«Fue una decisión de los imputados matar, por eso dispararon 130 balas»

«Fue una decisión de los imputados matar, por eso dispararon 130 balas»

Ago 16, 2023 | DDHH, Destacado 2

En la segunda jornada del juicio que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, dos de los prefectos imputados intentaron convencer al tribunal que la bala letal provino de un compañero de la víctima. Mariano Przybylski, uno de los querellantes, opina lo contrario.

Dos de los cinco prefectos que fueron indagados en la segunda jornada del juicio por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel, en una montaña del kilómetro 2006 de la Ruta 40, introdujeron una nueva coartada en el caso que ya cumplió seis años. Además de detallar los elementos de un supuesto «enfrentamiento armado» con los miembros de la comunidad mapuche, afirmaron que la bala mortal provino del propio grupo al que pertenecía la víctima. Sin embargo, el principal imputado es otro miembro de la fuerza, Sergio Guillermo Cavia, acusado de realizar el disparo letal, quien optó por guardar silencio. ANCCOM dialogó con Mariano Przybylski, director de Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación que es querellante en este proceso, y tiene una mirada opuesta a la de los imputados.

La calificación legal propuesta por la Fiscalía es homicidio doblemente agravado, por su comisión con violencia utilizando un arma de fuego y por abusar de su función y cargo en las fuerzas de seguridad, en concurso real con tentativa de homicidio doblemente agravado. A Cavia se lo imputa como autor, y al resto como partícipes necesarios. En base a la acusación, se ha destacado que «Pintos, Obregón y García desoyeron a su superior (Lescano)». La desobediencia pudo haber provocado “una situación”, y luego se realizaron disparos que contribuyeron al homicidio.

Se argumentó que los efectivos dispararon de manera intimidatoria para «proteger sus vidas» y, en ese sentido, actuaron «en cumplimiento del deber». La parte querellante sostuvo que esto se confirma con la muerte de Nahuel y las lesiones de Conia y Colhuán. Conia recibió un disparo que le perforó el antebrazo izquierdo, mientras que Betiana Colhuán, la machi (sanadora) resultó herida en su hombro izquierdo.

El abogado Mariano Przybylski, director nacional de Políticas contra la Violencia Institucional de la Secretaría de Derechos Humanos y querellante en el juicio, manifiesta su divergencia en la calificación de los cargos con la Fiscalía. Según el funcionario, corresponde acusar por homicidio calificado, ya que «no fue una legítima defensa, ni un exceso de legítima defensa; fue una decisión de los imputados perseguir y matar, por eso dispararon 130 balas de plomo».

Contrario a la versión del supuesto «enfrentamiento» que las defensas plantearán, él y la querella de la familia, representada por los abogados de la APDH Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, están convencidos de que los prefectos iniciaron una persecución en un terreno donde no deberían haber estado. «Hubo una persecución, los miembros de la comunidad escapaban y ellos disparaban por atrás», afirmó Przybylski.

Por su parte, las defensas de los prefectos buscaron convencer al Tribunal de que sus clientes fueron víctimas de un enfrentamiento y que solo cumplieron con su deber de responder a un ataque ilegítimo de un grupo de forajidos. «Cumplí mi deber y me defendí de un ataque ilegítimo. Tiré con bolitas de pintura a personas que me tiraban con armas de fuego», declaró Carlos Sosa, uno de los imputados. Sin embargo, en la causa no hay un sólo indicio de que los mapuche hayan tenido armas en su poder.

Francisco Javier Pintos fue el primero en declarar y argumentó: «No tengo duda de que lo mataron sus compañeros, ya que nosotros estábamos disparando de frente y el disparo que lo impactó entró por la espalda, por su retaguardia». Desde las querellas afirman que esos restos de pólvora hallados en los cuerpos de Fausto Jones Huala y Lautaro González fueron transferidos por los mismos prefectos al momento de tomar contacto con los jóvenes. Ellos cargaron a Nahuel cerro abajo hasta la ambulancia.

Przybylski sostuvo ante esta agencia que «las vainas son una de las tantas pruebas que demuestran que tuvieron la intención de matar». Independientemente de quién haya sido el que disparó la bala que mató a Rafael, «eso pierde importancia cuando vos tenés a cinco personas que disparan 130 veces contra todos los presentes» y comparó ese momento con un paredón de fusilamiento.

