Un nuevo abrazo para Abuelas de Plaza de Mayo

Un nuevo abrazo para Abuelas de Plaza de Mayo

La organización conmemora su 47° aniversario este 22 de octubre. Celebrará en el Teatro Argentino de La Plata y convoca a una campaña de abrazos, viralizada en redes sociales, durante el Día Nacional del Derecho a la Identidad.

El  22 de octubre de 1977 se conmemora el aniversario de Abuela de Plaza de Mayo, aquellas madres que seis meses después de las primeras rondas a la Pirámide de Mayo, se agruparon para, además de sus hijos e hijas desaparecidos por el terrorismo de Estado, buscar a sus nietos desparecidos o nacidos en cautiverio.  En un principio, se bautizaron como “Abuelas Argentinas con Nietitos Desaparecidos”, y más tarde adoptarían el nombre “Abuelas de Plaza de Mayo”, dando origen a una organización no gubernamental cuyo objetivo es, hasta hoy, localizar y restituir a sus legítimas familias a los niños robados por la última dictadura cívico-militar argentina.

En la actualidad, la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo está organizada en diferentes áreas. Las decisiones las toma la Comisión Directiva, que en sus orígenes estaba integrada solo por abuelas, y hoy son acompañadas por nietos, nietas y hermanos que buscan a sus familiares, que son elegidos cada año en la Asamblea Anual Ordinaria. Manuel Gonçalves, nieto restituido y secretario de la Comisión Directiva comenta en diálogo con ANCCOM: “Ellas son literalmente las madres de personas desaparecidas por una dictadura. Son irremplazables esas figuras, pero no pueden estar activas hoy como la organización lo demanda y como lo estuvieron durante muchos años. Hay un grupo de nietos y nietas que estamos en el día a día, también de hermanos que buscan y algunos tíos y tías que tratan de aportar desde su historia para encontrar a los que aún buscamos”.

Además, Abuelas tiene un equipo de trabajadores profesionales que se distribuyen en 13 áreas como Presentación Espontánea, Prensa y Difusión, Socio-vincular, Jurídica, Investigación,  Psicológica,  Sistemas, Archivo Biográfico Familiar, Recepción, Administración y la Casa por la Identidad, donde se encuentra también la biblioteca y el archivo institucional. Además, cuenta con cuatro filiales y desde 2017, la filial La Plata funciona en el Espacio para la Memoria excomisaría 5ª, que es coordinado por un nieto de la institución, Leonardo Fossati.

“Es una frase muy popular pero Dios atiende en Buenos Aires, todos lo sabemos. Sin embargo, el secuestro y la desaparición de personas se hizo a lo largo y a lo ancho de todo el país y no solo del país, sino de toda Latinoamérica, a través del el Plan Cóndor. No todas las abuelas tenían la posibilidad de viajar, así que se organizaron en filiales”, declara Adriana Metz, miembro de  Comisión Directiva y referente de la filial Mar del Plata de Abuelas.

“Donde había una abuela, hay Abuelas” fue el principio de la organización con el que se formaron las filiales. Actualmente, hay en Mar del Plata, La Plata, Córdoba y Rosario. También existe Red por la Identidad que con sus nodos puede hacer extensiva al resto del país y al mundo la atención de personas que dudan de su origen o que cuenten con información para encontrar a los nietos y nietas desaparecidos, multiplicando la difusión sobre la búsqueda, generando nuevas campañas, charlas y atendiendo consultas que llegan a través de presentaciones espontáneas de personas que dudan de su identidad.

Abuelas de Plaza de Mayo focaliza la búsqueda en personas que tengan dudas sobre su origen biológico, nacidas entre los años 1975 y 1983. Sin embargo, reciben diferentes tipos de consultas, muchas personas se acercan con dudas sobre su identidad por más que estén fuera del rango etario. Adriana agrega: “Cuando empecé a trabajar acá no entendía cómo gente que no tenía nada que ver con la búsqueda de Abuelas consultaba Después entendí que es precisamente porque al ser un organismo de derechos humanos por ahí no podremos ayudar directamente, pero sí podemos saber con quién conectarte”.

Leonardo Doval, miembro del Área Jurídica explica su trabajo: “Atendemos casos de personas que llegan con consultas jurídicas varias. Como Abuelas es un actor social muy importante en la sociedad Argentina, muchas personas, por confianza, se terminan acercando a la institución. En general, logramos hacer una derivación a algún organismo, a alguna organización que sí le pueda brindar otra ayuda”.

Derecho a la Identidad para todos y todas

María Laura Rodríguez, miembro del Área de Presentación Espontánea de Buenos Aires explicaba que en los orígenes del área de Presentación Espontánea, como mucho se atendía a diez personas por año que se acercaban voluntariamente. Pero que, con el tiempo, el número fue creciendo paulatinamente. En el año 2004, el día después al que Juan Cabandié habló en la ex ESMA, habiendo sido restituido unos meses antes y dándose a conocer que había nacido en el mismo lugar, el número de entrevistas se triplicó. Esto fue creciendo exponencialmente con diferentes campañas llevadas a cabo a lo largo de los años. Rodríguez reflexiona: “Una cosa es que te vengan 20, 30 personas. Ya cuando te llegan 800 no te sirve lo que tenés construido como teoría sobre la apropiación. Lo que quedó claro es que la apropiación de bebés por razones políticas fue posible hacerla y  sostenerla porque ya existía lo que se llamó tráfico de bebés. Estaba inserta en una práctica social que preexistía a la dictadura”.

Se han registrado muchos testimonios y casos datados en la década de 1960, durante las migraciones masivas del campo a la ciudad, en las que se llevaron a cabo numerosas apropiaciones de bebés en hospitales, focalizadas en madres jóvenes, solteras y de escasos recursos económicos. “En esos caso, lo que tratamos de aportar es explicar, ordenar eso que trae desordenado la persona, tratar de darle más sentidos, más explicaciones, que la persona que viene con esa angustia se vaya mejor parada”, agrega Rodríguez, sobre cómo orientan a personas de todas las edades que dudan sobre su origen biológico. “Pudimos explicarnos que había apropiación de bebés por razones políticas, robo de bebés y torturadores pero no pudimos asumir como sociedad que también comprábamos bebés porque buscábamos ser madres a cualquier precio. En lugar de acompañar a las mujeres que en esa situación de vulnerabilidad y embarazo adolescente quizá querían ser madres, se las ponía en un lugar que parecía que era más egoístas si maternaban que si lo daban en adopción. Hay que deconstruir el concepto de abandono”.

