La escuela es de todes

La escuela es de todes

Esta semana se realizaron dos movilizaciones que se unieron en una misma consigna: el rechazo a la resolución firmada por la ministra Soledad Acula y el Jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta que prohíbe el lenguaje no binario en las escuelas.

El jueves 23, en el marco de la Jornada ESI en los colegios, militantes, organizaciones sociales y docentes se movilizaron en las inmediaciones del ex Ministerio de Educación porteño, sobre avenida Paseo Colón.

“Ninguna apelación a la RAE, a los resultados de las pruebas estandarizadas ni a ´heridas en la educación producto de la pandemia” puede ser excusa para excluir a quienes no nos reconocemos en las marcas binarias y sexistas del lenguaje”, manifiesta el Frente Docente Disidente. “No se trata de un hecho aislado, sino que es parte de toda una serie de políticas de disciplinamiento y precarización laboral que el gobierno porteño viene desplegando en contra de les docentes”.

Desandar el binarismo en el lenguaje, implica superar la noción de inclusión: “Es lenguaje no binario”, manifestó Ese Negro Montenegro, de la Asamblea Travesti Trans No Binaria por la Salud Integral.

“Como persona no binaria pienso que es muy importante que podamos expresarnos desde un principio, y no esperar hasta los 20 o 30 años, para recién ahí identificar quiénes queremos ser en esta vida. Que no les roben más tiempo a las infancias”, manifiesta Nehu Asuad.

El viernes 24, estudiantes de distintos colegios dependientes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires realizaron una movilización con corte de calle en la intersección de Av. Nazca y Av. Rivadavia, en el barrio de Flores.

“Lo que el gobierno de la Ciudad no quiere es que nos organicemos democráticamente. La transformación que dicen que no para, es solamente recorte y persecución. Eso es lo que no para”, se escucha en la asamblea de estudiantes.

“Esto rebalsa por la prohibición del lenguaje inclusivo. Pero el reclamo viene siendo hace rato por mejoras edilicias, por comedores en todas las escuelas, por rechazo a las pasantías obligatorias en empresas sin consultar con la comunidad educativa, explica Valentina. 

“El Artículo 11 de la Ley de Identidad de Género defiende que una persona puede ser tratada por el género con el cual se percibe, sin necesidad del DNI previamente. Entonces, me parece totalmente aberrante que no se esté respetando, y encima que Horacio Rodríguez Larreta venga a decirnos que no se puede usar la letra e, es una total falta de respeto. No estamos pidiendo permiso para ser identificades por lo que sentimos o por lo que somos: es lo que nos corresponde”, comparten estudiantes del Colegio de Danzas Jorge Donn.

 

Aprender a trabajar gratis

Aprender a trabajar gratis

En un marco de desinformación, improvisación y denuncias de ilegalidad, las prácticas preprofesionales obligatorias para estudiantes secundarios de la Ciudad de Buenos Aires reflejan la falta de perspectiva educativa de la gestión de la ministra Acuña. Opinan un referente sindical, un abogado laboralista y quienes ya atravesaron la experiencia.

Antonella cursa quinto año en la Escuela Normal Superior Nº 9 “Domingo Faustino Sarmiento”. A ella y a sus compañeros, como parte del programa de prácticas laborales que dispuso el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, las asignaron al Centro Cultural Recoleta. “Nos dividieron en diferentes áreas. A nosotras nos tocó Atención al Público. Teníamos que estar en las salas cuidando las muestras, guiando a la gente, informando que no se podían tocar ni pisar las obras. Todos los días íbamos a distintos sectores, pero casi siempre para estar con los visitantes. Así estuvimos un mes y después volvimos a clase”, cuenta. “Hay áreas que se relacionan con lo que estudiamos, pero otras que no tienen nada que ver -considera-. Por ejemplo, pasamos por Infraestructura, que se encarga del mantenimiento del edificio”. Sofía, que cursa con Marianella la orientación en Comunicación del Normal 9, agrega: “Más allá de que la responsabilidad que teníamos no era muy exigente, prácticamente te mandan a laburar”.

