Ago 31, 2021 | Novedades, Trabajo
Es una mañana fría y soleada en el barrio de Villa Pueyrredón. En la Cooperativa el Álamo, los muchachos recolectores del turno mañana ya han salido a las calles a recorrer los puntos verdes en busca de material reciclable. Cada vez son más los triciclos que se han implementado para reemplazar los clásicos carros que solían empujar los cartoneros. Se busca que estas herramientas de trabajo sean más amigables para el cuerpo de los trabajadores, que ellos dejen de ser el medio de transporte del material recolectado.
Sobre Avenida de los Constituyentes, a la vera de General Paz, se encuentra instalada la Cooperativa El Álamo, una recicladora compuesta por alrededor de 250 trabajadores. El edificio, un gran tinglado lleno de máquinas, contenedores, bolsones y fardos de reciclados, fue obtenido del Estado en comodato, tras la insistencia y la unidad entre vecinos y cartoneros del barrio. Se ha convertido en lugar de refugio, reintegración y dignidad para las personas que lo componen. Un espacio erguido, hecho a pulmón, que supo levantarse a fuerza de una pelea barrial, que creció a nivel federal, y que viene de larga data.
Olga Mercedes Serrano es una de las primeras integrantes de El Álamo. Luego de una vida cartonera de a poco fue soltando el carro y tendiendo a tareas que demanden menos fuerza a su pequeño cuerpo. Hoy se dedica al área de limpieza y cocina de la cooperativa: «Estoy acá hace 19 años», señala.
Un día cualquiera de 1999, Olga Mercedes Serrano salía de su casa en Benavidez para dirigirse al barrio de Chacarita a juntar cartón, diario o papel para venderle a los “galponeros” de la zona, es decir, a quienes compran estos materiales a precios que alimentan la miseria. Olga salía a cartonear acompañada únicamente por un carrito de supermercado. De manera independiente fue haciendo su camino, pateando las calles para llevar comida a la casa cuando su nene tenía 10 años.
“Yo empecé sola, después me hice de amigos y amigas cartoneros y ahí empezamos a hacer rancho en Urquiza, en Belgrano R, en todos lados, y vendíamos todo en Capital”, recuerda. Como muchos, Olga dependía del Tren Blanco del ramal Sarmiento para salir a trabajar. Se trataba de un medio de transporte específicamente destinado a los grupos cartoneros que necesitaban trasladarse desde el centro hasta el conurbano bonaerense, y viceversa, llevando sus carros y sus bolsones.
Salir por la mañana, llegar por la noche. El viaje era largo, a veces demasiado. Cada día al final de una jornada de trabajo, Olga y sus compañeros tomaban el tren que pasaría alrededor de las 20 con destino a Villa Ballester para luego hacer escala con otro tren que salía rumbo a Zárate. “Pero había veces que el Tren Blanco no pasaba y nos teníamos que quedar ahí con todos los bolsones para llevar a nuestra casa”, explica Olga. “En cualquier lado, en la calle, a dormir hasta el otro día”.
Eran años de crisis en Argentina y la necesidad de hacer algo latía con fuerza. Fue así como vecinos y cartoneros del barrio se instalaron en un terreno abandonado, al costado de las vías del ex TBA y la calle Artigas, para comenzar a delinear un proyecto, aunque en principio, a construir un espacio de comunidad. Allí arrancaron una huerta, un merendero y los papeles legales que les daría una identidad.
A esa identidad se refiere Daniel cuando habla de las cosas que la cooperativa les ha otorgado. No les provee solamente elementos de seguridad, ropa, guantes y antiparras para trabajar. “Que los compañeros que salen a recolectar tengan una identidad en la calle”, dice. “Que si alguien pregunta ´¿Para quién trabaja aquel?´ Digan, ah, para el Álamo”, señala.
Los cartoneros del Álamo cada día hacen su recorrido a determinado horario por el sector del barrio que les toca, cada día las mismas manzanas, cada día los vecinos ven las mismas caras. “Hoy el vecino nos tiene confianza porque tiene una referencia de donde trabajamos”, dice Daniel, y marca una distinción: “Antes la sociedad rechazaba rotundamente al cartonero, lo tildaban de que iba a robar, y ahora podemos decir que sostiene todo un sistema”.
Por otro lado, son las mujeres de la cooperativa las que hacen el trabajo de promoción ambiental. Ellas se encuentran en los puntos verdes y etiquetan los bolsones que llevan los cartoneros. A su vez, salen a hablar con los vecinos y entregan folletería. «Hoy tenemos mucho más diálogo con los vecinos, entonces nos ayudan y nos apoyan», describe Montoya. «En plena cuarentena, con los grandes generadores cerrados -como los shoppings- los vecinos fueron nuestro fuerte», agrega Rubén Carranzán, coordinador de planta.
Tras un desalojo el 1 de julio de 2005, nació una necesidad y una decisión de organizar formalmente la cooperativa. “Cuando yo llegué, la cooperativa ya estaba armada, pero faltaba la matrícula”, recuerda Alicia. A mediados de ese mismo año la consiguieron y comenzaron a dar cuenta de las leyes que los amparaban. “Entonces, lo primero fue pelear el cumplimiento de la Ley 992 que preveía la construcción de centros verdes para ser gestionados por cooperativas”, explica la coordinadora del equipo técnico.
