“Manicomios porteños: la transformación que no llega”

“Manicomios porteños: la transformación que no llega”

Ene 15, 2026 | DDHH, Destacado 4

Las organizaciones ACIJ y CELS presentaron un trabajo de relevamiento sobre cuatro hospitales públicos que no se han adecuado a la nueva Ley de Salud Mental. Describen las dificultades para la reinserción social de los pacientes y denuncian el ajuste en el programa PREASIS para facilitar la externación; la “patologización de la pobreza» y en algunos casos malos tratos, agravados por la condición de mujer.

El hospital «Tiburcio Borda» en 2024 registró 1.036 ingresos. Foto: Archivo/ ANCCOM

La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) junto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentaron Manicomios Porteños: La transformación que no llega. Este documento es un relevamiento de los cuatro hospitales monovalentes públicos en CABA que siguen funcionando sin cambios a pesar de que, por decreto, debían adecuarse y sustituirse definitivamente para el año 2020. La investigación expone el incumplimiento de la ley y el déficit estructural en cuanto a salud mental y discapacidad, siendo los más afectados las personas de bajos recursos, mujeres, niños, niñas y adolescentes (NNyA). Mientras que en 2024 todos los establecimientos presentaron aumentos significativos en el ingreso de pacientes internados, los dispositivos sociales para garantizar la reinserción en sociedad son prácticamente inexistentes.

Los manicomios en CABA no desaparecieron, son cuatro: Dos hospitales para adultos, “José Tiburcio Borda” y el Neuropsiquiátrico “Braulio A. Moyano”; otro para emergencias psiquiátricas, “Torcuato de Alvear”; y uno para NNyA, “Carolina Tobar García”. En ellos hay una ocupación completa constante. Esto se debe a que los lugares para la internación en salud mental en hospitales generales de la ciudad son muy pocos, apenas 77 camas disponibles. Por este motivo muchos de los pacientes son derivados casi directamente a una institución monovalente, generando una cantidad de internaciones en aumento desde hace varios años. Por ejemplo, en el caso del hospital “Tiburcio Borda”, en 2024 registró 1.036 ingresos, cifra que no alcanzaba desde 2011.

La concentración no solo es de personas hospitalizadas, sino también de recursos. El relevamiento dedica un segmento al análisis del presupuesto de CABA en 2024 y afirma la “insuficiente inversión en políticas y dispositivos comunitarios, de apoyo y de inclusión social”. En palabras de Sofía Soberón, trabajadora social integrante del equipo de CELS: “El problema es cómo se distribuye ya que la mayor parte [de los recursos] está centralizada y no se refuerza toda esta otra red que tendría que poder tener el peso en la forma de abordar la salud mental. Y esto es solo en salud, cuando deberíamos poder hablar de lo laboral, lo habitacional y la educación. Es decir, debería tratarse transversalmente, no solamente relegado al ámbito de la salud.”

En números, un 75,6% del presupuesto estuvo dedicado a estas instituciones psiquiátricas, 11,4% se destinó a salud mental en centros generales, y solo 0,005% fue dirigido al Programa de Externación Asistida para la Integración Social (PREASIS).

Este último fue creado para acompañar a las personas que egresan de la internación para reinsertarse en la sociedad. En el PREASIS hacia fines de 2024 trabajaban solo 75 personas, lo que podría considerarse insuficiente personal en relación a la cantidad de egresos que en ese año mantuvieron un promedio de 589. El programa también incluye apoyo económico. Un primer “Subsidio de Revinculación Familiar” que consta de 900 pesos mensuales, y un “Subsidio de Externación y Reinserción Social” dirigido a las personas que no pudieran garantizar su independencia habitacional de idéntico monto al primero. Ambos valores sin actualización desde 2012.

De hecho, en el proyecto de Ley del Presupuesto 2025 presentado por el Gobierno de la Ciudad el programa desapareció y tampoco figura en la sección correspondiente del Ministerio de Desarrollo Humano y Habitat. Cuando los investigadores de ACIJ y CELS consultaron al respecto, las autoridades afirmaron que el programa continuaba activo, pero sin explicación de cómo se sustenta o por qué desapareció del documento oficial.

Otro de los puntos clave es el tiempo de permanencia de los pacientes. La Ley 26.657 estipula que las internaciones deben ser del menor tiempo posible, sin embargo, se identificó que el 72% de las personas adultas internadas entre mayo y octubre de 2024 tuvieron internaciones prolongadas (más de seis meses). También se evidenciaron internaciones máximas de hasta 40 años, con un promedio cercano a los 10 años.

Gran parte de la permanencia en los psiquiátricos no está relacionada a motivos médicos, sino a que muchas personas, después de largos periodos internados, no tienen lugar para vivir. La estadía prolongada produce la pérdida de los vínculos familiares y afectivos, como también la falta de contacto con el mundo laboral, agravando la situación de la persona dada de alta.

