Las marchas de las buenas razones

Las marchas de las buenas razones

El 20 de julio tras un mes cumplido del inicio de la desmedida represión en Jujuy y en el aniversario de “La noche del apagón”, se llevaron a cabo masivas movilizaciones en contra de la violencia institucional en todo el país. Una de las principales concentraciones en CABA inició en la Casa de Jujuy, en 9 de Julio Y Santa Fe, a las 15 horas y concluyó en Plaza de Mayo. “¡Basta de persecución y criminalización de la protesta” y “El agua no se vende, el agua se protege” fueron algunas de las premisas que guiaron la jornada de lucha.

Este 20 de julio, tras cumplirse un mes del inicio de la feroz represión en Jujuy, miles de personas marcharon en todo el país en continuación con los reclamos por la situación en la provincia norteña. El rechazo a la reforma constitucional impulsada por el gobernador Morales, la violencia ejercida contra comunidades indígenas y el deterioro de los salarios docentes en huelga fueron los principales reclamos de la movilización. La fecha elegida coincidió con el aniversario N°47 de “La noche del apagón”, uno de los episodios más tristes del golpe de Estado de 1976.

La violencia en Jujuy sigue sin dar tregua y la historia continúa repitiéndose: personas movilizadas, fuerzas policiales represivas y consecuentes declaraciones condenatorias de organismos internacionales de derechos humanos son los elementos que resumen lo vivido durante estos últimos meses. El actual gobernador de Jujuy y precandidato a vicepresidente de la nación, Gerardo Morales, rechaza atender a las denuncias por excesos por parte de su fuerza policial. En concordancia a esta negativa, un sector de la población en todo el país ratificó en las calles que, en este caos que se vive, el accionar del gobierno jujeño sólo potencia la violencia y la injusticia.

“Lo que están haciendo en Jujuy es un experimento para luego implementarlo en toda la Argentina. No es casualidad que hoy Morales se esté candidateando para vicepresidente por parte del Pro. Hay un claro manejo de las grandes corporaciones multinacionales que vienen a por los territorios a saquear y a seguir explotándonos, matando en beneficio de un grupo muy reducido de personas a costa de la explotación del pueblo y de los territorios” fueron las palabras de “Roli” miembro autoconvocada de la vigilia que se realiza en Casa de Jujuy. “Genera mucha indignación, pero a la vez es esperable, como hace la mayoría de los políticos que dicen una cosa y actúan de otra forma. Por eso es necesario que el pueblo tome la voz y nos auto-organicemos para decidir; hay mecanismos de participación ciudadana por la Constitución Nacional que hoy no se están implementando, que deberíamos tomarlos y actuar en pos de eso” concluye.

Con poca intención de llamar al diálogo, el gobernador continúa permitiendo una cruda represión. El gobernador ignora deliberadamente las legítimas demandas de los docentes, de los pueblos originarios, de quienes van a verse afectados por la explotación de litio y de los sectores ambientalistas y señala como causa de los disturbios en la provincia a los punteros políticos. “Es el pueblo que se manifiesta, quienes están poniendo el cuerpo allá y acá” afirman las personas que se animaron a hablar con ANCCOM durante la marcha.

“A mí me piden que no vuelva a Jujuy. A mí me gustaría estar en Purmamarca, pero me dicen que no vuelva porque yo puedo hacer visible todas estas cosas, porque allá no dejan llegar la información. Imaginate el poder que tiene este señor que un día todo Jujuy se quedó sin Internet” denuncia “Caporal”, referente del Tercer Malón de Tilcara, quien se encuentra realizando la vigilia en frente de la Casa de Jujuy. “Nosotros de acá estamos ayudando a 27 comunidades, todo lo que hay atrás mío son donaciones que pedimos” agrega. Al ser consultado por la situación de la explotación del litio, Caporal afirmó que ya están siendo afectados, “el agua ya está llegando contaminada a las comunidades, son vertientes nuestras que están usando para el litio”. Cansado y habiendo agotado los espacios institucionales para expresarse, el referente concluyó su descargo con una petición: “Nosotros lo único que queremos es que intervengan en Jujuy”.

La movilización coincidió con otras convocatorias que, a las 16 horas, encontraron su punto de reunión fortuito en una esquina cercana a Plaza de Mayo.Las columnas se unieron y los múltiples reclamos se hicieron uno: “¡Basta de consenso extractivista y represión!”. Luego de este breve encuentro el sector que despedía a las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo se retiró junto a ellas del lugar y le cedió el espacio a los marchantes de la Casa de Jujuy. El acto en frente de la Casa Rosada se dio cerca de las 17 horas y, tras la lectura del documento oficial, las columnas se disolvieron al canto de “Jujuy, escucha, tu lucha es mi lucha”.

