El expolicía Jorge Alfredo González volvió a ser detenido a 33 años del secuestro y posterior asesinato del futbolista platense, uno de los primeros casos en democracia.

A 33 años de la desaparición forzada del futbolista Andrés Núñez en La Plata, el expolicía Jorge Alfredo González, involucrado en su tortura, volvió a ser detenido luego de una libertad condicional que duró casi un año. ANCCOM conversó con el autor del libro sobre la historia de Núñez y respecto a las desapariciones en democracia.

En la noche del 27 de septiembre de 1990 se lo vio por última vez a Andrés Alberto Núñez, quien fue detenido ilegalmente por cuatro policías vestidos de civil con el pretexto de estar buscando al ladrón de una bicicleta. Jorge Alfredo González, Pablo Martín Gérez, José Daniel Ramos y Víctor Rubén Dos Santos, a bordo de un Fiat 147, buscaron a Andrés en su casa de Villa Elvira. Lo golpearon y lo metieron en el interior del auto para llevarlo, esposado, a la Brigada de Investigaciones de La Plata. Allí, ya en la madrugada del 28, lo torturaron hasta provocarle la muerte.

Posteriormente, los oficiales de la Policía Bonaerense incineraron su cadáver en una estancia ubicada en la localidad de General Belgrano. Fue recién en agosto de 1995 cuando, a partir de las declaraciones del policía José Daniel Ramos que revelaron información acerca de dónde estaba el cuerpo de Andrés -para beneficiarse en la causa judicial-, se encontraron los restos del desaparecido.

Pablo Morosi, periodista que escribió Un tal Núñez, el caso del primer desaparecido por la Bonaerense en la democracia recuperada, cuenta que “fue un caso que repercutió muy fuerte porque todos los ciudadanos estaban viendo una ventana que se volvía a abrir luego de la dictadura. Era encontrarse, ya en democracia, con las instituciones funcionando en el caso de una desaparición.” Indica, además, que “se dio un cambio cultural a partir de este tipo de casos de abuso y de brutalidad institucional”

En el año 2010 se probó que el sargento González, a instancias del subcomisario Ponce, le puso una bolsa de nylon en la cabeza a Núñez, aplicándole la tortura del “submarino seco”. Por lo tanto, en un juicio llevado a cabo en ese mismo año la justicia platense condenó a prisión perpetua a Jorge Alfredo González junto a Víctor Dos Santos, quien ya falleció. Dos años más tarde detuvieron y condenaron, también a perpetua, a Luis Raúl Ponce. Sin embargo, la condena impuesta al primero había sido anulada el 28 de noviembre de 2022.

El último viernes 8 de septiembre la jueza de ejecución penal de La Plata, Laura Lasaga, debió dar marcha atrás sobre sus pasos y revocar la libertad condicional que le había concedido al expolicía bonaerense, González. El sargento había sido detenido en 2010 por “privación ilegal de la libertad calificada” y “torturas seguidas de muerte” para luego ser liberado el año pasado por «buena conducta».

Se logra una instancia de justicia, pero no es completa. Hasta la fecha se han realizado muchos actos y marchas en búsqueda de la justicia por la desaparición de Núñez. Pasaron 33 años de aquella noche del 27 y la madrugada del 28 de septiembre y, más allá de la reciente detención del ex policía González, aún resta la sentencia para Pablo Martín Gérez, que sigue prófugo y no hay noticias sobre su posible paradero. “El Estado hace 33 años no lo puede ubicar, aun conociendo su nombre y donde viven sus familiares”, afirma Morosi.

La desaparición forzada de Andrés Núñez cuenta, además, con otros responsables acusados de encubrimiento: Ernesto Zabala, César Carrizo y Gustavo Veiga, de quienes se espera que se lleve a cabo un juicio oral, y los fallecidos Oscar Silva y Pedro Costilla. Al margen de lo que habría sido una posible sentencia quedaron Héctor Lazcano, Héctor Ferrero, Roberto Mártire, Alejandro Dezeo, Juan Kaldlugowsky y Eduardo Fraga. Varios de ellos quedaron libres de cargo a partir del accionar de los jueces de la Cámara de Apelaciones de La Plata, que decidieron desprocesarlos en 1997. “Se pudo señalar a un grupo, aunque todos sabemos que no es el conjunto completo. Las maniobras de encubrimiento funcionan así. En un principio se procesó a 180 miembros de la Brigada pero ese número fue reduciéndose”, señala Morosi.

La compañera de Andrés, Mirna Gómez, lucha desde el día del asesinato de su pareja contra la violencia institucional, denunciando la continuidad de las desapariciones en democracia y las encubiertas del Estado cuando un hecho de represión policial vuelve a tener lugar. Fue la misma Gómez quien, representada por el abogado Manuel Bouchoux, presionó a la jueza Lasaga a darle cese a la libertad condicional que González gozó del lunes 28 de noviembre de 2022 al último 8 de septiembre.

El tiempo y las prácticas clandestinas del Estado a través de su policía fueron dando cuenta de otros casos similares al de Andrés, ya sea previos o posteriores. A raíz de las investigaciones realizadas sobre otros acontecimientos de violencia institucional se pudo comprobar que hubo aún más asesinatos de esta índole. “Recién en el año 1992 aparece la CORREPI (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional) para reunir a familiares y denunciar situaciones de gatillo fácil o desapariciones en las que la policía había participado. Ese registro lo empiezan a hacer estas organizaciones no gubernamentales. Hoy por hoy no tenemos uno oficial hecho por el Estado”, reclama Morosi. 

El caso de Núñez es el primero desde el retorno a la democracia del que haya constancia de una efectiva detención ilegal por parte de las fuerzas policiales de la provincia de Buenos Aires, pero no es el primero ocurrido desde 1983. El 24 de diciembre de ese año, el joven José Luis Franco fue visto cuando era detenido, en la ciudad de Rosario, por el comando radioeléctrico que lo trasladó a la comisaría 11ª. Un hábeas corpus que denunció su desaparición tuvo resultado negativo. Tiempo después, su cuerpo masacrado apareció en un descampado y la policía provincial comunicó que fue “muerto en un enfrentamiento”. Según publicó la periodista Adriana Meyer en su libro Desaparecer en democracia, cuatro décadas de desapariciones forzadas en Argentina, “apenas catorce días después de la asunción del presidente Alfonsín, se inauguraba así la lista de personas desaparecidas por las fuerzas de seguridad estatales en democracia, que suma más de 200 casos”.

Para Morosi, “en ningún momento el Estado asumió que tenía un problema. Decía que ‘eran casos aislados’. Con el paso del tiempo se demostró que lo tenía y lo tiene por no haberlo asumido en tiempo y forma y no haberlo revertido desde el punto de vista formativo”.