Feb 20, 2022 | Destacado 5, Vidas políticas
A una semana del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso se apresta a tratar el acuerdo del FMI. Pero, a lo largo del año, vendrán otros temas esenciales para la vida de los argentinos.
Después de un 2020 con el mayor nivel de actividad legislativa en la última década, marcado por la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus, el 2021, como todo año electoral, bajó en intensidad. Sin embargo, el 2022 comenzó con el pie izquierdo entre fallidas sesiones extraordinarias, desacuerdos de comisiones y los temas que se asoman para ser tratados, encabezados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Tras los comicios de noviembre pasado, el oficialismo perdió el quórum propio en la Cámara de Senadores. En Diputados, si bien consiguió retener la primera minoría, el panorama también lo obliga a negociar con otros bloques, sobre todo provinciales, para viabilizar las iniciativas que busque debatir y aprobar. En ese marco, ANCCOM dialogó con referentes de distintos espacios políticos de la Cámara Baja sobre el año que se viene: Martín Tetaz, por Evolución Radical, Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, Daniel Arroyo, por el Frente de Todos (FDT), y Romina Del Plá, integrante del Del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U).
El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. El día anterior el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos, por lo que demoró la agenda parlamentaria prevista. Su reemplazante, el santafesino Germán Martínez, debió ponerse al día y ordenar el frente interno. Cecilia Moreau y Paula Pennaca fueron ratificadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente, pero todavía no se han conformado las comisiones que deberían tratar las 18 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, destacando la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.
Las indefiniciones, a pesar de algunos avances al respecto, se dan entre reclamos por acuerdos parlamentarios previos no cumplidos y la voluntad de Juntos por el Cambio de obtener un número mayor de comisiones, dado el resultado de las elecciones legislativas. En la Cámara Alta, las comisiones permanentes son 27 y en la Cámara Baja son 46. La discusión apenas comienza a destrabarse en el Senado y el 24 de febrero es la fecha prevista para la sesión preparatoria. En Diputados todavía se aguarda por el recambio de autoridades.
El anuncio de un entendimiento inicial con el FMI dio paso, tal vez demasiado rápido, a las especulaciones sobre su tratamiento en el Congreso de la Nación, aunque ya se sabe que ingresará por la Cámara de Diputados. Las conjeturas sobre posibles abstenciones o votos en contra de legisladores oficialistas también se trasladan a la expectativa de los bloques opositores ante la presentación formal en tablas, a excepción del FIT-U y los representantes libertarios que ya aseguraron su rechazo.
Una de las figuras del FDT que adelantó su postura fue Daniel Arroyo. Para el ex ministro nacional de Desarrollo Social “en un contexto como el nuestro, con los pagos y la debilidad de reservas y cambiaria, en un acuerdo sin reforma previsional ni laboral, sí metas de reducción de déficit fiscal” el entendimiento es “razonable y mejor que un eventual default”. Además, en línea con lo que parece ser una actitud de bloque, señala que en términos generales tiene “la peor de las opiniones” sobre el organismo multilateral de crédito.
Por el lado de los espacios opositores, la mayoría decide esperar. En Juntos por el Cambio “no hay postura definida porque todavía no apareció el acuerdo” sobre el que se va a tener que opinar, aclara el radical Martín Tetaz. En la misma línea, Diego Sartori desliza que el interbloque Provincias Unidas aún no tiene una posición tomada, sino que van a “esperar a la letra chica y evaluar si es viable” para acompañar. A su vez, el armado federal que reúne a representantes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tampoco definió su postura.
Desde el FIT-U, en cambio, sí salieron a expresar su rechazo. “Ha sido parte de nuestro posicionamiento en campaña”, remarca Romina Del Plá. Para la diputada del Partido Obrero significa un “ajuste muy fuerte de las finanzas públicas” que va a repercutir en la población y que, incluso, “ya ha comenzado”. Aunque con otros argumentos, y con perspectivas diametralmente opuestas, José Luis Espert y Javier Milei también se mostraron en contra.
Agenda legislativa inicial
De cara al nuevo inicio de sesiones ordinarias, oficialismo y oposición barajan variados proyectos para tratar en el Congreso. “Aspiro a que el 2022 sea un año de mucha tarea legislativa, saliendo de los títulos fáciles y del modo electoral”, afirma Arroyo. Más allá del acuerdo con el FMI, que para Del Plá “va a dominar la escena durante la primera mitad del año”, hay otros dos temas centrales: segmentación de tarifas y Ley de Alquileres o, dicho de otro modo, política energética y de vivienda.
