Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Perseguida por solidarizarse con el pueblo mapuche

Liberaron -bajo prisión domiciliaria- a la joven activista que estuvo detenida durante 50 días en una comisaría de Esquel por solidarizarse con la comunidad mapuche tehuelche de Chubut.

Victoria Núñez Fernandez estuvo más de 50 días detenida en la comisaría 1º de Esquel, en el marco de la causa armada por los incendios en la Patagonia, donde también otros defensores ambientales, rescatistas y brigadistas, fueron falsamente acusados. Al ser liberada fue recibida por los abrazos de sus compañeras de la Lof Pillan Mahuiza, que militan la campaña colectiva que pide su absolución “no es una libertad completa, sino que sigue criminalizada”. Esto es porque, si bien la justicia de Chubut considera que no existe riesgo de fuga, debe permanecer bajo arresto domiciliario hasta la próxima audiencia del 12 de mayo.

“Lo que se está criminalizando es la solidaridad de alguien que no es mapuche, pero se acerca a la comunidad y pone su vida al servicio de esa comunidad”, dice Lucía Cavallero, referente del colectivo #NiUnaMenos, al referirse a esta mujer de 37 años oriunda de Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. “Me hace acordar a Santiago Maldonado, a esas personas que deciden dedicar su vida al trabajo político de crear alianzas y unidad”, agrega. Todo indica que tuvo algún efecto positivo la conferencia de prensa que exigió la libertad Victoria, con la consigna “la solidaridad no es delito”. Allí se hizo presente un amplio abanico de organizaciones y personalidades: estuvieron Moira Millán, weichafe del lof Pillán Mawiza, Nina Brugo, de la Campaña por el Aborto Legal y de la CTA; María Elena Nadeo de la APDH; y las diputadas Mónica Macha (Unión por la Patria), Mónica Schlotthauer, Vanina Biasi, Mercedes Trimarchi y Celeste Fierro (FIT-Unidad). También estuvo Enrique Viale, de la Asociación de Abogados y Abogadas Ambientalistas, y activistas de distintos espacios como la Asamblea Antifascista LGBT y la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones (BFS). 

Vic, como es conocida en la comunidad, fue detenida el 11 de febrero de 2025, cuando el juez federal penal de ejecución de Esquel, Criado, ordenó 12 allanamientos simultáneos en comunidades mapuche tehuelche de Chubut en un contexto de incendios forestales que se presumen intencionales, que gobiernos provinciales y nacional han usado para criminalizar al pueblo mapuche tehuelche acusándoles de ser responsables de estos. Victoria fue la única detenida bajo los cargos de “coautoría de atentado en la estancia Amancay, en la localidad de Trevelin; participación en una asociación ilícita; y disturbios en la vía pública”. Se había dispuesto la prisión preventiva por el plazo de sesenta días y que la medida se cumpla en un calabozo de la Comisaría Primera de Esquel, destinado a la detención de mujeres, salvo que la defensa pública requiriera el traslado al centro penitenciario para mujeres, en Trelew.

La audiencia del 7 de abril fue ante el juez penal de Esquel, Jorge Criado, quién no permitió el ingreso a la sala de la prensa a las organizaciones y personas autoconvocadas. Gracias a la geolocalización de su camioneta, la defensa de Victoria, a cargo de Valeria Ponce, probó que el día del incendio en la estancia Amancay ella se encontraba en la localidad de Corcovado a unos 80 kilómetros de distancia. Sin embargo, la Fiscalía solicitó la continuidad del arresto domiciliario por su presunta participación en el incendio de maquinaria y camiones de la estancia ubicada sobre la Ruta 71 en jurisdicción de Trevelin. Fundaron su pedido en el riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación. Ponce se opuso y el juez concluyó que no hay elementos que acrediten el riesgo de fuga. Para el juez, sólo existiría riesgo de entorpecimiento procesal y para cautelarlo dice que es suficiente con que la imputada no salga de la ciudad de Esquel, salvo expresa autorización judicial, ni regresar al lof Pillan Mahuiza. 

Un día antes de los allanamientos, el gobernador de Chubut Ignacio Torres se refirió a las comunidades mapuche como “terroristas del fuego”. Para la campaña que pide la absolución de Victoria, la declaración del gobernador estableció “un pretexto para los allanamientos y una criminalización explícita y un mensaje repudiablemente racista”.

Vía redes sociales (Instagram) Moira Millán compartió que “es urgente y necesario pronunciarnos desde todo espacio, organización o movimiento que defiende los derechos, para que todes sepan, no solo que es inocente de los cargos que se le imputan, sino que está siendo víctima de un montaje mediático y causa armada para criminalizar la solidaridad al pueblo Mapuche Tehuelche y la defensa de la vida en la Patagonia”. Durante la conferencia de prensa se mostraron ejemplos de cómo ciertos medios tradicionales hicieron un montaje mediático en donde tratan a las comunidades mapuches de falsas, se los nombra como intrusos y/o terroristas.

Victoria es una persona disidente que en el año 2020 llegó al Lof Pillañ Mawiza, ubicada en Corcovado, Chubut, para participar de un encuentro organizado por el Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Tras esa experiencia tomó la decisión de quedarse y el lof decidió adoptarla como un integrante más.

No es seguridad, es punitivismo

No es seguridad, es punitivismo

Resistencia al punitivismo disfrazado de seguridad: ¿Qué está pasando en los servicios penitenciarios federales tras las resolución de Patricia Bullrich?

En el Centro Universitario de Devoto estudian alrededor de 300 personas. Foto: Archivo TELAM, 2023. 

El Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich prohibió mediante la resolución 372/2025 la existencia de centros de estudiantes dentro de unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal. La disposición también impide la permanencia de personas privadas de su libertad en espacios de estudio fuera del horario de clases.

El argumento por parte de la ministra indica que estas actividades impiden el buen funcionamiento del sistema carcelario, irrumpen en la seguridad del servicio penitenciario y obstruyen la realización de trabajos de limpieza no remunerados por parte de los estudiantes privados de su libertad. Esta resolución marca un giro en las políticas de reinserción social al restringir espacios de organización y participación educativa en contextos de encierro.

