Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

Los peritos declararon que la pólvora hallada en el cuerpo de Nahuel pudo haber llegado por contaminación

En una nueva audiencia del juicio que investiga el asesinato del joven mapuche, los investigadores aportaron a la hipótesis que solo dispararon los gendarmes. Piden una inspección ocular en el lugar de los hechos.

La orden de la inspección ocular, solicitada después de seis años del suceso, siembra expectativas en las partes para avanzar en sus teorías del caso. Los tres testigos que declararon el miércoles terminaron concordando en un punto central para la hipótesis de las querellas: los residuos de pólvora hallados en Nahuel y sus compañeros pueden haber sido producto de transferencia o contaminación ambiental por el aire, o incluso por el propio disparo.

El homicidio de Rafael Nahuel tuvo lugar el 25 de noviembre de 2017 en Villa Mascardi, cerca de Bariloche, en un terreno ocupado por la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu. El Tribunal Oral Federal a cargo del juicio por este caso ha decidido realizar una nueva inspección ocular en el sitio del crimen con los cinco miembros de Prefectura acusados del hecho. La primera había sido realizada en diciembre de 2017 y arrojó como principal resultado la recolección de 32 vainas correspondientes a disparos efectuados con proyectiles 9 milímetros, pertenecientes a las dos armas que portaban los efectivos del grupo Albatros: pistolas Beretta y subfusiles MP5.

Esta medida, solicitada por el Ministerio Público y programada para noviembre, tiene como objetivo principal determinar con precisión la ubicación exacta de los disparos efectuados por los uniformados. «La medida resulta manifiestamente útil», aseguró el presidente del tribunal federal Simón Bracco en la jornada de debate. 

Esta nueva inspección ocular se llevará a cabo aproximadamente seis años después de la trágica muerte de Rafael Nahuel. La solicitud para esta diligencia fue presentada por el fiscal Rafael Vehils Ruiz, quien consideró que era necesaria para «esclarecer los detalles mencionados en los testimonios» de testigos pertenecientes a varias fuerzas de seguridad presentes en el lugar, aunque no están siendo acusados en el caso.

En palabras de Vehils Ruiz es necesario que los imputados “den detalles de dónde estaban en cada uno de los momentos» en los que transcurrió la agresión contra los integrantes de la comunidad mapuche”.

Entre ellos se encuentra Sergio Cavia, miembro del grupo Albatros de Prefectura, quien enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa». También se espera que participen sus compañeros acusados: Francisco Javier Pintos, Juan Ramón Obregón, Carlos Valentín Sosa y Sergio García, quienes han sido procesados como partícipes necesarios. También asistirían dos testigos clave, Fausto Jones Huala y Lautaro González Curruhuinca, quienes estaban presentes junto a Rafael Nahuel en el momento del disparo y ayudaron a trasladarlo hacia la ruta en busca de atención médica.

Las querellas que representan a la familia, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Bariloche y la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación respaldaron la solicitud del fiscal y consideraron valiosa la posibilidad de que los protagonistas del hecho vuelvan al lugar del crimen para realizar esta inspección.

El representante de la Secretaría, Mariano Przybylski, dijo que le parece «necesario que el Tribunal observe las características del terreno». Sobre la topografía del lugar, Przybylski sostuvo que la distancia de cien metros en la que aparecieron dispersas las vainas de los proyectiles debe ser entendida como una extensión mayor, en razón de los accidentes del terreno. «Caminando son mucho más, ya que se trata de un sendero zigzagueante y con muchos obstáculos», puntualizó.

Por otra parte, el abogado Marcelo Rocchetti, defensor de los prefectos Cavia, Pintos y Sosa, se opuso a la solicitud por considerarla «extemporánea e innecesaria», argumentó que la inspección ocular es una actividad propia de la etapa de instrucción de un caso y señaló que el terreno en el que se llevará a cabo es «agreste, boscoso y salvaje, y cambia constantemente». «Estamos a cinco años de un hecho ocurrido en un lugar cuya vegetación no paró de crecer y esas acciones van a hacer que sea absolutamente distinto de aquel del que se sucedieron los hechos», objetó Rocchetti, y adelantó que sus defendidos no participarán de la diligencia. 

