Los servicios de telefonía e internet aumentaron este mes casi un 16 por ciento, cinco puntos más que la inflación. Con un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno de Javier Milei desreguló las tarifas y los usuarios quedaron a merced de tres grandes empresas.
Mientras que la inflación de marzo fue del 11 por ciento, el incremento de los precios de las comunicaciones fue del 15,9, lo que significa un aumento acumulado del 80,9 en lo que va del año y una variación interanual del 336,7. Según el INDEC, el aumento se debe a las subas en servicios de telefonía e internet.
En este marco, tras derogar el DNU 690/2020 de Alberto Fernández –que declaraba servicios públicos esenciales a las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)–, el actual gobierno desreguló las telecomunicaciones a través del decreto 302/2024.
La nueva disposición modifica la Ley Argentina Digital y establece que las empresas licenciatarias de servicios de TIC van a tener la «libertad de fijar sus tarifas» y así «promover la competencia» en el sector.
Diego Rossi, profesor de Políticas y Planificación de la Comunicación en la Universidad de Buenos Aires y director de la Cátedra Libre Conectividad en la Universidad Nacional de La Plata, afirma, en diálogo con ANCCOM, que “Macri en diciembre del 2015 hizo una desregulación de las tarifas muy similar a la que Milei está haciendo ahora, con la diferencia de que no existía el DNU 690”.
El DNU 690 –que quedó paralizado por su judicialización– repuso la condición de servicio público en competencia para las telecomunicaciones y, además, fijó que el Ejecutivo era quien debía indicar los aumentos de las tarifas. El Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) era el organismo responsable del control tarifario y de que se garantice la prestación básica universal.
El mercado de las telecomunicaciones es un mercado oligopólico compuesto por tres grandes empresas: Telefónica, Claro y Personal. Por eso el sector festeja la medida que adoptó el gobierno de Milei. A contramano, el diputado de Unión por la Patria y presidente de la Comisión de Comunicaciones e Informática de la Cámara Baja, Pablo Carro, alerta que la derogación del DNU 690 representa un “salto al vacío” en la regulación de las telecomunicaciones en Argentina.
“La ausencia de una regulación inteligente que contemple las distintas modalidades de prestación del servicio (empresas corporativas, Pymes, cooperativas y emprendimientos comunitarios) deja a los usuarios a merced de la arbitrariedad de las grandes empresas”, advierte el diputado Carro.
Rossi, por su parte, sostiene que “Milei refrenda el criterio que ya venía trabajando Macri y que, en realidad, venían exigiendo e imponiendo las empresas desde principios del siglo XXI”: “Que nadie se meta con las promociones que estamos haciendo, con nuestra estrategia de mercado, los que van a decidir las inversiones somos nosotros”, dicen a las empresas.
En ese sentido, la intervención del ENACOM congeló todo los planes de fomento de la conectividad que se venían desarrollando. “Con este combo se restablece una situación de dominancia de los principales prestadores”, asegura Rossi.
“Con los DNU de los últimos tres gobiernos –agrega– se perdió la capacidad pública de densificar los debates, estamos en debates demasiado finalistas e ideológicos. Por querer imponerse drásticamente, las tres empresas oligopólicas nos demolieron las capacidades estatales de regulación. Paradójicamente, en Chile, se está por aprobar, después de cuatro años de debate, la designación de Internet como servicio público, pero evidentemente con otro marco de discusión entre las fuerzas políticas y el sector privado. En Argentina salimos perdidosos porque quizá la única manera que encontró Alberto Fernández de disponer una forma regulatoria para las telecomunicaciones, fue la confrontación. En ningún lugar del mundo es sencillo el diálogo con las empresas, pero en otras partes la política logró algún tipo de diálogo. Acá están desmantelando el ENACOM y se restablece el esquema de incapacitar al sector público para la regulación y fomento de las telco”.
Según Carro, “no basta con que haya accesibilidad al servicio, sino que es necesario garantizar que sea asequible para los bolsillos de cada familia. Se desregula argumentando la libertad y se deja al zorro en el gallinero. Es necesario que el Estado regule esa relación dentro de un mercado con precios distorsionados por la voracidad y la arbitrariedad de quienes los imponen”.
En cuanto a las consecuencias de la desregulación, Rossi subraya que “la situación de no planificación y no desarrollo de alternativas para la conectividad, hace que quedemos rehenes de la empresa o cooperativa que nos toque. El esquema desregulatorio favorece a los grandes. Las empresas adoptan un sistema de tratar de cobrar lo más posible, lo cual es ilegal, porque en el mismo barrio pueden convivir personas con el mismo plan y pagando boletas totalmente distintas producto de su capacidad de negociación con el call center del momento o de situaciones azarosas que tienen que ver con promociones”.
“El corazón del negocio de las empresas telefónicas es la perversidad de atomizarnos como usuarios. Esta medida necesariamente no va a encarecer los servicios, pero sí nos va a volver más rehenes de las empresas”, concluye.