En este sentido, Yrene, estudiante de Trabajo Social de la Universidad de Buenos Aires, cuenta su experiencia sobre la contención que significa estudiar en contextos de encierro: “Yo creo que nosotros nos insertamos adentro, no afuera. Adentro nosotros hacemos grupo de estudio, nos empoderamos, cuidamos el lugar. Nosotros nos insertamos ahí, porque las herramientas poderosas son los estudios, la educación. La herramienta más poderosa es el programa UBA XXII, que pensó en todes. Desde ahí nos articulamos, desde ahí nos paramos.” La estudiante comenzó la carrera de Sociología en contexto de encierro. Cuando salió en libertad, comenzó la carrera de Trabajo Social. El caso de Yrene ilustra con claridad como el acceso a la educación en contextos de encierro puede ser una herramienta fundamental para lograr la reinserción social.

También recuerda lo difícil de la reinserción cuando se recupera la libertad y se llega a un sistema totalmente desconocido: “Es como que te entran a un callejón en oscuridad y vos tratas de, a lo ciego, ver, encontrar la salida. Imagínate, tenés que insertarte en un sistema de nuevo. Uno está vulnerable, no sabe si preguntar, si te están mirando, si tenés acá el letrero de la detención, y que te miren a tus compañeros. Es como que te haces una idea fantasma dentro de vos”.

Sobre la medida plateada por Bullrich, Yrene analizó: “lo que ella quiere es individualizarnos para cortar, romper el poder que tenemos nosotros de empoderarnos con los estudios, y de agruparnos. Tiene miedo de que nosotros tengamos más conocimiento intelectual de organización, porque no nos estamos organizando por algo negativo, nos estamos organizando por algo positivo, para formarnos como futuros profesionales”.

Pablo, estudiante en contexto de encierro del Centro Universitario de Ezeiza, indica que esta situación ha pegado muy fuerte en la comunidad de estudiantes privados de su libertad, ya que se traduce en prohibiciones al acceso a la educación, falta de garantías constitucionales y restricción de lo establecido en los objetivos de la ejecución de una pena impuesta: “Nos preocupa porque el daño es actual y se traduce a un daño futuro. Las personas privadas de su libertad que pasan por los centros de estudiantes prácticamente no reinciden, cambian sus vidas y maneras de pensar, ven en el estudio una oportunidad para nunca más un robo, nunca más un asesinato en ocasión de robo, nunca más comercialización de estupefacientes y otros delitos que se dan dentro del marco de las necesidades económicas de los sujetos y de los grupos sociales de bajos recursos y sin oportunidades laborales. Nos preocupa el gran daño que está ocasionando a toda la sociedad. No son solo discursos y acciones irresponsables para un público determinado que no entiende las consecuencias que traerá esta medida. Lo decimos por la sociedad en general y también por nosotros y nuestras familias que son trabajadoras y nuestros hijos, expuestos a que alguien los mate por robarle un celular”.

Lucas Belfiore, profesor de Diseño Gráfico en el Centro Universitario de Devoto apunta sobre la importancia de los centros de estudiantes en contexto de encierro: “Lo que ocurre es que no hay trabajadores de la UBA que se encarguen de la parte administrativa en las carreras en contexto de encierro. Tampoco el servicio penitenciario lo realiza. Quienes se encargan son justamente los centros de estudiantes de cumplir con esas funciones. Por eso es que la resolución es tan dañina. El centro de estudiantes tiene una función diferente a la que tiene afuera. Afuera te orientarían como estudiante. Adentro, se encargan de gestionar todo lo que ocurra: el uso de los espacios, que puedan ingresar los docentes con las autorizaciones adecuadas, crear las listas de personas para que bajen”.

Todas estas tareas que ahora son realizadas por el centro de estudiantes pasarían a estar en manos del Servicio Penitenciario Federal. Lucas indica que sería como vaciarlo, ya que las actividades serían realizadas por personas que no saben cómo hacerlo correctamente, no tienen el personal suficiente ni la vocación para llevarlo a cabo. “Nosotros nos comprometimos a dar clases en un espacio seguro, donde supuestamente la policía no puede entrar. Eso para mí es importante a la hora de decidir donde dar clase”, expresó el docente.

La medida afecta las cárceles del Servicio Penitenciario federal, que son 15 establecimientos a lo largo de todo el país, los cuales no todos tienen centros de estudiantes. Entre los que sí contienen se encuentran la Unidad 2 de Devoto, la Unidad 8 de Los Hornos, la Unidad 32 de Florencio Varela y la Unidad 19 de Ezeiza.

En respuesta a la resolución presentada por la Ministra de Seguridad, el magistrado Mariano Iturralde hizo lugar de manera parcial a un recurso de habeas corpus presentado por la Procuración Penitenciaria de la Nación en oposición a la medida. Se dispuso que las personas privadas de su libertad que cursan sus estudios en el Servicio Penitenciario Federal “deberán ser habilitadas a permanecer en dichos centros educativos, durante el tiempo que resulte necesario para el estudio autónomo y demás actividades extracurriculares propias de su formación académica”.

Esta disposición por parte de la justicia pone freno y límite en el avance contra los derechos humanos y las políticas de inclusión. Igualmente, se sigue vulnerando el derecho a la organización, la educación y la participación política de las personas privadas de su libertad. El desguace y el desmantelamiento de uno de los pocos espacios que promueven la reinserción social en las cárceles es realmente preocupante.

La situación en el CUE es compleja. Pablo afirma que es aún más grave de lo visibilizado. “Muchos de los estudiantes en horarios que no cursan realizaban actividades laborales de producción, mantenimiento y mayordomía, todo por un salario de $70.000 mensuales con aportes jubilatorios. La semana pasada se echaron a más de 600 trabajadores en la cárcel de Ezeiza y el Ministerio pretende que los mismos continúen trabajando gratis, la mayoría utilizaba el dinero para costear el viaje mensual a visitarlo de sus familias, otros le trasferían ese dinero para ayudar a sus familias de bajos recursos, otros compraban comida.”

