Música, maestros

Música, maestros

Por tercer año consecutivo se realiza esta semana el Festival de Ópera Villera, una propuesta educativa para adolescentes que producen, interpretan y protagonizan obras propias y también clásicos del género.

“El festival es ese momento de disfrute y uno nunca sabe qué niño o niña está viendo esto y qué puede generarle el ver una orquesta, escuchar un coro o solistas y qué semillita uno puede estar plantando ahí de vocación, de pasión o de deseo». Mailen Ubiedo Myskow, música compositora y docente, enfocada especialmente en la ópera, forma parte del Centro Artístico Solidario Argentino, CASA, desde hace 13 años, y es también fundadora del Festival de Ópera Villera, evento que tendrá lugar esta semana en Buenos Aires, con una serie de espectáculos programados en diversas salas de la ciudad. “Lo que más me interesa -agrega- es generar un espacio educativo y que se sepa también que los chicos en los barrios pueden ser productores de nuevo arte y no necesariamente receptores, sobre todo en este género”.

Del 4 al 12 de noviembre se lleva a cabo la tercera edición del Festival de Ópera Villera (FOV), acción vanguardista organizada por la Asociación Civil CASA. Sus protagonistas son estudiantes adolescentes de música en los barrios de Fátima y Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). Ellos son los productores del espectáculo, acompañados por la ONG y especialmente por sus maestros Mailen Ubiedo Myskow y Emiliano García Pérez. La gala de apertura tendrá lugar hoy, martes 7 de noviembre, a las 20:30, en UOCRA Cultura.

«Se me ocurrió armar junto a los responsables de cada área de nuestra compañía un espacio educativo enfocado en adolescentes para que puedan conocer un poco de qué van los oficios que tiene la ópera y abrir un poco el horizonte cultural”, cuenta Ubiedo Myskow. La conversación transcurre durante el ensayo abierto para la Gala Lírica de cierre, que se llevará a cabo en el Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Villa Soldati. Allí, dentro de una cancha de básquet, simple y bien iluminada, el escenario se convirtió rápidamente en un conservatorio frente a los sonidos de una orquesta compuesta por violines; guitarras; flautas; trompetas, flautines; chelos; glockenspiel: timbales; tambores y teclados. El espectáculo que brindan pinta una apropiación de la práctica tradicionalmente elitista, ahora mediatizada y redefinida ingeniosamente por un sector popular, joven y creativo.

“Lo mágico de la ópera es que abarca todas las artes, ahí los chicos se pueden encontrar con un taller acorde a sus deseos», explica la docente. En el espacio dan talleres de diseño y vestuario, diseño y realización de escenografía, dibujo, taller de composición musical y taller de teatro y dramaturgia y el de caracterización teatral, es decir, maquillaje y peinado. El resultado de estos trabajos concluye en una ópera montada y creada íntegramente por adolescentes: «Ese es el plato más fuerte del festival», indica Ubiedo Myskow. La obra realizada por ellos se titula “Espaghetini y brownie”, los mismos se encargan de la escenografía, confección del vestuario (inspirados en la colección de Ágatha Ruiz de la Prada 2018 y la colección de Moschino 2005 honrando a la gastronomía italiana) y maquillaje, además de ser los protagonistas del drama, ya sea como actores o músicos.

Con respecto al nombre, considerado polémico para algunos, ella sostiene que «Ópera Villera» es un recurso que funciona, ya que llama mucho la atención, tanto la gente que conoce de ópera como la que no, se preguntan, “che ¿qué es esto? ¿de qué va?» También remarca el concepto de ir contra la idea peyorativa de lo villero, lo que implica amigarse con la palabra para resignificarla y darle valor. «Nosotros estamos orgullosos de poder ser lo que somos y de poder llevarlo adelante, de que cada persona se sienta bien con lo que es y que no se avergüence de eso, militamos esa idea en el festival», expresa la música.

Otro punto clave que menciona es la novedad dentro del género: «Mucha gente no entiende que también hay obras nuevas, de hecho, está la compañía Sol Lírica, «Mujer sin nombre»  es una ópera fusionada de música académica y candombe». Allí, cuenta la docente, hablan del primer teatro de Buenos Aires y tocan temas como la esclavitud, la conquista de los derechos, entre otros temas. «Muchas veces se piensa que la ópera es sólo Mozart, Puccini y Verdi, y la realidad es que hay mucho más allá de eso; por supuesto, ellos nos encantan, los amamos y los seguiremos haciendo», explica Ubiedo Myskow entre risas y añade que, de todos modos, es clave entender que el género se renueva y es fresco.

El festival, sí bien tiene obras originales, también conserva a modo de fidelidad a la historia del género un repertorio clásico. Algunas de ellas son Nessun Dorma (ópera Turandot de Giacomo Puccini); Libiamo (ópera La Traviata de Giuseppe Verdi); Habanera y Toreador (ópera Carmen de Georges Bizet); Va Pensiero (ópera aida de Verdi), entre otras. La profesora cree que es una buena forma de llevar el género a los barrios, ya que no está contemplado en la vida de las personas que casi no llegan a fin de mes o tienen otros problemas el ir a disfrutar un espectáculo.