Arrasó la oposición en Santa Fe

Arrasó la oposición en Santa Fe

El candidato radical Maximiliano Pullaro venció en la interna a Carolina Losada. Entre ambos, duplicaron los votos del peronismo, que hizo la peor elección de la historia. Votó solo el 63% del padrón. ¿Cuánto influyó que el socialismo se aliara a la derecha?

Santa Fe fue, este fin de semana, la sede de otra, aparente, elección nacional. Y es que ante tan poca certeza, cualquier elección local es tomada como una encuesta posible de ser extrapolada a nivel nacional, a riesgo de borrar toda dinámica local. 

Este domingo se celebraron las PASO en la provincia de Santa Fe para definir candidatos a gobernador y vicegobernador, senadores y diputados provinciales, concejales e intendentes de cara a las elecciones generales del 10 de septiembre.

Con una participación en su piso histórico -sólo votó el 63% del padrón-, Maximiliano Pullaro se impuso con el 32,6% de los votos por sobre su principal competidora interna en Unidos para Cambiar Santa Fe, Carolina Losada, que obtuvo el 21,6%, y sobre el candidato del actual oficialismo provincial y nacional, Marcelo Lewandowski, cuya interna ganó con 270.291 votos, el 17,9%.

“Acá hay un gran ausente en esta elección, no porque no exista, porque existe, pero es un gran ausente; la fuerza socialista. Con la muerte de (Hermes) Binner en su momento y la de (Miguel) Lifschitz, el socialismo perdió cualquier posibilidad de ganar y terminó en la cola de una alianza que en algún momento llegó a encabezar”, le dice Mario Glück, profesor en Historia en la Universidad Nacional de Rosario (UNR) y en la Universidad Nacional de Entre Ríos (UNER) y doctor en Humanidades y Artes, a ANCCOM.

El Frente de Frentes que llevaba a la interna a Pullaro, Losada y Mónica Fein, compuesto por el radicalismo, el PRO, la Coalición Cívica y el socialismo, entre otros, obtuvo el 63% de los votos. Mientras que el oficialismo santafesino, bajo el sello Juntos Avancemos, un espacio que nuclea a variopintos peronismos, no alcanzó el 28%. Edelvino Bodoira, por su parte, candidato libertario, obtuvo el 3% de los votos. 118 mil votos en blanco (7%) se sumaron a la poca participación en la elección provincial.

El gran derrotado de la jornada electoral fue el peronismo, que cerró “el peor resultado en su historia en una elección para el Poder Ejecutivo provincial desde la vuelta de la democracia”, dice Juan Pascual, director del periódico Pausa y docente de la UNER. Juntos Avancemos fue derrotado en toda la provincia y en todos los niveles. Incluso el actual gobernador, Omar Perotti, candidato a diputado nacional, perdió en la sumatoria de votos contra la oposición a pesar de haber ganado la interna.

La feroz disputa nacional al interior de Juntos por el Cambio jugó su partido en la PASO de Santa Fe. La estructura de Rodríguez Larreta, por medio del armador y diputado nacional Álvaro González, obtuvo la foto en el escenario ganador del búnker de Pullaro, mientras que Patricia Bullrich salió herida de la contienda al apoyar a Carolina Losada, por medio y recomendación del histórico armador, ahora presidente interino del PRO, Federico Angelini.

Sin embargo, “que Larreta apoye a Pullaro no quiere decir que la gente que votó a Pullaro y que, probablemente, lo vuelva a votar, vaya a votar a Larreta. Puede ser que mucha de esa gente termine votando a Bullrich”, analiza Mario Glück. Y es que al ex ministro de seguridad del último gobierno socialista en la provincia le queda calzado el traje de mano dura que encarnó Patricia Bullrich.

En ese sentido, para Pascual el resultado de la elección provincial “no es un voto rechazo a Patricia Bullrich, sino que es un voto de rechazo a Carolina Losada. El perfil de Pullaro es un perfil duro y lo cultiva. No hay nada de moderado en Pullaro, así como no hay nada de moderado en Rodríguez Larreta”. Por eso no desentona que aparezca Gerardo Morales en la foto del ganador de las PASO.

La sorpresa estuvo en la interna de Juntos Avancemos por la candidatura a la intendencia de Rosario, donde Juan Monteverde, candidato de Ciudad Futura, cercano a Juan Grabois y al Movimiento Evita, superó a Roberto Sukerman por casi once puntos.

