Yo no te banco, Nación

Yo no te banco, Nación

Oct 10, 2024 | Destacado 2, Trabajo

Con la excusa del rechazo al aumento provincial de un impuesto, el Gobierno nacional dispuso el cierre de nueve de las 14 sucursales del Banco Nación en La Pampa, lo que implica 80 trabajadores afectados, severas complicaciones para los habitantes de localidades lejanas y un golpe para la entidad bancaria más importante del país, que la administración Milei ansía privatizar.

Fue a través de un comunicado publicado en la cuenta de “X” del Banco Nación, que tanto empleados como usuarios se enteraron, el pasado 26 de septiembre, del cierre de la Gerencia Zonal de dicha institución en La Pampa. “Nos avisaron que todas, las 14 sucursales, pasábamos a pertenecer a San Luis, de hecho se comenzaron a presentar los nuevos jefes al día siguiente del comunicado. Transitamos así la semana”, cuenta en diálogo con ANCCOM una trabajadora de las sucursales afectadas. Una semana exacta después, el jueves 3 de octubre, llegó el llamado que anunciaba el cierre definitivo de nueve sucursales, pertenecientes a las localidades de General Acha, Colonia Barón, Eduardo Castex, Bernasconi, Guatraché, Ingeniero Luiggi, Intendente Alvear, Victorica, y Winifreda. Solo cinco se mantienen abiertas en toda la provincia, las cuales pasarían a depender de la gerencia puntana: son las sucursales de Quemú Quemú, Santa Rosa, General Pico, Macachín, y Realicó. Un desguace provincial del Nación, el banco más importante del país.

A través de “X”, el Nación argumentó que el cierre de la Gerencia Zonal y de las nueve sucursales se debía a “la decisión de la provincia de duplicar la alícuota del Impuesto a los Ingresos Brutos que grava los créditos a las familias y a las PyMEs”. Dicho impuesto se duplicó del 7% al 15,47% por medio del Decreto N°3609, promulgado en la Ley Provincial N°3575, con vigencia desde el 1º de septiembre y hasta fin de año. El gobernador Sergio Ziliotto expresó en varios medios provinciales que el aumento solo afectaba a las entidades financieras, siendo estas las que habían percibido mayores beneficios económicos en los últimos meses; amparó su medida en que el Tesoro Nacional retiene fondos provinciales coparticipables, y explicó que lo que se recaudara con ese aumento financiaría programas alimentarios para los sectores más vulnerables. Ante la medida intempestiva del Gobierno central, el gobernador reformuló su decisión y dispuso que “el Banco de La Pampa aportará lo que el Banco Nación rechaza pagar”. Si el directorio sostiene el cierre, ya no será bajo el argumento del aumento de impuestos.

Son 202 los puestos de trabajo que proporciona el banco en la provincia y 80 los trabajadores afectados de manera directa. La información que conocen por el momento es que aquellos que no ocupan un cargo serán reubicados en las sucursales más cercanas a las familias, mientras que los empleados con puestos jerárquicos se los asignará de acuerdo a la necesidad del banco a lo largo y ancho del país. “Esto lleva a que muchos pierdan su fuente de trabajo más allá de que digan que la garantizan, te están forzando a renunciar, porque no todos van a poder aceptar el traslado que nos impongan”, plantea una trabajadora afectada, que prefiere preservar su identidad. Una reestructuración de las familias, madres o padres que van a tener que decidir entre su fuente de trabajo o estar en el día a día con sus hijos: “Tenés que abandonar tu casa”, analiza.

Las medidas no solo provocan un vaciamiento de trabajadores, sino también de la cartera de clientes. Los pueblos y las comisiones de fomento que conforman La Pampa están separados por al menos 50 o 100 kilómetros, obligando a los usuarios de aquellos pueblos afectados a adaptarse completamente a la virtualidad, o viajar a otras sucursales para hacer sus trámites. “Un jubilado que percibe la mínima no puede pagar un taxi para ir a otro pueblo a cobrar la jubilación –explica la trabajadora a ANCOOM–. Esos clientes se van a perder, van a cambiar su boca de pago. Es una pérdida enorme del federalismo que tiene el Banco Nación porque está a la vuelta de tu casa”. Además, de los pequeños usuarios se verá perjudicada la economía general de la provincia porque “el banco tracciona las PyMES, el comercio y todas las actividades del agro. Ya había sido un cimbronazo enterarnos que San Luis sería la gerencia de cabecera porque tienen otra economía, muy distinta a la pampeana”, agregó.

