¿Por qué a Milei le resulta tan fácil despedir a los empleados públicos?

¿Por qué a Milei le resulta tan fácil despedir a los empleados públicos?

Ana Castellani, la exsecretaria de Gestión y Empleo Público del gobierno de Alberto Fernández reflexiona tras el despido de 15.000 trabajadores del Estado en un fin de semana. Cuestiones de hecho, limitaciones legales y problemas típicos del empleo público.

Mientras que la marea de despidos en el Estado por parte del nuevo gobierno nacional sigue en aumento y los expulsados se reúnen para organizarse, aumenta la tensión que desemboca en represión y una creciente presencia policial. Este recorte súbito conlleva también el de numerosas funciones estatales.

La desvinculación forzada de 15.000 trabajadores del ámbito público abre una serie de interrogantes sobre el funcionamiento de la administración nacional. ¿Es realmente sostenible una ola de despidos masivos de este calibre? ¿Cuáles son las medidas de prevención de las que disponemos?

ANCCOM se reunió con Ana Castellani, ex-Secretaria de Trabajo de la gestión Fernández-Fernández, para discutir sobre el funcionamiento y las cuestiones de hecho que rodean este periodo marcado por la incertidumbre.

¿Qué posibilita este manejo de la cuestión pública dentro del marco legal? ¿Qué actitud frente a la construcción previa encontrás?
Milei en campaña fue muy claro sobre lo que pensaba del Estado, de las funciones que tenía que asumir: un ámbito de acción mucho más restringido que el planteado por cualquier otra fuerza política con anterioridad. También dejó en claro lo que pensaba del empleo público: se opuso, hasta formalmente, a la realización de concursos en el marco del programa de regularización de la dependencia.
Es importante aclarar que la relación de los despedidos era totalmente formal porque es una relación de dependencia, enmarcada en la Ley de Empleo Público. Son contratos de renovación anual, no una relación informal o de dependencia encubierta. El tema es que no tiene la misma estabilidad y ha sido una herramienta que los distintos gobiernos del siglo XXI han usado de forma excesiva.
Durante nuestra gestión, cuando hicimos el diagnóstico de la situación, identificamos un problema importante: 36 mil personas que trabajaban en la administración pública con contratos en renovación hace 5 años o más. Estos cargos, evidentemente no correspondían a un proyecto transitorio, sino para cumplir tareas sustantivas. Para eso diseñamos un plan de concursos ambicioso que quedó sin efecto con la decisión del gobierno de no patrocinarlo.

Hay mucha confusión con el tema de los concursos, una demanda genuina de las personas empleadas en el sector público, que después se utiliza como demanda política, pero que tiene un problema de implementación elemental: o vas por un DNU que los pase a planta para que venga otro presidente y los saque o vas a un proceso de concursos que lleva en el mejor de los casos un año.

Ana Castellani

Y Milei trunca ese proceso…
Milei retoma el manual de los noventa. No es como el macrismo que consideraba que había ingresado militancia al sistema que había que purgar, la grasa militante. El Estado, que hoy tiene 76 organismos descentralizados, según ellos no tiene que existir y hay que echar gente bajo distintos contratos. Si están bajo el régimen de Ley de Contrato de Trabajo, hay que indemnizarlos. Por eso es más fácil ir contra los llamados Artículo 9, porque son los de menor costo económico. Sencillamente se desvinculan por cese de contrato, más allá de que después haya embargos colectivos y acciones individuales. Pero eso no pasa con todas las reparticiones: había gente vinculada hace 30 años y fue desvinculada a las apuradas, sin ningún registro ni análisis.

Parece que la idea es barrer con todo y después ver cómo seguir… ¿Cómo hacer para seguir avanzando ante tanta incertidumbre?

Lo que pase en empresas regidas por la Ley de Contrato de Trabajo es una cosa. Necesitás pasar por el Congreso. Lo de una dependencia de un ministerio es otra cosa, porque se enmarca en el empleo público. Es muy importante aclarar que no se pone a la gente en la planta de la Administración Pública Nacional. La Ley estipula que solo se ingresa a la planta permanente por un mecanismo de selección abierto, donde el mérito y la idoneidad es evaluada mediante un proceso ya construido. El concurso, en el mejor de los mundos, lleva un año desde que se empieza a armar el expediente que inicia el proceso y su cierre con una designación. No es sencillo colocar a una persona en planta permanente. Hay mucha confusión con eso, porque es una demanda genuina de las personas empleadas en el sector público, que después se utiliza como demanda política, pero que tiene un problema de implementación elemental: o vas por un DNU presidencial que los pase a planta para que venga otro y los saque o vas a un proceso de concursos que lleva tiempo. No hay una varita mágica de pase a planta en la Ley Marco del Empleo Público. Si bien todo empleado público tiene garantizada la estabilidad en la Constitución, cuando tenés un marco regulatorio que establece que cualquiera de las partes puede prescindir de la otra y que presenta la posibilidad de indemnización, se presenta esta inestabilidad. La política de Milei la usa para recortar las funciones del Estado.

