Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Liberaron -bajo prisión domiciliaria- a la joven activista que estuvo detenida durante 50 días en una comisaría de Esquel por solidarizarse con la comunidad mapuche tehuelche de Chubut.

Victoria Núñez Fernandez estuvo más de 50 días detenida en la comisaría 1º de Esquel, en el marco de la causa armada por los incendios en la Patagonia, donde también otros defensores ambientales, rescatistas y brigadistas, fueron falsamente acusados. Al ser liberada fue recibida por los abrazos de sus compañeras de la Lof Pillan Mahuiza, que militan la campaña colectiva que pide su absolución “no es una libertad completa, sino que sigue criminalizada”. Esto es porque, si bien la justicia de Chubut considera que no existe riesgo de fuga, debe permanecer bajo arresto domiciliario hasta la próxima audiencia del 12 de mayo.

“Lo que se está criminalizando es la solidaridad de alguien que no es mapuche, pero se acerca a la comunidad y pone su vida al servicio de esa comunidad”, dice Lucía Cavallero, referente del colectivo #NiUnaMenos, al referirse a esta mujer de 37 años oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. “Me hace acordar a Santiago Maldonado, a esas personas que deciden dedicar su vida al trabajo político de crear alianzas y unidad”, agrega. Todo indica que tuvo algún efecto positivo la conferencia de prensa que exigió la libertad Victoria, con la consigna “la solidaridad no es delito”. Allí se hizo presente un amplio abanico de organizaciones y personalidades: estuvieron Moira Millán, weichafe del lof Pillán Mawiza, Nina Brugo, de la Campaña por el Aborto Legal y de la CTA; María Elena Nadeo de la APDH; y las diputadas Mónica Macha (Unión por la Patria), Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Mercedes Trimarchi y Celeste Fierro (FIT-Unidad). También estuvo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y activistas de distintos espacios como la Asamblea Antifascista LGBT y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). 

Vic, como es conocida en la comunidad, fue detenida el 11 de febrero de 2025, cuando el juez federal penal de ejecución de Esquel, Criado, ordenó 12 allanamientos simultáneos en comunidades mapuche tehuelche de Chubut en un contexto de incendios forestales que se presumen intencionales, que gobiernos provinciales y nacional han usado para criminalizar al pueblo mapuche tehuelche acusándoles de ser responsables de estos. Victoria fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”. Se había dispuesto la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y que la medida se cumpla en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, salvo que la defensa pública requiriera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.

La audiencia del 7 de abril fue ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala de la prensa a las organizaciones y personas autoconvocadas. Gracias a la geolocalización de su camioneta, la defensa de Victoria, a cargo de Valeria Ponce, probó que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario por su presunta participación en el incendio de maquinaria y camiones de la estancia ubicada sobre la Ruta 71 en jurisdicción de Trevelin. Fundaron su pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ponce se opuso y el juez concluyó que no hay elementos que acrediten el riesgo de fuga. Para el juez, sólo existiría riesgo de entorpecimiento procesal y para cautelarlo dice que es suficiente con que la imputada no salga de la ciudad de Esquel, salvo expresa autorización judicial, ni regresar al lof Pillan Mahuiza. 

Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”. Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció “un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista”.

Vía redes sociales (Instagram) Moira Millán compartió que “es urgente y necesario pronunciarnos desde todo espacio, organización o movimiento que defiende los derechos, para que todes sepan, no solo que es inocente de los cargos que se le imputan, sino que está siendo víctima de un montaje mediático y causa armada para criminalizar la solidaridad al pueblo Mapuche Tehuelche y la defensa de la vida en la Patagonia”. Durante la conferencia de prensa se mostraron ejemplos de cómo ciertos medios tradicionales hicieron un montaje mediático en donde tratan a las comunidades mapuches de falsas, se los nombra como intrusos y/o terroristas.

Victoria es una persona disidente que en el año 2020 llegó al Lof Pillañ Mawiza, ubicada en Corcovado, Chubut, para participar de un encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tras esa experiencia tomó la decisión de quedarse y el lof decidió adoptarla como un integrante más.

“Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto”

“Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto”

El paro general convocado la CGT y las CTA en contra de la política económica, la represión y el ajuste gubernamental tuvo un masivo acatamiento en todo el país. La evaluación de los dirigentes Hugo Yasky (CTA), Yamil Socolovksy (CONADU) y Carla Gaudensi (FATPREN) de una medida contundente que arrancó el miércoles con la multitudinaria concentración en apoyo a los jubilados ante el Congreso.

“Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto”, consideró el secretario general de la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA-T), Hugo Yasky, sobre el paro general llevado adelante por las tres principales centrales obreras del país. La protesta tuvo amplio acatamiento y sólido efecto nacional al paralizar gran parte del transporte, la actividad comercial, educativa y administrativa. La huelga redobló su potencia con la convocatoria a marchar, el día previo, con los jubilados que cada miércoles se reúnen frente al Congreso de la Nación. Así el paro y la marcha confluyeron en una medida de lucha de 36 horas que fue descripta por Yasky como “un punto de inflexión” para el accionar sindical y la lucha social contra la política del gobierno libertario, que utiliza la represión y el miedo como herramienta para imponer un fuerte ajuste económico con una cada vez más alarmante vulnerabilidad social.

El reclamo sindical critica toda la política económica y la represión del Gobierno Nacional, pero específicamente, además de visibilizar la necesidad de jubilaciones dignas y aumentos de emergencia, hace foco en la necesidad de recomponer los salarios a partir de paritarias libres. Actualmente el gobierno estableció paritarias fijas con un tope máximo de aumento del 1% mientras que para marzo se estima una inflación del 3%, provocando que los salarios sigan perdiendo poder adquisitivo frente a la inflación. La situación económica se agrava por la toma de nueva deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

El accionar gremial nucleó a la mayoría de los sindicatos obreros, entre ellos la Asociación Trabajadores de Estado (ATE), Unión Obrera de la Construcción de la República (UOCRA), Argentina Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), La Bancaria, Petroleros y La Fraternidad, entre otros. En consecuencia, durante este jueves se suspendieron los servicios de transportes de subtes, trenes, y aviones. Cesaron sus actividades bancos, la administración pública y centros educativos públicos, mientras que los hospitales atendieron solo guardias de urgencias y hubo disparidad en la adhesión de taxis, educación privada y comercios. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) no adhirió a la medida por la conciliación laboral obligatoria que firmaron con la Secretaría de Trabajo de la Nación y que vence recién el 3 de mayo, pero en su comunicado oficial afirmaron “comprendemos y apoyamos el reclamo”. Yasky rescató que la decisión de la UTA no provocó los efectos adversos al paro que el gobierno esperaba. “No les alcanzó con esto para aminorar la fuerza de la medida. En una jornada donde no funcionó parte del transporte público, era esperable que el servicio de colectivos estuviera atestado de pasajeros. Pero las imágenes del día mostraron una menor circulación en comparación con un día de trabajo normal”.

En comunicación con ANCCOM, Yamil Socolovsky, secretaria de Género y Diversidad de CTA-T y trabajadora de la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), explicó que el reclamo “en términos generales es un rechazo al proyecto político que está llevando adelante el gobierno de Javier Milei. Con su política de empobrecimiento, ajuste, saqueo y reconfiguración del Estado, para convertirlo en una herramienta al servicio de los intereses de los grupos económicos dominantes y abandonar sus responsabilidades con las mayorías para garantizar derechos y asegurar el bienestar de las personas”. Destacó que la medida conjunta entre la marcha del miércoles y el paro del jueves denuncian no solo la situación de los jubilados, sino también “los más de 45.000 despidos en el Estado, la crítica situación universitaria y la decisión de seguir endeudando al país por medio del FMI y el acatamiento de sus condiciones”.

Joana Giménez, secretaria de Juventud de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA-A), explicó que “el paro fue anunciado en el marco de la ley de Moratoria Provisional, cuyo dictamen finalizó el 23 de marzo y no existe aún, un dictamen vigente que ampare a quienes se van a jubilar. Está en tratativas la revisión de dicho proyecto, pero mientras tanto, significa la imposibilidad de jubilarse para la mayoría de la población trabajadora”. También se explayó sobre la “composición del paro” a partir de las múltiples aristas que conforman el reclamo, haciendo foco en el sector juvenil que la convoca, “la medida se da en el marco del ajuste total del bolsillo del trabajador, la suba de servicios básicos, el deterioro de las condiciones de vida, y la imposibilidad de pensar en una jubilación. A eso hay que sumar, la inestabilidad y la precarización laboral que conlleva multiempleo, la desocupación producto de los despidos y desfinanciamiento del Estado, y el cierre de instituciones estatales que, para la población, significan el acceso a las políticas públicas. Entre ellos, la educación y la vivienda, son los aspectos que afectan mayoritariamente a la juventud”.

Además del gobierno libertario, De la Rúa fue el otro presidente que tuvo tres paros generales dentro de sus primeros 500 días de mandato. Los paros anteriores al gobierno actual fueron durante el año 2024, el 24 de enero y el 9 de mayo, durante las votaciones de la Ley Bases y luego la Ley Ómnibus.