En la primera inspección ocular el perito Enrique Prueger informó que no se encontraron indicios de otros disparos en el terreno o en los árboles que no fueran atribuibles a los prefectos.

¿Quién fue el autor?

En las audiencias previas del juicio habían declarado los peritos de las dos primeras pruebas balísticas. Esta semana fueron interrogados dos licenciados en criminalística que participaron como peritos en la tercera pericia balística, realizada en el Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) del Ministerio Público de Salta, que contradijo los resultados del primer estudio del que resultaba el cabo Pintos como autor del disparo.

Martín Spotorno -perito de parte de la defensa y testigo solicitado por la defensa de García y Obregón- y Agustina Oberti -perito por la querella- defendieron el resultado de la tercera pericia balística, que arrojó como resultado que el proyectil 9 milímetros que mató a Nahuel salió de la pistola Pietro Beretta modelo 92, número de serie 05-P83332Z, que portaba el cabo 1º Cavia.

La abogada defensora de dos de los prefectos investigados, Anabella Schmidt, consultó al licenciado en criminalística Spotorno cuál podía ser la explicación para que dos pericias de ese tipo arrojaran resultados divergentes. Spotorno defendió la actuación de los peritos de la tercera diligencia, aunque reconoció que la opinión sobre la coincidencia entre los proyectiles era de «carácter subjetiva». Dijo, también, que en los estudios balísticos pesa la «experticia, capacitación, entrenamiento, formación, experiencia» de los peritos intervinientes, así como el equipo que utilizan para los análisis.

Finalmente, Spotorno manifestó que había encontrado «gran coincidencia» entre el proyectil extraído del cuerpo de Nahuel y la bala testigo obtenida de la pistola Beretta que portaba Cavia, aunque luego reconoció: «Al fin y al cabo uno se puede equivocar».

Todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder.

Mapuches desarmados

Este miércoles 13 de septiembre, comenzó la décima audiencia con el testimonio del gendarme Báez, “en algunas muestras dio positivo para residuos de disparo y en otras había dado negativo”, respondió Báez, pero aclaró tras las preguntas que: «Eso no implica que sí o sí haya disparado».

Luego continuó Alejandro Converso, jefe de laboratorios forenses de Gendarmería nacional. «Si hay más armas, y más disparos se van a generar de manera proporcional más residuos de disparo que se van a estar aportando al medio ambiente», reveló el doctor en Bioquímica. 

Converso estaba a cargo de la división de Análisis Instrumental de Gendarmería Nacional al momento de realizar la pericia y explicó hoy que se utilizó la técnica microscopía electrónica de barrido basado en la Norma ASTM 1588.

«Siempre que haya una superficie contaminada y en contacto con otra, puede haber transferencia (de residuos de pólvora)», respondió Converso y agregó que también puede ser por aire, cuando salen las partículas tras el disparo y se liberan al medio ambiente; y depende del clima como será su dispersión. 

«Suponiendo que se disparen gran cantidad de disparos de arma de fuego, más de 100 disparos y circulen personas por ahí, ¿se puede transferir los residuos?», preguntó el querellante Mariano Przybyksky. «Sí, si se encuentran cerca de la pluma de disparos», respondió Báez entre silencios prolongados. 

Finalmente declaró Adriana Serquis, presidenta de la Comisión Nacional de Energía Atómica, quién fue confrontada de manera agresiva por el abogado defensor de tres prefectos, Marcelo Rocchetti. «La forma que se está dirigiendo que sea con respeto», pidió el juez Simón Bracco en un momento del testimonio.