Luego de las entrevistas orientativas, Abuelas deriva a las personas que dudan de su origen a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), que a través del estudio de la documentación y, en el caso que lo requiere, de un análisis de ADN busca esclarecer su identidad. Aquí, además se ha creado un área que se ocupa específicamente de mujeres que han tenido partos y que dieron a su bebé en adopción voluntariamente, o les dijeron que su bebé había nacido muerto. Se les guarda una muestra de ADN para ver si a futuro puede vincularse con el de otra persona que quiera resolver su identidad. 

No obstante, la restitución de la identidad no es solo a través de la inclusión genética en un grupo familiar. Abuelas cuenta con el Archivo Biográfico Familiar en el que existen entrevistas a familiares, amigos, vecinos de desaparecidos para que la persona que restituye su identidad pueda también reconstruir su historia familiar. Rodríguez explica: “En el apogeo del ADN parece que la identidad es lo biológico y nada más. Pero para Abuelas nunca fue eso, en su práctica nunca la identidad es solamente un ADN en común”.

La donación como sostén

            Claudia Poblete, que restituyó su identidad en 2000 y hace unos años integra la Comisión Directiva de Abuelas, habla sobre la transmisión y el trabajo con las nuevas generaciones. ”Los programas académicos que acompañan Abuelas interesan a las nueva generaciones que  nos ayudan a pensar estrategias de búsqueda, pero también son importantes para que el mensaje de Abuelas siga vigente en la sociedad. El trabajo que las universidades hacen junto a las Abuelas también es una herramienta muy potente de difusión”.

Desde octubre de 2023, y frente al desfinanciamiento del gobierno Nacional, Abuelas debió iniciar la búsqueda de otros fondos de financiamiento para sostener su enorme tarea. En ese sentido, cuenta con una campaña de donación activa a la que se puede acceder por la página web. Claudia agrega: “A veces causa sorpresa el hecho de saber que la remamos como la rema tanta gente. Sabiendo cómo está la situación del país, sabemos lo sensible que es hablar de plata en estos momentos y no queremos ser insensibles a eso. Acá hay gente que trabaja, que está formada y le da un valor muy grande a la institución. Nos hemos ido formando en esto que es algo muy único en el mundo y que no podemos perderlo por no poder sostener su trabajo. Por eso necesitamos del apoyo de todos y todas los que se sienten motivados a acompañar a las abuelas”.

47 años

Como todos los años, Abuelas realizará un acto aniversario para conmemorar sus 47 años de lucha, en esta ocasión el 23 de octubre, en el Teatro Argentino de La Plata, con diferentes músicos y artistas invitados y la conducción de los nietos Manuel Gocalves y Leonardo Fossati. Además, el 22 de octubre se conmemora el Día Nacional del Derecho a la Identidad. En esta oportunidad, a 20 años desde la sanción de la Ley, la Asociación convoca a la sociedad a sumarse a la campaña “Un Abrazo para Abuelas”. El objetivo en visibilizar la búsqueda de los 300 nietos y nietas que falta encontrar y la defensa del derecho humano a la identidad. La idea es compartir en las redes sociales a través de una frase, una foto, una canción, o lo que el público desee, por qué es importante seguir apoyando la lucha de las Abuelas.

Poblete comenta sobre los tiempos que atraviesa la institución: “Es un desafío hacia adentro, de construcción, y es un desafío hacia afuera que también podamos construir esta nueva identidad, con un recambio generacional. Porque no solo nos tenemos que reconocer nosotros, sino que los actores que interactúan con nosotros también tienen que poder reconocer eso. Es un trabajo y un desafío que nos encuentra en este momento, con un contexto muy contrario, así que es una situación bastante compleja. Por eso en este aniversario pedimos ese abrazo a Abuelas, porque lo necesitamos, necesitamos que cada uno busque un poquito dentro de qué manera puede abrazar a Abuelas porque sabemos que es importante para la sociedad argentina”.

Censurar rima con olvidar

Censurar rima con olvidar

Cuando ya habían comenzado las actividades, el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Alberto Baños, canceló la realización del Seminario Internacional Sobre Políticas Públicas de la Memoria que hace 15 años se realiza ininterrumpidamente en el Centro Cultural Conti.

La decimoquinta edición del Seminario Internacional Políticas de la Memoria, organizado por el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, ha sido cancelada por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el mismo día de la inauguración, sin que mediara ningún aviso previo.

El Centro Cultural Conti, ubicado en el Espacio Memoria y Derechos Humanos (Ex ESMA), recibió la noticia con las actividades ya en desarrollo. El comunicado enviado desde la Secretaría de Derechos Humanos, expresó que el evento no está autorizado, que las actividades no fueron ni auspiciadas ni aprobadas, por lo que “no se autoriza la concurrencia a esas manifestaciones en el horario laboral de 08:00 a 20:00 horas”, en consecuencia quedaron canceladas y “se tomarán las medidas pertinentes para concretar esa decisión”. 

Nana González, Secretaria General Adjunta de la Junta de ATE del Ministerio de Justicia explicó en diálogo con ANCCOM: “Las actividades del seminario fueron canceladas porque revisaron las ponencias y les parecieron tendenciosas por hablar de terrorismo de Estado. Quiero recordar que el Conti está en lo que fue el mayor centro clandestino de detención tortura y exterminio de la Argentina”.

Con respecto a la diferencia entre los temas tratados en el seminario de años anteriores y el contenido de este año, González afirmó: “La estructura del seminario es siempre la misma, la diferencia es el paraguas conceptual sobre el que se organizan las mesas. El de este año es a 40 años del Nunca Más”. 