La Gerencia Zonal se encarga de darle autonomía a la provincia, es el nexo directo entre el directorio nacional del BNA y las sucursales a las cuales también administra y audita. Sin embargo, su importancia es mucho mayor, según explicó Shirley Bustos, delegada general del Banco Nación y secretaria general adjunta de La Bancaria a ANCCOM: “Tiene el conocimiento necesario sobre el territorio y de las particularidades de la economía pampeana. Entiende qué comercios hay y qué promociones aplicar, quiénes son los productores agropecuarios, cuáles son los ciclos productivos de la provincia y cómo asistir crediticiamente a cada uno de ellos”.

Sobre el abrazo simbólico que se realizó el viernes pasado en cada sucursal pampeana agregó: “Quedará marcado como un día histórico porque en menos de 24 horas organizamos un paro provincial en todas las sucursales”. Desde el sindicato llamaron además al cese de actividades con permanencia en los puestos de trabajo y el estado de alerta y movilización en defensa de los mismos. Bustos agregó que el cierre no solo afecta a los 80 trabajadores sino a toda la sociedad: “Las fuerzas vivas salieron a la calle y reclamaron para que todas las partes involucradas se sienten a conversar y busquen una alternativa que no termine en el perjuicio de la sociedad y de los trabajadores”.

El mismo día en Capital Federal y por medio de su Secretario General Sergio Palazzo, el sindicato presentó una denuncia penal ante la Secretaria de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, por “la decisión unilateral y apresurada que tomó el directorio del banco. Nunca la respuesta, más allá del desacuerdo con el aumento de un impuesto puede ser el cierre de sucursales y dejar sin trabajo a la gente o al pueblo sin el servicio que les brinda el Banco Nación”, comentó a ANCCOM Raúl Ibañez, secretario general de la seccional Santa Rosa de la Asociación Bancaria. En la misma Secretaría se realizó este martes 8 una audiencia entre los directivos del Banco Nación y la Asociación. En ella se convino un cuarto intermedio hasta este jueves, donde se espera que el gobierno provincial y el Banco Central, ente rector con facultad de habilitar la apertura o cierre de toda entidad financiera, “encuentren un punto de coincidencia de sus posturas y eviten el perjuicio que están causando”, resultado de la audiencia que catalogó como positivo y que solo fue gracias a la visibilización y el apoyo movilizatorio por parte de la sociedad.

La privatización del Banco Nación se había dictaminado en el DNU° 70/2023 también conocido como “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”. “Esto es una prueba piloto, el impuesto es la excusa para empezar el desguace y el vaciamiento porque de todas formas se va a tener que pagar en las sucursales que queden abiertas”, son las palabras de la trabajadora sobre el justificativo utilizado por el Banco Nación para el cierre de las sucursales. “El Banco de la Nación es uno de los motores de la economía del país” y en su Carta Orgánica determina la función social y de fomento, cierra la nota Raúl Ibáñez. “Es una entidad que defendemos como propia, y no solo en nuestra provincia, porque en caso de persistir esta actitud se avanzaría sobre el resto del país, y el perjuicio serían tan extenso como hoy están diseminadas las oficiales del banco. Esta situación que vivimos sirve para dejar la base de que el Banco de la Nación no se toca”.

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

La Ciudad judicializa a un gremialista docente

Oct 3, 2024 | Destacado 3, Trabajo

Terminaron de declarar los testigos en el juicio que inició la exministra de Educación, Soledad Acuña, al maestro Juan Manuel Di Vincenzo por denunciar las malas condiciones laborales durante la visita de un funcionario.

El jueves pasado se realizó en el Juzgado Nacional del Trabajo Nº 49, la última ronda de testigos en el juicio por el desafuero a Juan Manuel Di Vincenzo, sumariado junto al docente y dirigente Jorge Adaro por reclamar mejoras en las infraestructura de la Escuela 19 de Villa Soldati y manifestar por los docentes fallecidos en plena ola de contagios de la pandemia de COVID 19.

Pese a las malas condiciones de trabajo en el juzgado, el juicio se desenvolvió como estaba previsto. “Cinco personas en una habitación pequeña, en asientos incómodos, en la primera declaración tardaron dos horas por las fallas en los teclados”, detalló el acusado a ANCCOM. Al finalizar con el último testigo, en las calles esperaban por la conferencia de prensa las compañeras de la Escuela 19, junto con integrantes de ADEMyS, partidos de izquierda, legisladores y periodistas.

