El espacio Luciano Arruga, en peligro

El espacio Luciano Arruga, en peligro

Cuando se cumplen 13 años de la desaparición de Luciano Arruga, siguen los reclamos de la familia para que la justicia investigue y condene a los responsables de su muerte. Pero ahora se suma el riesgo que la crisis económica también termine con el centro cultural que lo recuerda.

“La paciencia se acaba, conoce de límites. Después de tantos años es absurdo pedir justicia a quienes solo pretenden generar impunidad. Esta es la única violencia terrorista, la del Estado”, publicó en sus redes Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga, el lunes pasado, hace exactamente 13 años de la desaparición de su hermano, el 31 de enero de 2009. Esta vez, a las denuncias y reclamos judiciales, se sumó como consecuencia de la crisis económica. El espacio Luciano Arruga corre el serio riesgo de cerrar. No tienen para pagar la luz, el gas ni para terminar con obras que les permitirían continuar con los talleres que dan para el barrio.

El 31 de enero es una fecha emblemática en La Matanza, todos sabían que alguna actividad se iba a realizar. Este año que los preparativos no se hicieron con mucha anticipación, igualmente las calles, el domingo pasado, se llenaron de personas. Se hizo un señalamiento desde  General Paz y Mosconi hasta la plaza Luciano Arruga, un recorrido de 134 carteles, que recordaban a Luciano y a muchos otros desaparecidos y denunciaban a las fuerzas de seguridad. “Todos los años hacíamos un festival que iba desde las 3 de la tarde hasta la noche, pedíamos a organismos, sindicatos y el Estado que nos ayuden. En Lomas del Mirador esto quedó marcado. Para nosotros es como si fuera un 24 de Marzo”, cuenta Rosaura Barletta, integrante de Familiares y Amigos de Luciano Arruga. 

El espacio Luciano Arruga, está en una situación crítica producto de la actual crisis económica, por eso están pidiendo que todo el que pueda les haga una donación, ya que necesitan pagar los servicios y terminar los techos y el baño para poder continuar con los talleres y cursos destinados a los vecinos del barrio.  “El festival es el antecedente para otras familias de que se pueden pedir los recursos necesarios y que no hay que ir solo a marchar a Buenos Aires. Es cierto que tiene mayor alcance a nivel nacional, pero lo que hay que hacer es quedarse en el lugar en el que sucedieron los delitos y cambiar las cosas ahí”, dice Berletta, quien  luego de acampar casi dos meses logró junto a familiares y amigos de Luciano que la Municipalidad les entregue las llaves del destacamento donde montones de chicos fueron torturados para poder convertirlo en un Centro Cultural. 

Vanesa Orieta, hermana de Luciano Arruga.

Luciano vivía en el Barrio 12 de Octubre, en la localidad de Lomas del Mirador, ubicada en el partido de La Matanza. Había dejado el colegio, y juntaba cartones para llevar plata a su casa. Siempre que podía se sentaba a charlar en la vereda con sus amigos o iba hasta la plaza.  Un morocho con una sonrisa simpática, al que cuando alguien le decía que no tenía para comer, abría la heladera de su familia y le compartía lo que tenía.  

«Cuando bajó la ventanilla del patrullero y le ofreció ir a robar, él se animó a decirle que no».

Era un pibe muy seguro, y con los pies en la tierra, por eso cuando el patrullero bajó la ventanilla del auto y le ofreció ir a robar él se animó a decirle que no. “Yo no necesito plata. Si quiero zapatillas se las pido a mi hermana”, le dijo el adolescente. El policía insistió, lo cuestiono: “¿Te parece bien vivir de una mina?”. “Si, así nos pasa a los lindos”, contestó el menor, tal vez creyendo aliviado que se había terminado la discusión.   

Luciano, era un blanco fácil para la policía, sus derechos habían sido vulnerados desde el día en que nació, todo lo que le pasó después de esa tarde tanto a él como a su familia, era lo que le podía pasar a un chico pobre, marrón y estar invisibilizado por el Estado. 

Todos sabían que estaban buscando pibes para ir a robar en zonas liberadas, pasaba hacía tiempo. Se corría la bola en las villas cercanas que “la cana te pasaba a buscar”. Ofrecían, un auto, un arma y la seguridad de que no iba a ocurrir nada pero en el caso de que pasara les aseguraban “salís como entraste”.

Luciano dijo que no, y la policía que no sabe de límites lo persiguió, lo hostigó; fueron varias las detenciones. Se aguanto el tiempo que pudo, y un día le contó a su mamá y después a su hermana lo que pasaba. Ellas le pidieron un nombre. Él les dijo que no iba a decirles más para no ponerlas en peligro ni a sus hermanos más chicos. 

La denuncia no fue nunca una opción, el miedo de que alguien irrumpiera en su casa, les armen una causa e incluso los maten era más grande que la necesidad de terminar con la persecución.  Vanesa en ese entonces decidió ir a la oficina de Derechos Humanos de La Matanza donde le recomendaron no denunciar por no tener los medios económicos, ni la espalda para sostener una denuncia de esa magnitud. El miedo era real. 

El 22 de septiembre de 2008 lo detuvieron.  Su mamá lo fue a retirar al destacamiento de Lomas del Mirador junto con su hermana y escuchó  desde el hall de la entrada como le pegaban y lo amenzaban: “Negro de mierda la próxima te vamos a violar”.

Esa noche a Luciano lo torturaron tanto, que su hermana lo llevó con las costillas rotas al Poliquiniclico de San Justo, y pidió que alguien constatara las lesiones de Luciano, no para denunciar, sino para tener un antecedente de lo que había pasado. 