Bajo el título “La Secretaría de DDHH CENSURA un Seminario Internacional sobre Políticas de Memoria”, el Centro Cultural expresa en su comunicado el descontento por la decisión tomada por el Secretario de Derechos Humanos, Alberto Baños, y sostiene que “como la medida fue tomada con absoluta arbitrariedad, sólo podemos conjeturar los motivos: tratar de obturar el debate democrático sobre políticas de memoria, que es el objetivo final del seminario”.

El seminario “Reflexiones, archivos y testimonios. A 40 años del Nunca Más”, se ha realizado de manera ininterrumpida entre 2008 y 2024. Del 16 al 18 de octubre, se reunirían más de 600 intelectuales, académicos y académicas, estudiantes y activistas, nacionales e internacionales, con el fin de reflexionar críticamente sobre las políticas de la memoria y proponer debates con respecto a los 40 años del Nunca Más. Bajo esta consigna, y planteando que el Nunca Más es un símbolo refundacional de la democracia, pero que funciona siempre y cuando sea aceptado socialmente, se busca responder las preguntas: ¿Qué vigencia tiene hoy el Nunca Más? ¿Sigue movilizando a la sociedad como antaño? ¿Cómo renovarlo a la luz de los nuevos desafíos que nos plantea la democracia actual? ¿Se vuelve necesario recrearlo sobre otras imágenes y representaciones? Sostienen que la paradoja es que cuanto más débiles parecen los valores encarnados en el Nunca Más, más necesarios se vuelven. La convocatoria fue de carácter abierto a la comunidad.

Además, el seminario iban a contar con otras actividades como la presentación del monólogo verbal y musical Concierto sobre Cadáveres, de Carla Crespo, en torno al poema de Néstor Perlongher, y la de los libros Los centros clandestinos de detención en Argentina. Nuevas miradas y saberes a 40 años del Nunca Más, de Débora D’Antonio y Rodrigo González Tizón, e Infancias en dictadura. Sobre narrativas, arte y política, de Natalia Montealegre Alegría y Graciela Sapriza.

El Centro Cultural Conti afirma que no tiene ni ha tenido autoridades designadas en todo este año, ni un solo peso de presupuesto. Resalta el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras que sostienen día a día el espacio, y manifiesta que, ante la falta de Dirección, las actividades son siempre comunicadas al secretario Baños, actualizando regularmente y con detalle las distintas áreas del lugar, para que “nada de lo que allí sucede quede fuera del conocimiento ni de Baños ni de su equipo. Especialmente el Seminario, por la forma en que está organizado, requiere meses de preparación, con lo cual es imposible que la Secretaría desconociera su realización”. 

Reabren una causa por gatillo fácil en Mendoza

Reabren una causa por gatillo fácil en Mendoza

Revocaron el sobreseimiento de los gendarmes acusados de fusilar en un retén al joven de 20 años Andrés García Campoy. El juez que los había exculpado ahora es juzgado por múltiples delitos.

La justicia de Mendoza revocó el sobreseimiento a los gendarmes investigados por la muerte de Andrés García Campoy, quien falleció de un disparo en la cabeza a la salida de un retén policial en 2014, y ordenó nuevas medidas probatorias para determinar qué fue lo que le sucedió.

La apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal del sobreseimiento dictaminado por el exjuez Walter Bento, quien hoy se encuentra preso por corrupción, logró que la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza ordenara reabrir el caso. Los jueces Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci resolvieron revocar el sobreseimiento a los gendarmes Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez imputados por la muerte de Andrés García Campoy.

El tribunal señaló que existen “defectos en la valoración de los elementos de prueba”, y se ordenó profundizar el caso y hacer nuevas pericias balísticas y forenses que no se habían hecho anteriormente, para determinar qué fue lo que sucedió el 13 de junio de 2014.

Aquel día, Andrés García Campoy, un joven mendocino de 20 años, estudiante de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad, conducía su Peugeot 504, cuando un retén de efectivos de Gendarmería nacional, en Luján de Cuyo, lo detuvo sobre el kilómetro 1060 de la Ruta 7. Allí, en circunstancias que aún no están claras, Andrés falleció de un disparo por detrás de la cabeza.

La versión de los gendarmes fue que el joven se disparó él mismo, pero una pericia al cuerpo de Andrés dictaminó que el orificio de la bala, que era de unos siete milímetros, no correspondía a esa hipótesis por su tamaño y porque se encontraba casi en su nuca, detrás de la oreja izquierda, un posición poco natural para tratarse de un suicidio. Además no encontraron restos de pólvora en la ropa o en las manos del chico, ni sangre dentro del vehículo.

En diálogo con ANCCOM, Mónica Campoy, la madre de Andrés, comentó: “Quiero que se haga justicia por mi hijo, y espero que los gendarmes vayan presos, nadie me va a devolver a Andrés, pero lo que hicieron ellos lo tienen que pagar”. Ambos uniformados están en libertad, uno de ellos aún en funciones en esa fuerza de seguridad. “Ellos sabían lo que hacían, tendrían que haber cuidado de mi hijo, y me lo mataron”, agregó.

La causa

A pesar de que el fiscal de instrucción de turno del Ministerio Público intervino en las investigaciones iniciales ordenando el secuestro de las armas reglamentarias de los gendarmes, no se les hizo la investigación correspondiente, ya que se adujo que la bala que acabó con la vida de Andrés se destruyó en el impacto.

Una pericia psicológica en la que se entrevistó a familiares y conocidos de Andrés determinó que no había “ningún tipo de indicio para pensar que se quitó la vida”. Él incluso había pagado su cuota universitaria el día anterior, y comprado un vino como regalo por el cumpleaños de un amigo. Era un chico alegre y con proyectos de vida, según el relato de sus allegados.

En su vehículo llevaba una vieja y herrumbrada carabina de más de cien años que no funcionaba, que le había heredado su abuelo con la intención de mostrarla a una persona que quería comprarla. El testimonio de los gendarmes imputados fue que Andrés habría sacado esa arma para amenazarlos, pero que habría tomado la decisión de quitarse la vida con la misma.

El celular de Andrés, donde seguramente se hubiesen encontrado las conversaciones con este posible comprador, fue destruido, y nunca se pudo lograr la recuperación del historial de conversaciones para ser utilizado como prueba. Los mismos abogados pidieron en su momento a la compañía telefónica este listado, pero no pudieron proporcionarlo porque ya estaba retenido judicialmente.