Además de la falta de derechos laborales, las trabas para estudiar y las políticas en detrimento de los derechos humanos, Pablo indica que la situación dentro de la cárcel es muchísimo más compleja de lo que se expone: corrupción y violencia institucional, falta de elementos de higiene, poca atención médica, alimentación escasa, ropa y abrigos insuficientes. “No se entregan más frazadas ni sábanas, ni ningún tipo de ropa, se redujo la provisión de comida a la mitad, basada en arroz blanco, polenta, fideos y en algunos casos una vez por día. Hay un solo médico para 2000 personas privadas de su libertad, los odontólogos no atienden por falta de insumos, los traslados a hospitales extramuros programados se suspenden por falta de combustible. Ha aumentado la mortalidad por falta de atención médica, sobre todo en el caso de adultos mayores. La violencia institucional tambien ha aumentado, dado los bajos salarios y el descontento del personal del Servicio Penitenciario Federal, lo que además generó un aumento de la corrupción”.

También peligran las propuestas de enseñanza: el taller de Diseño Gráfico que dicta Lucas es extracurricular y, como docente, expresó su preocupación por la posible desaparición del espacio: “Estos son los que están corriendo mayor riesgo de cierre porque es lo primero que atacan, los talleres. Son en este momento 1.600 personas en Devoto, de las cuales las que participarán en el centro universitario serán unas 300, diría. Nosotros arrancamos el cuatrimestre hace tres semanas y durante todo ese tiempo tuvimos entre 15 y 20 estudiantes. El día jueves de esta semana, habían venido tres.” El docente cuenta cómo los estudiantes viven la situación desde dentro. Menciona el concepto de ruidazo, que es la manera en que los presos deciden llamar a sus manifestaciones dentro de la cárcel. “Se lo vendió como un motín pero en realidad ellos siempre me dijeron que eso es un ruidazo, una batucada. No es un motín, es una protesta que yo considero que es legítima”.

La resolución 372/2025 no solo representa un retroceso en materia de derechos humanos, sino también un intento deliberado por desarticular espacios de organización dentro de las cárceles. La educación en contextos de encierro ha demostrado ser una de las herramientas más efectivas para la reducción de la reincidencia.

Ayudamos a soñar con una mejor vida, una segunda oportunidad, la posibilidad de poder obtener un título universitario y ser seguramente el primero en la familia, recuperar proyectos de vida, tener esperanza, y saber que cuando uno se esfuerza tiene resultados, todo ello teniendo en cuenta que la mayoría de les estudiantes privados de la libertad provienen de hogares muy humildes, donde la palabra ‘oportunidad’ brilla por su ausencia”, concluye Pablo.

Detrás de cada testimonio, como el de Yrene, Pablo o Lucas, hay una red que lucha por mantener viva la dignidad en medio del encierro. El desmantelamiento de estos espacios vulnera derechos, profundiza la exclusión social de quienes ya han sido marginados por el sistema y responde a una lógica punitivista disfrazada de seguridad. Atacar a los centros de estudiantes es atacar la posibilidad de transformar la cárcel en un lugar de reinserción y no solo de castigo.

“Sentimos el amor impresionante del pueblo”

“Sentimos el amor impresionante del pueblo”

Entre dibujos, música y caminatas asistidas, el fotógrafo Pablo Grillo da señales de recuperación. Mientras tanto, afuera del hospital, su padre Fabián reclama justicia sin eufemismos.

A un mes de la represión en el Congreso que casi lo mata, el fotoperiodista Pablo Grillo (35) continúa internado en la terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía de la ciudad de Buenos Aires. El pasado 12 de marzo, mientras cubría la movilización de los jubilados de los miércoles, fue impactado en la cabeza por un cartucho de gas lacrimógeno disparado a corta distancia por la Gendarmería.

En comunicación con ANCCOM, su padre, Fabián Grillo, brinda detalles sobre el estado de salud de Pablo: “Sigue en terapia intensiva, pero tiene una evolución buena. Lee, escucha música, escribe y dibuja en una pizarra para chicos. Camina un poco, con ayuda de los médicos. Su motricidad fina parece que no fue afectada”.

Contra todo pronóstico y pese al diagnóstico –grave traumatismo de cráneo y pérdida de masa encefálica–, Pablo avanza favorablemente. “Por momentos tiene una desconexión, pero los médicos dicen que es totalmente normal por los traumas que tuvo en la cabeza”, afirma su padre.

Respecto a las posibles secuelas neurológicas, según el equipo del Ramos Mejía, aún no pueden determinarse con precisión: si llegaran a aparecer, se sabrá con el tiempo. “Está podrido de estar acá, lo cual es bueno –bromea Fabián sobre el estado de ánimo de su hijo–. La idea es que cuando salga de terapia intensiva haga rehabilitación, pero en otra institución, porque el Ramos Mejía no cuenta con ese sector”.

A propósito de la causa judicial, Fabián Grillo cuenta que avanza con lentitud. La jueza Servini de Cubría está de licencia y la familia de Pablo reclama que todavía no fue confirmada como parte querellante. En las últimas horas se conoció que el gendarme acusado, el cabo Héctor Guerrero, designó como abogados a Claudio Pedro Nuncija y Martín Luis Sarubbi, quien defendió a tres oficiales por el homicidio de Lucas González, finalmente condenados a cadena perpetua en 2023.

Ambos letrados también estuvieron relacionados con el caso de Santiago Maldonado y con el de Revolución Federal, la agrupación involucrada en el atentado a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Además, Sarubbi defendió en 2021 al policía que le disparó a Chano (Santiago Moreno Charpentier), líder de Tan Biónica, mientras este sufría un brote psicótico en su casa. Charpentier tuvo lesiones severas en el bazo, el páncreas, el colon y el riñón.

La familia de Pablo se manifiesta agradecida por el acompañamiento y apoyo desde distintos sectores sociales y políticos. “Se acercaron de todos los partidos menos de La Libertad Avanza. Hablé con (el ministro de Salud porteño) Fernán Quirós hasta con Cristina Fernández de Kirchner. También vinieron de la CGT, de ARGRA (Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina), de SiPreBA (Sindicato de Prensa de Buenos Aires). Sentimos el amor impresionante del pueblo, salvo de la Justicia y del Estado”, destaca.

Este sábado 12 de abril, desde las 14, se realizará un Festival Solidario por Pablo Grillo, organizado por sus familiares y amigos, en la Plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada.

Un avance contra la violencia institucional

Un avance contra la violencia institucional

Tres policías de la Bonaerense, imputados por delitos de tortura y falsedad ideológica, en una comisaría de Ensenada, fueron detenidos.

Comisaria Ensenada 2da de Punta Lara.