 

¿Es esta inestabilidad parte de la irregularidad del marco legal que le da lugar a este tipo de discursos, que estigmatizan el trabajo público?
Acá no hay ningún criterio. Se ha despedido a gente que trabajaba. Nadie puede creer que todas estas personas a las que se está despidiendo efectivamente no iban a trabajar o eran militantes. Como el empleo público es muy vasto y heterogéneo la ciudadanía solo registra que uno hace un trámite y no sabe si es de la nación, provincia o municipio. El empleado público de nación es particular: un 57% de ellos tienen estudios superiores, un porcentaje más alto que los del sector privado, y realizan tareas que requieren de alto grado de profesionalidad. El sistema político tiene que decidir el tipo de administración pública que necesita y cómo sostenerla a lo largo del tiempo. Por ejemplo, al dejar el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) sin conducción, toda la oferta que dejamos construida para la capacitación queda sin implementar, porque nadie la firma y no puede ponerse en marcha.  Entonces no se quiere hacer un Estado más eficiente si no se aprovechan los recursos ya armados. No le interesa mejorar el Estado, sino privarlo de sus funciones.

¿Cuáles son los sectores más golpeados? ¿Cuáles consideras que eran más predecibles?

En primera instancia, Milei gobierna lo nacional. Indirectamente, que no manden fondos a las subdependencias también afecta el salario de sus trabajadores, pero no es una acción directa. La única herramienta federal con la que puede afectar trabajadores públicos de otros sectores es mediante la capacitación federal y eso está totalmente parado. Esta estrategia de no-gobierno es una forma de dejar morir a distintos organismos.

La ciencia y tecnología es uno de los sectores más atacados que todavía no pueden cerrar porque se crearon por ley o por decreto. Además porque tienen demasiado prestigio como para ir contra ellos de forma abierta en esta primera etapa. Pero la desfinanciación, la designación de una dirigencia de baja jerarquía, los deja sin forma de conseguir nada.

La Agencia de Promocion Cientifica y Tecnologia venía mejorando mucho a nivel instrumentos, pero ahora no está funcionando y el sistema científico queda en órbita de un Ministerio de Capital Humano que es un experimento raro, un amalgama de funciones de Trabajo, Educación, Cultura, Mujeres, Género y Diversidad, un mega ministerio imposible de gobernar, puesto a cargo de gente sin antecedentes. Esto va a presentar un problema severo para hacer que se implementen medidas desde él.

Todo gobierno tiene problemas para coordinar la acción del Estado pero este caso es realmente inédito, con muchos cargos aún sin designar y altísima cantidad de renuncias a cargos políticos de autoridad. Esto no pasó nunca, es una inestabilidad de rotación del cuadro inusitada. No es gratis cargarte gente de 15 o 20 años de antigüedad, porque cumplen funciones específicas de una trayectoria al interior del Estado. Eso explica la cantidad de errores de gestión. Esto habla de una fragilidad en la administración de la cosa pública que va a ir en aumento con el correr del tiempo.

 

¿Cómo te parece que le llega al resto de la población? ¿Ves posibilidades de un juicio político?
Es un panorama malo, pero no desolador. Las cosas buenas que tiene la Argentina son activos que no hay que destruir. En esa medida se puede construir arcos de alianza en los reclamos. Por lo demás, el mercado laboral que tenemos ya tenía problemas y ahora empieza a tener otros mayores. La gente no está mejor, eso es objetivo. En algún momento, ya pedís un resultado y sin un sendero de mejora que te dé un horizonte de posibilidad, no vas a resistir mucho.Ahí es que todo esto que fue gracioso y llamativo y le permitió a Milei llegar se vuelve totalmente en su contra: las canchereadas de los funcionarios, los paseos, los premios, los aviones… todo alimenta la indignación. Si no se resuelven los problemas materiales, es difícil que el gobierno consolide el marco de apoyo. Yo lo veo totalmente frágil. Ellos sostienen que esa fragilidad es una virtud. Yo creo que no es una virtud la fragilidad en una fuerza política, es una flaqueza del estilo de liderazgo. Si a eso le sumás la falta de trayectoria, la no posibilidad de articulación y la dinamización de estas articulaciones lo único que les queda es ir a por todo rápido, desatar un “ahora o nunca”. El fracaso de la administración se paga con disconformidad social. El juicio político vendrá después. Si vos echas 11 mil o más empleados estatales, eso se derrama en problemas sobre el sector privado, sobre todos los trabajadores. Toda esa gente entra a competir con vos por un puesto de trabajo y también baja su nivel de consumo. Estabilizar lo macroeconómico no sirve si no tenés un mercado laboral dinámico, porque solamente le sirve a los que están adentro, quienes quedan afuera del mercado laboral, ¿cómo compran alimentos?

 

¿Considerás que algún sector que no conoce el trabajo formal dio pie a este avance a nivel ideológico ?