“Ahora vamos a poner peritos balísticos y forenses para ver si por fin se puede exhumar el cuerpo de Andrés, que siempre me lo denegaron”, comentó Mónica, y señaló que “la bala sigue alojada en la cabeza de mi hijo, dicen que supuestamente se destruyó, yo quiero saber de dónde salió esa bala”. Seguramente la más grande pregunta de este caso es por qué no fueron debidamente presentadas las pruebas en tiempo y forma, y por qué nunca se permitió exhumar el cuerpo de Andrés.

“Mi abogado empezó a descubrir cosas que nunca se habían investigado, y de ahí es que podemos hacer la apelación delante de los jueces y ellos se dan cuenta de que lo que dicen los abogados es cierto, ¿cómo van a llevar una causa sin investigar?”, comentó Mónica.

 De juez a acusado

El fiscal provincial Jorge Calle, que fue quien tomó el caso por primera vez, caratuló la causa como homicidio doblemente agravado por la calidad del sujeto activo, ya que ambos imputados pertenecían a fuerzas de seguridad, y por el uso de arma de fuego. Nunca se pudo cambiar esa calificación del hecho.

Sin embargo, el fuero provincial declinó su competencia y el juicio cayó en manos del juez federal Walter Bento. Este dictaminó el 5 de septiembre de 2014 la falta de mérito de los acusados, determinó que Andrés se había suicidado, y finalemente sobreseyó a Alonso Cruz y Velázquez.

En 2023, Bento fue detenido de forma preventiva, y enfrenta acusaciones relacionadas con diversos delitos. Estos incluyen asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, falsedad ideológica, prevaricato, lavado de activos de origen delictivo y enriquecimiento ilícito, entre otros. Además, es señalado por haber recibido, por medio de abogados, sobornos de imputados para beneficiarlos y manipular procesos judiciales.

Mónica comentó que “cuando cayó Bento, fue más fácil para mí que me empezaron a llamar los medios, y de ahí es que surge de nuevo la causa y hemos llegado hasta acá”. 

A pesar de todo lo que se habló acerca de este juez, que incluso Mónica cree que pudo haber repercutido también en la sentencia de la causa por la muerte de su hijo, ella no dejó tampoco de creer en la justicia: “Tuve la mala suerte de que me tocó un juez corrupto, con uno diferente no habríamos estado diez años peleando”.

“Cuando pasó lo de Santiago Maldonado, yo ahí me atreví a decir que a mi hijo también lo había matado Gendarmería en un caso insólito: le pegaron un tiro saliendo de un retén», dice Mónica.

La labor social de los medios

Luego de tantos años de lucha y toda la energía gastada en el sistema judicial, de todas las marchas pidiendo justicia, de todas las veces que tuvo que contar la historia de su hijo, y de tantas situaciones adversas, Mónica aún encuentra fortaleza en Andrés. “Saco la fuerza de mi hijo, porque yo soy su voz, y tengo la esperanza de que tenga justicia”.

Mónica siempre estuvo agradecida a los medios de comunicación y a las personas que la ayudaron a difundir su historia, y que gracias a los diarios y radios que la invitaron a contarla fue que la gente empezó a reconocer el caso de Andrés. “Sin ellos nadie hubiese conocido quién fue mi hijo”.

En 2014, cuando todo esto pasó, Mónica no contó con mucha difusión de los medios, pocos sabían lo que le había pasado a Andrés García Campoy, y pocos supieron la sentencia de Walter Bento.

“Cuando pasó lo de Santiago Maldonado, yo ahí me atreví a decir que a mi hijo también lo había matado Gendarmería en un caso insólito, que le pegaron un tiro saliendo de un retén, y ahí empezaron a llegar las notas de los diarios”. Mónica también se animó a hacer la comparación con el caso de Rafael Nahuel, quien finalmente tuvo su justicia, y comentó: “Siempre que las fuerzas están involucradas en hechos así, se habla de suicidios”.

“Ahora sobre todo tengo esperanza, no la perdí nunca”, comentó Mónica y agregó: “Tengo la esperanza de que se sepa la verdad, y que mi hijo pueda descansar en paz, sabiendo que su mamá hizo las cosas bien”. Finalmente, Mónica dejó un mensaje para quienes siempre la han acompañado y para todos los que escuchan la historia de Andrés García Campoy por primera vez: “A la sociedad quiero agradecerle por estar conmigo, por acompañarme a las marchas, por ayudarme a difundir. Hoy se están enterando del caso de Andrés, eso lo ha hecho la misma gente que escucha mi testimonio, me acompaña y corre la voz. Gracias a esa gente”.

«No somos angelitos pero tenemos alas»

«No somos angelitos pero tenemos alas»

En una nueva audiencia judicial por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II declararon testigos ligados al sobreviviente Sergio Gobulin. Otra vez fue mencionado Jorge Bergoglio.

“Tenía una ausencia tremenda, no tenía pertenencia a una cultura, a una nación, es algo que me falta”, expresó este martes -en la sexta audiencia de la casua Mansión Seré y RIBA II- Natalia Paola Gobulin, hija del matrimonio Barzola Gobulin, quienes testimoniaron en sesiones anteriores, también de forma virtual vía zoom, dado que viven en Italia desde su exilio. Antes de iniciar su declaración, Natalia aclaró que aún tiene algunas dificultades con el idioma español. Partió desde aquella aclaración para iniciar un recorrido en el tiempo en torno a aquellas cosas que le fueron arrebatadas: “Fueron faltandome personas, yo le preguntaba a mi mamá porqué no teníamos a la familia cerca, no sabía donde quería estar. Fueron detalles pero me cambiaron como persona”, prosiguió su relato. Sobre el secuestro de su padre, mencionó que aunque ella era apenas una beba y guarda escasos recuerdos, también existieron  consecuencias: “Saber que vivieron aquellos momentos me dolió como hija, pero también lo viví en primera persona, esta sensación de miedo, una la lleva dentro”, reflexionó la testigo acerca de las consecuencias de este episodio que la atravesaron y concluyó: “En esta historia todos tenemos nuestra parte”.

