Nunca más es nunca más

Nunca más es nunca más

Organizaciones políticas, sociales y defensoras de los derechos humanos se manifestaron frente a la Legislatura porteña para repudiar un acto negacionista que organizó La Libertad Avanza, el Partido de Javier Milei.

Diversas agrupaciones sociales se congregaron ayer frente a la Legislatura porteña para repudiar la actividad organizada por la legisladora de La Libertad Avanza Lucía Montenegro y promovida por la precandidata a vicepresidenta Victoria Villarruel. El edificio amaneció protegido por un operativo en conjunto de la Policía de la Ciudad y el cuerpo de Infantería porteño para realizar un homenaje a víctimas de los grupos insurgentes Montoneros y Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), desde una visión sesgada del “terrorismo”, volviendo a tratar de instalar la Teoría de los Dos Demonios que predomió cuando se sancionaron las leyes de impunidad. Por eso, desde las 16, las agrupaciones de derechos humanos se concentraron en el centro porteño con pañuelos blancos y carteles que recalcaban “son 30.000”.

“Marchamos en repudio a la actividad que se va a llevar adelante en la Legislatura”, afirmó la Presidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (A.P.D.H), Soledad Astudillo. “En las instituciones hay un consenso de qué cosas no deben ocurrir. No corresponde que esta entidad permita esto”, sentenció mientras avanzaba junto a la asociación civil que atiende, ad honorem, consultas jurídicas sobre asuntos relacionados a violaciones a los derechos humanos.

La convocatoria recién estaba empezando, por lo que los manifestantes debían hacerse lugar en el tránsito ajetreado y de hora pico de la Avenida de Mayo, que aún no había sido cortada. Sin mayores discusiones, pudieron agruparse y encaminar su marcha hacia el Poder Legislativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Adultos, personas ya muy ancianas y jóvenes se unían en una misma voz y cantaban: “Alerta, que están vivos: todos los ideales de los desaparecidos”. Entre bastones y celulares, elevaban el mismo reclamo. Inés, de la Villa 21-24 (Barracas y Nueva Pompeya) marchó “en contra de que levanten las banderas de los milicos que desaparecieron a compañeros”. La joven contó que en su barrio hubo cuatro desaparecidos, además de detenidos y asesinados. Contra el evento negacionista, replicó: “Tenemos que levantar las banderas de la memoria”.

La convocatoria promovida por Victoria Villarruel, postulada como vicepresidenta de La Libertad Avanza, estaba prevista para las 17. Casi coincidentemente, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, recordando la crítica y repudio de los Curas Villeros de CABA y GBA contra los dichos del candidato a presidente Javier Milei. Por ello, este martes 9 celebraron una misa en desagravio al Papa Francisco en la parroquia de la Virgen de los Milagros de Caacupé, en la mencionada Villa 21-24. “Fue blanco de toda clase de injurias, mentiras e insultos provenientes del candidato a presidente”, según aseguraron en su cuenta de Twitter.

Leonardo Miranda, miembro del colectivo Historias Desobedientes conformado por hijas, hijos y familiares de genocidas, que ahora luchan por Memoria, Verdad y Justicia sostuvo: “Venimos a sumar nuestra voz al rechazo de esta actividad. Es un mensaje tramposo –continuó– que pretende engañar: simula un homenaje pero, conociendo la historia de Villarruel, busca reivindicar el terrorismo de Estado y la dictadura”. 

Victoria es hija del teniente coronel Eduardo Marcelo Villarruel, y sobrina de Ernesto Guillermo Villarruel, detenido por su actuación en el centro clandestino El Vesubio. También es presidente del Centro de Estudios Legales sobre el Terrorismo y sus Víctimas (Celtyv), el cual partió de la Asociación Unidad Argentina (Aunar), fundada en 1993 por militares de la dictadura. La agrupación Historias Desobedientes recordó esta relación existente y en su comunicado oficial constató que “es una hija obediente del genocidio, que obedece los mandatos filiatorios de lealtad familiar que perpetúan el silencio y justifican los más atroces crímenes cometidos en la última dictadura cívico militar”.

Miranda cuestionó que se retome la Teoría de los Dos Demonios y confirmó que “esto atrasa la historia argentina”. Por eso, se reunieron con otros organismos en esta manifestación: “Vinimos a defender la democracia”, concluyó.

Los grupos estaban encendidos en la entrada y salida de los asistentes al evento. Demasiadas caras largas y protestas hacían que un hombre, vestido de traje negro y con un papel blanco en mano, rechace a quienes no contaban con autorización para ingresar. Dos jóvenes que trabajan con un legislador fueron rechazados más de una vez, aún tratándose de su lugar de trabajo.

El clima transcurría tenso en las calles y tranquilo en un restaurante a pocos metros, donde una gran cantidad de personas disfrutaban de una merienda y miraban con atención los movimientos policiales y de manifestantes, que solo se juntaban para cantar contra los organizadores. Para quienes estaban resguardados de ese vidrio, la escena era casi un teatro dramático a punto de llegar a su punto de conflicto.