Años más tarde esa sería la prueba para meter preso al único detenido que hay hasta el día de hoy: Julio Diego Torales, a quien Luciano señaló como uno de los hombres que lo había secuestrado y torturado, cumple una condena de diez años desde 2014 por torturas físicas y psicológicas. 

Un día volvió a salir. Se animó. Fue a la plaza con amigos y luego de las 12 de la noche “nadie” más lo vio.  Su hermana mayor empezó una búsqueda que llevo años, iba a las comisarías y pedía información, dejaba en actas que había estado ahí “me tienen que dar información”. La pregunta que ella hacía se replicó en cada rincón de la provincia de Buenos Aires, colectivos, postes, puertas de colegio, las estaciones de tren y las paradas de colectivo: ¿Dónde está Luciano Arruga?

“La primera que dejó de esperarlo con vida fue Vanesa y al poco tiempo todos dejamos incluso de esperar que pudiéramos encontrar el cuerpo. La mamá de Luciano estaba tan angustiada que no podía poner en palabras lo que le pasaba”, recuerda Barletta y cuenta: “El hecho de que se lo llevaran las hizo perder el miedo. El único temor era la integridad de Luciano”. Y agrega:  “Pensaron que no tenían mucho más que perder y sí había, pero nada tan grave como lo que perdieron primero.” 

Las fiscales Celia Cejas, y Roxana Castelli y el Juez  Gustavo Banco fueron los primeros que intervinieron en la causa. “Citaban testigos, que habían sido detenidos al igual que Luciano, y les paraban en las espaldas a los policías que los habían torturado. Cuando los pibes iban al baño, la cana se les aparecía y los apretaba. Hicieron escuchas a la familia, entregaron la investigación a la policía. Tardaron 40 días en rastrillar cuando Luciano estaba desaparecido. Sabemos que fueron funcionales a las fuerzas de seguridad”, dice Berletta. Hoy junto a la familia llevan a cabo un jury acusándolos a los tres de incumplir con su trabajo como funcionarios públicos. 

El mismo día que Santiago Maldonado pero 3 años antes, un 17 de octubre de 2014, apareció el cuerpo de Arruga, a partir de un habeas corpus, que presentó la familia. Estaba enterrado como NN en el Cementerio de la Chacarita, había muerto atropellado. Su familia no creyó esa versión y salió a contradecirla: “Fue la policía, y todo desaparecido es responsabilidad del Estado”. 

“La declaración de la persona que lo atropelló fue clave. El pibe no sabía quién era Luciano, ni que estaba pasando en ese momento con la causa, pero igualmente dijo que antes de atropellarlo lo vio correr desesperado. También declaró un motociclista que se detuvo para hacer luces y dijo que le hizo señas a un patrullero de la bonaerense  que estaba parado en la Colectora para que se acercara y éste se fue con las luces bajas”, asegura Berletta. 

En las fotos tomadas por las cámaras de la autopista se veía que Luciano estaba con ropa que no era de él, vestido de mujer, y con los pantalones bajos y sin zapatillas. Berletta dice, invadida por la bronca: “Murio en el contexto de una tortura, en ese momento lo estaban torturando. Esto tiene que ver con los antecedentes que había. Ellos cumplieron con todas las amenazas que le habían hecho de sometimiento sexual”. 

La causa por el asesinato de Luciano esta en etapa de instrucción caratulado como “Desaparicion forzada” lo que significa que el Estado estuvo involucrado, pero no hay imputados ni procesados. “Nosotros tenemos señaladas a las personas que estaban de turno en el destacamento la noche que Luciano fue visto por última vez. Esos uniformados solamente fueron desafectados de sus cargos, pero hoy probablemente sigan en funciones y nosotros no lo sabemos, porque hay mucha información a la que no accedemos”, explica la mujer y añade: “Intervino una morgue de Buenos Aires, también la Policía Federal. Esas ocho personas quedan muy cortas. Hay otros funcionarios del Estado, que a partir de saber todo el recorrido que pasó el cuerpo de Luciano, tendrían que por lo menos ser citados a dar declaración.”

Hay una decisión política de que la familia de Luciano no tenga seguridad, porque hasta hace muy poco le prendieron fuego el auto a Vanesa, su hermana. “No estamos tranquilos con la denuncia que hacemos: el hecho de que hay una decisión del Estado de reprimir, y fusilar pibes por la espalda. Pibes que pertenecen a una población determinada, y no solo son de recursos bajos, si no chicos que tienen sus derechos vulnerados desde que nacen. Por eso las cosas no van a cambiar hasta que no haya una mirada integral de la problemática”, concluye Barletta. 

Luciano es un grito de lucha, es la insistencia a lo largo de los años, es una bandera de que “no se olvida” pero también es el presente: es la justicia que no funciona, la política impune y la relación de la policía con las redes de delincuencia. Hace 3 meses, la mamá de Lucas Gonzales se subía a un escenario con los botines de su hijo en las manos para pedir justicia y en su discurso le gritó a la mamá de Luciano que la entendía. Cuando desapareció Santiago Maldonado, Vanesa como cada vez que la policía muestra su lado más oscuro, salió a pelear. Es una lucha que se encuentra en el colectivo, porque no es un caso aislado. Los familiares y amigos de los muertos en manos de las fuerzas de seguridad y del Estado represivo dicen que no es un policía, es toda la institución.

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

A 20 años del 2001, la represión institucional sigue en pie

La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual de casos de violencia estatal. Este año hubo 581 asesinatos perpetrados por el Estado, más de uno por día.