“Creció en Italia un poco confundida y perdida”, analizó Roberto Gobulin, hermano menor de Sergio Gobulin, en relación a su sobrina y a su infancia lejos de sus raíces: “Natalia estaba entre Argentina e Italia”, sostuvo haciendo alusión a diferentes momentos en los que ella se debatió entre qué país elegir. El testigo también se refirió a cuando fue el nexo principal de la familia con el entonces padre Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, situación que ya tuvo debate en la causa ante el pedido de la querella y de la defensa de incorporarlo como testigo del juicio: “Bergoglio había tocado varias puertas, creía que lo tenía detenido la Fuerza Aérea. Unos días antes de la liberación de Sergio, tuvimos una entrevista en el Colegio Máximo. Había logrado un contacto de alto mando que le había prometido que en esos días o salía o no lo veíamos más”, relató el testigo, en torno a las averiguaciones que pudieron recabar durante el periodo de desaparición de su hermano, mediante contactos militares. “Eso fue terrible para mí. Un golpe muy grande. Pero dentro de todo lo malo llegó la buena noticia, a los 18 días del secuestro me llamó Aldo Barzola: lo habían encontrado y estaba en el Hospital Italiano”. Roberto Gobulin hizo principal hincapié en que la ayuda y el compromiso de Bergoglio fue la clave para la aparición con vida de su hermano: “El se jugó por mucha gente, es una persona muy digna y valorable”, sostuvo.

Roberto Gobulin estuvo muy aprensivo por las consecuencias psicológicas que el secuestro y la tortura cimentaron sobre su hermano, durante el periodo de internación hospitalaria y a posteriori: “Estaba vencido y muy golpeado. Lo encontré quebrado en su caracter. Lo desconocía”, expresó acerca del estado de su hermano tras la liberación. De la misma forma, relató los motivos que arrojaron a su hermano y a su familia al exilio: la persecución posterior al secuestro con un mensaje claro: “A vos te conviene irte”.

Los testimonios en torno al secuestro de Sergio Gobulin se fueron sucediendo y sumaron información de lo ocurrido desde el lugar en que cada uno lo vivió. El tercero en declarar fue el único testigo que presenció el secuestro de Gobulin, Ramiro Ferreiro Rodríguez, amigo que Sergio Gobulin conoció cuando era un joven estudiante de Teología en el Colegio Máximo de San José y con quien luego volvieron a coincidir trabajando en “El Observatorio”, una imprenta de papers académicos y administrativos de la Universidad de Loyola que administra a ambas instituciones perteneciente al grupo religioso jesuita y que integra el papa Francisco. El testigo reflexionó que se puede analizar el secuestro en dos etapas, un primer momento en el que se realizaron tareas de espionaje y luego, la materialización del del hecho: “La semana anterior al secuestro vino un grupo de personas interesadas en el funcionamiento de las máquinas. Con el diario del lunes, sospechamos que en realidad hacían tareas de investigación y les interesaba en realidad el contenido de lo que publicábamos”, analizó el testigo sobre este episodio de inteligencia previo al secuestro.

“Otro día vinieron y preguntaron por Sergio. Él no estaba. Se había tomado licencia para resolver unos problemas en la construcción de su casa. Fui a la construcción a avisarle, pero cuando llegué había tres personas. Una de ellas me encara y me pide documentos, dentro de la campera me muestra un revólver. Estaban vestidos de negro. No tenían insignias ni me mostraron credenciales o identificación. A los minutos llega un auto con otras dos personas, una de las cuales era la que había ido a preguntar al Observatorio”, relató el testigo de forma muy metódica y precisa sumando datos sobre colores, cantidad exacta de personas y modelos de autos. “Lo esposaron y lo metieron en un Peugeot 204 color beige o café y se fueron junto a un 128 verde, que a la semana siguiente lo volví a ver fuera de en un edificio de la Fuerza Aérea -relató y para finalizar agregó:- En esa época se decía que si estabas cerca de un detenido corrías la misma suerte. Sentí esa persecuta, principalmente porque en el allanamiento a la casa de sus suegros habían robado fotos donde yo aparecía. Esta es la primera vez que hablo sin tener presión de ningún tipo”.

“En la época que Ana Barzola estaba por tener el bebe a mí me secuestraron”, inicia el último testimonio de la sesión, Nélida Olivieri, amiga que le facilitó al matrimonio una casilla en el fondo de su casa cuando les allanaron por primera vez, meses antes del secuestro de Gobulin, la vivienda en Villa Mitre. En su declaración hila el secuestro en primera persona, pero también aquello que vivió Sergio Gobulin y el arquitecto Alejandro Miceli, quien declaró en la audiencia anterior. “Tenía una mirada muy inocente, experiencia de otras épocas, cuando mi propio padre estuvo preso y a la gente la detenían y la golpeaban, pero luego la soltaban. No desaparecían o aparecían muertos”. Hija de un mecánico de la Fuerza Aérea, vivió su infancia en la Base Aérea de Moreno, hasta que su padre fue trasladado a Córdoba: “Para mí la Aeronáutica era lo más en la infancia. Mi papá dejó la vida ahí y fue muy duro para mi darme cuenta de que hacían eso”.

Aunque ya declaró en circunstancia de otro juicio y su caso no pertenece a esa causa, Olivieri se refirió al momento de su secuestro durante el testimonio: “Preguntaron por la maestra de cuarto grado. Yo repregunté: ‘¿La maestra de cuarto grado?’. Pero se bajaron del auto y me subieron en el baúl. De entrada supe que estaba en la Base Aérea porque escuchaba el mismo vocabulario que en toda mi infancia: hangares, pista, ‘no somos angelitos pero tenemos alas’”. Agrega que en las torturas se referían a ella como Noemí, le preguntaban por su padre médico y quién era su jefe en el ERP: “En el interrogatorio no salía que yo era estudiante de psicología. En cambio me decían que yo era de esas madres que dejaba a sus hijos para ir a poner bombas. Después de 20 años me pude enterar a qué maestra buscaban en realidad”, aunque confiesa que no recuerda con exactitud su apellido.