Por su parte Yasky, en diálogo con ANCCOM explicó que el Poder Ejecutivo “va a reaccionar agresivamente. Están perdiendo apoyo de los sectores populares, son conscientes que han entrado en un plano inclinado y que las medidas de fuerza de la CGT y la marcha es vista con mayor empatía por una gran parte de la población que hasta hace un tiempo tomaba distancia o directamente reprobaba este tipo de acciones”. El dirigente consideró: “Luego del paro nacional, la estrategia debe ser discutir y llamar a una convocatoria muy amplia desde las centrales sindicales para poder incorporar al empresariado nacional, al PYME, a sectores agrarios de la pequeña y mediana producción, conformando una multisectorial que sea capaz de levantar un programa de trabajo y reactivación productiva. Diferenciarse del gobierno que no tiene una propuesta para reactivar la producción, que no tiene un rumbo o ideas para favorecer el mercado interno y el consumo y generar la reactivación de la economía. Solo se centran en el ajuste y especulación financiera. A nivel internacional se está dando una sacudida muy grande, hay incertidumbre, y nosotros tenemos un gobierno que está esperando el préstamo del FMI para seguir endeudando el país. Por eso creo que la estrategia debe ser construir una plataforma propositiva y a la vez continuar con las acciones de lucha y movilizaciones sociales, ambas cosas en conjunto. Necesitamos que el movimiento sindical sea protagonista de un tiempo distinto, que creo, tiene un punto de inflexión en este paro”.

En la misma línea se expresó Giménez: “Es necesario generar mayores procesos de articulación entre organizaciones, encuentro y diálogo entre distintas voces para fortalecer un plan de lucha -evaluó-. Que las tres centrales hayan podido concretar el paro en unidad es un dato significativo en estos tiempos”.

Por su parte Carla Gaudensi, Secretaria General de FATPREN, explicó: “es un paro político, en contra de las políticas de ajuste, donde los trabajadores y trabajadoras, ya sea quienes hoy estamos en actividad o quienes ya se jubilaron, estamos sufriendo. Busca demostrar que somos los obreros quienes sostenemos, con nuestro trabajo, a este país. Creo que la gente va a estar cada vez más presente poniendo el cuerpo en las calles. Somos un pueblo que viene demostrando una resistencia activa porque nunca dejamos de hacer nuestros reclamos y que cada vez que se decreta una medida de estas características concurrimos masivamente a acatarla, mientras que el gobierno demostró que la única forma que tiene para hacer efectivas las medidas de ajustes, es por medio de la represión, métodos que son para disciplinar, para limitar la participación de los trabajadores. La violencia, para nosotros, los trabajadores de prensa, tuvo su máxima expresión en el ataque al compañero Pablo Grillo, un trabajador de prensa que estaba registrando para que la sociedad esté informada de lo que sucedía en la movilización. En ese sentido es muy importante la medida judicial iniciada, para cuestionar el aparato represivo”.

La marcha de cada miércoles

En apoyo a la marcha de jubilados, los grandes sindicatos coparon, por la tarde del miércoles 9, la plaza pero también las calles que rodean al Congreso de la Nación que se encontraba vallado en todo su perímetro. La amplia concentración evitó que se aplique el protocolo antipiquetes, incluso durante la desconcentración que comenzó anticipadamente alrededor de las 17 horas sin disturbios ni violencia. La estrategia policial de este miércoles fue distinta a días anteriores. Las fuerzas de seguridad no se encontraban inmediatamente detrás de las vallas ni enfrentados de cara a los manifestantes, por el contrario estaban diseminados en distintas calles e invisibilizados.

Yasky describió a la marcha “de carácter multitudinario, que va a generar una mayor empatía hacia la causa de los jubilados y jubiladas, sus reclamos por haberes y restitución de medicamentos. También va a tener un efecto positivo sobre los tiempos del Congreso de la Nación, sobre todo en la Cámara de Diputados, donde en la última sesión se logró avanzar al votar un emplazamiento para que la restitución de la moratoria jubilatoria sea tratada rápidamente y dar una solución al problema generado por el gobierno”.

Por su parte, Socolovsky describió a la marcha como “importante y multitudinaria, convocante de diversos sectores y muy representativa”, y sobre esa línea agregó: “Hay una mayor comprensión de que la situación jubilatoria no es un reclamo sectorial con el que solamente hay que solidarizarse. Por el contrario es necesario que su pelea sea asumida como parte de una pelea del conjunto social”.

A su vez se refirió a la importancia que tiene la masividad como forma de frenar el aparato represivo de las distintas fuerzas de seguridad que se hacen presente cada miércoles. “Cuando las movilizaciones son masivas y convocan a múltiples sectores organizados, el dispositivo represivo tiene que replegarse. Esto también hace que sea importante no dejar a ningún sector en soledad y sumar cada vez más movimientos, representatividad y organización para contraponer la fuerza del protocolo antipiquetes. Es generar una respuesta contra dicho aparato y de cuidar a la gente, de darle la confianza de que pueda salir a la calle a manifestarse”, en su opinión la represión no está socavando la participación. Lo mismo puntualizó Yasky: “La presencia de las centrales sindicales acompañado a los jubilados potenció la convocatoria, y ante la multitud el protocolo antipiquetes demuestra la impotencia de querer disciplinar o impedir las movilizaciones populares con represión. Creo que la presencia organizada, masiva y administrada por las organizaciones sindicales impidió que el protagonismo de Bullrich sea otra vez por la represión sangrienta”.