Una vez que la calle quedó más vacía. Detrás de la protección de la Policía de la Ciudad salió Lilia Lemoine, candidata a diputada nacional por La Libertad Avanza. En los primeros instantes de tranquilidad aseguró que “no es un acto para reivindicar el terror, perdón –se corrigió–, el terrorismo de Estado, es para pedir por las victimas”. 

“Estoy en contra de la dictadura”, afirmó Lemoine. Una señora la cuestionó: “Entonces, ¿por qué estamos reivindicando a gente que está a favor?”. Con un celular en mano, grabando a quienes la increparon, y visiblemente molesta por la situación, gritó en su cara: “Es mentira, infórmese bien”.

Los momentos de tensión ascendieron abruptamente, al punto que sus colaboradores la sostuvo del brazo y le insistió «tenés que entrar porque te van a armar quilombo». No bastaron más de unos segundos para que los gritos de la candidata a diputada cesen contra los manifestantes y estos se dispersen cuando dos personas rociaron combustible a todos los presentes –no sólo Lemoine como luego replicaron según sus dichos algunos medios–. Estos fueron inmediatamente detenidos por efectivos policiales.

“Repudio ese tipo de hechos, nada tienen que ver con lo que hacemos quienes estamos en contra de las ideas de la derecha y la ultraderecha”, aseguró Claudio Morresi, Legislador de la Ciudad de Buenos Aires. Defendiendo esta postura desde adentro del edificio en cuestión, confirmó que el Bloque de Legisladores y Legisladoras de Unión por la Patria (UxP) llevó a cabo una reunión y firma de un documento a las autoridades competentes en protesta por la actividad propuesta por Victoria Villarruel.

El exsecretario de deporte apuntó al espacio político de Javier Milei: “Este no repudia la dictadura militar, la avala”. A la vez, confirmó que hubo una clara utilización del dolor de algunas familias “para modificar la historia real de lo que sucedió en la Argentina. Buscan la liberación de exmilitares y policías que cometieron crímenes de lesa humanidad torturando, asesinando y desapareciendo a miles de personas”.

Con retraso, el evento pudo llevarse a cabo con la presencia de Villarruel, acompañada por Lucía Montenegro, Lorenza Ferrari, madre una estudiante que murió por la explosión de un coche bomba de Montoneros, Graciela Saraspe, hija de un encargado de bar asesinado en Santa Lucía (Tucumán) por el ERP y Arturo Larrabure, hijo de un militar secuestrado y asesinado por el ERP en tiempos del gobierno de Isabel Martínez de Perón bajo la sombra de la Triple A dirigida por el comisario de policía y ministro de Bienestar José Lopez Rega, que obró como antesala de la dictadura. Sin embargo, los disturbios no quedaron aislados en la calle: dentro del antiguo edificio, líderes del Frente de Izquierda y de los Trabajadores como Gabriel Solano y Vilma Ripoll, replicaron los cantos que los manifestantes enunciaron durante toda la jornada. En clara protesta, levantaron carteles que firmaban: “fue genocidio, no guerra”.

Del juicio a las juntas al lawfare | Estuve ahí

Del juicio a las juntas al lawfare | Estuve ahí

León Carlos Arslanián fue uno de los magistrados que condenó en 1985 a los comandantes de la dictadura militar. También fue ministro de Justicia en los años 90 e intentó reformar la temeraria Policía Bonaerense. Su voz es siempre escuchada a lo hora de repensar el funcionamiento de Tribunales. En esta entrevista analiza los cuestionamientos a un Poder que se llenó de prestigio fundando el pacto democrático pero que se fue degradando, entre otras cosas, víctima de sus propios privilegios.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández, Lucia Fabiana e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini
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40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)
ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.
La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.
Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.
Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.
Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Marcharon exigiendo justicia por el infanticidio de las primas Villalba

Organizaciones sociales y defensoras de los derechos humanos se manifestaron frente a la Embajada de Paraguay para exigir la investigación del crimen de las niñas argentinas asesinadas por la fuerzas armadas de ese país hace tres años. También pidieron por la aparición con vida de Lichita, de 14 años, cuyo paradero se ignora desde entonces.

El viernes a mediodía se llevó a cabo una movilización frente a la embajada de Paraguay en Buenos Aires por los tres años del infanticidio de las niñas María Carmen y Lilian Mariana Villalba, cometido por las fuerzas armadas paraguayas, que respondían al expresidente Mario Abdo Benítez. También exigió la aparición con vida de “Lichita”, el cese de la persecución y la absolución de Carmen y Laura Villalba -madre y tía de las víctimas-, presas en ese país. Entre los referentes que reclamaron estuvo presente la Madre de Plaza de Mayo, Taty Almeida.