Si en algún punto hubo sectores que tuvieron funcionamientos que habilitaron esto, no creo que esta sea la solución. Al menos debe acompañarse de cierto armado legal, porque este proceso habilita una gran cantidad de movimiento, pero deja a mucha gente desempleada en una economía ya frenada. La república tiene sus contrapesos, pero ahora no están funcionando como uno esperaría porque todavía hay una idea de que el presidente cuenta con el aval popular. No hay que estar urgido, esto no es el club del helicóptero. Independientemente de cómo le vaya en el gobierno, la llegada de Milei instala ideas muy distintas a las que creíamos parte de la identidad nacional. Esto no es un fenómeno exclusivo de Argentina. Es un fenómeno mundial, donde se corren los límites de lo posible en materia discursos. La fragilidad de la democracia que no ha sabido dar respuestas al resto de problemas cotidianos de la ciudadanía abre el juego político. Todo es cuesta arriba en la gestión. Hoy estás en el mejor momento, mañana estarás peor. La gestión es ardua y cada vez se hace más compleja. Argentina, a diferencia de otros países de la región, sigue teniendo un montón de mecanismos de solidaridad y construcción colectiva como los sindicatos. Por eso se los ataca tanto. Sin tener una visión idílica de ellos, obviamente también son conflictivos, los sindicatos son una forma poderosa de organización colectiva. Eso y los demás sectores que se organicen para hacer frente, son acciones muy importantes. La gente necesita ocuparse con tranquilidad de su vida familiar, doméstica, cotidiana. Ir a trabajar, ir al colegio, hacer un asado cada tanto, juntarse con sus amigos. Pero entre tantos paros, escasez y otros malestares, es todo palo y nada de zanahoria.

La Argentina no es una sociedad suicida. Cuando está peor, sabe decir “Ya basta”. Siempre ha sido así. No pudo la dictadura desmantelarla, con todo lo que se hizo. Así y todo se sigue dando pelea. Imagínate con un gobierno que cada dos años tiene que ver como reválida en las urnas. Ni este ni ningún otro.

«¿Está Télam?»

«¿Está Télam?»

Bajo el título “Fotoperiodismo de necesidad y urgencia”, la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA organizó un encuentro con trabajadores de Somos Télam, ARGRA y SiPreBa para debatir acerca de la importancia de la Agencia Nacional de Noticias.

Periodistas, fotorreporteros, docentes y estudiantes, convocados por el apagón de Télam, debatieron la importancia de los medios públicos y de una comunicación democrática y con pluralidad de voces. Bajo el título “Fotoperiodismo de necesidad y urgencia”, el encuentro se realizó el pasado viernes 12 de abril en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA.

El 14 de abril de 1945, Juan Domingo Perón determinó la creación de la que años después se convertiría en la mayor agencia de noticias de Latinoamérica. A 79 años de su fundación, Télam se ha consagrado como la principal proveedora de información periodística para más de 800 abonados y nueve millones de usuarios que consultan diariamente su página web.

“Es importante pensar en los procesos represivos que los reporteros gráficos están sufriendo actualmente, porque tienen un rol fundamental en el relato cotidiano contemporáneo de los conflictos que atravesamos como sociedad”, afirmó la directora de la carrera de Ciencias de la Comunicación y anfitriona, Larisa Kejval. De hecho, uno de los ejes de la charla fue el ataque violento a trabajadores de prensa acaecido el pasado 10 de abril, en el que un grupo de periodistas y reporteros gráficos fueron reprimidos por la policía en una manifestación de movimientos sociales en reclamo de comida.

El pasado 1° de marzo, durante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei anunció el cierre de la agencia, la cual sería intervenida por personal policial días después. Hasta hoy, los cientos de trabajadores dispensados de sus labores llevan a cabo un acampe fuera de ambas sedes de la agencia. Desde el apagón, aseguran, la soberanía informativa ha sido puesta en riesgo.

Alfredo Luna, parte del colectivo de trabajadores Somos Télam y delegado del SiPreBa, estuvo presente el día que la policía procedió al vallado de la agencia: “Es difícil de entender lo que estamos viviendo. Télam no es solo nuestro lugar de trabajo, sino nuestro lugar de pertenencia. Lo que sentí más violento fue entrar a la página de la agencia y ver un cartel que dice ‘Página en reconstrucción’. Hoy sigo entrando al portal, esperando, por las dudas. Vamos a seguir acampando pacíficamente fuera de las dos sedes, resguardando nuestro patrimonio, que es el de todos”.

Igor, reportero gráfico de ARGRA, en diálogo con ANCCOM, expresó: “Es muy importante estar acá para ver cómo nos encontramos en la calle ante la represión que viene impulsando el Gobierno hacia los periodistas. Por otro lado, hay que resaltar la importancia de los medios públicos y las agencias como Télam, que permite que miles de medios locales e internacionales compren radio cables y difundan una material informativo impresionante. Esto crea la posibilidad de que Argentina tenga soberanía en términos de comunicación”.

“El fotoperiodismo permite contar lo que está sucediendo en la calle constantemente con una imagen –agregó–, a través de las fotografías se puede construir en un futuro un archivo para documentar lo que fue sucediendo a lo largo de la historia. Ningún período es ahistórico, todo se enmarca en la construcción de una historia colectiva y para que nosotros podamos entender lo que sucedió, por ejemplo en la época de la dictadura, las imágenes son clave para difundir ese relato”.