Hablaron los imputados
«Abrimos fuego hacia las tres personas que individualizamos disparándonos. Efectué pocos disparos y así fue como se secuestraron solo cinco vainas disparadas por mi pistola», explicó Pintos, otro de los imputados. «Hoy estoy aquí en medio de un juicio y siento que seré ofrendado al poder político de turno en una puesta en escena montada a las apuradas, violando mi derecho y mi garantía», agregó. Además, se permitió opinar que la causa “es una vergüenza” y que no se encontrará la verdad porque «ya tienen a los chivos expiatorios, pero jamás se sabrá quién disparó el arma que terminó con la vida de Rafael Nahuel».
Luego, el mensaje final de Pintos fue dirigido al Tribunal Oral Federal de General Roca, presidido por el juez Alejandro Silva e integrado por los magistrados Simón Bracco y Pablo Díaz Lacava. «Si tienen un mínimo compromiso con la verdad, honrenlo, y haganos sentir a quienes ponemos el cuerpo todos los días en conflicto jugándonos la vida», cerró el prefecto.
El segundo en declarar fue Carlos Sosa que sostuvo: «Yo no maté a nadie y ningún integrante de la patrulla que yo integraba lo hizo. Hoy en día no existe una certeza en cuanto a cuál fue el arma que disparó el proyectil que mató a Rafael Nahuel». Cerró su declaración sentenciando al Poder Judicial: «Hemos sufrido el atropello permanente de nuestros derechos y garantías». Agregó que «mientras sigan existiendo políticos y jueces cómplices y cobardes, la problemática mapuche jamás terminará».
Para el abogado Przybylski, «el hecho de que sean tiradores de élite tiene mucho que ver: ellos conocían los protocolos para el uso de armas de fuego». Los miembros de la comunidad no tenían armas de fuego, arrojaban piedras. Por lo tanto, «de ninguna manera pueden dispararse armas letales, eso está prohibido por la ley. Ellos lo sabían».
Finalmente, en respuesta a qué espera de este juicio, Przybylski sostuvo que «fue un caso muy grave y hay pruebas suficientes para llegar a una condena justa por homicidio calificado. Fue un hecho en el que miembros de una fuerza de seguridad mataron a una persona, y el Estado debe dar una respuesta contundente para evitar que sucedan hechos similares en el futuro».

Denuncian detención y torturas
Yesica Fernanda Bonnefoi Antimil, de la misma comunidad mapuche que Rafael Nahuel, fue arrestada el 11 de agosto después de haber estado en clandestinidad, al igual que otros miembros de la comunidad desde octubre de 2022, tras el violento desalojo que resultó en el arresto de la machi Colhuan y parte de su comunidad durante ocho meses.
Al momento de su detención, Yesica presentaba graves golpes en todo su cuerpo, con contusiones visibles. Durante su arresto, fue sometida a un trato violento que resultó en la extracción de una muela a golpes, y sus manos aún permanecen inflamadas debido a la brutalidad del trato.
A pesar de las afirmaciones de la policía en los medios locales de Bariloche de que su detención fue parte de un control de rutina, Yesica relató que los agentes ingresaron a la casa donde se encontraba y agredieron a todos los presentes. Su reacción defensiva ante la violencia resultó en su traslado a la comisaría.

Comenzó el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

Comenzó el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel

Ago 15, 2023 | DDHH, Destacado 2

En la primera jornada, los representantes legales de la familia de Nahuel y distintas organizaciones que ejercen la acusación, plantearon la posibilidad de cambiar la sede del debate a Bariloche y que los imputados “den la cara”. La querella de la familia está acompañada por la secretaría de Derechos Humanos de la Nación.

El 25 de noviembre de 2017 Rafael Nahuel sufrió una violenta muerte durante un operativo de represión del Grupo Albatros de la Prefectura Naval Argentina contra la comunidad Lafken Winkul Mapu. Después de seis años de espera, comenzó el juicio oral y público en el Tribunal Oral Federal de General Roca, Río Negro, donde cinco prefectos enfrentan acusaciones por el asesinato de Rafael Nahuel. Los imputados son Sergio Guillermo Cavia, Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García.

La primera jornada del juicio incluyó la lectura de la elevación a juicio de la fiscalía de Rafael Vehils Ruiz, en la que se solicitó que Cavia sea imputado como «autor penalmente responsable del delito de homicidio doblemente agravado», y que Pintos, Obregón, Sosa y García sean imputados como «partícipes necesarios del delito de homicidio doblemente agravado», ya que postuló que “no hubo un enfrentamiento sino una cacería”. Esto fue apoyado por la querella de la familia Nahuel, representada por los abogados Rubén Marigo y Ezequiel Palavecino, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

El juicio, que se espera dure entre un mes y medio a dos meses, ha sido marcado por tensiones y decisiones cruciales. En la primera audiencia el fiscal solicitó detener a los imputados debido a un «riesgo procesal» que significa su permanencia en libertad, pero  el Tribunal que preside el juez Alejandro Silva rechazó esta demanda.

Por su parte, el abogado Marigo pidió la presencia física de los imputados y del abogado defensor en la sala de audiencias porque estaban participando vía Zoom y con la cámara apagada. Además, cuestionó que la sede del proceso sea Roca y no Bariloche, donde ocurrieron los hechos. “Los padres, las querellas y las víctimas se ven obligadas a viajar todas las semanas por esta disposición”, planteó. 

Finalizada la primera parte de la jornada, en la puerta del Tribunal los padres de Rafael Nahuel y sus abogados se dirigieron a las aproximadamente 150 personas presentes –pertenecientes a comunidades mapuche, organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos–, y ratificaron el reclamo: “Queremos verlos cara a cara. Acá estamos nosotros, viajamos desde Bariloche y estos cobardes no están”, señaló Alejandro Nahuel, padre de Rafael.

Los representantes legales de la Secretaría de Derechos Humanos buscarán probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo por parte de los prefectos una «legítima defensa», sino una actuación que desbordó «todos los límites de los cánones legales de acción ante una situación como la sucedida». En este sentido, el director de Violencia Institucional de ese organismo, Mariano Przybylski, dijo: «La acusación no nos satisface. No estamos de acuerdo con esa figura. Para nosotros es homicidio calificado. La estrategia apunta a demostrar la coautoría de los cinco implicados».

Recuperar la tierra y la identidad

Rafael Nahuel era un joven del Alto Bariloche que luchaba contra los efectos de la marginación. A instancias de su tía, María Nahuel, había empezado a conocer su origen mapuche y decidió que iría a vivir a la comunidad cuya recuperación territorial habían protagonizado sus familiares, entre ellos su prima, la machi Betiana Colhuan Nahuel. 

A principios de noviembre de 2017 la comunidad Lafken Winkul Mapu, había anunciado la «recuperación» de unas 10 hectáreas -de las 710 mil que posee el Parque Nacional Nahuel Huapi- en esa zona de Villa Mascardi. El 23 de ese mes, por la denuncia de Parques Nacionales, se produjo el desalojo, que terminó con varios integrantes de la comunidad detenidos, y el 25 tuvo lugar la incursión de los Albatros que terminó con la muerte de Rafael Nahuel.

«Larreta es responsable»

«Larreta es responsable»

Ago 11, 2023 | DDHH, Destacado 1, slider

Miles de personas se concentraron en el Obelisco para reclamar contra la violencia de la policía de Horacio Rodríguez Larreta, tras el asesinato del militante y fotoperiodista Facundo Molares. Todos apuntaban a la responsabilidad del jefe de Gobierno porteño.

Son indefendibles, ¿vos viste los videos?”, se comentaban dos integrantes del Polo Obrero sobre el actuar policial, mientras armaban sus banderas y carteles que exigían justicia por Facundo Molares, asesinado debido a la represión, sin razón alguna, de la Policía de la Ciudad.

 Miles de personas de distintas organizaciones sociales, partidos políticos, sindicatos y autoconvocados se congregaron en el Obelisco, el mismo lugar donde se produjo el asesinato, para pedir justicia. Se trató de un reclamo de urgencia y con poca organización pero con una demanda que exigía rapidez, “ni un muerto más por luchar”.

 Facundo Molares era un militante de izquierda y fotoperiodista, quien se encontraba en el Obelisco realizando una asamblea junto a compañeros para debatir la situación actual del país. Era un grupo reducido de militantes de la agrupación Votamos Luchar y Rebelión Popular que exponían a viva voz su cuestionamiento a las elecciones del domingo, a las que definían como “farsa electoral”.

 En medio de la manifestación, que transcurrió de modo pacifico y sin interrupción del tránsito, la Policía lo reprimió brutalmente hasta asesinarlo. Los videos que circularon en tiempo real mostraban a un agente aprisionando con su rodilla en el piso a Molares mientras este demostraba dificultades para respirar. Sus compañeros advertían a la policía que se estaba ahogando, sin que mediara el uso de la fuerza desproporcionada. Poco después, el militante dejó de reaccionar. La imagen hizo recordar el asesinato del afrodescendiente estadounidense George Floyd, que recorrió todo el mundo.

A través de sus redes sociales, el gobernador de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, señaló que el fallecimiento se debió a una “descompensación”. Además agregó: “quiero destacar y respaldar completamente el accionar de la Policía de la Ciudad que actuó con profesionalismo conteniendo los hechos de violencia”. 

A pesar de la versión transmitida por el candidato de Juntos por el Cambio, los videos difundidos por los medios muestran todo lo contrario. Nicolás del Caño, diputado del Frente de Izquierda, declaró a ANCCOM: “Todos vimos los videos que circularon de cómo golpearon brutalmente a Facundo y sus compañeros. La responsabilidad es de la Policía de la Ciudad de Rodríguez Larreta”.

“Pero si en la tele dijeron que ya estaba enfermo”, opinó una joven, ajena a la movilización, a quien apenas se lograba escuchar entre los bombos, redoblantes y cantos que decían “se ve, se siente, Facundo está presente”.

Dentro de los distintos relatos que intentaron justificar lo sucedido, se mencionó que Facundo poseía enfermedades preexistentes, lo cual explicaría el motivo de su muerte. Ante estas interpretaciones, Romina del Plá, diputada del FIT explicó a este medio que “no se pueden disimular los crímenes de Estado por más que intenten presentar como justificación las condiciones de salud preexistentes”. 

Si bien desde distintos sectores se intentó disminuir la gravedad de los hechos y evitar señalar responsables, para los miles de manifestantes que colmaron la 9 de Julio lo sucedido estaba más que claro. Con pocas palabras y fuerza para poder expresar el dolor, pero con la necesidad y urgencia de reclamar que no se vuelva a repetir, levantaron sus carteles que decían “Larreta es responsable”.

La marcha se realizó de forma pacífica, con participación de personas de distintas edades y que se movilizaron desde distintos puntos de Buenos Aires. Entre las banderas que decían “ATE”, “Partido Obrero”, “MST” y “Movimiento Popular”, fue posible divisar la wiphala, que como representa uno de sus colores, se solidarizó con la causa.

Hacia el final de la movilización la situación se tornó tensa. En medio de la desconcentración que se realizaba de manera calma y organizada, un par de personas, señaladas por los propios manifestantes como infiltrados, intentaron oscurecer un reclamo y comenzaron a arrojar piedras. 

De estos hechos se tomaron los medios comerciales, una vez más, para criminalizar y exigir orden sobre  una protesta que en su totalidad se había desarrollado de manera tranquila. 

El ambiente quedó mezclado de sensaciones, tristeza, bronca e indignación. Lamento por la pérdida de un militante inocente. Enojo por la forma en la cual sucedió. Irritación por las excusas que intentaban tapar los hechos, la falta de empatía  y las nulas respuestas por parte de un Estado cuyo rol, se supone, es cuidar a los ciudadanos. Todas estas emociones se acoplaron bajo el grito de “¡justicia por Facundo!”.

 

Comenzó el juicio más grande de Corrientes por crímenes de lesa humanidad

Comenzó el juicio más grande de Corrientes por crímenes de lesa humanidad

Ago 8, 2023 | DDHH, Destacado 5

Se trata de la causa Brigada de Infantería VII, en la que son juzgados diez  represores. Por las demoras judiciales, pasaron casi cuatro años entre la elevación a juicio y el inicio del debate. De los 21 acusados solo la mitad se sienta en el banquillo.

Luego de una larga postergación, finalmente el Tribunal Oral Federal de Corrientes, presidido por el juez Fermín Amado Ceroleni, comenzó el juzgamiento de diez exmilitares y exgendarmes de la Brigada de Infantería VII por crímenes cometidos en la subzona militar 23, durante la última dictadura militar.

En este juicio, el décimo que se realiza en Corrientes por delitos de lesa humanidad, los acusados de pertenecer a una asociación ilícita y de cometer privaciones ilegales de la libertad hacia dos niños, torturas e incluso un homicidio son: Pedro Armando Alarcón, José Emilio Mechulán, Abelardo Palma, Eduardo Antonio Cardoso, Abelardo Carlos De la Vega, Raúl Horacio Harsich, Alfredo Carlos Farmache, Juan Carlos De Marchi, Horacio Losito y Raúl Alfredo Reynoso, todos integrantes de la subzona Corrientes del Área militar 231. Cabe destacar que De Marchi, Losito, Reynoso y Harsich ya fueron condenados en debates anteriores en la provincia y en otras jurisdicciones.

Se investiga su poder de decisión sobre la planificación represiva en la zona, la adaptación del plan general del régimen castrense y la determinación de los blancos que serían víctimas de la violencia ilegal. Inicialmente eran 21 los acusados quienes debían comparecer ante la justicia, pero el aletargamiento del proceso por cuatro años hizo que varios fallecieran antes y otros fueran apartados por problemas de salud.

El circuito represivo de la dictadura en la ciudad de Corrientes incluyó una serie de centros clandestinos de detención y exterminio de personas. Entre ellos figuran la actual Jefatura de la Policía de Corrientes y el exregimiento de Infantería 9 de Corrientes, que es en la actualidad un Espacio de Memoria.

El área de influencia de esta brigada de infantes eran los departamentos de San Cosme, San Luis del Palmar, Empedrado, Saladas, Bella Vista, Lavalle, Goya y Esquina. Pero su jurisdicción también incluía provincias del norte y del noroeste como Chaco, Formosa y Misiones.

Esto se debe a que el régimen de la última dictadura militar dividió al país en cuatro grandes zonas de cobertura y acción represiva. En esa estructura, al Comandante del Segundo Cuerpo de Ejército le correspondió la tutela de la Zona de Defensa 2, con cuatro subzonas: 21, 22, 23 y 24. Es justamente la subzona 23, en la que está involucrada la Brigada VII de Infantería, la que se comenzó a juzgar en estas horas.

En la sede del juzgado correntino se presentaron los represores De Marchi, Palma y Alarcón, junto con algunos de los abogados defensores oficiales. Desde la sala que brindó la Cámara de Casación Penal en Comodoro Py, seguían de cerca la presentación por videoconferencia los imputados Cardoso, De la Vega, Losito, Harsich. Por su parte, el oficial Farmache siguió las alternativas del caso desde el Tribunal Oral Federal Nº1 de Mendoza; hizo lo propio Reynoso desde el Juzgado Federal de San Ramón de Orán, en Salta.  

Durante la lectura del trigésimo sexto hecho imputado en el requerimiento fiscal de los acusados, Cardoso, Losito y De Marchi se retiraron con autorización de sus defensores aduciendo problemas de salud. Luego de indagar con detalle en los 103 hechos vinculados con la represión ilegal por parte de los genocidas, se explicitó la responsabilidad penal de los diez exmilitares.

Cardoso y Farmache fueron señalados como “autores mediatos por el rol y funciones que cumplían en el comando de la Brigada de Infantería VII y sus dependencias a la época de los sucesos”. También se señaló a De la Vega, Harsich, De Marchi y Losito por su papel en el exregimento de Infantería XIX, dependiente del comando de la misma Brigada de Infantería. En el caso de los gendarmes Palma, Alarcón y Reynoso, por su rol en los grupos operativos de tareas. “Cada uno de ellos actuó motivado, conociendo las actividades ilícitas y contrarias a la ley que realizaban”, estipuló el tribunal. Quien fue apartado de la lectura fue Mechulán, por un dictamen del cuerpo médico forense de la Corte Suprema.

“Las causas de lesa humanidad están las demoras por no darles el Poder Judicial la prioridad que merecen, por la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y por la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas”, aseguró Pietragalla.

También fueron parte de la primera jornada en Corrientes, por la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, los abogados Marcelo Wurm y Manuel Brest Enjuanes; y, por el Ministerio Público Fiscal, el fiscal subrogante Juan Pedro Resoagli, junto con el auxiliar Diego Vigay.

La transmisión de la audiencia fue seguida con expectativa por familiares y amigos que, junto con organismos de Derechos Humanos que se concentraron en las inmediaciones del tribunal, vieron toda la transmisión y pidieron que se condene a los genocidas.

El secretario de Derechos Humanos de la Nación Horacio Pietragalla también fue parte de la jornada inicial. En diálogo con ANCCOM, Pietragalla planteó que es “muy importante obtener justicia en este nuevo juicio, sobre todo tratándose de una megacausa en la que, si bien algunos ya fueron condenados en juicios anteriores, para muchos otros es la primera vez”. Además destacó la inclusión en este debate de casos como los de dos menores, uno de ellos nacido en cautiverio.

Consultado por las largas demoras en los juicios de lesa humanidad que impiden que todos los acusados sean juzgados en tiempo y forma, Pietragalla señaló que obedecen a distintos factores. “Están las demoras del Poder Judicial por no darles la prioridad que merecen, la falta de designación de jueces para que los tribunales se constituyan, y la reticencia, sobre todo en causas de responsabilidad civil y económica, con demoras injustificadas tales como las que impidieron que Blaquier fuese condenado”, aseguró.

“Hoy la Secretaría de Derechos Humanos lleva adelante 278 querellas activas en todo el país, que incluye la revisión de las sentencias en la Cámara de Casación Penal y la Corte Suprema”, detalló.

Durante los próximos tres meses habrá dos audiencias semanales. Serán 30 los testigos que deberán revivir el horror. Los interrogatorios comenzarán este martes.

Quizás la larga espera haya valido la pena para encontrar justicia.

Your content goes here. Edit or remove this text inline or in the module Content settings. You can also style every aspect of this content in the module Design settings and even apply custom CSS to this text in the module Advanced settings.

«Nunca pensé que podía no buscarlo, sabía que podía no encontrarlo»

«Nunca pensé que podía no buscarlo, sabía que podía no encontrarlo»

Ago 5, 2023 | DDHH, Destacado 5, Entrevistas

Abuelas de Plaza de Mayo informó sobre la restitución del nieto 133, hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho y nieto de Nélida Navajas el viernes 28 de julio. Su hermano, Miguel «Tano» Santucho comparte su emoción por conocerlo y su fuerza para continuar con la lucha.

Cristina Navajas fue desaparecida, embarazada, el 13 de julio de 1976 y, estando secuestrada, explicitó a sus compañeras de encierro su a voluntad de que encontraran a su hijo nacido en cautiverio. Su madre, Nélida Navajas, dedicó su vida a cumplir ese mandato con dedicación y fortaleza.

Miguel “Tano” Santucho, junto con Abuelas de Plaza de Mayo y otros compañeros y compañeras, se puso al frente de esa búsqueda hasta hoy, con igual dedicación, honrando la labor de su abuela. El tan esperado reencuentro con su hermano solo repone sus fuerzas y lo incentiva a continuar con la lucha por la restitución de los casi 300 nietos y nietas apropiados por la dictadura cívico militar que falta encontrar.

 

¿Cómo fue el primer encuentro con tu hermano?

Hubo dos primeros encuentros: Uno cuando me enteré estaba en Italia y me llamaron de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI). Lo habían notificado primero a él y le propusieron asistir cuando me lo contaran a mí. En dos minutos me cambió la vida y me preguntaba: “¿Está pasando en serio esto?” El segundo encuentro fue en el pasillo de la Casa por la Identidad, antes de dar la conferencia de prensa junto con Abuelas. Nos encontramos y nos abrazamos, no nos queríamos soltar, quería mirarle la cara, conocerlo.

 

¿Cómo sigue tu hermano el proceso de reencontrar su identidad?

Él nos buscó. Buscar su verdad desde su propia voluntad representa para nosotros sacarnos los miedos y las dudas que teníamos. Él fue apropiado por un integrante de la policía bonaerense, un torturador de una patota, de los más sádicos. No tenía ni idea de quiénes éramos los Santucho-Navajas por lo que nos permitió empezar de cero. Está aprendiendo a una velocidad increíble. Estuvo muy solo, no tenía una relación con el resto de la familia (apropiadora). Pero ahora lo va a encontrar con creces. El derecho a la identidad excede a las Abuelas y al terrorismo de Estado. Es un mérito de las Abuelas haber puesto la lupa ahí y haber dado las herramientas para poder construirlo, defenderlo y difundirlo. Pero es un derecho a nivel global. Todos tienen derecho a saber quiénes son, más allá de si fueron apropiados o no durante el terrorismo de Estado. La verdad es necesaria para ser una persona firme, con la estabilidad emocional necesaria para afrontar la vida.

¿Qué recordás de tus primeros años de búsqueda¿ ¿Cuando te empezaste a involucrarte en el trabajo de Abuelas?

Mi historia era muy difícil. Para mí fue fundamental leer los testimonios de las mujeres que estuvieron en cautiverio con mi mamá porque me mostraba que ella quería que nosotros supiéramos que estaba embarazada. Eso para mí fue un llamado, un pedido. Lo único que podía hacer era tratar de responder a ese pedido. Nunca pensé que podía no buscarlo, sabía que podía no encontrarlo. Siempre supe que era hijo de desaparecidos. Era parte de mi cotidianidad. En 1985 vengo a Argentina y tengo la sorpresa de enterarme que tenía un hermano o hermana que no conocía. Mi abuela me lleva a Abuelas de Plaza de Mayo y me encuentro una foto de mi mamá con una foto blanca al lado que decía “niña o niño nacida en cautiverio”. Ahí me cae la ficha de que no estaba completa la familia, que faltaba alguien. Esa idea me acompañó por muchos años. Me acordaba en Navidad, el día de mi cumpleaños. En 1990 con mi hermano más grande fuimos a la final del Mundial de Italia, cuando jugaban Argentina y Alemania, y yo pensé que si me enfocaban en la pantalla capaz que mi hermano me podía ver porque en Argentina estaban mirando todos. Volví a Argentina en 1991, a los 17 años, impulsado por la historia de mi familia, por mis dudas y por mi rebeldía de adolescente. Me encontré con mi apellido, Santucho, escrito en las paredes y entendí que lo que para mí era una historia personal en realidad era parte de la historia argentina.

 

¿Cómo hiciste para sostener la búsqueda a los largo de tantos años?