El Gobierno de Horacio Rodríguez Larreta implementó en abril las “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, obligatorias en el quinto año de todas secundarias de gestión estatal y privada de la ciudad, según la Resolución 3958 del 7 de diciembre del 2021, firmada por la ministra de Educación Soledad Acuña. En dos meses de vigencia, pone de manifiesto, una vez más, la enorme asimetría de poder entre, por un lado, el Ejecutivo porteño, y por otro, la comunidad educativa y los sindicatos docentes, sistemáticamente desoídos y despreciados por aquel.

Sancionada por la Legislatura de la Ciudad en 2010, la Ley N° 3541 define como Práctica Educativa Preprofesional al “conjunto de actividades formativas desarrolladas en ámbitos de trabajo, que tienen carácter educativo, no obligatorio y que son realizadas por estudiantes de los dos últimos años del Nivel de Educación Secundaria Media, Técnica, Artística y del Nivel Medio de las Escuelas Normales fuera o dentro del espacio escolar (…) y cuyos contenidos y acciones se encuentran articulados con los planes y programas de estudio que los/as estudiantes cursan en sus respectivas escuelas”.

El eufemismo que le permite a la ministra Acuña eludir la ley y establecer la obligatoriedad de las prácticas es precisamente el de “Actividades de aproximación al mundo del trabajo y a los estudios superiores”, las cuales forman parte del diseño curricular de la “Secundaria del Futuro”. Se trata de un proyecto del gobierno porteño cuyo objetivo es el desarrollo de estrategias que faciliten a los estudiantes la transición desde la escuela hacia el mercado laboral y los estudios de Nivel Superior. Ahora bien, estas “Actividades de aproximación” se desarrollan en contextos reales fuera del edificio escolar y con variados formatos durante “como mínimo 120 horas cátedra anuales que estarán distribuidas entre los diversos espacios”, a saber: el sector productivo (privado o público), el de gestión de políticas públicas, el cultural/comunitario, y el de educación superior/científico-académico.

Las actividades se desarrollan en horario de clase, con diferencias según el colegio: algunos van de lunes a viernes, otros menos, pero el denominador común es que “corre la falta”. En muchos establecimientos las prácticas arrancaron súbitamente, sin información preparatoria del Ministerio. Ante la consulta sobre si ha sido enriquecedora, Marianella opina que “no es nada del otro mundo” y, al igual que Sofía, no cree haber adquirido una experiencia valiosa.

Para conocer una voz oficial acerca de las prácticas y de la resolución firmada en diciembre por la ministra Acuña -que viola la regulación-, ANCCOM trató de entrevistar al responsable de la Coordinación del Sistema Integral de Prácticas, Gonzalo Martín Straface, pero no respondió ninguna llamada. Docentes, alumnos, gremios y abogados han expresado su desacuerdo respecto a la legalidad, los modos de implementación y la improvisación que se desprende de los testimonios. “Estas prácticas no están reguladas por un marco legal-laboral que las ampare. Los estudiantes, al realizar tareas que hacen los trabajadores de esas empresas y organismos, podrían estar en una situación de flexibilización pues no reciben remuneración, no cuentan con cobertura para accidentes de trabajo y tampoco se tienen en cuenta las horas trabajadas para los aportes jubilatorios”, sostiene un abogado laboralista que prefiere no dar su nombre.

Ana, que asiste al Colegio N° 7 Juan Martín de Pueyrredón en el barrio de San Telmo, dice que las prácticas le parecen bien. Ella genera contenidos para las redes sociales de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno de la Ciudad. “Son cosas interesantes, aprendemos un montón sobre otros temas, pero hay gente que está en contra, a los docentes no les gusta porque perdemos horas de clase. A muchos les están llenando la cabeza, pero yo lo tomo como una oportunidad y el año que viene me dijeron que podía dejar un currículum ahí”, señala. “En realidad nadie puede estar en contra de la vinculación de los alumnos con el mundo del trabajo y de los estudios superiores”, subraya Marcelo Parra, secretario de Educación del Nivel Medio de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), pero aclara: “Hay que hacerlo bien desde dentro de la actividad escolar y no por fuera, pero así es como funciona el sistema educativo en la Ciudad de Buenos Aires, a los empujones, sin atender las necesidades que una comunidad educativa quiere expresar”.