El Juzgado de Garantías número 2 de La Plata ordenó la detención de tres policías de la Bonaerense imputados por los delitos de tortura y falsedad ideológica, por un hecho que sucedió en octubre del año pasado.

Esta resolución significa un importante precedente para la lucha contra la violencia institucional y las torturas que ocurren dentro de los destacamentos policiales de la Provincia de Buenos Aires. El pasado 28 de marzo, se ordenó la detención de Adriana Cecilia Ponce, Leandro Ignacio Altamiranda y Ángel Daniel Barrientos, quienes participaron en un hecho de tortura con abuso sexual que ocurrió en octubre en la Comisaría 2° de Ensenada.

Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), afirmaron que “estos hechos se reiteran en otras comisarías bonaerenses donde se continúan alojando regularmente personas de manera ilegal y muestran las graves violaciones de derechos humanos que la policía despliega cotidianamente en los territorios”.

En la madrugada del 21 de octubre de 2024, un grupo de personas que estaban privadas de su libertad realizaron un reclamo a las autoridades de esta comisaría en Ensenada. El conflicto, que inició como un altercado verbal fue escalando y la reacción de los efectivos de esta dependencia fue ingresar al sector de calabozos con escopetas cargadas con postas de goma y arremeter violentamente contra los reclusos.

En diálogo con ANCCOM, Rodrigo Pomares, abogado de la CPM que interviene en la causa, narró los hechos. “A nosotros nos van llegando noticias de una situación que ocurrió en la dependencia de la comisaría número 2 de Ensenada, y recibimos una denuncia proveniente del sector de Derechos Humanos del municipio, que había tomado conocimiento de los hechos a través de las personas detenidas que denunciaron haber sufrido torturas”.

Una de terror
Pomares es Coordinador del área de Justicia y Seguridad de la Comisión Provincial por la Memoria, que se encarga, entre otras cosas, de monitorear las dependencias policiales de la Provincia de Buenos Aires para prevenir los hechos de tortura y mal uso de la fuerza, y acompañar en las denuncias de estos hechos. Este equipo fue contactado por familiares de las víctimas y por autoridades del municipio que fueron alertados de la situación apenas ocurrieron los hechos.

Un pequeño foco de incendio producido durante el altercado provocó la participación de un grupo de bomberos que apaciguó la situación y dejó una manguera a presión en el lugar de forma preventiva. “Con esa manguera, el personal policial, bajo las órdenes de la titular de la dependencia, la señora Adriana Ponce, comenzó a agredir a los detenidos con chorros de agua fría muy fuertes, mojando toda la celda”, comentó Pomares. En esas condiciones, es que el personal policial se dispuso a tirar gas lacrimógeno y a cortar el suministro de electricidad.

A oscuras, mojados, y expuestos a las balas de goma y el gas lacrimógeno, los reclusos quedaron en una situación de extrema vulnerabilidad. Algunos de ellos incluso se desmayaron por esos actos violentos del personal policial.

Más tarde, y con el respaldo de un grupo de apoyo que se había presentado en el lugar, dieron la orden a las víctimas de salir del sector de calabozos para ser llevados a otro lugar, supuestamente para dialogar y resolver el conflicto.

“Cuando las personas empezaron a salir, los hicieron pasar entre hileras de policías ubicados a ambos lados y comenzaron a ser agredidos con bastones, patadas y trompadas”, declaró Pomares. Ese fue el primer hecho de agresiones físicas directas. Esta es una práctica de tortura conocida como «puente chino».

Los reclusos fueron trasladados a dos oficinas en el calabozo de contraventores y un lugar anexo. Allí recibieron una nueva secuencia de torturas, que incluyó amenazas verbales, psicológicas y de índole sexual. Fueron obligados a desnudarse, les sujetaron las manos por detrás de la espalda con precintos y los colocaron boca abajo, encimados unos sobre otros. Algunos fueron forzados a besar las partes íntimas de otros detenidos e incluso les acercaron tonfas policiales a sus zonas íntimas mientras los amenazaban con accederlos sexualmente con las mismas. Alrededor de las seis de la mañana, los hicieron regresar a los calabozos, desnudos y con sus pertenencias mojadas.

“Estos hechos tuvieron la participación directa de la titular Adriana Ponce; Ángel Barrientos, segundo jefe de la dependencia policial; y una gran cantidad de policías”, contó Pomares. Hasta el momento, la causa tiene tres imputados detenidos, el tercero es Leandro Altamiranda, quien era el imaginaria encargado del calabozo.

Tras tomar conocimiento de los hechos los equipos de la CPM, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, se hicieron presentes en la comisaría, entrevistaron a los detenidos, y realizaron un primer informe técnico que acompañó la denuncia penal por torturas.

La Comisión hizo la denuncia penal y comenzaron las investigaciones, en las que se recibieron los testimonios de todas las personas privadas de su libertad. Los relatos fueron muy precisos, describiendo tanto las agresiones sufridas, como a quienes las ejercieron, y también detallando la afectación psicológica y emocional sufrida. Esto motivó la realización de pericias psicológicas, que confirmaron la existencia de estrés postraumático en los afectados. También se realizaron pericias médicas, que constataron múltiples lesiones, algunas de ellas muy graves; en algunos casos, fracturas de costillas que requirieron intervención médica.
Otras pruebas recolectadas, como los registros de la dependencia, aportaron evidencias de los perdigones de goma utilizados por el personal policial. Además, las imágenes de las cámaras de seguridad del municipio confirmaron el ingreso y egreso tanto de Ponce como de Barrientos y Altamiranda en el lugar.

Posteriormente, se avanzó en las imputaciones y en el pedido de detención, que finalmente se realizó el pasado 28 de marzo bajo los cargos de tortura y falsedad ideológica. Este último tiene que ver con que, una vez concluidos los hechos narrados, el personal policial quiso obligar a los detenidos a firmar un acta en la que se afirmaba falsamente que se había tratado de un conflicto entre ellos mismos y que eso había provocado la intervención policial.

Un patrón de violencia 
Uno de los efectivos policiales imputados, Ángel Daniel Barrientos, quien se encontraba en el momento de los hechos ejerciendo como segundo al mando en la comisaría, ya se encontraba detenido desde diciembre por un hecho similar en el que participó en marzo de 2018 en la Comisaría 4ta de Berisso.