Pasillo del Hospital Braulio Moyano. Según el informe, muchas de las mujeres internadas son vistas como “mujeres que fallaron” en su rol socialmente impuesto como madres, proveedoras y cuidadoras. Foto: Archivo/ANCCOM

Si bien los hospitales son de puertas abiertas, salvo en la internación involuntaria, el abogado Eduardo Quiroga, otro de los autores del trabajo por parte de ACIJ, explicó que “eso no se traduce en una vida independiente, ya que la mayor parte de esa población no decide dónde, cómo o con quién vivir, qué trabajo tener, qué rutinas implementar. En la institucionalización están sometidas a lógicas que vulneran el derecho de vida independiente. Eso es mucho más difícil si no se logran los apoyos y recursos para vivir en comunidad”.

Los investigadores identificaron las siete Residencias Asistidas de Rehabilitación Psicosocial existentes en CABA y señalaron dos problemas principales: la escasez de vacantes por un lado (un promedio de 14 personas por residencia), y por otro la falta de adecuación a los requerimientos de la Ley Nacional de Salud Mental y la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. Son lugares pensados para trastornos mentales severos y un tiempo de permanencia máximo de dos años. Subrayaron que, aunque las residencias deberían funcionar como dispositivos de transición a la vida social, en algunas de ellas se terminan reproduciendo las lógicas del psiquiátrico aunque en menor escala.

Quiroga señaló que no solo se trata de un problema habitacional, sino que “requiere asistencia personal, acompañamiento terapéutico, un lugar de atención ambulatoria de referencia, y muchas otras cosas. Deben externarse de hospitales psiquiátricos, pero también debe existir una continuidad de cuidados con la que actualmente no contamos”. Esta situación expone que en muchos casos el reingreso a los psiquiátricos se debe a la cruda disyuntiva que enfrentan las personas: el manicomio o la calle.

El informe sostiene que las internaciones no solo se atribuyen a un estigma social de la “locura” y “peligrosidad”, sino que esto también convive con otro esquema de exclusión social, la “patologización de la pobreza”. Personas internadas no por salud sino falta de trabajo, vivienda y protección social.

ACIJ y CELS observaron instalaciones precarias, prácticas de aislamiento, casos de violencia física y psicológica, sujeciones físicas y farmacológicas y muertes que no se han investigado debidamente. Así como también usos indebidos de la medicación psiquiátrica, como el castigo, la coerción y la gestión de conflictos, generando graves deterioros orgánicos en la salud. En este panorama, también identificaron a mujeres y NNyA como los grupos más vulnerados.

Entre 2023 y 2024 se registró la mayor cantidad de NNyA internados desde 2012. Allí se encuentran expuestos a “situaciones de riesgo psicofísico y social, traumatismos corporales, amedrentamientos, temores, y falta de acompañamiento adulto”, mencionando posteriormente la pérdida de la escolarización y la dificultad para reintegrarse socialmente.

Con respecto a las mujeres internadas, “están sujetas a lógicas patriarcales de control sobre sus cuerpos y maternidades que afectan su autonomía y las someten a tratos crueles, inhumanos y degradantes, como la anticoncepción y esterilización forzada y la privación de la responsabilidad parental sobre sus hijos e hijas”. De acuerdo con el trabajo, muchas de ellas son vistas como “mujeres que fallaron” en su rol socialmente impuesto como madres, proveedoras y cuidadoras.

Si bien la transformación está lejos de lograrse, los autores apuestan a que sea posible, tomando como referencia otra investigación elaborada por CELS sobre desmanicomialización en el Hospital Dr. Alejandro Korn “Melchor Romero”. En él se observaron avances para la adecuación a la ley y bienestar de las personas externadas. “Lo que el informe busca transmitir es que más allá de un marco normativo y necesario, hace falta voluntad política para poder pensar en políticas públicas claras”, afirmó Soberón. “Como sociedad deberíamos poder visibilizar estas situaciones de las que cuesta hablar por el estigma social, como también exigirle al Estado la implementación de políticas”, concluyó.

La Legislatura porteña declaró de interés cultural a la parroquia San Patricio

La Legislatura porteña declaró de interés cultural a la parroquia San Patricio

Dic 11, 2024 | DDHH, Destacado 3

En ella se cometió el mayor acto de terrorismo de Estado contra miembros de la Iglesia católica. La causa judicial que investiga los cinco asesinatos aún está abierta.

La parroquia San Patricio, ubicada en el barrio de Belgrano, donde se perpetró la masacre de cinco religiosos durante la última dictadura militar, fue declarada patrimonio cultural por parte de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. El proyecto fue impulsado por el legislador Claudio Ferreño.

El 4 de julio de 1976, un grupo de represores ingresó a la parroquia y asesinó a los sacerdotes Alfredo Leaden, Alfredo Kelly y Pedro Dufau y a los seminaristas Salvador Barbeito Doval y Emilio Barletti. Además, colocaron alrededor de los cadáveres una imagen de Mafalda señalando el “palito de abollar ideologías” de un policía, y escribieron en las paredes del templo: “Estos zurdos murieron por ser adoctrinadores de mentes vírgenes” y “Por los camaradas dinamitados en Seguridad Federal. Venceremos. Viva la Patria”.