“Es la primera vez, desde 1983, que el peronismo no lleva un candidato propio a las elecciones de la ciudad de Rosario”, dice Gastón Mutti, doctor en Ciencia Política, especialista en sistemas electorales y partidos políticos y docente en la UNR.

Monteverde se enfrentará al actual intendente Pablo Javkin, quien ganó la elección en 2019 contra Roberto Sukerman por 8.000 votos y aspira a prolongar su cargo. Sukerman calculó, buscó ampliar y consolidar un frente inclinado levemente a la izquierda por medio de las PASO y perdió la interna reafirmando la histórica derrota de todo el peronismo provincial.

 

La represión de Morales no cesa en Jujuy

La represión de Morales no cesa en Jujuy

Dos personas perdieron un ojo, cientos de militantes con causas judiciales y docentes con descuentos exorbitantes por participar de las huelgas son los mecanismos que utiliza el gobernador para desalentar las protestas que continúan. Ahora también criminaliza a la UBA.

Gerardo Morales y la provincia de Jujuy continúan siendo protagonistas. El 6 de julio el gobernador y precandidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio pidió condenas de 25 años y sanciones millonarias a quienes participaron de la movilización en la capital jujeña el 20 de junio pasado. Apuntó contra Milagro Sala y a quienes considera adversarios entre el amplio espectro de opositores. La abogada Alejandra Cejas, quien está haciéndose cargo de unas doce imputaciones, señala la actitud arbitraria de las acusaciones. El conflicto en la provincia comprende distintas aristas, se extiende al sector educativo y a las comunidades indígenas, perjudicadas por los magros salarios que su gobierno se niega a aumentar y su accionar represivo y vengativo.

La tensión en Jujuy no da respiro, la cantidad de consultas por Habeas Corpus se incrementa y todos pueden ser considerados sospechosos, según dice a ANCCOM la abogada Cejas. Lo sucedido hace unas semanas en la Legislatura dio lugar a más de noventa imputaciones que continúan notificándose y que representan multas millonarias. “Han escrachado en los medios a personas que no tienen absolutamente nada que ver: personas con discapacidad, de tercera edad, en situación de calle, periodistas, turistas de Buenos Aires”, dice la abogada y señala que el blindaje mediático que tiene Morales permite que nadie lo cuestione.

Sin pruebas directas a las cuales acceder, la abogada plantea que aún no puede decidir cómo será la defensa. En este sentido, recalca que son imputaciones vagas, generales y parte del supuesto de que son “al voleo, para justificar una situación de hecho que se trata de un escenario armado por el propio Gerardo Morales”. Cabe señalar, dice Cejas, que “ese 20 de junio cuando se votó la nueva constitución, a espaldas del pueblo jujeño, los únicos que estaban al tanto de la jura eran los militantes radicales y la policía, no había una noticia oficial. Los constituyentes entraron y salieron en clandestinidad. Había en las afueras de la Legislatura contenedores con piedras y policías de civil”. La única convocatoria programada era para las seis de la tarde en el Teatro Mitre, cuando los manifestantes se enteraron de lo que estaba sucediendo puertas dentro de la Legislatura se dio la situación ya conocida. En su opinión, se trató de un escenario montado por el propio gobierno.

La universidad, el nuevo enemigo

En este contexto, Morales no se privó de atacar y culpabilizar a la Universidad de Buenos Aires. “Son gente de afuera. A los de la Universidad de Buenos Aires que están a cargo de Tilcara les hice una presentación, si no me contestan los vamos a expropiar, la mayoría de sus empleados son los que incentivan los cortes, sabemos quiénes son porque ponían las camionetas de la universidad, son tremendos”, dijo al Canal 7 de la TV local al referirse, en realidad, a uno de sus métodos durante la represión, que es el uso de vehículos de empresarios beneficiados con negocios con su estado provincial. “Todos esos cometieron delitos y van a tener condenas, van a tener problemas porque le han hecho imposible la vida al pueblo jujeño”, agregó, en un nuevo ejemplo de cómo pretende detentar la suma del poder público.

Con relación a las maestras y maestros de la provincia, Andrés García, Prosecretario gremial del Centro de Docentes de Enseñanza Media y Superior (CEDEMS), dijo a ANCCOM que “se está viviendo una lucha histórica, un punto de inflexión en el conflicto porque el gobierno viene atacando con descuentos brutales e injustos por ejercer el legítimo derecho a huelga en una provincia donde los salarios están por el piso, entre los más bajos de todo el país”. Al difundir sus recibos de sueldo, los y las docentes evidenciaron que les quitaron entre 80 y 200 mil pesos de sus haberes.