Las quejas de los estudiantes también apuntan a que se pierden 120 horas de clase, o a que parte de un curso debe hacer la práctica laboral mientras sus compañeros avanzan en los contenidos, cuando algunos deberían abocarse a preparar las materias previas que tienen, y todo esto con posibles repercusiones en las notas. Ana brinda su balance del mes y medio que trabajó en la Subsecretaría de Derechos Humanos: “Es relajado. No están todo el tiempo mirando que hagas algo. Tenemos horario de descanso y el trato es bueno”, afirma. “Eso sí, tendríamos que poder elegir dónde queremos ir dependiendo de lo que queramos estudiar -remarca-, más allá de que esté más o menos relacionado con la orientación que hacemos. Y al momento de ir, tampoco nos dieron mucha información”.

Según Marcelo Parra, de UTE, la implementación de estas prácticas por parte de la ministra Acuña “está pensada en perspectiva electoral, como siempre lo hacen ellos, y no desde una perspectiva de interacción con el sistema educativo y sus verdaderas necesidades”. “No es que tomamos una posición de rechazo porque somos oposición al Gobierno de la Ciudad: ellos actúan para que nos tengamos que oponer, no nos dejan participar y hacen cosas muy distintas de cómo pensamos la escuela y el país”, concluye.

Mocha Celis tiene nuevo edificio

Mocha Celis tiene nuevo edificio

El bachillerato que nació para darle la posibilidad de titularse a la comunidad travesti-trans se muda a una sede que duplica su espacio para albergar a 300 estudiantes.

En las últimas semanas, el Bachillerato Popular Mocha Celis, conocida asociación civil dedicada a “tejer por la igualdad de derechos para las personas Travestis, Trans y No Binarias”, se mudó de sus antiguas instalaciones en el barrio de Chacarita a un nuevo edificio más amplio ubicado en la Av. Jujuy al 748, Balvanera, buscando albergar con comodidad a sus 300 estudiantes. “Allá teníamos 160 metros cuadrados y acá 650”, comentó Manu Mireles, secretaria académica del bahcillerato.

Desde su fundación en 2011, Mocha Celis se constituyó como una Unidad de Gestión Educativa Experimental, es decir, una escuela secundaria gratuita que busca darles la posibilidad de estudiar a las personas del colectivo travesti trans y no binaries (TTNB) con el objetivo de consruir mejores oportunidades de futuro. Las estadísticas reflejadas en La Revolución de las Mariposas -informe sobre las condiciones de vida de la población travesti trans- destacan el trabajo de la asociación ya que, para el año 2005, el 64% de las personas autopercibidas trans no había terminado la escuela primaria y solo el 20,8% había terminado el secundario. En 2016, ya un 24,3% contaba con el secundario completo.

Teniendo en cuenta la marginación social de este colectivo y el alto porcentaje de “expulsión” de la educación formal, el objetivo principal de Mocha Celis es crear un espacio de igualdad: “Nuestro trabajo no es una ayuda al colectivo trans, sino una forma de  profundizar la democracia y garantizar la justicia social”, sostuvo Mireles.

Maryanne Lettieri, tesorera y socia fundadora de la Organización Civil Mocha Celis, contó que aunque una mayoría de estudiantes llega a la escuela a través del “boca en boca”, les docentes llevan a cabo diferentes acciones para difundir e invitar a formar parte de la asociación. Para Lattieri la “explosión” de matrícula de los últimos años tuvo que ver con que “por un lado, la pandemia ayudó mucho a que las personas trans se decidieran a empezar a estudiar, y por el otro, con la reglamentación de la Ley de Cupo Laboral Trans que también motivó a que busquen el título para poder insertarse en el ámbito laboral”.

En Mocha Celis, quienes concluyen el bachillerato acceden al título de “Perito y Desarrollo de las Comunidades” y también a diferentes certificaciones gracias a los talleres extracurriculares que se desarrollan en este mismo espacio. Los programas #TejeSolidario, Acceso a Derechos, Empleo Trans, Escuela Popular de Géneros, Biblioteca Lohana Berkins, Encuentros regionales, Cultura y saberes, Alfabetización Digital buscan desarrollar saberes y habilidades para mejorar la calidad de vida de las personas TTNB.

