La amenaza del asbesto

La amenaza del asbesto

Ene 10, 2024 | Destacado 1, Trabajo

Ya son más de 80 trabajadores afectados, seis con cáncer y tres fallecidos, pero ni la empresa concesionaria del servicio, Emova, ni el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, dan una solución; al contrario, la dilatan.

Más de medio millón de personas transitan cada día bajo tierra en la Ciudad de Buenos Aires sin pensar en el peligro invisible que las rodea. Algunas esperan el subte para ir a trabajar. Otras trabajan ahí mismo, donde la atmósfera es más densa. El suelo vibra y se aproxima un tren amarillo de la Línea B. Los asientos son únicos, de una pana roja que lleva 50 años acumulando el polvo. La mayoría ignora que la pintura que reviste el interior, los componentes del tren y el aire que respiran tienen asbesto, y que el asbesto mata.

Maxi tiene 37 años y desde hace 19 es conductor de esta línea, la más contaminada. Para él, enterarse de la amenaza del asbesto fue “un baldazo de agua fría”. Junto con otros compañeros, participa de las convocatorias que organiza el sindicato porque sabe lo que está en juego. “Vivir con esto te come el bocho, no es sólo que vos te podés enfermar, sino que podés llevárselo en la ropa a tu familia”, afirma el maquinista pensando en su hija y su pareja.

Sobre una puerta de madera, en la calle Carlos Calvo 2363, en el barrio de San Cristóbal, se lee: “Al lado entrada al sindicato”. Es un miércoles como cualquier otro para quienes integran la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP). Un pasillo conecta la recepción con las oficinas y, hacia el final, con un amplio salón. Las paredes, adornadas con un enorme papel escrito con fibra, dan cuenta de los reclamos que siguen siendo desoídos: “Reducción de la jornada laboral”; “Vamos por los dos francos”; “Basta de muertes. Saquen el asbesto del subte”.

“Plantear la desasbestización es poner sobre la mesa una problemática mucho más grande. Es una cuestión de salud pública, porque todos estamos expuestos, trabajadores y usuarios”, sostiene, en la oficina de salud de la entidad gremial, Federico Batini. Él trabajó en el Taller Rancagua –ubicado debajo del Parque Los Andes, en Chacarita– sin saber que estaba en contacto directo con el mineral que le puede costar la vida. Como a Jorge Pacci, el primer trabajador del subte fallecido tras enfermar de un cáncer de pleura, causado por el asbesto. La foto de Pacci, colgada en la pared, es un recordatorio punzante de la urgencia de la problemática. Los otros fallecidos fueron Jorge Bisquert, que se desempeñaba en las subestaciones eléctricas, y Juan Carlos Palmisciano, que por haber estado jubilado la empresa no reconoce entre las víctimas.

En el primer examen que el sindicato logró que se realizara, se analizaron 130 compañeros y a 11 los diagnosticaron con neumoconiosis, primer efecto del asbesto en el cuerpo humano. La mayoría eran asintomáticos. “Como trabajadores, pagamos un costo muy alto. Los responsables materiales de todo esto, de las muertes y de los afectados, son la empresa y el Gobierno de la Ciudad. Lamentablemente, la estadística indica que habrá más compañeros afectados. Para nosotros, es una cuestión de vida o muerte”, expresa Ramón Acuña con una seriedad que trata de no darle lugar al dolor. Él trabajó nueve años en Taller Rancagua.

El asbesto, también conocido como amianto, es fibroso: tiene hebras finas, maleables, duraderas y flexibles. Cuando el material, tanto en estado natural como en piezas, se deteriora con el tiempo o recibe algún impacto, las fibras vuelan por el aire. Exhalando las palabras, como si así pudiera ventilar el pesar, Acuña agrega: “Hay compañeros afectados que estuvieron trabajando menos tiempo que yo, seis años. Técnicamente, con entrar sólo una vez al taller, puede ingresar una fibra a tu sistema respiratorio. No hay un parámetro seguro”.

En el siglo I, el naturalista, escritor y militar romano Plinio el Viejo, descubrió y documentó que los esclavos que trabajaban en las canteras del Imperio extrayendo este elemento, morían jóvenes, debido a enfermedades pulmonares. La bautizó como “la enfermedad de los esclavos”. Pese a que se conoce su peligro desde hace casi dos mil años, es una problemática vigente. En el aire, flota una pregunta: ¿cuánto cuesta la vida de un trabajador?

“En la actualidad se encuentra disperso en toneladas de productos manufacturados. Desde la década del 1920 hasta la de 1980 inclusive, fue utilizado en muchas industrias por su carácter resistente térmico y eléctrico”, explica la doctora en Geología Leticia Lescano, docente en la Universidad Nacional del Sur. Ella formó parte del equipo que en 2018 detectó el mineral en las piezas que los metrodelegados les enviaron para analizar, tras las negativas de la empresa.

“Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”,  subraya Ledesma.

Ese año se abría “la caja de Pandora” para los trabajadores del subte. Compañeros del metro de Madrid denunciaban que enfermaron tras exponerse al asbesto en los trenes que ahora circulaban en la Línea B de la Ciudad de Buenos Aires, luego de su negligente compra en 2011. Para ese momento, el mineral estaba prohibido desde hacía nueve años, los manuales técnicos informaban sobre su presencia en los vagones y la empresa concesionaria se negaba a entregar los planos originales, donde se leía claramente “placas de amianto”.

El presidente de SBASE, la sociedad del Gobierno porteño encargada del subterráneo, contestó cínicamente que era mucho material como para poder garantizar su lectura. Respecto a esta adquisición, Federico Batini puntualiza: “El precio era el de un desecho, eso ya era sospechoso. Yo trabajaba con esos trenes, eran una porquería. De los seis que llegaron, andaban nada más que dos. Se tuvieron que reformar mucho, porque no estaban en condiciones de circular”.

La confirmación de que los trenes estaban contaminados fue el comienzo de la investigación que se abrió en todas las líneas. Por su antigüedad, la red subterránea cuenta con asbesto en instalaciones fijas: tableros eléctricos de cuartos de bombas; ductos viejos de ventilación de fibrocemento; bandejas portacables; depósitos de baños; el techo del cuarto de descanso de conductores del premetro, o las pastillas de freno de escaleras mecánicas de la Línea E. Además, se le suma el material presente en componentes de determinadas flotas como CAF series 5000 y 6000, Mitsubishi y Fiat.

Las mediciones comprueban que hay fibras de asbesto en el aire. Desde la empresa ya no pueden negar la problemática, pero argumentan que los resultados están por debajo del límite ambiental permitido. Según la regulación nacional vigente del 2001, debe estar en 0,1 fibra por centímetro cúbico (f/cc). Hace un mes, la Unión Europea sancionó que el límite sea 0,01.

Pero se trata de mediciones indirectas. “Hay que evaluar el estado en el que está el material: lo tenemos que sacar, o lo tenemos que encapsular. El tema del límite es un concepto trampa. Por un lado, la medición es como una foto: se realiza en un momento determinado, bajo ciertas condiciones. A la hora, eso puede cambiar –explica Batini–. Además, médicamente no existe la exposición segura a un cancerígeno: una fibra tiene la capacidad de enfermar. Imagínate que una fibra mide un micrón. O sea, entra 100 veces en un pelo. Hay una página que te hace la cuentita de cuántas fibras respirás por hora estando por debajo del límite, y te da algo de 80 mil fibras por hora con una respiración normal. Por eso, el límite es una mentira”. El objetivo, subraya, debería ser eliminar la fuente del contaminante.