Además, el evento genera una actividad comunitaria, ya que contará con la presencia de una feria de platos con las familias que van a colaborar para juntar dinero para la escuela. «Viene gente del hogar, vienen agrupaciones barriales… Ese momento de compartir en comunidad a mí me encanta y me sensibiliza mucho», expresa, e invita al público a acercarse. «A futuro me encantaría que sea replicable en otros espacios y tener otro presupuesto para poder hacerlo en más barrios y tener estos talleres a disposición de muchos más adolescentes», expresa, y además habla del crecimiento, el apoyo y el trabajo en conjunto de varias instituciones y organizaciones académicas o no que se sumen a formar parte, para que esto llegue a más personas. «Y por supuesto algo que venimos diciendo hace rato: tener un espacio propio para nuestra ONG», concluye.

Emiliano García Pérez es el director de orquesta del CASA y director musical junto con Mailen dentro del festival, explica la importancia de la participación de músicos externos que tocan en lugares como la Sinfónica Nacional o el Teatro Colón.»Ellos se complementan con los demás músicos, muchas veces también enseñan y ayudan mucho a visibilizar el evento, ya que son músicos de primera línea y tienen cierta importancia dentro del ambiente», dice. 

También destaca la solidaria y comprometida participación del sonidista Juan “Cana” San Martín (sonidista de Tan Biónica) y cree que es un detalle fundamental del evento ya que es al aire libre. Ubiedo Myskow destaca, a su vez, el trabajo en conjunto con Noelia Pirsic, quien es productora ejecutiva y está a cargo del área de comunicación, espacios claves para el proyecto y especialmente para el festival.

 «Las colaboraciones que tenemos dan fuerza y validación artística al festival año a año», subraya García Péez, y explica que son necesarias para el apoyo y para conseguir recursos para financiar el proyecto. No obstante, insiste que el núcleo del festival son y serán los chicos. «Sin validación el evento se haría igual, porque el corazón son ellos, lo que hacen y que con esa participación aprendan a encontrar su espacio dentro de la música y el arte».

ANCCOM también conversó con Geraldine Lara (21 años), la alumna modelo emergente del CASA, quien hoy está a cargo de la composición de una de las canciones del festival, es estudiante del Conservatorio desde los 16 años y también estudia en la UTN ingeniería en sistemas. Su viaje con la música comienza a sus 12 años cuando descubre que la organización enseñaba música de forma gratuita, frente a su casa casa, en el barrio del bajo flores. “Yo entonces fui porque quería cantar, y aunque no tenían esa opción, me quedé y me terminé enamorando del violín”, cuenta Geraldine.

“Hoy estoy haciendo algo que era impensado para mí y que conlleva toda la imaginación y creatividad que es componer”, expresa, y afirma que Mailen fue quien la incentivó a sumarse al festival y además desempeñarse como profesora de estudiantes en etapa inicial. “Es una forma de devolverle al CASA un poco de todo lo que me dio a mí y poder retribuir a los chicos y que puedan conocer este mundo tan lindo que es el de la música”, algo que ella sostiene, está alejado de la realidad del barrio. Destaca la importancia de la organización como un espacio inspirador que abre oportunidades y posibilidades: “Yo buscaba un espacio así y justo tuve la suerte de que esté CASA con este proyecto. Sin eso yo no sabría lo que es, por ejemplo, un conservatorio, o que tenía esta pasión por la música”.

«En mi experiencia como docente de alumnos de primer año, puedo ver que hay muchos adolescentes que sienten que su aspiración máxima del futuro es trabajar en un Mcdonalds o jugar al fútbol», cuenta García Pérez, quien es también docente en el Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, en Villa Soldati. Destaca la importancia de la vocación y de la necesidad de generar vínculos, apoyarlos, darles confianza y mostrarles que tienen más opciones en la vida. «Para ellos encontrarse con que hay otras posibilidades es una novedad, y el proyecto del CASA,  es eso», finaliza.

El festival es en la Ciudad de Buenos Aires, la entrada es libre y gratuita. Hoy martes 7, a las 20:30, será el estreno de la Ópera “Espaghetini y brownie” , compuesta y producida por estudiantes del CASA, en UOCRA Cultura (Rawson 42, Almagro /. El jueves 9 a las 22:00 y el domingo 12 a las 19:30 se podrá ver el documental “Ópera villera” por la señal de TV AllegroHD. / Y finalmente, la gala lírica de cierre tendrá espacio en la parroquia Madre del Pueblo (M3 C1,Bajo Flores) el domingo 12 a las 17:00.

 

 

 

Dos velitas para el Reprocann

Dos velitas para el Reprocann

El Registro del Programa Cannabis que permite el uso y cultivo de la planta de marihuana con fines medicinales ya cumplió dos años. En este período se realizaron más de 200.000 solicitudes, buena parte ya aprobadas. ¿Qué impacto está teniendo el sistema? ¿Cómo viene funcionando?