 

“Sentimos el amor impresionante del pueblo”

“Sentimos el amor impresionante del pueblo”

Entre dibujos, música y caminatas asistidas, el fotógrafo Pablo Grillo da señales de recuperación. Mientras tanto, afuera del hospital, su padre Fabián reclama justicia sin eufemismos.

A un mes de la represión en el Congreso que casi lo mata, el fotoperiodista Pablo Grillo (35) continúa internado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires. El pasado 12 de marzo, mientras cubría la movilización de los jubilados de los miércoles, fue impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia por la Gendarmería.

En comunicación con ANCCOM, su padre, Fabián Grillo, brinda detalles sobre el estado de salud de Pablo: “Sigue en terapia intensiva, pero tiene una evolución buena. Lee, escucha música, escribe y dibuja en una pizarra para chicos. Camina un poco, con ayuda de los médicos. Su motricidad fina parece que no fue afectada”.

Contra todo pronóstico y pese al diagnóstico –grave traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica–, Pablo avanza favorablemente. “Por momentos tiene una desconexión, pero los médicos dicen que es totalmente normal por los traumas que tuvo en la cabeza”, afirma su padre.

Respecto a las posibles secuelas neurológicas, según el equipo del Ramos Mejía, aún no pueden determinarse con precisión: si llegaran a aparecer, se sabrá con el tiempo. “Está podrido de estar acá, lo cual es bueno –bromea Fabián sobre el estado de ánimo de su hijo–. La idea es que cuando salga de terapia intensiva haga rehabilitación, pero en otra institución, porque el Ramos Mejía no cuenta con ese sector”.

A propósito de la causa judicial, Fabián Grillo cuenta que avanza con lentitud. La jueza Servini de Cubría está de licencia y la familia de Pablo reclama que todavía no fue confirmada como parte querellante. En las últimas horas se conoció que el gendarme acusado, el cabo Héctor Guerrero, designó como abogados a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi, quien defendió a tres oficiales por el homicidio de Lucas González, finalmente condenados a cadena perpetua en 2023.

Ambos letrados también estuvieron relacionados con el caso de Santiago Maldonado y con el de Revolución Federal, la agrupación involucrada en el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, Sarubbi defendió en 2021 al policía que le disparó a Chano (Santiago Moreno Charpentier), líder de Tan Biónica, mientras este sufría un brote psicótico en su casa. Charpentier tuvo lesiones severas en el bazo, el páncreas, el colon y el riñón.

La familia de Pablo se manifiesta agradecida por el acompañamiento y apoyo desde distintos sectores sociales y políticos. “Se acercaron de todos los partidos menos de La Libertad Avanza. Hablé con (el ministro de Salud porteño) Fernán Quirós hasta con Cristina Fernández de Kirchner. También vinieron de la CGT, de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), de SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires). Sentimos el amor impresionante del pueblo, salvo de la Justicia y del Estado”, destaca.

Este sábado 12 de abril, desde las 14, se realizará un Festival Solidario por Pablo Grillo, organizado por sus familiares y amigos, en la Plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada.

La caminata de Rodolfo

La caminata de Rodolfo

Vecinos y organizaciones sociales de San Vicente realizaron la XV caminata a la última casa del periodista desaparecido Rodolfo Walsh, en la que escribió la Carta Abierta a la Junta Militar. Quieren que sea declarada sitio de memoria y la Cámara Baja bonaerense aprobó su expropiación. Faltan los senadores.

El pasado martes 25 de marzo se realizó en la ciudad de San Vicente la 15º caminata hasta la que fue la última casa del militante, periodista y escritor Rodolfo Walsh antes de su desaparición. Vecinos de la localidad y agrupaciones sociales y políticas se hicieron presentes en este acto con un reclamo como bandera: la recuperación de esa vivienda que fue usurpada hace algunas décadas. El proyecto para su expropiación tiene media sanción en la Legislatura provincial. 

La vieja estación de San Vicente fue testigo en la tarde del martes, una vez más y por decimoquinta ocasión, de una significativa jornada en memoria de Walsh. Las verdes columnas cubiertas de fotos del periodista y escritor, los micrófonos envueltos en pañuelos blancos y con imágenes del fotoreportero -herido por la Gendarmería- Pablo Grillo colgando de sus soportes, y un largo telón rosado que exponía los nombres de aquellos sanvicentinos desaparecidos por la dictadura conformaron la escena. En ese marco, hubo una previa con cantos y poemas de artistas locales que entonaron letras propias y de Walsh antes de caminar hasta la que fue su última casa.  