A fines de agosto Yair Ayala había ganado un campeonato de fútbol con su equipo y se juntó a celebrar con algunos compañeros en la localidad de Esteban Echeverría. En un momento, un desconocido para el joven de 21 años, comenzó a orinar en la habitación del dueño de casa, en claro estado de ebriedad. Le dijeron que se fuera, cosa que hizo, pero cuando volvió llegó con otra persona y empezaron a disparar. Una de esas balas fue a parar en el cuerpo de Yair, que poco tiempo después murió. 

El asesino resultó ser un miembro de la Policía de la Ciudad, que a pesar de no estar en horas de servicio fue a buscar el arma reglamentaria a su domicilio. “¿Sabés lo que hicieron mal? Le dieron autoridad a gente que no está capacitada. La mayoría son chicos que salen de la secundaria, en menos de 6 meses ya son policías y tienen un arma -comenta Víctor Gómez-. Yair era mi mejor amigo, mi compañero de trabajo. Su muerte nos dejó quebrados”.

Este es solo uno de los 585 casos de asesinatos perpetrados por el Estado durante el 2021. Así lo señala el informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó durante la tarde del viernes en Plaza de Mayo, junto a familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, a 30 años de su creación y 20 de las jornadas de diciembre de 2001, que finalizaron con 39 muertes causadas por las fuerzas estatales. “Los resultados demuestran que la democracia, en la calidad que hoy tiene, no es un freno contra la represión”, señala Rodrigo Iglesias, miembro de CORREPI. Es que desde 1983 hasta la actualización de este año los casos acumulados de víctimas a manos del aparato represivo del Estado dan la suma de 8.172. 

A pesar de que la serie toma los datos de los ya casi cuarenta años de democracia, la evolución de los números no se dio de manera idéntica en todos los gobiernos. Para María del Carmen Verdú, la principal referente de la organización, un quiebre reciente se dio durante el gobierno de Mauricio Macri: “Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde la última dictadura”. Las decisiones políticas y las expresiones públicas, principalmente de Patricia Bullrich, quien por ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, generaron un aumento abrupto en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.

“En el tiempo de Macri comenzó todo esto, desde que les dieron vía libre a la policía y a los gendarmes para disparar cuando quisieran”, comenta Mariana Montecinos, madre de Cristian Montecinos Vergara, asesinado junto a David Florentín por un miembro de Gendarmería Nacional el 25 de marzo del 2019 en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. “Supuestamente fue un intento de robo, pero según los vecinos eso no sucedió y hay imágenes de más de veinte cámaras que no muestran nada de eso -indica Mariana-. Pero en caso de que haya sido cierto, yo preferiría ir a ver a mi hijo a la cárcel antes que a un cementerio”. 

Solamente un par de días antes, en la mañana del 23 de marzo de 2019, Federico Barrios era asesinado por una policía mientras iba a la casa de su hermano en bicicleta en Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Se dio cuenta que un patrullero lo seguía y empezaron a dispararle. Mi hijo intentó escapar, pero la oficial cruzó su paso, le pegó cinco tiros, le pateó la cabeza y se fue”, relata Mirta Fontein. “Algunas veces hay casos puntuales que son tomados por la sociedad, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, sobre todo porque son pibes pobres”, señala Juan Fortunato, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación que lleva el nombre de una joven asesinada a manos de la policía de la provincia de Neuquén en 1997. La falta de recursos dificulta las presentaciones de denuncias de este tipo de casos: “A mi hijo lo mataron y entré en un estado de depresión por dos meses, tenía miedo. En la comisaría no me dieron respuestas y no tenía para pagarme un abogado, la ausencia del Estado era total -recuerda Mariana-. Pero, gracias a las compañeras de CORREPI, pude conseguir uno y de a poco me ayudaron para salir del encierro en el que estaba”. 

“Cuando comenzó la pandemia hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”

Con el cambio de gobierno, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019, se esperaba que hubiera un giro rotundo en las políticas de seguridad, algo que en los primeros momentos de la nueva gestión se cumplió: “El comienzo fue auspicioso, se derogaron los protocolos de Bullrich que favorecían el gatillo fácil, se prohibió a policías de seguridad aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera de servicio y se derogó el protocolo de detención de personas del colectivo LGTBIQ+, que eran parte de la agenda que habíamos presentado para el 2020 -indica Verdú-. Pero todo eso se interrumpió con la pandemia”. Fortunato señala: “Cuando comenzó hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”. Para Rodrigo Iglesias esto apareció en la provincia de San Luis, de donde es originario: “Algo que antes era extraño y casi no pasaba aumentó exponencialmente”. Los casos de Chubut y Jujuy durante este año sirven también como ejemplos. “Una de las primeras señales de que no todo lo que iba a venir eran pétalos de rosa fue la designación de Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, señala Verdú.

En los últimos dos años, 981 personas murieron como consecuencia del funcionamiento del aparato represivo estatal, es decir, más de una por día. Una particularidad es que la mayoría de los casos se dio bajo custodia, con el porcentaje del total llegando casi al 70%: “Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que se viven en los lugares de detención, ha habido muchas muertes por enfermedad sin atención médica -precisa Verdú- sumadas a las que se producen por detenciones arbitrarias seguidas de tortura”. A pesar de esto, para Verdú todavía es posible tomar medidas que disminuyan el ejercicio de este tipo de violencia: “Solamente con quitarle el arma reglamentaria al personal que no está en horas de servicio bajarían a la mitad las muertes por gatillo fácil”.

