: «En cierta medida, yo todavía estaba escondida. Se lleva ese miedo adentro, inconscientemente. Pero cuando salga la película… ¿adónde me escondo? Tuve que tomar otra actitud».

Según recuerda Celsa, Emboscada tenía un patio enorme, con muy pocos árboles. En el centro se erigía un guapo’y inmenso, convertido por ella y sus compañeros en un espacio de solidaridad, encuentro y cultura compartida: «Ahí hacíamos la comida, organizábamos peñas, jornadas de música, teatro, poesía, danza. Con mucha lucha se conquistó ese espacio». Años más tarde y ya en libertad, en una visita a la cárcel se encontraría con que el árbol fue talado, supuestamente con fines de logística y seguridad. «Yo creo, más bien, que lo que querían era ir borrando esas memorias, porque el guapo’y era un símbolo para los 500 presos políticos que estábamos ahí. Presos y presas, niños también. Significaba mucho».

Y es ante estos procesos de olvido que el film Guapo’y se propone volver a sembrar memoria. Sofía Paoli, galardonada con la Biznaga de Plata a la Mejor Dirección del Festival de Málaga, señala que es fundamental visitar esta historia y oír a sus protagonistas para no repetir errores del pasado: «Para nosotros es muy importante mostrar la película en Paraguay porque, lastimosamente, no se habla mucho e incluso se reivindica a nivel político la dictadura de Stroessner». Por su parte Celsa, distinguida por el Senado de Paraguay por su aporte a los Derechos Humanos enfatiza la necesidad de saber para defenderse: «No es fácil. Existe una presión muy fuerte para olvidar lo que pasó, supuestamente con el argumento de que vamos a mejorar ‘pensando en positivo’. Pero resulta que, para pensar en positivo y poder crecer, vos tenés que saber tu historia. Si no conocemos la historia, esta historia que dolió tanto y que perjudicó a tanta gente no sólo en un país sino también a nivel regional… esto no es posible».

En Argentina, la película se estrenará este jueves en el Cine Gaumont (Av. Rivadavia 1635, CABA), el Cine Cosmos (Av. Corrientes 2046, CABA) y el Espacio Cultural Florencio Constantino (Belgrano 1260, Bragado).

Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Sep 2, 2023 | DDHH, Destacado 2

Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada de Paraguay para exigir la investigación del crimen de las niñas argentinas asesinadas por la fuerzas armadas de ese país hace tres años. También pidieron por la aparición con vida de Lichita, de 14 años, cuyo paradero se ignora desde entonces.

El viernes a mediodía se llevó a cabo una movilización frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires por los tres años del infanticidio de las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, cometido por las fuerzas armadas paraguayas, que respondían al expresidente Mario Abdo Benítez. También exigió la aparición con vida de “Lichita”, el cese de la persecución y la absolución de Carmen y Laura Villalba -madre y tía de las víctimas-, presas en ese país. Entre los referentes que reclamaron estuvo presente la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida.

Unas muy deseadas vacaciones familiares para reforzar los vínculos terminaría en tragedia. En 2019, Laura Villalba viajó a Yby Yaú, ubicado al norte de Paraguay, con su hija y sobrinas para que pudieran conocer a sus padres Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, miembros del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El objetivo era volver antes del comienzo de clases, pero la pandemia por el covid-19 tiró para atrás estos planes, ya que las fronteras fueron cerradas. A los Villalba no les quedó otra que convivir en un refugio creado por el EPP, el cual el 2 de septiembre de 2020 sería descubierto y posteriormente asaltado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, unidad militar especializada creada para enfrentar grupos armados insurgentes, y en particular, al Ejército del Pueblo Paraguayo. El resultado fue atroz: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Luego, decidieron disfrazarlas como guerrilleras, para que Abdo pueda fotografiarse victorioso en el campamento.