 “Nosotros venimos trabajando la causa en sus distintas aristas -expresó Ramiro Varela, fundador de la agrupación Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia- , y la colocación de la placa que la declara patrimonio cultural fue un acontecimiento más dentro de la construcción de la memoria. Es importante dejar huellas en el espacio público porque continúan dando testimonio de lo que aconteció, mantiene viva la llama de la memoria, pero también presiona en la búsqueda de verdad y el reclamo de justicia. A nosotros nos moviliza el reclamo de justicia, porque esta causa no es solo de la comunidad palotina, sino de toda la sociedad. Fue el mayor hecho de sangre cometido contra la Iglesia católica en Argentina, y es uno de los crímenes más resonantes que perpetró el terrorismo de Estado”. A 48 años de la masacre, la causa continúa en etapa de instrucción, sin responsables identificados ni condenados.

La causa que investiga los crímenes se inició horas después de los asesinatos, bajo la instrucción del juez Guillermo Rivarola, con la intervención del fiscal Julio César Strassera. En octubre de 1977, el caso fue cerrado a pedido del fiscal. En agosto de 1984, la causa se reabrió por solicitud de la congregación palotina, y el expediente quedó a cargo del juez Néstor Blondi. En 1986, el fiscal Aníbal Ibarra procesó a dos efectivos de la Comisaría 37 por considerarlos partícipes necesarios al liberar la zona para la masacre: al entonces comisario Rafael Fensore y al oficial principal Miguel Ángel Romano, por ese entonces jefe de calle. Sin embargo, en 1987 la medida quedó sin efecto por las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, y Blondi clausuró la instrucción.

La causa entró en punto muerto durante 18 años, hasta el 2005, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró la inconstitucionalidad de las leyes que garantizaban la impunidad de los represores. En ese año, se incluyó en la Megacausa ESMA, ya que dos sobrevivientes del excentro de detención, tortura y exterminio declararon haber escuchado al represor Antonio Pernías atribuirse la masacre junto a otros miembros del grupo de tareas 3.3.2. Varela afirmó: “Para nosotros siempre fue una línea de investigación un tanto inverosímil tomando en cuenta el modus operandi. Dejar los cuerpos en el lugar no se correspondía en absoluto con la forma de operar que tenían los marinos de la ESMA, que secuestraban para extraer información, y luego los aniquilaban a través de los vuelos de la muerte u otra metodología, pero nunca ejecutaban a alguien y lo dejaban en el lugar”.

En 2005, el juez Sergio Torres, a cargo del expediente ESMA, ordenó medidas de prueba y tomó declaraciones, incluso dictó el procesamiento de 18 marinos. Sin embargo, la Cámara Federal porteña revocó los procesamientos en 2006 y 2007 por falta de mérito. Varela afirmó que Torres no terminó de avanzar porque estaba siguiendo una línea de investigación errada, y compartió: “Nosotros siempre creímos que los responsables fueron de la Policía Federal. Dos días antes de la masacre estalló una bomba en el comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, y cuando se produjo la masacre de San Patricio se encontraron pintadas que hacían referencia a ese hecho. El modus operandi, la fecha, las pintadas y el cuadro de Mafalda de alguna forma pueden tomarse como una suerte de firma de autor del hecho. Nosotros tenemos como más plausible la línea que apunta hacia los efectivos de la Policía Federal, o miembros no oficiales de ella que formaron parte de la estructura represiva”.

En 2022, el juez Sebastián Casanello incorporó a Palotinos por la Memoria, la Verdad y la Justicia a la causa como amicus curiae, lo que les permitió aportar información de valía y sus investigaciones al expediente. La causa pasó de Casanello a Ariel Lijo, quien tras el testimonio de un arrepentido del centro clandestino de detención de Coordinación Federal, que afirmó haber escuchado a un miembro de la patota que operaba allí atribuirse la responsabilidad del hecho, decidió deslindar su competencia sobre la masacre palotina dentro de la Megacausa ESMA. De esa forma, la causa llegó al juez Daniel Rafecas, que actualmente investiga el hecho como parte de los crímenes de Coordinación Federal, en el marco de la Megacausa del Primer Cuerpo del Ejército.

Pablo Llonto, abogado querellante de la Causa Palotinos, confirmó a ANCCOM que, hasta el día de hoy, no hay responsables identificados del grupo de tareas culpable de los asesinatos, pero sí de los partícipes necesarios, aunque no están condenados. Además, el abogado sostuvo en la Mesa de Discusión Institucional y Social que es necesario profundizar la investigación sobre los pedidos de “zona liberada” que recibían sistemáticamente las comisarías de la Policía Federal durante esa época, dado que este accionar era frecuente y estuvo presente en otros crímenes perpetrados por las fuerzas en el mismo año.

Para concluir, Varela destacó: “Si bien la causa no termina de reactivarse, estamos en la mejor posición que podríamos haber llegado a estar a lo largo de todos estos años. Tenemos mucha expectativa, no obstante le pedimos al magistrado que haya mayor celeridad en la instrucción, porque el peligro es la impunidad biológica, ya que los culpables empiezan a envejecer y mueren impunes, sin pagar por sus responsabilidades. Por eso, le pedimos a Rafecas que acelere la instrucción, cite a indagatoria a los efectivos de la Comisaría 37 que siguen vivos y que actuaron en esa dependencia policial al momento del hecho, ya que podrían tener alguna responsabilidad. Estamos a la expectativa de que parte de los responsables, al menos los que liberaron la zona, paguen por su accionar y den explicaciones en la justicia”.