De a poco, el sindicato logró que las concesionarias del subte, Metrovías (1994-2021) y Emova (actualmente) saquen 100 toneladas de material. “Con un costo muy alto de parte nuestra, hemos forzado a la empresa a tomar medidas. Todavía no de prevención, porque no han eliminado todo el material contaminado. Hay que acelerar eso para tener la menor cantidad de daño posible”, añade Acuña.

“Seguimos sin el proceso finalizado de la licitación de la compra de nuevos trenes. Después, mínimo tardará un año y medio hasta que lleguen. Mientras tenemos que seguir con los viejos. Si bien se cambiaron componentes, hay otros que son imposibles de remover”, detalla Batini. Su compañero y secretario de Salud Laboral, Francisco “Pancho” Ledesma, sentencia: “Hace cinco años que la venimos peleando, pero el conflicto va a la velocidad de una babosa herida”. En la búsqueda de exigir respuestas, presentaron una carta a la Organización Internacional del Trabajo pidiendo su intervención. Esperan que, al tratarse de convenios internacionales, el Ministerio de Trabajo de la Nación pueda intervenir.

“Cuando al trabajador se le dice que tiene contaminación por asbesto, aunque no tenga síntomas, uno le pone el San Benito arriba y piensa ‘en qué momento me toca a mí’. Capaz se muere de otra cosa, pero vive con esa presión psicológica”, reflexiona Ariel Rossi, médico especialista en medicina legal y laboral. Trabaja en el sindicato desde 2012, en el equipo de salud por patologías y accidentes.

A raíz del conflicto del asbesto, se formó un comité cuatripartito integrado por médicos de la empresa, la aseguradora, el sindicato y el centro asistencial del Hospital Británico, del que Rossi es parte por AGTSyP. “Todos los lunes nos reunimos a revisar los estudios de los trabajadores que se hicieron la semana anterior. Ahí, en conjunto, se decide si se aprueba o no, si se necesitan más estudios de cada empleado. Es estrictamente científico: no hay discusión, la empresa tiene que aguantar lo que se dicta allí”, remarca Rossi.

Más de tres mil trabajadores están incluidos hoy en el Relevamiento de Agentes de Riesgo, el registro que obliga a la ART a efectuar los estudios anuales. Al principio, EMOVA no tenía en cuenta a los conductores. Actualmente, continúa el reclamo sindical por la inclusión de todo el personal. Federico Batini lo dice con simpleza: “Es para cubrirse, porque admitir que el boletero puede enfermarse abre la puerta a pensar que el usuario también”.

“Aparecen las afecciones que sólo se iban a ver si pasaba más tiempo. Es una enfermedad de larga evolución”, explica Rossi. La empresa se niega a dar los listados de jubilados. Si bien el sindicato se contactó con algunos por su cuenta, hay un sinnúmero que se desconoce cómo ubicarlos para que se les garanticen los controles.

Lilian Capone es médica y secretaria de salud laboral de la CTA. Como parte del comité cuatripartito, cuenta que el sindicato organiza reuniones con los compañeros afectados, pero que también está habilitado el consultorio de patología ocupacional del Instituto Vaccarezza de la Universidad de Buenos Aires. “Estoy jubilada, pero cada 15 días voy con la titular del consultorio y los volvemos a ver en los casos donde hay dudas o vienen con algún familiar afectado”, dice. La mayoría, según Lilian, son trabajadores y familiares. No necesariamente tiene que haber un contacto tan cercano con el material: una mujer que trabajaba en un puesto de comida en medio de los andenes fue derivada con fibrosis pulmonar. Ganó el juicio contra la concesionaria porque había placas pleurales en su tomografía. Ya no hay bares en los subtes.

Para Ramón Acuña, asumir la enfermedad le llevó tiempo. “No caí hasta la pandemia, que nos dio mucho tiempo para pensar. Cuando me enteré, estábamos trabajando, no sabía cómo tomarlo. Es algo raro: tengo inflamación de pleura, pero no tengo problemas para respirar ni correr. Lo primero que se me vino a la cabeza fue pelear para que otros compañeros no se enfermen, que retiren el material. La lucha te da fortaleza para encarar tu situación de otra manera”, destaca con un brillo en los ojos.

Roberto Pianelli, secretario general de AGTSyP, refuerza esta idea: “Todo esto del asbesto lo aprendimos en el cuerpo. Cuando nos enteramos, los compañeros no quieren saber. Lo primero que hacemos es negar; después es el pánico, porque empezamos a entender con qué estábamos, vivimos con un rayo X mirando: ´Esto tiene asbesto’. El tema es entender de qué se trata y tener una política para sacarlo”.

Sobre avenida Rivadavia, frente a las oficinas del Congreso de la Nación, unas 40 personas se agrupan y charlan. “Hoy vinimos con 20 compañeros del taller. Es un alimento muy grande para los compañeros afectados: nos ayuda a seguir adelante”, se emociona Ramón Acuña mientras mira la pantalla que transmite lo que pasa adentro, donde ocho dirigentes sindicales y funcionarios políticos presentan el proyecto de Ley Nacional de Detección, Recolección y Disposición Final del Asbesto Instalado para realizar un mapeo federal y generar una estrategia para su eliminación.

“El asbesto es muy especial: no tiene olor, pasa desapercibido. Es casi parte de nuestro mundo, nuestro hábitat. Para quienes practicamos salud ocupacional es como trabajar y dormir con el enemigo: más de tres mil productos contienen este contaminante, que no tiene umbral de protección”, asegura el higienista Armando Chamorro para las más de 80 personas que están escuchando su exposición en la sala.

Para cerrar, Pianelli toma la palabra: “El glifosato de la ciudad es el asbesto. Solamente saber, entender que estamos rodeados de asbesto, que estamos expuestos y que ni siquiera tenemos el control de nuestra salud, es un paso muy grande para poner en evidencia este problema nacional, no buscando culpables, pero sí evidenciando a las patronales, que son conscientes, trayendo el asbesto sabiendo que era asbesto asesino. El sujeto colectivo capaz de empujar para que alguna vez nuestros hijos vean una ciudad desbestizada, son las organizaciones sindicales en conjunto con toda la sociedad. Desgraciadamente, seguiremos engrosando la innecesaria lista de muertes y enfermedades de compañeros, poblaciones enfermas sin diagnóstico claro. Merecemos una vida más digna”. Entre aplausos, Pianelli alza la voz mientras deja el micrófono: “Esto recién empieza”.

«La tendencia va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores»

«La tendencia va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores»

Ene 9, 2024 | DDHH, Destacado 2, Entrevistas, Trabajo, Vidas políticas

Elina Escudero y Pablo López Fiorito compilaron una serie de artículos que ponen en común una reflexión crítica sobre el estado actual y el futuro del trabajo.

El trabajo en tiempo de apps. Relatos y análisis urgentes frente a la precaricación laboral es uno de los últimos lanzamientos de Ediciones CICCUS, primer tomo en la colección Construyendo Soberanía. Elina Escudero, licenciada en Relaciones del Trabajo, y Pablo López Fiorito, licenciado en Sociología, realizaron esta compilación de artículos que agrupa autores de diversas trayectorias académicas, profesionales y sindicales que ponen en común una reflexión crítica sobre el estado actual y el futuro del trabajo.

El libro se publicó con el apoyo de la Mutual Manuel Baldo mero Ugarte que, con esta colección, busca “generar un espacio donde se junten distintas corrientes y discutan acerca de un tema estratégico. La idea de la mutual es ir pudiendo generar una síntesis de esas miradas de todos los sectores subalternos”. En el panorama nacional incierto, estas reflexiones se vuelven urgentes para pensar las dinámicas laborales en las plataformas y el rol que juegan tanto los Estados como los sindicatos en escenarios cada vez más complejos. El libro puede descargarse en forma gratuita en el siguiente link: El trabajo en tiempo de apps (2023) Ediciones CICCUS.