Este Festival por la Memoria se llevó a cabo en el Predio Ferial Vieja Estación de San Vicente, y fue organizado por la dirección de Derechos Humanos del municipio y la Mesa de Trabajo por la Casa de Rodolfo Walsh, y contó con la presencia, entre otros, de Nicolás Mantegazza, intendente de San Vicente, y de numerosas organizaciones sociales.

 “Continúa la lucha para que Rodolfo Walsh siga vivo en la memoria de nuestros vecinos y que su casa se convierta en un espacio de memoria”, comentó Mantegazza.

Por la calle Rodolfo Walsh, bautizada así hace pocos años, a siete cuadras de la vieja estación, por un camino de piedras, se encuentra el que fue el último hogar del escritor. Allí fue donde con su puño y letra, y alumbrado por un farol de kerosene, Walsh escribió su emblemática Carta Abierta a la Junta Militar, que hoy es documento de incalculable valor para la historia de nuestro país, y símbolo de coraje y lucha contra la última dictadura cívico-militar. 

La denuncia detallada y descarnada incluyó la visionaria mención a los intereses económicos que estaban detrás de los armados golpistas. Se dice que el escritor pensaba firmarla en anónimo, pero finalmente plasmó su nombre completo y número de documento, y la distribuyó entre conocidos el 24 de marzo de 1977, un día antes de su secuestro.

 Un gran grupo de vecinos orgullosos de sus raíces y agrupaciones sociales y políticas recorrió el camino, escoltado por tambores y encabezado por un pañuelo blanco que rezaba «nunca más».  

El 25 de marzo de 1977, en un violento tiroteo, Rodolfo Walsh fue emboscado por un grupo de tareas en la esquina de San Juan y Entre Ríos, y llevado a la Escuela de Mecánica de la Armada. Su cuerpo jamás apareció, y desde entonces se lo recuerda por su incansable labor como escritor, periodista y militante de la agrupación Montoneros.

Luego de que allanaran su residencia en el Tigre, Walsh se recluyó en esta ciudad junto con quién fue última pareja, Lilia Ferreyra, en un lugar que debía estar alejado de la estación de trenes y de miradas indeseadas. “Él buscaba un lugar tranquilo y, sobre todo, con agua”, contó a ANCCOM María Elena Donadío, una docente sanvicentina y miembro fundadora de la caminata, haciendo referencia a la costumbre que tenía el escritor de disfrutar de tardes de pesca. La tranquilidad de un cómodo y verde espacio junto a la Laguna de San Vicente, fue el sitio idóneo para Walsh.

En aquella casa vivió seis meses, escapando de un gobierno que lo perseguía. Encontró en la ciudad un perfecto lugar de exilio interior. La adquirió bajo una falsa identidad, Norberto Freyre y llevaba el boleto de compraventa del terreno con esa firma en su maletín el día que fue emboscado. Y no fue sino hasta hace tan solo quince años que se pudo conocer su existencia. Desde entonces, una incansable agrupación de derechos humanos, liderada por docentes sanvicentinos, no ha parado de insistir para que se reconozca aquel lugar como un sitio de memoria, reflexión y homenaje. “Nosotros tomamos el compromiso de reconstruir la historia y la memoria, porque el pasado estaba”, dijo María Elena. “Nos formamos, construimos varios espacios, trabajamos con el pueblo y distintas organizaciones para que se visibilice que en San Vicente vivió Rodolfo Walsh”.

Falta el Senado

Tres veces se presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de expropiación para recuperar el lote y declararlo «Bien de Interés Histórico Cultural de la Provincia de Buenos Aires», siempre con la consigna de que la casa se pueda convertir en un lugar de memoria y homenaje a la figura del escritor. “Hubo dos proyectos anteriores en la Legislatura provincial, pero perdieron estado parlamentario. Este último sería el tercero, presentado por el Frente de Izquierda, y por primera vez conseguimos la media sanción”, contó a ANCCOM Mariana Meza, Directora de Derechos Humanos del Municipio de San Vicente y actual organizadora del evento.

Ante el fracaso de los dos primeros proyectos, la diputada Laura Cano (PTS-FITU), insistió el pasado octubre y consiguió la media sanción. “Falta que el Senado le dé la otra media sanción”, comentó Cano. “Estamos comunicándonos con algunos legisladores, sobre todo de Unión por la Patria, para que presionen. Si quisieran, lo sacan el 3 de abril”, agregó. Cano comentó que “en el aniversario de la desaparición y asesinato de Rodolfo Walsh, y en medio de este contexto nacional con una fuerte impronta negacionista, avanzar en la expropiación sería un logro muy importante”.

Para Donadío “no es una expropiación, es una recuperación, y los que viven ahí son usurpadores». La misma noche de la desaparición de Walsh, un grupo comando de La Plata ubicó la casa por el boleto que él llevaba en su maletín y la balearon. Ese grupo de tareas saqueó todo, se llevaron todas sus pertenencias e incluso algunas obras inéditas. Luego, la vivienda fue usurpada.