Con grandes movilizaciones, un acampe frente al Ministerio de Educación en San Salvador y un paro de cinco semanas consecutivas, García señala que el gobierno intenta quebrar por hambre la lucha y reclama un paro nacional docente: “Es imperioso que se extienda la solidaridad comenzando por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) que ya tendría que estar convocando a un paro nacional. Este jueves habrá paritarias y van a estar los demás gremios docentes, el primer punto a discutir es que se reintegre lo descontado para poder avanzar con cualquier otra discusión”.   

Por otra parte, el violento accionar policial continúa generando situaciones dramáticas para las comunidades indígenas que no dejan de reclamar por sus derechos. Dos jóvenes, Misael Lamas de Purmamarca y Jorge Rodríguez de San Salvador, han sufrido la pérdida de un ojo producto de perdigones disparados hacia sus caras y frente a esto los integrantes del Tercer Malón de la Paz escribieron una carta abierta al gobernador de la provincia: “El gobierno dice que el camino no es la violencia. Sin embargo, las piedras, los perdigones, las balas de goma, los gases lacrimógenos apuntados directo a la cabeza y a corta distancia son hacia nosotros”. Publicada el sábado pasado, reclaman al gobernador Morales que en ocho años de gestión no hubo voluntad de entregar los títulos de propiedad comunitaria, a pesar de los pedidos existentes.

El Diario Abra Pampa difundió un angustioso episodio vivido por un niño de nueve años con la policía. Fue interrogado en pleno centro de esa localidad, en ausencia de su madre quien lo estaba buscando. Le preguntaron si él era uno de los que había participado del Malón y luego lo dejaron irse. “Desde el viernes me siento perseguida por la policía, pertenezco a la comunidad que está siendo también perseguida. Nos cuidamos entre vecinos” dije Mónica, mamá del niño, a ese medio sin dar más detalles sobre su vivienda e identidad.

Mientras Morales tiene la visión puesta en su precandidatura a vicepresidente de la Nación, los jujeño y las jujeñas siguen en pie de lucha pero sufriendo y enfrentándose a situaciones adversas que parecen no tener un final cercano. “Se están viviendo días muy tristes, se está avanzando sobre las libertades constitucionales”, concluye la abogada Alejandra Cejas.

En Córdoba y Formosa, también ganó el peronismo

En Córdoba y Formosa, también ganó el peronismo

Los oficialismos provinciales retuvieron las gobernaciones. Insfrán arrasó y Llaryora ganó raspando. ¿Es posible el acercamiento del PJ cordobés al nacional?

Las provincias de Córdoba y Formosa fueron a las urnas y en la primera, el candidato del oficialismo provincial, Martín Llaryora, se quedó con la gobernación, al superar a Luis Juez, de Juntos por el Cambio. En la provincia del norte, en tanto, Gildo Insfran arrasó y alcanzó su octavo mandato.

Siguiendo a Omar Barberis, Doctor en Ciencia Política y profesor titular de Partidos Políticos y Sistemas Electorales en la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), se podría decir que “la definición de la elección se fue generando básicamente a favor de Llaryora por el comportamiento de la ciudad de Córdoba, que concentra el 48% del electorado. Esto habría que buscarlo en los antecedentes políticos, porque tanto Juez (lo fue hace tres periodos) como Llaryora (actualmente) fueron intendentes en esa ciudad. La imagen que dejó Juez como intendente en su momento fue muy mala, y la imagen que deja actualmente Llaryora como intendente es muy buena. Hay como una especie de premio a su gestión, y hay una merma en otras ciudades donde históricamente al peronismo le iba bien, como por ejemplo en Río Cuarto.”

También hay que destacar el alto nivel de votos en blanco que fue del 5%. Como menciona Liliana Córdoba, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias de la Comunicación y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), “el voto en blanco fue la tercera fuerza de estas elecciones, y sumado a un 30% de ausentismo, habla de un 35% de cordobeses y cordobesas que sintieron, pensaron, definieron que en estas elecciones no había interés o necesidad de ir a votar, o que realmente no había opciones diferentes para elegir. Es un dato interesante a tener en cuenta de cara a las elecciones nacionales.”

Córdoba agrega: “Habrá que comparar con la situación del resto de provincias, pero esto debe llamar a una reflexión importante por parte de partidos políticos, dirigentes, instituciones democráticas (incluyendo hasta universidades), ya que tenemos como desafío el volver a darle sentido a la participación política de los ciudadanos, al voto como un derecho que costó tanto conseguir y sostener en nuestra democracia.”