¿Por qué eligieron Construir Soberanía como el título de la colección? ¿Cuál es la conexión entre construir soberanía, el trabajo y los derechos laborales?

Pablo López Fiorito: Construir Soberanía porque justamente presuponemos que hay que construir la soberanía, que no es algo que esté predeterminado o una cuestión esencial que existe de por sí. Y hay que construirla con los sectores subalternos. Los trabajadores en un sentido muy amplio, el obrero fabril, los trabajadores de la economía popular, las clases medias profesionales. Después tenés otros cruces, como el tema de las cappas y la soberanía. La dependencia de cappas de afuera a las cuales les tenés que pagar regalías y tenés que mandar cosas afuera para un declive.

Elia Escudero: Son todas tecnologías las que posibilitan formas de trabajo que están organizadas por un capital global. A partir de ahí no solo imponen formas de trabajo, que en este caso es la gestión algorítmica como la expresión más avanzada de esas tecnologías. En el caso del e-commerce, el compañero de comercio [en el libro] explica cómo a partir de la pandemia penetró abruptamente la digitalización en el sector y se llevó puesto un montón de puestos de trabajo y de tareas y reconfiguró absolutamente el día a día de los trabajadores. Pensemos en un vendedor o vendedora que cobraba una comisión por venta, hoy lo vende la plataforma y esas ganancias no son tan identificables como antes. Se invisibilizan las personas y las maneras en que se generan ganancias para esas plataformas. ¿Quiénes se apoderan de esa ganancia? ¿Son capitales extranjeros? ¿Dónde están? ¿Cuáles son las empresas? ¿Cómo juegan en los precios? Hay toda una complejidad detrás de la penetración de estas tecnologías, sobre todo en América latina, que ya veníamos precarizados, y esto vino a profundizar estas condiciones de trabajo y a monopolizar y extraer ganancias de la precarización.

En uno de los artículos se cuenta que en 2019 trabajadores de las apps de delivery tomaron las oficinas de Pedidos Ya, pensando que iban a parar la operación, y se dan cuenta que esto no sucedió. Los servidores son llevados a otro lado y el funcionamiento sigue, algo totalmente nuevo.

E: Absolutamente. ¿Dónde están esos servidores? ¿Cómo es que la plataforma sigue operando por fuera de sus bases o no hay ningún control soberano sobre los datos, las interacciones, las ganancias? Ni siquiera se puede multar a estas empresas. Uber siguió trabajando sin tener habilitación durante muchos años. Tienen una capacidad de lobby estas empresas que todo el tiempo están socavando la soberanía nacional e imponen sus condiciones, en términos de monopolio. Está totalmente deslocalizado y fragmentado, entonces se complejizan las cadenas de valor y cómo juegan esas cadenas en imponer condiciones de los capitales foráneos en los países en los que desembarca.

Estas tendencias laborales que se aceleraron con la pandemia, ¿cómo creen que van a evolucionar teniendo en cuenta la coyuntura actual y la asunción del nuevo gobierno?

P: Entiendo que esto se va a profundizar de una manera gigantesca. La tendencia para mí va a ser a desproteger cada día más a los trabajadores, generar distancias cada día más desreguladas y la pérdida de derechos laborales cada día más.

E: Hay una situación compleja que ya se venía configurando con el macrismo, sobre todo. Y me parece que es posible que evolucione a una desregulación, que de hecho ya se había impuesto para algunos sectores. Es probable que se vaya hacia una regulación de las empresas, realizada en este contexto más a medida de las empresas que de los trabajadores. Pero yo creo que la estrategia es dejar cristalizado algún tipo de reglas de juego en una normativa que les brinde la seguridad jurídica que necesitan para continuar el negocio.

¿Cuáles consideran que son las cuestiones más urgentes a resolver en materia laboral?

P: Para mí ¿qué le pediríamos al Estado? sería la pregunta. Por un lado, lo que va a pasar es lo que dijimos antes: la desregulación, el trabajador desprotegido, eso va a ser una tendencia general. Hay que ver qué le pone freno a esa tendencia y si algo le pone freno. Claramente lo que se le pide al Estado es un Estado que esté presente y defienda a los más débiles, eso siempre, pero no va a pasar con este Estado. Con lo cual me parece que la actitud habitual va a ser más defensiva de proteger lo poco que nos queda que de exigirle al Estado algo.

E: Creo que la ley de contrato de trabajo, flexibilizada, probablemente, vaya a ser un piso mínimo de condiciones y de ahí en adelante es una gran oportunidad para complejizar el plexo normativo y mirar las complejidades y las especificidades sectoriales. En el peloteo entre el Estado y la organización sindical me parece que este Estado se retira y en ese retirarse, es una oportunidad para los sindicatos de avanzar, de fortalecer y complejizar el convenio colectivo. Porque me parece que se puede, Comercio, por ejemplo, lo viene haciendo, su convenio con Facebook que tiene muchos derechos mucho más de avanzada que la Ley de Contratos de Trabajo. Se viene reclamando mirar las complejidades de cada rama de cada actividad y, a su vez, dentro de cada actividad de cada rama. Y hay que atender todas esas complejidades que hoy en día quedan por fuera o sujetos a la discrecionalidad del cuerpo de delegados específicos, o de las ganas de la empresa de dar o no dar ciertos beneficios. También se pueden avanzar hacia nuevos sistemas de inclusión de estas personas que están quedando por fuera de los convenios colectivos, como pasó con los monotributistas por ejemplo, brindarles mayores servicios, beneficios. Me parece que los sindicatos tienen un margen de acción y tienen que saber aprovecharlo estratégicamente.

El artículo ¿Cómo protestar contra el algoritmo? Los desafíos de la organización gremial en la era digital cierra diciendo: “lo digital llegó para quedarse y las armas históricas del movimiento obrero analógico en este mundo no sirven para nada”. ¿Qué aspectos del movimiento obrero y sindical deberían cambiar para luchar por mejorar las condiciones laborales en este contexto de digitalización que es totalmente distinto al panorama de décadas atrás?

E: Creo que los sindicatos tienen que invertir más en la investigación y cristalizar una secretaría dentro de su estructura que esté dedicada a investigar las implicancias de estas tecnologías y adelantar los posibles impactos de la automatización, la digitalización, la robotización, todo tipo de tecnologías que se puedan llegar a implantar o se estén utilizando en otras partes del mundo. Como la temática de medio ambiente, creo que es fundamental los impactos del cambio climático sobre los empleos y las tecnologías como respuesta a esos impactos. El mundo se ha complejizado, los sindicatos deben complejizar su estructura también.

P: Ahí me parece que hay otra cosa que es la relación entre la universidad pública y los sindicatos. Habitualmente es una relación bastante instrumental y hay que construirla como algo orgánico. Las universidades no tienen otra que tener una relación vincular con el movimiento obrero. Y el movimiento obrero no tiene otra que tener una relación orgánica con las universidades públicas, por esto mismo que dice Elina. Pero pongo el acento en las universidades públicas y en la relación de que no puede ser una relación de sujeto-objeto, vengo a verte y a estudiarte, sino que tiene que ser una relación de diálogo de saberes. Donde hay distintos niveles de saberes y donde hay que saber escucharse y escuchar al otro. Sin esa vinculación veo muy poco posible la continuidad de la universidad pública tal cual la conocemos y veo muy poco posible la continuidad de los sindicatos tal cual los conocemos.

¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

¿Quiénes son las personas que están detrás de tu pedido?

Ene 3, 2024 | Destacado 5, Trabajo

La flexibilidad y el acceso al mercado laboral vs. la precariedad y la vulnerabilidad. Los repartidores comparten sus experiencias y plantean un debate: ¿cuánto estamos dispuestos a sacrificar para progresar?