Los asesinatos de Luciano Oliveira en Miramar y de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, dejaron entrever que el accionar criminal por parte de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad exclusiva del signo político que un gobierno tenga, sino que más bien se trata de un problema transversal que se agudizó en los últimos años, con el gobierno de Macri y que encontró continuidad, voluntariamente o no, durante el gobierno de Alberto Fernández con la aparición de la pandemia. Para Iglesias esto es claro: “Si la represión ha continuado en todo este período es porque ha sido una política de Estado, por más que no sea reconocida como tal”.  

Una nueva pericia dice que Magalí Morales no se suicidó

Una nueva pericia dice que Magalí Morales no se suicidó

Los estudios realizados sobre el cuerpo sin vida de la joven detenida por violar la ASPO no condicen con la versión policial. La perita Mónica Checchi explicá por qué.

Florencia Magalí Morales tenía 39 años y vivía en San Luis con sus dos hijos menores y una nieta. La mañana del 5 de abril de 2020, quiso ir al supermercado pero la detuvieron por violar el ASPO y, horas después, perdió la vida en la comisaría. En agosto pasado, se realizó una nueva pericia como parte de la investigación que investiga la muerte de la joven mendocina.

«Realicé la reconstrucción fáctica de las últimas horas de Morales. Asimismo, analicé las distintas hipótesis de su muerte y las contrasté con las pruebas que constan en el expediente», comenta Mónica Checchi, criminalista con más de 30 años de experiencia, participante de la pesquisa.

Últimas horas de vida

La mañana del 5 de abril de 2020, Magalí Morales salió de su domicilio para comprar alimentos. Antes, decidió pasar por la Comisaría 25 de Santa Rosa del Conlara para pedirle la tarjeta de débito a Javier Sosa, un amigo que trabajaba allí. «A las 9, la cámara del banco Supervielle la captó a bordo de una bicicleta. Luego, dejó el vehículo en el pavimento y entró a la seccional. Con esta prueba, se desestimó la versión policial que afirmaba que la habían detenido en la calle», relata la perita.

Morales accedió a la dependencia por la entrada principal, habló con Marcos Ontiveros y pidió ver a Sosa. La cámara registró al entonces comisario, Heraldo Clavero, caminar hacia la sede policial «con la cabeza gacha y el paso rápido», afirma la criminalista y agrega: «En ese momento, ingresó Clavero y ordenó demorarla por circular en contramano y hacer caso omiso a la llamada de atención que le había efectuado, previamente, en la vía pública. Y por transitar, durante el ASPO, un día que no le correspondía según su DNI».

Para proceder con la detención, se convocó a la efectivo Johana Torres, quien arribó a la seccional a las 9:15. El comisario mandó a esposar a Morales para llevarla al Hospital Santa Rosa, pero ella se resistió. Expresa Checchi: «En el forcejeo intervinieron Clavero, Torres, Ontiveros y Mansilla. Una vez reducida, la trasladaron al hospital para la revisión. La doctora que la examinó, Daniela Fogel, constató que no presentaba ningún tipo de lesión en su cuerpo y que podía mantener un diálogo normalmente».

Al regresar a la dependencia, Torres le ofreció una silla a Morales y se quedó con ella hasta la llegada de la oficial María Eugenia Argüello. Las agentes le incautaron sus pertenencias y, luego, la escoltaron hasta la celda. «Cuando Argüello entró a la comisaría, Clavero le ordenó requisar a la detenida y llevarla a un calabozo. Le extrajeron las llaves y los cordones de las zapatillas y, en el trayecto, tomaron dos fotografías del estado y vestimenta de la joven», sostiene la experta.

Gritos desesperados

Morales permaneció encerrada, totalmente incomunicada, en una celda sucia, oscura y húmeda. «Las condiciones del recinto eran deplorables, además, el tipo de puerta imposibilitaba la visión inmediata de la detenida», dice Checchi y añade: «Otro demorado fue obligado a orinar en el calabozo donde, seguidamente, iba a ingresar ella. Tampoco le permitieron llamar a sus familiares. Sólo una amiga logró hacerle llegar alimentos y una mochila con ropa. Esos elementos y la tarjeta de débito, jamás aparecieron».

Otros aprehendidos escucharon los reiterados gritos de Morales para ser liberada, pues sus hijos de 8 y 11 años y su nieta de 3 estaban solos en su casa esperando que ella volviera del supermercado. «Pidió y rogó, durante al menos ocho horas, que la dejaran retornar a su domicilio. También, solicitó la asistencia de Argüello por manifestación de sangrado menstrual y dolores lumbares. A las 18, trasladaron a los demás detenidos y, a partir de ese momento, ella quedó sola en ese sector de la comisaría», cuenta la perita. 

Argüello declaró que al acercarse al recinto de enclaustramiento, alrededor de las 19, encontró a Morales sin vida e inmediatamente fue a dar aviso al comisario. En palabras de la especialista: «La oficial dijo que la joven se encontraba sentada o en cuclillas, colgada de un cordón negro, sujetado desde el herraje de la bisagra superior de la parte interna de la puerta. Clavero llegó y dispuso el cuerpo en el piso. Posteriormente, Ontiveros le practicó maniobras de Reanimación Cardiopulmonar (RCP)».

Los efectivos alteraron el lugar del hecho, al menos, en cuatro ocasiones.

Los efectivos alteraron el lugar del hecho, al menos, en cuatro ocasiones. «Movilizaron el cuerpo, a pesar de conocer la importancia de preservar la escena del crimen», asevera Checchi y sigue: «En primer lugar, Argüello, al empujar la puerta para entrar a la celda. Luego, Clavero, al extenderlo en el suelo. Después, Ontiveros, al aplicar RCP. Además, modificaron la disposición de la campera, los alimentos y la mano izquierda de la víctima».