Para el diputado Sartori, la cuestión en materia de energía es clara, dado que Misiones es la única provincia a la que no llegan los gasoductos. Considera importante que “se revalúen las tarifas en relación a los que son más perjudicados” y “la inversión en infraestructura”. Destaca los avances en el Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta, al punto que “pueden ser una solución”. También sostiene que al Congreso no se va “a especular” y espera que “funcione como debe”. Por su parte, Del Plá plantea necesaria la “nacionalización bajo control de trabajadores de todas las empresas privatizadas desde el menemismo en adelante” para poder “determinar el verdadero costo de la energía”.
Arroyo considera que la segmentación de tarifas es “lógica” y que el “esquema es progresista”. A su vez, desliza que hay que ir “al siglo XXI de la cuestión energética”, por lo que desde el Ejecutivo se envió la Ley de Electromovilidad, aunque quizás no llegue a debatirse en sesiones extraordinarias. El diputado resalta que fue un acuerdo entre el sindicato y las automotrices. “Hay acuerdo entre capital y trabajo”, subraya. Hasta el momento, según Tetaz, en su espacio “no hay propuestas legislativas en el tema”.
Los distintos bloques coinciden que la Ley de Alquileres no cumplió su objetivo. Se han planteado diversas alternativas para modificarla, entre ellas la presentada por Tetaz para cambiar los artículos que establecen el plazo y el ajuste de los contratos de locación. Arroyo apunta que también está pendiente “la resolución del problema de los créditos UVA” y que la urbanización de los barrios populares ya cuenta con “una buena Ley con Financiamiento”, por lo que se comenzó por “los primeros 400 de un total de 4.400”. Para la izquierda el tema de la vivienda “sólo es resoluble con una política de vivienda popular”, que habían propuesto financiar con su propio proyecto de impuesto a las grandes fortunas.
Iniciativas a título personal
El diputado Arroyo buscará viabilizar los tres proyectos que mencionó durante la campaña el año pasado. Primero, apuesta a “capitalizar a quienes trabajan y desendeudar a las familias” con un sistema de crédito no bancario y un fideicomiso con fondos públicos, y privados que quieran participar, para “máquinas, herramientas e insumos”. Luego generar “400 mercados de cercanía” públicos, privados y mixtos, lo que apunta a “bajar el precio de los alimentos, a la producción agroecológica y a la generación de trabajo”. Por último, si bien admite que falta debate, piensa en una reforma de la escuela secundaria para que sea “más moderna y flexible”, con un sistema dual que “en los últimos dos años permita vincularse con actividades laborales..
Martín Tetaz ya presentó distintas iniciativas con un fuerte perfil tributario, entre las que destaca la modificación del sistema del monotributo, el cual propone que no se pague durante un año en la categoría inicial ni que lo hagan quienes facturen menos que el valor de la canasta básica. Sus prioridades se completan con un proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca que el directorio de la entidad sea elegido por el Congreso para que sea “verdaderamente autónomo.”
Por otro lado, para Del Plá la urgencia es tratar “un aumento de emergencia de jubilaciones y salarios”, junto a las cuestiones ambientales. En ese sentido, remarca que insistirán con la Ley de Humedales, de Emergencia Forestal y contra la exploración y explotación para la instalación de plataformas petroleras. También volverán a la carga por la “nacionalización del sistema educativo, la regularización de todos los trabajadores, el desmonte de los mecanismo de fraude laboral y los ligados a problemáticas de mujeres y diversidades”. Sin embargo, aclara: “Esa es nuestra agenda, no la del gobierno que irá tras la deuda”.
Ene 4, 2022 | Destacado 5, Entrevistas
Tras el cierre de listas camino a las PASO, Daniel Arroyo renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dedicarse a una campaña electoral atípica en medio de la pandemia como precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, en el puesto 12 de la lista del Frente De Todos (FDT). En diálogo con ANCCOM, asegura que venía pensando en ir al Congreso, ya que considera que “lo que se discuta los próximos años en América Latina” pasará por allí. Además, presenta los ejes de sus primeras iniciativas para que nuestro país tenga más “políticas de Estado”.
¿Cuál es su análisis sobre la labor que llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?
Hicimos una gestión muy digna. Sostuvimos la paz social, en comparación con otros países de América Latina, a partir de un conjunto de políticas sociales relacionadas a la asistencia. No sólo partieron del Estado sino también organizaciones sociales, iglesias y escuelas. Por otro lado, iniciamos políticas de transformación, como pasar de los planes sociales al programa Potenciar Trabajo. Comenzamos con la urbanización de los barrios, una tarea pendiente, y la construcción de jardines de infantes, fundamentales para reducir la desigualdad entre los más chicos. En este contexto, generamos condiciones para vincular derechos con trabajo.