Es martes por la tarde en Capital Federal, a pesar del frío y el viento, el punto Rappi de Humboldt y Costa Rica se va colmando de camperas naranjas, combinadas con gorras y cajas de delivery del mismo color. Los que llegan se saludan entre sí y se sientan frente al local. Charlan, fuman y esperan.

Félix Vázquez hizo de todo, fue plomero, albañil, paseador de perros. Por muchos meses buscó un trabajo para mantener a su familia, y así fue como llegó a las oficinas de Rappi en Villa Crespo. El representante le explica que no será un empleado, sino que se unirá al equipo, será “colaborador”, no realizará repartos, sino que prestará un servicio. Sin contrato, sin horarios, sin objetivos de rendimiento —y sin derechos laborales, también—. “Hace tres años que trabajo en Rappi, a base de arriesgar mi bicicleta, mi celular, mi integridad. No tenemos leyes laborales que nos amparen, si no salís a laburar, no cobrás”, comenta Félix trabajador de Rappi, en diálogo con ANCCOM.

El circuito empieza cuando un cliente pide algo por la aplicación y abona con tarjeta o efectivo. El pago siempre es para Rappi, quien le liquida al restaurante a los 15 días de realizada la compra, pero se queda con un porcentaje del producto. “A mí me conviene porque llego a más clientes, aumenta la demanda, aunque le tenga que dar 20% a la app tengo publicidad y no me encargo del costo de distribución y los chicos del delivery”, explica Yasmín Merlo, encargada de un local de hamburguesas de Palermo. 

Radiografía del mercado

El trabajo en plataformas no cuenta con estadísticas oficiales ni estudios exhaustivos periódicos que den cuenta de la situación de los trabajadores. Hasta el momento se ha realizado en 2018 y en 2021 la Encuesta de Trabajadores de Plataforma (ETP). Según el primer informe, realizado durante 2018 por la Organización Internacional del Trabajo (OIT), se estiman 160.000 empleados de plataformas digitales en todo el país, de los cuales unos 60.000 serían de reparto. En un estudio más reciente, publicado en 2022 por el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), se realizó la segunda edición de la encuesta. Por el volumen de transacciones y cantidad de trabajadores las dos empresas principales son PedidosYa y Rappi.

La idea de PedidosYa nació en 2008, cuando Ariel Burschtin y Álvaro García eran alumnos de la universidad ORT de Uruguay. Como trabajo para una materia sobre emprendedurismo, les dieron la consigna de inventar un negocio desde cero en 30 minutos, pensar su propósito, imaginar su nombre y diseñar cómo podría ser su implementación. 

Por su parte, Rappi fue fundada en 2015 en Colombia, por Simón Borrero y Sebastián Mejía. Ambos eran empleados de la startup Grability que permitía que los consumidores compren productos del supermercado online. Se dieron cuenta de que existía un cuello de botella en el envío, la entrega podía demorar días, hasta semanas. Vieron que los clientes tenían una necesidad de recibir compras como comida, medicina o antojos en su casa y en poco tiempo, así fue como decidieron crear una plataforma que brindara esa solución.

Comparando las encuestas mencionadas, se observa que la edad de los trabajadores disminuyó significativamente: la edad promedio en la ETP 2018 era de 38 años, y en la ETP de 2021 cae a 31 años. También se observa que las plataformas comienzan a absorber a una población de menor nivel educativo. En la ETP 2018 el 87,3% de los encuestados tenía al menos el nivel secundario completo, mientras que ese porcentaje disminuye al 79,2% en la ETP 2021.

En cuanto a la población migrante, hay una caída relativa respecto a 2018, los datos mostraban sólo un 23,8% de trabajadores argentinos, mientras en la ETP 2021 pasan a ser la nacionalidad mayoritaria con un 58,1%. Esto a su vez se corrobora en la antigüedad de los trabajadores, aquellos que hace más tiempo que trabajan son en su mayoría venezolanos y los que ingresaron hace menos de un año, son en su mayoría argentinos. 

Esto coincide con las fechas de aumento exponencial de la migración (fundamentalmente desde Venezuela). Mientras que, en 2008-2009, la inmigración venezolana se ubicaba en séptimo lugar en términos de las radicaciones en nuestro país, en 2019 ocupaba el primer lugar, con el 34,5% de radicaciones. Esto se puede observar en este gráfico interactivo, una producción propia a partir de datos de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM). 

Hecha la ley, hecha la trampa

El sociólogo brasileño Ricardo Antunes, autor de libros clave para entender las transformaciones en el mundo del trabajo, define esta situación como la “uberización de la economía”, un proceso en que el trabajador se ve despojado de derechos, garantías y protecciones asociados al trabajo y acarrea con los riesgos y costos de su actividad. Un proceso en el cual las relaciones sociales de trabajo asumen la apariencia de ‘prestación de servicios’, invisibilizando la relación de asalariado y de explotación del trabajo. Se presenta como un nuevo tipo de economía innovadora y colaborativa, donde los trabajadores aparecen como “emprendedores” o “colaboradores”. 

Omar Plaini, secretario general del Sindicato de Canillitas y senador bonaerense por el Frente de Todos, quien presentó un proyecto para la regulación de este tipo de trabajo, en diálogo con ANCCOM, describe: “Es una situación laboral fraudulenta. Se etiquetan como colaboradores, aunque es evidente que existe una relación de dependencia encubierta, manifestada por la necesidad de la aplicación en términos económicos para llevar a cabo las entregas».

Hebert Nontero, repartidor de Rappi lo describe: “Somos trabajadores, no somos microempresarios, ni trabajadores independientes. Eso es mentira. Somos totalmente dependientes de la empresa”. El conflicto está en que se presentan como meras intermediarias y así logran eludir todas las regulaciones laborales e impositivas. “La falta de transparencia en el funcionamiento de las empresas que gestionan aplicaciones forma parte de un innovador modelo de negocio que ha modificado las normas en cuanto a la explotación laboral”, explica Plaini.

El senador afirma que, «gracias a la gestión algorítmica, las plataformas funcionan con costos prácticamente inexistentes, sobre todo en lo que respecta a los costos laborales». Esta realidad coloca a los repartidores en una situación de «extrema fragilidad y precariedad», ya que carecen de salario mínimo, seguro de accidentes laborales y cobertura médica.

Mi jefe es un algoritmo

Tanto Félix Vázquez como Ezequiel Rojas, dos repartidores de Rappi, trabajan desde el mediodía hasta pasada la medianoche. Van en bicicleta o moto y reparten de todo: desde pizza y hamburguesas, hasta artículos de farmacia, compras de supermercado, o incluso, las llaves que un cliente le tiene que hacer llegar a alguien.   

Ezequiel Rojas describe: “Necesitamos trabajar, pero a veces sentimos que usan la tecnología en nuestra contra. Avalan la esclavitud moderna”. Y cuenta cómo fueron los inicios en este trabajo que necesita, pero descubre esclavizante: “Empecé hace unos meses a trabajar en Rappi, mi primer día hice $15.000, estaba contento porque calculé lo que podía ganar en un mes y era más que el salario mínimo. Al tiempo noté que me llegaban menos pedidos o me mandaban muy lejos”. Con el tiempo el algoritmo lo empezó a desengañar: “Capaz la app te dice que (el pedido) está a 2 kilómetros, pero cuando lo pones en maps es mucho más lejos”. Los repartidores tienen la opción de liberar el pedido en caso de tener algún inconveniente. “Si pides liberar el pedido, te bloquean y no puedes seguir trabajando por una hora, a veces hasta tres días, si liberas dos pedidos. Te obligan a tomar un pedido que no quieres o no puedes”, comenta furioso. 