Por su parte, Victoria Gesualdi, fotoperiodista de Télam y una de las coordinadoras del equipo fotográfico de ANCCOM, subrayó la importancia de entender la situación de los medios en una coyuntura de represión y precarización: “Para pensar qué hacer con Télam, que es sin duda la mayor expresión de memoria y patrimonio visual que tenemos, hay que entender que en un contexto de precarización estructural de los medios la lógica de un periodismo con función social y comprendido como un servicio público, está totalmente en jaque. La circulación de las imágenes hoy compite con fuentes como Twitter o Instagram en una trama de inteligencia artificial. En esa coyuntura hay que poner en valor lo que implica la agencia pública de noticias y el producir imágenes desde una perspectiva federal y soberana como sucede en Télam”.

Analía, fotógrafa de Télam, explicó para todos el funcionamiento del área de fotografía: “Télam produce entre 200 y 300 fotografías por día, 90 mil por año. Somos 51 fotoperiodistas de todo el país, con 21 corresponsalías, una de ellas en la Antártida, registramos lo que sucede en cada provincia. Todo el material se sube a la cablera y se concentra en un inmenso archivo, que hoy se encuentra inhabilitado. Esta labor es fundamental para la identidad de un país, y para brindar información en y desde las localidades. ¿Qué cubrimos? De todo. En los inicios de la agencia únicamente se cubrían actos políticos, con el paso del tiempo hemos llegado a cubrir todo tipo de áreas y temáticas. Télam, entonces, como medio público, garantiza la circulación de información de interés público no sometida a presiones políticas o comerciales. ¿Para quién producimos? Para los más de 800 abonados, y para toda la ciudadanía”.

Durante la mesa de editores de pequeños portales y revistas que se llevó a cabo en el marco de la jornada, todos remarcaron el valor que tiene, para sus medios, el cuerpo de imágenes que componen el famoso archivo. La pregunta que la mayoría de ellos hacían en el lugar de los hechos, era: “¿Está Télam?”. La presencia de la agencia les garantiza a cientos de medios la posibilidad de cubrir lo que ellos llegaban, y Télam siempre está, a lo largo y ancho de todo el país. Hoy, sin su archivo, ¿qué información circula?

El MOCASE denuncia que el agronegocio se cobró otra vida

El MOCASE denuncia que el agronegocio se cobró otra vida

Fabián Martínez fue asesinado de un tiro por integrantes de un grupo que intentaba desalojarlos. Detuvieron a integrantes de la Banda de los Padilla, que fueron filmados mientras lo ejecutaban.

Fabián Martínez, miembro del Movimiento Campesino de Santiago del Estero, fue asesinado el 5 de abril en el paraje San Francisco, provincia de Santiago del Estero. Hay once detenidos, miembros de la banda de Jonathan Padilla, que según miembros del MoCaSe-VC (Movimiento Campesino de Santiago del Estero Vía Campesina) tiene vínculos con la empresa Porta Hnos. Con un video como prueba que muestra el momento del ataque, los acusados fueron detenidos.

Martínez, padre de cuatro hijos, fue baleado por el grupo armado conocido como “la Banda de los Padilla», encabezado precisamente por Jonathan Padilla. El conflicto comenzó el 28 de marzo, cuando miembros de esa banda ingresaron en un lote de uso comunitario con motivo de cercar el campo. “Los compañeros estaban pastando los animales y hablaron con los miembros de la banda pacíficamente. No estaba Padilla en ese momento, y acordaron sacar a los animales para que pudieran cercar con la condición de que dejaran abierto el portón para que el ganado pudiera entrar y salir libremente”, explicó una de las testigos, miembro del MoCaSe-VC, que no se identificó por razones de seguridad.

El 4 de abril, luego de que el grupo armado terminara de alambrar el predio, varios campesinos, entre los que se encontraba Martínez, se acercaron a buscar a los animales que habían quedado dentro del cerco. Según la testigo, en medio del diálogo con los miembros de la banda, llegó Padilla en una camioneta. “Vino muy agresivo diciendo que ya nos había dicho que nos fuéramos de acá. Nunca nos imaginamos que nos iban a agredir. A un compañero le pegaron con una máquina tira alambre en la espalda y y Fabián, para defenderlo, les pega un garrotazo en la cabeza. Ahí Padilla se altera y pide una escopeta que se la facilita Alejandro Palavecino, y nos dice ‘los voy a cagar matando a todos’. Le pega un tiro a Fabián y el resto de compañeros se dispersan hacia el monte”.

La testigo comentó que Padilla volvió a la camioneta con su banda para ir a buscar al resto de los campesinos. Al no poder encontrarlos, volvieron al lugar donde se encontraba el cuerpo de Fabián y lo remataron de un segundo tiro.

El dirigente de Patria Grande Juan Grabois afirmó que lo ocurrido es el “modus operandi” clásico para desalojar campesinos. “Se inventa un pseudotítulo, se contrata una banda de ‘alambradores’, ‘inspectores’, ‘puesteros’ y los campesinos muchas veces no pueden resistir. Una vez usurpada la tierra, estas empresas criminales desmontan todo destruyendo la biodiversidad del espacio. Así, se incorpora un nuevo territorio al modelo del agronegocio sojero o vacuno, la especulación inmobiliaria u otras actividades predatorias que crecen descontroladamente”, describió en un artículo de elDiarioAr. Grabois consideró que ante la resistencia campesina, “siempre hay algún juez dispuesto a dar por válidos títulos falsos o encontrar algún ribete estrambótico en la ley para justificar decisiones inconstitucionales. Si esto no se da y las empresas criminales no consiguen una homologación judicial o el apoyo de algún politiquero local, no dudan en matar.”