Para Serquis; el hallazgo de residuos de pólvora puede indicar varias cosas: «O disparó o estuvo cerca o estuvo en contacto con alguien que disparó. Existe algo que se llama la transferencia», y habló sobre la existencia de superficies contaminadas como pueden ser los móviles policiales. Los residuos de disparo bien podrían haber llegado a las manos de Nahuel y los dos detenidos, Lautaro González y Fausto Jones Huala; por transferencia luego de ser esposados, por la manta con la que se tapó el cuerpo y por superficies contaminadas en el móvil policial donde fueron demorados.

En definitiva, todas las pruebas analizadas hasta el momento en este proceso confirman que el grupo mapuche perseguido no tuvo armas de fuego en su poder, algo que en su momento fue afirmado en la mesa de la conductora Mirtha Legrand por parte de la exvicepresidenta Gabriela Michetti.

 

El último Premio Nobel de la Paz argentino | Estuve ahí

El último Premio Nobel de la Paz argentino | Estuve ahí

Adolfo Pérez Esquivel fue galardonado por la fundación sueca por su resistencia a la dictadura militar y la defensa inclaudicable de los derechos humanos. En esta entrevista cuenta cómo se construyó el pacto democrático en el país, que este año celebra los 40 años ininterrumpidos de democracia.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández, Lucia Fabiana e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
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40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)
ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.
La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.
Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.
Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.
«No hubo tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad»

«No hubo tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad»

En el juicio que investiga el asesinato de Rafael Nahuel, declaron los peritos forenses que realizaron la autopsia. Las conclusiones desmienten las versiones de los gendarmes.

Dos nuevas audiencias han tenido lugar en el Tribunal Oral Federal de Roca por el crimen del joven mapuche, Rafael Nahuel, asesinado el 25 de noviembre de 2017 como consecuencia de un disparo recibido durante un operativo represivo contra la comunidad Lafken Winkul Mapu. Como estaba previsto, los testimonios de la séptima y octava audiencia fueron de los peritos Leonardo Saccomanno, Roberto Nigris, Silvia Bufalini quienes se encargaron de procedimientos tales como la autopsia, las pericias balísticas y del terreno. 

El perito forense Saccomanno fue el primero en declarar por Zoom, y dio detalles de los resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Nahuel, al día siguiente del crimen. Gracias a su explicación respecto a la forma en la que ingresó la bala en el cuerpo del joven –“hacia adelante, arriba y derecha para llegar a la axila derecha”–  quedó claro que el disparo se dio en el contexto de una huída y no de un enfrentamiento. Además de este dato clave, especificó que la muerte se debió a un “shock hipovolémico”: perdió por lo menos cuatro litros de sangre producto de la herida ocasionada. Cabe destacar que el procedimiento de la autopsia se produjo en una morgue provisoria montada en un “garaje” del predio hospitalario de Bariloche ya que no había una sala adecuada en ese momento.

El siguiente en declarar fue Roberto Nigris, perito balístico. Su trabajo, junto a otra profesional, consistió en cotejar las 24 armas calibre 9 milímetros secuestradas a los prefectos Albatros con el proyectil del mismo tamaño extraído de la víctima. Fue un subfusil MP5, denominada “Arma B”, la que coincidió con las características del proyectil mortal. Así también lo constató la licenciada en criminalística Karina Uribe, quien acompañó a Nigris en la pericia: “No hubo discusión de que el arma B era la que había salido del proyectil”. Lo mismo declaró en la audiencia del día miércoles la licenciada en Criminalística, Silvia Bufalini, quien trabajó junto al perito: “Estábamos todos de acuerdo en la coincidencia”.

Nigris detalló que las vainas servidas de proyectiles 9 milímetros que se encontraron durante la inspección ocular estaban en un trayecto «de cien metros», lo que para las querellas demuestra que existió una persecución por parte de los integrantes del grupo Albatros de la Prefectura contra los miembros de la comunidad mapuche de Villa Mascardi. Esto contradice la versión de los uniformados, quienes dijeron haber sido emboscados y atacados en un lugar puntual de la montaña, desde donde iniciaron –según declararon en las indagatorias y la instrucción– una carrera descendente hacia la ruta 40.