El teléfono de Ezequiel comienza a vibrar. “Tenemos un pedido perfecto para ti”. Retirar en Palermo y entregar en Villa Crespo. Se pone la caja naranja en la espalda y el cronómetro de la aplicación le dice: “Tiempo para llegar a la tienda, 10 minutos”. En Rappi no hay tiempo para la furia. O sí: arriba de la bicicleta.

 El hecho de que las plataformas se reserven el derecho de «dar de baja» o desconectar al usuario/trabajador en cualquier momento es una de las manifestaciones más evidentes de la insensibilidad de este sistema de empleo y de la vulnerabilidad a la que se enfrentan aquellos que buscan obtener ingresos a través de él. “Muchas veces te pueden poner en pausa, te cierran las cuentas, y no siempre queda claro los motivos por los que lo hacen. Lo peor es que no tienes la posibilidad de derecho a réplica”, afirma Francisco Ojeda, otro repartidor.  

¿Bronce, Oro o Diamante? 

“Rappi tiene un sistema de categorización que nos divide como Bronce, Oro y Diamante. En este último, dan mayor prioridad para elegir horarios, aunque el pago sigue siendo el mismo para todas las categorías”, explica Ojeda, repartidor desde hace seis años. “Si en Rappi no acepto un pedido pasaré a ser de la categoría Bronce; lo que me implica tener menor prioridad al momento de elegir horarios”.  

Según relata Ojeda, PedidosYa tiene un sistema mucho más estricto. Se asignan posiciones desde el nivel uno (el más alto) al seis, y el ranking clasifica en base a las ausencias. ¿Qué número de ausencias tuviste durante la semana en tu horario? ¿Llegaste tarde o llegaste puntual? “A un repartidor del nivel uno le pagan más que a un repartidor de los niveles inferiores. La competencia entre nosotros es constante e injusta a mi parecer. Sobre todo, porque muchas veces te asignan pedidos a zonas peligrosas o de muy largas distancias a precios que no son convenientes ni por seguridad ni por insumos nuestros (nafta, peajes, comida). Entonces, por el simple hecho de rechazar un pedido o no querer hacerlo, la aplicación te bajará de nivel y con ello todo lo que implica”. 

La organización vence al algoritmo

Estas modalidades de empleo, en las que las calificaciones y clasificaciones juegan un papel fundamental para asegurar mejores oportunidades, condiciones laborales e incluso la permanencia en la plataforma, limitan el ejercicio de los derechos laborales. Ejercer cualquier derecho colectivo puede perjudicar a los propios trabajadores, la posibilidad de ser «despedido» fácilmente mediante la simple desactivación de la aplicación aumenta el temor a represalias. A pesar de ello, los trabajadores han optado por una variedad de estrategias para promover la acción colectiva, asegurar la libertad de asociación y avanzar en la regulación efectiva de su trabajo. 

Ramiro Manini, asesor legal del Sindicato de Base de Trabajadores de Reparto por Aplicación (SiTraRepA), que actualmente cuenta con más de 2.500 afiliados, relata: “Empezamos en 2020, en el contexto de pandemia. Era contradictoria la situación, por un lado, tenías que presentar un permiso que te diga que eras de los trabajadores esenciales para poder circular por la calle, pero por otro lado no teníamos ningún derecho como tales. Ahí nació el sindicato, nos empezamos a organizar en paradas solidarias a charlar y comentar la situación que vivíamos”. 

 Y remarca: “En un punto las empresas quieren instalar la competencia entre compañeros, eso veíamos en las paradas. Quieren que sea un sálvese quien pueda, que vas a estar mejor si pedaleas toda la semana sin parar y subís el puntaje. Así llegas a repartidor Diamante y tenés mejores tarifas y estas por encima de los demás trabajadores. Buscan que no haya solidaridad entre nosotros, un individualismo extremo”, remarca Ramiro. Y reflexiona: “No son nuevas formas de trabajo, son nuevas formas de explotación. Se aprovechan del vacío legal y esquivan la ley. Están haciendo cosas ilegales, no hay derechos básicos y fundamentales».

 Las personas nucleadas en SiTraRepA buscan ser reconocidas como trabajadores y tener los mismos derechos: obra social, vacaciones, aguinaldo, días por enfermedad. “Si un repartidor se quiere ir de vacaciones tiene que poner a un amigo a manejar y usar la app en su nombre, o llevarse la bici y la mochila a la costa y repartir ahí. Es triste, pero si no lo haces te quedás sin puntaje, el algoritmo te puntúa todo el tiempo. Es como si fuese un juego, según el ranking que tengas vas a ganar más o menos plata”, describe Ramiro. 

 Las posiciones sobre la sindicalización laboral son diversas. Francisco Ojeda, por su parte, opina: “Por lo que hablamos en el grupo de repartidores, prácticamente ninguno está de acuerdo con que haya una sindicalización del sector porque, aunque nos puede traer beneficios como la jubilación, las vacaciones pagas, también nos va a generar mayores obstáculos, vamos a tener que cumplir un horario obligatoriamente, una asistencia y vamos a perder cierta flexibilidad de la que ahora disfrutamos”. 

 Otra de las posiciones es la de Vázquez, quien manifiesta: “Es necesaria la intervención del Estado para regularizar nuestra situación laboral, no solo de repartidores de Rappi, todas las empresas Uber, Glovo, Cabify son iguales. Necesitamos que se pronuncien los políticos, estamos totalmente precarizados”. 

 Según Manini, la sanción de una ley para regular este tipo de trabajo es una deuda pendiente, y opina que la falta de jurisprudencia en torno a reconocer la relación de los trabajadores con las empresas como laboral lo frena bastante. “La influencia de las empresas es real, tanto para impedir el debate en el Congreso como para impedir la organización y sindicalización de los trabajadores. No quieren regulaciones económicas como tienen todas las empresas que trabajan en el país. Hay una grave falta de transparencia a la hora de cobrar y a la hora de recibir sanciones o penalizaciones. Y como los trabajadores no tienen contrato, no se sabe cuáles son las consecuencias de rechazar pedidos o cuánto van a ganar por repartir. Una ley no va a transformar el mundo, pero sí será una conquista enorme”, sostiene Manini.

Millones para unos pocos

Juan, repartidor de Rappi, repite este deseo como un mantra para soportar la lluvia intensa y la frustración mientras ve cómo el cliente regresa al ascensor con su pizza. Rápido y seco. Mientras tanto, Juan da un paso hacia el borde de la vereda y se empapa nuevamente. Las gotas caen con fuerza sobre su campera naranja. Cierra la caja y se escapa la última bocanada de aire caliente que dejó la pizza antes de irse. Caliente y puntual. 

Los trabajadores de estas plataformas son formalmente considerados trabajadores autónomos, y no se les reconoce una relación de dependencia. Siguiendo una argumentación similar a la de la pionera Uber, empresas como Rappi y PedidosYa también se autodenominan «empresas de tecnología». En ambos casos, estas plataformas argumentan que simplemente proporcionan una herramienta informática, una base de datos para conectar clientes con prestadores de servicios individuales, con el objetivo de evitar cualquier relación de dependencia y eludir el cumplimiento de las protecciones laborales establecidas por la legislación. La intención de no reconocer las actividades desempeñadas por sus repartidores como trabajo se refleja en el propio lenguaje que utilizan las empresas para promover el espíritu emprendedor y el autoempleo. Utilizan términos como «red de consumidores», «red de productores», «colaborador». En este contexto, los términos «trabajo» y «trabajadores» se usan rara vez. Un informe de la OIT plantea los indicadores de existencia de relación laboral en el trabajo en las plataformas digitales de reparto en Argentina.