¿Y sobre su salida del mismo?
Hace varios meses que quería ir al Congreso. Lo que se discuta los próximos años en América Latina va a pasar por ahí. La pospandemia obliga a repensar el modelo de desarrollo, el tipo de escuela secundaria y el sistema de crédito. Yo me imagino planteando esas reformas estructurales. En nuestro país sólo existe una política de Estado que es la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) va camino a ser otra. Mi impresión es que las leyes que se debatan van a ir en esa dirección y por eso hablé con el presidente a partir de esta idea.
En el marco de la asunción de Juan Zabaleta, ¿cómo evalúa la articulación del Ministerio tanto con los movimientos sociales como con los intendentes?
Los movimientos sociales son parte de la solución al problema social. Por un lado, visibilizan a los que nadie ve. Por otro, han hecho un proceso de reorientación a lo productivo. Generar articulación entre las instancias institucionales de cualquier nivel también es parte del desafío que viene.
¿Qué análisis realiza sobre la situación social en nuestro país?
Va mejorando lentamente, continúa siendo crítica. Mejora porque hay más actividad en la construcción y en lo textil, pero el problema sigue estando en el precio de los alimentos. Por esa razón, a pesar de que haya más changas, hace casi cinco meses que se mantiene la misma cantidad de gente en los comedores.
¿Cuáles son los proyectos que busca presentar?
Voy a arrancar con tres. Primero, transformar planes sociales en trabajo porque, más allá de lo que se está haciendo, la ley tiene que generar incentivos fiscales a las empresas, crear el derecho al primer empleo y producir puentes entre uno y otro. Segundo, generar un sistema de crédito no bancario. Hay seis millones de personas que no acceden a crédito bancario y el sobreendeudamiento de las familias es clave. Tercero, reformar la educación secundaria. Debe ser más flexible y vincular escuela-trabajo con tecnologías del siglo XXI.
¿Qué continuidad puede pensarse entre las políticas que llevó a cabo desde el Ministerio y esos proyectos?
Intento que parte de las políticas públicas se transformen en políticas de Estado. En el caso del Potenciar Trabajo, con prioridad en las PyMes y en los jóvenes. Por otro lado, generé un sistema de microcréditos para 400 mil personas, pero no alcanza. Tiene que haber un sistema público-privado de créditos productivos para cuentapropistas. Con relación a la escuela secundaria, es central la desocupación de los jóvenes y el vínculo entre estudio y trabajo. Espero que vaya a un sistema dual que combine ambas cuestiones los últimos años. Veo una correlación entre lo que he hecho y las políticas públicas a las que aspiraría.
En el armado de la lista, ¿cómo se puede tomar que un ministro pase a una posición que no está entre los principales nombres?
Mi objetivo siempre ha sido participar en el Congreso de la Nación y a partir de ahí plantear iniciativas. Llevo años en la política y tengo claro cómo son los cierres. Pienso que la lista del Frente De Todos es muy buena, con representación de sindicatos, movimientos sociales, intendentes y candidatos más temáticos. Refleja esa diversidad y estoy muy conforme.
¿Qué comparación realiza entre su anterior experiencia legislativa y una posible asunción en 2021?
Fui diputado durante dos años, antes de ser ministro, por parte de la oposición. Intenté incorporar estos temas con pocas posibilidades reales. En caso de asumir, desde el oficialismo me permite generar esa correlación entre política pública y leyes. También amplié mi cabeza con otros temas, como trabajo y educación, y me gustaría participar en comisiones vinculadas.
¿Qué expectativa tiene ante la elección?
La expectativa es ganar la elección y la provincia de Buenos Aires. Soy optimista porque la gente distingue entre quienes trabajan y quienes hablan. En ese diálogo también se marcan dificultades, como el precio de los alimentos. Se ve que pusimos el cuerpo a la pandemia y tendrá reconocimiento electoral. No tengo en claro porcentajes, pero el objetivo es ampliar el número de diputados para llevar adelante iniciativas que no se pudieron en esta etapa.
¿Cuál es su mirada sobre la elección en Buenos Aires a nivel provincial?
Se da la misma lógica. Hay reconocimiento al gobernador y su equipo por el proceso de vacunación. Un objetivo claro es tener más senadores para permitir más leyes. En los sectores medios tendremos una mejor elección de la que se puede leer en las encuestas. Lo que suceda a nivel nacional va a mejorar nuestra situación en el Congreso bonaerense.