Un viaje al 2021

Como era usual en las prácticas que realizaba Fabian Capponi, el entonces Director General de Escuelas Estatales de la Ciudad de Buenos Aires, bajo el contexto de la pandemia del 2020, visitó la Escuela 19 de Villa Soldati, en donde los docentes se acercaron a comentarle respecto de las fallas de infraestructura, conectividad y malas condiciones de seguridad e higiene. “Solo recibimos ninguneos por parte de Capponi, quien se retiró de la escuela arrancando uno de los carteles que estaban en la puerta, informando a las familias sobre la situación de la escuela” contó Di Vincenzo y completó: “Volvió a las horas junto a dos personas más, filmando y sacando fotos con los celulares durante la salida de los alumnos de primer ciclo. Fue una situación de mucha tensión para las familias que no podían retirar a sus hijos, y por otro lado el funcionario y sus dos acompañantes querían volver a entrar a la Escuela. Se les pidió que se fueran, que sin permisos ni notificación no podían filmar, y terminamos logrando que se retiren”, recordó el delegado. 

Entre todos los reclamos por parte de los docentes, en marzo del 2021 la Defensoría del Pueblo junto a legisladores y un arquitecto visitaron la escuela de Villa Soldatti y abrieron un expediente en el cual decían que “el edificio es un riesgo para todas las personas que lo habitan y sugieren que se realice un arreglo integral o el traslado de la escuela a otro edificio, lo cual nunca sucedió”. Después de la visita del funcionario, la exministra de Educación porteña, Soledad Acuña, subió a su cuenta de X uno de los videos ilegales filmados sin ningún tipo de permiso por parte de una persona sin identificación, y lo usó para escrachar a los docentes. “No queremos este tipo de docentes en la educación, serán sancionados” expresó Acuña.

En ese contexto, la funcionaria había anunciado la suspensión del salario por 30 días a dos maestros e inició un proceso para quitarle los fueros sindicales a Juan Manuel Di Vincenzo y Jorge Adaro, en ese momento secretario adjunto del sindicato Ademys. A partir de esa situación, se generó un gran movimiento y se fueron realizando algunos arreglos en la escuela. No obstante, el sumario terminó con la desestimación de los argumentos del desafuero por todas las pruebas presentadas por los docentes. Di Vincenzo y Adaro son acusados por pegar carteles en la puerta, cantarle al funcionario Capponi al grito de “no sos bienvenido, no sos bienvenido” e increpar a un funcionario público.

En este marco, Di Vincenzo fue elegido de manera unánime como delegado por lo cual con la llegada de la notificación del sumario se desarrolló una pelea entre el Gobierno, que sostenía que en el momento del hecho aún no era delegado y, por parte de la Escuela, que dice que ya lo era. “La justicia termina dándonos la razón, y confirmando que al llegar la notificación ya era delegado”, motivo por el cual no se pudo aplicar la sanción. “Por eso me llevaron a un juicio de desafuero, llamado juicio de exclusión de tutela sindical, el cual comenzó en 2023”, explicó el delegado.

Tras tres años de la persecución a ambos docentes, en un contexto donde ninguno de los funcionarios está ya en el poder, el procesamiento continúa. “Es realmente injusto, indignante y vergonzoso pero tengo expectativas ya que contamos con un precedente, el de Adaro, lo cual suma muchísimo” concluyó esperanzado Di Vincenzo, en alusión a la absolución de su compañero, que fue confirmada el 11 de junio por la Cámara de Apelaciones del fuero laboral.

 

“Estamos pidiendo que la modernización se haga con la gente adentro”

“Estamos pidiendo que la modernización se haga con la gente adentro”

Oct 1, 2024 | Destacado 4, Trabajo

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires ordenó el desalojo de la Feria Artesanal Vuelta de Rocha, en Caminito, barrio de La Boca, que hace 40 años que funciona allí. Los 120 trabajadores afectados se niegan a abandonar el lugar y llevan adelante medidas de protesta. Enfrentamiento con los gastronómicos.

La Feria Vuelta de Rochafue desalojadapor la policía porteñael 10 de septiembre último,de madrugada, para evitar las miradas tanto de turistas como de los propios artesanos. El subsecretario de Ordenamiento Urbano, Pedro Comín Villanueva, fue quien encabezó el operativo y dispuso, de manera inconsulta, el traslado de los puestos a la plazoleta de Bomberos de La Boca, donde vecinos y organizaciones realizan distintas actividades.

“La Policía llegó con un megaoperativo. No hubo violencia física hacia nosotros, pero agarraron las cosas y las trasladaron. Lo que pensaron que eran puestos viejos o rotos se los llevaron con ellos –denunció Darío Sánchez, delegado de la Feria Artesanal–. El conflicto comenzó en junio con una iniciativa del Gobierno para modificar el espacio que ocupaba la feria, seguido de un proyecto para correrla a la plazoleta de Bomberos”.

Actualmente, la plazoleta está ocupada por puestos vacíos, mientras que los artesanos se mantienen en Vuelta de Rocha, firmes en su negativa a moverse,puesto que el traslado a una zona alejada de los turistas reduce sus ingresos, y exigen que se cumpla con la Ordenanza 46.075 de 1992, que declara a la feria de Interés Municipal.