“Cuando empezamos a estudiar los convenios que Ciudad firmaba con empresas privadas que hacían la tercerización del servicio de higiene urbana, entendimos todo lo que les pagaban y que todo eso era para ir a enterrar basura, con el daño que eso implica para el medio ambiente”, comenta Montoya. De modo que en 2008 las demandas al Gobierno de la Ciudad, tanto de la cooperativa como de la Federación Argentina de Cartoneros Carreros y Recicladores (FACCYR) no eran más que derechos laborales ya consagrados en la legislación: un espacio de trabajo digno, obra social, seguro por accidentes, y un incentivo económico sin el cual era inviable la organización del sector.
“O te extendés o te comen”, sintetiza Alicia, “y había que extender esta cosmovisión a todo el país. Lo fuimos haciendo a los ponchazos desde la Federación, con militantes en distintos lugares”. La lucha de aquel entonces se ganó y a nivel CABA se logró organizar un sistema. Hoy el sector ha logrado poner sus demandas en la agenda nacional: “Ya logramos que (Juan) Cabandié (ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible) diga que van a erradicar basurales a cielo abierto con la construcción de plantas de reciclaje con inclusión”, explica Montoya. “Y creo que este año, espero, vamos a tener Ley de Envases».
Por otro lado, Daniel Lezcano expresa que lo ideal sería que todos los trabajadores reciban el incentivo económico: “No todos lo tienen porque es un cupo limitado, acá los compañeros tratan de arreglárselas como pueden porque se les paga por lo que recolectan, la cooperativa no toca un peso”.
Daniel Lezcano tiene 60 años, y bajo el casco que se usa en planta lleva un gorro de lana negro y gris a rayas. Es parte de la cooperativa hace unos ocho años, y si se le pregunta por el rol social de su lugar de trabajo, la respuesta suele ser similar a la de otros y otras: “Es la inclusión social. Si sos una persona grande, si no tenés un oficio u algo, en este sistema no entrás, no te insertas en la sociedad”, señala Daniel, y remarca que por eso se encuentra profundamente agradecido con El Álamo.
A varios metros de la entrada de la cooperativa, al atravesar el gran tinglado cuya pared más próxima se compone por fardos multicolor, se encuentra el sector de plásticos. Peletizados, soplados, así les llaman a las piezas que salen del segundo gran asunto del que se encarga Cooperativa el Álamo, la de producir materia prima para la industria a partir del plástico. “Este año empezamos a hacer este tipo de proceso, lleva un tiempo ver si funciona, pero es una fuente más de trabajo para la gente”, comenta Lezcano.
Quizás sea por su carácter comunitario, por las historias que la constituyeron, o por la misma historia que la cooperativa fue montando en su propio devenir, sus trabajadores y trabajadoras tienen una forma particular de apreciar el lugar de trabajo, que dista de ser parecido a otros espacios. “Yo lo que vi es que recuperé mi dignidad de trabajo”, reflexiona Daniel. La cooperativa fue el motor de arranque no solo para sobrevivir sino para sostener a su familia. Hoy su hija ya se recibió y su hijo se encuentra en una carrera universitaria: “Cuando me quedé sin trabajo ellos estaban justo en el momento de empuje y la cooperativa me dio la posibilidad de continuar y darles el empuje”.
Algo similar vivió Rubén Carrazán, padre de cinco niños, que supo rebuscárselas de todas las formas antes de llegar a la cooperativa. Desde electricidad e instalación de aires hasta pintura y reparación de heladeras. Rubén contaba con múltiples conocimientos de oficio, pero estaba sin trabajo, hasta que entró a la recicladora para hacer trabajos de herrería y hoy es coordinador de planta.
“Yo creo que incluir es, primero que nada, trabajo”, señala Alicia. “Es trabajo organizado con derechos, obligaciones y ¿por qué no? con flexibilidad también”. Son las 10 de la mañana y por un rato los ruidos de máquinas, de vidrios que se rompen, de plásticos que crujen, por un rato se detienen, los trabajadores en planta se toman un descanso. “A una persona que durante años salió con un carro a la calle a la hora que quería, tiene un tiempo para ajustarse a una estructura más rígida”, explica Alicia. “Sobre todo a la muchachada le cuesta muchísimo porque viene de una vida con ausencia familiar, escuela sin acompañamiento, salud deteriorada, barrio deteriorado”, por eso el Álamo busca acompañar ese proceso.
En pandemia se abrió un espacio de guardería para los hijos de los trabajadores y, cuando hay problemas personales, un sector de la cooperativa tiene un cartel que lleva el nombre de “Programa de Salud Integral”, donde se brinda un espacio de atención psicológica sobre todo para los compañeros que sufren problemas de adicciones.
“Todos somos una familia, todos estamos pendientes de todos, acá no se echa a nadie», enfatiza Daniel. Si alguien empieza a faltar al trabajo, si se percibe que hay un problema detrás, si lentamente empieza a flaquear la responsabilidad laboral, no se quedan de brazos cruzados. «A ese compañero se lo llama», dice Lezcano y Rubén agrega: «Se los acompaña al médico, se trata de hacer un seguimiento para tratar de sacarlos de dónde están».
En la cooperativa se recicla tetra, papel, nylon, vidrio, plástico, pero, sobre todo, “lo que más sale es el cartón”, señalan Daniel y Rubén. “Algunos solo recolectan eso porque es lo más rápido, viene, se enfarda y sale”. Pero, además, hay toda una perspectiva alrededor de la recolección de este material. «Si yo soy cartonero independiente, primero no tengo un lugar dónde poner lo que junto. Segundo, me agarra un galponero y me paga la mitad de lo que vale el cartón. Entonces quien gana plata es el galponero, no vos», sentencia Daniel.