En marzo de 2021 se aprobó el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que habilitó en la Argentina el uso y cultivo de cannabis con fines medicinales. Desde entonces, el Ministerio de Salud recibió más de 200.000 solicitudes para obtener el permiso. La demora para la aprobación suele rondar entre uno y dos meses en promedio para quienes cumplieron con los requisitos, sobre todo un diagnóstico médico que lo justifique. Gracias a este registro, la persona es autorizada a circular dentro del país con la cantidad necesaria para su tratamiento.

¿Cómo funciona el Reprocann? ¿Qué evaluación hacen los expertos a dos años desde su implementación?

 

Cómo se hace

“Para uno poder registrarse tiene que ingresar a la página de REPROCANN y definir si es paciente, si cultiva para sí mismo o si cultiva para un tercero, es decir, si es un ‘cultivador solidario’”, explica Nicolás Di Biase, médico clínico y especialista en hepatología, con posgrado en endocannabinología y terapéutica cannabica de la Universidad de la Plata. El especialista aclara que el REPROCANN está vinculado a la  Ley 27350 de 2017 que permitió legalizar el cultivo y transporte de cannabis para uso medicinal.

“Una vez hecha la solicitud, el sistema brinda un código de vinculación que  tiene que usar el médico tratante”, comenta Di Biase, quien trabaja en diferentes hospitales de Bahía Blanca. Cualquier médico que tenga matrícula vigente puede recetar, “no tiene que ser un médico especialista en cannabis. Aunque hay médicos que se autodefinen como cannabinólogos, la verdad es que no es una especialidad en sí misma sino una herramienta que está bueno aprender a utilizar” explica Di Biase, también presidente de la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis. “En la Universidad Nacional del Sur desde 2018, dentro de la Carrera de Medicina, se dicta una cátedra de uso de cannabis medicinal. Se busca que el estudiante se reciba como médico teniendo información sobre la planta. Hay otras universidades que lo están haciendo”, afirma el médico.

Una vez hecha la inscripción, el médico debe entregar al paciente un consentimiento informado bilateral. Por su parte, el paciente debe brindar al médico el código obtenido de la inscripción en el REPROCANN para cargalo. Si todo va bien, en aproximadamente uno o dos meses se recibe la aprobación. El permiso dura tres años y, “se permite cultivar indoor (interior) u outdoor (exterior). Lo que no se permite es cultivar en la vía pública, como en las veredas”, aclara Di Biase.

Si bien la mayoría de las inscripciones se aprueba, “se puede negar cuando hay patologías psiquiátricas como esquizofrenia, bipolaridad, depresión… No es que lo rechazan definitivamente, sino que piden que el permiso lo haga un psiquiatra. Es importante recalcar que el programa solicita que se haga una evaluación a cargo de un especialista», afirma Di Biase.

Los cuatro grupos de enfermedades frecuentes que trata el cannabis son el dolor crónico, alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo y alteraciones del apetito. El cannabis también se utiliza para tratar la epilepsia: ayuda a reducir la cantidad de convulsiones, pero no cura la enfermedad. “Hay que entender que son paliativos de síntomas. El producto no produce intoxicación ni muerte. La única precaución a tener en cuenta es con mujeres embarazadas, niños y adolescentes, personas con problemas psiquiátricos graves, enfermedades cardiovasculares no controladas y casos específicos”, aclara.

Existen cerca de quince mil tipos de cannabis y dependiendo el perfil de cannabinoides que tiene, se le receta al paciente. Es frecuente que alguien se acerque con un producto comprado en un negocio: “En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que no tienen nada. Por eso la idea es que mejor auto-cultiven las plantas”, sugiere el especialista.

Di Biase asegura que es difícil que se produzca dependencia o adicción como suele suceder con el clonazepam, la nicotina o la cocaína. La razón es que no es una molécula singular individual que entra al cuerpo y genera dependencia continua si no un grupo de moléculas que interactúan en diferentes receptores y eso hace que la persona no genere dependencia a una sola. Lo que sí puede pasar es que con los años pueda requerir más cantidad para tener el mismo efecto. También aclara que si bien “no produce dependencia química, puede pasar que se produzca la dependencia psíquica».

“Somos hijos de una cultura prohibicionista que se instaló en la década de 1920 y fue una bajada de línea de políticas internacionales de Estados Unidos en las cuales se demonizó a la planta y a su usuario. Hemos nacido en ese contexto y suele relacionarse al cannabis con otras drogas, narcotráfico y crímenes”, aclara Di Biase.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

Ruchansky describe que hay dos tipos de permiso: para pacientes o el llamado «cultivador solidario».   

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

La marihuana y las contradicciones del Estado

La marihuana y las contradicciones del Estado

Mientras que el Poder Ejecutivo envía proyectos de ley al Parlamento para industrializar su producción, las fuerzas de seguridad castigan a quienes la cultivan y la consumen. La Corte abre este miércoles una audiencia pública para analizar el tema.

El año 2021 concluyó con más de 33 mil personas autorizadas a cultivar y transportar cannabis medicinal en todo el país. Pero, aún así, muchos de ellos sufren acoso por parte de la policía cuando necesitan usar el cannabis o sus derivados en la vía pública e incluso cuando cultivan en la privacidad de su hogar. Este miércoles, la Corte Suprema de Justicia convocó a una audiencia pública para escuchar argumentos antes de pronunciarse acerca de si las familias de niños y adolescentes bajo tratamiento con cannabis terapéutico deben ser facultadas a “cultivar para sus hijos sin control del Estado”.