“El subcomisario Sala se apropió del lugar después de participar en el secuestro de Rodolfo y hoy su familia vive en la casa», contó Donadío. Se refiere a Rubén Oscar Sala, quien fuera subcomisario del destacamento de Alejandro Korn, sospechoso de participar en el secuestro de Walsh, tomó posesión del lugar. Años después de lo sucedido, ya en democracia, Patricia Walsh, hija del escritor, se acercó y se encontró con María Sala, hermana del policía, que le aseguró que no la iban a poder sacar del lugar.

“Al día de hoy siguen ahí los parientes”, comentó Mariana Meza. “Tuvimos un pequeño acercamiento hace dos años con un par de visitas, pudimos hablar con una de las hermanas de él y ella nos contó otra historia de lo que pasó”. Lo que ellos dijeron a las autoridades municipales es que encontraron de casualidad el lugar, una pequeña casa deshabitada y, por la humilde situación en la que vivían en ese entonces, decidieron habitarla con su madre.

“Ella sabe de esta historia, pero está enojada con la comunidad porque piensan que ellos son asesinos y genocidas, pero son vecinos que pertenecen incluso a la comunidad católica local”, contó Meza. Sin embargo, igualmente desconocen que sea la casa que habitó Walsh, por lo que decidieron no seguir entablando conversaciones con las autoridades del municipio.

Si bien se consiguió hace algunos años que se considerase la casa como patrimonio cultural de San Vicente, el reclamo sigue pendiente, y cada año que pasa se hace más fuerte. “Desde el municipio se ha hecho todo lo que se podía hacer, pero sin el respaldo jurídico no vamos a poder seguir avanzando”, declaró el intendente Mantegazza. “Ver una plaza llena de familias y de jóvenes, nos llena de esperanzas en este contexto en el que en el país se quieren instalar discursos de negacionismo y la vieja historia de los dos demonios”.

La caminata del 25 de marzo se ha convertido para los sanvicentinos en una jornada de reunión y de memoria, y la han transformado en un espacio de reclamo artístico, acompañado de tambores, poetas, cantantes y artistas que le ponen color. «Rodolfo Walsh presente, ahora y siempre», fue el grito que coronó la jornada frente a la casa, un terreno ubicado en lo profundo de San Vicente y cubierto por un alto arbusto y frondosos árboles, como ocultando su interior de las miradas de quienes marchan todos los años hasta ella.  

«Esta es la caminata número quince. Empezamos ocho personas. Y desde ese momento, no lo pensamos, pero fueron apareciendo las Madres, apareciendo los hijos, y seguimos con la esperanza de que la casa de Rodolfo Walsh sea de la ciudad de San Vicente», cerró Donadío. 

10 años de derechos humanos: del consenso democrático a la avanzada negacionista

10 años de derechos humanos: del consenso democrático a la avanzada negacionista

La Argentina se había convertido en un país ejemplar por el juzgamiento a sus genocidas y sus políticas de memoria. Sin embargo, desde la asunción de Milei se demanteló la Secretaría de Derechos Humanos y se intenta justificar la dictadura. También hay retroceso en los derechos indígenas.

“Siempre hay avances y retrocesos”, reflexiona Estela Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo. Hace diez años esta agencia de noticias publicaba lo que fue su primera nota periodística, un 24 de marzo, el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Desde ese momento hasta la actualidad, el campo de los derechos humanos ha sido atravesado por diversas aristas, pero su defensa nunca ha decaído. Los casos de los pueblos originarios y la lucha –más vigente que nunca- por el Nunca Más.

Los derechos en disputa

La década comienza con dos acontecimientos que resultaron cruciales para la democracia reciente: por un lado, el intento de la aplicación del 2×1; y, por otro lado, la desaparición de Santiago Maldonado.

El primero consistía en el beneficio de reducir la pena de prisión de todas aquellas personas que recibieron cárcel preventiva durante más de dos años. Esta normativa fue aprobada por primera vez en 1994 pero derogada en el 2001. Sin embargo, durante el gobierno de Mauricio Macri, y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN), se intentó volver a instalar. Pero la negativa de la sociedad fue contundente, ya que pretendía aplicarse a quienes recibieron condenas por haber cometido delitos de lesa humanidad. En poco tiempo, Plaza de Mayo se llenó de pañuelos blancos bajo un cántico común: “Madres de la Plaza, el pueblo las abraza”. Al respecto, Carlotto recuerda: “El masivo no al 2×1 a los genocidas, en 2017, fue un hito importante que marcó un límite a la impunidad y expresó un amplio acuerdo de la sociedad. Los derechos siempre están en disputa. Hay que luchar por ellos y luego defenderlos”.

Marcha en repudio al intento de aplicacion del 2×1 para condenados por delitos de lesa humanidad. 

