Oct 24, 2019 | Deportes, Novedades
MPU reúne a 40 medios partidarios que transmitían fútbol por streaming hasta que TyC Sport lo prohibió.
Un partido de fútbol un viernes a las 12 del mediodía puede parecer extraño. Pero eso fue lo que llevó a clubes de barrio, organizaciones sociales, medios independientes y reconocidos comunicadores a visibilizar su reclamo, el viernes último, frente al edificio del Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en Perú 103. Allí armaron una cancha sobre el empedrado. Equipo gris contra equipo blanco, ambos con la leyenda “Fútbol sin censura”en las remeras, en alusión a la presión que sufren los medios partidarios por parte de TyC Sports, que amenaza con sanciones económicas a los clubes, cuyos hinchas transmitan los partidos vía streaming.
En el inicio del acto, Natalia Vinelli, directora de Barricada TV, y Alejandro Schiaffino, integrante del Canal Cooperativo Pares TV, denunciaron las políticas del gobierno nacional en favor de las grandes empresas concentradas, como el caso de Trisa, que quiere impedirle a Pares TV, canal comunitario de Luján que emite por TDA, las transmisiones de los partidos de Flandria. El reclamo hacia las autoridades del ENACOM fue que “dejen de mirar para un costado”.
Además de Barricada TV, Pares TV, Medios Partidarios Unidos (MPU) y la Coordinadora Nacional de Televisoras Alternativas, entre otras organizaciones, se acercaron reconocidos comunicadores como Víctor Hugo Morales y Alejandro Apo. El periodista uruguayo explicó los motivos de su presencia:” Tan solo vine a estar un momento con ustedes, a acompañarlos, para divulgar esta lucha apasionante, en desventaja y maravillosa, aún si se perdiese. Nada tiene más dignidad que la derrota cuando se conoce de antemano, esto vale también para los términos deportivos. Creo que la lucha es extraordinaria y que podemos sacar a los lobbys, y que por una vez se den cuenta que no tienen derecho a quedarse con todo”. Víctor Hugo también responsabilizó a las autoridades pidiendo que algún día se pongan a favor del derecho de todos.
Otro periodista presente fue el ex relator de “Fútbol para Todos”, Javier Vicente, quién se mostró muy crítico con la censura a los medios partidarios: “Hoy están siendo censurados los compañeros de MPU de las transmisiones por streaming de los distintos clubes y ese es un tema que hay que visibilizar y denunciar, por sobre todo a una empresa monopólica como Torneos, que una vez más vuelve a pasar por arriba de todos los derechos de los ciudadanos y en complicidad, en este caso, con la AFA, lo que es realmente todavía más grave. También están siendo censurada las audiencias, que son tan importantes como los colegas, que quieren ver esas transmisiones y ahora no se les permite acceder a ellas”.
Víctor Hugo Morales, Alejandro Apo y Macarena Sánchez fueron algunos de los que participaron de la protesta.
Medios Partidarios Unidos es una organización que nuclea a más de 40 medios de distintos clubes que realizan transmisiones por streaming. Como pocas veces, hinchas de All Boys, Temperley, Atlanta, Platense, Los Andes, El Porvenir y Ferro, entre otros, están juntos por una causa común. Gabriel “Pacho” Cerpa, de “Vivo Por Los Andes” y miembro de MPU, se sumó a las críticas: “El ENACOM tiene que hacer respetar el artículo 77 de la Ley de Medios. Hay artículos que no se derogaron y siguen en vigencia, como este, que habla de los eventos culturales que deben ser transmitidos en forma gratuita”. Además, señaló que están amparados por varios derechos constitucionales, como el derecho al trabajo, a la libertad de expresión y a la información de cualquier hincha que quiera ver un partido.
La consigna era un fútbol sin censura. Hubo dos partidos de cada uno de quince minutos. Ambos fueron transmitidos por los medios presentes. El primero contó con la futbolista de San Lorenzo, Macarena Sánchez, quién además de criticar a TNT Sports y a la AFA por la televisación de apenas cuatro partidos de fútbol femenino, se destacó dentro de la cancha marcando los dos goles para el triunfo de su equipo, el gris. El partido restante fue victoria del equipo blanco por tres a cero. El cierre consistió en una suelta simbólica de pelotas hacia la sede del edificio gubernamental. La pelota ahora la tienen ellos.