“Afuera el cartón te lo pagan 10 pesos cuando acá estamos pagando casi 18”, dice el coordinador de planta. Con el correr del boca en boca lo que se buscó es la integración de los cartoneros independientes para que se unan a la cooperativa. “¿Y la cooperativa que gana?”, pregunta Rúben y en seguida se responde: “Que esa gente que explota a los compañeros ya no lo haga más”.
Ago 24, 2021 | Novedades, Trabajo
“La Universidad de Buenos Aires nos obligó a convertir todas nuestras clases presenciales en virtuales, de un día para el otro”, afirma Ileana Celotto, secretaria general de la Asociación Gremial Docente de la Universidad de Buenos Aires (AGDUBA) y agrega: “El desgaste físico, laboral y psicológico al que hemos estado sometidos los docentes, estudiantes y las familias, ha sido enorme”.
ANCCOM también dialogó con Daniel Ricci, secretario general de la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA): “Los docentes nos vimos atravesados por una situación de emergencia, pero entendimos que mutar a las clases virtuales era una opción para que los estudiantes no perdieran años de cursada. Nosotros siempre defendimos que primero está la salud antes que la educación”.
“Todo el año pasado hemos trabajado nosotros, los estudiantes, los no docentes y las familias en mantener la vinculación pedagógica. Los docentes trabajan en las peores condiciones, con conectividad y equipamiento que pagan de sus propios bolsillos, lo que niega la supuesta gratuidad de la universidad pública”, se queja Celotto.
AGDUBA realizó una encuesta en mayo de 2020, que respondieron 1890 docentes, para relevar la situación. Con respecto a la modalidad virtual, un 77,2% contestó que se siente más precarizado, contra un 22.8% que respondió que no. La carga horaria laboral se vio afectada: pasan horas detrás de la pantalla para dar clases, corregir parciales y trabajos prácticos, y atender consultas de los estudiantes. “Se produjeron situaciones de agotamiento, de estrés y depresión muy marcadas. No tuvimos feriado ni derecho a la desconexión –reflexiona Celotto–. Hubo un montón de docentes que comenzaron sus trámites jubilatorios, porque no querían dar más clases de esta forma”.
Según Ricci, “la profesión docente es elevadamente flexible, donde no hay ni hubo nunca límites de horarios. El docente universitario no sabe cuántas horas trabaja, porque más allá del aula, hay un tiempo de corrección, preparación de clase, reuniones de cátedra”. Sin embargo, la pandemia “agudizó esta situación, se observó una ansiedad por parte de los alumnos porque mandaban un mail a las doce de la noche de un domingo”.
“Entre ADUBA y la Secretaría Académica de la UBA hicimos un curso sobre especialización en docencia virtual para brindar herramientas y capacitación a los docentes, participaron cerca de ochocientos”, destaca Ricci. No obstante, desde AGDUBA sostienen que no hubo tal capacitación y “muchos docentes tuvieron que adecuarse a usar programas nuevos a la fuerza o viendo tutoriales por Internet”.
“Lo que pasó ya pasó, habría que haber actuado de otra manera antes del comienzo del cuatrimestre”, expresan desde AGDUBA, pero hacia adelante reclaman que “la UBA o el Ministerio de Educación tome la responsabilidad del equipamiento tecnológico, que se reglamente el derecho a la desconexión y se cumpla con la carga horaria de trabajo”. Desde ADUBA coinciden y plantean que “el Estado, a través de las universidades, es el que tiene que darle las herramientas tecnológicas a los docentes para que puedan cumplir adecuadamente su trabajo”.
Ricci cuenta que desde la Asociación pidieron que se reactive el plan Conectar Igualdad pero que se incluya a los docentes y estudiantes universitarios: “Es una opción para poder dictar las clases virtuales. Por eso, debe ser trasladado a todos los niveles educativos”.
Ambas entidades gremiales defienden la presencialidad en las aulas. “No creemos que se pueda reemplazar lo presencial con lo virtual: lo que se genera en el aula, la relación entre la enseñanza y el aprendizaje, el vínculo entre docente y alumno”, opina Celotto y se pregunta: “¿Cómo se genera eso cuando muchos alumnos tienen problemas de conexión y el docente habla con cuadraditos negros?”.
Ricci cita a Paulo Freire, el pedagogo brasileño del que se cumplen en septiembre cien años de su nacimiento: “Todos aprendemos en el aula y eso es irremplazable”. Pero con respecto a lo virtual, considera que “las plataformas tienen que ser una herramienta que debe estar a disposición para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es un cambio tecnológico, como en su momento fue la imprenta, pero hay que utilizarla desde lo pedagógico”, y rescata que lo virtual puede ser beneficioso en algunas circunstancias: “Pienso en una clase de exposición que dicta un docente en la presencialidad, con doscientos alumnos, allí se pierden las voces, no se escucha bien, no cabe lugar para todos los oyentes. En cambio, en ese caso, la plataforma virtual permite mejores condiciones”.
Las clases virtuales no son posibles para todas las facultades de la UBA, hay muchas que por sus características requieren sí o sí una presencia en las aulas. “Hicimos un acuerdo con las autoridades de la Universidad, siempre protegiendo la salud tanto de docentes como los no docentes y estudiantes, para construir protocolos para aquellas materias que tengan que cursarse en laboratorios o referidas a la salud”, afirman desde ADUBA y añaden: “¿Qué pasaría si uno va a atenderse con un médico u odontólogo que se recibió de manera virtual?”. AGDUBA confirma esta situación y destacan que “ya hay clases presenciales en carreras como Farmacia, Medicina, Agronomía, Veterinaria, Odontología, Ingeniería, sobre todo en materias que tienen mucho trabajo de campo”. Allí se dictan tanto clases virtuales y presenciales, con un aforo estricto y cumplimiento de protocolos.