Este hecho muestra a las claras la inacción de las entidades administrativas para tomar medidas cautelares cuando este tipo de hechos ocurren, ya que se trata de funcionarios públicos que desempeñan un rol con una elevada responsabilidad porque manipulan armas y tienen la facultad de detener personas. Sobre esto, Pomares contó que desde la CPM, “consideramos que el temperamento tiene que ser mucho menos sensible a la hora de tomar estas medidas cautelares para que un policía que está siendo denunciado salga de sus funciones hasta tanto se resuelva su situación”.

Barrientos fue condenado por los delitos de severidades, vejaciones y falsedad ideológica de instrumento público, por graves abusos y humillaciones cometidos durante una requisa en una seccional de Berisso. Esta persona ya tenía una causa pendiente al momento de los hechos y sin embargo seguía ejerciendo su rol de funcionario y, bajo su tutela, ocurrió este nuevo hecho de gravedad.

“Por eso también denunciamos la inacción de algunos organismos que debieron haber tomado medidas, ya que Barrientos tendría que haber sido separado de sus funciones hasta la resolución del juicio”, declaró Pomares.

No es un hecho aislado
Lamentablemente, las torturas dentro de dependencias policiales son una práctica habitual. La CPM, como ente de prevención y monitoreo, se ha encargado en los últimos años de acercarse y denunciar este tipo de hechos que ocurren de forma mucho más recurrente de lo que se desearía.

Existen casos que la CPM se ha encargado de seguir, como el de la Comisaría 3° de La Tablada donde, después de varios años de trámite judicial, catorce policías fueron condenados por hechos de abusos y torturas hacia mujeres y personas trans. Otro caso, cuyo juicio fue aplazado en las últimas semanas, fue el de la Comisaría de Domselaar, donde se dieron hechos de tortura y vejaciones físicas que ocurrieron entre 2015 y 2016. O el de la Comisaría 3° de Pergamino, donde la CPM denunció hechos de torturas mediante el pasaje de corriente eléctrica.

Existen muchos otros hechos que no llegan a juicio o ni siquiera son denunciados por las víctimas por temor a posibles represalias. “La tortura es una práctica regular y sistemática, y existen numerosas causas que se archivan o desestiman por la responsabilidad de la investigación judicial y fiscal”, declaró Pomares.

Las comisarías debieran ser un lugar transitorio para personas con causas pendientes, sin embargo, debido a la sobrepoblación del sistema penal, muchas de ellas se han convertido en lugares de alojamiento. Esto muchas veces propicia dinámicas dentro de estas dependencias que no debieran ocurrir, situaciones de maltratos por parte del personal policial y lugares que no están correctamente acondicionados para el alojamiento permanente: no tienen patios, sectores de esparcimiento o sitios para recibir visitas. Son lugares muy deteriorados y esa es una denuncia que se viene haciendo hace muchos años. “El gran problema del sistema penal de la provincia es que ingresan muchas más personas de las que pueden albergar”, comentó Pomares.

«El poder y la estrategia tienen que estar en la gente»

«El poder y la estrategia tienen que estar en la gente»

A casi un mes de la represión que dejó hospitalizado y gravemente herido a Pablo Grillo, Mario Santucho describe el funcionamiento del colectivo Mapa de la policía, cuenta cómo identificaron al autor del disparo que lo lastimó al fotógrafo; y se aventura a pensar otros modos de organización para la transformación social.

Mario Santucho es periodista, escritor y editor de la Revista Crisis. Es, además, integrante de la red antirrepresiva conocida como el Mapa de la policía con el que se reconstruyó como el agente policial cabo primero de Gendarmería Nacional de apellido Guerrero, disparó de forma ilegal una granada de gas lacrimógeno contra la cabeza del fotógrafo Pablo Grillo, durante la marcha que convocaban los hinchas de fútbol y jubilados. Militante social y de derechos humanos, hijo de Mario Roberto Santucho, fundador y líder del Partido Revolucionario de los Trabajadores y Ejército Revolucionario del Pueblo ( PRT-ERP) y de Liliana Marta Delfino, ambos desaparecidos por la última dictadura cívico militar. Todavía busca a su hermano o hermana nacida en cautiverio durante los años 1976 o 1977.

¿Cómo hicieron la reconstrucción del disparo que permitió saber quién fue el gendarme que le disparó al fotógrafo Pablo Grillo?

Este es un trabajo que venimos haciendo desde el Mapa de la Policía que es una especie de red antirrepresiva, de cuidados colectivos, de la cual participan varias organizaciones y personas sueltas, que surgió hace 3-4 años. Sobre todo, para generar una especie de plataforma de control social de las fuerzas de seguridad, particularmente, de la Policía de la Ciudad. A partir de diciembre del año 2023, cuando asume el gobierno de ultraderecha y empieza a haber una represión de la protesta muy fuerte que no se veía de una manera tan sistemática y tan agresiva desde hace mucho tiempo, el Mapa de la Policía decide crear un grupo específico que empezó a hacer esta reconstrucción con una técnica y una forma de trabajo que se llama arquitectura forense. Es una especie de práctica periodística de vanguardia que se hace en otras partes del mundo y que nosotros empezamos a hacerla acá. 

Consiste en organizarse para recolectar muchas imágenes sobre un evento y después con la herramientas informáticas reconstruir lo mejor posible lo sucedido en ese lugar. Eso lo venimos haciendo desde enero de 2024 y venimos perfeccionando el mecanismo cada vez que hay un evento importante como el del 12 de marzo. 

Nosotros hacemos coberturas colaborativas. Nos juntamos en un lugar cerca del congreso que nos prestan los compañeros y compañeras. Ahí convocamos a fotorreporteros, fotorreporteras y a gente que quiera participar de esa cobertura para registrar imágenes, organizarnos y dividirnos los lugares de la plaza. La idea es registrar cómo son los operativos policiales, no tanto como hacen los fotorreporteros habitualmente que es registrar la marcha, los compañeros y compañeras luchando gritando, bailando, sino más bien cubrir y registrar cómo se mueve la policía, cuántos son, dónde están, cómo se organizan, qué armas tienen, quiénes son los jefes y obviamente en los momentos en que hay represión, registrar lo mejor posible. 