Unas muy deseadas vacaciones familiares para reforzar los vínculos terminaría en tragedia. En 2019, Laura Villalba viajó a Yby Yaú, ubicado al norte de Paraguay, con su hija y sobrinas para que pudieran conocer a sus padres Osvaldo Villalba y Manuel Cristaldo Mieres, miembros del grupo insurgente Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El objetivo era volver antes del comienzo de clases, pero la pandemia por el covid-19 tiró para atrás estos planes, ya que las fronteras fueron cerradas. A los Villalba no les quedó otra que convivir en un refugio creado por el EPP, el cual el 2 de septiembre de 2020 sería descubierto y posteriormente asaltado por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC) de Paraguay, unidad militar especializada creada para enfrentar grupos armados insurgentes, y en particular, al Ejército del Pueblo Paraguayo. El resultado fue atroz: María Carmen y Lilian Mariana Villalba, ambas de once años de edad, fueron capturadas, torturadas y ejecutadas por las fuerzas armadas. Luego, decidieron disfrazarlas como guerrilleras, para que Abdo pueda fotografiarse victorioso en el campamento.

Carmen Elizabeth, apodada «Lichita» y de 14 años de edad, es la hija de Carmen Villalba, militante del movimiento de izquierda Patria Libre que aún se encuentra detenida en la cárcel del Buen Pastror en Asunción a pesar de haber cumplido su condena. Durante ese ataque, Lichita sufrió una lesión en una de sus pantorrillas, pero logró escapar junto con su tía Laura y dos de sus primas. Terminaron en medio de la selva, Laura pudo curar a “Lichita” mientras trataban de volver a casa. Sin embargo, el 20 de noviembre fueron emboscadas por francotiradores que acabaron con la vida de cuatro militantes del EPP que las ayudaban. Laura, Lichita, con una nueva herida esta vez en la cabeza, Tamara Anahí -melliza de “Lichita”- y Tania Tamara, tuvieron que sobrevivir alrededor de ocho días comiendo ratas, víboras y tomaban su orín. A Laura no quedó otra alternativa que dejar a su sobrina herida para poder ir a conseguir alimento, junto a Tamara y Tania, las cuales terminaron perdiéndose. El 30 de noviembre sería la última vez que verían a Lichita, quien hasta el día de hoy continúa desaparecida.

La policía capturó a Laura Villalba el 23 de diciembre, quien por buscar desesperadamente a su sobrina por las distintas comunidades, terminó en un retén militar. Fue aislada e incomunicada, sin abogados ni personal femenino, y fue trasladada a la Penitenciaría Regional de Encarnación donde espera el juicio. Por otro lado, Tania y Tamara lograron escapar de regreso a la Argentina, donde pudieron contar todo lo sucedido al resto de la familia. Los cuerpos de Lilian Mariana y María Carmen están enterrados en un cementerio de Camposanto de Lima, Paraguay. El gobierno paraguayo no permite recuperarlos.

“Libertad a Laura”

A Laura Villalba se la juzga por “violación del deber de cuidado, educación y violencia familiar” –por lo que también está imputada Miriam Villalba, madre de Lilian Mariana– con una expectativa de pena de 10 años, y por “asociación terrorista, tentativa de homicidio y portación de armas de guerra” con una condena de 30 años. Ante la primera causa, se contempla en Convenio de Ginebra, que a los hijos de insurgentes se les debe garantizar espacios de comunicación con sus padres y madres. Sin embargo, como estos derechos en Paraguay no están siendo reconocidos, no les quedó otra que llevar a las niñas a los refugios creados para ese fin por el grupo insurgente. Para la segunda causa, está acusada por ser enfermera del EPP. Fue detenida sin orden alguna, adulteraron fechas del expediente, y recién al día siguiente encontraron una mochila con armas. Laura está siendo juzgada sin garantías jurídicas, según explican sus abogados, nunca pudieron probar ninguno de los hechos punibles que se le atribuyen. Es víctima de la desesperación del gobierno paraguayo por resolver el problema de la desaparición de Lichita, producto de sus propias fuerzas armadas.

 El 23 y el 24 de agosto, Laura debía enfrentar el primero de los cargos por los cuales era juzgada, pero la fiscalía representada por Karina Sánchez, Claudia Morys y María Isabel Arnold, que forman parte de la Unidad especializada de lucha contra la trata de personas y explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, no se presentó. Tras haberse pospuesto para el viernes 25, solo apareció María Isabel Arnold, quien informó que estaba enferma, sin presentar certificado médico alguno. Ese mismo día se rechazaron las pruebas presentadas por la defensa, mientras que el Tribunal no le pidió a la fiscalía la entrega de una prueba importante solicitada por la defensa: la carpeta de la investigación sobre el asesinato de las dos niñas, admitida por el juzgado de Garantías el 2 de septiembre de 2022 en la audiencia preliminar. Al violar el legítimo derecho a la defensa, la recusación será elevada al tribunal de apelaciones para ver como continuará el juicio. Por otro lado, el juicio por la causa de “terrorismo” será el 12 de septiembre.

