Los integrantes del Malón por la Paz continúan sus protestas en Buenos Aires contra la reforma constitucional jujeña. Uno de los indígenas que realiza la huelga de hambre denunció que necesita que le controlen los signos vitales y el SAME no lo hizo. Además, los organismos de derechos humanos presentaron una denuncia por la represión del gobernador Gerardo Morales.

Representantes de comunidades indígenas del norte del país exigen una respuesta del Congreso de la Nación al planteo de inconstitucionalidad de la reforma impuesta por el gobernador Gerardo Morales hace tres meses. “Les pedimos que sesionen e intervengan la provincia para que podamos vivir en paz”, afirmaron.

En las puertas del Congreso de la Nación, más precisamente en la esquina de Entre Ríos y Rivadavia, el Tercer Malón de la Paz, compuesto por miembros de diversas comunidades indígenas de la región norteña, se asentó con la intención de llamar la atención de las autoridades y obtener una respuesta a sus reclamos.

Dado que la reforma de la Constitución provincial llevada adelante por Morales el pasado 20 de junio los afectó duramente, decidieron viajar hasta Buenos Aires, en busca de una contestación por parte de la Justicia. Estuvieron frente a Tribunales y en Plaza de Mayo haciendo una “permanencia”, porque el gobierno de la Ciudad no les permitió instalar carpas.

“Gerardo Morales impuso una reforma de forma ilegítima, burlando la normativa de la Constitución de Jujuy e incluso la mismísima Constitución Nacional”, sostuvo en diálogo con ANCCOM Marcelino Sulca, integrante del Tercer Malón y habitante de la región de Humahuaca. “Los territorios de los pueblos originarios son intocables. No se pueden embargar ni vender. Si quieren trabajarlos o desean hacer uso de los recursos naturales del suelo, tienen que consensuar con nosotros e informarnos de sus intenciones. A lo largo de este proceso, eso no se respetó” agregó.

Frío, hambre y sueño

El martes 19 de junio, desde las 11, algunos integrantes del Malón resolvieron encadenarse a las puertas del Congreso y comenzar una huelga de hambre. Tomaron esta medida de fuerza con la esperanza de que se produzca un cambio de actitud por parte de las autoridades. “Allá están nuestros compañeros encadenados, reclamando que se termine esta injusticia. Tenemos frío, hambre y sueño, pero no nos rendimos. No hay una respuesta aún, pero seguimos luchando” aseguró Sulca, asintiendo con seguridad.

Néstor Jerez, uno de los que realiza la huelga de hambre, denunció este lunes, a través de un video difundido por la Revista Cítrica, que necesita que le controlen los signos vitales. Pero la médica del SAME no lo hizo.

 Para el Tercer Malón, ha quedado a la vista que el sistema no atiende a las necesidades e inquietudes de la población. “Parece que al Estado no le importa, pero deberían actuar, porque para eso los hemos elegido y para eso se les paga” comentó Sulca. “Si quieren hacer negocios y no desean ayudar a la gente, no deberían dedicarse a esto”, agregó.

 Tras ser víctimas de sucesos represivos en San Salvador y otras ciudades y pueblos de Jujuy, los maloneros expresaron que desde que arribaron a Buenos Aires e iniciaron su vigilia frente a la Corte Suprema, el gobierno de Horacio Rodriguez Larreta les impidió colocar baños químicos o carpas para protegerse del clima hostil. Pese a que la policía porteña haya intentado desalojarlos, destacan el accionar de la gente de Buenos Aires: “Estamos agradecidos con la gente de por aquí que frena para brindarnos su ayuda solidaria en forma de donaciones”.

 En tanto, estos representantes de varios pueblos originarios se reconocen como protectores de la naturaleza y la soberanía nacional, consideran esencial defender las bases del poder comunitario e interceder por la continuación de las vías democráticas para la resolución de conflictos. En ese sentido, afirmaron que no piensan abandonar la lucha: “Nosotros seguiremos marchando, expresándonos y cantando nuestras melodías. Si observan bien, notarán que son canciones de protesta que están dirigidas a concientizar al conjunto de la población. Queremos que nos conozcan, que nos escuchen, que nos vean”. Mientras hablaban con ANCCOM sonaban los bombos y las voces cantoras haciendo eco en el viento.

Sulca y sus compañeros y compañeras encadenados pusieron en evidencia que sus derechos están siendo vulnerados y sus reclamos ampliamente ignorados por las autoridades. De hecho, fueron solo muy pocos los diputados que los recibieron, hecho que puede ser considerado como una muestra de la impunidad de un Estado ausente.

Si bien múltiples notas fueron presentadas, las demandas de los sectores aborígenes todavía no están en el temario. No obstante, sus reclamos lograron que el Gobierno nacional creará la “Comisión de Investigación, Análisis y Recepción de Datos sobre la Violencia Institucional en la Provincia de Jujuy”, la cual aún se encuentra en proceso administrativo de conformación.

Por su parte, una veintena de organizaciones de derechos humanos presentó una denuncia en la justicia federal para investigar las acciones llevadas adelante por Morales y otros dirigentes y funcionarios políticos en el marco de las protestas acaecidas contra la aprobación de la reforma de la Constitución jujeña. La presentación afirma que en Jujuy fue “brutalmente reprimido” el derecho a la protesta, así como también explica que se desplegaron múltiples acciones violentas contra una infinidad de personas que estaban ejerciendo su derecho a la libre expresión, que estaban manifestándose por sus ideales. En esos días hubo detenciones y allanamientos ilegales, golpes, torturas y personas heridas de gravedad, sobre todo en el rostro y ojos.

Inconstitucional e inconsulta

En junio el gobierno de Gerardo Morales aprobó la reforma Constitucional, que incluye la restricción a la libertad de protesta. La decisión, tomada de manera sorpresiva e inconsulta en el marco de un fuerte operativo represivo, fue resultado de una votación unánime en la Convención Constituyente. No obstante, los diputados de izquierda no estuvieron presentes. Mientras se llevaba a cabo la votación, en las cercanías de la Legislatura, una multitud marchaba con antorchas expresando su rechazo a las políticas puestas en práctica por Morales. Este fue el caso de los docentes, quienes elevaban la consigna “Arriba los Salarios. Abajo la Reforma”. Hoy, tres meses después, la lucha continúa tanto en Jujuy como en la Ciudad de Buenos Aires.

Los pueblos originarios sostienen que la normativa resguarda los intereses de las multinacionales y favorece el avance del extractivismo. A su vez, los interpela negativamente, dado que atenta contra la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena. “La reforma nos perjudica, empeña el futuro de nuestros hijos, la legalización del saqueo de los recursos naturales, el despojo de nuestras tierras” expresó al respecto Jorge Angulo, referente del Consejo de Pueblos Originarios Llankaj Maki.

El Tercer Malón de la Paz sigue acampando a las afueras del edificio a la espera de una resolución del máximo tribunal. Pese a las condiciones adversas, sostienen su plan de lucha. Permanecen allí noche y día, a sol y sombra, unidos en una lucha con la fuerte convicción de que pronto serán escuchados y podrán volver a sus tierras: “De acá no nos vamos sin una respuesta para nuestro pueblo. Ya lo hemos decidido. Si nos dan una respuesta, nos vamos de inmediato. No tenemos la intención de quedarnos aquí, pero las cosas no pueden continuar así”.