Agronegocio con banca

La Banda de los Padilla es conocida en la zona norte de Santiago del Estero por perseguir y violentar con armas de fuego a las comunidades campesinas e indígenas para usurpar las tierras y ponerlas al servicio del agronegocio. Si bien las comunidades han realizado las denuncias correspondientes a la justicia, el grupo continúa actuando libremente. “Estos son los territorios en disputa con el agronegocio. Santiago ahora es una zona muy codiciada porque tenemos mucho territorio y está muy dispersa la cantidad de familias campesinas en los departamentos del norte”, dijo en diálogo con ANCCOM Roger Almaraz, miembro del Área de Comunicación del MoCaSe Histórico. Según explió, Padilla ya habría tenido otros tres conflictos con el MoCaSe en los últimos años, y afirmó que este grupo armado es enviado por empresarios de Porta Hnos., productora de bioetanol, con el objetivo de ocupar y arrebatar las tierras. “Anteriormente ya había habido intentos por parte de la banda armada de sacar a la comunidad de ahí. Es un empresario que quiere usurpar las tierras, porque un campesino no va a tener una banda armada para repeler a otros campesinos”, agregó Almaraz. Para él, “el norte es el único pulmoncito que nos queda de Santiago respecto a los bosques nativos. El atropello permanente de esta banda armada no es de ahora, los venimos denunciando desde hace mucho tiempo por sus iniquidades. Esto viene desde Lictor Padilla, el padre de Jonathan. Era parte de la fuerza policial y ha sido exonerado por corrupción. Cuando salió, comenzó a trabajar para los empresarios que encuentran resistencia en el sector. Los contratan para hacer este trabajo sucio de amedrentar, cercar”.

Almaraz indicó que “se hacen desalojos silenciosos. Sospechamos que tienen una banca en algún lado, porque se han realizado operativos, allanamientos, los han detenido y al tercer día están afuera. Se nos cagan de risa. Todos los hijos de Padilla forman parte de la banda”.

En consonancia con esto, Darío Aranda, periodista especializado en agronegocio y docente de la Carrera de Comunicación de la UBA, afirmó a ANCCOM que “el asesinato de Martínez tiene directa relación con el avance de la frontera agropecuaria. No es algo nuevo, es algo que sucede hace más de 20 años. No es casualidad que en los últimos años se hayan dado por lo menos cuatro asesinatos de campesinos: Sandra Eli Juárez, que era una madre campesina, falleció de un paro cardíaco ante una topadora; Cristian Ferreyra, en 2011, asesinado también y Miguel Galván, también integrante del MoCaSE Vía Campesina, fue asesinado de manera similar”. Aranda reflexionó que “esto es algo que como pasa lejos de las ciudades muchas veces no se ve o no se quiere ver. Por un lado, nosotros decimos que el agronegocio, este modelo de transgénicos y agrotóxicos, se va cobrando vidas. Y al mismo tiempo, hay dos actores que son totalmente cómplices de este modelo. Uno es el Poder Judicial. En Santiago del Estero nunca se condenó a los autores intelectuales, a los empresarios, a los sectores políticos, por los asesinatos que han sucedido”. En este sentido, el especialista afirmó que “el Poder Judicial es totalmente cómplice de esta avanzada territorial. Y el otro factor fundamental es el poder político. Santiago del Estero es un feudo donde Gerardo Zamora gobierna hace casi 20 años, y donde nunca ha hecho nada para proteger a los campesinos, a los pueblos indígenas, que se cumplan las leyes, sus derechos, sino que al contrario, ha dado vía libre por acción u omisión para que avancen las empresas a sangre y fuego. “

Por el momento, hay 11 detenidos, incluyendo a Jonathan Padilla, en el marco de los conflictos entre los empresarios de la agroindustria y los miembros de las comunidades campesinas e indígenas del noroeste argentino por la tenencia de tierras. Desde el MoCaSe acompañan a la familia de Martínez mientras piden justicia, el desarme de los grupos armados y que dejen de matarlos.

Disparen a la prensa

Disparen a la prensa

Otra vez, cronistas y fotógrafos resultaron heridos en la represión ejercida por el Gobierno ante una protesta de los movimientos sociales. Balas de goma, gases y cámaras rotas.

Este miércoles varios movimientos sociales marcharon hacia la 9 de Julio y avenida Belgrano y ocuparon las calles que rodean el exministerio de Desarrollo Social, en reclamo de alimentos para comedores y merenderos suspendidos desde diciembre, y en rechazo a la baja de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo. Durante la manifestación, hubo una docena de detenidos y varios trabajadores resultaron heridos por la represión ejercida por parte del personal de la Policía de la Ciudad y de la ciudad con tanques hidrantes y balas de goma. Cómo ocurrió en anteriores protestas desde que asumió el Gobierno Javier Milei, cronistas y fotógrafos fueron un blanco predilecto.