Esto lo hicimos ese día, por eso ya cuando terminó la marcha y vimos lo que había pasado, rápidamente empezamos a recibir imágenes, a sistematizar, clasificar. Encontramos un vídeo, que en realidad nos manda un compañero que estaba cubriendo, en donde se ve el momento en el que le pegan el disparo. Ese fue el primer video que hicimos. Ahí trabajamos con un físico que se llama Rodolfo “Willy” Pregliasco, que se ha dedicado a ser perito en causas judiciales, específicamente con esta técnica de reconstrucción de acontecimientos en base a imágenes y que ya ha trabajado en varias causas como el 19 y 20 de diciembre del 2001 y la del 26 de junio del 2002 del Puente Pueyrredón.

Cada foto del video se descompone en 25 fotogramas. Él va fotograma por fotograma analizando y detectó en el siete u ocho fotograma diferentes momentos en que se veía el proyectil y la trayectoria. Fue el primer descubrimiento importante porque demostramos que habían tirado el proyectil de manera irregular, en vez de tirarlo para arriba en un ángulo de 45 grados. Después nos propusimos detectar quién había sido el que había disparado, sabiendo de dónde había salido el disparo por un humito que se veía en el video. Entonces buscamos otras imágenes, videos, fotos y ahí pudimos ver una imagen en la que se veía a la persona que disparó. Se sincronizan las fotografías, con los videos y el archivo de la imagen y de la metadata (que dice qué cámara lo sacó, en qué fecha y hora, y en qué lugar). En un video veíamos que quien había disparado tenía una ropa distinta a la del grupo. Obviamente buscamos cientos de imágenes de ese grupo del cual había salido el disparo. 

Con otras fotos detectamos quién era y en una de las fotos de alta resolución (nosotros trabajamos todo en alta) se veía la identificación. Hicimos zoom y ahí vimos el apellido y demás. Ese fue el segundo video que hicimos el fin de semana y lo publicamos el lunes.

¿Cómo participó la ciudadanía en esta reconstrucción?

Sobre todo, con el primer vídeo para mucha gente fue muy impactante y nosotros tratamos de transmitir que es un trabajo colectivo y ciudadano, que no era el trabajo de una persona o un grupo. Sino que era eso que nosotros llamamos inteligencia colectiva, comprometida, cooperando con muchos saberes, multidisciplinario. Eso para mí funcionó como una invitación. Incluso hubo gente que había estado ahí y se puso a hacer reconstrucciones ellos mismos y a buscar. 

Nosotros tenemos muchos insumos para hacer el trabajo. Unas son las fotos que sacan nuestros reporteros y reporteras que es importantísimo y es lo que nosotros más intentamos organizar porque ellos son los que están en primera línea. Ese es el insumo principal pero después es muy importante también las coberturas en vivo de los canales de televisión. El video que nos permitió ver quién era el gendarme que disparó a Pablo Grillo, era uno de un dron de Todo Noticias. Eso lo puede hacer cualquiera desde su casa agarrando las coberturas mirando y viendo en el momento y el lugar. Después están las imágenes que saca la gente con sus celulares y que mandan. Nosotros motivamos eso también. Hay toda una campaña pedagógica en el que cualquiera puede ser un productor de evidencia.  

Patricia Bullrich, después de la marcha del 12 de marzo, dijo que iba a prohibir el uso de drones. ¿Qué medidas tomaron a partir de esta declaración, desde el Mapa de la Policía para poder seguir registrando los episodios represivos? 

Para nosotros fue muy interesante porque te das cuenta en qué sentido estos contrapoderes desde abajo y de la sociedad ponen nerviosos a los poderes que intentan torpemente impedir nuestra construcción de verdad colectiva. Porque fue una clara reacción. Pero finalmente ellos no inhibieron los drones, no quiere decir que no lo vayan a hacer, pero en la marcha del 19 no lo hicieron, y nosotros sacamos una consigna que fue “Si no hay drones hay balcones”, y luego organizamos en diferentes balcones que dan a la plaza congreso para desde ahí filmar nosotros. Nos pusimos en distintos lugares y logramos cubrir incluso mejor que con los drones. La organización colectiva y sobre todo la capacidad de responder creativamente a las medidas represivas del poder, para mí es infinita. Creo que lo más importante de esto que hicimos fue crear esa capacidad colectiva y el desafío ahora es que sea irreversible. Nuestro desafío ahora es que cada hecho represivo nosotros lo vamos a reconstruir y lo vamos a denunciar y vamos a mostrar quién es y esto para mi va a impactar. De hecho, esta semana salió la indagatoria al policía que gaseó a la nena en una movilización de jubilados.

En este sentido ¿Qué resultados obtuvieron en la justicia con toda la información y evidencia que recabaron?

Este es el primer hecho que se indaga. Eso ya es interesante porque además es el agente que había sido ascendido por Patricia Bullrich. Entonces ahora la justicia lo va a indagar, es posible que lo impute y después habrá que ver. 

Eso es bien interesante porque hoy, más allá de que en la conducción de las fuerzas de seguridad haya básicamente personas que son neofascistas que van a estimular y a premiar la violencia estatal, la disputa es más a mediano plazo y a largo plazo y no solo a corto plazo. Creo que los efectivos y los agentes, ya no los mandos políticos, van a empezar a tener como cierto cálculo sobre el tema y de eso se trata en general para mí la lucha antirrepresiva. Se trata de demostrar que hay un poder social, que no permite cruzar ciertos umbrales de violencia estatal. 

Y concretamente la justicia, nosotros ahora a partir del 12 de marzo están habiendo más casos además del de Pablo Grillo como el de Jonathan, un pibe que le sacaron un ojo con una bala de goma. En cada uno de esos lugares, nosotros estamos aportando evidencias. Específicamente este trabajo de reconstrucción que nosotros pusimos AHORA y es el Archivo Histórico de la Represión Argentina, estamos reuniendo las imágenes y almacenándolas de una manera que sirva como evidencia para causas judiciales.

Y en líneas generales, ¿Cómo puede colaborar la ciudadanía al Mapa de la Policía? 