El déficit cero mata

El déficit cero mata

May 22, 2024 | Comunidad, Destacado 4

Con la excusa de una auditoría, el organismo estatal que distribuye medicamentos oncológicos dejó de entregárselo a los pacientes. Ya hubo siete muertes, 400 pedidos de amparos y 1.900 afectados.

Cecilia Herrera padece un  cáncer de mama y atraviesa la enfermedad por segunda vez. Debería ir por su cuarta quimioterapia y según lo estipulado terminaría su tratamiento en octubre o noviembre. Pero para ello necesita de la medicación Trastuzumab 440, la cual tiene un valor de 20 millones de pesos y debe utilizarla cada veinte días, un costo sin dudas imposible de afrontar para cualquier persona y por ello la Dirección de Asistencia Directa de Situaciones Especiales, DADSE, era la encargada de proveerselo. A pesar de que su tratamiento no puede interrumpirse más de diez días, desde la asunción del gobierno de Javier Milei y el cierre de la institución no sólo se quedó sin la provisión de su medicación sino que tampoco recibió ninguna respuesta oficial.

Una característica del gobierno libertario, tanto en su campaña electoral como desde su asunción el pasado 10 de diciembre, es el descreimiento de lo público y su consecuente cierre o desfinanciamiento. Tal es el caso es la DADSE, dependiente desde febrero del Ministerio de Salud, que debería ocuparse de la entrega de medicación a pacientes oncológicos o con otras enfermedades graves o raras y que no posean cobertura médica, pero desde su asunción, la nueva gestión comenzó a vaciar sus oficinas y discontinuar la entrega de medicamentos a dichos pacientes. De esta manera, miles de personas que dependen de la entrega de sus remedios por parte de este organismo para poder continuar sus tratamientos no están pudiendo hacerlo. Es el caso de Cecilia Herrera.

Esta medida gubernamental, que se tomó con la excusa de realizar una auditoría para regularizar la compra de medicamentos, implica que miles de pacientes vean en riesgo su vida ante la imposibilidad de continuar sus tratamientos. A pesar de que el gobierno, a través del vocero presidencial Manuel Adorni, haya negado esta situación diciendo que el organismo no cerró ni se discontinuó la entrega de medicamentos, hay una gran cantidad de casos que demuestran lo contrario. “Este gobierno borró todas esas puertas que nosotros podíamos ir a golpear para reclamar un remedio o asesorarnos sobre la medicación –expresa Herrera–. Lo que está causando este tema es terrible, porque no sabés si mañana vas a tener tu remedio o tu tratamiento. No tenés a quien llamar, no tenés con quién hablar. Lo único que hacés es ir al hospital donde tramitás la medicación para que te atienda una chica y te diga que no vas a tener tu medicación”. Hasta el momento pudo continuar su tratamiento a través de donaciones que recibió de otras personas que pasaron por una situación similar pero que ya no deben utilizar más la medicación. Además de preocuparse por su situación de salud, Cecilia insiste por la incertidumbre que atraviesa y reclama una respuesta por parte del gobierno: “Yo quiero vivir, no pido otra cosa. Y este tipo (Milei) nos está matando”.

Un caso similar es el de Rodolfo Lera, quien sufre melanoma desde marzo del año pasado y vio interrumpido su tratamiento a raíz del recorte efectuado por el Gobierno. Para su tratamiento, que está a mitad de recorrido, debe inyectarse dos ampollas de la medicación Pembrolizumab cada 21 días, las cuales tienen un valor de 18 millones de pesos. Desde diciembre, durante cinco meses Rodolfo no las recibió de la DADSE, sino que también tuvo que recurrir a donaciones para continuar su tratamiento. Recién el pasado 30 de abril recibió tres cajas con dos ampollas cada una, es decir para dos meses.

Su situación es preocupante ya que también es un tratamiento que no puede ser interrumpido, y es una gran incertidumbre no saber si van a enviar o no desde el Gobierno su medicación. Natalia, su esposa, advierte sobre esta situación: “Está en riesgo la vida de la gente. Estaban jugando con la vida de mi marido. Y si pudo continuar su tratamiento es por la generosidad de muchísima gente. Tengo miedo, me asusta lo que está haciendo este gobierno con lo inhumano que es”.

A la falta de entrega de medicamentos, que pone en peligro el tratamiento y por ende la vida de miles de pacientes, se le suma el cierre de las oficinas donde los enfermos podían reclamar sus medicaciones y asesorarse sobre sus tratamientos, generando así una gran incertidumbre y preocupación. Ante esta situación, muchos se acercaron a distintas organizaciones que asisten a personas oncológicos o con otras enfermedades raras para asesorarse sobre sus trámites y realizar sus reclamos.

Respecto a ello, Alejandra Iglesias, presidenta de Asociación Sostén, que asiste a pacientes oncológicos, advirtió en diálogo con ANCCOM sobre esta problemática.