Carmen Elizabeth, apodada «Lichita» y de 14 años de edad, es la hija de Carmen Villalba, militante del movimiento de izquierda Patria Libre que aún se encuentra detenida en la cárcel del Buen Pastror en Asunción a pesar de haber cumplido su condena. Durante ese ataque, Lichita sufrió una lesión en una de sus pantorrillas, pero logró escapar junto con su tía Laura y dos de sus primas. Terminaron en medio de la selva, Laura pudo curar a “Lichita” mientras trataban de volver a casa. Sin embargo, el 20 de noviembre fueron emboscadas por francotiradores que acabaron con la vida de cuatro militantes del EPP que las ayudaban. Laura, Lichita, con una nueva herida esta vez en la cabeza, Tamara Anahí -melliza de “Lichita”- y Tania Tamara, tuvieron que sobrevivir alrededor de ocho días comiendo ratas, víboras y tomaban su orín. A Laura no quedó otra alternativa que dejar a su sobrina herida para poder ir a conseguir alimento, junto a Tamara y Tania, las cuales terminaron perdiéndose. El 30 de noviembre sería la última vez que verían a Lichita, quien hasta el día de hoy continúa desaparecida.

La policía capturó a Laura Villalba el 23 de diciembre, quien por buscar desesperadamente a su sobrina por las distintas comunidades, terminó en un retén militar. Fue aislada e incomunicada, sin abogados ni personal femenino, y fue trasladada a la Penitenciaría Regional de Encarnación donde espera el juicio. Por otro lado, Tania y Tamara lograron escapar de regreso a la Argentina, donde pudieron contar todo lo sucedido al resto de la familia. Los cuerpos de Lilian Mariana y María Carmen están enterrados en un cementerio de Camposanto de Lima, Paraguay. El gobierno paraguayo no permite recuperarlos.

“Libertad a Laura”

A Laura Villalba se la juzga por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” –por lo que también está imputada Miriam Villalba, madre de Lilian Mariana– con una expectativa de pena de 10 años, y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra” con una condena de 30 años. Ante la primera causa, se contempla en Convenio de Ginebra, que a los hijos de insurgentes se les debe garantizar espacios de comunicación con sus padres y madres. Sin embargo, como estos derechos en Paraguay no están siendo reconocidos, no les quedó otra que llevar a las niñas a los refugios creados para ese fin por el grupo insurgente. Para la segunda causa, está acusada por ser enfermera del EPP. Fue detenida sin orden alguna, adulteraron fechas del expediente, y recién al día siguiente encontraron una mochila con armas. Laura está siendo juzgada sin garantías jurídicas, según explican sus abogados, nunca pudieron probar ninguno de los hechos punibles que se le atribuyen. Es víctima de la desesperación del gobierno paraguayo por resolver el problema de la desaparición de Lichita, producto de sus propias fuerzas armadas.

 El 23 y el 24 de agosto, Laura debía enfrentar el primero de los cargos por los cuales era juzgada, pero la fiscalía representada por Karina Sánchez, Claudia Morys y María Isabel Arnold, que forman parte de la Unidad especializada de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se presentó. Tras haberse pospuesto para el viernes 25, solo apareció María Isabel Arnold, quien informó que estaba enferma, sin presentar certificado médico alguno. Ese mismo día se rechazaron las pruebas presentadas por la defensa, mientras que el Tribunal no le pidió a la fiscalía la entrega de una prueba importante solicitada por la defensa: la carpeta de la investigación sobre el asesinato de las dos niñas, admitida por el juzgado de Garantías el 2 de septiembre de 2022 en la audiencia preliminar. Al violar el legítimo derecho a la defensa, la recusación será elevada al tribunal de apelaciones para ver como continuará el juicio. Por otro lado, el juicio por la causa de “terrorismo” será el 12 de septiembre.

Del 22 al 25 de agosto,una delegación humanitaria integrada por activistas de derechos humanos, feministas, gremialistas e integrantes de movimientos populares de Argentina, viajó a Paraguay para visitar a Laura y además, actuar como veedores internacionales en ambas instancias desarrolladas durante el juicio.