Hacer un trabajo integral en relación a la formación y la inserción laboral no es tarea sencilla. La Mocha, bautizada por sus estudiantes como “escuela ternura”, abraza fuerte y “hace que las personas despierten ese sueño que tenían en la infancia o la juventud de querer ser en el sentido de dedicarse a, en el sentido de sus deseos”. Política y éticamente la construcción es compleja porque «más allá de las leyes sigue habiendo situaciones en donde te formaste, estudiaste, hiciste cursos y cuando vas a buscar laburo hay resistencia o, si hay apertura, buscan contratar a personas que no están atravesando situaciones complejas «, comentó enfáticamente Lettieri.

Acompañar las trayectorias escolares de personas que en su mayoría ha tenido la prostitución como un destino casi ineludible implica “la necesidad de poner en marcha una serie de dispositivos que ayuden desde el compromiso de acompañar a sostener la cursada. Por esto el horario del estudio se estableció entre las 14 y las 18.30 horas ya que la mayoría de estudiantes trabaja de noche y una cursada temprano se hacía insostenible.

 

El lenguaje inclusivo 

-¿Es verdad que nos van a prohibir mencionarnos en la escuela? ¿Que no vamos a poder llamarnos como nos llamamos?

La pregunta que habilita este diálogo en la entrada de la escuela para Manu Mireles resumió lo que significa para el bachillerato la medida de la ministra Soledad Acuña de prohibir el uso del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas.

Para la secretaria académica «es una medida antidemocrática, que viola la posibilidad de garantizar la Ley de Identidad de Género y de continuar profundizando la perspectiva de trabajo con la ESI. Tenemos que comprender que la propuesta del lenguaje no binario lo que intenta cambiar es la sociedad y no la gramática en sí misma. Mientras, nos seguimos preguntando qué pasa con les docentes que somos elles, con les estudiantes, con todas las personas que nos identificamos y comprendemos que el lenguaje es dinámico, es una construcción colectiva e implica un espacio de disputa de poder y de generación de nuevos sentidos en la sociedad». Y agregó: «En la Mocha Celis es totalmente inaplicable esta medida que prohíbe, en democracia, poder decir en palabras propias quiénes somos. Es una manera de anular la existencia de una persona, por lo que viola el marco normativo vigente. El Gobierno de la Ciudad tiene la legitimidad que implica haber ganado y estar en una posición de gobierno. Pero aunque nos quiten el agua no van a poder quitarnos la sed».

La Ley de Cupo Laboral

 Consultadas por la influencia que la Ley de Cupo Laboral puede tener en la realidad, Mireles y Lettieri coinciden en que “ninguna ley hace a un cambio cultural”, sino que se trata más bien de “salir a disputar las relaciones de sentido y conocimiento, es decir, qué se dice, cómo y quién lo dice, además de generar estadísticas que sirvan de instrumento a la gestión de políticas públicas. Esas estadísticas que los organismos manejan son las que hacemos nosotras”, afirmaron en referencia a las investigaciones “Cumbia, copeteo y lágrimas” (2007) y “La Revolución de las Mariposas” (2017) que buscan dar cuenta de la situación de la comunidad en CABA.

La ley de cupo contempla únicamente el 1% del empleo público pero nada dice del sector privado, este es otro punto con el que, en el momento de discutirse la normativa, las organizaciones señalaron. Por otra parte,  los empleos disponibles reproducen los estereotipos: las mujeres trans van a limpiar y los hombres a decidir. “No hay ninguna mujer trans que tome decisiones, no en nuestros registros y el del Ministerio de Mujeres, incluso en las listas de los partidos, las mujeres trans quedaron últimas”, sostuvo Lettieri.