Según pudieron saber, serían 1.900 los pacientes oncológicos que se encuentran en esta situación y más o menos la misma cantidad de personas que sufren otras enfermedades poco frecuentes y crónicas. Es decir, aproximadamente 4.000 personas se vieron privadas de su derecho al acceso a su medicación para realizar su tratamiento. Además, las estimaciones son que siete pacientes perdieron la vida esperando que llegue su medicación. Sin embargo, advierte que estos son números estimativos, ya que no hay un registro oficial de cuántos son los afectados, ni quiénes son, cómo continúan los casos o si recibieron o no su medicación. “Nosotros lo que fuimos viendo es que cuando hacen las licitaciones están los expedientes, pero no podemos ver el número total y todos los registros. Entiendo que esto se irá registrando de alguna manera y en algún momento nos dirán. Lo ideal primero es que se regularicen las entregas y no vuelva a haber esta falta de suministro”, afirma.

Si bien en gestiones anteriores existían problemas y demoras en la entrega de medicamentos, estos finalmente llegaban y los pacientes podían continuar normalmente con sus tratamientos. Con la asunción del nuevo gobierno se asiste a una situación inédita sobre este tema, donde los pacientes esperan meses, no tienen respuesta alguna y ven peligrar sus vidas. “Es incomprensible. No sé hasta dónde vamos a llegar así y recién inicia la gestión con este corrimiento del Estado. Es una situación de desamparo”, expresa Iglesias. “A la situación de enfermedad, que como la del cáncer avanza, las personas están sufriendo un deterioro en su salud mental, porque están angustiadas, con miedo, están desesperadas. Nos hablan todo el tiempo para saber si hay novedades y para nosotros también es muy frustrante decirles que no”.

Frente a esta situación ya hubo más de 400 amparos individuales en los que reclaman la regularización de los casos. A ello también se suma un amparo colectivo que hicieron seis organizaciones, pidiendo al ministro de Salud que diga quién es la persona a cargo de la DADSE, cuál es su presupuesto, cuál es su procedimiento, y exigiendo que este sea rápido y eficaz.

A pesar de que el gobierno haya emitido un comunicado de prensa indicando que “esta administración nunca dejó ni dejará de entregar medicamentos oncológicos”, miles de casos demuestran lo contrario.

 

Música, maestros

Música, maestros

Nov 7, 2023 | Culturas, Destacado 4

Por tercer año consecutivo se realiza esta semana el Festival de Ópera Villera, una propuesta educativa para adolescentes que producen, interpretan y protagonizan obras propias y también clásicos del género.

“El festival es ese momento de disfrute y uno nunca sabe qué niño o niña está viendo esto y qué puede generarle el ver una orquesta, escuchar un coro o solistas y qué semillita uno puede estar plantando ahí de vocación, de pasión o de deseo». Mailen Ubiedo Myskow, música compositora y docente, enfocada especialmente en la ópera, forma parte del Centro Artístico Solidario Argentino, CASA, desde hace 13 años, y es también fundadora del Festival de Ópera Villera, evento que tendrá lugar esta semana en Buenos Aires, con una serie de espectáculos programados en diversas salas de la ciudad. “Lo que más me interesa -agrega- es generar un espacio educativo y que se sepa también que los chicos en los barrios pueden ser productores de nuevo arte y no necesariamente receptores, sobre todo en este género”.

Del 4 al 12 de noviembre se lleva a cabo la tercera edición del Festival de Ópera Villera (FOV), acción vanguardista organizada por la Asociación Civil CASA. Sus protagonistas son estudiantes adolescentes de música en los barrios de Fátima y Padre Ricciardelli (ex Villa 1-11-14). Ellos son los productores del espectáculo, acompañados por la ONG y especialmente por sus maestros Mailen Ubiedo Myskow y Emiliano García Pérez. La gala de apertura tendrá lugar hoy, martes 7 de noviembre, a las 20:30, en UOCRA Cultura.

«Se me ocurrió armar junto a los responsables de cada área de nuestra compañía un espacio educativo enfocado en adolescentes para que puedan conocer un poco de qué van los oficios que tiene la ópera y abrir un poco el horizonte cultural”, cuenta Ubiedo Myskow. La conversación transcurre durante el ensayo abierto para la Gala Lírica de cierre, que se llevará a cabo en el Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, ubicado en Villa Soldati. Allí, dentro de una cancha de básquet, simple y bien iluminada, el escenario se convirtió rápidamente en un conservatorio frente a los sonidos de una orquesta compuesta por violines; guitarras; flautas; trompetas, flautines; chelos; glockenspiel: timbales; tambores y teclados. El espectáculo que brindan pinta una apropiación de la práctica tradicionalmente elitista, ahora mediatizada y redefinida ingeniosamente por un sector popular, joven y creativo.

“Lo mágico de la ópera es que abarca todas las artes, ahí los chicos se pueden encontrar con un taller acorde a sus deseos», explica la docente. En el espacio dan talleres de diseño y vestuario, diseño y realización de escenografía, dibujo, taller de composición musical y taller de teatro y dramaturgia y el de caracterización teatral, es decir, maquillaje y peinado. El resultado de estos trabajos concluye en una ópera montada y creada íntegramente por adolescentes: «Ese es el plato más fuerte del festival», indica Ubiedo Myskow. La obra realizada por ellos se titula “Espaghetini y brownie”, los mismos se encargan de la escenografía, confección del vestuario (inspirados en la colección de Ágatha Ruiz de la Prada 2018 y la colección de Moschino 2005 honrando a la gastronomía italiana) y maquillaje, además de ser los protagonistas del drama, ya sea como actores o músicos.