En la marcha del viernes frente a la embajada de Buenos Aires en la CABA, –convocada por la campaña internacional Eran Niñas– integrantes de la familia Villalba, abogados, movimientos populares y organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes para pedir justicia por el doble infanticidio de María Carmen y Lilian Mariana, la aparición con vida de su prima y la absolución de Laura y Carmen Villalba.

La familia Villalba leyó un documento sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado paraguayo, donde se acusó al gobierno del Paraguay de ser responsable por “actuar en complicidad” con las instituciones judiciales, fiscales y los medios de comunicación hegemónicos para encubrir los crímenes cometidos por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), para construir una versión “mentirosa”, por haber manipulado los cuerpos previo a la autopsia, no haber permitido el ingreso del Equipo Médico Forense Argentino, así como también por haber quemado sus pertenencias y los supuestos uniformes con los que habían vestido a las niñas llevaban puestas.

La familia dijo que estas causas tienen el objetivo de “quebrantar la integridad de Laura”, así como también “construir comunicacionalmente la figura de Laura como mala madre, como peligrosa para la sociedad”. Se exigió el castigo a los responsables, la absolución a Laura Villalba “presa por garantizar el derecho a la identidad”, la libertad a Carmen Villalba “presa con condena cumplida” y por la aparición con vida de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba desaparecida el 30 de noviembre, “Viva se la llevaron y viva la queremos”, dijo Miriam Villalba.

La Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, “Taty” Almeida, se hizo presente para pedir que no bajen los brazos: “Hagan como las madres decimos y hacemos hace 47 años, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Cuando estén un poco caídos porque no logran lo que realmente quieren, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, por qué nosotros no”.

Por su parte, Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial de Abogadas y Abogados Argentinos, y abogado de la familia Villalba, denunció que el juicio es “persecutorio de los derechos de los niños”, y que fue armado porque “no encontraron otra cosa que acusar”. Micrófono en mano, el abogado manifestó: “A Laura querían acusarla de trata, a toda la familia Villalba, quisieron inventar que ellas preparaban a los niños para que se conviertan en guerrilleros”. Al caer tal argumento, Franquet afirmó que crearon la causa por incumplimiento del deber del cuidado para dilatar los juicios: “La fiscalía no apareció y mandó a decir que una de las fiscales estaba descompuesta. El juez en vez de dar la absolución, decidió darle más tiempo. Dos días después no nos dejaron presentar a la defensa las pruebas y se canceló el juicio”.

Migrantes, comunicación y derechos

Migrantes, comunicación y derechos

Dic 20, 2022 | Destacado 5, Entrevistas

La investigadora Wanda Fraiman publicó el libro «Derecho a la comunicación y migraciones: circulación informativa en el caso de las comunidades bolivianas, paraguayas y peruanas de la Ciudad de Buenos Aires». ¿Qué pasa cuando las radios comunitarias son comerciales?

 

La investigadora Wanda Fraiman publicó Derecho a la comunicación y migraciones: La circulación informativa en el caso de las comunidades bolivianas, paraguayas y peruanas de la Ciudad de Buenos Aires (IEALC-Editorial El Colectivo), un libro orientado hacia la indagación del ejercicio del derecho a la comunicación por parte de estos colectivos residentes en la Capital Federal, a través del estudio de la circulación informativa que tuvo lugar en las radios de esas comunidades durante el año 2014. La obra, disponible en formato ebook, fue elaborada en base a la investigación realizada para su tesis de Magíster en Investigación en Ciencias Sociales.

“Parte de reconocerse como sujetos de la comunicación, implica tanto acceder a la información, como expresarse en y a través de los medios de comunicación”, dice Fraiman, quien además es docente e investigadora en Derecho a la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

 

¿Cómo surgió la idea de investigar sobre el derecho a la comunicación y las migraciones?