Los inicios en Llaryora en política se remontan a su militancia durante su paso por la universidad, donde fue presidente de la Juventud Peronista, y se desempeñó en el cargo de Coordinador de Empleo y Formación Profesional del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Ocupó también los cargos de: concejal de la Ciudad de San Francisco (2003-2007); intendente de esa ciudad (2007-2013); ministro de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico Tecnológico a nivel provincial (2013-2014); vicegobernador junto a Juan Schiaretti (2015-2017); diputado nacional por Córdoba (2017-2019); Intendente de la Ciudad de Córdoba (2019 hasta la actualidad).

“El discurso de Llaryora sobre una renovación generacional, un fin de ciclo, sobre ‘empezar desde cero’, y la propia trayectoria política del candidato, nos habilitan a pensar, o al menos a no desechar algo que por lo menos con la gestión de Schiaretti estaba completamente descartado, que es una revinculación (hay que ver en qué términos y si efectivamente sucede) entre el peronismo cordobés y el peronismo nacional, o alguna fracción de él. Ese vínculo que estaba completamente roto e imposible de restaurar entre Schiaretti y la dirigencia peronista a nivel nacional, con Llaryora se abre un signo de interrogación.”, plantea el doctor en Ciencia Política, docente de la Universidad Nacional de Villa María (UNVM), e i nvestigador en la Consultora Plebs, Fernando Chávez Solca

Formosa

Por su parte, en Formosa, con casi la totalidad de las mesas escrutadas, el Frente para la Victroria se volvió a imponer por amplia mayoría (71,2% de los votos), y Gildo Insfrán fue reelecto para su octavo mandato como gobernador. En segundo lugar quedó Fernando Carbajal, candidato del Frente Amplio Formoseño, con un 20,4%.

En dicha provincia no hubo PASO, ya que se rige la Ley de Lemas, por la cual las internas partidarias se definieron en simultaneo con la elección general para cargos provinciales. Cada espacio político se presentó a las elecciones con un lema diferente, integrado a su vez por sublemas que compitieron internamente.

 

Masiva marcha de repudio a la represión en Jujuy

Masiva marcha de repudio a la represión en Jujuy

Miles de personas se movilizaron a la Casa de Jujuy en Buenos Aires para reclamar la libertad de los detenidos y el cese de la violencia institucional.

Organizaciones sociales, gremiales y de derechos humanos se movilizaron en varias provincias para reclamar el cese de la represión en Jujuy y exigir la liberación de los detenidos durante las protestas contra la reforma constitucional que impulsa Gerardo Morales. En la Ciudad de Buenos Aires, el punto de encuentro fue el Obelisco. Gustavo Plumero, oriundo de Tilcara pero que actualmente reside en la ciudad de La Plata, fue parte de la manifestación que se movilizó desde 9 de Julio y avenida Corrientes hasta la avenida Santa Fe. “Tengo un compañero que el sábado casi pierde un ojo por culpa de la represión policial y ahora está en rehabilitación”, comentó. Acompañado de coprovincianos con la misión de visibilizar la violencia que se está viviendo en Jujuy, son quienes evitaron que “gente infiltrada prepotentemente rompiera la Casa de Jujuy. Nosotros no somos de ninguna agrupación, somos las comunidades de los pueblos originarios, la comunidad kolla, la comunidad aymara”, agregó Gustavo.

Estas comunidades son las que más se ven afectadas con el nuevo texto constituyente, sancionado y jurado en tiempo exprés y sin una real consulta popular. La Convención Constituyente, quedó conformada sólo por los representantes del oficialista Frente Cambia y el Frente Justicialista aliado a Morales, excepto dos de sus integrantes que se retiraron del recinto junto a seis representantes que tiene la izquierda.

La Casa de Jujuy, ubicada en la avenida porteña de Santa Fe, fue a donde llegó la masiva movilización que convocó a docentes, organizaciones sociales, de derechos humanos y sindicatos. “Lo que prima acá hoy, y lo que se ve, es la unidad del cuerpo de trabajadores y trabajadoras”, señaló Cristian Ardiles, Secretario General de SUTEBA Ezeiza; “Esperamos que Morales de vuelta atrás con estas medidas que van en contra del pueblo trabajador”, agregó. Además, manifestó la necesidad de que la política en su conjunto se pronuncie en este conflicto político que empezó con los trabajadores docentes.