Con respecto al nombre, considerado polémico para algunos, ella sostiene que «Ópera Villera» es un recurso que funciona, ya que llama mucho la atención, tanto la gente que conoce de ópera como la que no, se preguntan, “che ¿qué es esto? ¿de qué va?» También remarca el concepto de ir contra la idea peyorativa de lo villero, lo que implica amigarse con la palabra para resignificarla y darle valor. «Nosotros estamos orgullosos de poder ser lo que somos y de poder llevarlo adelante, de que cada persona se sienta bien con lo que es y que no se avergüence de eso, militamos esa idea en el festival», expresa la música.

Otro punto clave que menciona es la novedad dentro del género: «Mucha gente no entiende que también hay obras nuevas, de hecho, está la compañía Sol Lírica, «Mujer sin nombre»  es una ópera fusionada de música académica y candombe». Allí, cuenta la docente, hablan del primer teatro de Buenos Aires y tocan temas como la esclavitud, la conquista de los derechos, entre otros temas. «Muchas veces se piensa que la ópera es sólo Mozart, Puccini y Verdi, y la realidad es que hay mucho más allá de eso; por supuesto, ellos nos encantan, los amamos y los seguiremos haciendo», explica Ubiedo Myskow entre risas y añade que, de todos modos, es clave entender que el género se renueva y es fresco.

El festival, sí bien tiene obras originales, también conserva a modo de fidelidad a la historia del género un repertorio clásico. Algunas de ellas son Nessun Dorma (ópera Turandot de Giacomo Puccini); Libiamo (ópera La Traviata de Giuseppe Verdi); Habanera y Toreador (ópera Carmen de Georges Bizet); Va Pensiero (ópera aida de Verdi), entre otras. La profesora cree que es una buena forma de llevar el género a los barrios, ya que no está contemplado en la vida de las personas que casi no llegan a fin de mes o tienen otros problemas el ir a disfrutar un espectáculo.

Además, el evento genera una actividad comunitaria, ya que contará con la presencia de una feria de platos con las familias que van a colaborar para juntar dinero para la escuela. «Viene gente del hogar, vienen agrupaciones barriales… Ese momento de compartir en comunidad a mí me encanta y me sensibiliza mucho», expresa, e invita al público a acercarse. «A futuro me encantaría que sea replicable en otros espacios y tener otro presupuesto para poder hacerlo en más barrios y tener estos talleres a disposición de muchos más adolescentes», expresa, y además habla del crecimiento, el apoyo y el trabajo en conjunto de varias instituciones y organizaciones académicas o no que se sumen a formar parte, para que esto llegue a más personas. «Y por supuesto algo que venimos diciendo hace rato: tener un espacio propio para nuestra ONG», concluye.

Emiliano García Pérez es el director de orquesta del CASA y director musical junto con Mailen dentro del festival, explica la importancia de la participación de músicos externos que tocan en lugares como la Sinfónica Nacional o el Teatro Colón.»Ellos se complementan con los demás músicos, muchas veces también enseñan y ayudan mucho a visibilizar el evento, ya que son músicos de primera línea y tienen cierta importancia dentro del ambiente», dice. 

También destaca la solidaria y comprometida participación del sonidista Juan “Cana” San Martín (sonidista de Tan Biónica) y cree que es un detalle fundamental del evento ya que es al aire libre. Ubiedo Myskow destaca, a su vez, el trabajo en conjunto con Noelia Pirsic, quien es productora ejecutiva y está a cargo del área de comunicación, espacios claves para el proyecto y especialmente para el festival.

 «Las colaboraciones que tenemos dan fuerza y validación artística al festival año a año», subraya García Péez, y explica que son necesarias para el apoyo y para conseguir recursos para financiar el proyecto. No obstante, insiste que el núcleo del festival son y serán los chicos. «Sin validación el evento se haría igual, porque el corazón son ellos, lo que hacen y que con esa participación aprendan a encontrar su espacio dentro de la música y el arte».

ANCCOM también conversó con Geraldine Lara (21 años), la alumna modelo emergente del CASA, quien hoy está a cargo de la composición de una de las canciones del festival, es estudiante del Conservatorio desde los 16 años y también estudia en la UTN ingeniería en sistemas. Su viaje con la música comienza a sus 12 años cuando descubre que la organización enseñaba música de forma gratuita, frente a su casa casa, en el barrio del bajo flores. “Yo entonces fui porque quería cantar, y aunque no tenían esa opción, me quedé y me terminé enamorando del violín”, cuenta Geraldine.