Los traslados esparcieron los fluidos a otras zonas respecto de las originales. Las manchas de orina encontradas en el cuerpo, las prendas de vestir y el piso del calabozo, no resultan compatibles con la posición que debería haber tenido Morales al momento del presunto suicidio. «Los detalles de la impregnación no aseveran la postura en cuclillas o sentada, con su rostro y su costado izquierdo hacia la puerta, como declararon los agentes. En realidad, ella se hallaba erguida, hacia la derecha, de espaldas a la puerta», declara.

Asimismo, hubo discordancias acerca de las características del cordón negro incautado. Tal como afirma la experta: «El nudo es imprescindible para poder sostener a una persona y, en este caso, hubo ausencia del mismo, tanto desde el herraje de la puerta como alrededor del cuello. Sobre la ubicación del cordón en la bisagra, en las imágenes de la Instrucción Policial figura por debajo del herraje y en las de la Policía Científica, por encima. Este elemento, además, no pertenece a las prendas o el calzado de la damnificada».

Si bien las lesiones del cuello son compatibles con asfixia mecánica producida por el cordón, «el daño al nivel del cartílago cricoides y la oblicuidad del trazo no son signos exclusivos de ahorcamiento suicida. Se observó la existencia de dos surcos, uno corto y otro más extenso. Éste último tenía un espacio con doble marca a la altura de la tráquea, indicando el intento de la víctima para retirar el elemento constrictor y abonando, aún más, la posibilidad de estrangulamiento», revela.

«El deceso de Magalí Morales, por tratarse de una muerte en custodia, debió ser investigada en primera instancia como homicidio y no a la inversa», asegura la entrevistada y finaliza: «Mi informe concluye que todos los signos analizados, a la luz del conjunto indiciario colectado, evidencian la inviabilidad de la hipótesis suicida y conducen a la hipótesis homicida, en el mejor de los casos, apoyada por la desidia estatal».

El informe de Mónica Checchi coincide con la segunda autopsia realizada por la médica forense Vanina Elizondo, en noviembre de 2020, la cual constató la violencia física que padeció Morales durante la detención y, a su vez, descartó la posibilidad de suicidio por ahorcamiento, debido a la ausencia de fractura del hueso hioides.

«Esta nueva pericia ha sido contundente y, por ello, hemos solicitado al juez Jorge Pinto la ampliación de la indagatoria y el procesamiento por el delito de “homicidio agravado”. Hasta el momento, hay cuatro policías imputados por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, es decir, por delitos menores», cierra Santiago Calderón Salomón, uno de los abogados de la familia Morales.

Un secuestro en pleno vuelo

Un secuestro en pleno vuelo

En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad en el Pozo Banfield, el Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús, los hijos de Susana Sosa de Forti rememoraron el secuestro junto a su madre, el cautiverio y búsqueda infructuosa.

En una nueva jornada, esta vez la N° 51, que investiga los juicios cometidos en el Pozo de Quilmes, el Pozo de Banfield y la Brigada de Lanús declaró la familia Sosa-Forti: Alfredo, Guillermo y Renato, tres de los cinco hijos de Alfredo Forti y Nélida Susana Sosa, quienes fueron secuestrados en un vuelo de Aerolíneas Argentinas junto a su mamá, el 18 de febrero de 1977.

Con unas notas ayuda memoria que apuntalaban el paso de los años y el dolor de no olvidar ningún detalle de aquel trágico día -y a pesar de que la defensa del represor Samuel Eduardo De Lío, exjefe del Regimiento de Viejo Bueno, se opuso- Alfredo Forti comenzó su testimonio. “Mis padres eran parte de una generación de alta sensibilidad hacia el otro, que los llevó a tener una participación y una actitud militante y proactiva en favor de los sectores desposeídos de nuestra sociedad y en busca de resolver los problemas de inequidad e injusticia», explicó Alfredo, quien recordó que ambos crearon una escuela de técnicas de enfermería en un pequeño pueblo de Santiago del Estero y realizaban campañas de alfabetización.

Su padre, de quien lleva el nombre, era cirujano y lo habían contratado en Venezuela, por eso la familia se había trasladado a Buenos Aires para tramitar los pasaportes y viajar hacia su encuentro, pero no los dejaron. Ya embarcados y en pleno avión, les avisaron por alto parlante que solicitaban la presencia de su padre en la cabina y que debían bajar por aparentes problemas de documentación. Ante la negativa y reiterados pedidos de explicaciones de su madre, civiles armados actuaron por la fuerza. “Salimos del aeropuerto y nos subieron a un Peugeot y a un Falcon. Nos sacan de la zona hasta un camino de tierra secundario donde todos fuimos vendados y atados, incluidos mis hermanos pequeños”. Mario, de 13 años; Néstor de 10; Renato de 11 y Guillermo de 8. Alfredo era el mayor y por entonces tenía 16. Todos fueron trasladados a un garage de manera momentánea y luego los llevaron a un calabozo por seis días, lugar que años después pudo reconocer como el Pozo de Quilmes. “En ningún momento se nos informaron las razones por las cuales habíamos sido detenidos, ni tampoco pudimos comunicarnos con nuestros familiares, no se nos explicó nada sobre por qué estábamos ahí, en esas circunstancias”.