 Las empresas argumentan que no hay una relación de dependencia, mientras que los «rappitenderos» recorren la ciudad sin protección, sin ningún tipo de seguro. “Nos roban las bicicletas o nos pasa un accidente, y no se hace responsable ni la empresa ni ellos tienen a alguien como para auxiliarnos a nosotros y decirnos ´ve a tal lado porque tú trabajas con nosotros´”, comenta Angie León, repartidora de Rappi. Debido al vacío regulatorio y legal en el que se desarrolla esta actividad, las empresas eluden el pago de beneficios laborales, suministros de trabajo, compensaciones por accidentes laborales y cualquier obligación relacionada con la seguridad social. Mientras tanto, los repartidores pueden trabajar hasta más de 8 horas diarias y muchas veces no llegan al salario mínimo. 

El derrotero político

La discusión sobre la regulación de las plataformas de reparto se está dando a nivel mundial. 

El camino de búsqueda por la regulación en Argentina comenzó en 2020, cuando el gobierno oficialista de Alberto Fernández elaboró un proyecto “Régimen del Trabajo en Plataformas Digitales Bajo Demanda” pero que no fue presentado. Apuntaba a crear una categoría jurídica especial incorporada al ámbito del Derecho del Trabajo y abordaba, entre otras cuestiones, la regulación de la jornada laboral: “Artículo 18.1. Una jornada de labor que no supere las 9 horas. La distribución del horario será por acuerdo de parte entre la Plataforma y la persona trabajadora”, aclara el proyecto.. Respecto al salario mínimo, el Artículo 12 dice que el salario mínimo por tipo, modalidad y categoría profesional será fijado periódicamente por la Comisión Nacional de Trabajo en Plataformas Digitales (CNTPD). También se incluían temas como la retribución por viaje, envío, entrega o distribución en función de la distancia, tiempo y lapso de espera, entre otras cuestiones. 

 El senado bonaerense aprobó en 2022 un proyecto de ley del legislador Omar Plaini, que establece en su Artículo 2° la creación de un “Registro Provincial, Único y Obligatorio para Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas en Aplicaciones (APP)”. Fue aprobado en la Cámara de Diputados provincial en 2023, luego de haberse frenado por varios meses a causa de la presión de las empresas. 

En los Artículos 6° y 7° la norma le da atribuciones al Poder Ejecutivo provincial: el registro otorgará un “certificado habilitante” para el trabajador y su vehículo, que será intransferible y establecerá que el Poder Ejecutivo “deberá” exigir a las personas jurídicas y empleadores que denuncien horario de conexión y desconexión de los trabajadores, así como también la aseguradora de riesgo de trabajo.

Sin embargo, aún se busca regular una ley a nivel nacional. En septiembre de este año la exministra de Trabajo, Raquel ‘Kelly’ Olmos aseguró que estaban desarrollando un proyecto de ley para enviar al Congreso. Según declaraciones en El Destape Radio, la iniciativa es parte de un trabajo en conjunto con el Ministerio de Economía: «Nosotros reconocemos que se autodefinen como trabajadores independientes que utilizan su propio bien de capital. Nuestra aspiración es que puedan ampliar su marco de derechos», destacó la ex funcionaria. Todo lo contrario, parece, se propone la gestión desreguladora de Javier Milei.

Delivery de derechos 

Las tecnologías digitales generaron cambios en el trabajo y el empleo. La “algoritmización”, les permite a las plataformas operar con costos prácticamente nulos, esto mejora la eficiencia y, en particular, se ve una reducción de los costos laborales. Las nuevas modalidades de empleo en la economía digital se destacan por la desregulación y la flexibilización de los límites en muchos niveles. Mientras que los trabajadores hacen malabares con sus tiempos de trabajo para obtener buen puntaje, la gestión algorítmica produce sobrecarga de trabajo, además, de los riesgos que implica para la salud y la seguridad (accidentes, robos, etc.), trabajar en la calle. Todos estos elementos unidos no se ven recompensados con un salario. 

Los repartidores responden con organización y acciones colectivas para fortalecer su representación y capacidad de acción. La sindicalización, las redes sociales, los grupos de WhatsApp son iniciativas destinadas a promover tanto los derechos como la comunicación entre los trabajadores, además de crear conciencia sobre la necesidad de establecer un marco legal que mejore las condiciones laborales y defienda los intereses de los trabajadores y trabajadoras de plataformas.

 

Dariannis Linares, repartidora venezolana, destaca la importancia del compañerismo entre los “redes”. “Fue en el 2021, en Lomas de Zamora a las 20. Fui a buscar un pedido a una casa de pastas de Don Cotrone, mientras esperaba llegaron unos chicos en una moto chiquita, uno de ellos sacó un arma blanca y me amenazó. Cuando me iban a quitar la moto, aceleré y me fui súper asustada, mirando para todos lados a ver si encontraba algún policía o una comisaría para hacer la denuncia. Encontré la Comisaría 9A de Lomas de Zamora, me estacioné y escribí en nuestro grupo de WhatsApp porque no sabía qué hacer, estaba muy asustada. Algunos de mis compañeros que estaban cerca llegaron a la comisaría para cerciorarse de que estuviera bien y saber qué me había pasado. Fueron ellos quienes le escribieron al soporte de PedidosYa, mientras yo hacía la denuncia en la comisaría. Me sentí contenida por mis compañeros, porque como repartidores andamos solos y expuestos a los peligros de la calle”. 

La solidaridad de clase entre los naranjas y los colorados se siente. Cuando las piernas no les dan más, tienen un problema, llueve o hace frío y no recibieron nada de propina, cruzarse con el saludo o la ayuda de un compañero les da un respiro en la línea del frente de batalla.

Mercado cobro

Mercado cobro

Dic 29, 2023 | Destacado 5, Trabajo

El mega decreto de necesidad y urgencia presentado por el Poder Ejecutivo abre la posibilidad de cobrar los haberes sin la intermediación de instituciones bancarias por medio de una cuenta virtual única (CVU). Al igual que otros cambios, este parece hecho a medida de Mercado Pago, que amenaza con convertirse en un nuevo monopolio. settings.

Entre el paquete de medidas que contiene el DNU 70/2023 denominado “Bases para la reconstrucción de la economía argentina”, se encuentra un viejo pedido de las empresas de tecnología financiera, o Fintech,: el pago de sueldo por medio billeteras virtuales. La que se visualiza como principal beneficiaria es Mercado Pago, propiedad del empresario Marcos Galperín, quien apoya explícitamente al gobierno de Javier Milei y opina en sus redes sociales cosas como: “Peronia es el único país de América Latina donde podías pagar sueldos en bancos y en efectivo pero estaba prohibido pagarlos en billeteras digitales, que te pagan un interés diario (~100% anual) vs las cajas de ahorro que te pagan 0%… ¡Viva Perón!”

Lo que dice puntualmente la modificación del artículo 124 de la Ley de Contratos de Trabajo es que: “Las remuneraciones en dinero debidas al trabajador deberán pagarse, bajo pena de nulidad, en efectivo, cheque a la orden del trabajador para ser cobrado personalmente por éste o quien él indique o mediante la acreditación en cuenta abierta a su nombre en entidad bancaria, en institución de ahorro oficial o en otras categorías de entidades que la autoridad de aplicación del sistema de pagos considere aptas, seguras, interoperables y competitivas”.

Durante la gestión de Alberto Fernández, en la resolución 179/2020 del exMinisterio de Trabajo, Empleo y Seguridad, a cargo de Claudio Moroni, se reglamentó que los empleadores no podían efectuar el pago de las remuneraciones mediante la utilización de dispositivos electrónicos aún con aceptación explícita y fehaciente por parte del trabajador. Desde entonces, las cuentas virtuales modificaron sus regulaciones y se expandieron con fuerza: en la Argentina están habilitadas 40 millones de cuentas virtuales únicas mientras que las del mundo bancario se calculan en 120 millones. Así las cosas, por cada cuatro cuentas bancarias existe una cuenta virtual radicada en una fintech.