A pesar de las precisiones y coincidencias expuestas en estas audiencias, durante la etapa de instrucción existieron desprolijidades en relación a los peritajes balísticos que interfirieron en la causa: se ordenaron dos estudios más de los que Roberto Negris, perito oficial, no fue notificado ni participó. Estos peritajes, ordenados por Gendarmería Nacional en Buenos Aires y el Ministerio Público Fiscal de Salta, arrojaron distintos resultados: “Me hubiese gustado estar para defender mi trabajo” señaló Nigris y declaró que él entregó las armas y el proyectil a la Policía Aeroportuaria y al juzgado. “No encontraban el MP5 y me llamaron para ver si lo tenía yo. A mi me causó gracia”, sentenció el perito. 

Durante su extensa declaración, Nigris no ocultó su malestar por el cuestionamiento a su labor durante la etapa de instrucción, y dijo que en su extensa trayectoria «nunca» había vivido una situación como la mencionada. Los dichos de Nigris fueron ratificados por Uribe, quien presentó un power point de 43 láminas, con fotos e informes contenidos en el expediente judicial. Ni ella ni Nigris encontraron sentido al hecho de que la segunda y la tercera pericias hayan arrojado resultados distintos.

Con la declaración de la licenciada Bufalini se arribó a la conclusión de que “no hay tiradores ajenos a las fuerzas de seguridad” ya que todos los indicios balísticos de 9 mm correspondían a la Prefectura. Por otro lado, la especialista fue consultada por los test de residuos de pólvora encontradas en las manos de Nahuel, González y Jones Huala, quien aclaró que “existe la contaminación por transferencia”, algo que ya había sido planteado por la hipótesis de “transferencia de residuos” de la querella. Esto se habría dado al momento en que los dos jóvenes mapuches –que bajaron el cuerpo agonizante de “Rafita” desde el cerro hasta la ruta– fueron detenidos.

Para la semana entrante se esperan aún las declaraciones de los peritos que realizaron el procedimiento en Salta, entre ellos Hugo Flores Solis, Martín Spotorno, Agustina Oberti. El miércoles la audiencia contará con los testimonios de José Luis Manzano, Fernanda Martin Baez, Daniel Alejandro Converso y Adriana Cerquis, encargados de las pericias químicas fulminantes. Se finalizaría de esta forma con la ronda de peritos y se avanzaría con las declaraciones de otro tipo de testigos. 

El proceso judicial se inició hace casi un mes en el Tribunal Oral Federal de General Roca (Fiske Menuco) en la provincia de Río Negro, y se extenderá durante las próximas seis semanas. Cinco prefectos están imputados de homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa, el cabo Sergio Cavia como autor y el resto como partícipes. En cada jornada, diversos grupos de comunidades mapuche y organizaciones sociales se manifiestan afuera en reclamo de justicia por “Rafita”. La comunidad Lafken Winkul Mapu había sido desalojada el 23 de noviembre de 2017, pero el procedimiento represivo de los Albatros se produjo dos días más tarde, a sabiendas de que algunos de sus integrantes permanecían en ese territorio recuperado ubicado en Villa Mascardi.

 

Nunca más es nunca más

Nunca más es nunca más

Organizaciones políticas, sociales y defensoras de los derechos humanos se manifestaron frente a la Legislatura porteña para repudiar un acto negacionista que organizó La Libertad Avanza, el Partido de Javier Milei.

Diversas agrupaciones sociales se congregaron ayer frente a la Legislatura porteña para repudiar la actividad organizada por la legisladora de La Libertad Avanza Lucía Montenegro y promovida por la precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. El edificio amaneció protegido por un operativo en conjunto de la Policía de la Ciudad y el cuerpo de Infantería porteño para realizar un homenaje a víctimas de los grupos insurgentes Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), desde una visión sesgada del “terrorismo”, volviendo a tratar de instalar la Teoría de los Dos Demonios que predomió cuando se sancionaron las leyes de impunidad. Por eso, desde las 16, las agrupaciones de derechos humanos se concentraron en el centro porteño con pañuelos blancos y carteles que recalcaban “son 30.000”.

