La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos De Córdoba denunció al ministro de seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, al jefe de Policía local, Leonardo Gutiérrez y a la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal en la marcha del 20 de diciembre. En vez del uniforme de la fuerza, la mujer -que tomaba fotografías- utilizaba chaleco de prensa.

La manifestación contra el gobierno de Milei y posterior represión policial del 20 de diciembre en la provincia de Córdoba contó con un elemento adicional: horas antes del inicio del cacerolazo una oficial de esa fuerza se infiltró como periodista. La APDH hizo la denuncia penal por inteligencia ilegal.

La primera protesta con ruido de cacerolas en la ciudad Capital de Córdoba, frente al céntrico Patio Olmos, había sido convocada por el Polo Obrero con el objetivo de recordar los hechos del 19 y 20 de diciembre de 2001, y también para rechazar las medidas tomadas por el presidente Javier Milei. Esa misma tarde del cacerolazo, previamente a la represión por parte de la policía local, hubo tareas de inteligencia hacia los manifestantes, una acción explícitamente prohibida por la ley.

Fueron algunas de las personas que estaban marchando las que detectaron que una persona tomaba fotos con la cámara de un celular, usando un chaleco beige que en la espalda llevaba escrito en grandes letras negras “prensa”. Pero no era una fotoperiodista. Un manifestante le consultó a qué medio pertenecía y ella respondió “prensa independiente”. Con el correr de las horas, con los videos de la marcha que se viralizaron, varios usuarios detectaron que la mujer de chaleco beige se llamaba Claudia Susana Melián Aranibar y que es miembro de la Policía de Córdoba.

Cerca de las 22, los manifestantes superaban los 3.000 y como la plazoleta donde estaban les quedó chica, bajaron a la calle. Fue el inicio de la represión que incluyó palazos, gases e incluso balas de goma. Hubo cinco detenidos, entre ellos el periodista Rodrigo Savoretti, del sitio Enfant Terrible.

Antes del inicio de la feria judicial de verano, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) realizó una denuncia contra el ministro de seguridad de la provincia de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, el jefe de Policía de Córdoba, comisario general Leonardo Gutiérrez y la sargento primero Claudia Melián Aranibar, a quienes acusó de haber realizado inteligencia interior ilegal. La acusación quedó formalizada ante el fiscal Luis Fernando Micheli. Por su parte, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Córdoba también presentó una querella en igual sentido.

Guillermo Torremare, presidente de la APDH Nacional, dialogó con ANCCOM y señaló que la infiltración policial viola tres leyes nacionales. “Un funcionario policial se infiltre en una movilización popular, ocultando su rol de policía y haciéndose pasar por un periodista, es contrario a la Ley de Inteligencia, de Seguridad Interior y de Defensa”, expresó. También destacó que podría configurar otros delitos del Código Penal, como el abuso de autoridad y el incumplimiento de deberes de funcionario público. 

Torremare remarcó que “las fuerzas policiales se meten en movilizaciones presumiendo que tienen algún contenido delictual que ellos deben prevenir o custodiar, lo cual es contrario al actuar policial, por eso denunciamos para que se investiguen estas conductas”.

Por otro lado, indicó que la denuncia fue presentada y que próximamente “la justicia va a disponer algunas medidas”. El objetivo de iniciar el camino de la querella legal es que “se censure judicialmente todo tipo de acción de inteligencia policial sobre movimientos de derechos humanos, movilizaciones populares que se expresan frente a cualquier hecho concreto”.

A su criterio, la inteligencia policial tiene que estar destinada a prevenir el delito en aquellos ambientes en los cuales se presume que se pueden cometer delitos. “Las movilizaciones populares no son ambientes donde se presume que se pueden cometer delitos, por eso a nuestro juicio estas acciones están encaminadas a criminalizar protestas, reclamos, marchas”, indicó.

“Queremos que las fuerzas de seguridad y la política sean respetuosas de los derechos de las personas a manifestarse con absoluta libertad y sin ser espiados; cuando se da este tipo de espionaje se vulneran derechos elementales de las personas a participar y a expresarse. En un país donde existe libertad de conciencia y donde estos derechos están garantizados, el Estado no puede tomar estas medidas como las que nosotros estamos denunciando”, afirmó Guillermo Torremare.

Reiterada mala costumbre

No es la primera vez, y probablemente no será la última, que alguna fuerza policial o de seguridad viola la legislación vigente para realizar tareas de inteligencia interior.

La Comisión Provincial por la Memoria, cuya mesa integra Torremare, ha denunciado tareas de inteligencia ilegal en perjuicio de familiares de la Masacre de Monte y de familiares del joven Germán Gómez en julio de 2019, encontrado muerto en la comisaría de Alejandro Korn. También de Lucas Verón, cuando en el transcurso del juicio realizado en la Universidad de La Matanza de jurisdicción federal, policías bonaerenses fotografiaron a familiares y referentes de organismos de derechos humanos y sociales que acompañaron el juicio. 

En la Policía Federal nunca fue desmantelada la sección Cuerpo de Informaciones a la que pertenecía el agente Américo Balbuena, condenado por espionaje tras haber estado infiltrado una década en la Agencia de Noticias Rodolfo Walsh. A la misma división pertenecía el espía Iosi Pérez, infiltrado en la AMIA, la mutual de la comunidad judía, cuya historia fue recogida por el libro de Miriam Lewin y Horacio Lutzky, y luego por una serie de Netflix. 

El macrismo fue especialmente propenso a cruzar la línea de la legalidad para espiar, por ejemplo, a los familiares de las víctimas del hundimiento del submarino ARA San Juan. Sin embargo, desde el libro Azul del ex ministro del Interior Carlos Corach en adelante, pasando por el espionaje de Gendarmería Proyecto X en 2011, en todas las administraciones hubo uniformados espiando a quienes se organizan, protestan y reclaman. El gobierno de Pablo Llaryora, en Córdoba, no parece ser una excepción.