La vuelta a las clases presenciales durante los próximos cuatrimestres puede ser una opción. La Facultad de Derecho comenzó este cuatrimestre con la iniciativa y pueden sumarse otras el próximo año. “Queremos una presencialidad con condiciones sanitarias, epidemiológicas y de infraestructura –enfatiza Celotto–. Ojalá podamos tener contralada la pandemia, estar vacunados tanto docentes como estudiantes y que las variantes del covid-19 se hayan esfumado”. Desde ADUBA, Ricci piensa que “el año que viene se va a comenzar a recuperar la presencialidad, pero las clases virtuales no van a desaparecer”.
Otra de las luchas del sector son los salarios: “Tuvimos una paritaria baja, nos castigaron con los sueldos. Un mes antes de comenzar la pandemia, el Gobierno nos anuló la cláusula gatillo que habíamos conquistado el año anterior, y que nos iba a equiparar el salario con la inflación hasta febrero 2020, y recién nos dieron un reconocimiento de gastos en abril del 2021, pero fue sólo mil pesos por mes de abril hasta diciembre”, subraya Celotto.
“En este momento, hay una reapertura de nuestra paritaria, teniendo en cuenta que el acuerdo salarial que firmamos por este año es de un 35% pero producto del proceso inflacionario ha quedado atrasado, y lo que nosotros estamos pidiendo ahora es incorporar 10% más entre septiembre y octubre, así por lo menos empatar a la inflación”, sintetiza Ricci.
Ago 24, 2021 | Novedades, Trabajo
El espacio es enorme. Pasillos y senderos enmarcados en mármol, piedras y vidrio decoran el lugar turístico de la calle Junín al 1700 que hoy está poco habitado. El sol de las tres y diez envuelve a Recoleta con una calidez amena mientras una leve brisa revuelve las hojas de una tarde de otoño.
A pesar de ser día de semana son pocas las personas que esperan el colectivo, hay puestos vacíos en las ferias y es poca la gente que circula. Los turistas de todo el mundo que solían visitar el cementerio ya no preguntan ni sacan fotos; de hecho, solo el personal recorre los largos pasillos. Los colores blanco, gris y negro dominan el laberinto de historias que urbanizan el lugar. La inmensidad de pasillos y las estructuras particulares le dan al cementerio un estilo tradicional que ha permanecido generación tras generación. Se distinguen numerosos estilos arquitectónicos, desde el gótico, con sus sillares de piedra bien labrados, hasta el movimiento Art Deco con sus bases geométricas imperantes: el cubo, la esfera y la línea recta.
Un hombre, vestido de uniforme azul añejo, extrae de su cinturón un manojo de decenas de llaves, diferentes en colores y tamaños: una sola es colocada en la ranura de la cripta. La llave gira, una palanca de metal es colocada debajo de la puerta pero la sacudida de una patada es lo que logra abrirla. Con los pétalos marchitos en mano, el hombre de limpieza parte el tallo a la mitad y, retirándose de la cripta por un momento, lanza las flores en un contenedor de basura colocado estratégicamente al lado del mausoleo. Limpia la puerta a baldazos y cepilla mientras el agua baja y escapa por los escalones, llevándose suciedad, hojas y huellas de pisadas a su paso. De repente, los cepillados cesan y el señor levanta la vista: los llantos de una señora roban su atención y lo lleva a acercarse inmediatamente:
– Madre: un solo familiar puede pasar, el resto tiene que quedarse afuera – dice, con su mano en el pecho.
El 20 de marzo de 2020 se establece para todas las personas que habitan en el país o se encuentren en él en forma temporaria, la medida de “aislamiento social, preventivo y obligatorio”. De este modo, con el Decreto 297/2020 quedan exceptuadas ciertas actividades y servicios declarados como esenciales. En este marco se vieron afectados los servicios funerarios, entierros y cremaciones, quedando prohibidas las reuniones en las salas de velatorios mientras que los crematorios y cocherías solo realizan el traslado, tratamiento y entierro (o cremación) de un cadáver.
El acceso al cementerio estaba cerrado salvo para los empleados fúnebres, incluso la suspensión de ceremonias supuso una nueva logística para las cocherías: el coche fúnebre debe entrar a un sector designado y solamente una persona puede acompañar el traslado. Los casos confirmados y sospechosos de covid 19 no permiten las despedidas familiares. Sin embargo, los allegados pueden optar por inhumar el cuerpo en tierra, bóveda o mismo realizar la cremación del cuerpo. Todos deben usar barbijos y guantes de látex como protección, desde familiares que ingresan hasta el personal administrativo y del crematorio.
A mediados del 2020, la Dirección General Cementerios junto con el Ministerio de Salud modificaron el protocolo permitiendo ingresar visitas de seres queridos: el ingreso en grupos no debía superar las dos personas, se permitía el uso de vehículos en áreas asignadas y existía un máximo de permanencia de una hora. Además, estaban prohibidas visitas de carácter turístico o recreativo.
