La Ley de Emergencia de Discapacidad avanzó un casillero

La Ley de Emergencia de Discapacidad avanzó un casillero

El proyecto de Ley de Emergencia de Discapacidad logró dictamen favorables en comisiones y ahora pasará al recinto para que lo voten los diputados. Una importante marcha de personas con discapacidad, sus familiares y los trabajadores que lo asisten marcharon al Congreso para exigir su aprobación. Si se sanciona la norma, ¿Milei la vetará?

 

 

Agrupaciones sociales, personas con discapacidad, sus familiares y trabajadores que los asisten, se concentraron frente a la puerta del Congreso para exigir por la aprobación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuyo dictamen en comisiones se debatía en el Palacio Legislativo. De aprobarse finalmente la norma,  podría significar un hito para uno de los sectores más vulnerables de la sociedad y es por ello, que desde las 11 de la mañana del martes, la Avenida Rivadavia se colmó de personas, carteles y un fuerte deseo en conjunto: «¡Que sea ley!”

Daniel Arroyo, diputado nacional de Unión por la Patria, quien es el autor del proyecto de Ley de Emergencia en discapacidad, subrayó la importancia de su aprobación: “La ley actualiza el nomenclador que está totalmente desfasado, las personas con discapacidad no están accediendo a los servicios básicos, ni a las pensiones y están siendo maltratadas por el gobierno. Lo que estamos buscando con esta ley es que se actualice el nomenclador, se resuelva el tema del maltrato y organice las pensiones como hoy no están organizadas. Si logramos que las comisiones de Presupuesto, Discapacidad y Salud lo dictaminen, nos quedará un cuarto paso: que sea ley cuando vayamos al recinto a votar”, indicó.

No obstante, las personas con discapacidad no son los únicos perjudicados con esta problemática, ya que quienes trabajan con el objetivo de ayudarlas reciben salarios demasiado bajos. Florencia Poletto es testigo de esta situación y así lo comunica: “Soy una de las directoras del equipo Khlpu. hacemos inclusión escolar, lo que implica que haya un profesional de apoyo que acompañe a un niño en el aula, para que lo ayude con lo conductual, social y comunicacional. Estamos acá para apoyar La ley de Emergencia en Discapacidad, una norma que pone en emergencia al sector donde es necesario que revean y que se active el presupuesto para los talleres protegidos. Las prestaciones quedaron desfasadas con respecto a la inflación”.

“El último aumento -agrega- fue en diciembre, del 1%. Así, una profesional que va a una escuela está ganando 307.000 pesos y por eso es muy difícil conseguir que asistan profesionales todos los días. Cada vez está más difícil, la normativa exige que las especialistas vayan un mínimo de 2 veces por semana. Eso se traduce en que las familias deben poner un plus, pero lo que se pierde es la universalidad de la ley”.

De esta forma, se puede observar cómo todas las personas que participan directa o indirectamente en la discapacidad, están siendo afectados al no disponer de una ley que ponga de manifiesto estas situaciones. Además, el sector está viviendo uno de los peores momentos de su historia en la Argentina.

Gabriela Troiano, exdiputada nacional e integrante de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, habla sobre este asunto. “El sector atraviesa una etapa más difícil que en el gobierno de Macri, la situación es tan angustiante que se necesita un tipo de ley así. Necesitamos poder acceder a los tratamientos, a la educación, estamos hablando de prestaciones que tienen fijo su monto desde el año 2023, y de una auditoría de pensiones no contributivas, donde se giran las cartas de notificación a domicilios que no son los de las personas con discapacidad. Se cambian los domicilios donde se va a realizar la auditoría, se ponen profesionales que no son expertos en discapacidad y el tiempo que se les da para llevar sus estudios no existe”.

Por otro lado, agregó: “Piden estudios a personas que tienen patologías genéticas que no van a cambiar, le piden estudios actualizados. Se está involucionando en el sistema, te diría que a prácticas de la época de la dictadura militar”.