Mientras cursaba la Maestría reconsideré el proyecto de investigación original y cambié el enfoque; pasé de una tesis que trabajaba más sobre el discurso mediático vinculado a las migraciones, a lo que tuviera que ver con la circulación informativa, donde tienen mucha preponderancia las organizaciones y los medios pero también el Estado, que es el garante de los derechos. Años después, surgió la posibilidad, a través del Instituto de Estudios de América Latina y el Caribe (IEALC), de publicar el libro, presenté la propuesta y fue aceptada, luego fue un trabajo extenso de convertir la tesis a una publicación. Espero que no solo sea de lectura del campo académico sino general, destinada a hacer un diagnóstico de la circulación informativa vinculada a la comunidad de migrantes y así poder aportar desde mi rol a que haya un mejor desarrollo de la sociedad, más equidad y justicia y plantear algunas cuestiones que habría que modificar o ajustar para que sean mejor ejercidos los derechos; siempre basándonos en la idea de la información como un insumo primordial para el ejercicio de todos los derechos humanos.

 

¿Cómo fue esa búsqueda para llegar a estas tres colectividades en particular?

A partir de las estadísticas que nos proveían las fuentes oficiales que fueron el censo y los datos que procesa la Dirección Nacional de Migraciones, encontré que estas eran las tres comunidades que tenían mayor preponderancia en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en el lapso que hice la investigación que fue el año 2014. También me pareció importante hacer dialogar los medios de esas comunidades con las organizaciones que nuclean a estas comunidades de migrantes.

¿Cuánto tiempo tardó toda la investigación, y cuánto fue el proceso de escritura? ¿Fue en paralelo o la escritura fue después?

En el marco de la investigación académica se aconseja analizar los datos de manera retrospectiva, porque sincrónicamente pueden estarse modificando; si bien la investigación la hice en 2014, durante el año 2015 y 2016 estuve analizando los datos -que sería tanto lo trabajado con los medios de comunicación de las comunidades migrantes, como lo hablado con los y las líderes de las organizaciones- que había relevado para hacerlos dialogar con la bibliografía  y el marco teórico.

 

Dentro de todo el proceso de investigación, ¿hubo algún descubrimiento que le sorprendió, algo que no se esperaba encontrar?

Lo más llamativo fue encontrar la forma en que estas comunidades llamaban a estas radios “comunitarias”, puesto que no coincidía con la noción de “libro”. En el acuerdo internacional se denomina a las radios comunitarias a aquellas que son gestionadas por la comunidad;  entonces me di cuenta que esa manera de llamarle no solo era un problema de denominación, sino que también generaba un sentido que no era el esperado, ya que eran radios comerciales, con objetivos comerciales, con una organización comercial y una toma de decisiones comercial. En el marco académico, el sentido que genera el término al interior de las comunidades no se corresponde con el que se plantea en el acuerdo internacional;  la lógica de la radio comunitaria es trabajar para el desarrollo de las comunidades en las cuales se inserta y esto no era lo que sucedía.

¿Por qué tomó las radios como unidades de estudio?

Trabajé con medios radiofónicos porque me pareció que era interesante en el alcance y en la posibilidad de acceso que tenían muchos trabajadores y trabajadoras mientras llevaban a cabo sus tareas. En muchas de las zonas en donde trabajan las comunidades migrantes están puestas las radios -en los talleres, en los comercios, en las fábricas- y me pareció que eran de acceso cotidiano, algo que no sucede con la prensa escrita.

 

¿Qué problema representa para las comunidades migrantes no contar con medios de comunicación no comerciales?

La importancia de la información como un bien en sí mismo, pero además, como una condición para el ejercicio de otros derechos, nos hace dar cuenta que es necesario que circule entre y al interior de las comunidades la información necesaria para ejercer sus derechos. Si encontramos que no existen medios propios de las comunidades -medios comunitarios- ni medios comerciales que tengan como objetivo acercar esa información, finalmente el diagnóstico lo que nos arroja es que hay falta de información en el marco de las comunidades migrantes para que las personas ejerzan sus derechos. Es necesario que existan radios comunitarias tanto para el desarrollo de cada una de las comunidades a nivel colectivo, pero además, a nivel individual para que se pueda ejercer los derechos cotidianamente.