Ago 29, 2019 | DDHH, Novedades
La Coalición por una Comunicación Democrática no da el brazo a torcer. Ayer presentó en la Cámara de Diputados de la Nación una nueva serie de propuestas “para construir la comunicación que viene”. “Son aportes para sostener los valores de la diversidad y el pluralismo -sostiene Diego Rossi, profesor adjunto en Políticas y Planificación de la Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA-. Se trata de garantizar el acceso a la información y los derechos de la ciudadanía a recibir, producir y difundir contenidos.”
Conformada por una pluralidad de actores -universidades, sindicatos y centrales obreras, pequeñas y medianas empresas de comunicación, radios y televisoras comunitarias, organizaciones sociales y de derechos humanos, periodistas y productores- desde 2004 alza la voz para defender a la comunicación concebida como un derecho. “Estamos preocupados -agrega Rossi- por recuperar la capacidad productiva y la potencia de Argentina en el campo audiovisual, por disponer medios públicos que realmente sean federales y que reflejen la diversidad de opiniones y de miradas culturales. Nos interesa que el próximo gobierno regule formas que preserven la intimidad de las personas, su capacidad de ser productores de contenido, la posibilidad de elegir y de tener precios justos y razonables.”
Daniela Monje, investigadora de la Universidad Nacional de Córdoba y Doctora en Comunicación por la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) puso la propuesta en contexto: “La idea fundamental de la Coalición desde su inicio y hasta el momento es que hay una perspectiva de derechos humanos que está de alguna manera ligando todas las propuestas que se hacen. Entendemos a la comunicación como un derecho humano, en el marco de lo que el derecho público internacional ha nombrado como libertad de expresión”, dice .
En el 2004, con el incipiente gobierno de Néstor Kirchner, la Coalición por una Comunicación Democrática marcó su primer antecedente con incidencia en la política argentina: se presentaron los 21 Puntos Básicos para una Ley de Radiodifusión de la Democracia. Sin embargo, el proyecto quedó en curso hasta ser retomado en 2008 durante el gobierno de Cristina Fernández. El debate plural y federal sobre ese documentó sentó las bases para el armado de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (26.522) promulgada en 2009, en reemplazo de la Ley de Radiodifusión (22.285), dictada en 1980, durante la última dictadura militar.
Sobre la Ley 26.522 en materia de derechos y democratización, Larisa Kejval, secretaria académica de la carrera de Comunicación en la Facultad de Ciencias Sociales (UBA), investigadora y militante por la comunicación comunitaria, destaca: “La ley no sólo es una ley de carácter democrático porque reconoce a los medios sin fines de lucro como uno de los operadores del servicio de comunicación audiovisual, no sólo porque genera políticas de fomento para este sector sino también por otras cuestiones que me parecen centrales y que son las que han sido puntualmente atacadas a partir del gobierno de Mauricio Macri. Esto es: una ley que además ponía límites claramente a la concentración mediática, construía órganos de diseño, control y aplicación de políticas públicas federales, multisectoriales y participativos con distintas representaciones que promovían también la producción nacional y federal.”
A pesar del esfuerzo y el terreno ganado por la Coalición, con la llegada de la política macrista y, en particular, del Decreto de Necesidad y Urgencia 267 de diciembre de 2015, hubo una serie de modificaciones en materia de política comunicacional que perjudicaron a los medios pequeños y medianos de comunicación. “La política de Cambiemos ha sido desde sus inicios una política que caracterizaría como regresiva y, a su vez, asimétrica en función de los grandes jugadores.”, declara Monje.
Por su parte, Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias (FARCO), en diálogo con ANCCOM recuerda: “Este gobierno cuando asumió lo primero que hizo fue desguazar mediante los decretos de diciembre de 2015 que, entre otras cosas, se llevaron puesta nuestra capacidad de participación en los organismos de aplicación de la ley. Ahí teníamos el Consejo Federal, el Directorio de la AFSCA, lugares donde estábamos representados los medios comunitarios, educativos, los medios de pueblos originarios, los sindicatos de trabajadores de la comunicación. Fue sustituido el AFSCA por el Enacom y fueron quitados los topes que impedían la concentración mediática, facilitando así meganegocios como la fusión de Clarín y Telecom.”