Los calabozos daban a un patio interno que se comunicaba con otras celdas en la parte superior, allí Alfredo y sus hermanos pudieron ver a estudiantes que dijeron que eran de La Plata: “Había una de ellas que estaba embarazada de seis meses. Los nombres que nos dieron, sobre todo a mis hermanos que, para tranquilizarlos, les cantaban canciones, eran Alicia y Violeta”, recordó.

“El coronel le informó a mi madre que estábamos detenidos y que teníamos que ser trasladados a Tucumán, el lugar donde estábamos viviendo, que no sabía la razón y que no se preocupara, que eran seis días nada más”. El sexto día de cautiverio, el 23 de febrero de 1977, les anunciaron que los trasladaban y los hicieron bajar. Los sentaron en la vereda y los taparon con una sábana. “Estamos llevando a tu madre a Tucumán, en seis días la tenés de vuelta”, le dijo el coronel a Alfredo, a quien, junto a sus hermanos, lo dejaron tirado, con muy poca ropa, casi nada de los que llevaban en su equipaje y sin la documentación completa.

Allí sólo se iniciaba el infierno para los Forti. Fue el comienzo de un arduo proceso de contacto con su padre y el intento de ubicar y recuperar a su madre, sin contar que ellos tenían planeado un viaje internacional y sin pasaportes no podían hacerlo, ya que en cautiverio les habían robado todo. “En ese momento recibimos negativas totales por parte de Aerolíneas Argentinas, presidida por el Brigadier San Juan. Se complicó todo”, recuerda.

“Nosotros solo podíamos viajar si acusábamos a mi madre de que nos había abandonado y si la culpábamos de que se había robado nuestros pasaportes.”

Si bien por un momento los menores quedaron a la suerte de la autorización de una jueza para poder viajar -ya que su padre se encontraba en Venezuela y su madre desaparecida– finalmente pudieron hacerlo, incluso a pesar de que la jueza los incitó a declarar en contra de Susana Sosa de Forti, su propia madre. “Nosotros solo podíamos viajar si acusábamos a mi madre de que nos había abandonado y si la culpábamos de que se había robado nuestros pasaportes”. Ante la indignación y el dolor de escuchar esas palabras, los niños se negaron. Gracias a las gestiones de su padre desde la distancia y la ayuda del religioso Alfonso Naldi que los contactó con la Policía Federal, lograron la devolución de sus pasajes y pasaportes.

“Hasta el último segundo de vida que tengan estos señores -dice Alfredo, refiriéndose a los genocidas- tienen momento de redimirse de alguna manera y eso es hablando y dando a conocer la información que tienen, las responsabilidades que existen y los destinos finales de nuestros seres queridos”, cerró Alfredo Forti.

Luego de un cuarto intermedio, prosiguió el testimonio de Renato Forti quien, ante las preguntas de la Fiscalía, comenzó su relato y afirmó lo dicho por su hermano mayor, Alfredo, sobre cómo sucedieron los hechos. A diferencia de Alfredo, Renato lució un acento venezolano, aquel que sus años de exilio le hicieron adoptar. Además de contar lo sucedido arriba del avión antes de despegar, también afirmó el proceso de búsqueda que llevaron a cabo Alfredo y su padre cuando finalmente pudieron concretar su viaje hacia Venezuela: “Inmediatamente se pusieron en contacto con organismos internacionales denunciando todos los hechos, mi padre y mi hermano mayor se dedicaron a la búsqueda de mi madre. Mi hermano mayor se entregó a la búsqueda de mi madre, pero nunca salió un resultado que dijera dónde estaba. No teníamos noticias de nada”, lamentó.

“Al principio fue muy fuerte separarse de mi madre, nos costaba aceptar lo que sucedió. Fue muy impactante. Llegué a sentirme aislado y retraído por todo ese trauma que pasamos. Quisiera que se haga justicia porque mi madre era extraordinaria, muy buena, ella no se merecía que pasara esto”, declaró Renato.

El tercer y último testimonio fue el de Guillermo Forti, el más pequeño de la familia al momento de la detención, quien expresó que cuando su madre le dijo que tenían que bajar se sorprendió mucho y se sintió asustado: “Recuerdo cuando sacaban nuestras valijas del avión y posteriormente nos llevaron y subieron a dos vehículos, un Peugeot y un Falcon. Mario, Renato, Néstor y yo en un vehículo y Alfredo y mi mamá en otro”, contó. Además, comentó que recuerda muy bien los modelos de los autos porque jugaban a un juego con sus hermanos y pudo reconocer bien que se trataba de un Peugeot 504 y un Ford Falcon. Guillermo expresó que entró en un estado de llanto y angustia porque él siempre estaba con su mamá, por eso también lo bajaron y lo pasaron al auto en el que iba su madre. 

Al final de su testimonio, Guillermo recordó su pesar sobre la pérdida: «Mi madre era una madre muy cariñosa, tierna, amiga. Durante mucho tiempo tenía la esperanza de verla llegar a en las fiestas. Yo he llegado a no asistir a esas fiestas típicas de las madres con sus hijos, por la ausencia de mi madre», expresó.

Historia de un rugbier desaparecido

Historia de un rugbier desaparecido

En una nueva audiencia del juicio por los crímenes cometidos en el Pozo de  Banfield, Pozo de Quilmes y la Brigada de Lanús, declararon los familiares del militante desaparecido Juan Carlos Abachian.

La audiencia N° 50 del juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en los pozos de Quilmes, Banfield y Lanús comenzó casi puntual, con solo cinco minutos de retraso. En esta ocasión, declararon Mercedes Loyarte, Rosario Abachian y Marta Susana Abachian, todas familiares de Juan Carlos Abachian, un joven rugbier y militante de la juventud peronista y Montoneros secuestrado el 27 de diciembre de 1976.