“Jujuy de pie, nunca de rodillas”, “Abajo la reforma, arriba los salarios”, eran algunos de los cánticos entonados por los manifestantes que se acercaron al Obelisco en el primer mediodía del invierno porteño, de este miércoles 21 de junio. Con el pedido unánime para que el Gobernador -y precandidato a encabezar la fórmula presidencial opositora- frene la escala represiva; que se libere a todas las personas detenidas ilegalmente, manifestantes pacíficos, entre ellos periodistas, turistas, gente discapacitada sin acceso a sus medicamentos y referentes de derechos humanos. El relamo común fue también que se derogue la constitución que se sancionó, que no cumplió, por ejemplo, con la debida consulta a los pueblos indígenas.

En un principio está movilización, encabezada por la CTA, CTERA, ADEMyS, CONADU y SiPreBa, se iba a desarrollar el jueves, pero frente a la impactante represión desatada frente a la Legislatura jujeña al mismo momento en que se juraba la nueva Carta Magna, , se decidió adelantar la convocatoria.

“La represión ocurrida en Jujuy, que inició con un reclamo docente y luego se fueron sumando pueblos originarios y lo que pasó ayer, es el motivo por el que estamos acá”, comentó a ANCCOM Jesica, docente de educación especial en un colegio bonaerense. “En un sistema democrático que cumple 40 años no puede pasar que la gente no pueda reclamar y pedir por sus derechos. Es un retroceso de años”, agregó otra docente del mismo colegio que la acompañaba: “Se han visto escenas, propias de una dictadura”, concluyó.

«Detrás de la reforma de la Constitución están el litio y el cobre, las riquezas de la que quieren apoderarse las multinacionales», dijo Hugo Yasky.

Justamente, este tipo de escenas obligó a proclamarse a diferentes organismos de derecho humanos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH). En una carta enviada al Gobernador Gerardo Morales, el representante de la ONU en América del Sur, Jan Jarab, manifestó la “preocupación de los reportes sobre vulneración de derechos y acciones violentas en el marco de protestas contra una reforma a la Constitución provincial de Jujuy, en Argentina”.

Por su parte, Morales le respondió a través de una nota a estos organismos internacionales, haciendo responsables de la violencia en la provincia que gobierna hace ocho años a grupos de izquierda, a La Cámpora y al presidente de la Nación, Alberto Fernández y a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, sin presentar ningún tipo de pruebas sobre estas acusaciones. Paradójicamente, en esa misma nota el Gobernador destacó que “la nueva Constitución amplía los derechos” y el texto es “un instrumento constitucional de avanzada”.

Miles de manifestantes se movilizaron hasta la intersección de avenida 9 de julio y Santa Fe, donde las centrales sindicales habían dispuesto un escenario. El primero en hablar fue el secretario general de la UTEP, Estaban «Gringo» Castro: «Morales reformó la Constitución en detrimento de los derechos de los jujeños. Esa es la estrategia política de la derecha. Tenemos que seguir marchando en paz porque la violencia es del poder concentrado», comenzó. Luego, fue el turno del secretario general de la CTA Autónoma, Hugo «Cachorro» Godoy, quien señaló: «Estamos acá porque la unidad y la dignidad del pueblo jujeños tienen que ser acompañados por todo el pueblo argentino. Porque eso es un globo de ensayo que pretende trasladar las políticas represivas y apropiatorias a todo el país». El cierre estuvo a cargo del secretario general de la CTA, Hugo Yasky, quien señaló que la resistencia debe ser en la calles: «Detrás de la reforma de la Constitución están el litio, el cobre, las riquezas de la que quieren apoderarse las multinacionales. La única manera de cerrarle paso a la violencia y a la derecha es con la unidad del campo popular».

Criminalizada por protestar

Criminalizada por protestar

Andrea Leonett, integrante del SiSaP, relata su la lucha para defender la prohibición de la megaminería en la provincia de Chubut y cuenta cómo es vivir con una causa penal abierta en la que está procesada junto a otros dieciséis compañeros.

En una causa que tramita ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional 2 de Rawson, a cargo del juez Gustavo Lleral, 16 vecinos de Trelew, Puerto Madryn y Rawson se enfrentan a procesamientos por el delito de entorpecimiento de servicios públicos.

En mayo de 2021, el descontento de la población estalló cuando se mantuvo en curso el proyecto de Zonificación Minera, que finalmente fue aprobado en diciembre de ese año. En este contexto, cientos de vecinos se movilizaron en la Ruta Nacional 3 en la ciudad de Trelew, fueron desalojados por la fuerza policial provincial y en ese momento varios de los manifestantes comenzaron a ser criminalizados por protestar en defensa del agua. 