Este marco de políticas trajo un panorama de especial dificultad para los medios populares, comunitarios y alternativos. Natalia Vinelli es docente e investigadora de la Carrera de Ciencias de la Comunicación de la UBA y dirige el canal Barricada TV. En relación a la incidencia de la política de Cambiemos sobre los medios comunitarios expresa que la situación “se complejizó muchísimo. No hubo llamados a concurso para televisión, por ejemplo. Los fondos del fomento concursable, que son becas que venían funcionando, se ralentizaron enormemente. La subejecución creció y la deuda que el Estado mantiene con el sector es de más de mil millones de pesos. Así se hace muy difícil la sostenibilidad de los medios de comunicación. Es un escenario de gran dificultad para poder funcionar como verdaderas opciones en un sistema de medios que es cada vez más concentrado.”
Además de los problemas acarreados en razón de política pública, la democratización de la comunicación se vio afectada por políticas de otra índole. Al respecto, Kejval nombra las persecuciones a reporteros gráficos durante movilizaciones sociales en los últimos años y Antonini remarcó la repercusión de las políticas económicas: “Impactan los tarifazos de la luz, por ejemplo. O la recesión: es muy importante la incidencia que tienen en las radios los comerciantes o las organizaciones locales, que en general son nuestros auspiciantes.”
A partir de las políticas regresivas en comunicación del actual gobierno, la Coalición presentó en 2016 una actualización de los 21 Puntos y continuaron con la lucha por el derecho a la comunicación y condiciones de trabajo dignas. Sin embargo, la situación en la cual se ven inmersos en la actualidad dista ampliamente de ser un escenario propicio para el desarrollo de una comunicación democrática.
Con esperanza en que las nuevas propuestas vayas a ser tenidas en cuenta y, sobre todo, consciente de la fuerza que presenta la unidad de medios sin fines de lucro, comunitarios y alternativos, Kejval deja un mensaje de aliento sobre la presentación del documento: “Lo que estamos haciendo es precisamente no bajar las banderas de la Coalición por una Comunicación Democrática sino todo lo contrario: seguir sosteniéndolas bien firmes porque creemos que las políticas del próximo gobierno nacional tienen que estar encaminadas a restituir los derechos comunicacionales que han sido vulnerados en los últimos cuatro años.”
Jul 10, 2018 | Culturas, Novedades, Te puede interesar
Febrero de 2017. Al estudio de FM Ocupas 88.3, ubicado en el Barrio Cuatro Vientos, de Moreno, llegan miembros del Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) informando que deben cerrar la transmisión en tres días si no encuentran una solución a una interferencia que, según las autoridades, mantiene con la señal establecida para el aeródromo de Moreno. La organización que lleva adelante el proyecto presenta un informe técnico y puede retomar su actividad. Febrero de 2018. Aquel organismo del Estado nacional vuelve a la carga, señala que la radio no dispone de ningún papel que avale su condición de medio comunitario y así llega el cierre de las emisiones radiofónicas.
Mariano Sánchez, 34 años y director de la radio dice: “El reclamo del Enacom no tiene justificación porque nosotros disponemos de papeles que confirman lo contrario y salimos sobreseídos de la causa”. Por su parte, Susana Rubino, de 57 años y coordinadora de la radio declara: “Nos hicieron cerrar sin darnos explicación, sin ningún motivo, sólo nos advirtieron que si no cumplíamos con sus condiciones desmantelarían el equipamiento de la radio”.
FM Ocupas, una radio integrada por personas con discapacidad, se había presentado al empadronamiento realizado por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) durante el gobierno anterior, como gesto para mostrar su voluntad de ser reconocida.
Actualmente, FM Ocupas ofrece una transmisión de radio desde su página web (www.fmocupas.com.ar). Sin embargo, como señala su administradora Marta Rombola muchas personas que antes podían tener una comunicación directa con ellos, con la clausura, se encuentran excluidas a causa de no tener internet. Ismael Vera, miembro y cocinero de la organización, comenta: “Intentamos solventar los gastos de la radio, haciendo actividades como rifas entre los vecinos, y también animamos a los chicos para que no se preocupen por la situación y seguimos adelante”.
