Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Dos miembros del Poder Judicial acusados por crímenes de la dictadura

Contra el resurgimiento de los discursos negacionistas, los juicios de lesa humanidad siguen su marcha: empezó La Escuelita VIII en Neuquén, con un juez y un fiscal en el banquillo.

Comenzó el octavo tramo de los juicios “La Escuelita” en el Tribunal Oral Federal de la provincia de Neuquén. Se trata de un nuevo proceso por delitos de lesa humanidad cometidos contra veintitrés personas, pero tiene la particularidad de tener como acusados a dos ex funcionarios judiciales de la última dictadura cívico-militar: Pedro Duarte y Víctor Ortiz, quienes se desempeñaron como juez federal y fiscal federal de dicha provincia.  

“La Escuelita” fue un centro clandestino de detención que funcionaba en un predio del Ejército bajo el control del Destacamento de Inteligencia 182 y de la VI Brigada de Infantería de Montaña. Iniciado en 2008, este es el octavo tramo que se realiza en Neuquén, pero mientras que en los anteriores fueron condenados exintegrantes de las fuerzas de seguridad y armadas, en esta ocasión la responsabilidad recae en funcionarios judiciales. 

Duarte y Ortiz están acusados como autores del delito de omisión de promover la persecución penal y como partícipes del delito de privación ilegal de la libertad. Además, Duarte se encuentra imputado por prevaricato, ya que cerró investigaciones y dictó sobreseimientos basados en información falsa. De esta forma, se tendrá en cuenta la actuación de los exfuncionarios frente a las denuncias y los habeas corpus que no fueron investigados y que favorecieron las detenciones ilegales, la aplicación de tormentos, la desaparición forzada de personas, como también la impunidad de las fuerzas represivas en esos hechos. 

De las veintitrés personas detenidas que pasaron por este centro, nueve aún se encuentran desaparecidas. Uno de ellos es Oscar Alfredo Ragni, estudiante de Arquitectura en La Plata y militante universitario quien fue secuestrado en la puerta de la casa de sus padres en Neuquén el 23 de diciembre de 1976. Desde entonces, su madre, Inés Rigo, con un pañuelo blanco en su cabeza, lo ha buscado incansablemente y hoy pide que se haga justicia. “Esta causa muestra la actuación que tuvo la justicia como parte del plan desplegado por las fuerzas represivas, pero también por sectores civiles de la sociedad al no impulsar las investigaciones. Queremos dar a conocer y mostrar esta parte que faltaba de todo el andamiaje, de cómo se llevó a cabo este plan genocida en la región”, dijo Natalia Hormazabal, abogada del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (Ceprodh) que representa a Inés, en diálogo con ANCCOM. También señaló que en el caso de Oscar Ragni, de quien también es letrada querellante en este debate oral, se han sumado a los delitos de los que se acusa a los exfuncionarios el delito de genocidio por el que deben ser condenados “porque creemos que hace no solo a la verdad jurídica sino también a nuestra verdad histórica”. 

Como integrantes de la justicia federal, sendos imputados cumplieron un rol central al darle un trámite meramente formal a presentaciones judiciales como Hábeas Corpus o amparos, presentados por familiares de las personas secuestradas y luego desaparecidas. Y lo hicieron sabiendo que esos hechos ocurrían bajo las órdenes de las autoridades de la Subzona 5.2 del Comando de la VI Brigada de Infantería de Montaña VI.

Los querellantes en este juicio a cargo de los jueces Sebastián Foglia, María Paula Marisi y Alejandro Silva, son la Asociación Madres de Plaza de Mayo, filial Neuquén y Alto Valle, la Asamblea por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH), Grupo por la Memoria y Compromiso con las Madres y los 30.000; HIJES, Red por la Identidad y Jóvenes por la Memoria. La primera jornada del viernes 20 solo contó con la lectura de las acusaciones de la Fiscalía, se realizará una audiencia cada quince días y se prevé que no finalizará hasta febrero o marzo del próximo año. 

En un contexto de discursos que tienden a la negación de los hechos perpetrados durante la última dictadura cívico-militar, o directamente de apología de la misma, en este momento se están llevando a cabo veinte juicios orales en diez provincias del país, y en dos de cada tres de ellos la Secretaría de Derechos Humanos es querellante.

 

Tribunal integrado por la jueza federal María Paula Marisi y los jueces Alejandro Silva y Sebastián Foglia.  

El represor cumple 100 años (y la injusticia 47)

El represor cumple 100 años (y la injusticia 47)

Laura Hietala reclama el juicio por la desaparición de su familia, en 1977. Su rastro se pierde bajo el silencio de Omar Riveros, exdirector de Campo de Mayo, principal sospechoso de la desaparición de los Hietala. La lentitud de la justicia juega del lado de los 100 años del acusado.