La medida parece diseñada a favor de la empresa de Marcos Galperín. Cabe recordar que Mercado Pago creció al calor de la fortuna familiar, la cuál le dio financiamiento hasta que logró generar suficientes ingresos. A este recurso familiar se sumaron distintos apoyos del Estado como la Ley de Promoción de la Industria del Software de 2004 o la de Economía del Conocimiento de 2019. Ambas le sirvieron a la empresa para reducir sus aportes fiscales pese a que muchos discuten si su negocio es realmente la producción de software o es más bien financiero. Todo esto no impidió que Galperín se fuera a vivir a Uruguay en 2020, “un país civilizado” y con “tránsito civilizado”, como argumentó en sus tuits por entonces con el fin no tan oculto de dejar de pagar impuestos en la Argentina.

La creación destructiva

Martin Burgos compilador del libro “República Mercado Libre” sobre uno de los unicornios más grande de la Argentina y los riesgos de la economía de plataformas, comenta que hay cosas “super interesantes” en lo que refiere a las fintech, que le ayudan la vida a muchas personas y comercios, por lo que hay que tener siempre en la balanza las cosas buenas y malas que traen las novedades tecnológicas. Con respecto al decreto de necesidad y urgencia aclara que la billetera de Mercado Pago “está quedándose con una gran porción del mercado, que ganó en buena ley, pero la dinámica hace que se convierta en una posición de monopolio en la cual efectivamente puede empezar a cobrarle a los comercios lo que quiere ya que dependen muchísimo de sus servicios”.

El licenciado en economía por la Universidad de Buenos Aires y Master en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París explica que es un gran tema en teoría económica lo que se llama “la creación destructiva”: por un lado hay una ruptura porque traer una tecnología nueva destruye un esquema monopólico ya existente como los bancos tradicionales; pero por otro lado, se generan nuevos monopolios dado que la dinámica produce un momento de comercio más libre, donde consumidores y usuarios de la tecnología se benefician, aunque a largo plazo hay nuevas posiciones de dominio. El ejemplo más cercano es el de Amazon, empresa demandada en los EE.UU. por prácticas monopólicas ya que su posición dominante le permite debilitar a sus competidores con todo tipo de medidas.

En un estudio de la consultora Isonomía para Mercado Pago basado en la relación de las y los argentinos con el dinero, se investiga donde desean cobrar el sueldo quienes trabajan y el 25% de los encuestados respondió que prefiere una billetera virtual antes que un banco.

Burgos respecto a qué significa para Mercado Pago que se puedan depositar sueldos en la plataforma, responde “que todos los bancos se disputan por tener los salarios, dado que es una gran entrada de dinero y a partir de ahí pueden ofrecerles sus productos, y los trabajadores quedan medio presos de estos a partir de la cuenta sueldo”. 

Por último, ANCCOM consultó al jefe de gabinete de asesores de la Secretaría de Política Económica entre 2019 y 2021 sobre la posibilidad de sindicalización de los empleados de la empresa de Marcos Galperín, dado que durante la gestión de Mauricio Macri logró la ratificación de un convenio colectivo laboral que somete a sus trabajadores a un régimen muy precarizado, y donde lo que importa es justamente el convenio de quien rige: Hay una disputa entre Camioneros (por el centro de distribución y logística ubicado en el Mercado Central de Buenos Aires) y Bancarios (por la plataforma Mercado Pago) lo cual independiente del encuadre elevaría exponencialmente los niveles salariales.

Esta propuesta del DNU, así como otras, parece diseñada a favor de un grupo de poder coincidente con una mirada libertaria que busca hacer del mercado el único regulador, es decir, una ley del más fuerte en la que los más grandes se comen a los chicos generando una tendencia al monopolio. Incluso clásicos liberales como Adam Smith veían como un elemento básico del capitalismo a la competencia.

«Vamos a salir adelante»

«Vamos a salir adelante»

Dic 28, 2023 | Destacado 5, Trabajo

Los trabajadores de La Nueva Avan, la fábrica de autopartes recuperada por sus trabajadores, no se amilanan por los anuncios de Milei. «Pasamos el gobierno de Macri y la pandemia con perseverancia», dicen.

Maximiliano Ponce de León, socio de la cooperativa.

La Nueva Avan es una empresa nacional autopartista con una característica distintiva: fue recuperada por sus propios trabajadores en momentos de crisis. Es productora de barras, rótulas y extremos de dirección para los trenes delanteros de los vehículos, y se encuentra ubicada en la localidad de Villa Rosa, zona norte de la provincia de Buenos Aires. Comercializa sus productos con importantes marcas de la industria automotriz como Ford, Peugeot, Chevrolet, Toyota, entre otras, y hacia diferentes provincias a lo largo y ancho del país.

Corría 2009 cuando los empleados de la planta comenzaron a notar maniobras de vaciamiento en la empresa por parte de los anteriores propietarios. Jorge Cabello, antiguo trabajador autopartista de Avan, hoy presidente de la cooperativa, comenta: “Ingresaba la materia prima, producíamos y cumplíamos con las entregas, pero a nosotros no nos pagaban, no nos hacían los aportes jubilatorios, nos debían aguinaldo, vacaciones y casi todos los días venían los proveedores a reclamar porque nadie les había pagado. Se notaba que se estaba vaciando la fábrica”.

Jorge Cabello, presidente de la cooperativa.

Ante el repentino aviso del cierre de la planta, el personal decidió tomar el lugar para emprender un periodo de ocho meses de lucha y defender así sus puestos de trabajo. El pedido de desalojo por parte de los propietarios implicó que los trabajadores se vieran imposibilitados a moverse del predio. Inmediatamente se realizaron colectas impulsadas por el municipio de Pilar para juntar alimentos y abastecer a los empleados. Esta comida era racionada por los propios trabajadores y reenviada a sus casas para proveer a sus familias, que se encontraban privadas de su principal fuente de ingresos debido a las faltas de pago.

En el transcurso de esos ocho meses de tensión y negociación, se trató de recuperar la empresa mediante un proyecto enviado al Congreso, que en última instancia fracasó por la negativa del entonces gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Agotadas las instancias legislativas las partes lograron llegar a un acuerdo. “Finalmente los abogados de los propietarios del predio y los trabajadores acordaron que los dueños se hicieran cargo de los gastos de mudanza de la maquinaria hacia la nueva locación de la fábrica, y también lograron negociar una suma de dinero extra para que la empresa pudiera comenzar a producir”, explica Maximiliano Ponce de León, socio de la cooperativa.

Ya en manos de los trabajadores, se decidió formar una cooperativa para administrar la fábrica. Actualmente cuenta con treinta socios, de los cuales ocho pertenecen a aquella camada que decidió dar la lucha necesaria para recuperar la empresa. Desde entonces, La Nueva Avan no para de crecer. Con el correr de los años han logrado incorporar maquinaria de última generación que le permite a la fábrica generar más puestos de trabajo, cumplir con la demanda de los clientes y mejorar la calidad del producto para mantenerse competitivos en el mercado.

“La idea es que la fábrica sea no solamente un lugar de trabajo, sino también un lugar socialmente comprometido con el progreso. Nosotros teníamos un socio que se nos fue hace poco, era un chico que venía de Venezuela, que no tenía conocimientos de nada relacionado al rubro, pero en un año aprendió a manejar torno, se especializó en programar y hoy está trabajando en una fábrica del parque industrial en donde tiene un sueldo acorde a sus capacidades. Eso para nosotros es un logro y un orgullo. Era un chico que potencialmente no tenía salida laboral, y al día de hoy logró una especialidad en tornería, que es una formación que se está perdiendo y nosotros buscamos fomentar”, agrega Maximiliano.