Hecha la ley

Antes de aprobarse la Ley N° 27350 de Cannabis Medicinal, en noviembre del 2020, Argentina permitía su uso solo para pacientes con epilepsia refractaria. Eran los únicos con acceso a importaciones, aunque por medio de  engorrosos certificados. Esta nueva legislación habilitó el autocultivo, el cultivo solidario y el cultivo en red de la planta, para fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor. Es decir, cualquiera que tenga indicado tratamiento de cannabis puede cultivar legalmente en exterior hasta nueve plantas en quince metros cuadrados: el único requisito es el aval de un médico junto con la inscripción en el registro REPROCAN (Registro del Programa de Cannabis)

“En principio,  la nueva reglamentación tuvo en cuenta las especificaciones del modelo canadiense. Este programa permite vincular médicos con pacientes: el paciente obtiene su medicina pero el médico también un estudio sobre esa planta”, explica Juan Palomino, abogado especialista en el tema.

Bajo su propio lema “La lucha del cannabis es salud”, el abogado sostiene que esta militancia enmarca un concepto amplio que es el derecho a la salud entendido como un estado de bienestar psicofísico que “funciona terapéuticamente” y “ocasiona mejoras en los consumidores”. En este sentido, el profesional apoya el uso medicinal para quien quiera, independientemente de su condición de salud: “Entendemos que el usuario que consume no siempre está enfermo y que en esos casos se debe regularizar como uso adulto y responsable”.

Los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales como castigo”, detalla Palomino.

Hecha la trampa

Si bien estas regulaciones son un avance legislativo, la aplicación de la ley presenta contradicciones con otras anteriores. En Argentina, la Ley 23737 penaliza la tenencia de marihuana en función de la producción, comercialización y uso personal, por lo tanto, la ley vigente considera un delito constitucional la tenencia para el propio consumo.

El profesional detalla: “Hay un famoso fallo denominado Arriola, que en el año 2009 estableció modificaciones a esta ley y declaró que la tenencia de estupefacientes para consumo personal es una conducta privada protegida por la Constitución Nacional. Aun así, los policías privan de la libertad a los consumidores e inician causas penales que funcionan como castigo”, detalla Palomino.

Frente a este contexto, el Estado propone marcos regulatorios para el consumo medicinal pero a su vez persigue a quienes consumen la planta: “Esta diferencia se debe a que la nueva regulación de la ley y el Registro vienen, en principio, a proteger solo a los usuarios medicinales pero incluso en esos casos también son perseguidos”, afirma el abogado.

Por su parte, Emilio Ruchansky, integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA) y coordinador del proyecto de Ley de Cannabis Medicinal afirmó que la Ley de Cannabis Medicinal  “es el comienzo de un nuevo marco regulatorio que quita a la planta de un lugar tabú, regula su uso medicinal en salud y prepara el terreno para avanzar en otros campos que son el verdadero problema de fondo: la regulación del uso adulto”. Paradójicamente, la tenencia de drogas para uso personal, mayormente de marihuana, es el delito que más creció.

Hecho el proyecto

A fines del 2021, organizaciones civiles, políticas e investigadores redactaron un proyecto que estipula la modificación en el articulado de la Ley 23737. Este cambio propuesto por la presidenta de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados Carolina Gaillard (FdT) no solo modifica el Régimen Penal de Estupefacientes sino que además despenaliza la tenencia para consumo personal, incluyendo el cannabis que tendría un régimen especial.

En el mismo documento se incluye la legalización del autocultivo de cannabis para uso personal correspondiente a 40 gramos de tenencia y nueve plantas en floración al igual que los límites máximos que hoy el REPROCANN permite. Este cambio busca garantizar que los usuarios medicinales y quienes cultiven en forma solidaria, no sean perseguidos y que sus cultivos destinados para la salud se respeten.

En este sentido, Gaillard sostuvo a comienzos del año que estos cambios forman parte de las políticas de salud: “Es urgente una reforma de la Ley de Estupefacientes porque esto va a permitir implementar otras formas de cuidado de la salud en línea con las políticas de reducción de daños”.

El proyecto hace foco en que la persecución penal se oriente a la narcocriminalidad y el mercado ilegal de sustancias psicoactivas, entendiendo que “las conductas privadas de usuarios y usuarias no significan un daño a la salud pública y su persecución, en cambio, genera sistemáticas afectaciones a derechos fundamentales”, remarcó Gaillard.

En este aspecto, la criminalización por cultivar sigue siendo uno de los mayores miedos por parte de los usuarios y, a la vez, una de las principales luchas: una de ellas tuvo lugar el 20 de abril de 2022 en las calles bonaerenses con asociaciones como el Frente de Presos y Presas por Plantar, gremios, universidades y asociaciones como Acción Cannábica. “No más presos por cultivar, indulto, amnistía o absolución de los detenidos, y que dejen de perseguir a los cultivadores”, expresaban los carteles de colectivos, asociaciones y pacientes.