La relocalización en la plazoleta, además, resulta en la pérdida de un espacio público para los vecinos del barrio. “En esa plaza los chicos juegan a la pelota y los grupos de murga ensayan. Están sacando la feria de su lugar para que ocupe otro que no es nuestro”, afirma Lucía, una de lasartesanas afectadas.

Los trabajadores de la feria están organizados en dos agrupaciones: la Vuelta de Rocha I, que se encarga de ella jueves y viernes, y la Vuelta de Rocha II, que la ocupa sábados y domingos. De lunes a miércoles, hasta hace menos de un mes, había una administración conjunta.

David participa de la feria de Caminito hace siete años y es responsable de la organización de la Vuelta de Rocha I. “Yo vendía cuchillos en la feria de Morón. La oportunidad que me dio Caminito fue la de ampliar el rubro. Además de cuchillos, estaba haciendo tallado de madera, y me especializaba en mates”. Ante la imposibilidad de continuar trabajando en La Boca, tuvo que cambiar de sitio. “Ahora lo que estoy haciendo es ir a otras ferias. Volví a la plaza de Morón, donde trabajé como diez años. Ahí se vende a la gente del barrio, y las ventas bajaron desde la pandemia. Acá no, el movimiento es continuo, siempre hay gente”, comenta.

David participa de la feria de Caminito hace siete años y es responsable de la organización de la Vuelta de Rocha I.

Marta, que trabaja en Vuelta de Rocha hace 17 años, cuenta que el mismo día del desalojo los artesanos organizaron una asamblea y decidieron realizar medidas de protesta. Ante la orden del juez Gonzalo Ignacio Marconi, a cargo del Juzgado N° 11 en lo Contencioso, Administrativo y Tributario de la ciudad, de prohibir la venta de artesanías en la Vuelta, colocaron telas donde estaban los puestos, junto con fotos de los trabajadores desalojados. Otro recurso que utilizan es el “ruidazo”:una vez por hora se reúnen en el centro de la feria para hacer sonar redoblantes y bombos en señal de reclamo.

Detrás del desalojo de la histórica feria, está el impulso del Gobierno de Jorge Macri a la construcción de unos decks para un paseo gastronómico, que sumado a las instalaciones de iluminación que se están haciendo, pretenden darle al barrio una vida nocturna atractiva para los turistas. El proyecto cuenta con el visto bueno de los dueños de bares y restaurantes, quienes tienen un enfrentamiento de larga data con los artesanos. Según estos últimos, los empresarios gastronómicos ya habrían recibido un subsidio del Gobierno de la Ciudad para construir los decks.

Marta Yane, comunera y vecina, señala como problema que el turismo en el barrio esté concentrado en unos pocos. “Hay aparentemente un proyecto del Ente de Turismo porteño que está planteando remodelar La Boca, hacer toda una puesta en valor, revivir las cantinas y la vida nocturna. Pero son burbujas de turismo cerradas, que en realidad no benefician al barrio ni a los comerciantes”.

Para Yane, la solución al conflicto no va a venir desde la resistencia. “La modernización nos va a llegar queramos  o no, porque estos tipos tienen todo para hacerlo. Lo que la mayoría de las organizaciones estamos pidiendo es que la modernización se haga con la gente adentro. Que las reformas no impliquen la expulsión del barrio. Ahora, si es venir a imponer desde afuera cómo debe ser el barrio donde uno vive, va a ser muy difícil”.

Según Guillermo, delegado de Feria Vuelta de Rocha, quienes impulsan esta transformación no son del barrio, no respetan su historia, ni conocen su dinámica interna. Natalia Quinto, integrante de la organización La Boca Resiste y Propone (LBRP), advierte que las reformas van en detrimento de la identidad barrial. “No quieren el histórico barrio de La Boca con una propuesta telúrica y cultural, quieren la romería gastronómica”, asegura.

Ante la falta de respuestas del Gobierno de la Ciudad, los artesanos, junto a vecinos del barrio, realizaron una asamblea con el objetivo de juntar firmas contra el traslado de la feria y la ocupación de la Plaza de Bomberos, en la cual los delegados leyeron un comunicado conjunto: “Nadie en el barrio conoce el Plan Integral Caminito. Nadie conoce las modificaciones del Código Urbanístico ni los incentivos desmedidos que están ofertando. Nadie en el barrio fue consultado sobre esta absurda decisión”, señalaron.