Incluso, la posibilidad de una vida digna se encuentra en juego para las personas con discapacidad. Claudia D´Ippolito, presidenta de la Asociación Angelito Déficit de L-Carnitina, relata lo que atraviesan las personas con discapacidad y los trabajadores. “El tema es muy grave, porque más allá de la situación económica que ha llevado al caos en el sector, nos encontramos con una asignación muy baja y una pensión paupérrima. Y mucho peor los honorarios que cobran los trabajadores en los talleres protegidos (establecimientos asistenciales que brindan tratamiento a través de un abordaje interdisciplinario que busca la integración social y autonomía personal del paciente) a quienes les están pagando 28.000, pero están sin cobrar desde enero.  Y hay obras sociales que no autorizan tratamientos, no se sabe cuándo lo autorizarán”, sostuvo.

Por otra parte, las auditorías representan un problema muy grande para aquellos que tienen algún tipo de discapacidad. D´Ippolito lo detalla: “Hay un desastre en las auditorías; están convocando a muchísimas personas en el mismo horario. Se habló con la directora de pensiones, nos ofrecimos para ayudar y organizar, pero realmente es todo un caos. Es el auditor el que debe ir a la persona, no la persona a la auditoría, donde han pasado días de 47 grados o días de lluvia, y no hay soluciones.”

Ella concluyó: “Se podría auditar por un lado y dar el aumento del nomenclador por otro, desde diciembre no tenemos aumento. La inflación continúa y todos tenemos que pagar monotributo o pagar autónomo, acá es una cuestión de pagar, pero nunca de cobrar, nunca de que estemos bien el sector de discapacidad. Las personas con discapacidad somos las mayores perjudicadas del sistema”.

Por lo pronto, después de varias horas del plenario de comisiones se logró emitir el dictamen positivo para dictar la emergencia en discapacidad. Ahora lo tendrá que tratar la Cámara baja, y, de aprobarse, pasaría al Senado.

Donde hay una necesidad, nace una deuda

Donde hay una necesidad, nace una deuda

Investigadores e investigadoras de universidades nacionales y de Latinoamérica junto a algunas organizaciones sociales se reunieron para pensar un proyecto de ley para el desendeudamiento de las familias. Según los especialistas los sectores más afectados son las mujeres y personas con responsabilidades de cuidado. El impacto del costo de los medicamentos y alquileres.

Con la idea de diseñar un proyecto de ley integral que tenga como objeto principal el desendeudamiento de las familias, el diputado nacional Daniel Arroyo inició un seminario junto a especialistas y académicos de Argentina, Brasil y Chile. Participaron del intercambio representantes de la Universidad de Estado de Río de Janeiro y de la Universidad Central de Chile e investigadores de la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL), el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), las universidades nacionales de Buenos Aires (UBA),  de San Martín y General Sarmiento, entre otros. Durante su intervención Ariel Wilkis, autor del libro Una historia de cómo nos endeudamos sintetizó la problemática: “Cuando hay una necesidad ya no hay un derecho, hay una deuda”.

Costos fijos altos, créditos bajos y tasas usurarias

“Alguien que saca un crédito de 200 mil, no puede devolver más del doble”, denuncia el diputado nacional Daniel Arroyo durante su exposición.

Entre el tintineo de las tazas de café, las jarras de agua sirviendo, las lapiceras escribiendo y las páginas de los cuadernos dando vueltas, comenzó el seminario con la idea presentada por Wilkis: “La hipótesis que estamos trabajando y pensando hace tiempo es que múltiples malestares sociales, políticos y subjetivos, tienen conexiones con dinámicas de endeudamiento, sin necesidad -y esto es importante- de que el endeudamiento sea el desencadenante”.