 El Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SIPREBA) en conjunto a la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (ARGRA) publicaron en sus redes sociales un mensaje de repudio a  las agresiones que sufrieron periodistas y reporteros gráficos. “Repudiamos la represión frente al exministerio de Desarrollo Social. Otra vez, atacaron directo a la prensa con balazos de goma”, indicaron. «Nos solidarizamos con Diego Ricciardelli de Crónica TV, Antonio Becerra de la Agencia de Noticias Red Acción (ANRed), Antú Divito Trejo de La Retaguardia y con todos los heridos», añadieron.

Antonio Becerra Peoraro, reportero gráfico de la Escuela de ARGRA y colaborador en la ANRed, fue uno de los reprimidos. En diálogo con ANCCOM, Becerra señaló que la represión de la policía fue un “momento salvaje” en el que “uno intentó cubrir la manifestación pese al accionar de la policía totalmente brutal, con balas de goma, gas pimienta, los camiones hidrantes, la verdad es que fue una vergüenza”. Alterado por lo ocurrido, dijo que perdió su equipo de trabajo porque una bala de goma le pegó en su brazo y también impactó en la pantalla de su cámara.

A pesar de todo, Becerra afirmó que seguirá trabajando. “Como reportero gráfico, creo que la mejor forma de ejercer este oficio es poniendo el pecho, independientemente de cuál sea la coyuntura, como trabajador de prensa lo importante es registrar todo lo que suceda de la mejor manera”.

Paula Acunzo, es reportera freelancer y también padeció las balas de goma y los gases. “Fue muy violento, de alguna manera lo esperaba ya que todas las manifestaciones que cubrí fueron así. Vi a gente que estaba paseando con sus hijos de casualidad y tuvieron que correr con bebés a upa. Una señora que entró en pánico, compañeros heridos gravemente”, relató a ANCCOM. “A mí me lastimaron, fue atroz y violento. Había gas en el agua del hidrante”, describió.

Acunzo dijo que desconoce el plan del Gobierno pero para su entender hay algo “sistemático de generar violencia y terror para desmovilizar y destruir los vínculos de comunidad y colectividad de resistencia”. A ella la moviliza para seguir luchando “la esperanza de un país donde no haya pibes excluidos socialmente, donde no se los lleve a como única solución posible el consumo o la muerte, donde todos tengan tierra, techo, trabajo, salud y educación”.

Florencia Fosatti, periodista y locutora en Radio Continental, contó a ANCCOM lo que vivió: “Lo único que pensaba era querer correr, bronca, dolor e inseguridad. Iba gritando por todos lados ‘prensa’ para que no me hagan nada. En medio del tumulto me quedé en medio de la gente. Cuando quise escapar no había posibilidad, recibí todos los golpes. Lo viví con mucho miedo y lo único que pensaba era en salir de ahí. Viví varias represiones en la calle y ninguna fue tan salvaje como esta”.

Sin embargo, la cronista explicó que seguirá cubriendo este tipo de movilizaciones. “Quiero un periodismo libre, donde no censuren ni se naturalice el odio al periodista por ser de un medio u otro” señaló. “Me moviliza que podamos caminar por las calles, ser prensa y poder contar libremente lo que nos pasa y no tener autoridades en el Estado que festejan cuando a un periodista lo reprimen”, remarcó.

Verdurazo para enfrentar el ajustazo

Verdurazo para enfrentar el ajustazo

La Unión de Trabajadores de la Tierra entregó 30.000 raciones de verdura gratis frente al Congreso de la Nación. Jubilados, despedidos y estudiantes hicieron fila para llevar comida a sus casas.

“Esto es libertad. Comer es libertad”, vociferó Nahuel Levaggi, coordinador nacional de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra (UTT), desde arriba de un camión repleto de cajones de verduras para dar inicio al primer “Verdurazo” de este 2024. El encuentro fue organizado por la Mesa Agroalimentaria Argentina (MAA), que se compone de pequeños y medianos productores agrícolas de todo el país, y consistió en la entrega de 30.000 raciones de verduras gratuitas a quienes se acercaban a conseguir las verduras que ya no pueden comprar. “Esta es la flor de la libertad”, dijo Levaggi al tiempo que repartía flores a quienes estaban presentes en la Plaza del Congreso, lugar donde sucedió el evento, que tuvo su inicio pasadas las 11 de la mañana de este miércoles.

En diálogo con ANCCOM, Zulma Molloja, vocera nacional de la UTT, aseguró: “Estamos donando más de 30.000 kilos de raciones de verduras, hay flores también para que se lleven nuestros jubilados o esas familias que no están pudiendo llegar a fin de mes. También estamos solidarizándonos con los despedidos -este Gobierno es lamentable-, con Télam, con ANSES, con el INAFCI, de agricultura familiar, que lo quieren cerrar. Es lamentable lo que viene pasando con la inflación, venimos también de cuatro temporales muy fuertes, por los que se inundó y perdimos la producción. Hoy nos hemos solidarizado con lo poco que nos quedaba, dijimos: ‘donemos lo que se pueda’”.