“Este problema que hoy nos junta a todos y a todas, no lo ocasionan las ferias, ni los artistas, ni Caminito, ni los vecinos. Este problema lo trae el jefe de Gobierno Jorge Macri, lo traen [el jefe de Gabinete] Néstor Grindetti y el ministro [de Espacio Público Ignacio Miguel] Baistrocchi, lo traen Pedro Comín, y un puñado minúsculo de cómplices que dicen ser vecinos, pero hace 40 años que ya no viven en nuestro barrio”, expresaron.

Quinto se pronunció en representación de las organizaciones: “A todos los funcionarios les decimos que el barrio de la Boca tiene 154 años de histórica tradición de lucha. Nosotros, a diferencia de Pedro Comín, pensamos que no tiene por qué dolerle a nadie, pero que si le va a doler a uno, nos va a doler a todos”.

“Abran los oídos y escuchen, porque acá sobran propuestas para arreglar lo que ustedes descomponen. Convoquen a los delegados, convoquen a la comunidad para solucionar esto –exigió–, porque no les pensamos regalar la plaza, ni las ferias, ni el arte, ni la historia, como para que la vendan como una postal estática”.

Paro y olla popular de ATE mientras comenzaba una nueva ola de despidos

Paro y olla popular de ATE mientras comenzaba una nueva ola de despidos

Sep 27, 2024 | Destacado 1, Trabajo

Trabajadores estatales de todo el país realizaron un cese de actividades por 24 horas en reclamo por los salarios de pobreza y ante una nueva catarata de cesantías. A poco de finalizar el acto, llegaron las primeras 80 desvinculaciones en el ministerio de Capital Humano. Se esperan despidos también en las secretarías de Riego de Trabajo y de Cultura, entre otros organismos.

Dirigentes de ATE Nación, ATE Capital y ATE Provincia de Buenos Aires convocaron ayer a una olla popular en Plaza de Mayo. “Protagonizan una nueva jornada de lucha las y los que están colmando esta plaza, pero también todas esas y esos estatales que desde muy temprano en todo el país están garantizando una alta adhesión a la medida de fuerza para decir que los estatales estamos más vivos que nunca y vamos a seguir defendiendo todos nuestros derechos”, afirmó en su discurso el secretario de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar.

“En algunos ministerios nos quieren hacer firmar un nuevo régimen, nos presionan, nos violentan, cometen abuso psicológico para que firmemos nuevos contratos que nos recortan el salario a la mitad, que nos eliminan la antigüedad y que perjudican todo nuestro régimen de licencia”, agregó.

“Se destruyen nuestros salarios. El sector público es uno de los más castigados. Hemos perdido más del 30 por ciento del poder adquisitivo, y la paritaria nacional comienza a ser utilizada como una herramienta de disciplinamiento para el resto de las negociaciones salariales –remarcó–, no solo en 24 provincias, en más de 2.200 municipios, sino también para el sector privado”.

A su turno, el secretario general de ATE Provincia de Buenos Aires, Claudio Arévalo, responsabilizó al presidente Javier Milei y a su batalla contra el Estado como los responsables del malestar que aqueja a los trabajadores. “Dijo que vino a combatir la casta y hoy tenemos cientos de compañeras y cientos de compañeros despedidos. Por eso nuestra organización va a estar en la calle peleando por esas reincorporaciones que todavía no se dieron, peleando para que no se sigan despidiendo trabajadores. Este 30 de septiembre vencen miles de contratos. Por eso es importante esta unidad que estamos forjando desde nuestra central, desde nuestra ATE”, expresó. Arévalo preveía con claridad lo que estaba por suceder. A las 10 de la noche del jueves comenzaron a llegar mails anunciando el despido a trabajadores de Capital Humano. Rápidamente se contaron por lo menos 80 cesanteados. También se esperan inminentes reducciones de planta en la Secretaría de Riesgo de Trabajo y en la de Cultura, entre otros organismos.

A las 10 de la noche del jueves comenzaron a llegar mails anunciando el despido a trabajadores de Capital Humano. Rápidamente se contaron por lo menos 80 cesanteados. También se esperan inminentes reducciones de planta en la Secretaría de Riesgo de Trabajo y en la de Cultura, entre otros organismos.

 La delegada de ATE de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), Carolina Komar, explicó en el acto de ayer cómo el recorte presupuestario afecta al desarrollo científico y técnico del país. “Venimos a denunciar que el Gobierno está avanzando sobre el sector, frenando la obra del CAREM, un prototipo de un reactor para generar energía nuclear de diseño 100% argentino y nacional. Necesitamos defender estos proyectos porque es lo que nos da soberanía”. También mencionó que cuatro de cada cinco de sus compañeros ganan menos que la canasta básica. “En la CNEA más del 80 por ciento de los trabajadores estamos cobrando un sueldo por debajo de la línea de pobreza. Esto hace que sigamos perdiendo trabajadores y que sea muy difícil mantener los proyectos”, subrayó.