“Hoy estoy haciendo algo que era impensado para mí y que conlleva toda la imaginación y creatividad que es componer”, expresa, y afirma que Mailen fue quien la incentivó a sumarse al festival y además desempeñarse como profesora de estudiantes en etapa inicial. “Es una forma de devolverle al CASA un poco de todo lo que me dio a mí y poder retribuir a los chicos y que puedan conocer este mundo tan lindo que es el de la música”, algo que ella sostiene, está alejado de la realidad del barrio. Destaca la importancia de la organización como un espacio inspirador que abre oportunidades y posibilidades: “Yo buscaba un espacio así y justo tuve la suerte de que esté CASA con este proyecto. Sin eso yo no sabría lo que es, por ejemplo, un conservatorio, o que tenía esta pasión por la música”.

«En mi experiencia como docente de alumnos de primer año, puedo ver que hay muchos adolescentes que sienten que su aspiración máxima del futuro es trabajar en un Mcdonalds o jugar al fútbol», cuenta García Pérez, quien es también docente en el Instituto Técnico Nuestra Señora de Fátima, en Villa Soldati. Destaca la importancia de la vocación y de la necesidad de generar vínculos, apoyarlos, darles confianza y mostrarles que tienen más opciones en la vida. «Para ellos encontrarse con que hay otras posibilidades es una novedad, y el proyecto del CASA,  es eso», finaliza.

El festival es en la Ciudad de Buenos Aires, la entrada es libre y gratuita. Hoy martes 7, a las 20:30, será el estreno de la Ópera “Espaghetini y brownie” , compuesta y producida por estudiantes del CASA, en UOCRA Cultura (Rawson 42, Almagro /. El jueves 9 a las 22:00 y el domingo 12 a las 19:30 se podrá ver el documental “Ópera villera” por la señal de TV AllegroHD. / Y finalmente, la gala lírica de cierre tendrá espacio en la parroquia Madre del Pueblo (M3 C1,Bajo Flores) el domingo 12 a las 17:00.

 

 

 

Dos velitas para el Reprocann

Dos velitas para el Reprocann

Jun 13, 2023 | Comunidad, Destacado 5

El Registro del Programa Cannabis que permite el uso y cultivo de la planta de marihuana con fines medicinales ya cumplió dos años. En este período se realizaron más de 200.000 solicitudes, buena parte ya aprobadas. ¿Qué impacto está teniendo el sistema? ¿Cómo viene funcionando?

En marzo de 2021 se aprobó el Registro del Programa Cannabis (REPROCANN) que habilitó en la Argentina el uso y cultivo de cannabis con fines medicinales. Desde entonces, el Ministerio de Salud recibió más de 200.000 solicitudes para obtener el permiso. La demora para la aprobación suele rondar entre uno y dos meses en promedio para quienes cumplieron con los requisitos, sobre todo un diagnóstico médico que lo justifique. Gracias a este registro, la persona es autorizada a circular dentro del país con la cantidad necesaria para su tratamiento.

¿Cómo funciona el Reprocann? ¿Qué evaluación hacen los expertos a dos años desde su implementación?

 

Cómo se hace

“Para uno poder registrarse tiene que ingresar a la página de REPROCANN y definir si es paciente, si cultiva para sí mismo o si cultiva para un tercero, es decir, si es un ‘cultivador solidario’”, explica Nicolás Di Biase, médico clínico y especialista en hepatología, con posgrado en endocannabinología y terapéutica cannabica de la Universidad de la Plata. El especialista aclara que el REPROCANN está vinculado a la  Ley 27350 de 2017 que permitió legalizar el cultivo y transporte de cannabis para uso medicinal.

“Una vez hecha la solicitud, el sistema brinda un código de vinculación que  tiene que usar el médico tratante”, comenta Di Biase, quien trabaja en diferentes hospitales de Bahía Blanca. Cualquier médico que tenga matrícula vigente puede recetar, “no tiene que ser un médico especialista en cannabis. Aunque hay médicos que se autodefinen como cannabinólogos, la verdad es que no es una especialidad en sí misma sino una herramienta que está bueno aprender a utilizar” explica Di Biase, también presidente de la Red de Profesionales para el Estudio de Cannabis. “En la Universidad Nacional del Sur desde 2018, dentro de la Carrera de Medicina, se dicta una cátedra de uso de cannabis medicinal. Se busca que el estudiante se reciba como médico teniendo información sobre la planta. Hay otras universidades que lo están haciendo”, afirma el médico.

Una vez hecha la inscripción, el médico debe entregar al paciente un consentimiento informado bilateral. Por su parte, el paciente debe brindar al médico el código obtenido de la inscripción en el REPROCANN para cargalo. Si todo va bien, en aproximadamente uno o dos meses se recibe la aprobación. El permiso dura tres años y, “se permite cultivar indoor (interior) u outdoor (exterior). Lo que no se permite es cultivar en la vía pública, como en las veredas”, aclara Di Biase.

Si bien la mayoría de las inscripciones se aprueba, “se puede negar cuando hay patologías psiquiátricas como esquizofrenia, bipolaridad, depresión… No es que lo rechazan definitivamente, sino que piden que el permiso lo haga un psiquiatra. Es importante recalcar que el programa solicita que se haga una evaluación a cargo de un especialista», afirma Di Biase.