Laura Hietala está sentada en una mesa del local de comidas rápidas de la estación Retiro. En su cartera lleva fotos de la familia que en 1977 la dictadura militar le arrebató. Son imágenes que atestiguan que existió y que denuncian una ausencia solamente explicada por la ingeniería estatal del terror. 

— Desde mi punto de vista, la causa avanza muy lento. Si vos tenés en cuenta que llevo 47 años esperando, tiene sentido. Hasta el momento no hubo imputaciones, pero sí algunos requerimientos de la jueza de instrucción que a nosotros nos permite interpretar que va a tomar alguna medida. No tenemos mucha información, lo que sabemos es que va lento. 

La investigación comenzó en 2006, después de que se derogaran las leyes que protegían al poder militar. 

— Ese año se abrieron todos los expedientes y se empezó a tomarle declaración a muchos familiares. Fue todo con mucha timidez porque había desconfianza. Ahí hubo un lapso en el que no quisimos participar, porque yo había estado amenazada y la respuesta que había recibido de la justicia era que no había garantías. En 2012 los reclamos empezaron a tomar más fuerza y me constituí como querellante. 

Si bien hay esperanzas de que a fin de año haya novedades, el reloj biológico de los genocidas juega en contra. Por ejemplo, Omar Riveros, director de Campo de Mayo y principal sospechoso de la desaparición de los Hietala, en 2023 cumplió 100 años. 

Aparte de Riveros, también habría otros militares implicados, sobre los cuales se está investigando. Se trataría de oficiales ya condenados en otros juicios de lesa humanidad. 

Los Hietala

Guillermo Hietala, padre de Laura, militaba en el Partido Revolucionario de los Trabajadores junto a su hermano Reino y su esposa Estela Cali. Cuando el poder militar tomó por la fuerza el gobierno, la familia decidió abandonar su casa de Vicente López y mudarse a una estancia ubicada sobre la Ruta 7, a la altura de San Andrés de Giles. Allí comenzaron una vida rural bajo el apellido Valugano. En El Maral, Laura vivía con sus padres, su hermana Amanda, su tío Reino, sus primos Silvia y Guillermo, su abuela Hannah y la suegra de Reino, Dominga. 

El viernes 20 de mayo de 1977 Guillermo y Estela fueron a una reunión en Vicente López, convocados por La Negra, una militante a la que no veían desde hacía un tiempo. Cuando llegaron al punto de encuentro, la esquina de las avenidas Lavalle y Maipú, fueron secuestrados por un grupo de tareas. 

 Al día siguiente, Reino se dio cuenta de lo que había ocurrido y recorrió las casas de sus compañeros de Zárate para alertarlos. Ya era tarde: todos habían caído en las fauces de la represión. 

El domingo 22 abandonó El Maral para alertar a otros militantes. En el momento en el que salió, un comando arribó a la estancia y se llevó a Dominga y a Hannah. 

La familia que trabajaba en la casa de los Hietala vivía del otro lado de la ruta, por lo que esa tarde escucharon todo: el ruido de los motores frenando en la estancia, los gritos de las mujeres, el regreso de los coches al camino y la huída. Después solo se oyó un llanto ininterrumpido, que ni el viento que sacudía los pinos de la zona lograba ocultar. 

Pese al miedo que la invadía, Sara E. cruzó a ver qué había ocurrido. Los sollozos eran de Amanda, Guillermo y Silvina, que desde el rincón de un cuarto totalmente revuelto permanecían en estado de shock. En la otra punta del cuarto, Laura pataleaba y lloraba adentro de su cuna. Los militares habían puesto el moisés arriba de un aparador, junto a una frazada que daba a una estufa. Si Sara hubiera ingresado cinco minutos más tarde, la bebé habría ardido en llamas. 

Horas más tarde, Reino apareció en un Torino negro sin patente y explicó que ellos eran los Hietala y no los Valugano,  y que la familia de Sara podía quedarse con la estancia.

Después partió hacia Villa Devoto, con el objetivo de dejarlos en la casa de unos primos, para que luego ellos los llevaran al hogar de los padres de Estela. Sin embargo, cuando llegó a Capital Federal, le informaron que Ítalo y Esther Cali también habían sido secuestrados. 

La familia optó por separar a Laura y Amanda para protegerlas. Solo se veían una vez al año, cuando las llevaban al pediatra. 

Reino comenzó a trabajar informalmente y a ahorrar cada centavo que ganaba. Al poco tiempo, logró juntar dinero para irse a Brasil con su familia. Desde allá se comunicaron con parientes que vivían en Finlandia y se mudaron a Helsinki. Silvia y Guillermo volvieron una vez que finalizó la dictadura. Reino se quedó allá y regresó al país solo en dos ocasiones.