El trabajo realizado por el autor y decano de la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales de la UNSAM, se complementa con las estadísticas realizadas por el CELS en conjunto con el Ministerio de Economía de la Argentina sobre el endeudamiento, en particular, del crédito informal. Soledad Villafañe, investigadora de la CEPAL en diálogo con ANCCOM explica que esta nueva estadística “complementa la del Banco Central porque la del Banco Central solo mide el atraso del pago de las deudas de las personas que se endeudaron en el sector formal”.

 

Arroyo entiende que el endeudamiento generalizado es un fenómeno de varios años en la Argentina que se agravó con el aumento de los costos fijos como luz, gas, agua, alimentos y transporte. En referencia al gobierno actual de Javier Milei expresa: «El gobierno, para mí, es nada de Estado y todo el mercado, a lo bestia. Eso en términos prácticos generó tres efectos que aumentaron el endeudamiento”. Entre los efectos que nombra, en primer lugar, está el aumento de las tarifas y los servicios básicos. En segundo lugar, la caída del ingreso de las Pymes, del trabajador formal y del que hace “changas”. Por último, menciona el decreto 70/2023 que desregula, entre otras cosas, la tasa de interés de las tarjetas de crédito. “Eso alteró todo el sistema porque ahora el banco te cobra la tasa de interés que quiere. La financiera de la esquina, lo mismo. Ese decreto es brutal y absurdo. No hay país en el mundo que no fije una tasa de interés”, explica el diputado Arroyo.

“Muchas personas –agregó Villafañe- desconocen el historial crediticio. No saben porqué de pronto se encuentran en el veraz. La situación de encontrarse en el veraz te excluye automáticamente de todo el sistema formal y de todo el endeudamiento que tiene menores costos”.

El 70% de los hogares de menores ingresos donde la mujer es el principal sostén y no hay otro cónyuge, recurrió a financiamiento en el último mes. Además, el 54 % de los hogares recurre a crédito mientras que el porcentaje aumenta al 60% cuando son de menores ingresos.

Cuestión de género

El endeudamiento de las familias es mayor en el caso de los hogares monomarentales y está directamente relacionado con los trabajos de cuidado. Según el Primer Informe del Equipo de trabajo de la CEPAL y el Ministerio de Economía de la Argentina sobre endeudamientos, géneros y cuidados, el 70% de los hogares de menores ingresos donde la mujer es el principal sostén y no hay otro cónyuge, recurrió a financiamiento en el último mes. Además, el 54 % de los hogares recurre a crédito mientras que el porcentaje aumenta al 60% cuando son de menores ingresos.

La investigadora del Conicet, Sol Prieto, profundiza: “Estos hogares monomarentales, son deudores en todos los sentidos financieros, especialmente informales pero son acreedores en términos alimentarios: el 68 % de los hogares monomarentales no recibe la cuota alimentaria en tiempo y forma y eso se distribuye en un 12% que recibe de manera esporádica lo que le parece al progenitor y un 56% que no recibió nada en los últimos seis meses”. Además, según la investigadora del Conicet el 58% se endeuda con las familias, lo que puede desembocar en un costo social muy alto que en casos de violencia de género deja a la víctima en un mayor aislamiento.

Durante el seminario se nombraron otros sectores sociales e intersecciones que generan un mayor índice de la vulnerabilidad financiera. En particular, aquellas personas sobre las que recae la responsabilidad del cuidado y que están a cargo de adultos mayores, personas con discapacidad o con algún problema de salud mental. El ajuste a las jubilaciones, el retiro de los medicamentos gratuitos para personas mayores y las bajas en las pensiones por discapacidad, fomentan la espiral de endeudamiento que asumen las personas a cargo del cuidado. Esto repercute directamente en su salud mental y física, conlleva costos emocionales y síntomas psicosomáticos.

En el caso de las fintech o las fuentes de crédito digitales, el perfil de los deudores suele ser mujeres, jóvenes y/o trabajadores informales.

Perelman aporta sumando otro actor de gran vulnerabilidad financiera que son los inquilinos por su situación de mayor precariedad en el derecho al acceso a la vivienda: “Nuestra investigación apuntó a mostrar que ese no atraso en el pago del alquiler en realidad estaba encubierto por una deuda que tenía origen de ser una deuda habitacional pero que se había transformado en una deuda financiarizada de diferentes formas”.