Es por todo esto que el programa Empleo Trans, coordinado por Maryanne Lettieri, busca tender puentes, desde 2015, entre personas de la comunidad que buscan empleo y empresas que buscan talento TTNB. Funciona como nexo entre el bachillerato y posibles espacios laborales estatales y privados. A su vez, se dedica a la capacitación en empresas y entornos de trabajo acompañando las inserciones de personas TTNB con asesoramiento continuo sobre cuestiones como uso de baños y problemas con las obras sociales o las ART, entre otras. En los dos años de pandemia se lograron, a través de este programa, 43 nuevas inserciones laborales formales en el sector público y privado, en los ámbitos de tecnología, administración, bancario y logística. Sobre la puesta en marcha del programa, Lettieri comentó: “Cuando hacemos capacitaciones en las empresas lo que primero salta es el desconocimiento. Entonces el logro es que se empiecen a abrir un montón de aristas, que personas se acerquen y nos digan ‘me acabo de dar cuenta que toda la vida discriminé’”.

El paradigma desde el cual se trabaja no es el de la inclusión o “no exclusión” sino el de la valoración porque “hablar de inclusión es como ser la gota de aceite que da vueltas en una olla con agua, estoy en la olla, pero sigo siendo esa gota de aceite”, sostuvo Lettieri.

Cuando la visita al nuevo edificio estaba llegando a su fin, Francisco “Pancho” Quiñones Quarta, director del bachillerato, se acercó a conversar con ANCCOM. “Este edificio –dijo es provisorio, vamos a estar acá seis años, ¡no quiero pensar ahora en otra mudanza!”, comentó con suspiro agotado. Grata sorpresa saber que todo lo bello que acontece con el crecimiento de la matrícula y al edificio propio es tan solo una parada previa. El edificio definitivo de la Mocha se encuentra en el barrio de Once, “entre la Estación y Cromañón” y actualmente lo están refaccionando. El trabajo llevará tiempo porque el objetivo es readaptar el antiguo espacio ferroviario a las necesidades de la organización civil procurando conservar el patrimonio histórico, “algo bastante difícil en Buenos Aires”. Al lado de la Mocha funcionará, además, el nuevo edificio del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación (MMGyD), organismo rector de las políticas de género y diversidad a nivel nacional. Pancho estaba apurado. Prometió seguir la charla en otro momento porque corría hacia un aula: “es importante porque estamos con el curso de extraccionistas y tiene certificado y salida laboral”.

Otra escuela víctima de la inmobiliaria de Rodríguez Larreta

Otra escuela víctima de la inmobiliaria de Rodríguez Larreta

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires planea mudar la primaria Indira Gandhi, con más de 50 años de historia y a la que asisten chicas y chicos de barrios populares, para instalar allí un parque cervecero. Las familias resisten y denuncian el negocio que hay detrás del traslado.

Hace más de medio siglo que la Escuela N° 11 D.E 10 “Indira Gandhi” funciona en el mismo lugar, muy cerca de la Costanera Norte y de la Ciudad Universitaria, en un predio de dos hectáreas con canchas de fútbol y básquet, árboles frutales y hasta plantas de moras. También hay una enorme huerta que siembran y cosechan los alumnos que cursan la primaria bajo la modalidad de jornada completa, la mayoría de ellos del Barrio Mugica. Pero al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta parece importarle sólo los negocios inmobiliarios, y la Indira Ghandi tiene la desgracia de estar ubicada en una de las zonas más cotizadas de la ciudad.

El edificio de la escuela está en perfecto estado: galerías para aprovechar los espacios cuando hace frío o llueve, un amplio comedor con cocina, calefacción, aulas cómodas y luminosas, y mucho espacio para que los estudiantes jueguen y corran. Todo decorado con sus obras: murales, fotos intervenidas, pinturas sobre superficies recicladas, collages hechos con distinto tipos de materiales.

Así y todo, el Ministerio de Educación porteño planea mudar la escuela. Paola Rocha es  exalumna y en 2010 volvió como mamá. Hoy ocupa la presidencia de la cooperadora y desde allí lucha para frenar el traslado inminente. Cuenta que en sus inicios, Indira Gandhi era una escuela asistencial para los barrios carenciados de los alrededores, incluido el conurbano. Ofrecía asistencia pedagógica y dos psicólogos. También dos consultorios odontológicos que dependían del Rotary Club. Y, fundamentalmente, proveía de alimentación abundante y de calidad hecha en el comedor.