¿Cómo están llevando a cabo esta campaña tan particular?
Es atípica por no poder movilizar y votar en el marco de una pandemia. La política no forma parte de la vida cotidiana pero sí hay opinión política. En ese contexto, las redes y el siglo XXI ayudan a generar comunicación. La sociedad va tres pasos adelante y selecciona lo que le parece interesante. Me siento a gusto con este tipo de campañas. Creo que a esta altura hay poca gente que no tiene claro qué va a elegir.
¿Cómo ve la campaña de Juntos por el Cambio?
En términos generales, sólo he escuchado críticas por parte de la oposición que, si bien es una de sus tareas, no es lo que quiere la sociedad, que busca que alguien vea de verdad y escuchar propuestas. Me llama la atención la falta de contenido en la campaña de las oposiciones.
¿Y la de Florencio Randazzo?
El valor del Frente De Todos es la unidad y a Randazzo lo veo como un esquema suelto, cuando el grueso del peronismo está en otra lista. Hoy no creo que haya espacio para opciones peronistas que construyan por fuera de nuestra coalición.
¿Qué reflexión realiza de un supuesto descontento de la población con la política?
La vida cotidiana está más orientada al trabajo, la familia y cuestiones personales. Eso fue agudizado por la pandemia, en paralelo a una sociedad muy informada selectivamente. Sí lo que hay es una demanda clara de que se vivencie el día a día y yo intento honrar eso todo el tiempo. Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando.
Ago 25, 2021 | Entrevistas
Tras el cierre de listas camino a las PASO, Daniel Arroyo renunció al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para dedicarse a una campaña electoral atípica en medio de la pandemia como precandidato a diputado nacional por Buenos Aires, en el puesto 12 de la lista del Frente De Todos (FDT). En diálogo con ANCCOM, asegura que venía pensando en ir al Congreso, ya que considera que “lo que se discuta los próximos años en América Latina” pasará por allí. Además, presenta los ejes de sus primeras iniciativas para que nuestro país tenga más “políticas de Estado”.
¿Cuál es su análisis sobre la labor que llevó a cabo en el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación?
Hicimos una gestión muy digna. Sostuvimos la paz social, en comparación con otros países de América Latina, a partir de un conjunto de políticas sociales relacionadas a la asistencia. No sólo partieron del Estado sino también organizaciones sociales, iglesias y escuelas. Por otro lado, iniciamos políticas de transformación, como pasar de los planes sociales al programa Potenciar Trabajo. Comenzamos con la urbanización de los barrios, una tarea pendiente, y la construcción de jardines de infantes, fundamentales para reducir la desigualdad entre los más chicos. En este contexto, generamos condiciones para vincular derechos con trabajo.
¿Y sobre su salida del mismo?
Hace varios meses que quería ir al Congreso. Lo que se discuta los próximos años en América Latina va a pasar por ahí. La pospandemia obliga a repensar el modelo de desarrollo, el tipo de escuela secundaria y el sistema de crédito. Yo me imagino planteando esas reformas estructurales. En nuestro país sólo existe una política de Estado que es la Asignación Universal por Hijo (AUH). El Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) va camino a ser otra. Mi impresión es que las leyes que se debatan van a ir en esa dirección y por eso hablé con el presidente a partir de esta idea.
En el marco de la asunción de Juan Zabaleta, ¿cómo evalúa la articulación del Ministerio tanto con los movimientos sociales como con los intendentes?
Los movimientos sociales son parte de la solución al problema social. Por un lado, visibilizan a los que nadie ve. Por otro, han hecho un proceso de reorientación a lo productivo. Generar articulación entre las instancias institucionales de cualquier nivel también es parte del desafío que viene.
¿Qué análisis realiza sobre la situación social en nuestro país?
Va mejorando lentamente, continúa siendo crítica. Mejora porque hay más actividad en la construcción y en lo textil, pero el problema sigue estando en el precio de los alimentos. Por esa razón, a pesar de que haya más changas, hace casi cinco meses que se mantiene la misma cantidad de gente en los comedores.
¿Cuáles son los proyectos que busca presentar?
Voy a arrancar con tres. Primero, transformar planes sociales en trabajo porque, más allá de lo que se está haciendo, la ley tiene que generar incentivos fiscales a las empresas, crear el derecho al primer empleo y producir puentes entre uno y otro. Segundo, generar un sistema de crédito no bancario. Hay seis millones de personas que no acceden a crédito bancario y el sobreendeudamiento de las familias es clave. Tercero, reformar la educación secundaria. Debe ser más flexible y vincular escuela-trabajo con tecnologías del siglo XXI.