Hacia un proyecto de desendeudamiento de las familias argentinas, Arroyo en diálogo con ANCCOM, afirma que el proyecto debe contar con tres elementos clave: un tope a la devolución y la tasa de interés, un mecanismo para que distintos sectores puedan reducir o bajar el nivel de endeudamiento y un sistema de crédito productivo viable para pequeños emprendedores.

Un pasaje a la salud

Un pasaje a la salud

Niños, niñas y adolescentes de todo el país ven complicado su acceso a tratamientos médicos debido a las dificultades económicas para trasladarse. Un proyecto de ley busca instaurar el boleto sanitario para garantizar su derecho a la salud.

“Estamos hablando de un derecho de niños, niñas, adolescentes y un acompañante a tener gratuito el boleto para ir a hacerse el tratamiento médico correspondiente”, afirmó el diputado nacional Daniel Arroyo, durante la presentación del proyecto de ley en el Congreso.

La iniciativa, surgida de la sociedad civil, concretamente de la Red Boleto Sanitario Ya, busca garantizar el acceso a servicios de salud para niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. “No es un debate ideológico, es pura justicia y pura racionalidad”, destacó Arroyo.

El proyecto aborda las dificultades que enfrentan las familias para trasladarse a centros de salud, especialmente en casos de enfermedades crónicas o tratamientos prolongados, y nació de la propia experiencia cotidiana de trabajadores sociales y profesionales de la salud y de la justicia.

El Boleto Sanitario alcanzaría a niñas, niños y adolescentes de hasta 18 años de edad más un acompañante, y se aplicaría a recorridos nacionales, provinciales y municipales de corta, media y larga distancia. Para su acceso, está prevista la creación de un registro nacional, donde las personas deberán inscribirse presentando el certificado de salud.

De la presentación, realizada este lunes 26 de agosto, participaron además representantes de la Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED), la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes, profesionales de los hospitales Garrahan y Gutiérrez, colegios de trabajadores sociales, el Frente por la Niñez y organizaciones defensoras de derechos de las infancias.

El alcance y las características del proyecto suscitaron el intercambio entre los asistentes. Mauro Stefanizzi, miembro de la AAdED, remarcó las dificultades que enfrentan las familias que deben trasladarse largas distancias para recibir atención médica, especialmente aquellas que residen en provincias alejadas de los principales centros de salud. “Como las que viven en Chaco, San Luis, Misiones, y tienen que viajar al Garrahan –precisó–. La mayor cantidad de hospitales se concentran en el conurbano bonaerense”.

Soledad Arce, también integrante de la AAdED, relató su experiencia personal: «Soy mamá de Joan, un nene de 6 años electrodependiente y vivimos las dificultades a diario. Tener una obra social no garantiza el traslado, y muchas veces se prioriza salvar la vida de nuestros hijos. Agradecemos que se esté planteando este proyecto, ya que los recortes y la falta de adaptaciones en el transporte complican aún más nuestra situación».

Luciana Escati Peñaloza, directora de la Federación Argentina de Enfermedades Poco Frecuentes (FADEPOF), aportó datos sobre la complejidad de las diversas patologías: «Estamos hablando de 5.885 enfermedades distintas clínicamente definidas, según lo reconoce el Estado Oficial del Ministerio de Salud de la Nación».

Por su parte, Anina Cabrera, de la Asociación Sin Fronteras a la Discapacidad (ASFAD), enfatizó: «No puedo dejar de contextualizar la situación política a nivel nacional, ajuste en discapacidad, salud, transporte, creo que es clave y es una cosa que hay que debatir».

Marcelo Kowalczuk, en representación de los trabajadores sociales del conurbano bonaerense, advirtió: «En los distritos, en los municipios, tenemos muchas zonas que según el horario no tenemos circulación de vehículos de transporte público».