“Marchamos en repudio a la actividad que se va a llevar adelante en la Legislatura”, afirmó la Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H), Soledad Astudillo. “En las instituciones hay un consenso de qué cosas no deben ocurrir. No corresponde que esta entidad permita esto”, sentenció mientras avanzaba junto a la asociación civil que atiende, ad honorem, consultas jurídicas sobre asuntos relacionados a violaciones a los derechos humanos.

La convocatoria recién estaba empezando, por lo que los manifestantes debían hacerse lugar en el tránsito ajetreado y de hora pico de la Avenida de Mayo, que aún no había sido cortada. Sin mayores discusiones, pudieron agruparse y encaminar su marcha hacia el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adultos, personas ya muy ancianas y jóvenes se unían en una misma voz y cantaban: “Alerta, que están vivos: todos los ideales de los desaparecidos”. Entre bastones y celulares, elevaban el mismo reclamo. Inés, de la Villa 21-24 (Barracas y Nueva Pompeya) marchó “en contra de que levanten las banderas de los milicos que desaparecieron a compañeros”. La joven contó que en su barrio hubo cuatro desaparecidos, además de detenidos y asesinados. Contra el evento negacionista, replicó: “Tenemos que levantar las banderas de la memoria”.

La convocatoria promovida por Victoria Villarruel, postulada como vicepresidenta de La Libertad Avanza, estaba prevista para las 17. Casi coincidentemente, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, recordando la crítica y repudio de los Curas Villeros de CABA y GBA contra los dichos del candidato a presidente Javier Milei. Por ello, este martes 9 celebraron una misa en desagravio al Papa Francisco en la parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la mencionada Villa 21-24. “Fue blanco de toda clase de injurias, mentiras e insultos provenientes del candidato a presidente”, según aseguraron en su cuenta de Twitter.

Leonardo Miranda, miembro del colectivo Historias Desobedientes conformado por hijas, hijos y familiares de genocidas, que ahora luchan por Memoria, Verdad y Justicia sostuvo: “Venimos a sumar nuestra voz al rechazo de esta actividad. Es un mensaje tramposo –continuó– que pretende engañar: simula un homenaje pero, conociendo la historia de Villarruel, busca reivindicar el terrorismo de Estado y la dictadura”. 

Victoria es hija del teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, y sobrina de Ernesto Guillermo Villarruel, detenido por su actuación en el centro clandestino El Vesubio. También es presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), el cual partió de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada en 1993 por militares de la dictadura. La agrupación Historias Desobedientes recordó esta relación existente y en su comunicado oficial constató que “es una hija obediente del genocidio, que obedece los mandatos filiatorios de lealtad familiar que perpetúan el silencio y justifican los más atroces crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar”.

Miranda cuestionó que se retome la Teoría de los Dos Demonios y confirmó que “esto atrasa la historia argentina”. Por eso, se reunieron con otros organismos en esta manifestación: “Vinimos a defender la democracia”, concluyó.

Los grupos estaban encendidos en la entrada y salida de los asistentes al evento. Demasiadas caras largas y protestas hacían que un hombre, vestido de traje negro y con un papel blanco en mano, rechace a quienes no contaban con autorización para ingresar. Dos jóvenes que trabajan con un legislador fueron rechazados más de una vez, aún tratándose de su lugar de trabajo.

El clima transcurría tenso en las calles y tranquilo en un restaurante a pocos metros, donde una gran cantidad de personas disfrutaban de una merienda y miraban con atención los movimientos policiales y de manifestantes, que solo se juntaban para cantar contra los organizadores. Para quienes estaban resguardados de ese vidrio, la escena era casi un teatro dramático a punto de llegar a su punto de conflicto.