Primero no tenía opción por como soy yo, al entender el pedido de mi mamá era lo que tenía que hacer, por otro lado, sigo teniendo todo el apoyo y contención de Abuelas. Hay una relación afectiva muy fuerte. También por la respuesta de la sociedad. Las Abuelas encontraron el equilibrio exacto entre la búsqueda y la construcción de la memoria viendo la solidaridad de toda la sociedad civil. No tienen un concepto cerrado. Nosotros queremos que el Estado garantice el funcionamiento de las instituciones que permiten que sigan apareciendo los nietos. La sociedad entendió y respondió y eso es lo que nos sostiene.

 

 

¿De qué manera vive tu padre, Julio Santucho, este momento?

Por mucho tiempo me pregunté cómo hacía para estar entero con todas las pérdidas que sufrió la familia. En un principio, él no pensaba que podía tener un hijo más, prefería pensar que no. Estaba procesando su propia historia y no podía poner este tema en la cuenta. Con el paso del tiempo fue viendo que sí había motivo, empezó a asumir y bancarme a mí en mi búsqueda. Por autodefensa no le dio él cuero para buscarlo, pero después quedó impulsado por todo este efecto contagioso, la empatía social, que generamos desde Abuelas donde nos cuidan y miman mucho. Cuando le pico el deseo de encontrarlo, cuando necesitaba cómo nunca saber qué paso, tuvo la suerte de encontrarlo.

 

¿Cuáles son tus planes ahora no solo con tu hermano sino con la lucha y búsqueda que continúa?

Estoy muy contento, mucho mejor que cualquier expectativa que podía tener, y eso me da fuerza para seguir buscando. Todo esto me liberó de una carga muy grande, me sacó de la oscuridad y la duda. Ahora veo todo muy luminoso y muy claro. Yo me siento empoderado. De repente se me apareció una calle en bajada que no sé dónde termina, para mí está todo despejado, no veo ningún obstáculo para hacer cualquier cosa. Quiero que esto sirva para que aparezcan otros, para motivar a los que tienen dudas que vale la pena acercarse o brindar cualquier información. La búsqueda es urgente, es ahora. Somos un faro, prendimos una luz, acá estamos, vengan. Este faro tiene que estar prendido en todos lados y a todas horas. Quiero hacer trabajo de territorio, fortalecer los nodos de la Red por el Derecho a la Identidad (un grupo de colaboradores de Abuelas y CONADI que están en todas las provincias argentinas e incluso en el exterior). Quiero que la luz este prendida en la mayor cantidad de lugares posibles con la mayor intensidad posible para que el que tenga dudas, la pueda ver. Esa es mi apuesta.

«Es nuestra responsabilidad contar quiénes fueron estos genocidas»

«Es nuestra responsabilidad contar quiénes fueron estos genocidas»

Ago 4, 2023 | DDHH, Destacado 4

En segundo encuentro de «Cine por la Identidad. 40 años de democracia», organizado por Abuelas de Plaza de Mayo y el INCAA, se proyectó EL juicio y luego se conversó con su director, Ulises de la Orden y la investigadora Claudia Feld.

En el marco del ciclo “Cine x la identidad” que propone la organización Abuelas de Plaza de Mayo, el primer jueves de cada mes se proyecta una película diferente, vinculada además a la temática de los 40 años de democracia.

Los films que forman parte del ciclo son presentados en la Casa x la Identidad de Abuelas dentro del predio del Espacio para la Memoria (exESMA). En esta ocasión, se proyectó el documental El Juicio, de Ulises de la Orden.

El largometraje es una compilación y un recorte de las 530 horas de grabación del inolvidable juicio a las juntas militares de 1985. En este documental, De la Orden trabajó durante siete meses con un equipo que lo ayudó a armar un guion y seleccionar las mejores imágenes para su obra.

La película está fraccionada en 18 capítulos que unen los distintos relatos y momentos del extenso juicio. La presentación del documental la realizó Miguel Santucho, el “Tano”, quien felizmente anunciaba la semana pasada junto a las Abuelas la restitución de la identidad del nieto 133, su hermano. El Tano invitó a la audiencia a ser parte de la proyección para luego tener una charla junto a De la Orden.

Finalizada la película, el nieto restituido, Leonardo Fossati, realizó una breve introducción para presentar al director del film y a Claudia Feld, investigadora del CONICET, quien realizó el libro Del estrado a la pantalla, en donde analizó el derrotero de las imágenes grabadas en el juicio a las juntas.

Fossati reflexionó sobre el film que acababa de proyectarse: “Es imposible no emocionarse, no sentirse identificado”. Además, resaltó que el ciclo de “Cine x la Identidad” comenzó con la presentación de Argentina: 1985, película que narra de manera ficcional los hechos ocurridos en el juicio a las juntas militares. Y finalizó con una frase contundente: “Siempre la realidad supera la ficción”.

A continuación, el moderador interpeló a De la Orden preguntándole qué lo llevó a realizar este trabajo audiovisual. “Para mí presentarla acá es haber acertado en la historia que yo quería contar a partir de estas imágenes que yo no filmé. Yo hago películas y siempre estoy pendiente de cuál va a ser la próxima. Hará unos diez años más o menos que se me cruzó el juicio a las juntas, fuera de agenda”, explicó. Además, agregó que ese juicio funcionó como una bisagra, cambió el destino como sociedad que resolvía los problemas políticos con golpes de Estado. Resaltando también que a pesar de las muchas crisis que la Argentina debió sortear en los últimos 40 años, efectivamente nunca más se llegó a la intervención militar en un gobierno. Y eso era lo que De la Orden deseaba contar.

Para trabajar sobre estas imágenes el director contó que investigó mucho y así llegó a sus manos también el libro de Claudia Feld. Y agregó que pudo conseguir el material gracias al trabajo del equipo de Memoria Abierta quienes le facilitaron los permisos pertinentes para acceder al material histórico del juicio.

El director señaló con un poco de ironía en sus palabras, que mientras su equipo de trabajo avanzaba en el proyecto, la película de Santiago Mitre los pasaba en la carrera. Pero que eso de alguna manera fue un salto importante, porque Argentina: 1985 puso nuevamente en boca de todos, este importante evento histórico. Ya que además en las múltiples proyecciones del documental a lo largo del mundo, las personas reconocen el juicio gracias a la película protagonizada por Ricardo Darín.

Miguel Santucho invitó a la audiencia a la proyección para luego charlar junto a De la Orden.

Claudia Feld, por su parte, explicó que el documental significó una inmersión absoluta al momento del juicio ya que permite sentir la densidad de lo que fue presenciarlo en ese momento.

Feld retrocedió para contar como comenzó el trabajo de investigación para su libro, editado en 2002, en 1999. Fue a partir de un equipo de trabajo a cargo de Elizabeth Jelín, con financiamiento del Social Science Research Council con más de 20 investigadores que trabajaron durante tres años. En ese momento la investigadora estaba realizando un trabajo para su doctorado sobre la televisión hasta que se topó con el primer programa de Magdalena Ruiz Guiñazú en Canal 13 que emitía las primeras imágenes con sonido sobre el juicio. Entonces su proyecto viró hacia una investigación sobre la reconstrucción de cómo habían llegado las imágenes del Juicio a las Juntas a la televisión.

Luego, Leonardo Fossati le preguntó al director cuál era su deseo con la película de aquí hacia adelante. En primer lugar, De la Orden aclaró que el objetivo inicial era que el público a quien se destinara este film fueran personas nacidas en democracia, y que se pudiera ver en las escuelas, sobre todo en los últimos años de secundaria. Pero lo cierto es que la película apenas está comenzando a mostrarse en diferentes espacios. Pero además en conversación con los presentes en el auditorio de Casa por la Identidad reflexionó que, si luego de casi tres horas de proyección las personas se quedaron en la sala, el objetivo del montaje estaba cumplido.

Hacia el final de la emotiva charla, el director de El juicio reflexionó: «En todo este proceso de hacer la película cristalicé algo que ya sabía y es que nada de esto hubiera pasado si las Madres no se hubiesen juntado a dar vueltas en la Plaza y nunca parar».

Algo a lo que también adhirió Claudia Feld: «Ustedes son quienes hacen que nuestro trabajo tenga sentido. Esto tiene sentido porque están quienes lo sostienen en el día a día».

Además reflexionaron sobre la importancia del trabajo de los realizadores audiovisuales así como de los investigadores, vinculado a la memoria. Ulises de la Orden agregó: «Es nuestra responsabilidad contar quiénes fueron estos genocidas para que nunca se olviden esos apellidos». Leonardo Fossati adhirió para finalizar: «Ustedes llegan a las nuevas generaciones de otra manera».

 El trabajo de las organizaciones de Derechos Humanos y todos aquellos que en sus distintas áreas de conocimiento pueden aportar a la memoria, sin dudas son fundamentales. Para que, como sentenció Julio Strassera en aquel momento histórico que fue el Juicio a las juntas, nunca más vuelva el terrorismo de Estado a nuestro país.

El ciclo de «Cine por la Identidad» continúa el 7 de septiembre con la proyección de Azor, de Andreas Fontana. El documental El juicio, de Ulises de La orden puede verse todos los viernes de agosto, a las 20 hs. en el Malba.