Al final del proyecto, la diputada también promueve que los Ministerios de Seguridad, como las policías, el Poder Judicial y los Ministerios Públicos Fiscales capaciten a cada profesional frente a estas situaciones; además se excluye de responsabilidad criminal a médicos que recetan cannabis con destino medicinal, terapéutico y/o paliativo.

“Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad», señala Ruchanksy.

Salud y formación

Otro aspecto problemático en relación al cannabis, es la poca formación que brinda el Estado y a la que accede el personal de salud: “De parte de los médicos se debe a la falta de formación o por desacuerdo con el uso de cannabis medicinal pero, a la par, se debe a la inexistencia en el sistema público de unidades de atención pensadas para estos tratamientos. Hoy, para tener derecho a cultivar y transportar tu medicina, tenés que pagar una consulta médica privada porque el Estado no ofrece un listado”, cuenta Palomino.

En cuanto a las políticas públicas en salud, Ruchansky expresa que en el país no hay una política de prevención de riesgos: “Cuando vos regulás, tenés estándares de mejor calidad. Esto te permite saber qué es lo que estás consumiendo” y agrega que esto “no quita mencionar” que el consumo problemático es una realidad de la que también “debe encargarse el Estado”.

Es que la marihuana, como cualquier otra sustancia, puede generar ciertos hábitos de consumo, que dependen no solo de la persona sino también de su contexto, sostiene el profesional:  “La marihuana no genera dependencia física como la cocaína o el cigarrillo pero sí dependencia psicológica como cualquier sustancia; en esos casos es el Estado el que tiene que acompañar esos consumos problemáticos con una política concreta”.

Pero, ¿qué asistencia o tratamiento se le puede brindar a los consumidores si el adicto es tratado como un criminal? ¿Cómo puede haber un plan de asistencia a las adicciones que aborde los problemas de salud y el uso de drogas? Palomino subraya que la base de esta política es la despenalización y la información: “Tenemos que poner sobre la mesa temas como el uso adulto que son parte de una realidad social. Quiero decir con esto que no debemos demonizar la marihuana sin hablar con propiedad: tenemos que investigar sus efectos, sus riesgos y la forma de reducir los mismos”, cierra.

Y llega la ciencia

De esta manera, cada vez son más los proyectos que presentan los dirigentes políticos para promover el uso del cannabis y sus derivados: el 19 de abril de este año, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación anunció el financiamiento para el estudio científico del cannabis. La actual Ley Medicinal estipula el acompañamiento económico para el estudio de la planta, algo que no había ocurrido hasta la fecha. El objetivo propuesto por el oficialismo es “generar conocimientos y avances sobre las propiedades del cannabis y sus derivados” , detalló el ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación,  Daniel Filmus.

Por su parte, Nicolás Di Biase, médico de la Red de profesionales para el estudio del cannabis, en diálogo con Radio Nacional expresó que los 250 millones de pesos que invertirá el Estado se usarán para «comenzar el estudio de enfermedades como en Canadá, Israel y Estados Unidos. Pero para lograr un archivo nacional debemos investigar cuáles son los usos que tiene la planta y  los derivados como el aceite del cannabis, incluso las flores para vaporizar cannabis, que son las formas medicinales para seguir promoviendo», añadió.

Hoy, el régimen jurídico y la política de seguridad en Argentina se contraponen con el proyecto que el mismo Poder Ejecutivo nacional presentó para incentivar y regular la producción y comercialización del cannabis para uso medicinal. Incluso la persecución a los consumidores tampoco es coherente con esta nueva ley ya que cuenta con dificultades en su sistema de registro y no es acompañada por una política integral de consumos problemáticos, algo que el Estado debe garantizar.

Derecho al Olvido versus Derecho a la Información

Derecho al Olvido versus Derecho a la Información

Este jueves, comienzan las audiencias en la Corte Suprema por el caso de Natalia Denegri, la exmediática entremezclada en el caso Cóppola que exige que google la baje de su buscador.

Este jueves, la Corte Suprema de Justicia escuchará los argumentos que tiene Natalia Denegri para exigir que Google la desindexe de su buscador y comenzará a debatirse lo que se dio en llamar Derecho al Olvido y sus tensiones con el Derecho al Acceso a la Información Pública.

Una de las principales preocupaciones actuales en la justicia y la sociedad es la regulación de los derechos digitales. Entre otros temas centrales está el llamado Derecho al Olvido. No pocas personas han solicitado que parte de su historia personal no aparezca más en los motores de búsqueda por considerar que les produce un daño. De fondo, corren otros problemas como la falta de regulación de los algoritmos y sus sesgos discriminatorios, la responsabilidad de los intermediarios, el derecho a la intimidad y su tensión con el acceso a la información pública, entre otros.  

El Poder Judicial deberá resolver el pedido de Denegri, quien en los 90 alcanzó fama por entremezclarse con los protagonistas de llamado “Caso Cóppola” y por participar de un reality informativo conducido por Mauro Viale. Ahora, devenida en empresaria, la exmediática se siente denigrada cuando aparece cantando “Quién me la puso”, entre otros productos de la época, que hoy pueden encontrarse con una simple búsqueda en Youtube.