Hay muchas formas. Por un lado, el Mapa de la Policía tiene una parte fundamental que es la denuncia de casos de violencia policial. Es una página web que tiene un formulario de denuncia. El Mapa de la Policía promovió la figura del testigo o la testigo. Normalmente la violencia policial la denuncia la víctima, pero ese es un proceso complejo porque no es fácil que una víctima denuncie por todo lo que ya sabemos de la revictimización que implica la denuncia institucional. Entonces, cuando surgió el mapa y empezamos a decir que podés denunciarlo, mucha gente que por ahí pasaba y veía un caso de violencia policial, lo empezó a registrar y a ver que podía hacer algo. Cualquiera puede registrar con sus celulares lo que ve, ya sea un caso de violencia policial que nosotros le llamamos más de los habituales, de los que tienen que ver con la gente que ocupa la calle de una manera cotidiana, ya sea para trabajar, divertirse, para lo que sea y es reprimida. Vendedoras ambulantes, trabajadoras sexuales, migrantes, jóvenes. Cualquier caso de violencia policial que pasa en un barrio puede ser filmado y denunciado. Eso se visibiliza y ya visibilizarlo es una manera de denunciarlo.

El mapa es una red abierta ciudadana con lo cual es muy importante que participen. También hay muchas tareas para hacer, muchísimas. 

A su vez, esto nosotros lo estamos haciendo en Buenos Aires y nuestra idea es que se haga en todo el país. Ya hay un Mapa de la Policía en La Plata, está por salir el mapa de la policía en Córdoba y esto se tiene que hacer en todos lados. 

¿Crees que los mecanismo represivos de la policía están teniendo efecto sobre la población o se está perdiendo el miedo?

 Creo que estamos en un momento en el que hay tendencias contradictorias y que se está un poco definiendo qué va a pasar. Ha sido muy eficaz esta estrategia represiva para disciplinar a los de sectores más organizados. Por ejemplo, la CGT, los gremios en general, los estatales que salieron a defender a la gente que estaba despedida, los movimientos sociales que eran básicamente los organismos colectivos con más capacidad de movilización durante todo el siglo. Creo que a esos sujetos sí los han logrado, por ahora, disciplinar. En base al miedo y en base a que les han cortado la capacidad de movilización, porque son sujetos que históricamente estaban muy acostumbrados a movilizarse y lograr conquistas. Ahora no logran conquistas y además son reprimidos y no están acostumbradas a un nivel de violencia represiva como la que estamos viviendo. Durante todo este siglo no se había visto en Argentina. Sí en otros países de la región. Pero acá no. Entonces una, dos, tres marchas en donde van, nos reprimen salvajemente y encima no lográs cosas. Entonces la gente ya no moviliza, empieza el miedo. Creo que el año pasado hubo mucho eso. Pero este año es como si la gente aprendiera y empezara a haber formas de reacción frente a eso. Por ejemplo, la marcha LGBT Antifascista del primero de febrero que fue una reacción muy fuerte, eficaz, rápida y muy masiva, y que no hubo capacidad represiva. Hay algunos tipos de movilizaciones que descolocan a las fuerzas represivas, que las desbordan desde el inicio como la marcha universitaria.

Después el otro elemento clave fue el de los jubilados que no se atemorizan, que les dan y siguen, que tienen mucha valentía y que además es un ejemplo para los demás. La aparición de los hinchas ese 12 de marzo, fue también la aparición de un sujeto que no estaba en los planes y que tuvo mucha fuerza de resistencia y de capacidad de enfrentamiento. Te das cuenta que ahí hay capacidad de enfrentamiento, no tanto en las organizaciones. Es gente que se enfrenta a la policía en la cancha en los barrios que tienen una potencia mayor y se notó muchísimo. 

¿Es un quiebre en la democracia?

Sí, creo que hay un riesgo grande. Creo que ellos quisieran hacerlo, de hecho, están tratando de hacerlo con esto de la calle, es un ejemplo claro. 

Es posible que las elecciones de este año le vaya bien, pero cuando eso empieza a variar, no tengo dudas de que ellos pueden intentar una ruptura del orden constitucional como intentaron en Brasil la ultraderecha y no lograron. Pero yo creo que hay un elemento nuevo que es muy potente y es la aparición de un gobierno de ultraderecha también en Estados Unidos, el gobierno de Trump. Creo que eso puede ser un factor que anima tendencias autoritarias de parte de la ultraderecha. 

No creo que la ultraderecha tenga convicción democrática. Por lo tanto, sí pueden hacerlo lo van a hacer y esa es mi hipótesis.

Por supuesto que están los resortes democráticos de las sociedades, pero también hay factores como Estados Unidos que no es menor si está a favor o en contra de un golpe de Estado. En Bolivia sí lo apoyó cuando estaba Evo Morales. En Perú también lo apoyaron. En Brasil no. Hoy, yo creo que un golpe de estado en Argentina dado por Milei, Estados Unidos lo apoyaría muy probablemente. Entonces creo que es un aval también para ellos. Creo que tenemos que pensar en esa posibilidad y ante un desafío como este, que es lo que podríamos hacer y no reaccionar de manera, inmediata o escandalizados o sorprendidos.

¿Cómo viste las movilizaciones del 24 de marzo?

Hay dos cosas para destacar. Una es que, en muchos lugares, por ejemplo, Buenos Aires y Tucumán, se logró hacer una sola marcha que no me parece menor. Hacía 18-19 años que no se hacía y es un elemento de madurez en cierto modo. Lo otro que me pareció muy impactante fue la cantidad de gente que hubo. Más gente que el año pasado. Nosotros hicimos un cálculo y debe haber habido cerca de medio millón de personas acá en la Ciudad de Buenos Aires y en todo el país más de un millón de personas. 

Me parece que contribuye también a desarmar el miedo. Se puede salir y cuando somos muchos no hay represión. Yo diría, como déficit o espinita que me quedó clavada, es que eso fue un lunes y el miércoles 26 hubo una nueva marcha de jubilados que tuvo muy poca gente, después de lo que había pasado. Entonces creo que queda como desafío para esas grandes movilizaciones democráticas que tienen que ver con la memoria, cómo se ponen a disposición y pueden ser un insumo, una conciencia y una reserva democrática para los conflictos actuales. Eso me parece que es un gran desafío.

¿Cuáles son los desafíos que se vienen para la militancia?