Del 22 al 25 de agosto,una delegación humanitaria integrada por activistas de derechos humanos, feministas, gremialistas e integrantes de movimientos populares de Argentina, viajó a Paraguay para visitar a Laura y además, actuar como veedores internacionales en ambas instancias desarrolladas durante el juicio.

En la marcha del viernes frente a la embajada de Buenos Aires en la CABA, –convocada por la campaña internacional Eran Niñas– integrantes de la familia Villalba, abogados, movimientos populares y organizaciones de derechos humanos estuvieron presentes para pedir justicia por el doble infanticidio de María Carmen y Lilian Mariana, la aparición con vida de su prima y la absolución de Laura y Carmen Villalba.

La familia Villalba leyó un documento sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos por el estado paraguayo, donde se acusó al gobierno del Paraguay de ser responsable por “actuar en complicidad” con las instituciones judiciales, fiscales y los medios de comunicación hegemónicos para encubrir los crímenes cometidos por las Fuerzas de Tareas Conjuntas (FTC), para construir una versión “mentirosa”, por haber manipulado los cuerpos previo a la autopsia, no haber permitido el ingreso del Equipo Médico Forense Argentino, así como también por haber quemado sus pertenencias y los supuestos uniformes con los que habían vestido a las niñas llevaban puestas.

La familia dijo que estas causas tienen el objetivo de “quebrantar la integridad de Laura”, así como también “construir comunicacionalmente la figura de Laura como mala madre, como peligrosa para la sociedad”. Se exigió el castigo a los responsables, la absolución a Laura Villalba “presa por garantizar el derecho a la identidad”, la libertad a Carmen Villalba “presa con condena cumplida” y por la aparición con vida de Carmen Elizabeth “Lichita” Oviedo Villalba desaparecida el 30 de noviembre, “Viva se la llevaron y viva la queremos”, dijo Miriam Villalba.

La Madre de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, “Taty” Almeida, se hizo presente para pedir que no bajen los brazos: “Hagan como las madres decimos y hacemos hace 47 años, la única lucha que se pierde es la que se abandona. Cuando estén un poco caídos porque no logran lo que realmente quieren, tienen que decir bien fuerte: si las madres pudieron, por qué nosotros no”.

Por su parte, Gustavo Franquet, perteneciente a la Gremial de Abogadas y Abogados Argentinos, y abogado de la familia Villalba, denunció que el juicio es “persecutorio de los derechos de los niños”, y que fue armado porque “no encontraron otra cosa que acusar”. Micrófono en mano, el abogado manifestó: “A Laura querían acusarla de trata, a toda la familia Villalba, quisieron inventar que ellas preparaban a los niños para que se conviertan en guerrilleros”. Al caer tal argumento, Franquet afirmó que crearon la causa por incumplimiento del deber del cuidado para dilatar los juicios: “La fiscalía no apareció y mandó a decir que una de las fiscales estaba descompuesta. El juez en vez de dar la absolución, decidió darle más tiempo. Dos días después no nos dejaron presentar a la defensa las pruebas y se canceló el juicio”.

Ocho años de impunidad

Ocho años de impunidad

La desaparición de Sebastián «Nino» Largueri continúa impune, mientras que la causa sigue deambulando por los tribunales correntinos. Su hermana denuncia connivencia entre la policía y el poder político.

Tras ocho años de la desaparición y muerte del joven de 23 años, Sebastián “Nino” Largueri en Monte Caseros, provincia de Corrientes, los policías imputados Roberto Aguirre, Walter García, Ramón Goin y Cristian Ibalo han declarado por primera vez. Sin embargo, tanto la jueza Elsa López como el fiscal Ricardo López Ruíz han rechazado el pedido de “detención inmediata” presentado por la querella. Su hermana, Anahí Andrade dialogó con ANCCOM y contó cómo vive esta situación de impunidad que hoy cumple casi una década.

En una provincia donde sigue vigente el Código Contravencional, es decir que la policía puede parar y llevar a la comisaría a cualquier persona sin más excusas que la averiguación de antecedentes, merodeo o portación de rostro; Anahí se ha convertido en una referente social al denunciar y luchar contra la violencia institucional. Ella señala el encubrimiento y la complicidad no sólo por parte de la justicia, sino también del poder político que no tuvo ni una muestra de solidaridad con la familia. Con el apoyo de organizaciones sociales de derechos humanos, las madres y hermanas víctimas de “gatillo fácil” y los medios provinciales o de Buenos Aires, pero no locales, ha logrado que su caso trascienda e incluso llegue a otros países como Kurdistán, Francia y México desde donde también recibe la solidaridad de las compañeras.  