“Corré que te matan”, le gritó Juan Carlos Abachin a su compañera Mercedes Loyarte el día que lo detuvieron en la puerta de su departamento de La Plata. Mercedes, luego de ver por la ventana a personas uniformadas, atinó a escapar gracias al alerta del padre de su hija. Trepó las paredes de las casas linderas y desde ese momento nunca más volvió a verlo. Ambos habían militado en la juventud universitaria peronista, en la Universidad Católica de Mar del Plata hasta 1975, pero cuando mataron a unos compañeros de la Carrera de Derecho, decidieron mudarse a Buenos Aires junto a su bebé recién nacida, Rosario.

Con mucho pesar y dolor, Mercedes Loyarte relata la odisea que los padres de Juan Carlos tuvieron que hacer para saber dónde estaba su hijo y qué habían hecho con él. Además, contó cómo ella, con 22 años, tuvo que esconderse junto con su hermana, su hija y la odisea para conseguir asilo: viajar hasta Montevideo, Brasil y finalmente España, el país que las recibió en el exilio, durante los ocho años de Dictadura argentina y donde vive hasta hoy junto a su hija. “El exilio es un desarraigo enorme. Es volver a empezar en todos los sentidos – expresa Loyarte con angustia y emoción y continúa-:Seguíamos con miedo y era muy difícil relacionarse en España. No te salvaba estar tan lejos. Mi familia fue particularmente seguida, mis padres soportaron once allanamientos donde nos buscaban a mi hermana y a mí. Incluso se presentó un capitán negociando para que nos entregaran”.

A través de la lectura de una carta emotiva, Loyarte expresa su agradecimiento de poder declarar y reivindicó el pedido de justicia en nombre de las y los desaparecidos: “Espero que este proceso judicial sirva como reparación a todos nuestros compañeros, sus familias, amigos y a todos que junto con ellos les desaparecieron su futuro”.

“Yo nací el abril del 76, unos días después del Golpe y en diciembre secuestraron a mi viejo. Yo tenía ocho meses y mi padre 26 años”, dijo Rosario, hija de Mercedes y Juan Abachian, con un marcado acento español Rosario. Todo lo que sabe Rosario de su padre, fue a través de los relatos de su mamá y los distintos testimonios en los juicios por lesa humanidad. Es a partir de ellos que reconstruyó quién era su papá, cómo y dónde fue secuestrado, las torturas que sufrió e incluso las anécdotas que tuvo durante el cautiverio. En el momento que se lo llevaron, Rosario se encontraba junto a sus abuelos en Mar del Plata: “Por suerte, no estaba con ellos, sino mi madre no se hubiera podido escapar y hubiera sido una nieta más robada”, contó. 

Cuando la querella de ¡Justicia Ya! preguntó por cómo impactó en su vida y la de su mamá el exilio y vivir con la desaparición de su padre hasta hoy, Rosario, sin vacilar, expresó: “Fue una ausencia muy grande con la que hemos tenido que vivir todos y todas. Los duelos son distintos de las personas que lo conocieron y de las personas que casi no tuvimos relación con ellos. Es una ausencia y un dolor que forma parte desde siempre, que no se va y es permanente”. Rosario añadió que creció alejada de su familia de origen, ya que recién pudo conocerlos con la vuelta de la democracia a los nueve años. No tuvo la oportunidad de conocer a su padre, ni mucho menos recordarlo, pero pudo saber que fue una persona muy generosa, que soñaba con una sociedad más justa. “Me hubiera gustado conocerle y me siento heredera de ese compromiso que tenía mi padre, mi madre y sus compañeros», expresó al finalizar su testimonio.

La casa de la familia Abachian  sigue mostrando las huellas de los  disparos  hasta hoy.

La tercera y última testigo fue Marta Abachian, hermana de Juan Carlos, quien recordó que luego de un partido de rugby de su hermano, en septiembre de 1976, encontraron oficiales en la puerta de su casa. Allí empezaría “la pesadilla”, expresó. Ese día reventaron la puerta de su casa y ellos comenzaron a ir de casa en casa para que no los encontraran. Trece años tenía Marta cuando vivió aquello y cuando el suegro de su hermano les contó en diciembre que Juan Carlos había sido secuestrado. A través de declaraciones de testigos, ella y su padres supieron que su hermano estuvo en La Cacha y en el Pozo de Banfield, entre otros lugares. La búsqueda fue inalcanzable, tanto que viajaron hasta Uruguay detrás de datos que resultan falsos. “La dictadura no solo se llevó a mi hermano Juan Carlos sino a Miguel Ángel que murió de cáncer y reitero que fue por todo eso”, expresó quebrada en llanto. La casa de la familia de Marta sigue mostrando las huellas de los disparos hasta hoy. Los oficiales fueron hasta octubre de 1977 yendo a buscar a su hermano. “Mis padres desde el primer momento fueron a investigar qué había pasado pidiendo habeas corpus”, mencionó.

Marta exige la respuesta que nunca encontró: “No sabemos lo que pasó con mi hermano. Mi mamá es muy fuerte, tiene 90 años y piensa que por ahí Juan Carlos está en la selva en su imaginario, pero en el fondo sabe que no está”.

Muchos son los casos que reúne este juicio, pero el de Abachian es especial ya que permitió que declarase hoy su compañera de vida que pudo salvarse, su hija que por aquel entonces tenía tan solo ocho meses cuando su padre fue secuestrado, y su hermana que hasta hoy cuida a su madre y desde el primer día se abocó junto a su familia a la búsqueda de justicia. Todas reunidas con profundo dolor recordaron al “armenio” como solían llamarle sus compañeros en un acto de memoria, verdad, pero también de amor, valentía y justicia.

