Sep 16, 2020 | Comunidad, Novedades, Vidas políticas

El 21 de agosto, el presidente Alberto Fernández anunció el Decreto 690/2020. Por un lado, estableció la modificación de varios decretos precedentes y de la Ley 27.078, también conocida como Ley Argentina Digital. De esta forma incorporó la definición de servicio público esencial y estratégico en competencia para los servicios de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Por otro lado, el servicio de telefonía móvil pasó a considerarse un servicio público. Además, se suspendieron los aumentos de precios hasta el 31 de diciembre y, desde ahora, serán regulados por la autoridad de aplicación, es decir, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM).
“La consagración de servicio público es la máxima regulación posible que existe en derecho administrativo. Ahí hay tarifas (y no precios), que el Estado fija. Existe, inclusive, la posibilidad de que el Estado tome esa actividad a su cargo”, dice Ricardo Porto, abogado y actualmente secretario de la Comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado de la Nación.
En cambio, respecto a la definición de servicio público esencial estratégico en competencia, Porto advierte que “es todo un tema». Y agrega: «Algunos consideran que es casi un oxímoron, que es contradictorio. Consideran que un servicio público sólo tiene lugar cuando hay monopolio. Ese no es el caso de la Corte Suprema que aceptó que cuando la Constitución regula un servicio público no tiene que ser necesariamente monopólico, sino que es indistinto si es en competencia o no”.

El DNU 690 fue aprobado por el Senado el 4 de septiembre, con 41 votos a favor y 26 en contra.
Ariel Graizer es el presidente de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), además de ingeniero electrónico especialista en comunicaciones. Esta organización, que reúne a las empresas proveedoras de servicios de acceso a internet y telefonía, lanzó un comunicado el 24 de agosto diciendo que el decreto 690 “pone en riesgo la subsistencia de más de 1200 pequeños y medianos actores del ecosistema de internet, que son PyMEs y cooperativas de capitales nacionales”.
Además, Graizer dijo: “Para nosotros es un problema que se hayan querido resolver los temas de precio y competencia con un decreto. La definición de servicio público en competencia es una definición rara que necesitamos que esté bien reglamentada, porque los servicios públicos normalmente no están en competencia”. Y agregó: “El tema de la fijación de los precios va a ser muy complejo. Más en un mercado que tiene el 80% de sus costos fijados en dólares y donde hay grandes asimetrías entre los tres prestadores dominantes y las distintas PyMEs y cooperativas que damos este servicio en el país”.
El DNU 690 repone lo que establecía la Ley Argentina Digital del año 2014, que fue derogada por el decreto 267 en el 2015. “Implicaba que el Estado podía intervenir para regular el precio por el cual los operadores mayoristas vendían el servicio a los minoristas, para que no lo hicieran a valores desproporcionados y se pudiese lograr precios equitativos, en particular en el acceso a Internet a lo largo y ancho del país. El DNU repone esta medida y la amplía un poco”, explica Bernadette Califano, investigadora CONICET, Doctora en Ciencias Sociales y especialista en políticas de comunicación, medios y TIC.

«Hay que distinguir y definir los alcances de la noción de servicio público, servicio público esencial estratégico en competencia y diferenciarlas de las nociones de servicio de interés público y servicio universal”, dice Califano.
Califano agrega: “El DNU 690 establece que la telefonía móvil va a ser considerada un servicio público. Me parece que la reglamentación del decreto debería avanzar en clarificar qué significan todos estos conceptos y qué implicancias tienen. Hay que distinguir y definir los alcances de la noción de servicio público, servicio público esencial estratégico en competencia y diferenciarlas de las nociones de servicio de interés público y servicio universal”.
Por otro lado, la investigadora CONICET plantea que es fundamental que se implementen regulaciones asimétricas. Es decir, “medidas que tengan en cuenta que en el mercado de servicios de TIC existen distintos tipos de prestadores. Tendría que haber medidas diferenciadas según tipo de actores, según su tamaño, si son prestadores monopólicos únicos en determinadas localidades o si son muchos prestadores. Solo así se podrán generar condiciones de mayor competencia en el mercado”, dice.
En este punto coincide Ariel Graizer y menciona la regulación que se implementó en Brasil durante el gobierno de Lula da Silva: “Hoy en Brasil hay 15 mil operadores que dan servicio y nadie tiene más del 1% del mercado. Y eso fue por una buena regulación que promovió el desarrollo de PyMEs tirando fibra óptica en las localidades más pequeñas. Cosas como esas estamos pidiendo que hagan en la Argentina”.