 

El horror después del horror

Con la llegada de la democracia, el espionaje apareció como la nueva cara de la persecución militar.

A Laura y Amanda, todas las tardes el mismo hombre las seguía desde su escuela hasta la casa en la que vivían. 

— Era una persona  de determinadas características, que luego otros familiares nos confirmaron que también los había seguido. Era algo que estaba ahí, ya era parte de nuestra vida”. 

 En 1997 Laura comenzó a trabajar como promotora en un supermercado que tenía sucursales en Zárate y Campana. 

Había algo que estaba claro, cada local tenía su propio personal de seguridad. Un día noté que había un empleado que coincidía en mis días y horarios, en las sucursales a las que yo iba. Un sábado en el que no había nadie, vino y me dijo “Buenas tardes, señorita, necesito hablar con usted. 

Mientras en su cabeza crecía la convicción de que ese sería su último día con vida, la mujer extendió su mano y exclamó: “Laura Hietala, nieta e hija de desaparecidos”. Lejos de sorprenderse, el sujeto respondió con frialdad: “Ya lo sé, conozco todo de su vida”.

Después de un segundo de silencio que pareció eterno, el hombre explicó que no había participado en el operativo de los secuestros y que estaba ahí porque trabajaba bajo órdenes directas de Videla. Disparaba las palabras con una velocidad mecánica, como si la duración de cada sílaba estuviera cronometrada. Laura sólo se limitaba a escuchar, mientras el miedo la paralizaba.

—  Me decía que si lo buscaba por su nombre, él estaba muerto y que le pagaban por hacer este tipo de tareas, investigar a hijos para ver en qué andaban. Recuerdo que me dijo: “Quedate tranquila que vos sos inofensiva”. 

El espía se encargó de nombrar personas de su círculo íntimo para certificar su trabajo y le advirtió: “Te voy a estar vigilando. Vos no vas a saber que yo voy a estar ahí, pero siempre te voy a estar vigilando. Me vas a pasar al lado y no me vas a reconocer, porque los que hacemos estas tareas cambiamos nuestra apariencia para que no nos identifiquen”. 

A esa primera amenaza, meses más tarde se le sumaría la de un ex comisario, que la detuvo en la calle y le susurró: “Tenés que tener cuidado con quién te rodeas, porque es muy fácil deshacerse de un cuerpo. Existe un Triángulo de las Bermudas acá: sabemos que en la zona del Río Luján podemos tirar un cadáver y que nadie sepa lo que pasó”. 

Harta del hostigamiento, Laura intentó presentar una denuncia, pero desde el Poder Judicial le respondieron que no podían hacer nada. Los Hietala estaban librados a su suerte. 

En 2006 se reactivaron las causas de Lesa Humanidad y las historias de persecución se replicaron en cientos de voces. Parecía que por primera vez estaban dadas las condiciones como para que las víctimas se sientan protegidas, pero la desaparición de Jorge Julio López demostró que el poder de los genocidas permanecía intacto. 

— Cuando lo secuestraron hubo una sensación de vulnerabilidad muy grande. Sentíamos que otra vez el peligro era inminente y que los próximos íbamos a ser nosotros. Si ya se llevaron a mis abuelas y a nuestros padres, ahora nos tocaba a mi hermana y a mí.

Lo que era una sensación, luego se transformó en realidad. Durante la madrugada del 27 de noviembre de 2019, un disparo entró por una de las ventanas de la casa de los Hietala e impactó en el techo de la habitación de uno de sus hijos. 

— Decidí renunciar a vivir con miedo. Entiendo que uno tiene que ser prudente. Yo no hice nada para merecer ninguna de estas cosas, lo único que hago es pedir justicia, buscar la verdad y tratar de hacer memoria — declara Laura — El miedo te paraliza y te cansa. Fue muy frustrante ver a mis hijos con ese shock tan grande de pensar que todavía puede pasar algo. Pero a eso hay que vencerlo.

De la agricultura al agronegocio | Estuve ahí

De la agricultura al agronegocio | Estuve ahí

Durante los 40 años de democracia, Gustavo Grobocopatel se convirtió en el mayor sembrador de soja de la Argentina. Su modelo de negocios cambió para siempre la forma de trabajar el campo en el país. ¿Cómo fue la relación de los distintos gobiernos con el sector agrario?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

ANCCOM –junto a la Carrera de Ciencias de la Comunicación y a la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA- lanza Estuve ahí, un ciclo de entrevistas audiovisuales a los protagonistas de estos 40 años de democracia que celebra la Argentina.

 

La serie recorre los temas más trascendentes que tejieron la trama social desde 1983: los derechos humanos, la vida política, el mundo del trabajo, la economía, la deuda externa, la vivienda, los pueblos originarios, el campesinado, las luchas de género y diversidades, el ambientalismo, la cultura y el mundo de la comunicación, entre muchos otros.