Antes de que se empiecen a repartir las porciones de locro de la olla popular, el secretario general de ATE Capital, Daniel “Tano” Catalano, fue quien cerró el acto. “Para que la política pública se encargue de generar el mejor encuadre para que nuestro pueblo no tenga faltante de salud, de educación. Para que no esté pensada solamente en el marco de lo represivo. Para que no abandone al millón y medio de pibas y pibes que hoy no comen. Por eso nosotros y nosotras estamos habitando la Plaza de Mayo”, sostuvo.

“Este Gobierno atenta contra su propio pueblo utilizando las peores herramientas que nos da este sistema. Y entonces, como lo hicimos frente al macrismo, hemos construido en cada ministerio una trinchera de resistencia y en cada movilización un marco de articulación que nos permite seguir estando de pie, dándole pelea al ajuste brutal que vivimos”.

Catalano intimó a quienes tienen la capacidad de movilizar a la gente para que no permanezcan callados: “Desde este lugar les decimos a los que tienen mayor responsabilidad que no nos tengan de rehenes, que se dejen de romper las pelotas y los ovarios. Sean maduros y maduras. Convoquen al pueblo argentino a ganar las calles, a resistir, a volver a creer. Sabemos que se puede derrotar a Milei en las urnas, pero también en la calle, marcándole el rumbo de la carta económica que él tiene que instrumentar”.

También se sumó al acto el secretario general de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP), Alejandro “Peluca” Gramajo, quien al respecto declaró: “Acá no se trata solamente de la gravedad que puede atravesar un sector particular. El gobierno de Milei le declaró la guerra económica y social a la mayoría del pueblo argentino. Por eso, independientemente de las diferencias que podemos tener, nuestra obligación es ponernos espalda con espalda para impedir que se profundice la peor crisis económica y social que haya vivido la Argentina. La única forma que tenemos los trabajadores y trabajadoras de demostrar que somos mayoría social es inundando las plazas y las fábricas”.

La universidad sale otra vez a la calle

La universidad sale otra vez a la calle

Sep 26, 2024 | Destacado 2, Trabajo

Un paro docente de 48 horas preanuncia una nueva movilización masiva para la semana que viene. La comunidad universitaria exige recomposición salarial y aumento presupuestario. Malestar por la amenaza de Milei con vetar la Ley de Financiamiento y por el magro 6,8% de aumento que ofreció el gobierno.

Ante la emergencia salarial del personal docente y no docente, los sindicatos convocaron a un paro de 48 horas y una nueva marcha federal educativa el próximo 2 de octubre. La medida de fuerza es una respuesta en un contexto de ajuste y un casi congelamiento salarial. Por eso, los gremios exigen una recomposición salarial y una mayor asignación de partidas. “Por salarios dignos y presupuesto universitario” y “No al veto de la Ley de Financiamiento Universitario” son las consignas bajo las que la Asociación de Docentes y la Asociación del Personal de la Universidad de Buenos Aires, ADUBA y APUBA, convocaron a las movilizaciones, con una alta adhesión de sindicatos docentes del resto del país. 

Aunque la multitudinaria movilización del pasado 3 de abril logró actualizar las partidas universitarias de gastos de funcionamiento de las instituciones educativas durante el primer cuatrimestre, el rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, el pedido de un aumento salarial para los trabajadores educativos y la denuncia de que el presupuesto para 2025 los recursos son insuficiente, impulsaron una nueva jornada de protesta. 

“Los motivos fundamentales de los paros de este año como de la marcha del 2 de octubre  es la recuperación de nuestro salario frente a una pérdida como nunca tuvieron”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de AGD UBA, y continúa: “La pérdida salarial afecta enormemente a los equipos docentes y no docentes, y también a los de investigación. El 50% de la investigación argentina se realiza en universidades, el otro 50 en el CONICET. En ese sentido, con los bajos salarios que tenemos tanto los docentes como los no docentes, se está generando la renuncia de trabajadores. Tenemos una cantidad inmensa de docentes y no docentes que plantean dejar la dedicación exclusiva para pasar a una dedicación parcial que les permita dedicarse a otras actividades que les impliquen mejores ingresos”

En línea con esto, Darío Capelli, delegado en la Facultad de Ciencias Sociales del sindicato FEDUBA, dijo a ANCCOM: “La pérdida del salario docente en relación al costo de vida es de alrededor del 50 % desde que asumió el gobierno de Milei”, y agregó. “Tenemos una ley votada en ambas cámaras que actualiza el presupuesto universitario y nuestro salario con retrospectiva a diciembre de 2023, pero el presidente ya anunció que esa ley, al igual que con cualquier otra norma votada por los representantes del pueblo que no se ajuste a lo que él mismo llama déficit cero, lo va a vetar. Para que no se produzca ese veto, o para que en todo caso se revise en el Parlamento es que nos movilizaremos el 2 de octubre”.