Sobre este tema dialogó ANCCOM con Miguel Angel Prieto, tanatopráctico y tanatoesteticista sobre las dificultades que conlleva en este contexto trabajar con personas fallecidas: “En principio, la tanatopraxia es el tratamiento que se realiza a la persona que falleció para que sus familiares puedan despedirse dignamente: combatimos las secuencias mortuoria, golpes, hematomas, deformaciones faciales a través de la desinfección, conservación, restauración y estética final. Se trata de un trabajo invasivo sobre el sistema circulatorio que permite la conservación del cuerpo por meses“. En este sentido, la tanatoestética se diferencia por ser una conservación reducida a, como máximo, sesenta horas.
Tal como explica el profesional, se trata de un trabajo en equipo y por etapas ya que el cuerpo pasa por múltiples especialistas. La causa de muerte es el principal punto de partida: “Lo primero que se realiza en el cuerpo es la autopsia, en este sentido nuestro trabajo se ve afectado no solo por el accidente o muerte traumática sino también por las incisiones o suturas que implica el determinar la causa de muerte. Tras ese procedimiento, restauramos el cuerpo para que las familias puedan despedirse”.
Este tratamiento en particular demuestra que existe una cultura funeraria que está fuertemente burocratizada: existe un asesor funerario que indica la documentación necesaria, se trabaja con salas velatorias acompañada de azafatas pero también se trata de un trabajo cercano y personalizado: “En todo momento acompañamos a las familias en sus decisiones: hay gente que nos pide la reconstrucción de alguna parte del cuerpo, traen ropa o elementos de aquella persona y aparecen las costumbres culturales como las comidas y bailes que hasta el momento están suspendidas”.
Este tipo de ceremonias se vio modificada por los protocolos impuestos por el Ministerio de Salud de la Nación. En este sentido, Prieto afirma que se trata de protocolos específicos para cada etapa del cadáver: la primera tiene que ver con el traslado del cuerpo desde la sala de internación: “El cuerpo es transferido al depósito y debe permitirse el acceso de un familiar para una despedida, sin establecer contacto físico”. Tal como se detalla en el protocolo, las personas que entren y el personal que participe del traslado deben tener una bata desechable, unos guantes y una mascarilla quirúrgica. A su vez, el cadáver debe introducirse en una bolsa plástica impermeable y con cierre hermético, identificándose como “material infectocontagioso”.
En el procedimiento de la autopsia, se recomienda no realizar ninguna intervención en personas fallecidas por covid-19: “Esto se debe a que todavía el cuerpo puede contener virus vivos en los pulmones u otros órganos. En este sentido, se deben tomar medidas de protección respiratoria complementarias”. También se encuentra prohibido realizar actuaciones de limpieza, intervención de tanatopraxia o tanatoestética sobre el cadáver.
Durante el transporte al tanatorio, el personal deberá ser notificado en caso de tratarse de un paciente con coronavirus. Prieto comenta que actualmente “las empresas funerarias ofrecen cuatro destinos para dichos cuerpos: conservación, inhumación, cremación. y traslado al extranjero”.
Tal como se evidencia, los trabajadores fúnebres se encuentran permanentemente expuestos por el contacto diario. Muchas veces no solo retiran los cuerpos sino que interactúan con profesionales de la salud que estuvieron expuestos o con familiares del fallecido.
“Desde el comienzo de la pandemia, el servicio fúnebre se encuentra en constante peligro de contagio. De hecho los sectores fúnebres de los cementerios fueron los que pidieron protocolos para trabajar”, detalla el entrevistado. Por este motivo, a principios del 2021 los trabajadores de Cementerios, Cocherías y Crematorios (SOECRA) exigieron ser reconocidos como personal esencial. Salvador Valente, referente del sindicato, expresó las condiciones límites de sus tareas: “Se hizo un pedido formal para vacunar al personal porque algunas morgues son de una insalubridad terrible, el contacto con los familiares que fallecen y el traslado desde las clínicas nos pone en un lugar de riesgo importante».
Mientras algunas bóvedas son limpiadas por el personal con frecuencia, otras se encuentran relegadas entre escombros, polvo y vegetación descontrolada. Muchas tumbas son olvidadas y solo reciben miradas al pasar, quedando como únicos compañeros el tiempo y el viento. Las nubes comienzan a tapar los rayos del sol y la brisa incrementa, los trabajadores caminan en dirección a la salida donde la vida del día a día los espera. Pasos resuenan entre los pasillos repletos de historias, y en el mausoleo blanco de la esquina inferior izquierda, los escalones siguen mojados.
Ago 10, 2021 | Novedades, Trabajo
Argentina pisa fuerte en el mercado internacional de servicios informáticos: según un relevamiento de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, en 2020 se situó en el primer puesto de la región como exportador de software. Además, cuenta con cinco empresas “unicornio” -OLX, MercadoLibre, Despegar.com, Globant y Auth0- denominadas así por valer más de mil millones de dólares. Pero el cerebro colectivo detrás de estas grandes compañías y hasta de las pymes más pequeñas, son sus trabajadores: un sector que percibe salarios heterogéneos y es codiciado por las firmas extranjeras.
Se estima que, del total de trabajadores informáticos en el país, el 50% gana entre 77 mil y 151 mil pesos, un 25% gana más de 151 mil y el 25% restante puede rondar entre los 30 y 40 mil pesos. Los datos son respaldados por el Observatorio Permanente de la Industria del Software y Servicios Informáticos (OPSSI).
“El trabajador informático nunca estuvo bien pago, y si en otros países empezaba a ser mejor remunerado cuando había más demanda, acá pasa lo contrario de lo que se podría esperar del esquema de oferta y demanda”, explica Ezequiel Tosco, secretario general de la Asociación Gremial de Computación. Las empresas y pymes se multiplican, pero desde el sindicato sostienen que los salarios no son competitivos en relación al crecimiento del sector.