 Enrique Chaparro, especialista en seguridad informática y activista por los derechos digitales, sostiene  que “el problema de la regulación de temas de interés público está en manos privadas. Si esto lo determina una empresa privada lo que estamos haciendo es privatizando la información, lo que no existe en los buscadores de Internet no existe. Esto es sustancialmente grave”.

La posición del especialista  muestra que detrás de los algoritmos, los GAFAM (Google, Amazon, Facebook ahora Meta y Microsoft) priorizan el negocio sobre los derechos de sus usuarios. En este sentido, el valor de la información precisa mayores definiciones. La actual ley argentina de Protección de Datos Personales (ley 25.326)  permite en su Artículo 27 la creación de perfiles para fines promocionales o publicitarios y no sanciona los abusos de estas grandes corporaciones, como ocurre en Europa con el Reglamento General vigente de desde 2018, con multas que alcanzan los 10 millones de euros.

Este 17 de marzo  llegará a la Corte Suprema de Justicia el  Derecho al Olvido y su contraste con  el Derecho a la Información. El máximo tribunal convocó a una audiencia pública esencialmente para tratar el litigio entre Google y la exmediática radicada en Estados Unidos. La demanda contra Google se enfoca en los resultados del buscador en donde se la encuentra todavía como “chica del caso Coppola”,  ocurrido en 1996. Denegri ganó su juicio contra Google en dos instancias y la empresa multinacional de Estados Unidos, Alphabet Inc. -propietaria del buscador- presentó un recurso que llegó a la Corte Suprema.

Denegri denunció que sigue siendo victimizada con la continua difusión de informaciones erróneas y con imágenes que la exponen. “El acceso a la justicia es una barrera muy alta, el tiempo que se demora en que ese acceso se concrete es una barrera aún más alta. Tenemos que discutir y crear, desde el punto de vista legislativo, sistemas que sean suficientemente ágiles como para resolverlo sin que quede al arbitrio del sector privado”, dijo Chaparro.

 

¿Qué fue el caso Coppola?

El empresario Guillemo Coppola fue detenido en octubre de 1996 luego de un allanamiento en su domicilio. En aquel episodio encontraron en un jarrón 40 gramos de cocaína. El entonces representante de Diego Maradona estuvo detenido más de 90 días por orden del exjuez federal de Dolores, Hernán Bernasconi.

En declaraciones radiales, Natalia Denegri recordó que, con 17 años, fue expuesta y convertida en el chivo expiatorio de las prácticas de «un juez corrupto», en referencia a Bernasconi. «Eso -completó- quedó demostrado en el juicio que le gané al Estado y a los terceros actuantes en julio de 2020 en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal 5”.

Los dos lados del mostrador

El Derecho al Olvido toma especial relevancia durante 2014, en Europa, a partir de que un abogado y calígrafo, Mario Costeja, exigiera a Google que borrara la indexación que vinculaba su nombre con una deuda saldada (en la década del 90), logrando un fallo favorable del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Se trataba de dilucidar si correspondía eliminar los datos que Costeja consideraba lesivos para su reputación era responsabilidad de la página web en la que constaban los mismos –propiedad de La Vanguardia diario– o del buscador. Como resultado de un reclamo, presentado en marzo de 2010, la Agencia Española de Protección de Datos ordenó a Google, en su Resolución de fecha 30 de julio del mismo año, que no mostrara en el futuro ésta información, por cuanto consideraba que no resultaba posible eliminar la información original que constaba en la hemeroteca que el mencionado diario había volcado en la red.

Google, por el contrario, sostenía que la responsabilidad de la información recaía en exclusiva sobre el propietario de la página web original y que su buscador era simplemente un mediador sin responsabilidad en el contenido de las páginas web que indexaba.

“Este es el agujero del mate. Me refiero  a los buscadores, dado que son una empresa privada y que  por otro lado indexan, tienen un orden editorial. Por lo tanto, en el fondo son decisiones”, sostiene Chaparro.

La Defensora del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, María Rosa Muiños , y su par bonaerense, Guido Lorenzino, respaldaron el pedido de la empresaria Natalia De Negri en su demanda a Google.

¿Se puede no ser indexado?

Todo lo que aparece en un buscador parece haber sucedido en un mismo tiempo. Es acrónico, no está asociado a un tiempo. Por eso, aparecen los casos mencionados como el de Natalia Denegri o Mario Costeja. En este sentido, el especialista en seguridad informática agrega que “nosotros (en referencia a las personas especialistas en  sistemas) solemos decir ´derecho a no ser indexado´, porque es lo más correcto”.

En nuestro país, lo que existe es la aplicación de la ley de Protección de Datos Personales, que tiene la limitación del recurso de “habeas data”, orientado a rectificar o modificar un registro en las bases de datos cuando estos se transforman en información sensible que puede producir un daño al denunciante.