De a poco, relata Rocha, se le fue quitando presupuesto y dejó de funcionar como escuela asistencial. Se retiró la ayuda psicológica y se cerraron los consultorios odontológicos. Y con respecto a la comida, no solo se achicaron las porciones, sino que además bajó la calidad.

La pelea con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires viene de hace rato. «Cuando volví como mamá, llevando a mis hijos, me encontré con una escuela vacía, con menos de diez alumnos en las aulas -rememora-. ¿Por qué había cincuenta chicos donde antes había más de doscientos?”. Pronto comenzaron a llegar las intimaciones de cierre por la baja matrícula, pero considerando la sistemática falta de vacantes en la Ciudad de Buenos Aires, la comunidad del colegio se puso en alerta.

“Empezamos a preguntarnos qué pasaba. Ahí fue cuando entré como presidenta de la cooperadora. Llegamos a pensar que nadie elegía a la Indira Gandhi por nuestra reputación, que como éramos la mayoría de la villa, nadie quería venir. Cuando empezó la inscripción online nos dimos cuenta que nuestra escuela no estaba en el sistema. Así, supimos que no había forma de que nuestra matrícula aumente», sostiene Rocha.

Las familias y la cooperadora se organizaron para sumar alumnos y llenar los grados por el boca en boca, volanteando, haciendo cadenas. Hoy, gracias a este esfuerzo, el establecimiento tiene 180 alumnos. De manera similar, tras 10 años de batalla y acciones legales, lograron que el Gobierno les proporcione los cuatro micros escolares que se requieren para llevar a los chicos y chicas a estudiar.

«¿Por qué había cincuenta chicos donde antes había más de doscientos?”, reflexiona Paola Rocha.

El año pasado, cuando los rumores de traslado se hicieron más fuertes, la cooperadora se movilizó y en noviembre hizo un reclamo ante la Defensoría del Pueblo, que fue respondido en abril pasado. Se les informó que el traslado está previsto para mediados de 2023 y que el edificio nuevo se va a construir en el Barrio 31, en el predio donde se produjo la toma de tierras “Fuerza de mujeres”, desalojada en octubre de 2021, tras una violenta represión. Se trataría de una edificación de tres pisos para todos los niveles, con una terraza donde se podría hacer deporte y colocar macetas para la huerta.

El terreno donde se emplaza la Indira Gandhi era público, hasta que durante el menemismo se vendió al Sindicato de Empleados de Comercio, que desde entonces opera allí los complejos Tierra Santa y Parque Norte. Una de las condiciones que se establecieron en ese momento fue que tanto la escuela como el albergue recreativo Puerto Pibes siguieran funcionando. Por tanto, si el Ministerio de Educación de la Ciudad llegara a un acuerdo para mudarlos a otro espacio, el Sindicato debería hacerse cargo de la edificación y que ésta garantice que las actividades escolares puedan continuar de la misma forma.

El lugar que el Gobierno de Rodríguez Larreta ofrece no cumple con estos requisitos, ni se adapta al proyecto educativo que propone la escuela, fuertemente marcado por la relación con la naturaleza. “Estamos hablando de una escuela cárcel, de cemento, un depósito de chicos donde el único espacio verde que tienen es en un cantero -denuncia Rocha-. Ni se acerca a la escuela que tenemos. Pedimos hacer las mismas actividades, queremos lo que tenemos”.

La ministra de Educación Soledad Acuña mencionó en una entrevista radial que tenían planeada esta mudanza al interior del Barrio 31 para acortar el viaje de los chicos y que las familias estaban felices con la idea. Paola Rocha niega que se hayan comunicado con las familias y asegura que el interés es económico, no mejorar la calidad educativa ni acortar el tiempo de viaje, que tampoco es el que dice la Ministra.

Exigen más educación especial

Exigen más educación especial

Familias, docentes y sindicatos organizaron un festival para reclamarle al Gobierno de la Ciudad que no reduzca la cantidad de años de escolarización de las personas con discapacidad.