Los cuatro grupos de enfermedades frecuentes que trata el cannabis son el dolor crónico, alteraciones del sueño, alteraciones del estado de ánimo y alteraciones del apetito. El cannabis también se utiliza para tratar la epilepsia: ayuda a reducir la cantidad de convulsiones, pero no cura la enfermedad. “Hay que entender que son paliativos de síntomas. El producto no produce intoxicación ni muerte. La única precaución a tener en cuenta es con mujeres embarazadas, niños y adolescentes, personas con problemas psiquiátricos graves, enfermedades cardiovasculares no controladas y casos específicos”, aclara.

Existen cerca de quince mil tipos de cannabis y dependiendo el perfil de cannabinoides que tiene, se le receta al paciente. Es frecuente que alguien se acerque con un producto comprado en un negocio: “En la mayoría de los casos nos hemos encontrado con que no tienen nada. Por eso la idea es que mejor auto-cultiven las plantas”, sugiere el especialista.

Di Biase asegura que es difícil que se produzca dependencia o adicción como suele suceder con el clonazepam, la nicotina o la cocaína. La razón es que no es una molécula singular individual que entra al cuerpo y genera dependencia continua si no un grupo de moléculas que interactúan en diferentes receptores y eso hace que la persona no genere dependencia a una sola. Lo que sí puede pasar es que con los años pueda requerir más cantidad para tener el mismo efecto. También aclara que si bien “no produce dependencia química, puede pasar que se produzca la dependencia psíquica».

“Somos hijos de una cultura prohibicionista que se instaló en la década de 1920 y fue una bajada de línea de políticas internacionales de Estados Unidos en las cuales se demonizó a la planta y a su usuario. Hemos nacido en ese contexto y suele relacionarse al cannabis con otras drogas, narcotráfico y crímenes”, aclara Di Biase.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

De este lado de la ley

Di Biase recuerda que “está prohibido vender cannabis. La persona que vende este producto está violando la Ley 23737. En farmacias todavía no se vende porque no hay productos aprobados por el ANMAT. Los únicos productos aprobados no son del extracto completo de la planta sino cannabidiol o CBD solo y se utiliza para Epilepsia Refractaria”, afirma. En relación a conseguir las semillas, “es un mercado que no está regulado y es complicado porque sigue siendo un poco gris. La ley no permite su venta, pero el Instituto Nacional de la Semilla (INASE) autoriza la venta de aquellas que han demostrado calidad y trazabilidad. Hay cinco cepas que han aprobado, pero que aún no están a la venta”, explica Di Biase. Los especialistas recomiendan que cada paciente cultive sus propias plantas.

Emilio Ruchansky, productor periodístico del noticiero de la Televisión Pública, editor adjunto de la revista THC e integrante del Centro de Estudios de la Cultura Cannábica (CECCA), explica que hay dos permisos que se pueden obtener a través del REPROCANN: uno es para pacientes/usuarios y permite tener un máximo de nueve plantas de las que se obtienen unos 40 gramos de flores o seis frascos de 30 mililitros de aceite. El otro permite cultivar para un tercero (algo fundamental para las llamadas madres del cannabis) al que se lo denomina, “cultivador/a solidaria”.

“También se acaba de abrir una posibilidad de hacer una Asociación Civil que puede tener hasta 150 pacientes”, explica el también autor del libro Un mundo con drogas. Los caminos alternativos a la prohibición. Cabe recordar que la Ley 23.737 prevé entre un mes o dos años de prisión por tenencia de drogas para uso personal: “Esa pena en general no se aplica porque se declara inconstitucional o es una pena en suspenso. Depende mucho del juzgado y que lo considere para su uso personal. La pena por tráfico de drogas va desde cuatro a quince años de cárcel”, explica Ruchansky.

Ruchansky describe que hay dos tipos de permiso: para pacientes o el llamado «cultivador solidario».   

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.

Cultivadores

La falta de información a nivel institucional ha hecho que la comunidad del cannabis desarrolle sus propios canales. Emiliano Montamat, licenciado en Educación, es uno de ellos a través de la página de Instagram dr.reprocann que tiene como fin, “comunicar sobre el programa del cannabis y crear conciencia del uso responsable. Cuenta con un equipo de médicos  en diferentes especialidades autorizados por REPROCANN que pueden indicar el uso de cannabis medicinal”, explica el licenciado. Entre Instagram y WhatsApp recibe entre cien y doscientos mensajes por día por diferentes consultas. “Los médicos hacen un análisis integral e indican qué tipo de cannabis consumir. Lo que cobran al paciente son los gastos de mantener la estructura y el honorario del médico. Pero también hacen consultas médicas gratuitas a través de ONG”, explica.

Montamat también es presidente de la cooperativa Siembra Nativa. Aún no cultivan en conjunto porque están a la espera de que la Agencia Regulatoria de la Industria del Cañamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME) determine qué requisitos van a necesitar y qué van hacer con su producción si llegan a obtener la licencia. “Todos somos autocultivadores desde hace mucho tiempo y estamos inscriptos en el REPROCANN. Hoy nos estamos asesorando con ingenieros agrónomos y diferentes especialistas. También seguimos avanzando en infraestructura”, detalla Montamat. Como grupo, están autorizados para adquirir las semillas y plantines y tiene un vivero que se llama Semas Legales.