La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en Congreso, permite una actualización mensual por inflación de los gastos salariales y de funcionamiento de las universidades, además de una recomposición retroactiva por el índice de inflación desde diciembre del año pasado. Ante esto, Milei contestó en X a través de su cuenta: “Veto total”.

Además de este paro de 48 horas, entre las medidas de fuerza  se prevén acciones de visibilización con clases públicas y charlas. Además, el martes 24 a las 10 horas se realizó un Abrazo al Hospital de Clínicas. Finalmente, las medidas culminarán con una marcha universitaria hacia las inmediaciones de Congreso el miércoles 3 de diciembre, como espejo de la movilización de abril.

«Los sujetos de la movilización no fueron solo los trabajadores y trabajadoras de la universidad”, afirmó Capelli sobre la convocatoria del primer cuatrimestre y completó: “El conjunto de la sociedad había tomado el problema universitario del acceso a la educación superior como un problema propio. En ese sentido, la sociedad en su conjunto se movilizó, no solo la comunidad académica. La sociedad organizada como comunidad académica, la sociedad que asume la universidad como un derecho colectivo”.

 “El conjunto de demandas que hicieron que la sociedad se movlizara en defensa de la universidad no fue atendido por el gobierno -comenta Capelli-. Sólo una de esas demandas y de manera parcial, y con eso el gobierno salió a decir que las universidades ya no tenían motivos para protestar. Todo lo que tiene que ver con actualización de los salarios o la garantía salarial, no fueron atendidos. Solo se actualizó en parte el presupuesto para los gastos de funcionamiento. Y esto en parte, porque en realidad, para que la facultad garantice su funcionamiento adecuado, debe actualizar los salarios de sus trabajadores, sobre todo tomando en cuenta el índice inflacionario.”

 Con la alta adhesión al paro y ante la gran convocatoria que se espera para la marcha universitaria de la próxima semana, el gobierno nacional convocó el mismo jueves 26 a paritarias a las 16 en el Palacio Pizzurno. Este llamado, según un comunicado de AGD UBA, fue un intento fallido de sofocar las movilizaciones. El gobierno ofreció solo un aumento de 6,8 % para octubre, y nada para noviembre y diciembre, es decir, menos de una décima parte de lo que se reclama por la pérdida de poder adquisitivo desde diciembre de 2024. En esta reunión, además, el Secretario de Educación, Carlos Torrendell, y el de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, ratificaron el veto del presidente a la Ley de Financiamiento Universitario y el ajuste para el presupuesto del próximo año.

 “Por lo pronto, vamos a la marcha del miércoles 2 y veremos el escenario. Desde nuestro sindicato, creemos que hay que profundizar las medidas si no hay respuesta”, concluyó Celotto.

 Por otro lado, Capelli agrega: “Nosotros así no podemos continuar. La licuación de nuestros salarios incide no solo en nuestras vidas, la organización de nuestro hogares, sino que incide negativamente en decisiones de carácter pedagógico, como comprar un libro o pagar una fotocopia.”

Las (verdaderas) fuerzas del cielo

Las (verdaderas) fuerzas del cielo

Sep 26, 2024 | Destacado 2, Trabajo

Los trabajadoares de Aerolíneas Argentinas se manifestaron en Plaza Congreso exigiendo aumento salarial y en alerta ante los planes privatizadores del Gobierno. La declaración del servicio como esencial y la amenaza extranjera.

El miércoles 25 de septiembre, mientras en el Congreso de la Nación se llevaba a cabo el debate por la privatización de Aerolíneas Argentinas –en base a un proyecto presentado por Hernán Lombardi, diputado del PRO, y Juan Manuel Lopez, de la Coalición Cívica–, los gremios aeronáuticos marcharon a la plaza frente al Parlamento. Si bien el colectivo sindical afirma que su reclamo es estrictamente salarial, las banderas de “Aerolíneas Argentinas no se vende, se defiende” no faltaron, al igual que los cánticos alegóricos a ese reclamo.

Sandra, auxiliar de Aerolíneas Argentinas hace 13 años, dice que como el Gobierno no pudo meter la privatización de la línea aérea de bandera en la Ley Bases, ahora aprovecha el conflicto por sueldos con los trabajadores para tratar de venderla. “Los medios están mintiendo, a las universidades les pasa lo mismo, no les quieren dar el presupuesto, o si te lo dan después te lo vetan como a los jubilados. Esto empezó como un reclamo salarial porque estamos con el 70% del sueldo devaluado, no tuvimos paritarias hace un año y todo aumentó”, agrega.