Otro caso de violencia institucional sobre culturas originarias

Otro caso de violencia institucional sobre culturas originarias

Esta semana se presentará en Ushuaia una querella por la detención arbitraria de una familia Quechua Aymara en el marco de una celebración ansestral.

 

Esta semana se presentará una querella impulsada por la abogada Solange Verón, representante de Mariana Quisver, quien fue agraviada -ella y su familia- luego de la celebración del Ayamarkayquilla o Día de los Difuntos, a principios de noviembre, a la salida del cementerio Parque del Mar en Ushuaia.

El pasado 2 de noviembre una familia Quechua Aymara -Mariana, su hermano Edgardo Martín y su padre Edgardo Quisver- fueron detenidos a la salida del cementerio con el argumento de su estado de ebriedad.

La familia se encontraba en su auto apagado y estacionado cuando llegó la policía y los instó a bajar. Mientras tanto, una vecina del lugar, observando la situación, disparaba insultos contra la familia. “La vecina nos puteaba, super racista. Se quejaba de que la policía se mete con la gente de ‘acá’, pero a ‘estos’ los dejan hacer lo que quieren”, recordó Mariana Quisver en diálogo con ANCCOM.

Luego de un test de alcoholemia que le realizaron a Edgardo Martín, la policía decidió llevárselo junto a su padre a la comisaría. “Le expliqué que salíamos de una celebración ancestral, que todos habíamos bebido y que no había razones para detenerlos si nunca habían arrancado el auto. Se ve que no le gustó lo que le dije. Me empujó y ahí empezó todo”, relató la mujer.

Tirada en el piso, con una rodilla en su espalda y otra sobre su cabeza, apenas podía respirar. La subieron al patrullero de forma violenta, provocando lesiones en las rodillas, brazos y piernas.

De camino al Hospital Regional de Ushuaia, los insultos racistas y la violencia continuaron mientras Mariana se encontraba completamente inmovilizada, sin representar un peligro que justificara el sometimiento físico.

Durante las horas que pasaron en la comisaría no se les informó el motivo de su detención, ni se les permitió ejercer sus derechos. Se los privó de agua, baño e información. Luego de un cambio de turno de oficiales, el trato fue menos hostil y los insultos racistas cesaron. Primero dejaron ir a Mariana y más tarde a su padre y a su hermano. Sin embargo, tuvieron que esperar para conocer la figura bajo la cual los habían detenido: “Edictos policiales”. Una herramienta arbitraria, vetusta y recientemente -el 15 de julio de este año- declarada inconstitucional mediante un fallo del Superior Tribunal de Justicia provincial.

En el requerimiento fiscal de instrucción se califican los hechos como “delitos de lesiones, severidades, apremios ilegales y abuso de la autoridad” y “se concreta la imputación en contra de los agentes policiales que intervinieron en el operativo realizado el 2 de noviembre de 2021.”

“Nosotros en la denuncia formal aclaramos que lo sucedido lo enmarcamos en torno a una situación de violencia institucional y tortura sobre un cuerpo racializado, por discriminación racial”, señaló Quisver, y agregó: “Es una celebracion estigmatizada, perseguida, no solo acá, pasa en Buenos Aires también en el cementerio de Flores”.

El Día de los Muertos se celebra en varias culturas del territorio latinoamericano. “Comienza el 1º de noviembre en la casa del homenajeado”, explicó Mariana. “Es un día para recordar a quienes se fueron. Se les hacen ofrendas, se prepara la comida y la bebida que le gustaba al difunto y se toca música. Hay fotos y guirnaldas. Al otro día culmina la celebración en el cementerio. Se lleva todo para allá y se invita a familiares y amigos. Es un homenaje. Para nosotros el Ayamarkayquilla es una forma de entender la muerte: en nuestra cosmovisión los que se van no se van para siempre. Vuelve, están, acompañan. Eso se reconoce en la celebración.”

Tierra del Fuego es la provincia más jóven de Argentina y reúne personas de todas partes, reconocidas con diferentes identidades culturales, que llegan en busca de mejores oportunidades. Sin embargo, esta diversidad pocas veces es aceptada.

“Yo soy argentina, nacida acá en Tierra del Fuego, aunque no me reconozco con la argentinidad, sino con la preexistencia, con los pueblos preexistentes al Estado-Nación”, afirmó Mariana, y continuó: “El Estado nos quiere en los eventos, en la fiesta de las colectividades, mostrando nuestras comidas en un stand, pero no tolera cuando hacemos uso de los espacios públicos y somos nosotros los que llevamos adelante nuestras celebraciones, como nosotros queremos, no para la cámara”.

“El Estado nos quiere en los eventos, en la fiesta de las colectividades, mostrando nuestras comidas en un stand, pero no tolera cuando hacemos uso de los espacios públicos y somos nosotros los que llevamos adelante nuestras celebraciones»

Mariana Quisvar

Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Ushuaia y Río Grande, junto con numerosas organizaciones, se repudiaron estos hechos de violencia institucional y racismo que suceden constantemente y pocas veces son denunciados o atendidos.

Esta denuncia abre un camino hacia el reconocimiento de una situación invisibilizada y busca hacer valer los derechos de pueblos originarios, para evitar que se continuen los atropellos institucionales y racistas. “Queremos elevar el caso a la Convención contra la tortura y el INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas)”, concluyó Mariana.