Mariano Sánchez aclara que la lucha que enfrenta a la radio con ENACOM, ha impedido que pudieran soportar los gastos de manera regular, y que como el equipo de FM Ocupas siempre ha tenido un perfil comunitario, nunca han emprendido sus actividades para generar dinero. Diego Tassi, colaborador en el área de prensa, cuenta que “no estar en el aire repercute en un montón de cuestiones, por lo que tenemos que planear ciertas estrategias para poder seguir creciendo”.
En relación a estas estrategias, los miembros de la radio disponen de abogados para establecer sus asuntos legales, y visualizar el caso para que ninguna otra radio de Argentina tenga que pasar por ésta situación. También cuentan con el apoyo de la Federación Argentina de Radios Comunitarias (FARCO) , entidad que ayuda a emprender nuevas estrategias para seguir adelante con la reapertura de la emisora. Suárez explica otros métodos para impulsar el reclamo: “Fuimos a ENACOM a hacer una radio abierta, establecimos una asamblea en la locación de la radio, y fuimos a la Legislatura”.
Los integrantes comprometidos con el restablecimiento de la radio expresan que las problemáticas que enfrentan no sólo implican al cierre injusto de su transmisión, sino que además afectan derechos de los chicos con discapacidad. La problemática de la radio por la clausura ha tenido el apoyo de medios comunitarios de la provincia y del país. También, muchas instituciones públicas, como escuelas y universidades, han expuesto en sus propios medios, el reclamo por el restablecimiento de la transmisión de FM Ocupas. Una radio que sólo busca ayudar a la comunidad y brinda apoyo a los chicos que concurren con entusiasmo, todos los días para expresarse libremente. Y que desde hace meses lucha para recuperar su aire.
Mar 13, 2018 | Novedades, Trabajo
Son tiempos difíciles para los trabajadores de prensa en todo el país. A la ola de despidos iniciada a principios de 2016 y que continúa en la actualidad, se les suman conflictos laborales semana a semana. Ahora, 120 trabajadores de Radio Rivadavia se encuentran a la deriva hace meses y no saben cuándo volverán a cobrar la totalidad de sus haberes. Tampoco tienen certeza si continuarán en sus puestos laborales.
Esta historia de abandono y desidia arranca mucho tiempo atrás. Así lo describe Julián Amado, delegado sindical de la radio por la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA): “Venimos hace más de 20 años cobrando en cuotas y viendo vulnerados todos nuestros derechos. La justicia falló en una deuda impositiva a favor del ex dueño de la radio, Luis Cetrá. Habíamos hecho las denuncias correspondientes ante AFIP porque durante todo este tiempo no pagó un solo aporte patronal; increíblemente la justicia lo indultó y quedó todo en la nada”.
120 trabajadores de Radio Rivadavia no saben cuándo volverán a cobrar la totalidad de sus haberes.
El año pasado, el juez en lo comercial Horacio Francisco Robledo decretó la quiebra de Radio Emisora Cultural SA (ex titular de la licencia de Radio Rivadavia) por una deuda con SADAIC (Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música) de más de 1.700.000 pesos. Se había establecido un plan de pago en cuotas de 270.000 pesos pero todo indica que no cumplió. La radio pasó a ser manejada por los hermanos Whpei, un grupo empresario rosarino que a través de DIFA S.A. operaba y comercializaba la licencia.
“Los trabajadores tuvimos que pasar obligados por este grupo, tras un acuerdo que hicieron frente una promesa de traspaso futuro de licencia. Después DIFA se fugó cuando les confirmaron que la licencia no iba a salir, tenían el dato de que se iba a dar la quiebra. Finalmente la quiebra se decretó, DIFA se fue y quedamos a la deriva”, sostiene Amado.
Además de decretar la quiebra, el juez Robledo designó un síndico, es el contador Héctor Spagnuolo, quien junto a su equipo llegó a la radio y en lugar de bajar la persiana, decidió darle continuidad. La intención era mantener la radio en condiciones para luego poder venderla en su totalidad: es decir, no desprenderse de la licencia por un lado, y del edificio y la planta transmisora por el otro, sino venderla como un “paquete” que incluyera al personal; todo ello hasta que el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) determine qué hacer con la licencia.