Laura Di Bella, presidenta del Consejo de Trabajo Social de la Ciudad de Buenos Aires –otra de las entidades que apoya el Boleto Sanitario para niños y adolescentes–, puntualizó: «El proyecto tiene que ver con el acceso a derechos».

«Va en línea con lo que plantea la Convención Internacional de los Derechos del Niño y la legislación que tenemos en Argentina con respecto a esto», completó Daniela Pedraza, titular del Colegio de Trabajadores Sociales de Morón, y a su turno, Ana María Álvarez, referente de la Red de Profesionales Celeste y Blanca, reflexionó: «Cuando hablamos de la dificultad de la accesibilidad, no es cierto que todos nacemos con derechos. Entonces, hay que trabajar mucho en la conciencia general».

El diputado Arroyo manifestó su confianza en que el proyecto pueda ser aprobado por unanimidad. El siguiente paso será la presentación formal del proyecto en el Congreso, con el objetivo de obtener el respaldo de legisladores de distintos espacios políticos para su tratamiento en comisiones y posterior debate en el recinto.

La reducción de la jornada laboral ya se debate en la Argentina

La reducción de la jornada laboral ya se debate en la Argentina

Varios países en el mundo redujeron su jornada laboral. Ahora llegó el turno de discutirlo en Argentina. Diferentes proyectos ingresaron al Congreso. Las posturas del oficialismo, Juntos por el Cambio y la izquierda.

La Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados comenzó a debatir la reducción de la jornada laboral. La regulación actual es de hace cien años y establece, para la mayoría de los empleos, una jornada de 8 horas diarias y 48 semanales. Más de 50 países tienen jornadas inferiores a la Argentina. De hecho, en 1935, la Organización Internacional del Trabajo (OIT), a través del Convenio 47, fijó en 40 horas semanales el máximo sugerido para sus Estados parte.

El diputado Daniel Arroyo (FdT), integrante de la comisión, en diálogo con ANCCOM, afirma que la semana de 48 horas que tiene Argentina es de las más altas en América Latina y en el mundo y que, si bien en un principio fue un esquema avanzando, ahora ya quedó “desfasado”. “La reducción de la jornada laboral es un avance hacia el siglo XXI, a nuevas formas de humanidad, de vínculos de la sociedad y de calidad de vida”, subraya.

Tanto el oficialismo como la izquierda presentaron proyectos en Diputados, algunos buscan reducir la jornada laboral a 40 horas y otros a 36 ó 30. “Mi impresión es que se va a terminar aprobando un esquema que vaya paulatinamente hacia las 40 horas y que le de posibilidad de adaptación y flexibilidad a cada sector productivo y ámbito de trabajo, porque no todos son iguales”, señala Arroyo.

El exministro de Desarrollo Social asegura que reducir la jornada de trabajo no afecta la productividad en la medida en que “se trabaje seriamente”. “El mundo laboral después de la pandemia cambió mucho y el modelo tradicional que era 8 horas de trabajo, 8 de sueño y 8 de ocio se ha modificado por completo aún con altos niveles de productividad. Está claro que reducir las horas de trabajo aumenta los niveles productivos sin necesidad de bajar los salarios”, agrega.

Además, advierte que, tal como lo pueden plantear sectores de la izquierda, reducir la jornada laboral no va a terminar con los problemas de la informalidad, porque trabajar menos horas no va a implicar que trabaje más gente. “Para solucionar el 40 por ciento de informalidad se necesita otro tipo de política como un ingreso universal ciudadano”.

Arroyo adelantó que los diputados del FdT que integran la comisión se metieron mucho en el tema y van a votar a favor. También cree que si se trabaja ordenadamente el proyecto, se escuchan distintas posturas y, sobre todo, si se hace paulatinamente, también va a tener un caudal de votos importante de diputados de la oposición.

Daniel Arroyo impulsa el proyecto desde el Frente  de Todos.