Martin Brat, delegado de los tercerizados de Aerolíneas Argentinas GPS, coincide en que los medios instalan fake news diciendo que los trabajadores son privilegiados. “Una tripulante con 13 años de vuelo que trabaja 8 horas por día gana un millón doscientos mil pesos, maleteros que levantan once mil kilos todos los días ganan seiscientos cincuenta mil pesos, las trabajadoras de call center ganan quinientos mil pesos, sueldos por debajo de la línea de pobreza”, expresa.

Este conflicto salarial escaló al nivel de que el Gobierno publicó un decreto que declara a los trabajadores aeronáuticos como “servicio esencial”, lo cual es un ataque directo al derecho de huelga. La escalada del conflicto se debe a que no se llegó a un acuerdo a través de la conciliación obligatoria. Cuando se llega a esta instancia, la Secretaria de Trabajo es la encargada de mediar entre ambas partes. Pero nunca se convocó a los trabajadores para negociar y al finalizar el lapso de la conciliación le comunicaron a los gremios que lo único que había era lo que les ofrecieron en un principio, un porcentaje muy escaso de aumento que no recomponía toda la devaluación que sufrieron sus salarios.

La extranjerización

A esta situación se le suma que el gobierno publicó en el Boletín Oficial el DNU 844/2024 que permite a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) autorizar operaciones con tripulaciones y aeronaves extranjeras. Hernán, piloto de Aerolíneas Argentinas desde hace 15 años, dice que es una medida que busca amenazar a los pilotos como diciendo ‘si ustedes no van a volar, alguien va a venir a hacerlo’. 

Los trabajadores consideran que la iniciativa oficial es otro ataque a su derecho de huelga porque significa que las rutas que hoy hace Aerolíneas Argentinas las harían empresas extranjeras. Esto generaría una especie de círculo vicioso en donde los trabajadores están apresados a seguir manteniendo bajas condiciones laborales con la amenaza de que alguien más va a ocupar sus lugares, ya sea por la privatización de la empresa o porque empresas extranjeras se apropien de las rutas nacionales, siendo de alguna forma las dos caras de una misma moneda en la que trabajadores y ciudadanos argentinos terminarían afectados. 

En este sentido, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, Gabriel Katopodis, manifiesta que “el gobierno reprime o busca la sumisión de los trabajadores y que no entiende que Aerolíneas Argentinas simboliza la unión de los argentinos.”

Alta experiencia

Por su parte, Eduardo García, integrante de la Comisión Directiva de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA) y ex piloto de Aerolíneas Argentinas que cuenta con 33 años de trabajo en la empresa, rememora tiempos pasados. “Viví tanto la privatización como la estatización, quieren repetir la historia”. Eduardo ingresó en la empresa en 1980 y trabajó hasta el año 1996, momento en el que la privatización con Iberia ya era un hecho, donde con un grupo de compañeros de distintos sectores fueron echados. Reingresó en la empresa en el 2005 a través de Austral, y en 2009, tras la estatización de 2008, pasó a ser piloto de Aerolíneas Argentinas. 

Varios manifestantes coinciden en que existen muchos paralelismos con lo ocurrido en los años 90 y temen que vuelva a ocurrir algo similar. Discursivamente el gobierno utiliza los mismos argumentos de aquella época, cuando Carlos Menem gobernaba el país. Lo hace invocando la privatización como sinónimo de eficiencia, pero la experiencia demuestra lo contrario. Cuando en 1992 se vendió la línea aérea a Iberia, de treinta aviones dejaron uno solo, de once mil trabajadores quedaron cinco mil, la mayoría de las oficinas comerciales en el extranjero fueron vendidas y vendieron dos simuladores que eran utilizados para el entrenamiento de los pilotos. “Para vender Aerolíneas Argentinas el Estado se hizo cargo de la deuda de seiscientos millones de dólares y después, en 2001, también se hizo cargo de la deuda que dejaron los privados. Es evidente que no tiene nada que ver con  hacer eficiente a la línea aérea, sino que es un pasar de manos de negocios a los amigos de Macri y de Milei”, describe Brat.

Patricia, exjefa de cabina de Aerolíneas Argentinas, hoy jubilada, coincide en que están dejando caer la empresa para que los amigos del poder se la queden a dos pesos con cincuenta, y le llama la atención que los argentinos no se den cuentan que les están robando una empresa que es argentina. Para evitar que los manifestantes bajaran a la calle, se armó un cordón de la Policía Federal, y los pilotos y comisarios de a bordo se alinearon para quedar frente a frente con los uniformados. En tanto, dos azafatas con sus impecables uniformes sostenían un cartel que rezaba “las únicas fuerzas del cielo somos las trabajadoras de Aerolíneas Argentinas”.