El 13 de junio se realizó una audiencia en la Cámara de Casación de Comodoro Rivadavia por esta causa judicial. Además, se programaron movilizaciones y concentraciones tanto en la provincia como en la Ciudad de Buenos Aires para expresar solidaridad y apoyo a los imputados que ejercen la resistencia frente al modelo extractivista. Este proceso judicial se enmarca en una situación más amplia de represión y criminalización de las luchas y movimientos populares en todo el país, tanto en la región patagónica como en las últimas semanas en Salta y Jujuy. Diversas organizaciones y activistas denuncian esta avanzada criminalizadora y argumentan que responde a una política de persecución que busca disciplinar a aquellos que luchan por la defensa del territorio y la reivindicación de derechos conquistados.

“Siempre fueron manifestaciones pacíficas, en la provincia de Chubut desde hace mucho tiempo el gobierno siempre está reprimiendo las movilizaciones y protestas sociales, y utiliza diferentes mecanismos. Por un lado están las fuerzas policiales, que son las fuerzas represivas del Estado, pero también utiliza fuerzas de choque que son como la tercerización de la represión, son grupos, sindicatos u organizaciones afines al gobierno que van a las manifestaciones a querer romper”, explicó en diálogo con ANCCOM Andrea Leonett, integrante del SiSaP (Sindicato de Salud Pública). Madre de 30 años, comenzó con la militancia cuando se desempeñaba laboralmente como administrativa en un centro de atención primaria de la salud en el barrio Etchepare. Ahora está imputada por su participación en las manifestaciones de 2021.

¿A ustedes los reprimieron con este tipo de fuerzas de choque?

A nosotres, en la ruta nos sucedió con un sector de camioneros, no podemos generalizar a los trabajadores camioneros en su totalidad, sino que fue un sector. Siempre nos sucede que es un sector que responde a otros intereses, a otros fines que, en realidad, tienen que ver con esta intención de desalojarnos por parte del gobierno. De todos modos, nosotres en ese momento teníamos establecido ya un protocolo a seguir y se realizó un cordón de mujeres que impidió que estos varones camioneros pasen y quieran romper y tratamos de llevarlo adelante con el mayor diálogo posible. Y la verdad que después fue un corte totalmente pacífico, la gente entendía, también nosotros utilizamos esa oportunidad para concientizar, para hablar con el resto de camioneros. Además que fue un corte intermitente, cada tanto los autos y camiones pasaban.

 

¿En qué consistió el Proyecto de Iniciativa Popular?

El proyecto de Iniciativa Popular fue el segundo que se presentó y lo que pretendía era reforzar la Ley 5001, que es la ley que prohíbe la minería en el territorio, pero en uno de sus artículos deja abierta la posibilidad de zonificar. Y esto es lo que estaban buscando desde el Ejecutivo provincial: la zonificación minera. Entonces, la iniciativa popular reforzaba esta ley y prohibía terminantemente la megaminería en todo el territorio de la provincia, por lo tanto nos resguarda de cualquier intento de explotación a gran escala como es la megaminería en Chubut.

 

¿Por qué consideras que es importante?

Sabemos que la iniciativa popular es un mecanismo de democracia directa que tiene el pueblo para poder presentar un proyecto y que se contemple en la Legislatura. Y es una movida muy grande que requiere de mucha militancia, de mucho recorrer, de juntar firma por firma, de poner la mesita en una esquina, de recorrer las localidades. Para nosotros fue un esfuerzo muy grande, como para que en dos segundos la Legislatura lo descarte y nos deje sin este proyecto del pueblo, porque era un proyecto de la comunidad entera de Chubut.

¿Cuál fue el impacto de la derogación de la iniciativa popular?

En mayo de 2021 es cuando nos tiran a la basura la iniciativa popular, y quedó dentro de la Legislatura el proyecto de zonificación minera, porque en noviembre de 2020, cuando se presenta la iniciativa popular en la Legislatura, ese mismo día entra el proyecto de zonificación minera del Ejecutivo. Por lo tanto, quedaron los dos con estado parlamentario y jugando dentro de la Legislatura. Cuando a nosotres, en mayo, nos quitan nuestra iniciativa nos sacan la posibilidad de tener una ley del pueblo, pero sigue adentro el proyecto de Mariano Arcioni para meter la megaminería en la provincia. Finalmente en diciembre sucedió: la Legislatura de la provincia aprobó la zonificación minera, pero la gente, con una muestra muy digna de lucha y resistencia, salió a las calles durante siete días. Para luego generar una batalla campal con una represión desmedida: el Chubutazo. La gente estaba dispuesta a todo, porque lo que estaba en riesgo era el agua y nuestro territorio. Fueron momentos muy difíciles, pero también muy dignos porque gracias a esa lucha se logró derogar la ley. 

