La Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó su informe anual de casos de violencia estatal. Este año hubo 581 asesinatos perpetrados por el Estado, más de uno por día.
A fines de agosto Yair Ayala había ganado un campeonato de fútbol con su equipo y se juntó a celebrar con algunos compañeros en la localidad de Esteban Echeverría. En un momento, un desconocido para el joven de 21 años, comenzó a orinar en la habitación del dueño de casa, en claro estado de ebriedad. Le dijeron que se fuera, cosa que hizo, pero cuando volvió llegó con otra persona y empezaron a disparar. Una de esas balas fue a parar en el cuerpo de Yair, que poco tiempo después murió.
El asesino resultó ser un miembro de la Policía de la Ciudad, que a pesar de no estar en horas de servicio fue a buscar el arma reglamentaria a su domicilio. “¿Sabés lo que hicieron mal? Le dieron autoridad a gente que no está capacitada. La mayoría son chicos que salen de la secundaria, en menos de 6 meses ya son policías y tienen un arma -comenta Víctor Gómez-. Yair era mi mejor amigo, mi compañero de trabajo. Su muerte nos dejó quebrados”.
Este es solo uno de los 585 casos de asesinatos perpetrados por el Estado durante el 2021. Así lo señala el informe anual que la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (CORREPI) presentó durante la tarde del viernes en Plaza de Mayo, junto a familiares de víctimas, organizaciones sociales y de derechos humanos, a 30 años de su creación y 20 de las jornadas de diciembre de 2001, que finalizaron con 39 muertes causadas por las fuerzas estatales. “Los resultados demuestran que la democracia, en la calidad que hoy tiene, no es un freno contra la represión”, señala Rodrigo Iglesias, miembro de CORREPI. Es que desde 1983 hasta la actualización de este año los casos acumulados de víctimas a manos del aparato represivo del Estado dan la suma de 8.172.
A pesar de que la serie toma los datos de los ya casi cuarenta años de democracia, la evolución de los números no se dio de manera idéntica en todos los gobiernos. Para María del Carmen Verdú, la principal referente de la organización, un quiebre reciente se dio durante el gobierno de Mauricio Macri: “Fue una gestión marcada por el más alto voltaje represivo desde la última dictadura”. Las decisiones políticas y las expresiones públicas, principalmente de Patricia Bullrich, quien por ese entonces ocupaba el cargo de ministra de Seguridad, generaron un aumento abrupto en el uso de la violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
“En el tiempo de Macri comenzó todo esto, desde que les dieron vía libre a la policía y a los gendarmes para disparar cuando quisieran”, comenta Mariana Montecinos, madre de Cristian Montecinos Vergara, asesinado junto a David Florentín por un miembro de Gendarmería Nacional el 25 de marzo del 2019 en Tortuguitas, en el partido de Malvinas Argentinas. “Supuestamente fue un intento de robo, pero según los vecinos eso no sucedió y hay imágenes de más de veinte cámaras que no muestran nada de eso -indica Mariana-. Pero en caso de que haya sido cierto, yo preferiría ir a ver a mi hijo a la cárcel antes que a un cementerio”.
Solamente un par de días antes, en la mañana del 23 de marzo de 2019, Federico Barrios era asesinado por una policía mientras iba a la casa de su hermano en bicicleta en Virrey del Pino, partido de La Matanza. “Se dio cuenta que un patrullero lo seguía y empezaron a dispararle. Mi hijo intentó escapar, pero la oficial cruzó su paso, le pegó cinco tiros, le pateó la cabeza y se fue”, relata Mirta Fontein. “Algunas veces hay casos puntuales que son tomados por la sociedad, pero la mayoría de las veces pasan desapercibidos, sobre todo porque son pibes pobres”, señala Juan Fortunato, militante del Movimiento Teresa Rodríguez (MTR), agrupación que lleva el nombre de una joven asesinada a manos de la policía de la provincia de Neuquén en 1997. La falta de recursos dificulta las presentaciones de denuncias de este tipo de casos: “A mi hijo lo mataron y entré en un estado de depresión por dos meses, tenía miedo. En la comisaría no me dieron respuestas y no tenía para pagarme un abogado, la ausencia del Estado era total -recuerda Mariana-. Pero, gracias a las compañeras de CORREPI, pude conseguir uno y de a poco me ayudaron para salir del encierro en el que estaba”.
“Cuando comenzó la pandemia hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”
Con el cambio de gobierno, tras la victoria del Frente de Todos en las elecciones de 2019, se esperaba que hubiera un giro rotundo en las políticas de seguridad, algo que en los primeros momentos de la nueva gestión se cumplió: “El comienzo fue auspicioso, se derogaron los protocolos de Bullrich que favorecían el gatillo fácil, se prohibió a policías de seguridad aeroportuaria portar el arma reglamentaria fuera de servicio y se derogó el protocolo de detención de personas del colectivo LGTBIQ+, que eran parte de la agenda que habíamos presentado para el 2020 -indica Verdú-. Pero todo eso se interrumpió con la pandemia”. Fortunato señala: “Cuando comenzó hubo carta libre para la policía, no solo se notó en los barrios populares sino también en los pueblos del interior”. Para Rodrigo Iglesias esto apareció en la provincia de San Luis, de donde es originario: “Algo que antes era extraño y casi no pasaba aumentó exponencialmente”. Los casos de Chubut y Jujuy durante este año sirven también como ejemplos. “Una de las primeras señales de que no todo lo que iba a venir eran pétalos de rosa fue la designación de Berni como ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires”, señala Verdú.
En los últimos dos años, 981 personas murieron como consecuencia del funcionamiento del aparato represivo estatal, es decir, más de una por día. Una particularidad es que la mayoría de los casos se dio bajo custodia, con el porcentaje del total llegando casi al 70%: “Esto se debe a las condiciones de hacinamiento que se viven en los lugares de detención, ha habido muchas muertes por enfermedad sin atención médica -precisa Verdú- sumadas a las que se producen por detenciones arbitrarias seguidas de tortura”. A pesar de esto, para Verdú todavía es posible tomar medidas que disminuyan el ejercicio de este tipo de violencia: “Solamente con quitarle el arma reglamentaria al personal que no está en horas de servicio bajarían a la mitad las muertes por gatillo fácil”.
Los asesinatos de Luciano Oliveira en Miramar y de Lucas González en la Ciudad de Buenos Aires, dejaron entrever que el accionar criminal por parte de las fuerzas de seguridad no es responsabilidad exclusiva del signo político que un gobierno tenga, sino que más bien se trata de un problema transversal que se agudizó en los últimos años, con el gobierno de Macri y que encontró continuidad, voluntariamente o no, durante el gobierno de Alberto Fernández con la aparición de la pandemia. Para Iglesias esto es claro: “Si la represión ha continuado en todo este período es porque ha sido una política de Estado, por más que no sea reconocida como tal”.