La brecha cambiaria agudiza la situación. “A esos mismos trabajadores que pegan el salto en las empresas locales, los tratan de contratar afuera. Eso no está regulado y el trabajador está cobrando entre 3 mil y 8 mil dólares, según quién lo contrate de afuera, y las empresas de acá les están pagando 150 mil pesos”, ejemplifica Tosco. De esta forma, se produce lo que en la jerga se conoce como trabajadores de escritorio o freelance.
Con la transformación digital de los últimos años, sumado a la pandemia y la práctica extendida del home office, el trabajo a distancia entró en auge. Desde la Cámara de la Industria Argentina del Software (CESSI) advierten que el empleo desde el extranjero “no está atado a las mismas reglas que pueden ofrecer las empresas argentinas de software. La ‘competencia’ ocurre por fuera del marco regulatorio, con plataformas que no pagan los costos laborales y que, de hecho, subsisten con diferentes formas de remuneración, a través de criptomonedas no fiscalizadas, y sin ofrecer beneficios sociales a sus talentos”, señala María Laura Palacios, CEO de G&L Group y vicepresidenta de la entidad.
Desde la CESSI, que reúne a gigantes como Globant, hasta las pymes y micro empresas, Palacios señala que las industrias del software y fintech tienen escasez de profesionales, además de que la oferta de trabajo supera la cantidad de egresados: “Históricamente suelen quedar unos cinco mil puestos sin cubrir, un número que puede crecer a quince mil si se toma en cuenta la demanda insatisfecha de profesionales en otras industrias”.
Sobre este punto, Tosco está de acuerdo. Pero además de lidiar con la fuga de trabajadores de escritorio, señala que el problema está, muchas veces, en que “el sector empresario termina organizando toda el área de formación pensando más en el negocio de las empresas y de la concentración, que en el trabajo y el desarrollo de la persona”.
A principio de este año, un curso de programación que lanzó el Ministerio de Desarrollo Productivo de la Nación y la CESSI -el Plan Argentina Programa- se vio sobrepasado con más de 46 mil inscriptos, cuando el cupo establecido era para unos 10 mil estudiantes. Los cursos pueden representar una salida prometedora para aquellos que no tienen tiempo de hacer una tecnicatura o carrera universitaria, pero aún falta desarrollar su alcance.
Otra demanda de la Asociación Gremial de Computación es la necesidad de incorporar paritarias que incluyan en el aumento a todo el sector industrial informático. Uno de los ejes en que se apoya el pedido de paritarias de los gremialistas se basa en la exención impositiva que tienen las empresas a través de la Ley de Economía del Conocimiento sancionada en 2020. Esta ley ofrece beneficios para las que cumplan con ciertos requisitos, entre los que se encuentran la producción de nuevas tecnologías con valor agregado y el fomento de nuevos puestos de empleo y becas para los trabajadores. A cambio, se reduce el Impuesto a las Ganancias, se rebajan un 70% las contribuciones patronales y no se pagan derechos de exportación.
¿Es posible insertarse en la llamada “sociedad del conocimiento»? Desde el gremio aseguran que hace falta mayor redistribución de las ganancias -sobre todo de las grandes empresas- para lograr una recomposición salarial en los sueldos de los trabajadores y evitar, en parte, que sean tentados con la posibilidad de trabajar para el exterior. Si bien el sector de servicios informáticos representa el tercer complejo exportador de la Argentina, aún puede potenciarse mucho más, siempre y cuando el Estado, las empresas y el gremio logren fomentar el empleo de calidad y retener a los trabajadores, para que produzcan valor agregado tecnológico en el suelo que habitan.
Ago 8, 2021 | Novedades, Trabajo
Este sábado, bajo la agenda de “tierra, techo y trabajo”, se desarrolló una movilización convocada por la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Como viene sucediendo desde la primera convocatoria ocurrida en el año 2016, contó con la participación de numerosas agrupaciones sociales, políticas, gremiales y representantes de comedores comunitarios.
A propósito de la coincidencia con la fecha de homenaje a la figura de San Cayetano, patrono del pan y trabajo, y en el contexto de la gravísima crisis económica agudizada por la pandemia, la concentración inició a las 8 de la mañana en la Iglesia de este santo en Liniers, donde se unieron con la peregrinación de los Misioneros de Francisco quienes venían caminando desde el miércoles desde Luján. Luego partieron rumbo a Plaza de Mayo con tres paradas previas en Flores, Once y en la Feria de Plaza Congreso, respectivamente.
En Plaza de Mayo, una multitud de personas de distintas organizaciones político-sociales esperaban a la columna que llegaba de Liniers. Mientras tanto, desde el escenario preparado para el acto central, se incitaba constantemente al uso correcto del barbijo y a mantener la distancia. Una vez arribada esta última columna, y tras entonar las estrofas del Himno Nacional, se dio lectura de un documento en el cual, al tiempo que se habló de las nuevas injusticias sufridas por los sectores populares en el contexto pandémico, se exigió la aprobación de un salario mínimo universal, un abordaje integral de la economía popular, políticas de inclusión para las personas en situación de calle, acceso a créditos no bancarios y cumplimiento de la ley de góndolas, entre otras cuestiones.