 

¿En qué consistió el Chubutazo? 

Fueron movilizaciones inmensas que obviamente no había forma de organizar absolutamente nada, fue algo muy espontáneo y masivo, había mucho enojo del pueblo porque también tenía que ver con el hartazgo de todos. Era la bronca de que nos hayan aprobado la megaminería, pero también era la bronca diaria que vive la gente de los distintos barrios, que la pasa mal, que no tiene para comer, que no tiene trabajo, que la policía los reprime y hostiga constantemente en los distintos barrios. Muchas situaciones que se dieron y terminaron con esta furia en el pueblo en las calles que realmente funcionó, ya que tuvieron que dar marcha atrás. 

 

¿Cómo se vive estando imputada por participar en las manifestaciones? 

Son muchas cosas. Por un lado, quienes estamos en la militancia socioambiental nos sentimos muy orgullosos de saber que estamos haciendo lo que tenemos que hacer, que somos quienes estamos llevando adelante la lucha, pero que nos precedieron compañeros y compañeras que hace veinte años vienen caminando las calles y generando conciencia, y eso permitió que en diciembre la gente salga a la calle a derogar esta ley. Entonces, nosotres sentimos que estamos en el camino correcto. Después, obviamente que llevar adelante un proceso judicial no es fácil, porque se te juegan un montón de cosas, pero también es lo que busca el gobierno a través de la justicia: busca individualizar, busca fragmentarnos. 

 

¿Desde el gobierno lograron ese cometido o ustedes han desarrollado estrategias para evitarlo?

Nosotres estamos en el intento constante de no estar solos. Desde que empezó la causa, ya van a ser dos años, que la abordamos de manera colectiva, para que ninguno se sienta solo, para que las dudas, los miedos, los abordemos en conjunto. Porque entendemos que fuimos muchas personas que estuvimos en ese corte de ruta y no es justo que unos pocos se sientan con esa presión de tener que atravesar un proceso judicial. Sin embargo, sabemos que es lo que el gobierno quiere. Busca meter miedo, amedrentar, disciplinar, corrernos de las calles, busca que la gente no vuelva a salir a luchar por nada. Estamos haciendo lo que hay que hacer, hicimos lo que había que hacer y seguiremos en este mismo camino. 

 

¿Qué impacto tienen estos procesamientos en la lucha contra la megaminería y la defensa del medio ambiente en la región?

Sabemos que esta es una traba que nos ponen para corrernos de la calle, pero nuestra idea es poder aglutinar con el resto de los sectores que también están criminalizados, porque no solo son las asambleas o los movimientos social-ambientales quienes están sufriendo esta judicialización, sino también un montón de sectores que están en lucha por diferentes derechos, como la docente Estela Juárez en 2019 o el pasado año el ex dirigente de ATECH, Santiago Gutman. Entonces, no estamos aislados del resto. Esto es un plan sistemático de los gobiernos en convivencia con la justicia que busca disciplinar, que busca dar este mensaje de «paren de luchar porque los vamos a judicializar a todos». No vamos a parar de luchar, porque sabemos que si no somos quienes denunciamos todo lo que está mal, nadie lo va a hacer. 

 

¿Cómo percibís esta de criminalización de la lucha? 

Nosotres venimos de un proceso muy largo de lucha en todos los sectores en la provincia del Chubut, porque sufrimos un ajuste estructural desde 2017 y tiene que ver con este intento de aprobar este modelo extractivista. Y por eso es que estamos organizando en la ciudad de Rawson, para el día 4 de julio, una jornada patagónica en contra de la criminalización de las luchas. Esta jornada pretende aglutinar a compañeros y compañeras de los distintos sectores que están criminalizados: docentes,  salud, comunidades originarias, la lucha socioambiental y con fuerte presencia de los organismos de derechos humanos. Nuestra idea es cruzar a todos estos compañeros criminalizados con organismos de derechos humanos para ver de qué manera se puede abordar situaciones individuales, pero también pensar de manera colectiva una estrategia para seguir adelante. Porque detrás de compañeros y compañeras que están criminalizades siempre hubo una lucha por algún derecho conquistado o un derecho por conquistar, siempre hubo una defensa digna. El derecho máximo y primero es el derecho a protestar. Entonces no nos pueden arrebatar este derecho a protestar. Es muy grave.