 10/05/2017

Poco tiempo después, el 1 de agosto del mismo año, otro suceso entró en agenda. En la provincia de Chubut, en Cushamen, se estaba llevando a cabo un corte de ruta, enmarcado en la lucha por las tierras ancestrales ocupadas por la comunidad mapuche. Sin embargo, efectivos de Gendarmería Nacional, intentaron, por medio de la fuerza, desconcentrar la manifestación. Entre los convocados, se hallaba Santiago Maldonado, quien, tras el hecho, estuvo desaparecido por más de 70 días hasta que fue encontrado sin vida en el Río Chubut, lugar que ya había sido previamente rastrillado. Según lo que sostenía la autopsia, su fallecimiento fue provocado por ahogamiento por sumersión en el agua “coadyuvado por hipotermia” y se determinó que su cuerpo siempre había permanecido “debajo del agua y no en otro medio”. Posteriormente, en el 2018 se cerró la causa al determinar que la muerte de Santiago fue “accidental sin responsables”. Frente a ello, los reclamos de familiares y conocidos se hicieron presentes, especialmente el de su hermano, Sergio Maldonado. Desde las primeras declaraciones, aseguraron que no se realizó una investigación exhaustiva sobre lo ocurrido y denunciaron que se trató de una desaparición forzada en medio de una represión en pleno gobierno democrático.

Sergio Maldonado, Nora Cortiñas y Adolfo Perez Esquivel durante una concentración en Plaza de Mayo, exigiendo la aparición de Santiago Maldonado. 11/08/2017

Derecho al reconocimiento

Aquella bandera por la que luchaba Santiago Maldonado en defensa del reconocimiento de las comunidades originarias continúa siendo un campo de batalla. Para este grupo “lo que tiene que ver con el acceso y el reconocimiento de la propiedad comunitaria de la tierra hay una gran deficiencia. El Estado no ha tomado las decisiones legislativas que sean necesarias para reconocer la propiedad colectiva de la tierra y que estas comunidades puedan acceder a sus territorios con servicios básicos de salud y de alimentación”, sostiene Sol Hourcade, coordinadora del área de Memoria, Verdad y Justicia del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).

A mediados de 2023, en Jujuy, un intento de reforma constitucional de dicho territorio, llevada a cabo por el gobierno provincial de Gerardo Morales, puso en evidencia las condiciones de desigualdad que atravesaba el sector. Entre las modificaciones se hallaba la habilitación del desalojo de tierras pertenecientes a las comunidades originarias, pese a su carácter ancestral, y la utilización del agua para el extractivismo del litio, que produce en las comunidades la escasez de este bien esencial para la vida. Sin embargo, resistieron, dando a luz al Tercer Malón de la Paz, una marcha encabezada por comuneros y comuneras del norte argentino con el objetivo de hacer valer sus derechos y visibilizar su lucha. Así, su reclamo se extendió a otras provincias del país con la finalidad de visibilizar la problemática y que la CSJN y el gobierno nacional de Alberto Fernández se pronuncien al respecto. Aunque tras más de cuatro meses de reclamos, retornaron a sus territorios sin respuestas.

En este contexto, Hourcade destaca que ha habido “decisiones o actuaciones de la CSJN que de alguna forma fallan en garantizar la vigencia de los derechos humanos”. De esta manera, se refiere al Caso Lhaka Honhat. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha fallado a favor de las comunidades originarias del norte argentino, al establecer que estas tienen derecho a su propiedad ancestral en Salta. Así, el fallo marcó un hito importante para la lucha de los pueblos originarios por sus derechos, ya que es la primera vez que la Corte dicta una sentencia sobre la propiedad ancestral en nuestro país y que se pronuncia por una disputa territorial de esas dimensiones. No obstante, hasta el día de hoy no se ha implementado. Asimismo, la integrante del CELS habla sobre otro caso de la misma índole: “Más recientemente la CSJN ha dejado sin efecto una sentencia que reconocía la propiedad comunitaria de tierras por parte de la comunidad indígena originaria Ranquehue y eso también resulta muy preocupante.”

Justicia y memoria

En el otro extremo se encuentran los juicios por delitos de lesa humanidad. Desde un primer momento, cuando en 1985 se realizó el Juicio a las Juntas Militares, la Argentina ha sido un país pionero en el mundo a la hora de juzgar los crímenes cometidos durante la dictadura. Así lo señala Carlotto: “Ha sido un proceso altamente positivo para la democracia. Los genocidas fueron juzgados, y lo siguen siendo, porque los juicios continúan, por tribunales ordinarios, como no pasó en ningún país del mundo. Las familias, las víctimas, los sobrevivientes, la sociedad toda, ha sanado un poco de tantas heridas gracias a la justicia.” Según datos provistos por el Ministerio de Justicia de la Nación, hasta la fecha se llevaron a cabo un total de 354 juicios con sentencia, donde más de la mitad han ocurrido en la última década. Al mismo tiempo, la presidenta de Abuelas destaca la envergadura que estos tuvieron para las víctimas: “Los juicios fueron para miles de personas la primera oportunidad que tuvieron de contar los hechos traumáticos que atravesaron. En todo el país, en cada provincia, los juicios suscitaron la reflexión y la memoria sobre lo acontecido.”