 

¿Hubo una mayor xenofobia en materia de regulación de derechos para la migración regional en comparación con el proceso experimentado por la migración transatlántica?

Sí, de hecho cuando se reformó la Constitución en el año 1994 no se quitó el artículo que recibía con beneplácito a las migraciones europeas, así que en términos normativos sigue existiendo ese enfoque. A nivel social, tanto lo que dice la literatura académica como los líderes migrantes en las entrevistas, es que es sobre todo en los momentos críticos, aquellos que ponen en jaque la tranquilidad social o la sociedad en general, que se vuelve a remitir a ese discurso xenófobo de echar culpas sobre algunos fenómenos vinculados al trabajo, la salud, la economía, etcétera.

 

¿Hace falta un mayor conocimiento sobre qué es una radio comunitaria para que los migrantes las reconozcan como tales y sepan el rol importante qué cumplen?¿La vulneración de derechos de residencia y laborales pueden relevar a un segundo plano el derecho al acceso a la información para los migrantes?

Por un lado es necesario que conozcan los trámites y los pasos para tener una radio comunitaria, pero es importante primero que las comunidades migrantes se reconozcan como sujetos de derecho a la comunicación, como sujetos que tienen mucho para decir y que tienen necesidades en torno a la comunicación. No es algo simple gestionarlos en términos de recursos y conocimientos, porque tienen su complejidad y es necesario conocer esas herramientas. También urge que el Estado los reconozca como sujetos de la comunicación. Parte de reconocerse como sujetos de la comunicación, implica tanto acceder a la información como expresarse en y a través de los medios de comunicación. En la urgencia que tienen las personas de resolver situaciones críticas, no podemos pedir una reflexividad sobre distintas dimensiones del problema que tienen, por ejemplo, el del acceso a la información. Por eso es importante que el Estado trabaje con los colectivos y con las organizaciones en el diagnóstico de cuál es la información que hace falta, cómo circula la información y también en cómo los medios hablan de los colectivos migrantes. El Estado escindido de las organizaciones no va a poder cumplir con la garantía de los derechos,

 

Una de las preguntas que se planteó al inicio de la investigación fue la de cómo se da la participación de los colectivos de migrantes en el espacio público. ¿Qué encontró como respuesta?

La definición que trabajo de ciudadanía comunicacional implica que para poder ejercer los derechos individuales y colectivos es necesario que se participe en las discusiones públicas. Con esto me refiero a las áreas de debate de los temas que hacen a nuestra vida cotidiana, cuestiones vinculadas al transporte, educación, economía y a todas las dimensiones de lo social. Cuanto menos puedan participar en los distintos temas en los debates públicos, más difícil va a ser que puedan hacer valer sus derechos individuales y colectivos.

 

¿Cuáles fueron las estrategias utilizadas para dar cuenta de la circulación informativa en y a través de los medios de comunicación de las comunidades?

Fue un trabajo arduo en términos de que la materialidad de lo radiofónico no es igual a cuando trabajamos con prensa escrita. En este caso era un desafío porque implicó tanto la escucha de los medios como visitas a los mismos, en los casos qué fue posible. También hablé con periodistas que no pertenecían a esos medios, pero que me hacían conocer como circulaba la información y cómo era el vínculo entre medios y organizaciones. Después implicó largas conversaciones con los líderes de las comunidades para conocer cuál era la relevancia de esos medios al interior de los colectivos y cuál era la relación en términos de circulación e información; fueron espacios que lejos de estar aislados los tenía que poner en vinculación, pero que eran absolutamente abstractos e inmateriales y eso fue todo un desafío ya que esas vinculaciones y puntos de relación los tenía que hacer yo, porque no estaban dados de por sí en una superficie discursiva.