¿Qué continuidad puede pensarse entre las políticas que llevó a cabo desde el Ministerio y esos proyectos?
Intento que parte de las políticas públicas se transformen en políticas de Estado. En el caso del Potenciar Trabajo, con prioridad en las PyMes y en los jóvenes. Por otro lado, generé un sistema de microcréditos para 400 mil personas, pero no alcanza. Tiene que haber un sistema público-privado de créditos productivos para cuentapropistas. Con relación a la escuela secundaria, es central la desocupación de los jóvenes y el vínculo entre estudio y trabajo. Espero que vaya a un sistema dual que combine ambas cuestiones los últimos años. Veo una correlación entre lo que he hecho y las políticas públicas a las que aspiraría.
En el armado de la lista, ¿cómo se puede tomar que un ministro pase a una posición que no está entre los principales nombres?
Mi objetivo siempre ha sido participar en el Congreso de la Nación y a partir de ahí plantear iniciativas. Llevo años en la política y tengo claro cómo son los cierres. Pienso que la lista del Frente De Todos es muy buena, con representación de sindicatos, movimientos sociales, intendentes y candidatos más temáticos. Refleja esa diversidad y estoy muy conforme.
¿Qué comparación realiza entre su anterior experiencia legislativa y una posible asunción en 2021?
Fui diputado durante dos años, antes de ser ministro, por parte de la oposición. Intenté incorporar estos temas con pocas posibilidades reales. En caso de asumir, desde el oficialismo me permite generar esa correlación entre política pública y leyes. También amplié mi cabeza con otros temas, como trabajo y educación, y me gustaría participar en comisiones vinculadas.
¿Qué expectativa tiene ante la elección?
La expectativa es ganar la elección y la provincia de Buenos Aires. Soy optimista porque la gente distingue entre quienes trabajan y quienes hablan. En ese diálogo también se marcan dificultades, como el precio de los alimentos. Se ve que pusimos el cuerpo a la pandemia y tendrá reconocimiento electoral. No tengo en claro porcentajes, pero el objetivo es ampliar el número de diputados para llevar adelante iniciativas que no se pudieron en esta etapa.
¿Cuál es su mirada sobre la elección en Buenos Aires a nivel provincial?
Se da la misma lógica. Hay reconocimiento al gobernador y su equipo por el proceso de vacunación. Un objetivo claro es tener más senadores para permitir más leyes. En los sectores medios tendremos una mejor elección de la que se puede leer en las encuestas. Lo que suceda a nivel nacional va a mejorar nuestra situación en el Congreso bonaerense.
¿Cómo están llevando a cabo esta campaña tan particular?
Es atípica por no poder movilizar y votar en el marco de una pandemia. La política no forma parte de la vida cotidiana pero sí hay opinión política. En ese contexto, las redes y el siglo XXI ayudan a generar comunicación. La sociedad va tres pasos adelante y selecciona lo que le parece interesante. Me siento a gusto con este tipo de campañas. Creo que a esta altura hay poca gente que no tiene claro qué va a elegir.
¿Cómo ve la campaña de Juntos por el Cambio?
En términos generales, sólo he escuchado críticas por parte de la oposición que, si bien es una de sus tareas, no es lo que quiere la sociedad, que busca que alguien vea de verdad y escuchar propuestas. Me llama la atención la falta de contenido en la campaña de las oposiciones.
¿Y la de Florencio Randazzo?
El valor del Frente De Todos es la unidad y a Randazzo lo veo como un esquema suelto, cuando el grueso del peronismo está en otra lista. Hoy no creo que haya espacio para opciones peronistas que construyan por fuera de nuestra coalición.
¿Qué reflexión realiza de un supuesto descontento de la población con la política?
La vida cotidiana está más orientada al trabajo, la familia y cuestiones personales. Eso fue agudizado por la pandemia, en paralelo a una sociedad muy informada selectivamente. Sí lo que hay es una demanda clara de que se vivencie el día a día y yo intento honrar eso todo el tiempo. Necesitamos más política en los barrios, en la calle y caminando.
May 23, 2019 | Novedades, Vidas políticas
Se recortarán los espacios publicitarios gratuitos en la televisión, se destinará pauta publicitaria a las redes sociales y se permitirán aportes de empresas privadas a las campañas.
“Como trámite express” fue la expresión utilizada por Nicolás Tereschuk, politólogo y magister en Sociología Económica, para ilustrar cómo había sido el debate de la nueva Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos, aprobada el pasado jueves en Diputados. Fueron 148 los votos a favor, 69 en contra pero sólo cuatro las horas en las que se discutió en la Cámara un proyecto que incide ni más ni menos que en cómo se financiarán las próximas campañas electorales. Un spoiler: las empresas podrán ser aportantes.
Si en la vorágine de los diputados por aprobar la ley alguien no alcanzó a leer el proyecto, la nueva normativa posee tres puntos que son clave para delimitar el sistema de financiamiento. Por un lado, se bancarizan la totalidad de los aportes. Esto significa que ya no podrán realizarse contribuciones en efectivo a los partidos ni a las campañas. Sobre este punto no ha habido objeción alguna. La identificación de cada aportante incide de manera directa en la transparencia del sistema y en la veracidad de la campaña, lo que parecería no menor en un país donde los escándalos por aportantes truchos no son un mero invento de la ficción. Hasta aquí, la ley pareciera ser prometedora.
No obstante, es el segundo punto el que ha generado mayor controversia. En su artículo cuarto se establece que las personas jurídicas (léase empresas) podrán realizar aportes a los partidos y campañas. Sobre esto, Carlos Castagneto, diputado del Frente para la Victoria (FpV), en diálogo con ANCCOM gráfica: “Vos sos una empresa, yo soy candidato, vos me aportás y mañana legalmente (y enfatiza), legalmente, vos me ganaste una licitación en un lugar. ¿Qué van a decir? Te estoy devolviendo lo que vos me pusiste”.
Ahora bien, ¿cómo saber si las empresas no estaban ya financiando a los partidos con aportes ilegales y en efectivo? Resulta paradigmático que la misma ley que reglamenta la transparencia del sistema, aprueba también el aporte de las personas jurídicas, que incluye a las empresas pero no a los sindicatos ni a las fundaciones, tal como recuerda el diputado del FpV. Y en este sentido cabe la pregunta: ¿tienen todos los partidos las mismas posibilidades de lograr un aporte empresarial? ¿O deberían haber tenido los sindicatos la potestad de realizar también dichos aportes? “La posibilidad de permitir los aportes de las empresas a las campañas también está argumentada por quienes lo impulsaron y aprobaron en función de esta idea de transparencia, es decir, pensando que si había aportes en negro que antes se hacían, ahora se transparentan. Pero yo creo que un sistema de financiamiento de campaña también tiene que tener en cuenta la cuestión de la equidad, la equiparación de la competencia. Y me parece que va a haber sectores que van a tener más posibilidad de acceder a ese financiamiento empresario”, afirma Nicolás Tereschuk.
Se entiende entonces que la ley no debería velar únicamente por la transparencia, sino también por la equiparación de la competencia. Quien también lo remarca es Daniel Arroyo, diputado por Red por Argentina, opositor a la ley: “Hoy la política es una cancha inclinada en la Argentina. Algunos tienen más recursos que otros. Y esto haría mayor la disparidad, porque es evidente que hay un espacio político que tienen mucho más apoyo de las empresas que el resto”.
El aporte de las personas jurídicas no es, sin embargo, ilimitado. El artículo dieciséis restringe dicho aporte hasta un dos por ciento, que, si bien para quienes no están interiorizados en las finanzas de una campaña podría parecer un número bastante bajo, Daniel Arroyo insiste en que no es así: “El 2% es mucho dinero porque las campañas son muy costosas. Pero además de ser mucho dinero, está permitiendo que una empresa aporte a determinado candidato. Y es probable que eso tenga que ver con intereses particulares. Acá hay una cancha inclinada, que se va a inclinar más. Y lo que tiene que hacer la Argentina, la legislación, es equilibrar la cancha, no hacerla cada vez más despareja”. Castagneto encuentra incluso una falencia en este artículo: “Un dos por ciento es el aporte máximo, tanto de personas físicas como jurídicas. El problema ahí es que no está bien especificado. Porque vos podés hacer aportes para el desenvolvimiento del partido en sí y para la campaña por otro lado. Entonces podría alcanzar hasta un cuatro por ciento, lo cual es un montón”. El diputado del FpV enumera otras disconformidades sobre la ley, como por ejemplo, que se prohíbe el aporte de personas imputadas -siendo que debería decir procesadas, conforme a la presunción de inocencia-, que se autoriza a un juez a abrir la cuenta de cada Alianza y que esta cuenta puede incluso ser abierta en un banco privado. “La política es la actividad pública por naturaleza, debería hacerse a través de bancos públicos”, agrega Daniel Arroyo. La preocupación de Tereschuk pasa, por el contrario, en si ese tope del dos por ciento se va a respetar realmente, siendo que hay países, como Estados Unidos, que implementaron el tope y rápidamente lo levantaron.
El aporte empresarial tiene un límite del dos por ciento. Sin embargo, algunos ya prevén posibles interpretaciones que permitirían duplicarlo.
Finalmente, el tercer punto clave de la ley es el relativo a los espacios publicitarios en medios audiovisuales. Se achica del diez al cinco por ciento el espacio de publicidad en televisión y radio y se contempla la publicidad en medios digitales. El argumento de los Diputados que apoyaron dicha normativa está asentado en que las personas ya están cansadas, en tiempos de campaña, de ver tanta propaganda política. No obstante quienes dialogaron con ANCCOM lo refutan: “El hecho de achicar la pauta es muy negativo porque es la única chance que tiene esa persona de saber quiénes son los candidatos, qué proponen, para qué. Achicar la pauta amplía la disparidad entre los partidos grandes y los partidos chicos”, menciona Arroyo. Destacan además que se considere a las redes sociales como espacio para ejercer la pauta. Sobre ello, adelanta Castagneto, el 30 de mayo en la Dirección Nacional Electoral hay una reunión de presidentes y apoderados de partidos para ver cómo se reglamentará el uso de las redes.
En síntesis, la ley aprobada de manera “express” transparenta los aportes pero se permite como aportantes a las empresas, reduciendo la equidad. Recorta la pauta en medios tradicionales y se considera a las redes como nuevos espacios de difusión. “Muchas veces me da la impresión que esta ley está muy pensada en función de lo que quieren las empresas y no tanto en función de lo que quieren los partidos políticos”, agrega Tereschuk. El politólogo, que habló en la Cámara de Senadores previo al tratamiento de la ley, trae otro punto a considerar: “El otro tema a tener en cuenta es la experiencia regional. En Sudamérica,los países vienen haciendo lo contrario que nosotros en los últimos años. Es decir, aquellos que permitían el financiamiento de empresas a las campañas lo están prohibiendo. El caso de Chile, de Brasil de Perú. Argentina está yendo en caso contrario. Tenía prohibido los aportes y ahora los está permitiendo. Y entonces yo me preguntaría qué es lo que pasa ahí. Qué sería aquello que hace que la Argentina tenga que ir en sentido contrario a lo que está haciendo toda la región con gobiernos de distinto sentido político”. Y termina: “Para mí esta ley es un retroceso desde el punto de vista de la igualdad en la competencia, la equidad, la experiencia regional y deberíamos plantearnos si las empresas tienen que tener derechos políticos. Es un retroceso, pero el Congreso consideró otra cosa, lo cual me parece fantástico porque así funciona la democracia. Ahora hay que ver cómo sigue”.
Daniel Arroyo no es tan optimista: “Es una mala ley y estructuralmente arma un esquema de financiamiento muy desigual. No creo que tenga un impacto significativo en las elecciones de este año”. No obstante, la ley está aprobada por ambas Cámaras y a la espera de su promulgación por parte del Ejecutivo. Si alguien se encuentra en desacuerdo con alguno de sus puntos, llegó tarde al debate: las empresas ya pueden aportar a las campañas presidenciales.
Mar 22, 2019 | DDHH, Novedades
“Este es un acto fundacional porque es la primera vez que Abuelas presenta un proyecto de ley para que se afiance la propuesta de Memoria, Verdad y Justicia».
“Este megaproyecto tiene busca sostener y profundizar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia. Acá no estamos hablando de partidos políticos, esto tiene que ser transversal a todos los diputados de este parlamento. La famosa grieta en materia de derechos humanos y en delitos de lesa humanidad no tiene que existir porque somos humanos, defendemos lo humano, queremos sociedades mejores y entendemos que no puede haber sujeto que justifique ningún acto que hayan cometido los genocidas en esos momentos”, lanzó Horacio Pietragralla, diputado de Unidad Ciudadana en el marco de la presentación del anteproyecto de Ley de Fortalecimiento y Protección de la Memoria, la Verdad y a Justicia, redactado por Abuelas de Plaza de Mayo y presentado el jueves por la tarde en el edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, en el marco del 43 aniversario de la última dictadura cívico militar.
En la presentación del anteproyecto también expusieron los diputados Daniel Arroyo (Red x Argentina), Brenda Austin (UCR) y Cecilia Moreau (Frente Renovador), ya que se trató de una convocatoria amplia con la intención de afianzar consensos en materia de derechos humanos. No pudo faltar tampoco la presencia de las Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto, Rosa Tarlovsky de Roisinblit y Buscarita Roa, a quienes Pietragalla agradeció profundamente: “Ellas saben que yo les debo parte de mi vida porque si no se hubieran organizado para preguntar por sus nietos muchos de nosotros no podríamos tener la posibilidad de recordar a nuestros seres queridos”.