“Nino era mi hermano menor, al que prácticamente materné”, cuenta Anahí desde su casa en Monte Caseros. Sebastián amaba el deporte, jugaba al fútbol y había realizado varias exhibiciones de box. “Tuvimos una vida muy dura. A los 17 años él empezó con ataques de pánico y a tratarse con psicólogos, pero al mismo tiempo comenzó a consumir drogas y se enfermó. Luego de varios años le diagnosticaron esquizofrenia, lo tuvimos que internar varias veces en el Hospital de San Francisco de Asís en Corrientes Capital que es un horror, fueron situaciones muy angustiosas. Hacía falta denunciarlo porque dada la Ley de Salud Mental que rige no podíamos internarlo en contra de su voluntad”. Desde entonces, Anahí y su familia se enfrentan al desprecio y la falta de respuesta por parte de las autoridades y de la justicia. “Con la jueza Elsa López ―quien justamente lleva la causa en la actualidad― había firmado una red de protección para Nino donde me hacía cargo de encontrarle una casa, de su medicación, de la comida; mientras que ellos se habían comprometido a enviar un asistente social una vez por semana, pero nunca lo cumplieron”.

El 31 de agosto de 2015 Anahí Andrade se enteró de lo que había sucedido con su hermano menor, quien estuvo desaparecido por dos semanas en Monte Caseros. Su cuerpo apareció en el río Miriñay luego de haber sido detenido por la policía en la casa de un amigo. Anahí cuenta cómo fueron los momentos previos a su detención, que evidencian el hostigamiento que Nino estaba sufriendo: “En julio de 2015 lo retiré del hospital y me contó que lo llevaron a un descampado, lo habían golpeado, torturado. Lo amenazaron con hacerlo ‘NN’, estaba dispuesto a denunciar esto. Cuatro días antes de que lo secuestraran fue con un abogado a la fiscalía y, supuestamente, ese día el fiscal no se encontraba”. Agrega que algunos estados de la red social Facebook de su hermano rezaban: “Yo no soy ningún ladrón” e insultaba a la policía. 

En un primer momento la causa estuvo en manos del juez Eduardo Alegre. Gracias al trabajo de la querella, los policías Aguirre, García, Goin e Ibalo fueron imputados por privación ilegítima de la libertad y vejámenes agravados. Pero ante el pedido de investigación e imputación por homicidio calificado, el juez se negó rotundamente, “es absurdo, fue él quien los imputó por secuestro y tortura en primaria instancia”, sostiene Anahí. 

Alegre fue apartado de la causa, sin embargo la jueza López, quien tomó las riendas a principio de este año, continúa con la misma línea de impunidad: tras haberlos citado a declarar dos veces (una en mayo donde los uniformados no se presentaron y la siguiente en julio donde fueron llevados por la fuerza pública y se negaron a declarar) resultaron efectivamente imputados, pero dejados en libertad con ciertas reglas de conducta que deben cumplir. Estas incluyen presentarse a firmar del 1 al 10 de cada mes y el no acercamiento a la familia, «algo que no han cumplido nunca”, asegura Anahí ya que escriben libremente en sus redes sociales y reciben amenazas de su parte. “García amagó con sacar un arma de fuego a las afueras del casino, hay pruebas de todo. Ellos continúan con su vida como si nada cuando a mí me han inventado cuatro causas, fui llevada a juicio e incluso condenada antes que los asesinos de mi hermano”. 

En la situación actual, las esperanzas están depositadas en el pedido de apelación  realizado por su abogado, Hermindo González: “Nos queda confiar en que esto se va a revocar y que se va a dar lugar a la apelación. La otra opción es pedir de forma urgente la elevación de la causa a juicio oral ya con la imputación de homicidio calificado y que de una vez por todas los policías sean juzgados y condenados”. 

“Justicia por Nino Largueri” es el nombre de las redes sociales de Instagram y Facebook que informa y reclama por el caso del joven. Al cumplirse en el día de la fecha ocho años de la aparición de su cuerpo, se ha publicado un video donde por medio del rap, se cuenta lo sucedido y se reclama justicia. El audiovisual fue realizado por Mauricio Centurión, “un pibe de Monte Caseros, periodista y cineasta que vive en Kurdistán que siempre está acompañándonos en la lucha y que incluso realizó el documental ‘¿Qué pasó con Nino Largueri?’ Esto es lo que nos ayuda no sólo a difundir sino a mantener y asegurar nuestra seguridad” concluye Anahí.

El rol de Clarín en el asesinato de Rafael Nahuel

El rol de Clarín en el asesinato de Rafael Nahuel

El líder de los Albatros declaró en el juicio que investiga la muerte del joven mapuche y aseguró que todo lo que sabía de la comunidad era lo que había leído en el diario. Otros testigos, señalaron que las víctimas no tenían armas de fuego.