A diferencia de otros momentos yo creo que hay una necesidad de recrear el pensamiento político emancipador y para eso una de las cosas fundamentales es romper con la idea de que la construcción de una estrategia política transformadora la tienen los partidos de vanguardia y los dirigentes. Eso para mí no va más. El poder y la estrategia tienen que estar en la gente, en la sociedad, en las organizaciones libres del pueblo, en los movimientos sociales. El motor es este. Tenemos que construir la capacidad social de crear comunidad, imaginación política múltiple en todo el país y en todos los ámbitos. Yo creo que, si hoy ganáramos el gobierno, no sabríamos qué hacer. Las formas fáciles como estatizar o el control obrero de la producción son todas consignas. Necesitamos un poder social, gente que conozca realmente cómo funciona, con imaginación, que genere ideas y fuerzas concretas.

También hay que reconstruir la capacidad utópica, el deseo de cambiar las cosas en serio. No podemos ser tan positivistas, tan conservadores. Lo que falta no es cambiar una coma o un cargo. No, lo que tiene que cambiar es enserio.

Yo creo que el desafío es ese: construir un sujeto colectivo popular, múltiple y fuerte, priorizando siempre lo estratégico y no lo táctico. A su vez, para mí hay que recuperar una radicalidad y una rebeldía mayor. 

Después el proceso va a ser muy interesante si lo logramos hacer, muy lindo y sino lo otro va a ser un garrón, seguir como estamos, defendiendo lo indefendible, teniendo los candidatos que tenemos. No solo es ineficaz, sino que es aburrido, triste.

“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

En un nuevo aniversario de la masacre del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen reclamando “una justicia verdadera, no a medias”. Los dueños del taller continúan impunes.

El 30 de marzo de 2006, en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269, del barrio porteño de Caballito, un incendio causó la muerte de seis personas: Juana Vilca (25, embarazada); Wilfredo Quispe (15); Elías Carbajal (10); Rodrigo Carbajal (4); Luis Quispe (4), y Harry Rodríguez (3). Todas ellas, reducidas a trabajo esclavo y servidumbre por sus empleadores, sobreexplotadas y en condiciones ambientales inhumanas

Hasta hoy, sus familiares y los sobrevivientes reclaman justicia por las víctimas, que trabajaban y malvivían allí. Eran 65 personas en total, en un espacio que no contaba con ninguna medida de seguridad ante posibles accidentes, tampoco ventilaciones adecuadas, ni mucho menos una adecuada infraestructura para albergarlos.

A 19 años del hecho, realizaron un homenaje y reafirmaron el pedido de justicia en las puertas del ex taller textil clandestino, cuyos propietarios eran Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, quienes por entonces contrataban mano de obra calificada, la mayoría de nacionalidad boliviana, principalmente de pueblos indígenas como quechuas y aimaras que casi no hablaban el español, y que aceptaban pensando que los esperaba un trabajo digno y que les daría un mejor bienestar.

“Los dueños daban las instrucciones de coordinación de su taller textil a sus dos capataces, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, y estos reclutaban a personas migrantes muy necesitadas haciéndolas trabajar jornadas laborales muy intensas, sin beneficios laborales y reducidas al trabajo esclavo, mientras los empresarios hacían la vista gorda de todo lo que sucedía en el taller”, recuerda Lourdes Hidalgo, trabajadora y sobreviviente de la tragedia, en diálogo con ANCCOM.

“Todos sabían lo que sucedía en el taller –prosigue–, tanto funcionarios del Gobierno de la Ciudad como policías. Unos y otros venían, se llevaban ropa en cantidad, los policías cargaban los patrulleros con prendas, nos pedían de sus talles, y ellos veían como trabajábamos, como el lugar no contaba con la debida seguridad”.

“Había muchos cables colgados, comíamos sobre nuestra máquina de coser y muchas veces nos dormíamos sentados porque trabajábamos entre 16 y 18 horitas diarias. No había habitaciones, sólo separaciones que hacíamos con plásticos y cartones. Casi no veíamos la luz del sol, vivíamos manchados de azul por el color de las prendas de jean, y lo peor que para bañarnos contábamos con un solo baño con una ducha muy precaria, que había que hacer una fila de dos horas por la madrugada. Estábamos en condiciones extremas de servidumbre por esos empresarios que se abusaban de nuestra necesidad, pagándonos cada tres meses, todos corruptos y sinvergüenzas. Por eso pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”, afirma Hidalgo.

En ese año, 2019, en una asamblea abierta familiares y sobrevivientes, se formó la Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale, para sostener el pedido de justicia y presentar un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad y al Congreso de la Nación para que el predio sea declarado un lugar de conmemoración a las víctimas, que no serían tales si las autoridades hubieran cumplido las tareas de inspección correspondientes. Hasta el momento no han tenido respuestas. Para completar el círculo de impunidad, en 2022 el poder judicial restituyó el edificio a sus dueños, quienes hoy lo tienen en venta.

Integrante de la Comisión y de la organización Simbiosis Cultural, de la colectividad boliviana, Juan Manuel Charcas reflexiona: “Lo que el incendio de Luis Viale y los talleres clandestinos tienen en común es que surgen a partir de la necesidad de prosperar. Muchos compatriotas bolivianos venían a la Argentina para lograr ‘el sueño boliviano de los 90’: casas, dos autos, la morenada –baile folclórico emblema de la pujante élite aimara–, porque si quieres bailar en la morenada tienes que tener platita, el anhelo de ser tu propio jefe o de alguien más”.

“Así –continúa–, aceptaban la explotación inicial, para luego terminar por explotar al mismo compatriota, o dejando que los exploten otros patrones del mismo rubro, pero ya siendo empleado y no teniendo la paga en tiempo y forma cambia tu manera de pensar y terminas siendo explotado, reducido sin querer al trabajo de servidumbre. La única forma de cambiar esto es verte desde afuera, sabiendo que estás adentro”.

Sobrevivientes, familiares y miembros de la Comisión exigen una justicia verdadera, no a medias, ya que consideran que los dueños también deberían ser condenados por su responsabilidad como empresarios y además propietarios del inmueble.

“Fuego y muertes alumbran el trabajo textil de Luis Viale –subraya Lourdes Hidalgo–. La sociedad tiene que conocer este hecho y tomar conciencia de cómo surge la ropa barata que llevan puestas, y que detrás de esa ropa están las tristezas, carencias, sueños frustrados y la explotación de muchos trabajadores textiles, inclusive niños, que son víctimas de la trata de personas y el trabajo esclavo. Queremos ver presos y no que anden sueltos por ahí los dueños del taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler. Ni olvido ni perdón”.