Luego fue el turno de los oradores. El primero en hacer uso de la palabra fue Gildo Onorato, secretario general adjunto gremial de la UTEP y miembro del Movimiento Evita, quien celebró el reciente reconocimiento de aquella organización gremial como sindicato y destacó la labor del ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo, aclarando que a pesar de las diferencias siempre escuchó los reclamos de los trabajadores. En este sentido se encargó de brindar su apoyo a la candidatura como diputado nacional de Arroyo, explicando que con él la agenda de los trabajadores populares tendrá su lugar en el Congreso. Al mismo tiempo, expresó su deseo de que las cooperativas tomen preponderancia en la producción, accediendo a nuevos mercados de consumo y adquiriendo reservas con el objeto de reactivar la economía desde abajo, otorgándole protagonismo al polo obrero.
En segundo lugar habló Norma Morales, secretaria general adjunta de Somos Barrios de Pie, quién apuntó contra las acusaciones mediáticas que afirmaban que la marcha era en contra del gobierno actual y un foco para la propagación del virus. Por el contrario, aseguró que los movimientos sociales fueron los primeros en asistir, cuidar y proteger a las personas de los barrios populares de la información falsa. Además, reclamó por el reconocimiento económico a las mujeres que realizan tareas esenciales dentro de los barrios y que están invisibilizadas. Al mismo tiempo, aclaró que la categoría de “planeros” es una falta de respeto, ya que lo que se está pidiendo es el acceso a una vida y salario digno.
Posteriormente tomó la palabra Dina Sánchez, secretaria general adjunta de UTEP e integrante del Frente Popular Darío Santillán, quien en un ferviente discurso celebró el retorno de los militantes a las calles y el valor del nuevo sindicato para todos los trabajadores que hasta el momento estaban excluidos del sistema. Aseguró que la única salida para la situación que atraviesan las economías populares es el trabajo colectivo, y propuso a los actuales candidatos discutir la agenda de tierra, techo y trabajo.
El cierre estuvo a cargo de Esteban Castro, Secretario general de la UTEP y militante del Movimiento Evita. Al igual que el resto de los oradores, destacó la importancia de tener un sindicato, valoró el esfuerzo de las columnas que marcharon desde San Cayetano y le pidió a este santo que bendiga a todos los asistentes. Finalizó su discurso, celebrando la unidad en la lucha por los derechos de los excluidos.
El eje de esta marcha, que se replicó en distintas áreas del país, fue el concepto de trabajo digno para los sectores populares. Los interlocutores coincidieron en manifestarse en contra de la actual concentración y extranjerización de la economía, que –señalan- es totalmente opuesta a la idea de la construcción de una Argentina con menos pobreza. Así y a partir de esta movilización buscan que el presidente Alberto Fernández y sus asesores se hagan eco de estos pedidos, en clave de visibilizar la defensa social y económica de las distintas organizaciones comunitarias.
Jul 15, 2021 | Novedades, Trabajo
La actividad del turismo estuvo suspendida desde marzo hasta diciembre del 2020 y, desde su apertura hasta hoy, continuó con restricciones y momentos de confinamiento. Aldo Elías, vicepresidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) comenta que “el sector está muy complicado, el turismo fue de las actividades más castigadas desde el principio de la pandemia. Luego de la apertura en diciembre, vinieron medidas restrictivas que fueron tomadas a último momento, sin ningún tipo de aviso o trabajo en conjunto para minimizar los impactos negativos”.
La información que tiene la CAT es que el sector cuenta con alrededor de 60 mil empresas y genera más de un millón de puestos de trabajo. En pandemia cerraron 11 mil empresas y se perdieron 150 mil puestos de trabajo.
Fabián Tommarello, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires (AGUITBA), cuenta que “el sector nunca terminó de reactivarse” y agrega: “En CABA el 98% de los guías no han vuelto a trabajar desde marzo del 2020, es decir, hace 16 meses que la mayoría está sin trabajar”. Además, Tommarello explica que la Ciudad es un destino particular para los guías de turismo: “Buenos Aires no es como en otros lugares del país, donde el turista necesita un guía. La ciudad ofrece muchas opciones al alcance de cualquiera, nosotros vivíamos mayormente del turismo extranjero o educativo”.
La circulación de nuevas variantes del covid-19 hizo que una de las medidas tomadas por el gobierno nacional fuera el cierre de las fronteras para el turismo internacional. “Nosotros estamos trabajando para que la apertura de fronteras sea a mediados de agosto”, subraya Elías.
Otro destino que espera la llegada del turista extranjero es el Parque Nacional Perito Moreno. Catalina Martínez, guardaparque e intendente del Parque, comenta: “En la última temporada tuvimos 270 visitantes, cuando antes estábamos acostumbrados a tener 1200”. El Parque Nacional Perito Moreno se encuentra en la provincia de Santa Cruz, a 220 kilómetros de la ciudad Gobernador Gregores. Martínez explica que es un destino particular para visitar, por su accesibilidad y clima: “Cuando abrimos en diciembre, nos adaptamos a los protocolos dispuestos por la provincia: distanciamiento social, uso de barbijo, ingreso de vehículos de hasta cinco personas, limpieza de baños, etc. Sin embargo, al no poder garantizar la desinfección, lo que todavía no pudimos abrir son los refugios, aquellos lugares donde los turistas podían descansar en un lugar cerrado y caliente, donde a veces podían pasar la noche”. En cuanto a los guías, Martínez comenta que “de los 19 guías habilitados, ninguno ha podido trabajar aún”.