El domingo 22 de mayo se llevó a cabo un festival en la Plaza de Parque Patricios, organizado por escuelas de educación especial, docentes, sindicatos y familias que reclaman por las restricciones de la Ciudad de Buenos Aires en la aplicación de la Resolución 155/11 del Consejo Federal de Educación. Esta plantea el fin de la escolaridad de los alumnos con discapacidad a los 22 años y no permite que se lleve adelante la formación que, hasta diciembre del 2021 establecía el límite de la educación a los 30 años.

Entre las 14 y las 18, con un festival de música, baile y talleres se reunieron a padres, docentes y alumnos con pines que decían “yo defiendo la educación especial”. Lentamente, la plaza se comenzó a llenar. Bajo el cielo celeste y un sol radiante, con la participación de representantes de Ademys y Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), las banderas con frases que indicaban la lucha por el derecho a la educación especial unificaban un reclamo que unió a padres y docentes: la escolaridad de sus hijos y estudiantes con discapacidad está en peligro.

Jorge Godoy, secretario de Educación especial por  UTE-CTERA, expresó su descontento ante la situación que desplaza a miles de estudiantes con discapacidad hacia el vacío. Indicó que la Resolución 155/11 plantea que la formación integral de la educación especial concluye a los 22 años, pero también en su punto 3.4 establece la formación permanente del adulto. Sin embargo, sobre estas garantías nada se ha avanzado. Según sus palabras: “En la ciudad de Buenos Aires no está implementada ni planificada”.

Ante estas circunstancias, las familias ven el futuro educativo de sus hijos de manera incierta y sólo quienes cuentan con los recursos necesarios pueden trasladar a sus hijos a instituciones privadas para que terminen su formación. En el festival, docentes y padres expresaron sus deseos de que la sociedad se entere de lo que está pasando. Leonor Luna, maestra de Escuela de Educación Especial y Formación Laboral Nº 21, informó que lo que la resolución habilita es a que se les saquen muchos de los recursos y beneficios con los que los alumnos cuentan, como transporte y comedor. Para Luna “hay un montón de cosas que son crueldad, porque estos chicos no tienen otros lugares donde ir”. Agregó que muchos padres ya no pueden traerlos hasta las escuelas, porque además el horario escolar se redujo a tres horas: en algunos casos, dada la escasa cantidad de escuelas de estas características, los extensos trayectos hacia las instituciones hace que les insuma más tiempo de viaje que el que sus hijas e hijos permanecen en las instituciones. Muchos chicos ya no pueden asistir, de modo que se vulneran sun derechos a formarse a la vez que son apartados de sus amigos, de sus pares y de toda una comunidad que los comprende. “Porque la sociedad los discrimina y en la escuela encuentran su contención”, advirtió la docente.

Mario Filippi, abogado y ex docente especializado en discapacidad, es padre de Franco, quien tiene síndrome de Down y concurre a la Escuela de Educación Especial N° 18. Asistió al festival y fue una de las caras más visibles de la jornada, dispuesto a hablar con las muchas personas que, ante la poca información sobre el tema, se acercaban a preguntar sobre la situación y el impacto de estas medidas. Es también uno de los impulsores de la Ley 360/00 que otorga el derecho a licencias especiales con goce de haberes por nacimiento de hijas o hijos con necesidades especiales o por adopción. Sin embargo, expresó que aún hoy se continúan sin respetar los derechos de las personas con discapacidad. Su hijo tiene 22 años y no sabe cuál será su futuro en la educación. Para Filippi “se necesita un ministerio nacional de discapacidad y tengo todas las esperanzas de que esto se cumpla, si la sociedad nos apoya”, comentó.

Jorge Godoy también argumentó que no se cumple con el 4% del cupo laboral de personas con discapacidad y que lo que hace la resolución es arrojar a los jóvenes al vacío.

Mientras seguían sonando La huesuda Rock, La Juani, Jun Che, Dijo quesillo y miel y Romina Oviedo se hicieron fuertes reclamos y se expresó el miedo hacia el futuro. Leonor Luna, dijo: “Queremos que la sociedad sepa, porque hay mucha gente que no vive en este mundo de la discapacidad que no sabe lo que está pasando. Nadie nos escucha. Pedimos socorro”.