“Hoy en Brasil hay 15 mil operadores que dan servicio y nadie tiene más del 1% del mercado», ejemplica Graizer.
Para Ricardo Porto, lo más importante para llevar a cabo la reglamentación del decreto es una amplia participación de los distintos sectores. “Lo primero que debería hacer ENACOM es convocar a todos los actores. Y no me parece que esto sea un formalismo, sino que va a compensar lo que es un DNU, que tiene un menor grado de debate. Si bien es cierto que lo aprobó la Comisión Bicameral y lo ratificó el Senado, con lo cual le da una fuerza legislativa importante, de todas formas no es el debate que tiene una ley. Y la convocatoria también debería incluir a los usuarios”, reflexiona el secretario del Senado.
En la sanción de este decreto también se ve involucrada la televisión paga, porque pasó a ser considerada un servicio TIC a partir del año 2015. “El decreto 267 consideró que los cable operadores no eran más servicios de comunicación audiovisual, sino servicios de TIC; a mi modo de ver, equivocada e inconsultamente. Ahora la consecuencia es esta: al declarar los servicios de TIC como servicio público, los cable operadores están así considerados”, explica Porto.
Al respecto, Bernadette Califano considera que “hay que restablecer cierto tipo de regulación por servicio y no únicamente por soporte de transmisión. La TV por cable no es solamente un servicio de transmisión porque emite contenidos culturales, simbólicos, que influyen sobre la construcción de identidades y sobre la idiosincrasia de las personas, como todo servicio audiovisual. Creo que la reglamentación tiene que avanzar también en ese sentido”.

«La reglamentación debería definir lo que son las tarifas sociales para internet, telefonía móvil y TV paga”, dice Califano.
Y la investigadora también considera que la regulación del decreto debería “definir lo que son las tarifas sociales para internet, telefonía móvil y TV paga”. Por el contrario, el presidente de CABASE dice que el Estado ya tiene una herramienta para resolver esas cuestiones: la definición de servicio universal. “Es un servicio que presta el Estado para que se garantice a toda la población la universalidad del acceso. Aquellos que tengan algún tipo de desventaja o imposibilidad de acceder, el Estado se los garantiza con un fondo: subsidia al abonado para que pueda pagar o subsidia a la empresa para que dé el servicio de forma gratuita, o construyan infraestructura para llegar a esas regiones donde no es rentable llegar”, comenta Ariel Graizer.
“Esa herramienta está desde siempre, todos los países del mundo lo tienen. Todos los operadores de telecomunicaciones de este país aportan el 1% de su facturación para ese fondo y el Estado debería haber hecho primero eso. Después podemos acordar, que es el camino que planteamos nosotros, en hacer un abono social. Pero no a partir de un DNU de prepo, sino en una reglamentación que favorezca el desarrollo”, concluye Graizer.
El DNU 690 fue aprobado por el Senado el 4 de septiembre, con 41 votos a favor y 26 en contra. Queda ahora pendiente una adecuada reglamentación que permita discernir los términos presentados en el decreto y calmar las preocupaciones del sector privado y los usuarios.
Jun 17, 2020 | Comunidad, Novedades