La intención era mantener la radio en condiciones para luego poder venderla como un “paquete” que incluyera al personal.
Ahora, el síndico objeta que no puede sostener la radio de esta manera. Para Osvaldo Bergali, delegado de la radio por el Sindicato Único de Trabajadores de Espectáculos Públicos (SUTEP), “es imposible que la radio no sea viable; con el capital que tiene está valuada en unos 22 millones de dólares. El síndico no sabe cómo se maneja una radio, no puede dejar a 120 trabajadores en la calle».
El trasfondo político es innegable, asiente Nadia Vilela, también delegada de SUTEP: “Tanto la resolución del juez como la del ENACOM es puramente política. Lo que sabemos es que ante cualquier resolución que se tome y perjudique a uno solo de los trabajadores, vamos a estar los gremios de pie, peleando para que los laburantes continúen en sus puestos de trabajo. Esperamos angustiados la resolución”.
¿Pero, cuánto se les adeuda entonces a los trabajadores? “No estamos cobrando desde noviembre, ese mes ahora lo estamos cobrando a prorrateo, esto es, lo que se junta por publicidades y otros espacios y se va pagando por puchitos. Imaginate que recién llegamos a cobrar el 20 o 30% del salario de noviembre. La gente está aguantando la situación como puede, tratando de mantener la radio al aire”, describe Amado.
Pablo Baque, trabajador al que no dejan ingresar a la radio.
Sin dudas, la situación de Rivadavia dista de sus mejores épocas. Es que por sus estudios han pasado glorias de la radiofonía nacional como Héctor Larrea o Antonio Carrizo. La radio siempre fue un faro para futuros trabajadores de prensa. Sin embargo, Vilela explica con resignación que actualmente “algunos compañeros no tienen para viajar, faltan uno o dos días por semana, y la sindicatura los presiona para que continúen cumpliendo su horario. Lo que está pasando acá es totalmente ridículo”.
María Sol Durán es coordinadora de producción en la radio, y al hablar del clima que se respira en los estudios, sostiene que “influye de manera pésima. Sentís que ni siquiera es un trabajo porque no nos pagan. Además, ellos les cobran el espacio a los periodistas importantes de la radio. Es decir, ellos van y pagan el espacio, entonces tienen derecho a exigir a su producción o a la radio. La persona para la cual vos trabajás está poniendo plata como si la radio funcionara al 100%. Y la verdad que se trabaja a desgano y con una profunda desilusión”.
Una reflexión de Bergali sirve para comprimir el momento de angustia que están viviendo a diario: “Hoy nos quieren callar. No pueden seguir cerrando radios y tapando la boca a la gente. Somos gente de radio, vivimos de la radio y queremos trabajar en la radio”.
Los trabajadores aún no cobran la totalidad del sueldo de Noviembre.
Oct 4, 2017 | Culturas, inicio
Esta semana el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) y el Ministerio de Cultura de la Nación celebran La Semana del Cine Argentino con proyecciones de películas nacionales a precios populares. “Queremos lograr que todos los argentinos vean cine argentino”, anunció el Ministro de Cultura, Pablo Avelluto. Sin embargo, la contracara de este festejo es el momento crítico que atraviesa la producción cinematográfica nacional: despidos, ajuste, paralización de la producción, trabas administrativas, tercerización de créditos y cierre de salas. Los cineastas se declararon en estado de alerta, movilización y asamblea permanente contra el ajuste y la censura en el cine.
El jueves pasado la comunidad audiovisual se movilizó una vez más en defensa de esa industria argentina y en repudio a una medida que atenta contra la producción cinematográfica nacional, la Resolución 942/2017 del INCAA, que condiciona el acceso al Fondo de Fomento Cinematográfico, con cláusulas que dificultan la obtención de créditos y subsidios. La medida afectará, principalmente, a las producciones independientes que necesitan del apoyo del Fondo. De este modo, solo las grandes productoras podrán afrontar los gastos de una película, lo que generará una baja importante en la producción, una correlativa pérdida de puestos de trabajo y, para los espectadores, una posibilidad menguada de disfrutar de una producción diversa.