Por su parte, Martín Tetaz, diputado de Juntos por el Cambio, miembro de la comisión, sostiene que “la reducción de la jornada laboral es un punto de llegada deseable, pero nunca puede ser un punto de partida. Es la consecuencia natural del avance de la productividad –opina. El mundo trabaja cada vez menos y gana cada vez más. Hace más de 100 años las jornadas laborales sumaban 3500 horas anuales y ahora tan solo 1500 o 2000, dependiendo del país”.

“Si trabajás menos horas va a aumentar la productividad por hora, en cada hora trabajada rendís más porque estás más descansado, pero en total vas a tener menos productividad. No vas a llegar a producir todo lo que permite pagar tu sueldo y, por ende, sería imposible mantener los salarios”, asegura Tetaz.

El economista asegura que si bien hay países donde se está trabajando menos horas, han logrado producir más bienes y servicios. Según Tetaz, en Argentina sería inaplicable reducir la jornada obligatoriamente, ya que tal vez solo el sector industrial que abarca el 20 por ciento del empleo pueda trabajar menos de manera más intensiva y mantener la producción y los salarios. En este sentido, remarca que, al mismo tiempo, hay un razonamiento de los que pretenden reducir la jornada que ignora que el mercado de trabajo es muy heterogéneo y existen empleos donde se necesita una capacitación específica y que por esto no solucionaría la informalidad.

Sin embargo, dice que “es una buena idea crear condiciones e incentivos para que las empresas exploren, de común acuerdo con sus trabajadores, alternativas a la jornada laboral tradicional”.

Para Tetaz, reducir la jornada es una experiencia que se puede estudiar en algunas ocupaciones pero siempre de manera voluntaria y con un acuerdo entre partes a nivel de la paritaria de cada convenio colectivo. No puede ser impuesto por una ley, sostiene, porque a las PyMEs, por ejemplo, les generaría una complicación, ya que no tienen margen para que dos de los tres trabajadores que tienen trabajen menos horas.

Martín Tetaz, de Juntos por el Cambio, sostiene que la reducción de la jornada laboral se puede dar en algunas ocupaciones, pero que no debe ser impuesta por ley.

En tanto, desde el Frente de Izquierda, el economista Pablo Anino, colaborador en la elaboración del proyecto de reducción de la jornada laboral que presentaron Nicolás del Caño, Myriam Bregman y Alejandro Vilca que plantea reducir la jornada a 30 horas semanales–, afirma que “la jornada laboral tiene que darse sin reducción salarial ni flexibilización”.

Anino plantea que reducir la jornada serviría para repartir las horas de trabajo y generar nuevos puestos formales para desocupados e informales. “Si se reduce la jornada en las 12.000 grandes empresas y se reparten las horas, se podrán generar un millón cien mil puestos registrados en blanco y con derechos. Ese es uno de los puntos importantes que diferencia al proyecto del Frente de Izquierda”.

El proyecto también busca la creación de comisiones de trabajadoras y trabajadores en las empresas que controlen la implementación de la ley. Además, Anino asevera que reducir las horas de trabajo no solo trae beneficios para la calidad de vida, sino que también permite que la clase trabajadora disponga de tiempo para participar de la vida política y económica. Y concluye que se trata de un debate necesario, ya que estamos en un contexto donde la agenda política y económica está corrida muy a la derecha y solo se proponen reformas en el ámbito laboral para quitar derechos.

De la caja PAN a la Tarjeta Alimentar | Estuve ahí

De la caja PAN a la Tarjeta Alimentar | Estuve ahí

El diputado Daniel Arroyo fue ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires y de la Nación. Repasa el Plan Alimentario Nacional del alfonsinismo, el Bono Solidario del menemismo, el Plan Jefes y Jefas de hogar de Duhalde y, por supuesto, la llegada de la Asignación Universal por Hijo. El debate entre políticas focalizadas y universales.

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández, Lucia Fabiana e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini