Nuevos despidos en el CONICET

Nuevos despidos en el CONICET

Mar 23, 2024 | Destacado 2, Trabajo

Trabajadores y trabajadoras del Conicet, junto a gremios y sindicatos se movilizaron para exigir el cese de despidos en el organismo y denunciar su desguace. En simultáneo con la manifestación se conocieron 86 nuevas cesantías de trabajadores administrativos, que ya ascienden a 200 desde enero.

Los trabajadores del CONICET se movilizaron en frente de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación para denunciar el desguace y los despidos, exigir la renovación de los contratos que vencen a fin de mes y manifestarse en contra de la gestión de Javier Milei. La movilización fue convocada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), pero también estuvieron presentes sindicatos como SiPreBA, la CONADU y la CONADU Histórica. En simultáneo con la manifestación, se conocían 86 nuevas cesantías, que desde el comienzo de la gestión libertaria ya ascienden a doscientos.

Cerca del mediodía del 22 de marzo, la ochava que se encuentra entre la Diagonal Sur y la Avenida Belgrano se convirtió en el escenario de una manifestación en contra del desguace del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Originalmente fue convocada para el miércoles 20 de marzo, pero fue reprogramada por motivo del temporal que azotó la ciudad ese día. Un fuerte contraste con el clima bajo el que finalmente se realizó la movilización; el sol calentaba la vereda en la que los manifestantes tocaban bombos y ondeaban banderas de sindicatos y organismos. Al frente, delegados de la ATE cantaban “Llamen al gobierno de Milei / para que vean / que este pueblo que lucha y pelea / no quiere recortes” sobre una tarima flanqueada por parlantes.

Minutos después, diferentes delegados tomaron la palabra para leer un documento que sostenía que “la asfixia presupuestaria, el cierre o vaciamiento de organismos públicos y la pulverización de nuestros salarios son los vehículos con los cuales el gobierno avanza sobre la clase trabajadora”, que “los organismos que con la desestructuración del Estado Nacional hoy estamos bajo la órbita de la Jefatura de Gabinete sufrimos, desde hace más de cien días, las consecuencias de estas políticas destructivas, que persiguen un único objetivo: descargar sobre el pueblo todo el peso del ajuste para cumplir el mandato del FMI”.

 “Para el CONICET, la política de Daniel Salamone, recientemente nombrado al frente del organismo, viene siendo la disminución de la cantidad de becas, la demora en la efectivización de las actas de investigadores y el personal de apoyo, la ausencia de los resultados de las promociones, la paralización de los subsidios y la restricción presupuestaria para el funcionamiento e infraestructura, que ponen al organismo bajo una situación de vaciamiento, ya incluso alertada por la comunidad científica internacional a esto se le suman los cincuenta despidos del personal administrativo que tuvimos en enero la decisión de despedir ahora más del veinte por ciento”. Respecto a los sectores que representaban los delegados, entre los que se encontraban el de ciencia y tecnología y el servicio meteorológico, el documento manifestaba que “las políticas van desde la privatización de los propios organismos y empresas, la mercantilización de nuestra producción y el vaciamiento por falta de presupuesto. Esto tiene implicancias directas sobre los trabajadores que producimos ciencia y tecnología, un impacto en las capacidades autónomas y soberanas del país de definir qué se produce, cómo, cuánto y cuándo” y que “para el CONICET, la política de Daniel Salamone, recientemente nombrado al frente del organismo, viene siendo la disminución de la cantidad de becas, la demora en la efectivización de las actas de investigadores y el personal de apoyo, la ausencia de los resultados de las promociones, la paralización de los subsidios y la restricción presupuestaria para el funcionamiento e infraestructura, que ponen al organismo bajo una situación de vaciamiento, ya incluso alertada por la comunidad científica internacional a esto se le suman los cincuenta despidos del personal administrativo que tuvimos en enero la decisión de despedir ahora más del veinte por ciento”.                                                                                             

En diálogo con ANCCOM, el delegado de ATE y becario doctoral del CONICET Mariano del Pópolo se expresó sobre la manifestación: “Creo que es un mensaje contundente para Nicolás Posse, el jefe de Gabinete, es un mensaje contundente para Alejandro Constantino, secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología y es un mensaje contundente para Javier Milei. Los trabajadores y las trabajadoras no se van a dejar atropellar ni pasar por encima. Bajo ningún punto de vista vamos a permitir que haya despidos en el CONICET o en ningún otro organismo del Estado nacional. Acá lo que vimos fue un acto muy masivo y en unidad, y el compañerismo de los trabajadores y las trabajadoras del Estado nacional apoyándonos mutuamente, porque entendemos que esa es la salida: por el compañerismo, apoyándonos y resistiendo juntos y juntas ante este intento de desguace que quieren hacer de nuestro Estado y de nuestra soberanía”.

Luego de los delegados, tomó la palabra el secretario general de la CONADU Pablo Perazzi, quien expresó: “En nuestras casas de altos estudios se forma el 95% de las becarias y los becarios, así que somos gremios hermanos, somos gremios que van a dar las peleas y las discusiones que haya que dar, porque esto más temprano que tarde se va a terminar”. Lo siguió Agustín Lecchi, secretario general de SiPreBa, quien habló sobre la situación actual de los medios públicos y expresó que “nos quieren silenciar porque no quieren que contemos el ajuste, que no contemos los despidos de trabajadores y trabajadoras que tienen calidad profesional, que deberían tener estabilidad, que garantizan derechos para toda nuestra patria”. Luego, la secretaria general de la CONADU Histórica Francisca Staiti expresó que esta manifestación no solo es sobre el CONICET, sino que “va más allá, van contra el Estado y es por la soberanía. Nosotras y nosotros sabemos que la soberanía del conocimiento hace de nuestro país un país libre”.

El anteúltimo en expresarse fue el secretario gremial de ATE Nacional Oscar de Isasi, quien declaró que el Consejo Directivo Nacional va a “poner todo lo que esté a nuestro alcance para reincorporar a los despedidos, para que no se cierren organismos y para que se le de continuidad laboral a los miles y miles de contratados que vencen el 31 de marzo”, que “nuestro pueblo es un pueblo de lucha, que no le da un cheque en blanco a nadie”, y agregó: “la unidad y la masividad hoy definen si uno es revolucionario o no y hay que hacer el esfuerzo de construirla” y llamó a la construcción de un nuevo paro nacional.

Finalmente, tomó la palabra el secretario general de la ATE Daniel “Tano” Catalano, quien también habló de la construcción de un paro general y expresó: “Nuestro pueblo no retrocede, nuestro pueblo no les tiene miedo, nuestro pueblo no se achica, nuestro pueblo no renuncia a vivir con dignidad” y se expresó respecto al CONICET: “Si hubo algo que nos dio mucho orgullo fue haber tenido una política pública que permitió que ustedes puedan volver de otro país para hacerlo mejor, para que podamos tener la verdadera posibilidad de organizar a nuestra patria en las mejores manos, que son las manos de los científicos y las científicas, por eso vamos a pelear para que no haya un solo despido en esa casa”.

La semana pasada, el Directorio del organismo había emitido un comunicado rechazando los posibles despidos de los trabajadores que finalizaban sus contratos el 31 de marzo. Y este viernes, ATE convocó a una concent6ración masiva el lunes 25 a las 11 en la explanada del Polo científico para rechazar las nuevas cesantías.

 

 

 

La vuelta de las asambleas barriales

La vuelta de las asambleas barriales

Mar 19, 2024 | Destacado 2, Vidas políticas

Como ocurrió en la crisis de 2001, vecinos porteños y del conurbano se reúnen en plazas y esquinas para debatir la situación social y proponer acciones de resistencia..

Entre piquetes y cacerolas volvieron las asambleas barriales. Nacidas al calor de la crisis de 2001, el ajuste inédito desplegado por el gobierno de Javier Milei las hizo renacer. ANCCOM miró el mapa y fue a escuchar qué plantean, cómo lo dicen y cuáles son sus objetivos. Se juntan con las agrupaciones estudiantiles, se organizan para estar en la marcha del 24 de marzo por el aniversario del Golpe de Estado de 1976, repudian el DNU y bancan la lucha de los trabajadores de Télam.
Tras la debacle del gobierno de la Alianza, con la rebelión popular sofocada a pura represión que causó 38 muertes, vecinos y vecinas de la Ciudad de Buenos Aires encontraron en las asambleas de su barrio un espacio para debatir lo social, lo político y lo económico, y planear estrategias de acción colectiva además de reclamos hacia el gobierno, primero el encabezado por Fernando de la Rúa y enseguida el conducido por Eduardo Duhalde.
Sus reglas de organización eran la horizontalidad y la democracia directa. Con el tiempo, algunas de sus voces fueron reconocidas a la hora de implementar políticas públicas. Mientras en 2011 florecieron en Almagro, Flores, Caballito, Villa Crespo, San Telmo, Barracas, Villa Soldati, Parque Patricios y La Boca; en el 2002 surgieron también en el conurbano: Wilde, Avellaneda, Sarandí, Lanús, Carapachay, Vicente López, Florida, Villa Martelli, Merlo, Moreno y Haedo, entre otras.
Las actuales asambleas resurgieron de la mano de los sectores medios urbanos, con la misma dinámica de la experiencia anterior. El pasado 30 de diciembre se convocó a la primera Asamblea de Asambleas en Parque Rivadavia. Allí, algo más de 200 personas de más de 30 asambleas de la CABA y del Conurbano resolvieron impulsar encuentros cada 15 días. Luego pasaron a reuniones virtuales. Coordinaron cacerolazos y movilizaciones al Congreso, cortes de calles por las secuelas de la tormenta o por la falta de suministro eléctrico.

De Caballito a Barracas

La asamblea de Caballito se junta una vez a la semana en el arco del Parque Rivadavia y a veces en Parque Centenario. En algunos de los encuentros comparten alimentos no perecederos y útiles escolares para colaborar con los distintos espacios del barrio. Esta asamblea realiza un “festi” ,con juegos y baile, pero también tiene un plan de lucha: están en contra del DNU y del protocolo represivo del Ministerio de Seguridad que conduce Patricia Bullrich. Además, todos los miércoles a las 20 hacen su cacerolazo en Acoyte y Rivadavia. 

Santiago Adano, participante de la asamblea de Caballito, dialogó con ANCCOM y explicó cómo es la participación dentro de la asamblea: “Son reuniones semanales, con personas con las mismas inquietudes, ganas de ponerse en acción en esta coyuntura, también de acompañarse, la idea es que haya pertenencia territorial, que sea gente del barrio”. La idea es que haya debate, que los encuentros sean dinámicos y prácticos, y que se genere una nueva forma de intercambio donde puedan confluir con otras demandas, como las estudiantiles. “Hay cierta conciencia del rol que pueden tomar los partidos y de que está bueno que no se repitan ciertas dinámicas partidarias”, agregó Santiago.

Laura, una vecina de la asamblea de Monte Grande, indicó que hay una plaza histórica en la que comenzó la asamblea del 2001 y durante años los vecinos la han mantenido intacta como un espacio asambleario y de memoria de los desaparecidos del barrio. “Esta asamblea está formada por trabajadores, jóvenes y vecinos históricos de las luchas del barrio, que tienen que ver con la memoria de los desaparecidos, además de  estudiantes universitarios y algunos vecinos de Pompeya y de la Villa 20 que no tienen asambleas propias”, señaló. 

En la asamblea de Monte Grande se discuten propuestas y análisis de la situación. Cada vecino toma la palabra, se hace una ronda para que participen todos. A su vez, cuando se integra un vecino nuevo se le da prioridad para que se exprese, y luego se le informa sobre las actividades de las distintas comisiones.

Federico Puy, docente e integrante de la asamblea vecinal de Barracas, resaltó la importancia del debate y la movilización para luchar contra las desigualdades y las propuestas del gobierno actual. A su criterio, “son lugares de lucha y de organización donde nos encontramos con otros trabajadores y trabajadoras que no pueden organizarse en sus propios lugares de trabajo. Nos moviliza poder enfrentar, organizar y ser cada vez más compañeros, y nos motiva pensar que las asambleas pueden ayudar en esa organización de cada uno y cada una para pelear contra las burocracias sindicales”.

Mapa de Asambleas

La asamblea de Scalabrini Ortiz impulsó el Mapa de las Asambleas, como una herramienta para los medios de comunicación y periodistas tengan información de unas ochenta asambleas barriales que empezaron a organizarse en distintos territorios desde diciembre pasado, que ya ha servido para acercar nuevos integrantes. Además de los mapas disponibles en el sitio, está a disposición un listado público y actualizado, y ahí pueden verse también las asambleas que hay en la provincia de Buenos Aires, Río Negro, Chubut, Tierra del Fuego y Córdoba. Las últimas actualizaciones cuentan con un sitio propio para cada asamblea. Para apoyar a Télam y su continuidad como agencia de noticias, planean un relanzamiento del mapa junto a las y los trabajadores, en convocatoria abierta a medios alternativos de todo el país, periodistas y asambleas que quieran participar.

Las redes de organización barrial recompusieron una vitalidad que parecía haber quedado debilitada, opacada por tantos años de hegemonía de la política por arriba. Aunque los medios de comunicación de mayor alcance las ignoran, las asambleas volvieron a convertirse en un elemento más de resistencia social.

Además de ajustarlo, al INCAA lo reprimen

Además de ajustarlo, al INCAA lo reprimen

Mar 15, 2024 | Culturas, Destacado 1

Mientras un grupo de actores, directores, gremialistas y otros integrantes de la industria cinematográfica realizaba una conferencia de prensa frente al amenazado Cine Gaumont, la Policía de la Ciudad comenzó una inexplicable represión e impidió que el acto llegara a su fin. Hubo cuatro detenidos.

El jueves 14 de marzo, delegados de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) por el INCAA y el colectivo Unidxs por la Cultura convocaron una conferencia de prensa y una movilización frente al Cine Gaumont, en defensa del cine nacional contra el desguace del INCAA por parte del gobierno y sus planes de vender la sala cinematográfica. Sin embargo, lo que se trataba de una manifestación totalmente pacífica se convirtió en otro ejemplo de la  represión de la policía de la ciudad cuando sus miembros comenzaron a tirar gas pimienta y atacar a los manifestantes. Estuvieron presentes trabajadores de los diferentes rubros de la industria cinematográfica, actores reconocidos, diputados de distintos bloques, estudiantes de cine y representantes de sindicatos y organizaciones sociales. Cuatro manifestantes resultaron detenidos.

Las nubes tapaban el cielo cerca de las cinco de la tarde mientras sonaban bombos en las cercanías del histórico Cine Gaumont. Frente a sus puertas, lista para la conferencia de prensa, había una mesa con micrófonos flanqueada por parlantes donde delegados del ATE terminaban de confeccionar la nómina de oradores. Unos minutos más tarde, los delegados Nicolás Leonardo Vetromile e Ingrid Urrutia dieron comienzo a la conferencia de prensa a través de la lectura de un documento redactado por el gremio estatal, en el cual se expresa que el cine argentino “presenta una vasta riqueza que abarca películas de género, industriales, experimentales, documentales y de ficción. Todo esto es lo que se quiere destruir para reducir a la Argentina a una locación barata para Hollywood” y que “no tienen justificación para entregar nuestra industria audiovisual a productores de plataformas internacionales que solo realizan películas consumibles que terminan vulnerando nuestra identidad y soberanía imponiendo lógicas ajenas a la producción nacional”.

Horas más tarde, en diálogo con ANCCOM, Urrutia habló sobre la conferencia: “Tuvo el objetivo, creo que exitosamente cumplido, de poner de relieve que el Gobierno está queriendo arrebatar lo que es un orgullo nacional: el cine en nuestro país. Estamos acá defendiendo los puestos de trabajo, la continuidad de todos nuestros compañeros y también repudiando el recorte que está llevando adelante Milei sobre la cultura”. Y agregó que el Gobierno “tiene el objetivo político y un objetivo económico de atacar a la cultura, porque es un lugar de resistencia, y atacarla en términos económicos para entregársela en bandeja a las corporaciones y le vamos a decir que no. Vamos a resistir y vamos a enfrentarlo”.

El primer orador fue el actor Victor Laplace, quien dijo que cree “que nosotros no vamos a sobrevivir por románticos, ni por estadistas, sino por la capacidad que tengamos de resistir”. Lo siguió el director de fotografía Felix “Chango” Monti, quien expresó que “no pueden sacarnos, no pueden ahogarnos, no pueden sustituirnos, porque siempre volvemos a crecer”. Después, el actor Norberto Gonzalo dijo que la Ley de Cine es “producto del trabajo de sus propios trabajadores, de modo que esas mismas herramientas que los propios laburantes de la cultura hemos creado, no vamos a permitir que sean derogadas”. El Secretario General del ATE Capital, Daniel Catalano, expresó que desde el sindicalismo tratan “de construir un gran paro general y un plan de lucha” pero que esta situación no la resolverán solamente con un paro. El cineasta Nemesio Juárez habló sobre su participación en la Ley de Cine y expresó que esta “significó la supervivencia del cine argentino” y que “ninguna expresión es como el cine para para trasladar a las pantallas nuestra fisionomía de argentinos, nuestra cultura, nuestra historia, quiénes somos, cómo vivimos, qué paisajes tenemos, por eso el cine hoy es uno de los principales objetivos a destruir”.

 También tomaron la palabra algunos de los legisladores presentes. Myriam Bregman, diputada del Frente de Izquierda y Trabajadores, expresó que “el pueblo argentino está acostumbrado a batallas culturales” y que “esta batalla la vamos a ganar porque nosotros creemos en el colectivo.”. Por su parte, el legislador del Partido Obrero Gabriel Solano se refirió al asesinato de Mariano Ferreyra: “En este cine mis compañeros del Ojo Obrero hicieron una película, que era Quien Mató a Mariano. Fue financiada con fondos del INCAA y acá se pasó por primera vez”.

La actriz Mirta Israel, quien representaba a Unidxs por la Cultura, expresó que el colectivo se siente parte de la lucha de los trabajadores del INCAA. Luego, Samanta Bianucci, representante de Cine Argentino Unido, expresó que los despidos en el INCAA no resuelven la pobreza, sino que “generan más hambre, más bronca,, más angustia, y así no se sale adelante”. La siguió Teresa Saporiti, presidenta de Documentalistas de Argentina (DOCA): “Las películas documentales no pueden medirse en términos de capitalismo. Porque las películas documentales se ven, muchas veces, en espacios que no cobran entrada. Muchas veces se ven en escuelas, se ven en centros de jubilados y pensionados, se ven en unidades básicas. Y cuando viene esta gente y quiere atacar a la cultura, lo que quieren atacar es nuestra soberanía, es nuestro relato”.

Entre los últimos oradores estuvieron la militante y abogada Nina Brugo, quien expresó “un pueblo, sin cultura, no es un pueblo”, y la periodista Gabriela Radice, quién dijo que “el cine argentino es un tesoro apreciado, aplaudido en el mundo a lo largo de los años”, destacó a directores de viejas y nuevas generaciones y dijo que “a todo el mundo le está dando vergüenza estemos viviendo esto en la cultura argentina”. La última en hablar fue Catalina Yani, presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC), quien comenzó a leer una carta al titular del INCAA Carlos Pirovano de parte de su centro. Sin embargo, el discurso de Yani fue interrumpido por el comienzo de la represión.

Aunque la conferencia estaba a punto de finalizar, la Policía de la Ciudad comenzó a agredir a los manifestantes y, poco después, rociaron a la pacífica movilización con gas pimienta. Algunas personas se protegieron ingresando al Gaumont, mientras que otras debieron cubrirse la boca y nariz con pañuelos o ropa y huir hacia las calles Rodríguez Peña o Montevideo. Lejos de retirarse una vez que los manifestantes se dispersaron o permanecieron en las veredas y la Plaza del Congreso, la policía repitió el uso de gas pimienta e hirió físicamente a manifestantes y periodistas. De esta forma, se impidió que una tarde de pacífica defensa a la cultura tenga un final calmo en el que nadie hubiese resultado herido.

Sobrevivir al ajuste

Sobrevivir al ajuste

Mar 12, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Compras al por mayor, endeudamiento financiero y solidaridad barrial son algunas herramientas de las clases populares para enfrentar la realidad que impone el gobierno de Milei.

Durante las cada vez más habituales crisis económicas que afectan a la Argentina, la población ha desarrollado recursos de supervivencia que se capitalizan como parte de la memoria colectiva. Sin embargo, luego de la estampida de precios ocasionada tras la última devaluación y el freno a la distribución de alimentos a comedores populares, el escenario se modificó a una velocidad que hace difícil la adaptación. Según el informe de enero del Observatorio Social de la Universidad Católica, 27 millones de personas de argentinos son pobres, el 57% de la población y un 8% más que el mes anterior. Frente a esta realidad, los sectores medios y populares necesitan actualizar sus estrategias de supervivencia.

En la actualidad, quienes pueden, se abastecen con compras mayoristas para resguardarse de aumentos futures y obtener mejores precios. Según diferentes analistas económicos, estos comportamientos traen consigo un contrapeso abrumador para la clase media y baja de la Argentina: la deuda.

En un artículo publicado recientemente en El Dipló, la politóloga e investigadora, Verónica Gago, explica cómo el “ejercicio permanente de endeudamiento y compra en cuotas se dedica a alimentos, gestionado a través de una panoplia de tarjetas de crédito, préstamos de billeteras virtuales y lugares de crédito barrial”. En su análisis de la situación social actual, Gago afirma que “la ecuación escasez-saqueo logró evitarse gracias a dos factores: las redes financieras y las redes de la economía popular organizada”.

“Yo puedo solo”

 Sin limitarse al efecto material de la crisis, Verónica Gago describe la manera en la que la deuda transforma discursivamente a los trabajadores empobrecidos en consumidores libres. Las interpelaciones individualizantes activan una «nueva racionalidad y afectividad colectiva», una de las claves para reflexionar sobre lo que la investigadora denomina «neoliberalismo desde abajo». Gago resalta la manera en que este sistema se arraiga en las subjetividades que, para avanzar, se ven forzadas a enfrentar condiciones críticas de desposesión de capital e infraestructura pública.

Esta propuesta de una salida individualizada tiene como faro al oficialismo actual, quien mejor representa a este tipo de discursividades. Actualmente, dado a la búsqueda por “transparentar la política alimentaria”, el Ministerio de Capital Humano mantiene en cero los fondos atribuidos a una parte importante de comedores y espacios comunitarios. Esta medida impacta drásticamente a un estimado de 1,2 millones de familias que viven en barrios populares.

Tras preguntarle por la situación actual, Sofía Servián, coautora del libro Cómo hacen los pobres para sobrevivir, explica cómo “la ayuda comunitaria, redes de contención o reciprocidad es lo único que explicaba en ese momento [durante el gobierno de Alberto Fernández], y más aún ahora, cómo hacía la gente para sobrevivir”. En cuanto al “sálvese quien pueda”, Servián aclara que en los barrios populares “no se pueden dar el lujo de no necesitar de nadie” y que “se ha acrecentado aún más la ayuda mutua o cooperación como, por ejemplo, ir a comer a la casa de los familiares”. 

La investigadora detalla la importancia de estos vínculos: “La red de parientes, desde lo más lejanos hasta los más cercanos, es la que sostiene en momentos difíciles. Aquellos que están en una ‘mejor’ situación económica ofrecen a los otros changas, alimentos, se prestan plata”.

Al comparar el contexto en el que fue escrito el libro (2019) y la actualidad, la investigadora destaca que en ese momento “era una preocupación no poder comer milanesas o carne más seguido, pero ahora directamente se está jugando la posibilidad de comer o no comer”.

“En la Argentina es un privilegio comer”

Según cifras del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (Isepci) se registró un aumento del 69,72% en el Índice Barrial de Precios (IBP) durante los primeros meses de la gestión de Javier Milei. Esto, traducido a los gastos de una familia tipo de cuatro personas, implica un aumento de un 66,57% en la canasta básica total y, por consiguiente, una caída rotunda de las expectativas de consumo de las clases populares.

En una charla abierta del medio Tiempo Argentino, el Padre “Toto”, de la parroquia de Caacupé del barrio de Barracas, y Dina Sánchez, secretaria adjunta de la UTEP, describieron cómo se vive en carne propia la crisis en los barrios populares.

Ambos califican a la situación como “angustiante” e “indignante” y señalaron con preocupación la falta de interés por parte de la dirigencia política actual ante «comedores desbordados”. “No tuvimos respuestas. Cerramos un 2023 sin alimentos, sin diálogo”, señaló Sánchez. “La ministra [Sandra Pettovello] no nos quiso recibir, nunca vimos a una dirigente burlarse así de la gente”, contaba la dirigente. Según Sánchez, la ministra de Capital Humano, “que de humano no tiene nada” en palabras de la entrevistada, interpeló burlonamente a quienes solicitaban alimentos con frases cómo “¿Quién tiene hambre?”, para posteriormente cerrarles las puertas. “Volvimos a una Argentina donde se discute el alimento”, concluyó.

El Padre “Toto” hizo hincapié en la situación de las mujeres en los barrios populares. “La pobreza tiene cara de mujer”, afirmó. En su intervención hizo referencia a la problemática de quienes, al tener que incrementar sus horas de trabajo, debían dejar solos a sus hijos. “Es una libertad asquerosa, es individualismo”, afirmó indignado el párroco. “Algunos pueden elegir si viajar o no, nosotros tenemos que elegir si no almorzar o no cenar”, concluyeron los entrevistados.

Los colaboradores de comedores comunitarios en el barrio Padre Mugica cuentan que “desde la llegada del nuevo gobierno aumentó la cantidad de vecinos que viene a los comedores. Muchos de ellos son jóvenes de 20/30, varones que vienen a poder comer algo, sumados a las familias numerosas que siempre hubo, al igual que madres solteras”. Este último grupo de personas, según las fuentes consultadas, “al final son las que más sufren, porque hay madres solteras que al no tener ayuda de un padre ausente no pueden darle una buena alimentación a sus hijos”. Debido a que son el único sostén económico de su grupo familiar “necesitan alimentar a su familia porque no llegan con los gastos como para gastar en carne o pollo”, afirman.

La bendición de comer

Por su parte, vecinos de la Villa 21-24 destacan la presencia de la Iglesia como factor decisivo a la hora de afrontar la crisis: “En estos mismos momentos hay un comedor de emergencia y tiene mucha demanda. Hay muchas familias en condiciones limitadas a las que les sirve mucho”, cuentan. Según algunos comentarios del barrio, la iglesia siempre ayuda a quien lo necesita, forjando una relación recíproca con la gente. “La Iglesia suele recibir ayuda, pero muchas veces no alcanza, cuando eso pasa les pide a los que puedan colaborar un paquete de fideos o lo que sea… así se sustenta día a día” relatan.

Desde las altas cúpulas eclesiásticas se ha advertido sobre la falta de apoyo a las instituciones religiosas para afrontar la crisis. Recientemente el presidente del Episcopado, Monseñor Ojea, ha hecho declaraciones sobre el deterioro en las condiciones de vida de los más pobres y de la clase media. El representante de la Conferencia Episcopal se pronunció en contra de las medidas que descontinúan la asistencia del gobierno a centros de ayuda comunitaria: “Para hacer llegar el pan a los barrios es necesario no discontinuar a los grupos ya existentes que están trabajando. Todo lo que atente a que los bienes primarios, como son los alimentos, no lleguen a nuestra gente, no es bueno”.

En este escenario marcado por la incertidumbre económica y social, la supervivencia ante el ajuste se vuelve cada vez más precaria para las clases trabajadoras. La falta de apoyo estatal a redes comunitarias agrava la crisis en los sectores más vulnerables. En este contexto, a pesar de todo, la solidaridad y la resistencia colectiva emergen como elementos fundamentales para enfrentar los desafíos venideros, aunque queda la duda de hasta cuándo se puede sostener la situación bajo estos términos.

¿Un país sin universidades?

¿Un país sin universidades?

Feb 22, 2024 | Comunidad, Destacado 1

Ante la prórroga del presupuesto destinado para el año pasado, las universidades alegan que, con una inflación que llega al 250 por ciento interanual, peligra su normal funcionamiento. A esta realidad se suma también el conflicto por las paritarias docentes.

El Poder Ejecutivo nacional decidió disponer para la actividad universitaria de 2024 la misma partida presupuestaria que en 2023 a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU). El presupuesto ni siquiera suma un ajuste por inflación, que en el ultimo año se aproximó al 250%, algo que afecta gravemente el financiamiento de la educación superior en su conjunto.

En las últimas semanas las universidades comenzaron a explicar a la sociedad por qué la educación superior resulta así inviable. Por ejemplo, el Consejo Superior de la Universidad de Buenos Aires aprobó una resolución en la que manifiesta el estado de “extrema preocupación” de la comunidad respecto de su situación presupuestaria y encomienda al rector realizar las gestiones correspondientes ante el Ministerio de Capital Humano a efectos de disponer de un presupuesto que garantice la continuidad de las funciones de docencia, investigación, salud y extensión, desarrolladas en las distintas unidades académicas.

La Facultad de Ciencias Sociales fue la primera de las trece que componen la UBA en manifestarse a través de un comunicado en redes sociales donde se explica que “durante 2023 Sociales contó con un presupuesto de 238 millones de pesos, dinero utilizado para limpieza de los edificios, el mantenimiento de ascensores, la compra de pupitres, la ART para nuestros y nuestras estudiantes, entre otros gastos que hacen al normal desempeño institucional”. Con el nivel de inflación interanual del 250 por ciento, para funcionar este año se necesitan 645 millones de pesos lo que deja un déficit estimado de 406 millones.

Al respecto, en diálogo con ANCCOM, el vicedecano de Sociales Diego de Charras explicó que con la réplica del presupuesto 2023 para este año la Facultad puede garantizar el funcionamiento por un plazo de algunos meses y sosteniendo sólo los servicios y necesidades esenciales, por lo que están evaluando todos los gastos a ser afectados de modo que no se perjudique un mínimo funcionamiento.

“En principio intentamos postergar gastos no urgentes, como pueden ser arreglos o compras que se tienen previstas para este año y priorizar aquello que hace al funcionamiento de la institución con condiciones de seguridad e higiene” indicó el vicedecano. Además, De Charras considera que, si bien desde la gestión y organizaciones sindicales se están llevando adelante gestiones ante la Universidad de Buenos Aires y de allí a otros niveles de gobierno, “la principal medida hoy es la información y la concientización de nuestra comunidad, y luego de toda la sociedad, acerca de la gravedad del recorte y de los riesgos para la educación pública”. Si la situación no se destraba, aclara, “seguramente se evaluarán medidas de fuerza de otro tenor”.

Ludmila Peralta, presidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales, remarca que su rol es velar por los estudiantes y especialmente los más vulnerables que son quienes terminan abandonando las carreras universitarias: “El centro viene manifestando desde diciembre, cuando vimos cómo se presentaba la situación, que lo principal es que nadie deje de cursar y que cualquier estudiante se pueda acercar a hablar con nosotros. Si queremos ser un montón en las calles defendiendo la educación pública primero tenemos que estar en las aulas” enfatiza la responsable del Cecso.

Congelados

La Universidad Nacional de Quilmes también emitió una comunicado titulado “Modificaciones en la oferta académica” por el congelamiento presupuestario que regirá para las carreras de grado y pregrado en las modalidades presencial y a distancia. Allí se establecen nuevos topes para la inscripción a materias. El argumento que dan es que “el Gobierno nacional decidió prorrogar el presupuesto 2023 y no enviar al Congreso un presupuesto para 2024: esa falta de actualización significa una fuerte reducción de los recursos necesarios para el normal funcionamiento de las universidades que formamos parte del sistema público”.

En consecuencia, desde la UNQ se estableció una adecuación de la oferta académica a las posibilidades del presupuesto actual y ya no será posible costear cursos adicionales como tampoco contratos de docentes extra, y en los próximos periodos de inscripción a materias se ponen nuevos topes de dos materias más una tercera de forma adicional. Desde ANCCOM se intentó comunicarse con los responsables del área de prensa de la Universidad Nacional de Quilmes y respondieron que por el momento solo se van a limitar a la difusión de lo publicado en su página web.

También la Universidad Nacional de Río Cuarto, en la provincia Córdoba, se sumó a las advertencias indicando que se encuentran en una “situación económica crítica” y denuncian que “el presupuesto 2023 reconducido, con un ritmo inflacionario creciente desde entonces, implica que de no mediar una recomposición vamos a tener inconvenientes para el pago de servicios generales, como así también es posible que se genere devaluación de las becas y afectación del sistema alimentario, que impacte en la adquisición de insumos para docencia e investigación, en la ejecución de programas especiales, entre otras tantas actividades del quehacer institucional”.

 

La paritaria docente: conflicto en puerta

Otro foco de conflicto en el contexto inflacionario actual es el acuerdo por los aumentos salariales a los docentes universitarios. Francisca Staiti, secretaria general de CONADU Histórica, manifestó a ANCCOM que solo se ofreció un 6 por ciento de recomposición salarial sumado al 10 por ciento que arreglaron con el gobierno anterior, todo a cobrar en marzo: “Durante el mes de enero tuvimos cero por ciento de recomposición, por lo tanto, la licuación de poder adquisitivo ronda un 40 por ciento. Rechazamos esa propuesta del gobierno actual y pedimos una nueva reunión donde se nos trajera un número que nos permita recuperar lo perdido frente a la inflación pero esto no ocurrió y la situación en las universidades se va a ir profundizando considerando la urgente necesidad de aumento del presupuesto”, enfatizó la representante de la Federación Nacional de Docentes Universitarios Histórica nucleados dentro de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma. (CTA Autónoma).

Juan Donati, Doctor en Derechos Humanos y secretario general del Sndicato de Docentes e Investigadores de la Universidad de Lanús, cuya federación a nivel nacional es FEDUN, comenta que el clima le hace acordar a los meses previos al 2001 cuando todo terminó en un estallido social. “La situación afecta a los sectores más vulnerables y para quienes tenemos salarios fijos, la pérdida de poder adquisitivo es muy significativa. Esto incluye docentes e investigadores”, remarca Donati.

En la Universidad de Lanús se llevó adelante una asamblea con más de 60 docentes dónde el análisis fue por un lado el problema del poder adquisitivo; por otro, el desfinanciamiento educativo. Dice el secretario general ADUNLa que el rector les aviso que “los fondos alcanzan para funcionar hasta el mes de mayo, nos vamos a declarar en emergencia”.

Donati explicando que “desde la Federación de Docentes Universitarios, como parte de la Confederación General del Trabajo (CGT), se ha decidido llevar adelante un plan de lucha junto con otros claustros. Una escalada de actividades para ser visibilizados y, si no se va resolviendo la situación, llegar hasta el paro nacional”. Para Donati “el ajuste no tienen que ser los trabajadores mientras las multinacionales se llenan de dinero. Plata hay pero existen desigualdades en la distribución. Nosotros no somos la casta”.

La situación de ahogo presupuestario a las universidades públicas y la licuación del salario de los trabajadores son una realidad que pone en riesgo un derecho fundamental: la educación pública y gratuita. Sin ese recurso mínimo para igualar un poco las posibilidades de todos, la “meritocracia” que pregona el gobierno se torna aún más injusta. La tradición de lucha histórica del movimiento estudiantil y docente será clave para combatir las nuevas (viejas) ideas que solo pretenden generar exclusión, hambre y miseria.