Además, al calor de otras luchas, como la encabezada por el movimiento feminista, los delitos sumaron otras tipificaciones. En este sentido, Ana Ríos, de la organización Nietes, señala que es fundamental poder evidenciar que la dictadura tuvo un objetivo político, es decir, la implementación de un modelo social, político y económico. Así, indica que “hubo personas que desaparecieron por su identidad de género y su condición sexual, porque ese modelo económico también implicaba un modelo de relacionarse socialmente y por eso además se habla de una dictadura cívico-eclesiástica- militar, porque se quería reproducir un modelo de familia cis heteronormativa, patriarcal y la gente que iba en contra de eso también era atacada sistemáticamente.” De este modo, el juicio “Brigadas”, cuyo veredicto se dio a conocer el año pasado, fue histórico: posibilitó que por primera vez mujeres trans declararan como víctimas del terrorismo de Estado y así dar cuenta sobre los crímenes específicos que sufrió este colectivo durante la dictadura.

“Memoria y justicia son términos inescindibles”, afirma Carlotto sobre estos dos pilares de la democracia. Y añade: “Cuando hablamos de justicia no sólo hablamos de genocidas condenados. La justicia, la reparación, son algo más amplio. Se trata de poner a la luz lo que la dictadura quiso borrar.” Al respecto, Hourcade asegura que “la memoria existe más allá de la justicia. La memoria es social, es colectiva, traspasa generaciones. Pero más allá de eso, el Poder Judicial tiene un rol muy importante en garantizar la memoria a través de sus investigaciones y causas judiciales, y así aportar a la memoria histórica los hechos que han ocurrido, que constituyen graves violaciones a los derechos humanos y que tienen trascendencia social”. “Los últimos 10 años -dice Carlotto- han sido un período de enorme reconocimiento a una historia silenciada por la impunidad. Tenemos derecho a la memoria, además, sin ella, ¿qué justicia perseguiríamos?”

Protesta de trabajadores y trabajadoras por los despidos masivos y el desfinanciamiento de la Secretaria de Derechos Humanos.  07/02/2024

Hay futuro

Poco a poco, de aquellas mujeres que salían de sus hogares, recorrían juzgados en plena dictadura y hacían “las rondas de Plaza de Mayo” con el fin de saber dónde estaban sus hijos y nietos desaparecidos, van quedando cada vez menos. Y es aquí donde la juventud comienza a cobrar importancia para sostener lo que ellas construyeron, sobre todo en un contexto en donde el negacionismo se convierte en política de Estado y avanza contra las políticas de memoria. “Casi no quedamos Abuelas -sostiene Carlotto-, pero están los y las nietas restituidas y las familias que buscan a sus seres queridos junto con nosotras.” Y afirma: “Nos sentimos muy acompañadas y con la garantía de que la lucha va a continuar, aunque nosotras no estemos. Y los nietos y nietas hoy son mayoría en nuestra Comisión Directiva, aunque como siempre les digo, medio en broma, medio en serio, es que mientras haya una abuela, manda la abuela”.

Además, Ríos expresa la importancia de hablar con la juventud sobre la dictadura, aunque para esta parezca nada más un capítulo en los libros de Historia. “Seguimos insistiendo con construir memoria sobre un hecho que no se vivió o sobre donde no opera el recuerdo, pero creemos que es importante hablar de memoria porque esta, a diferencia de la historia, implica una dimensión activa del sujeto, traer a significar algo del pasado de lo cual uno formó parte. Y nosotros creemos que esta historia que tenemos desde nietos, por ser familiares, no es nuestra historia por ser nietos. Es la historia de todo un pueblo”, sostiene la integrante y señala que es fundamental terminar con “el quiebre en la transmisión transgeneracional», ya que, según ella, “es muy difícil que entre generaciones se pueda hablar de lo que pasó. Las generaciones anteriores están muy amedrentadas y disciplinadas por todo lo que ocurrió. Entonces muchas no hablan del tema y los pibes generalmente mayoritariamente se enteran de la última dictadura por la escuela y hay una generación que desconoce lo que pasó”.

Para los tiempos que corren, donde el gobierno de Javier Milei niega los crímenes de la dictadura y los derechos de las comunidades originarias continúan sin ser garantizados, “les jóvenes tienen un rol clave en el reclamo de la efectiva realización de todos los derechos humanos. La juventud trae nuevas preguntas, miradas y estrategias”, dice Hourcade. En sintonía, Carlotto concluye: “La juventud es protagonista y mantendrá encendida la esperanza”.