Durante los primeros cuatro años la cooperativa se orientó en la reorganización de la fábrica y en volver a generar confianza entre los clientes que dudarán respecto a la calidad de los productos. Hoy, gracias al esfuerzo y empeño que le ponen cada uno de sus integrantes, La Nueva Avan se posiciona como una empresa con gran potencial y comprometida en recuperar sectores del mercado que se perdieron durante la transición.

Actualmente se dedica a vender a casas de repuesto, pero con la ayuda del INTI (Instituto Nacional de Tecnología Industrial) la cooperativa busca ordenar la producción y cumplir las normas y requisitos necesarios para volver a colocar sus productos en las líneas de producción de importantes marcas como Fiat, Volkswagen, etc. La estrategia se está desarrollando a través de un proyecto basado en un programa para fortalecer cooperativas a través de capacitaciones sobre gestión, administración y documentación de la producción.

Considerando la importancia que tuvo y tiene la presencia de los diferentes organismos e instituciones estatales en estos casos, los socios de la cooperativa opinan sobre qué expectativas tienen sobre la gestión del nuevo gobierno encabezado por Javier Milei. “A mí me tocó ser presidente durante la gestión de Mauricio Macri y la piloteamos. Después ya con Fernández nos tocó transitar la pandemia y también pudimos sortear los diferentes obstáculos. Yo creo que esa perseverancia, esa voluntad de salir adelante, de trabajar y de no bajar los brazos nos encuentra hoy como fábrica comprando otra máquina para aumentar la producción”, dice Cabello.

“Es muy reciente todo, hay algunas cuestiones que nos alarman, como la del dólar, porque los precios están dolarizados, y entendemos que algunas políticas de las que se está hablando nos pueden perjudicar bastante, pero yo creo que lo peor es la incertidumbre. Hay que esperar una semana o dos y ver cómo va evolucionando todo esto y sobre la marcha decidiremos qué camino vamos a tomar”, agrega.

 

“No somos pesimistas. Creemos que poniendo el lomo se puede salir adelante. Es obvio que si mañana liberan la economía no vamos a poder competir contra los repuestos chinos de buena calidad. Hoy en día circula en el mercado interno el ‘chino malo’ y la gente ya sabe que esos repuestos duran poco tiempo. Nosotros hemos logrado generar mucha confianza porque hacemos productos de calidad, y eso funciona como una especie de garantía en algo tan delicado como es el tren delantero de un vehículo”, dice, por su parte, Ponce de León.

“Nosotros a cada socio nuevo que entra a trabajar acá le explicamos que en La Nueva Avan cuidamos la vida de las familias. Si nuestras rótulas se rompen en velocidad, se puede matar una familia entera, entonces nuestras normas de calidad son muy rigurosas. La gente sabe que compra calidad y nos elige por su seguridad. Entonces frente a un repuesto malo nos vamos a superponer y la vamos a sacar adelante como sea, pero si se libera la economía a lo loco y entran otros competidores se puede complicar”,  reconoce.

Los trabajadores se pusieron en guardia

Los trabajadores se pusieron en guardia

Dic 27, 2023 | Destacado 1, Trabajo

La CGT y las CTA se movilizaron junto a los movimientos sociales a Plaza Lavalle para acompañar la presentación judicial que pide la inconstitucionalidad del mega DNU elaborado por el presidente Javier Milei que amenaza derechos laborales como la indemnización o la huelga, además de avanzar sobre las obras sociales, fomentar la tercerización y eliminar las multas a las empresas por el trabajo no registrado. A pesar que se propuso como una marcha simbólica, resultó masiva. Al final, la Policía de la Ciudad reprimió a los últimos en desconcentrarse para intentar dar una muestra de autoridad.

— Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode, se jode

Desde el andén de la estación Tribunales del subte D, el canto de los manifestantes concentrados algunos metros más arriba, sobre Plaza Lavalle, tapa la voz de la centena de pasajeros que se dirige hacia las escaleras. Por momentos parece una manga de una cancha de fútbol: mientras los transeúntes vuelven a la superficie, los cantos ensordecedores se mezclan con las bombas de estruendo que imprimen en el aire el olor a pólvora, que al cabo de unos pasos se combina con el de los chorizos asados en la esquina de Lavalle y Libertad.

La marcha convocada por la Confederación General del Trabajo en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia emitido por el presidente Javier Milei reúne a numerosos colectivos y sindicatos. Las banderas se levantan por toda la plaza y forman una paleta de colores que rompe con la formalidad cotidiana de uno de los bastiones del Poder Judicial. 

— Estoy preocupada por las modificaciones a todo lo que tiene que ver con los derechos laborales — declara la periodista María Julia Mastromarino, a metros de la columna del Sindicato de Prensa de Buenos Aires — Hay acá muchos compañeros de Télam y de la TV Pública. Que su trabajo sea puesto en riesgo a fin de año es algo muy difícil. 

Cuando llegan las 12, caminar por la zona es prácticamente imposible. Los cuerpos avanzan juntos, hombro con hombro, bajo la atenta mirada de los efectivos de la Policía de la Ciudad que se paran en las esquinas con sus pecheras celestes. 

Quienes intentan escapar del sol, ocupan cada centímetro de sombra  disponible. Algunos se esconden bajo la sombra de arbustos y árboles, otros tantos ocupan la vereda trasera del Teatro Colón.

Un hombre se cuelga del farol ubicado en Libertad y Talcahuano, mientras despliega una bandera gigante de Argentina, tal como lo hicieron los libertarios durante la asunción del presidente. Los colores celeste y blanco aparecen como recuerdo de que la patria también es de aquellos que se resisten a no pertenecer hundidos en su subsuelo. 

 A una cuadra de la manifestación, sobre 9 de Julio, un grupo de personas hace fila para ingresar al Tango Porteño. Miran con extrañeza los rostros que circulan por el centro de Buenos Aires, casi como si hubiera un error en la matrix. Luego se dan vuelta para intentar ocultar sus caras de fastidio por la escena. Le dan sus espaldas a la manifestación, literalmente. 

Sobre Lavalle, el ex Ministro de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, observa cómo avanza el Sindicato de Conductores Navales, con unos ojos achinados que intentan vencer el embate de los rayos del sol. 

— En Argentina ha habido gobiernos peronistas, radicales, conservadores, fraudulentos, pero ningún Ejecutivo, salvo el De Facto, cometió una violación de la Constitución de tamaña gravedad como éste — denuncia — La Corte tiene que pronunciarse y veremos ahí quién defiende la Constitución y quien se caga en la Constitución. 

 Al igual que en la manifestación del 20 de octubre, Gendarmería llega tarde al evento. Sus cascos verdes atraviesan las múltiples hileras de cuerpos que se mueven bajo la sombra de la plaza de Tribunales. Al llegar a la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, se detienen y arman un doble cordón. Es curioso cómo llegan para intentar controlar, una vez que la manifestación está en su auge, casi como si el interés estuviera puesto en ser vistos antes que en mantener la seguridad de la zona.  

Cuando faltan veinte minutos para las 13, la protesta empieza a desconcentrarse. Los miles de manifestantes se alejan en dirección a 9 de Julio, mientras con sus cantos exclaman que la patria no se vende, que los trabajadores siguen unidos y que “este pueblo no cambia de idea, lleva las banderas de Evita y Perón”.

No lo saben, pero gritan sus proclamas en la puerta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial. A centímetros de donde el poder económico legitima su modelo de acumulación, los representantes de los trabajadores afirman que en la patria de los obreros no hay lugar para el avasallamiento de los derechos conquistados.