Durante las últimas dos audiencias del juicio por la muerte de Rafael Nahuel en Villa Mascardi, los testimonios de diversos testigos, entre ellos miembros de la Policía Federal y de la Prefectura Naval, sugieren que la información obtenida a través de los medios de comunicación influyó en la estrategia y en la toma de decisiones de los equipos de seguridad. Asimismo, otros destacaron la ausencia de armas de fuego en poder de la comunidad mapuche durante el desalojo. 

Este martes 29 de agosto durante el juicio por el asesinato de Rafael Nahuel, Julio César Mostafá, líder del Grupo Albatros, admitió haber obtenido información sobre la situación de los mapuches en Chile a través del diario Clarín. La aseveración disparó nuevas preguntas del abogado de la querella de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Sebastián Feudal, quien le preguntó si conocía algunas características de las comunidades mapuches. “Sólo lo que se había visto en los medios de comunicación. Lo que había pasado en Chile. Sabíamos que (el desalojo) era en Bariloche, en apoyo a la Policía Federal y que iba a haber algún tipo de agresión. Sabía que (en Chile) había habido quemas de viviendas, ese tipo de cosas, bloqueo de rutas, lo que salió en los medios de comunicación”, respondió Mostafá.

“¿Qué vio o escuchó de cómo fue ocupado el predio?”, le preguntó el abogado, a lo que el prefecto respondió: “Vi por los medios que habían ocupado unos días antes, en Clarín. Y, después, cuando recibí la orden, me acordé de lo que había visto”. En distintos momentos del interrogatorio de las partes acusadoras, que incluyen a los abogados representantes de la familia de Nahuel y de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, el abogado defensor de tres miembros de los Albatros, Marcelo Rocchetti, trató sin éxito de cambiar la dirección de las preguntas. A pesar de ello, el presidente del tribunal dio permiso para las preguntas, al considerar que era necesario brindar contexto al operativo que resultó en el asesinato del joven mapuche.

En relación a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), Feudal preguntó a Mostafá qué sabía de esa organización, a lo cual el testigo reiteró: “Lo que leí en los medios, bloqueo de rutas en Chile, quemado de algunas fincas, nada más”. El letrado quiso saber por qué asoció esa sigla con el procedimiento represivo. “Es imposible no asociarlo, hablaban (los medios) de ramificaciones de la RAM en nuestro país, lo relacionaban con (Facundo) Jones Huala de la comunidad mapuche, imposible no relacionarlo”. Mostafá tenía a su cargo la decisión sobre el equipo y armamento del operativo del 25 de noviembre, dos días después del desalojo de la comunidad Lafken Winkul Mapu. Como si hubiera quedado alguna duda, Feudal insistió: “¿Tomó esa determinación en base a los medios?”, preguntó Feudal. “Si se quiere, sí”, reconoció Mostafá. Más tarde, el abogado de la APDH consideró que “es un prejuicio muy claro” por parte del uniformado, que demuestra que “se actuó en base a consideraciones que no figuraban en la orden judicial”.

Otro testigo que compareció en la audiencia del martes fue Leandro Ruata, quien en ese entonces era el jefe de la delegación de la Prefectura Naval Argentina en Bariloche. Ruata entró en contradicción respecto a un punto fundamental de la investigación. Declaró que al llegar a Villa Mascardi –unas dos horas después de ser informado sobre el supuesto enfrentamiento– «escuchó disparos que provenían de la montaña». El abogado de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, Mariano Przybylski, salió al cruce y citó un fragmento de su declaración durante la instrucción de la causa, en la que afirmó no haber escuchado disparos de armas de fuego en el lugar. “Es cierto, me debo haber equivocado ahora. Lo que escuché eran voces, no detonaciones. O gritos, no sé precisar de quién”, admitió el testigo.

También dio testimonio el oficial de la Policía Federal, Felipe Duarte, quien, en calidad de francotirador, se infiltró en la zona ocupada por la comunidad mapuche dos días antes del desalojo para obtener información. Duarte afirmó que no percibió una actitud agresiva por parte de los miembros de la comunidad, aunque admitió que no pudo ver con claridad cuántas personas formaban parte del grupo que sería desalojado debido a que permaneció oculto.

Por su parte, declararon los suboficiales de Prefectura Diego Sánchez e Ignacio Salinas. Ambos coincidieron en que no escucharon disparos de armas de fuego de manera directa ni a través de los equipos de comunicación. Cada uno de ellos indicó que oyó los llamados de auxilio por parte de los integrantes de la patrulla que subió a la montaña. Sánchez informó que estaba subiendo cuando se encontró a mitad de camino con sus compañeros que bajaban y que le comunicaron que habían sido atacados con armas de fuego.

Armas y piedras

El miércoles 30 de agosto fueron interrogados cuatro testigos: Aníbal Onetto, integrante de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que participó del secuestro de armas a los Albatros; y Marcelo Sertic, Gonzalo Rosales y Ricardo Ramírez, miembros de la Policía Federal Argentina. 