Alan Iud, coordinador del equipo jurídico de Abuelas, fue el encargado de abrir la presentación del anteproyecto de ley y explicar cada uno de sus nueve capítulos con el objetivo de abrir el debate y generar consensos. El anteproyecto busca institucionalizar algunas de las conquistas del movimiento de derechos humanos, revertir medidas regresivas en la materia e instalar la agenda de Memoria, Verdad y Justicia en el debate electoral que se desarrollará durante este año. Entre los ejes que aborda se incluyen diversas temáticas como la educación para la memoria, la prevención del negacionismo, la preservación de archivos y material documental, así como la aceleración y difusión de las causas judiciales en curso, entre otras.
Rosa Roisinblit, Abuela de Plaza de Mayo.
Sobre la educación, el anteproyecto propone en su Capítulo IV que en todos los establecimientos educativos del país, ya sea públicos o privados, se realicen prácticas educativas en los niveles primario, secundario y terciario con el objetivo de reflexionar sobre lo ocurrido durante la última dictadura cívico-militar. Este eje se encuentra en sintonía con los otros que buscan prevenir y erradicar las prácticas que nieguen tales hechos históricos. Tal es el caso del Capítulo VIII que le otorga facultades esenciales al INADI, que pasaría a llamarse “Instituto Nacional contra la discriminación, la xenofobia, el racismo y el negacionismo”. En la misma línea, el Capítulo IX establece que si bien las expresiones negacionistas no son penalizadas, sí se agravan los delitos que son cometidos con el objetivo de minimizar, justificar o negar los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura. Otro de los pilares del anteproyecto se encuentra en el Capítulo I que instaura que los jueces deberán darle prioridad a las causas judiciales que tengan por objeto investigar y juzgar crímenes de lesa humanidad respecto de las referidas a delitos comunes. Por último, el Capítulo III le otorga carácter intangible al material que integre el Archivo Nacional de la Memoria, por lo que no podrá alterarse ni destruirse.
Si bien todos los presentes coincidieron en que el anteproyecto es un trabajo prometedor que surgió como resultado del esfuerzo y la lucha del colectivo de los derechos humanos, también convinieron en que no será fácil su aprobación. En este sentido, Pietragralla recalcó el grave retroceso en materia de derechos humanos que predominó en los últimos años y alertó por el no funcionamiento de las comisiones del Congreso de la Nación, como la de Derechos Humanos, lo que impidió que causas como la de Rafael Nahuel pudieran avanzar. Daniel Arroyo, en cambio, trató de tranquilizar a los presentes: “Yo llevo poco tiempo en el Congreso, pero me di cuenta que las leyes salen por insistencia y no hay otra manera. Tenemos que hacer mucha fuerza, convocatoria y articulación con varias instituciones para que pueda salir. Creo que nos merecemos una ley de este tipo porque tiene un valor trascendente para los próximos 30 años de la Argentina y va a haber un montón de gente que la va a leer y referenciar”.
El acto contó también con la presencia de nietas y nietos restituidos, diputados, funcionarios, miembros de organismos de derechos humanos, fiscales y jueces, entre otros, quienes también hicieron aportes, como el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Santiago Cantón, las diputadas Marcela Passo y Verónica Mercado, y el juez Daniel Rafecas.
El proyecto busca promover la educación para la memoria, la prevención del negacionismo y la preservación de archivos y material documental,
En diálogo con ANCCOM, Estela de Carlotto destacó la importancia que tiene el anteproyecto para Abuelas y para el país: “Este es un acto fundacional porque es la primera vez que Abuelas presenta un proyecto de ley para que se afiance la propuesta de Memoria, Verdad y Justicia. Ha tenido mucho éxito y es muy importante la presencia de los diputados que realmente coinciden. Para nosotros es un acto más de construir un camino de seguridad para que no se vuelva a repetir lo que sucedió”. También expresó la necesidad de la unidad, esencial para que el anteproyecto avance, pero aclaró que el mismo no está motivado por la venganza: “Tenemos que unirnos a pesar de las diferencias, las cuales pueden manifestarse pero no como enemigos. Abuelas es un organismo alegre aunque parezca mentira, se festeja la vida todo lo que se puede. Los nacimientos, los casamientos, los cumpleaños y cada encuentro de nietos es una algarabía. Esto es así porque buscamos sin rencor y sin odio, no hay revancha. Si no tenés malos sentimientos entonces estás bien con vos mismo”, finalizó Carlotto.