En diálogo con ANCCOM, la testigo amplió información sobre amigos y vecinos desaparecidos del barrio: “El doctor Rodolfo “Rolo” Freyre con quien me unió una larga amistad y el arquitecto de mi casa Alejandro Miceli. Solo después de 15 años supe que él -Miceli- también estuvo secuestrado. Nunca lo hablamos. No sé si él sabrá de mi situación. Nadie habla de esto, es muy difícil explicar. Uno se callaba y no decía nada”.

El fiscal Félix Crouse le consultó antes de finalizar su testimonio, cómo analiza a partir de las herramientas que le da su profesión el silencio por parte de las víctimas del terrrorismo de Estado. La respuesta de la sobreviviente y psicóloga fue: “Uno no hace sufrir a las personas que quiere: yo a mis papas no se los conté nunca”, y se tomó un momento para recuperar la voz.

La próxima sesión está programada para el martes 21. Aún resta  confirmar si será de manera virtual, caso en el cual se puede acceder a través de la transmisión de FM en Tránsito y el portal La Retaguardia, o bien, de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3734. 

El tribunal que investiga la masacre del Pabellón Séptimo convalidó la transmisión del juicio

El tribunal que investiga la masacre del Pabellón Séptimo convalidó la transmisión del juicio

En la segunda audiencia que juzga a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, la defensa de los represores intentó en vano que el proceso no sea público.

Luego de su apertura el pasado miércoles 9 se reanudó la audiencia del debate en el juicio oral y público por la masacre en el Pabellón Séptimo, la mayor matanza carcelaria de la historia, ocurrida entre el 13 y el 14 de marzo de 1978. Los imputados se negaron a volver a prestar declaración indagatoria mientras que sus defensas buscaron impedir la transmisión del proceso. ANCCOM habló con una de las abogadas de la querella.

Al igual que el miércoles anterior, la audiencia tuvo lugar en la Sala SUM del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Nicolás Toselli reanudó la audiencia consultando a las partes si tenían cuestiones preliminares para plantear. Gerardo Miño, defensor público del imputado Gregorio Zerda, solicitó que las audiencias no sean transmitidas en vivo –lo hacen el canal de la Corte Suprema y la plataforma online La Retaguardia– durante la declaración de los testigos. “No es lo mismo ver al testigo, escucharlo, ver a las partes cómo preguntan, ver al tribunal, al público como reaccionan. Todo eso puede afectar sustancialmente la declaración de los testigos posteriores” explicó el defensor. 

Luego tomó la palabra el fiscal general Abel Córdoba para expresar el completo rechazo a la petición porque consideró que “implicaría una prohibición de contacto, un aislamiento de todos los testigos entre sí, de acá hasta que termine el debate, la parte recursiva y demás, es imposible su realización”. Además, Córdoba añadió que lo que se expresa como fundamento no es algo más que un temor eventual, siendo no más que “una situación imaginaria donde algún futuro testigo vaya a guiarse por algo que haya visto realizarse en el proceso y que a partir de eso altere o modifique su testimonio en un sentido que afecte su juramento de verdad”.

Finalizada su intervención, el juez Toselli le dio la palabra a la abogada de la querella, Claudia Cesaroni, quien adhirió a lo planteado por Córdoba y enfatizó en que se comprenda que se está investigando un hecho en el que se ha producido un proceso de construcción de memoria colectiva: “Estamos hablando de víctimas, de sobrevivientes, de familiares que han tardado años en lograr reconocerse como víctimas de un delito, de una masacre, de un crimen contra la humanidad, y que en ese encontrarse durante todos estos años se han visto un montón de veces libros, notas periodísticas que relatan este caso”. Por tanto, la abogada planteó que “sería un ritualismo absurdo, excesivo y carente de todo sentido suponer que no deberían comunicarse a partir de ahora, o que porque van a ver cómo uno de ellos cuenta lo que ya escucharon decenas de veces lo que sucedió y que otros han vivido podrían influir en su testimonio”.

Por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado Máximo Castex también adhirió al rechazo de la petición y retomó lo explicado previamente por Córdoba, manifestando que aquel planteo sería adelantarse a algo que aún no ocurrió. Después de un cuarto intermedio, el juez Toselli, en nombre del resto del tribunal, expresó que se rechazará la cuestión preliminar introducida. “Al contrario de lo que establece el señor defensor, los artículos que tienen que ver con la publicidad y la transmisión de juicios están vigentes para todos los tribunales federales y nacionales desde el 24 de noviembre de 2020”. Así se continuó con la decisión original de la transmisión completa del proceso.

Derecho a no declarar

Toselli continuó con el devenir del debate, refiriéndose particularmente a los imputados, siendo la primera oportunidad que otorga la ley procesal para que cada uno declare. 

Juan Carlos Ruiz, el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, imputado por haber dispuesto una requisa disciplinadora que devino en la feroz represión y el incendio que mató a 65 presos e hirió de gravedad a otros 88, dijo que no declararía. Solo se dio lectura a la declaración indagatoria que había realizado en la etapa de instrucción de la causa ante el juez federal Daniel Rafecas. 

Gregorio Bernardo Zerda, excelador de la División Seguridad Interna, imputado por haber omitido el salvataje de las víctimas y de haber agredido a los sobrevivientes, expresó que por consejo de su abogado, tampoco hablaría. Por último, Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División de Seguridad Interna, imputado por ejecutar la orden de requisa y haber dejado avanzar el incendio tampoco se manifestó. En ambos casos, también se incorporaron, entonces, las declaraciones realizadas en la instrucción.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su solicitud para que se realice una inspección en el lugar donde ocurrieron los hechos en la cárcel de Devoto. “La manera de tomar realmente dimensión y poder poner en contexto las palabras de las personas que van a declarar en lo sucesivo es a través de la presencia del tribunal y de las partes en el lugar en que ocurrieron los hechos”, planteó María Laura Grigera, auxiliar fiscal. Para esta actividad solicitó que se fije una fecha para realizar esta medida en el penal de Devoto con la presencia de las partes y de los testigos, incluyendo la inspección del pabellón, los pasillos y pasarelas vinculadas, así como también todos los espacios aledaños de los lugares a los que fueron llevados los detenidos una vez que retirados del pabellón, incluyendo la visualización de las entradas, las salidas, los muros exteriores e interiores donde se produjeron disparos y cualquier otro espacio que pudiera ser de utilidad para efectuar el reconocimiento teniendo en cuenta el objeto de la imputación. 