Cuarenta y ocho horas antes del asesinato de Rafael Nahuel, un contingente compuesto por una veintena de agentes del Grupo Especial de Operaciones Federales (GEOF) de la Policía Federal Argentina (PFA) fue desplegado con la finalidad de llevar a cabo el desalojo de la comunidad mapuche a la que pertenecía el joven de 22 años. Durante el operativo del 23 de noviembre de 2017, Sertic estuvo asignado a un pequeño equipo encargado de llevar a cabo labores de inteligencia en el terreno en los días previos, con el propósito de desarrollar un plan de desalojo. “No le vamos a disparar con arma de fuego a alguien que tira una piedra”, lanzó el testigo, y dijo que por eso solo utilizaron “escopeta antitumulto” durante el desalojo, ya que las agresiones de quienes resistían eran con piedras. “El arma letal es la última respuesta, cuando se produce el desalojo la actitud era hostil, como defendiendo el lugar que ocupaban”, dijo Sertic en respuesta a las consultas de la parte querellante. En este sentido, todos los testigos vienen coincidiendo en que no observaron armas de fuego en manos de los miembros de la comunidad mapuche, ni antes ni durante el proceso de desalojo. Además, ninguno de los testigos oyó disparos. 

Durante las labores de recolección de información previa, Sertic reportó que pudo avistar individuos en el lugar, incluyendo hombres, mujeres y niños, así como cabañas construidas. Fue capaz de especificar que había alrededor de nueve personas en total. El desalojo tuvo lugar durante las primeras horas de la madrugada, cuando todavía estaba oscuro. Sertic afirmó que sólo detuvieron a mujeres porque los hombres escaparon hacia la cima del cerro.

Por su parte, Ramírez, inspector de la Policía Federal de la delegación Bariloche, habló de “agresión con piedras”. Explicó que hubo personal policial que sufrió lesiones producto de las piedras, pero descartó la presencia de armas de fuego en su relato. “Había muchas mujeres y niños. Algunos lo tomaron de buena manera y otros no tanto (…) No tuve ningún tipo de agresión física”, dijo el testigo quien en aquel momento realizó la lectura de la orden de allanamiento y labró la instrucción del acta.

En tanto, Onetto, jefe de Delitos Complejos de la PSA en la Patagonia, dijo que su tarea fue trasladar a los dos detenidos quienes habían bajado a Rafael Nahuel desde la montaña hasta la ruta, Lautaro González y Fausto Jones Huala, así como también realizar el secuestro de armamentos y celulares de todos los albatros imputados. González y Huala habían sido detenidos y esposados por los prefectos que estaban arriba en la montaña. Una de las hipótesis de la querella es que podría haber habido “transferencia de residuos de disparo” por el hallazgo de pólvora en sus manos, tema en controversia en el juicio. Onetto explicó que verificaron las municiones y secuestraron los teléfonos, además de tomar muestras de pólvora de las manos, tarea que en el caso de los prefectos estuvo a cargo de la Policía de Río Negro, dijo. 

Durante la audiencia hubo un duro cruce entre el juez federal que preside el tribunal en el juicio, Alejandro Silva, y el defensor particular Marcelo Rochetti que hizo una “propuesta” sobre cómo continuar y realizó constantes interrupciones. El magistrado le respondió: “No me dirija el debate. Si no, venga y siéntese acá”. 

Justicia por Rafita

El proceso judicial se inició hace dos semanas en el Tribunal Oral Federal de General Roca (Fiske Menuco) en la provincia de Río Negro, y se extenderá durante los próximos dos meses. En cada jornada, diversos grupos de comunidades mapuche y organizaciones sociales se manifiestan afuera en reclamo de justicia por “Rafita”, al tiempo que los protagonistas hacen declaraciones a los medios.

La causa, titulada «Pintos, Francisco Javier y otros sobre homicidio simple, usurpación y atentado agravado a mano armada», tiene a Alejandro Nahuel, padre de Rafael Nahuel, como el querellante. En esta causa, el cabo primero Cavia enfrenta cargos por «homicidio agravado cometido en exceso de legítima defensa», mientras que los otros cuatro miembros del grupo Albatros son considerados «partícipes necesarios» de los hechos.

Las próximas audiencias del juicio (séptima y octava) serán el 5 y 6 de septiembre en Roca. El cronograma de testigos ya está previsto para las próximas dos jornadas del debate oral y público. Se vienen al menos siete peritos, quienes realizaron varios procedimientos en la causa; como la autopsia en el cuerpo de Rafael Nahuel y quienes hicieron las pericias balísticas y del terreno. Declaran la semana que viene: Leonardo Sacomano, Roberto Nigris, Natalia Uribe, Silvia Bufarini, Javier Moreno, Silvina Lastreti y Jorge Delgado. La mayoría lo hará por Zoom.