La cuarentena registrada por el foco de las egresadas del Centro Educativo PAEBYT El Galpón, Barrio Carlos Mujica, Villa 31.
“Si contás con dispositivos, tenés suerte de entrar a las clases virtuales. No hay señal ni conectividad en el barrio. Para las Olimpiadas (de la Juventud) habían instalado wifi pero lo sacaron todo. Esperemos que el Gobierno porteño actúe cuanto antes, no podemos seguir así”, se queja Julia, vecina de Villa Lugano y alumna del Programa de Alfabetización Básica Educación Y Trabajo (PAEByT).
La pandemia revela, una tras otras, las fragilidades preexistentes que padecen los sectores vulnerables. En 2016, la ONU declaró el acceso a Internet como un derecho humano fundamental para garantizar el ejercicio de la educación, la libre expresión, el desarrollo social y económico, entre otras cuestiones. Laura Tamburrino, educadora del PAEByT, detalla las dificultades de la modalidad virtual en el barrio de Villa Soldati: “Casi no hay clases. Algunos alumnos disponen de dispositivos, pero la mayoría no tiene computadora ni Internet. Al no haber buena conectividad, sólo podemos trabajar con aquellos que tengan dispositivo e Internet propios”.
Mientras esperan soluciones para retomar las clases, los docentes del PAEByT trabajan en conjunto con comedores, parroquias, centros culturales y educativos para paliar el hambre en diversos asentamientos de la Ciudad de Buenos Aires. “Están todos con miedo. Los comedores, por ejemplo, están tratando de subsistir en la primera línea, hacen lo que pueden. Hemos elevado los reclamos al Gobierno porteño pero lo que llega no es suficiente en absoluto. Somos los educadores, talleristas, equipos sociocomunitarios, los que pensamos nuevas formas de ayudar”, cuenta Tamburrino. Una de las iniciativas que llevan adelante es una campaña de donación de alimentos, productos de higiene y de limpieza para sus estudiantes y las familias.
Pero toda esta solidaridad no puede resolver la falta de conectividad, una barrera para miles de niños, jóvenes y adultos que ven negado, así, su derecho a la educación. La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) impulsa, junto a otras organizaciones y agrupaciones de vecinos, una acción de amparo para que el Ejecutivo de Horacio Rodríguez Larreta garantice la continuidad pedagógica de los estudiantes de barrios populares. Uno de los reclamos principales es que se faciliten dispositivos y herramientas y se ordene al GCBA garantizar el acceso gratuito a Internet mediante una conectividad adecuada en las viviendas de todos los habitantes de la Ciudad que no tengan la capacidad económica para costear su acceso a Internet.
Ante la exigencia de quedarse en casa para cuidarse del Covid-19, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) emitió una resolución que busca dar respuestas a algunos de estos problemas. Esta semana, desde el organismo anunciaron un fondo de emergencia de 100 millones de pesos que servirá para ofrecer acceso a la red de Internet a las villas aisladas por la pandemia. Además, destacaron la importancia de la tecnología para cuestiones básicas, como la realización de trámites, y dieron detalles de la entrega de 250 tablets del Programa +Simple a los Curas Villeros.
“Este programa tiene como objetivo achicar la brecha digital y lograr el acceso a las tecnologías, de información y comunicación. En una primera etapa, estaba orientado a personas mayores, pero desde el mes pasado se amplió a movimientos sociales y organizaciones cooperativas para ampliar el universo de los destinatarios”, señala el director Nacional de Fomento y Desarrollo de ENACOM, Pablo Urquiza.
“Como Estado, tenemos la obligación de acompañar y ayudar. En los próximos días, vamos a estar en los distintos barrios con los sacerdotes en el Gran Buenos Aires, implementando proyectos para que se garantice la conectividad y para que todos puedan tener el acceso igualitario y en condiciones de calidad. Esto no es más que hacer cumplir la ley y el objetivo que tenemos como ente de comunicación”, agrega el funcionario.
Entretanto, el Gobierno de la Ciudad, en lugar de atender estos problemas y necesidades, está realizando “encuestas de seguimiento” telefónicas a las familias con hijos en escuelas públicas, cuyo propósito no pareciera tener que ver con lo pedagógico. Ante este hecho, la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), denunció: “Resulta llamativo y hasta sospechoso que las preguntas, como relatan las familias que han sido encuestadas, están vinculadas a obtener información sobre el desempeño de los maestros: cantidad de días que envían actividades, cuántas por día, nombre y apellido de los docentes”.
El secretario general de UTE, Eduardo López, exigió al Gobierno porteño que cumpla con la cautelar dictada por el juez Roberto Andrés Gallardo, a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario N° 2 –que ordena proveer Internet y computadoras a quienes estudian en las villas–, y desmintió lo dicho por el jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, en una de sus últimas conferencias de prensa: “Es mentira que el 93 por ciento de los estudiantes tiene conectividad. En una escuela de Soldati, menos del 10 por ciento pudo acceder en el último mes”.
“Hace cinco años teníamos el programa Conectar Igualdad. Con Macri esto dejó de funcionar. Lo que estamos pidiendo son políticas públicas para garantizar la igualdad: la educación tiene que ser para todos, no solo para el que tenga plata”, concluyó López.