Pero aquí, el Derecho al Olvido también alcanza a terceros, dado que hay casos que no implican únicas personas y esto presenta dilemas legales sobre todo si se afectan otros derechos. Desde el 2014 en Europa,  Google recibió más de 800 mil demandas. En Argentina, la modelo María Belén Rodriguez fue la primera en presentarse ante la Corte Suprema. En la segunda instancia, los magistrados consideraron que “como los buscadores no tienen la obligación general de monitorear los contenidos que figuran en la web, no pueden ser condenados”. En tanto, en 2015 la Corte volvió a fallar a favor del gigante en las demandas presentadas por la ex integrante del grupo de música Bandana, Virginia Da Cunha. La cantante solicitó que Google quitara contenidos que la asociaban con sitios web de pornografía y prostitución. La modelo Bárbara Lorenzo demandó al buscador por el mismo motivo. 

 Chaparro detalló que “el sesgo de información se compensa agregando información. Donde aparece el dato controvertido tiene que haber mecanismos que marquen la controversia, como por ejemplo, en el caso de Mario Costeja, que figure  la nota que le  pagó al fisco. La contextualización de la información es costosa para los oligopolios de la información”, subrayó.

A raíz del caso de la conductora televisiva,  puede observarse que la regulación actual carece de herramientas prácticas que den una solución, en donde el gigante Google es el buscador hegemónico y los algoritmos cumplen funciones editoriales. Por un lado, se requiere una nueva ley de Protección de Datos que incorpore las bases de datos dinámicas utilizadas por los megabuscadores para indexar contenidos.  En segunda instancia,  una regulación de los algoritmos que cumplen funciones editoriales. Por último,  que tengan en cuenta que borrar la indexación de datos como los del caso Coppola puede afectar otros derechos. Por lo tanto, lo que debe evitar la regulación democrática es que el/los buscador/es se posen de ambos lados del mostrador. La determinación de aquello que es de interés público no puede estar en manos privadas.

No solo del FMI vive el Congreso

No solo del FMI vive el Congreso

A una semana del inicio de las sesiones ordinarias, el Congreso se apresta a tratar el acuerdo del FMI. Pero, a lo largo del año, vendrán otros temas esenciales para la vida de los argentinos.

 

Después de un 2020 con el mayor nivel de actividad legislativa en la última década, marcado por la excepcionalidad de la pandemia del coronavirus, el 2021, como todo año electoral, bajó en intensidad. Sin embargo, el 2022 comenzó con el pie izquierdo entre fallidas sesiones extraordinarias, desacuerdos de comisiones y los temas que se asoman para ser tratados, encabezados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Tras los comicios de noviembre pasado, el oficialismo perdió el quórum propio en la Cámara de Senadores. En Diputados, si bien consiguió retener la primera minoría, el panorama también lo obliga a negociar con otros bloques, sobre todo provinciales, para viabilizar las iniciativas que busque debatir y aprobar. En ese marco, ANCCOM dialogó con referentes de distintos espacios políticos de la Cámara Baja sobre el año que se viene: Martín Tetaz, por Evolución Radical, Diego Sartori, del Frente de la Concordia Misionero, Daniel Arroyo, por el Frente de Todos (FDT), y Romina Del Plá, integrante del Del Frente de Izquierda – Unidad (FIT-U).

El Gobierno nacional convocó a sesiones extraordinarias a partir del 1 de febrero. El día anterior el diputado Máximo Kirchner renunció a la presidencia del bloque del Frente de Todos, por lo que demoró la agenda parlamentaria prevista. Su reemplazante, el santafesino Germán Martínez, debió ponerse al día y ordenar el frente interno. Cecilia Moreau y Paula Pennaca fueron ratificadas como vicepresidenta y secretaria, respectivamente, pero todavía no se han conformado las comisiones que deberían tratar las 18 iniciativas enviadas por el Ejecutivo, destacando la reforma del Consejo de la Magistratura y el Consenso Fiscal 2022.

Las indefiniciones, a pesar de algunos avances al respecto, se dan entre reclamos por acuerdos parlamentarios previos no cumplidos y la voluntad de Juntos por el Cambio de obtener un número mayor de comisiones, dado el resultado de las elecciones legislativas. En la Cámara Alta, las comisiones permanentes son 27 y en la Cámara Baja son 46. La discusión apenas comienza a destrabarse en el Senado y el 24 de febrero es la fecha prevista para la sesión preparatoria. En Diputados todavía se aguarda por el recambio de autoridades. 

El desacuerdo

El anuncio de un entendimiento inicial con el FMI dio paso, tal vez demasiado rápido, a las especulaciones sobre su tratamiento en el Congreso de la Nación, aunque ya se sabe que ingresará por la Cámara de Diputados. Las conjeturas sobre posibles abstenciones o votos en contra de legisladores oficialistas también se trasladan a la expectativa de los bloques opositores ante la presentación formal en tablas, a excepción del FIT-U y los representantes libertarios que ya aseguraron su rechazo.  

Una de las figuras del FDT que adelantó su postura fue Daniel Arroyo. Para el ex ministro nacional de Desarrollo Social “en un contexto como el nuestro, con los pagos y la debilidad de reservas y cambiaria, en un acuerdo sin reforma previsional ni laboral, sí metas de reducción de déficit fiscal” el entendimiento es “razonable y mejor que un eventual default”. Además, en línea con lo que parece ser una actitud de bloque, señala que en términos generales tiene “la peor de las opiniones” sobre el organismo multilateral de crédito. 