Si bien este Verdurazo es el primero del año que corre, en pandemia también lo habían organizado. “Hemos donado a comedores populares, a La Poderosa y otras organizaciones que llevaban un plato de verduras a esas familias que estaban muy complicadas por el Covid. Hoy también estamos haciendo eso, porque es preocupante la situación, porque los que no producen no tienen para comer. Nuestra lucha también es por el acceso a la tierra: en vez de pagar el alquiler, queremos tomar un crédito blando y poder pagar la tierra. Y que vea este Gobierno de qué forma trabajamos y quiénes somos los que realmente alimentamos al pueblo”, agregó Molloja.

Levaggi por su parte, sostuvo: “Es un Verdurazo más de los que hemos hecho durante tantos años y donde planteamos la necesidad de visibilizar la situación del sector y, por otro lado, que nuestra forma de lucha sea en solidaridad con el pueblo, por eso estamos compartiendo nuestro fruto de trabajo como es la verdura con todos los vecinos, vecinas, comedores y trabajadores despedidos, y donde nosotros planteamos nuestra realidad, de tarifazos, devaluación, que aumentó los costos de producción un 300 por ciento. Porque los costos están dolarizados, la situación de emergencia climática tampoco fue atendida por parte del Gobierno, el desguace de las instituciones nacionales que atienden al sector. Ante eso, nosotros planteamos que el alimento es un derecho y si ese derecho no se garantiza, planteamos la solidaridad”.

A su vez, Pedro Poslaba, delegado de la UTT cuya base funciona en la Escuela N° 49, aseguró: “Somos trabajadores de la tierra, producimos las verduras que entregamos. La decisión surge por la organización que tenemos, de cada base, y cubrimos los gastos entre todos”.

Poco antes de las 11 de la mañana, mientras los organizadores del encuentro bajaban de los camiones los cajones de verduras y los acomodaban en hilera en la vereda de la plaza, iban llegando cada vez más personas, que enseguida formaron una fila larguísima. “Me trae la necesidad, porque soy jubilada con la mínima y realmente no nos alcanza. Es la primera vez que vengo. No hay derecho a que los chicos pasen hambre, porque están en una etapa de crecimiento”, comentó a ANCCOM Graciela Margini, quien asistió a la Plaza del Congreso para llevarse una ración de verdura.

Un relato similar realizó Gustavo Lama, un señor que también acudió al lugar y contó: “Vine por la situación en la que estamos. Es la primera vez que participo en esto. No damos abasto. Soy jubilado, gano $170.000, pago hotel donde vivo, me sale $100.000, me quedan $70.000”. Por su parte, Camila, una joven que también fue en busca de una ración de verduras, aseguró: “Vine para apoyar a la Unión de Trabajadores de la Tierra y a buscar alimentos gratis, que hoy en día es muy difícil pagarlos. Yo igual estoy en una situación de privilegio, tengo techo y comida, pero lo único que estoy comprando es comida, así que vine a apoyar y a recibir lo que es justo para todes”.

También estuvo presente Marcela Galeano, referente de La poderosa, quien afirmó: “Somos varias vecinas de todos los barrios tratando de recibir verduras porque estamos en una situación bastante difícil. También estamos recibiendo para nuestros comedores, que se están sosteniendo solamente con donaciones de buenas personas, porque no tenemos nada. En distintos comedores se dan muchas raciones por día y cada día están aumentando más porque cada día hay más gente que se queda sin trabajo y hay muchos que directamente están en situación de calle. Esto nos viene rebien para cocinar a todos nuestros compañeros, compañeras, y aparte para los vecinos y los que vienen a buscar la comida al comedor”.

Cerca del mediodía, la fila humana ya se había desarmado. Ahora había personas por doquier yendo de un lado a otro con bolsas cargadas de comida. Por esa hora, la UTT improvisó un escenario arriba de uno de los camiones con verduras. Allí se subieron Levaggi, Molloja, una referente de La poderosa y también Valeria Taramasco, secretaria de Derechos Humanos de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), quien, con micrófono en mano, aseguró: “Venimos no sólo a solidarizarnos, sino a compartir la lucha, porque es la misma lucha, primero porque estamos siendo víctimas de las políticas de este Gobierno, pero además los trabajadores y trabajadoras de la agricultura familiar compartimos la misma lucha con las organizaciones, están desmantelando las políticas para el sector. A nosotros nos están despidiendo, sin anunciarnos el despido, sino directamente no renovándonos los contratos, además estamos sin cobrar el mes de marzo. Es un Gobierno al que poco le importa la producción, la soberanía y menos que menos las políticas territoriales”.

Aunque no subieron al “escenario”, también estuvieron en el “Verdurazo” algunos trabajadaores de “Somos Télam” y del Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Tampoco faltó la presencia policial, un clásico de este Gobierno para desplegar el protocolo represivo caprichosamente e intentar, de manera infructuosa, abortar la actividad.

Con el agua al cuello

Con el agua al cuello

La zona sur del conurbano bonaerense fue noticia hace un mes por las inundaciones y los posteriores cortes de luz. Los comerciantes, que ya venían golpeados por la crisis económica, hoy no saben siquiera cómo van a afrontar el pago de los servicios.

Bocas de tormenta tapadas por basura, casas y negocios inundados y hasta el cuerpo de un hombre fallecido flotando en Valentín Alsina fueron parte del paisaje que se vio en el conurbano bonaerense hace unas semanas.