 

Todo está guardado en la memoria

Todo está guardado en la memoria

El Archivo Biográfico de Abuelas de Plaza de Mayo cumplió 25 años. El proyecto nació impulsado por el trabajo conjunto del organismo de derechos humanos con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Estela Carlotto, Daniela Drucaroff, Claudia Poblete Hlaczik, Diego de Charras y Ana Arias participaron del acto de homenaje.

La Facultad de Ciencias Sociales, en el marco de la Semana de la Memoria, conmemoró el 25 aniversario de la creación del Archivo Biográfico Familiar de Abuelas de Plaza de Mayo. Estela de Carlotto ingresó al auditorio de la Facultad de Ciencias Sociales recibiendo aplausos de pie de una sala llena de estudiantes, docentes, representantes de la institución y organismos de derechos humanos.

El Archivo Biográfico Familiar fue un proyecto de la Facultad de Ciencias Sociales en conjunto con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo que comenzó en el año 1998. Es el registro de entrevistas a familiares, amigos, compañeros de militancia y cautiverio de los padres y madres de los nietos y nietas buscados y buscadas con el objetivo de reconstruir su historia de vida y aportar una dimensión social al resultado genético.

Durante el acto Ana Arias, decana de la Facultad, se mostró emocionada y reflexionó sobre la labor en conjunto con la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo. “La universidad pública, la ciencia social y nuestra institución tienen un profundo compromiso por la memoria, la verdad, la justicia y esto da sentido para la tarea que hacemos todos los días”, sostuvo.

“Discutir sí, pelear no”, dijo Estela de Carlotto sobre la importancia de seguir debatiendo y expandiendo la historia de lucha y encuentro de Abuelas de Plaza de Mayo a los más jóvenes. Destacó que “todos tenemos que levantar el país al lugar que querían los treinta mil desaparecidos” y unirnos a pesar de las diferencias que existen “para que no ganen aquellos que van a querer hacer del país un cementerio. El amor es lo que más tiene signo en nuestra institución, el respeto y la lucha”, dijo al y bromeó con un “hay Estela para rato”.

Al igual que la presidenta de Abuelas, la coordinadora del Archivo Biográfico Familiar, Daniela Drucaroff, habló sobre la importancia del trabajo colectivo, desde el amor y la perseverancia que apela al saber de la comunidad, interpelando y comunicando. Rescató el trabajo de los primeros impulsores del proyecto junto con las Abuelas quienes “lograron sortear el silencio que quiso imponerse y la posibilidad de transmitir a otras generaciones esas historias”.

A su vez, la nieta restituida Claudia Poblete Hlaczik contó su experiencia al conocer su identidad y recibir su archivo. “Es una representación física de la memoria” que “me permitió completar mi historia”, dijo respecto a la posibilidad de no solo recuperar su identidad sino también la de sus padres. Agradeció a la colectividad que permitió la creación del archivo y el trabajo colaborativo con la Facultad de Ciencias Sociales que supone un recambio generacional constante que sigue aportando al registro.

En este sentido, Diego de Charras, vicedecano de la Facultad, destacó el insoslayable “rol de las Ciencias Sociales para las políticas de la verdad, memoria y justicia”. Al igual que de Carlotto, habló sobre el avance de “candidaturas negacionistas con discursos peligrosos” y por ello la esencialidad de abrir el debate con los jóvenes día a día y no permitir que se vuelva atrás en la cultura democrática argentina.

Al final del acto, Clarisa Veiga, profesora de la Facultad, editora de ANCCOM y coordinadora del área de difusión y prensa de Abuelas de Plaza de Mayo, se encargó de llamar al escenario y entregar los reconocimientos a quienes participaron activamente para la creación del Archivo. Entre los homenajeados estuvieron: Mónica Muñoz, coordinadora del Archivo, que lo recibieron sus hijos Luciano, Leonardo y Lisandro Kordon, y Enrique Oteiza, quien fuera director del Instituto Gino Germani al inicio de este trabajo. También fueron reconocidos Fortunato Mallimaci, decano de Sociales entre 1998 y 2002, Leila Gutiérrez, secretaria del Archivo. Ada Eroles, compañera de Carlos Eroles, codirector del Archivo en su fundación, en 1998. También se reconoció a los directores de carrera, funcionarios, docentes y no docentes de la Facultad que incentivaron la labor del Archivo. En la figura de Abel Madariaga, secretario de Abuelas, se reconoció a los familiares. También a Ruth Teubal, directora del Proyecto Hermanos de Desaparecidos. Y Graciela Daleo, en nombre del colectivo de entrevistados, sobrevivientes y no familiares.

Estela de Carlotto dijo unas palabras finales antes de las fotos con todos los reconocidos por la institución. Agradeció por el acto que definió como “histórico” y quedó a disposición de la Facultad para seguir trabajando en conjunto por la memoria, la verdad y la justicia.