La multitudinaria marcha comenzó en las puertas del INCAA y finalizó en el Cine Gaumont con una asamblea en la Sala 1, la más grande de los espacios INCAA, pero que resultó muy chica frente a la cantidad de asistentes. El resultado fue la decisión de continuar con el plan de lucha para visibilizar el conflicto. Por eso, en el marco de La Semana del Cine Argentino, los trabajadores cinematográficos llevan adelante una campaña de difusión para explicar qué está pasando, qué reclaman y por qué.
En abril había comenzado “una campaña mediática para ensuciar y destruir al cine nacional” afirma Lucía Ravanelli, delegada de la comisión interna ATE-INCAA. Y es que el 11 de ese mes, Eduardo Feinmann, en el programa Animales Sueltos, lanzó un informe sobre “la corrupción en el INCAA” que comprometía al por entonces presidente del Insituto, Alejando Cacetta. Avelluto decidió echarlo a él y al rector de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), Pablo Rovito. En el lugar de Cacetta se designó a Ralph Haiek, que hasta el momento se desempeñaba como vicepresidente. En la ENERC no fue nombrado hasta el momento ningún rector, por lo que la institución se encuentra acéfala.
Las malas noticias en el cine siguieron en mayo, cuando a fines de ese mes cuatro trabajadores fueron despedidos del Instituto. “En ese momento realizamos movidas y tuvimos varias reuniones con las autoridades exigiéndoles que se los reincorpore, pero no hubo caso y al día de hoy los compañeros están despedidos”, explica Ravanelli. Si bien hasta el momento la situación no volvió a repetirse, en diciembre vencen 300 contratos -renovados por seis meses en julio como resultado de las movilizaciones que inició el sector audiovisual un mes antes-. En este contexto, la Resolución 942 enciende una alarma ya que la merma de producciones conllevaría a una reducción de trabajadores empleados.
Los trabajadores cinematográficos llevan adelante una campaña de difusión para explicar qué está pasando, qué reclaman y por qué.
Mes a mes, la situación se fue agravando. En junio, el complejo ArteCinema de Constitución, uno de los espacios INCAA emblemáticos de la ciudad y con cerca de 100 mil espectadores en el último año, cerró sus puertas debido a que las autoridades del Instituto decidieron no renovar el contrato de alquiler de la sala. “El cierre de este espacio va de la mano de toda una serie de políticas de exhibición que concentran las salas en función de grandes distribuidoras extranjeras y de reducir cada vez más las posibilidades del cine nacional de encontrarse con el público”, señala Ximena González, vicepresidenta de la Asociación de Productores y Directores de Cine Documental Independiente de Argentina (DOCA). Melisa Tabarcache, estudiante de Dirección de Arte Cinematográfica de la ENERC y ex vecina del barrio de Constitución agrega: “Como futura trabajadora de la industria cinematográfica, estoy presenciando cómo estos espacios se van cerrando y con ellos las vías para acceder a la difusión y promoción de películas. Además, estamos privando a personas que por seis mangos podían entrar a ver una película”.
Ya en septiembre, el domingo 24, Luis Majul en su programa La Cornisa sumó una nueva denuncia al INCAA por supuestas “coimas” y “gastos millonarios para películas que nadie ve con dinero que se podría usar para cloacas”. Frente a este argumento, es necesario recordar que el INCAA es un ente autárquico, público no estatal, que se autofinancia a través del Fondo de Fomento Cinematográfico, contemplado en la Ley de Cine, compuesto por el 10 por ciento de cada entrada de cine vendida y el 25 por ciento de la recaudación del ENACOM, la cual deviene del impuesto a empresas privadas de radiodifusión en el país debido al uso del espectro radioeléctrico. Todavía no se conoce el final de esta película.
González, la vicepresidenta de DOCA, vaticina que habrá una baja notoria en la producción de películas nacionales porque “el presupuesto del INCAA se está sub-ejecutando y no se está liberando plata de créditos y subsidios a películas que están en proceso de producción, lo que demora su realización, rodaje y finalización”. Además, comenta que hace meses es notorio cómo se ponen trabas administrativas y burocráticas en todos los procesos de producción de una película. “El cine nacional está en peligro y cada día que pasa no solo no hay respuestas a ciertos reclamos sino que la situación se agrava”, sentencia.
Actualizado 3/10/2017