Toselli respondió que se tendrá presente la petición y que de por sí el tribunal tiene intenciones de avanzar en esa inspección para tener conocimiento directo de la estructura edilicia. Sin embargo, señaló que también hay cuestiones de logística que implican ponerse en contacto con las autoridades pertinentes para gestionar la mejor forma posible de cumplir con las medidas y también contar con la seguridad de las personas que están cumpliendo su detención. 

A su turno, la defensa agregó la necesidad de comunicar a las autoridades para que muestren o informen si hubo modificaciones en las aperturas de las puertas, en el cambio de colchones o cualquier otro cambio posible, solicitud posteriormente aprobada por el juez. 

Casi una hora después de su inicio, Toselli estableció un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 23 de octubre. 

Clase pública

Una vez finalizada la audiencia se produjo una clase pública en el subsuelo del tribunal para los estudiantes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA) que habían asistido a la audiencia. Participaron las abogadas Cesaroni y Natalia Dalessandro, el sobreviviente Juan Olivero y Cristina Cresente, familiar de una de las víctimas. 

A modo de síntesis de la jornada, Cesaroni expresó que “era muy factible que los imputados no volvieran a declarar en el debate oral, aunque recordamos siempre que lo pueden hacer en cualquier momento”, explicó la abogada. Respecto a la solicitud de prohibir la transmisión, Cesaroni comentó que en los juicios de lesa humanidad no se suelen admitir estas objeciones. “Nosotros profundizamos la cuestión de que justamente es un poco absurdo pensar que unos y otros no se han escuchado cuando desde hace 11 años estamos dando batalla por este juicio y cuando precisamente el proceso de construcción de memoria colectiva implica que los sobrevivientes se junten, hablen, se cuenten las cosas. Además los testigos luego juran decir verdad, si la defensa observa que hay alguna situación en la que se puede estar mintiendo tienen las herramientas para hacer sus planteos”, detalló.

Por último, Cesaroni comentó sobre las primeras declaraciones testimoniales que se llevarán a cabo durante la próxima audiencia. “El miércoles que viene van a declarar dos sobrevivientes, Hugo Ricardo Cardozo y Roberto Montiel. Vamos a tratar de que cuenten todo lo que pasó tal cual lo han venido contando pero por primera vez ante jueces que tienen la posibilidad de decidir si hay una condena por esos hechos de los que fueron víctimas”, anticipó.

 

«Nuestra vida no valía nada»

«Nuestra vida no valía nada»

Continúa la megacausa judicial Mansión Seré IV y RIBA II por los crímenes cometidos en los centros clandestinos de detención de Zona Oeste. En la quinta sesión declararon dos testigos y dos sobrevivientes que reconocieron los centros clandestinos de detención.

En la quinta sesión del juicio de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II testimoniaron los sobrevivientes Alejandro Miceli y Aldo Ameigeiras, detenidos en la Comisaría N° 5 de Paso del Rey, ubicada de Moreno, que dependía del ahora acusado Ernesto Rafael Lynch, capitán de la VIII Brigada Aérea de esa localidad. “Se escuchaba gente a lo lejos, que cantaban. Era la procesión a Luján que se hace los 7 de octubre y pasa a dos cuadras de la ruta”, contó Miceli en su testimonio. Por su parte, Ameigeiras sumó otra precisión sobre el lugar de detención: “El tren, al pasar por el puente de hierro del Río Reconquista, hacía en ese tiempo un sonido particular porque iba más despacio. Eso se escuchaba desde la celda”.

Ambos amigos fueron secuestrados el 1º de octubre de 1976 cuando se encontraban cenando en la casa de la familia Ameigeiras, en barrio La Perlita. Compartían la docencia en el CENS N°49 y la actividad religiosa en la comunidad cristiana formada por el sacerdote José “Pepe” Piguillem. Para Alejandro era un “lugar de pertenencia” que había logrado en su infancia al llegar al barrio: “Entré a la parroquia porque mis padres conocían al sacerdote. Me interesaba el cine y él me invitó a los cine-debates que armaban allí. Aldo era uno de los que organizaba las películas. Es un hermano para mí”, dijo.
El momento del secuestro, que también fue vivido por la esposa y el hijo bebé de Ameigeiras, Miceli lo describió como “un instante de mucho ruido, como una explosion que rompió puertas y ventanas. Comenzó a entrar mucha gente y después ya no pude ver porque me pusieron una venda en los ojos y me encapucharon. Me esposaron y solo escuchaba ruidos, gente que se movía de un lado a otro. Viajé en el piso de un auto, pisado por los pies de quienes estuvieran sentados en los asientos. Solo recuerdo sentir que pasamos una vía”, declaró. Luego de ser torturado lo llevaron a un cuarto tan pequeño que no podía recostarse, podía tocar a la vez con ambas manos las paredes a sus costados. “Escuchaba a Aldo pedir agua, duró casi tres días así: ‘Señor, por favor, agua’. Nunca le trajeron. Tampoco comimos. Yo mordía el cinturón de cuero que tenía, no sabía cuanto iba a durar esto y uno quería alimentarse. Las necesidades también las hacía ahí, así que me mojaba la boca con lo que orinaba”, continuó Miceli

Aldo Ameigeiras dio durante su testimonio mayores detalles de las sesiones de torturas y los interrogatorios que debieron sufrir. Lo acusaban de enseñar marxismo y, en torno a su actividad religiosa, de orquestar campamentos de adoctrinamiento e incluso de armar un cancionero que “contenía canciones de la Guerra Civil española y comunistas, que incitaban a la subversión”. También le preguntaban sobre el médico Rodolfo “Rolo” Freyre  y por el sacerdote Piguillem al que se referían como un “cura subversivo, tercermundista y peligroso”. “Me tiraban agua y me picanearon. Me ahogaban con algo similar a una almohada y cuando me la quitaban lograba respirar. Como no alcanzaba a contestarles, me acusaban de no querer colaborar y todo volvía a empezar”.
Ambos testigos describieron que el activismo religioso constaba de tareas pastorales de catequesis o asistencia a los vecinos del barrio. Alejandro Miceli, que en ese entonces estudiaba arquitectura, ayudaba a construir la capilla y así como él participaba en sesiones de cine, otros realizaban actividades de teatro o coro. “Se arreglaban grandes reuniones y misas muy sentidas por todos los vecinos del barrio que se acercaban”, expresó Ameigeiras.