Una vez que la calle quedó más vacía. Detrás de la protección de la Policía de la Ciudad salió Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. En los primeros instantes de tranquilidad aseguró que “no es un acto para reivindicar el terror, perdón –se corrigió–, el terrorismo de Estado, es para pedir por las victimas”. 

“Estoy en contra de la dictadura”, afirmó Lemoine. Una señora la cuestionó: “Entonces, ¿por qué estamos reivindicando a gente que está a favor?”. Con un celular en mano, grabando a quienes la increparon, y visiblemente molesta por la situación, gritó en su cara: “Es mentira, infórmese bien”.

Los momentos de tensión ascendieron abruptamente, al punto que sus colaboradores la sostuvo del brazo y le insistió «tenés que entrar porque te van a armar quilombo». No bastaron más de unos segundos para que los gritos de la candidata a diputada cesen contra los manifestantes y estos se dispersen cuando dos personas rociaron combustible a todos los presentes –no sólo Lemoine como luego replicaron según sus dichos algunos medios–. Estos fueron inmediatamente detenidos por efectivos policiales.

“Repudio ese tipo de hechos, nada tienen que ver con lo que hacemos quienes estamos en contra de las ideas de la derecha y la ultraderecha”, aseguró Claudio Morresi, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Defendiendo esta postura desde adentro del edificio en cuestión, confirmó que el Bloque de Legisladores y Legisladoras de Unión por la Patria (UxP) llevó a cabo una reunión y firma de un documento a las autoridades competentes en protesta por la actividad propuesta por Victoria Villarruel.

El exsecretario de deporte apuntó al espacio político de Javier Milei: “Este no repudia la dictadura militar, la avala”. A la vez, confirmó que hubo una clara utilización del dolor de algunas familias “para modificar la historia real de lo que sucedió en la Argentina. Buscan la liberación de exmilitares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad torturando, asesinando y desapareciendo a miles de personas”.

Con retraso, el evento pudo llevarse a cabo con la presencia de Villarruel, acompañada por Lucía Montenegro, Lorenza Ferrari, madre una estudiante que murió por la explosión de un coche bomba de Montoneros, Graciela Saraspe, hija de un encargado de bar asesinado en Santa Lucía (Tucumán) por el ERP y Arturo Larrabure, hijo de un militar secuestrado y asesinado por el ERP en tiempos del gobierno de Isabel Martínez de Perón bajo la sombra de la Triple A dirigida por el comisario de policía y ministro de Bienestar José Lopez Rega, que obró como antesala de la dictadura. Sin embargo, los disturbios no quedaron aislados en la calle: dentro del antiguo edificio, líderes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores como Gabriel Solano y Vilma Ripoll, replicaron los cantos que los manifestantes enunciaron durante toda la jornada. En clara protesta, levantaron carteles que firmaban: “fue genocidio, no guerra”.

Del juicio a las juntas al lawfare | Estuve ahí

Del juicio a las juntas al lawfare | Estuve ahí

León Carlos Arslanián fue uno de los magistrados que condenó en 1985 a los comandantes de la dictadura militar. También fue ministro de Justicia en los años 90 e intentó reformar la temeraria Policía Bonaerense. Su voz es siempre escuchada a lo hora de repensar el funcionamiento de Tribunales. En esta entrevista analiza los cuestionamientos a un Poder que se llenó de prestigio fundando el pacto democrático pero que se fue degradando, entre otras cosas, víctima de sus propios privilegios.

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Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández, Lucia Fabiana e Ian Werbin.
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Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
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40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)
ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.
La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.
Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.
Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada de Paraguay para exigir la investigación del crimen de las niñas argentinas asesinadas por la fuerzas armadas de ese país hace tres años. También pidieron por la aparición con vida de Lichita, de 14 años, cuyo paradero se ignora desde entonces.

El viernes a mediodía se llevó a cabo una movilización frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires por los tres años del infanticidio de las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, cometido por las fuerzas armadas paraguayas, que respondían al expresidente Mario Abdo Benítez. También exigió la aparición con vida de “Lichita”, el cese de la persecución y la absolución de Carmen y Laura Villalba -madre y tía de las víctimas-, presas en ese país. Entre los referentes que reclamaron estuvo presente la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida.

Unas muy deseadas vacaciones familiares para reforzar los vínculos terminaría en tragedia. En 2019, Laura Villalba viajó a Yby Yaú, ubicado al norte de Paraguay, con su hija y sobrinas para que pudieran conocer a sus padres Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, miembros del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El objetivo era volver antes del comienzo de clases, pero la pandemia por el covid-19 tiró para atrás estos planes, ya que las fronteras fueron cerradas. A los Villalba no les quedó otra que convivir en un refugio creado por el EPP, el cual el 2 de septiembre de 2020 sería descubierto y posteriormente asaltado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, unidad militar especializada creada para enfrentar grupos armados insurgentes, y en particular, al Ejército del Pueblo Paraguayo. El resultado fue atroz: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Luego, decidieron disfrazarlas como guerrilleras, para que Abdo pueda fotografiarse victorioso en el campamento.

Carmen Elizabeth, apodada «Lichita» y de 14 años de edad, es la hija de Carmen Villalba, militante del movimiento de izquierda Patria Libre que aún se encuentra detenida en la cárcel del Buen Pastror en Asunción a pesar de haber cumplido su condena. Durante ese ataque, Lichita sufrió una lesión en una de sus pantorrillas, pero logró escapar junto con su tía Laura y dos de sus primas. Terminaron en medio de la selva, Laura pudo curar a “Lichita” mientras trataban de volver a casa. Sin embargo, el 20 de noviembre fueron emboscadas por francotiradores que acabaron con la vida de cuatro militantes del EPP que las ayudaban. Laura, Lichita, con una nueva herida esta vez en la cabeza, Tamara Anahí -melliza de “Lichita”- y Tania Tamara, tuvieron que sobrevivir alrededor de ocho días comiendo ratas, víboras y tomaban su orín. A Laura no quedó otra alternativa que dejar a su sobrina herida para poder ir a conseguir alimento, junto a Tamara y Tania, las cuales terminaron perdiéndose. El 30 de noviembre sería la última vez que verían a Lichita, quien hasta el día de hoy continúa desaparecida.

La policía capturó a Laura Villalba el 23 de diciembre, quien por buscar desesperadamente a su sobrina por las distintas comunidades, terminó en un retén militar. Fue aislada e incomunicada, sin abogados ni personal femenino, y fue trasladada a la Penitenciaría Regional de Encarnación donde espera el juicio. Por otro lado, Tania y Tamara lograron escapar de regreso a la Argentina, donde pudieron contar todo lo sucedido al resto de la familia. Los cuerpos de Lilian Mariana y María Carmen están enterrados en un cementerio de Camposanto de Lima, Paraguay. El gobierno paraguayo no permite recuperarlos.

“Libertad a Laura”

A Laura Villalba se la juzga por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” –por lo que también está imputada Miriam Villalba, madre de Lilian Mariana– con una expectativa de pena de 10 años, y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra” con una condena de 30 años. Ante la primera causa, se contempla en Convenio de Ginebra, que a los hijos de insurgentes se les debe garantizar espacios de comunicación con sus padres y madres. Sin embargo, como estos derechos en Paraguay no están siendo reconocidos, no les quedó otra que llevar a las niñas a los refugios creados para ese fin por el grupo insurgente. Para la segunda causa, está acusada por ser enfermera del EPP. Fue detenida sin orden alguna, adulteraron fechas del expediente, y recién al día siguiente encontraron una mochila con armas. Laura está siendo juzgada sin garantías jurídicas, según explican sus abogados, nunca pudieron probar ninguno de los hechos punibles que se le atribuyen. Es víctima de la desesperación del gobierno paraguayo por resolver el problema de la desaparición de Lichita, producto de sus propias fuerzas armadas.

 El 23 y el 24 de agosto, Laura debía enfrentar el primero de los cargos por los cuales era juzgada, pero la fiscalía representada por Karina Sánchez, Claudia Morys y María Isabel Arnold, que forman parte de la Unidad especializada de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se presentó. Tras haberse pospuesto para el viernes 25, solo apareció María Isabel Arnold, quien informó que estaba enferma, sin presentar certificado médico alguno. Ese mismo día se rechazaron las pruebas presentadas por la defensa, mientras que el Tribunal no le pidió a la fiscalía la entrega de una prueba importante solicitada por la defensa: la carpeta de la investigación sobre el asesinato de las dos niñas, admitida por el juzgado de Garantías el 2 de septiembre de 2022 en la audiencia preliminar. Al violar el legítimo derecho a la defensa, la recusación será elevada al tribunal de apelaciones para ver como continuará el juicio. Por otro lado, el juicio por la causa de “terrorismo” será el 12 de septiembre.

Del 22 al 25 de agosto,una delegación humanitaria integrada por activistas de derechos humanos, feministas, gremialistas e integrantes de movimientos populares de Argentina, viajó a Paraguay para visitar a Laura y además, actuar como veedores internacionales en ambas instancias desarrolladas durante el juicio.

En la marcha del viernes frente a la embajada de Buenos Aires en la CABA, –convocada por la campaña internacional Eran Niñas– integrantes de la familia Villalba, abogados, movimientos populares y organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes para pedir justicia por el doble infanticidio de María Carmen y Lilian Mariana, la aparición con vida de su prima y la absolución de Laura y Carmen Villalba.

La familia Villalba leyó un documento sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado paraguayo, donde se acusó al gobierno del Paraguay de ser responsable por “actuar en complicidad” con las instituciones judiciales, fiscales y los medios de comunicación hegemónicos para encubrir los crímenes cometidos por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), para construir una versión “mentirosa”, por haber manipulado los cuerpos previo a la autopsia, no haber permitido el ingreso del Equipo Médico Forense Argentino, así como también por haber quemado sus pertenencias y los supuestos uniformes con los que habían vestido a las niñas llevaban puestas.

La familia dijo que estas causas tienen el objetivo de “quebrantar la integridad de Laura”, así como también “construir comunicacionalmente la figura de Laura como mala madre, como peligrosa para la sociedad”. Se exigió el castigo a los responsables, la absolución a Laura Villalba “presa por garantizar el derecho a la identidad”, la libertad a Carmen Villalba “presa con condena cumplida” y por la aparición con vida de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba desaparecida el 30 de noviembre, “Viva se la llevaron y viva la queremos”, dijo Miriam Villalba.

La Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, “Taty” Almeida, se hizo presente para pedir que no bajen los brazos: “Hagan como las madres decimos y hacemos hace 47 años, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Cuando estén un poco caídos porque no logran lo que realmente quieren, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, por qué nosotros no”.

Por su parte, Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial de Abogadas y Abogados Argentinos, y abogado de la familia Villalba, denunció que el juicio es “persecutorio de los derechos de los niños”, y que fue armado porque “no encontraron otra cosa que acusar”. Micrófono en mano, el abogado manifestó: “A Laura querían acusarla de trata, a toda la familia Villalba, quisieron inventar que ellas preparaban a los niños para que se conviertan en guerrilleros”. Al caer tal argumento, Franquet afirmó que crearon la causa por incumplimiento del deber del cuidado para dilatar los juicios: “La fiscalía no apareció y mandó a decir que una de las fiscales estaba descompuesta. El juez en vez de dar la absolución, decidió darle más tiempo. Dos días después no nos dejaron presentar a la defensa las pruebas y se canceló el juicio”.