ANCCOM también dialogó con Ángel Palma, presidente de la Asociación de Guías de Turismo de Iguazú (AGUIATY): “Puerto Iguazú vive exclusivamente del turismo, para nosotros significa el 90% de la economía local. Nos vimos en una situación muy particular, de un día para el otro dejamos de trabajar, no estábamos preparados para eso. Tuvimos que ayudar a colegas en lo psicológico; nuestra salud mental se vio perjudicada”. En cuanto a lo económico, Palma cuenta que el Ministerio de Turismo de la Provincia escuchó sus demandas y brindó subsidios y módulos de alimentos. “Fueron algunas asistencias económicas que ayudaron a los colegas” resume Palma.
En cambio, Tommarello, considera que el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no escuchó sus necesidades: “Cuando pedimos ayuda económica nos la negaron, también pedimos la quita de impuestos y tampoco tuvimos respuestas. Desde Nación se nos incluyó en distintos programas, pero no todos los guías pudimos recibir la ayuda. No estamos conformes con las medidas que están tomando”. También hubo entregas de módulos de alimentos, Tommarello relata que al principio los guías no estaban en esa necesidad, pero hoy la situación se complicó más: “Hay muchos guías que la están pasando mal, no pueden pagar el alquiler ni los servicios”.
Ante la difícil situación económica, “muchos guías se tuvieron que reinventar”, comenta Palma y agrega: “Nosotros organizamos cuatro ferias, aparecieron guías que hacían artesanías, repostería, panadería, herrería. Por suerte, las ferias al aire libre tuvieron circulación constante y con los protocolos funcionaron muy bien”. Por su parte, Tommarello explica que los guías de CABA tuvieron que vivir de ahorros, y muchos intentaron trabajar en otros rubros: “Lo que pasa es que los guías sabemos de historia, arte, geografía, idiomas, pero muchos no sabemos de sistemas informáticos como para insertarnos en una oficina”.
La esperanza en la campaña de vacunación
Desde hace varios meses la campaña de vacunación en todo el país avanza a buen ritmo. “Nosotros, al tener a la mayoría del sector vacunado, podemos decir que estamos viendo una pequeña lucecita en el fondo del túnel”, confiesa Palma. Elías adhiere y agrega: “Depende todo de la vacunación, si logramos vacunar a todos los argentinos, la recuperación del sector va a ser mucho más rápida”.
En Puerto Iguazú, hubo una lucha desde la Asociación de Guías de Turismo para vacunar al sector. “Nosotros tuvimos una iniciativa de pedir que vacunen al sector turístico, pero no sólo guías, sino también hoteleros, gastronómicos, transportistas, y se está cumpliendo, por supuesto que sin afectar al ritmo de vacunación de la provincia”, explica Palma. Además, lo que apuntan es que Puerto Iguazú sea considerado un destino seguro: “Sabemos que no es el fin de la pandemia, pero según los especialistas, con la mayoría de la población vacunada, el riesgo de contagiar al turista es bajo”, resumen desde AGUIATY.
Expectativas para las vacaciones de invierno
Tanto en Ciudad de Buenos Aires como en Provincia de Buenos Aires, las vacaciones de invierno están programadas entre el 19 y el 31 de julio. “A esta altura, el año pasado estuvimos prohibidos, con lo cual, cualquier movimiento en este momento va a ser mucho mejor que lo que tuvimos el invierno pasado. Igualmente, creemos que no va a superar el 40% de la ocupación en relación a años anteriores”, sintetizan desde la CAT.
Durante la temporada de verano, Puerto Iguazú abrió sus puertas y aunque hubo un 10% de movimiento en relación a años anteriores, pudieron comenzar a trabajar: “Antes de la pandemia teníamos alrededor de 6 mil visitantes por día, el verano pasado tuvimos un promedio de 1800 visitantes por día, y trabajamos más los fines de semana de carnaval y semana santa, donde llegamos a 3 mil visitantes”, comenta Palma, y confiesa que las vacaciones de invierno va a ser un buen momento para comenzar a reactivar al sector: “Ya tenemos entradas compradas para la temporada de invierno, creemos que vamos a trabajar bien”.
Sin embargo, en CABA no tienen las mismas expectativas: “No tenemos ningún tipo de esperanza en las vacaciones de invierno. Cada vez hay más restricciones entre vuelos internos, cumplimiento de cuarentena y demás medidas”, se queja Tommarello. Además, explica que la mayoría de los guías de la Ciudad de Buenos Aires son contratados por agencias de viajes y no hay ninguna que los haya llamado para las vacaciones: “Tenemos esperanzas para los últimos meses del año, pero todo cambia cada día” resumen desde AGUITBA.
El Parque Nacional Perito Moreno abre sus puertas desde octubre hasta mayo, es decir que, durante las vacaciones de invierno, está cerrado. “Pretendemos para la próxima temporada –2021/2022- tener el parque totalmente abierto, incluido los refugios”, comenta Martínez, pero a la vez, coincide con Tommarello en que “ante la situación de emergencia sanitaria, todo puede cambiar”.
“Nosotros creemos que hay una cantidad de gente que pudo mantener sus empleos e incluso, se vieron beneficiados y pudieron ahorrar, entonces muchos van a querer invertir en viajes”, consideran desde la AGUITBA y esperan: “Ojalá sea así, por todos, por los que necesitamos trabajo y por la gente que tiene ganas de viajar”.
“Contamos con medidas excelentes para convivir con el covid-19”, subraya Elías y piensa que una parte importante es la “responsabilidad individual y social. Podes tener los mejores protocolos, pero si la persona no quiere cuidarse y no respetarlos, no hay mucho que podamos hacer, depende de cada uno”.