Fueron liberados el 7 de octubre, luego de pasar un tiempo en otro lugar de detención donde pudieron ver que había más celdas y otros detenidos. Ameigeiras relató que “al baño te llevaban por un pasillo y, si se te corría la venda, veías varias celdas. Aún tengo miedo que aparezca alguien en el pasillo y me vuelvan a buscar”, confiesa. Aunque se mudó, no pudo volver a Moreno. Se sentía vigilado porque “las cosas siguen sucediendo. Viví un exilio forzado. De un minuto a otro no éramos nadie, no valía nada nuestra vida. Y luego, otra vez de la nada, teníamos que volver a ser quienes éramos y simular que no pasó nada. Me costó mucho tiempo y dolor, estaba por empezar mi doctorado cuando pasó todo, me cambió la vida. Uno tenía que construir, la familia, los hijos. No les podía transmitir solo desazón de lo vivido sino también esperanza”.
Ambos amigos se volvieron a mostrar juntos en público luego de cinco años del secuestro. Ameigeiras finalizó su testimonio muy emocionado: “No veía la hora de que llegara este momento. Para ustedes será una instancia permanente. Para uno es la forma de dar vuelta la página. Ahora doy un pequeño testimonio sobre lo que he vivido y sufrido. Por muy pequeño que sea, hubo un tiempo en que para mí no merecía la pena contarlo. Pero en los últimos años me convencí de que no tenían ningún derecho a hacer lo que hicieron”.

Desde la querella de Moreno por la Memoria se presentaron en esta sesión los abogados Sebastián Taiariol y Gastón Fraga, con quien ANCCOM pudo dialogar. Fraga rescató la importancia de los testimonios en cuyas declaraciones se puede acreditar el circuito represivo de Zona Oeste, los esquemas y los lugares físicos de represión. “Además se vinculan con los testimonios del primer día cuando Julio César Leston (excabo primero de la Regional de Inteligencia Buenos Aires, RIBA) mencionaba que estaba a cargo del factor religioso en la base de inteligencia y que conocía al padre “Pepe” por  dichos del barrio. Justamente estas dos víctimas formaban parte del grupo religioso y por ello fueron secuestradas y torturadas, es decir, que también está reconociendo Leston en esa declaración que hacía tareas de inteligencia en términos territoriales, y se acredita así el circuito represivo”.

En un juicio anterior, ambos sobrevivientes participaron del reconocimiento de la Comisaría N° 5 de Paso del Rey. “Estaba muy cambiado, no era demasiado reconocible. Sin embargo, el juez hizo retirar el cielorraso y pude ver el lucernario -claraboya de vidrio-. Aldo golpeó desde la celda de al lado y fue claro que el lugar era ese”, relató el arquitecto Miceli, recordando que durante los días de cautiverio golpeaban la pared que los separaba con Aldo para comunicarse que “seguíamos vivos”.

En la sesión también declararon dos testigos cuyos familiares fueron secuestrados por la Fuerza Aérea de Moreno. Una de ellas pidió mantener en reserva su identidad. Por su parte, Mónica Inchauspe, relató que era una adolescente cuando su padre Miguel Angel Inchauspe, secretario del bloque radical de Moreno, fue detenido. Recuerda que dijeron que se debía a “un delito financiero que nunca existió. Fue una interna partidaria. El denunciante tenía buena relación con la Fuerza Aérea. Lo liberaron luego de estar un mes en la Comisaría 1º junto a otros compañeros de partido. Pidió un acta de detención y le dijeron que él nunca había estado detenido, solo demorado”, sostuvo su hija. El día que se presentaron en la casa, su padre no estaba, y una custodia se quedó con ella y su madre. “Cuando volvió lo invitaron a pasar por la comisaría de Moreno. No lo esposaron, tal es así que se fue manejando su auto y ahí perdimos todo contacto con el”. Ya en una ocasión anterior, las “tres Marías” habían buscado a su padre y este debió esconderse por dos meses. Según explica la testigo, “las tres Marías” era la forma coloquial de referirse a las tres camionetas sin identificación que recorrían constantemente las calles de Moreno y que todos sabían que pertenecían a la VIII Brigada Aérea. “En un pueblo chico uno se siente marcado, por más que te hubieran detenido sin motivo y no hayas hecho nada, la gente empieza a mirarte distinto”, dijo haciendo referencia a lo difícil que también fue el después de la liberación.
La quinta audiencia tuvo también, por parte de la defensa de los acusados, el intento fallido de “ensuciar” la escena. Durante el receso tomado al finalizar los testimonios, el hijo de Miceli, según los abogados defensores, “insultó y realizó gestos obscenos” contra ellos. En su posición, alegaron que ellos “sólo hacen una defensa técnica, propia de su trabajo” y solicitaron a la jueza María Claudia Morgese que se lleve a cabo el mismo procedimiento que se aplicó al imputado Juan Carlos Vázquez Sarmiento por su performance en la tercera audiencia. Respecto a este incidente, el abogado querellante Gastón Fraga, dialogó con ANCCOM y sostuvo: “Fui testigo. Solo se dio un entredicho, que podría haberse evitado, pero propio de un hijo que está escuchando las terribles declaraciones de su padre. Y no pasó a mayores. Por lo que la denuncia tampoco puede pasar a mayores porque no hubo ningún delito. No es comparable con un imputado que se desnuda y hace improperios durante la audiencia, y que solo busca de forma muy cínica desestimar este juicio y buscar algún tipo de beneficio personal para sí”.

 La próxima audiencia está pautada para el martes 15 de octubre de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín. El público general puede acercarse previa acreditación por mail al tribunal.