Por el lado de los espacios opositores, la mayoría decide esperar. En Juntos por el Cambio “no hay postura definida porque todavía no apareció el acuerdo” sobre el que se va a tener que opinar, aclara el radical Martín Tetaz. En la misma línea, Diego Sartori desliza que el interbloque Provincias Unidas aún no tiene una posición tomada, sino que van a “esperar a la letra chica y evaluar si es viable” para acompañar. A su vez, el armado federal que reúne a representantes de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires tampoco definió su postura.

Desde el FIT-U, en cambio, sí salieron a expresar su rechazo. “Ha sido parte de nuestro posicionamiento en campaña”, remarca Romina Del Plá. Para la diputada del Partido Obrero significa un “ajuste muy fuerte de las finanzas públicas” que va a repercutir en la población y que, incluso, “ya ha comenzado”. Aunque con otros argumentos, y con perspectivas diametralmente opuestas, José Luis Espert y Javier Milei también se mostraron en contra. 

Agenda legislativa inicial

De cara al nuevo inicio de sesiones ordinarias, oficialismo y oposición barajan variados proyectos para tratar en el Congreso. “Aspiro a que el 2022 sea un año de mucha tarea legislativa, saliendo de los títulos fáciles y del modo electoral”, afirma Arroyo. Más allá del acuerdo con el FMI, que para Del Plá “va a dominar la escena durante la primera mitad del año”, hay otros dos temas centrales: segmentación de tarifas y Ley de Alquileres o, dicho de otro modo, política energética y de vivienda.

Para el diputado Sartori, la cuestión en materia de energía es clara, dado que Misiones es la única provincia a la que no llegan los gasoductos. Considera importante que “se revalúen las tarifas en relación a los que son más perjudicados” y “la inversión en infraestructura”. Destaca los avances en el Yacimiento Petrolífero Vaca Muerta, al punto que “pueden ser una solución”. También sostiene que al Congreso no se va “a especular” y espera que “funcione como debe”. Por su parte, Del Plá plantea necesaria la “nacionalización bajo control de trabajadores de todas las empresas privatizadas desde el menemismo en adelante” para poder “determinar el verdadero costo de la energía”. 

Arroyo considera que la segmentación de tarifas es “lógica” y que el “esquema es progresista”. A su vez, desliza que hay que ir “al siglo XXI de la cuestión energética”, por lo que desde el Ejecutivo se envió la Ley de Electromovilidad, aunque quizás no llegue a debatirse en sesiones extraordinarias. El diputado resalta que fue un acuerdo entre el sindicato y las automotrices. “Hay acuerdo entre capital y trabajo”, subraya. Hasta el momento, según Tetaz, en su espacio “no hay propuestas legislativas en el tema”. 

Los distintos bloques coinciden que la Ley de Alquileres no cumplió su objetivo. Se han planteado diversas alternativas para modificarla, entre ellas la presentada por Tetaz para cambiar los artículos que establecen el plazo y el ajuste de los contratos de locación. Arroyo apunta que también está pendiente “la resolución del problema de los créditos UVA” y que la urbanización de los barrios populares ya cuenta con “una buena Ley con Financiamiento”, por lo que se comenzó por “los primeros 400 de un total de 4.400”. Para la izquierda el tema de la vivienda “sólo es resoluble con una política de vivienda popular”, que habían propuesto financiar con su propio proyecto de impuesto a las grandes fortunas. 

Iniciativas a título personal

El diputado Arroyo buscará viabilizar los tres proyectos que mencionó durante la campaña el año pasado. Primero, apuesta a “capitalizar a quienes trabajan y desendeudar a las familias” con un sistema de crédito no bancario y un fideicomiso con fondos públicos, y privados que quieran participar, para “máquinas, herramientas e insumos”. Luego generar “400 mercados de cercanía” públicos, privados y mixtos, lo que apunta a “bajar el precio de los alimentos, a la producción agroecológica y a la generación de trabajo”. Por último, si bien admite que falta debate, piensa en una reforma de la escuela secundaria para que sea “más moderna y flexible”, con un sistema dual que “en los últimos dos años permita vincularse con actividades laborales..

 

Martín Tetaz ya presentó distintas iniciativas con un fuerte perfil tributario, entre las que destaca la modificación del sistema del monotributo, el cual propone que no se pague durante un año en la categoría inicial ni que lo hagan quienes facturen menos que el valor de la canasta básica. Sus prioridades se completan con un proyecto de reforma de la carta orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), que busca que el directorio de la entidad sea elegido por el Congreso para que sea “verdaderamente autónomo.”

 

Por otro lado, para Del Plá la urgencia es tratar “un aumento de emergencia de jubilaciones y salarios”, junto a las cuestiones ambientales. En ese sentido, remarca que insistirán con la Ley de Humedales, de Emergencia Forestal y contra la exploración y explotación para la instalación de plataformas petroleras. También volverán a la carga por la “nacionalización del sistema educativo, la regularización de todos los trabajadores, el desmonte de los mecanismo de fraude laboral y los ligados a problemáticas de mujeres y diversidades”. Sin embargo, aclara: “Esa es nuestra agenda, no la del gobierno que irá tras la deuda”.