En marzo, el AMBA padeció dos fuertes temporales que rompieron el récord de precipitaciones de los últimos 17 años con 315 milímetros de agua. Tal como lo anticipó el Servicio Meteorológico Nacional antes de sendas tormentas, los partidos de Lanús y Avellaneda fueron los más perjudicados. Allí, los cortes de suministro eléctrico debido a las inundaciones y a las fuertes ráfagas de viento también alteraron la rutina de los vecinos.

Según Edesur, las cámaras subterráneas estuvieron inundadas por días y no contaban con los recursos necesarios para sacar el agua a tiempo. Como consecuencia, los barrios siguieron sin servicio aún días después de las tormentas. En promedio, los cortes en distintos barrios de Lanús duraron una semana, mientras que en Avellaneda fueron menos días. Casas particulares y comercios sufrieron no sólo por la falta de suministro sino también por la inestabilidad de la tensión eléctrica, que provocó en muchos casos roturas de electrodomésticos.

Según vecinos consultados por ANCCOM, las autoridades municipales brillaron por su ausencia. Las cuentas oficiales de Instagram y Facebook del municipio de Lanús se llenaron de comentarios que reclamaban su presencia en distintos barrios donde el agua había entrado a las casas o habían caído árboles. También había quienes pedían por la asistencia de Defensa Civil, mientras que otros reclamaban por la falta de limpieza en las alcantarillas, que causó inundaciones nunca antes vistas en ciertas intersecciones.

Tras la tormenta del 12 de marzo, la intendencia de Julián Alvarez difundió los Centros de Evacuación disponibles y videos del personal municipal limpiando los pasos bajo nivel. Las redes sociales del municipio de Avellaneda, cuyos comentarios están limitados, no publicaron nada al respecto.

Los comerciantes de la zona aducen que los anunciados aumentos de los servicios, de más del 100 por ciento en el caso de la luz, serán imposibles de afrontar, sobre todo después de estar tantos días trabajando a pérdida después de las inundaciones y los cortes.

Raúl, que tiene su peluquería hace 23 años en el barrio de Gerli, que se reparte entre Lanús y Avellaneda, confirma que ninguna autoridad municipal ni de Defensa Civil se acercó a proporcionar ayuda o a escuchar los reclamos. Su peluquería estuvo seis días sin poder trabajar de forma completa, sólo realizaban cortes de cabello bajo luces de emergencia a los clientes que podían acercarse, ya que la mayoría que tenían turno seguían estando con las calles inundadas.

“De diez turnos que tenía para ese día, se me bajaron todos. Nunca me había pasado en todos estos años”, se lamenta Raúl, quien si bien pudo reacomodar su agenda para estos días, calcula que su pérdida entre las dos tormentas de marzo fue del 60 por ciento.

A unas cuadras, del lado de Lanús, la dueña de una carnicería cuenta que estuvo sin luz durante una semana, lo que impidió que pudiera abrir su negocio. Y en voz alta se pregunta cómo va a pagar la tarifa de luz, que le subió 30 mil pesos de un mes al otro. Además, denuncia que debido a la baja tensión se le quemó una heladera del negocio y que al llamar a Edesur no hay respuesta humana, sólo la contestadora automática.

La preocupación en los comercios también está en los precios, que deben ser “retocados” todos los días. “Antes, con un corte de pelo me compraba dos kilos de carne, ahora no llego ni a uno”, afirma Raúl. La situación económica de sus clientes, que también son sus vecinos, no le permite aumentar el precio como las peluquerías de otras zonas.

“La gente consume menos, siguen viniendo porque necesitan verse bien, pero no se hacen todo el mismo día. Quizás un mes se cortan, al otro se tiñen, es todo espaciado”, explica. Lo mismo sucede en los comercios de comestibles, donde los clientes ya no compran en grandes cantidades. De un kilo de carne o fruta, se pasó a comprar por unidades.

Mónica está al frente de una zapatería familiar hace 30 años. El negocio abrió sus puertas hace 50 años en Lacarra y Caxaraville, cerca de la estación de Gerli. Por encontrarse en una avenida comercial, sólo estuvo dos días sin luz y las inundaciones no llegaron a su puerta, aunque sí a las esquinas. El aumento de tarifas tampoco llegó de manera exorbitante por el momento. Pero las ventas de comienzo de clases, en comparación a años anteriores, bajó al menos un 50 por ciento.

“No vendí ni un par de zapatos colegiales de varón, sí para nenas. Eso me llamó la atención. Igual las cosas vienen de peor calidad”, remarca. El descuento para el pago en efectivo es su jugada para convencer a los clientes indecisos, sobre todo a las familias numerosas. “El año pasado no me daban las manos para cambiar los precios, tenía la vidriera desactualizada. Ahora se calmó un poco”. Ella misma debió achicar su propia economía doméstica: “Ahora no compro por comprar. Tengo tres hijas. Antes, les compraba útiles nuevos todos los años, ahora no puedo”. Todos los comerciantes consultados de la zona coinciden en que lo que ganan no les alcanza para mantener el nivel de vida que tenían.