Cada conversación constituye un verdadero diálogo intergeneracional entre los jóvenes periodistas de la agencia y aquellos que escribieron la historia.

Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

Créditos

ANCCOM
Equipo Audiovisual: Eduardo Morales ? – Jairo García – Noelia Pirsic
Producción Periodística: Diego Rosemberg, Sebastián Comellini, Clarisa Veiga, Ángel Berlanga, Cecilia Chervabaz, Esteban Magnani, Guillermo Wulff, Alejandro Cánepa, Horacio Cecchi, Adriana Meyer, Federico Corbiere.
Producción Fotográfica: Victoria Gesualdi y Leandro Teysseire.
Redes y Contenidos Digitales: Julio Alonso, Estefanía Hernández e Ian Werbin.
CEPIA
Florencia Mendes, Javier Ildarraz, Gustavo Intrieri, Nadia Rebrij, Florencia Canosa, Juan Lescano, Jorge Pinola.
Autoridades CCOM
Larisa Kevjal – Directora
Dolores Guichandut – Secretaria Académica | Sebastián Ackerman – Coordinador Técnico | Yamila Campo – Coordinadora Centro de Prácticas
Equipo de trabajo
Lucía Thierbach, Grisel Schang, Paula Morel, Emilia Silva y Sebastián Comellini

La primavera cultural | Estuve ahí

La primavera cultural | Estuve ahí

Daniel Divinsky, el mítico editor de Quino y Fontanarrosa, repasa su regreso al país después del exilio obligado por la dictadura militar. Su experiencia en Radio Belgrano, la Feria del Libro y en los albores de la democracia y cómo enfrentaron los pequeños sellos la crisis del libro. Desde la tiradas masivas a la impresión a demanda.

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Estrenamos todos los lunes! La primera, que estará disponible el próximo 28 de agosto, será a Estela Barnes de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

Entre los entrevistados se pueden mencionar a Adolfo Pérez Esquivel, Estela Carlotto, León Arslanián, Héctor Recalde, Federico Pinedo, Gustavo Grobocopatel, Mercedes Marcó del Pont, Daniel Arroyo, Dora Barrancos, Myriam Bregman, Juliana Di Tullio, Ana Castellani, Noemí Brenta, Luis Felipe Noé, Daniel Divinsky, Eduardo Longoni, Moira Millán, el padre Pepe Di Paola, Flavio Rapisardi, Emilce Moler, Manuel Goncalvez, Gervasio Muñoz, Enrique Viale y Damián Loreti, por mencionar solo algunos.

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Historias situadas e interrumpidas por el horror: desaparecidos del CNEA

Historias situadas e interrumpidas por el horror: desaparecidos del CNEA

En un emotivo acto con familiares, compañeros, sindicatos y referentes de derechos humanos, se realizó en el Centro Atómico Constituyentes de la Comisión Nacional de Energía Atómica, ubicado en San Martín, el acto administrativo de reparación de los legajos de 11 trabajadores desaparecidos casi en su totalidad por la última dictadura militar. A partir de ahora, cada legajo aparece la verdadera causa de baja: “detenido-desaparecido».

“Durante estos 4 años, interrumpidos por la pandemia, hemos reparado muchos legajos de trabajadores que fueron detenidos y desaparecidos. Cada una de estas reparaciones demuestra que uno de los principales enemigos que tenía la dictadura eran los trabajadores, fundamentalmente los trabajadores organizados” , destacó Horacio Pietragalla Corti, Secretario de Derechos Humanos de la Nación Argentina y agregó: “En este contexto en el cual escuchamos algunas voces negacionistas que relativizan lo acontecido estamos reparando el legajo de compañeras y compañeros que nunca dudaron en poner en riesgo el patrimonio más grande que tenían, sus vidas, por mejorar la vida de otros”.

Estos legajos se suman a los 5 que fueron reparados y entregados a familiares de las víctimas en 2014 a partir del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos, que lleva detectados y reparados 22 legajos de trabajadores de la CNEA que fueron víctimas del Estado terrorista y que figuraban que habían hecho “abandono de servicio” o que habían muerto.

En este marco, la actual presidenta de la CNEA, Adriana Serquis, pidió perdón por la complicidad que la institución tuvo durante la dictadura y por la falta de colaboración que podría haber tenido en estos 40 años de democracia.

Por su parte Oscar Gil, hermano de Miguel Ángel Gil, trabajador de la CNEA cuyo legajo fue reparado y entregado durante el acto destacó: “Es muy importante para mí la reparación del legajo de mi hermano, como también lo es la reparación de los compañeros que pasaron por el secuestro, la tortura y la desaparición forzada. Estos actos son muy importantes, más en estos momento que estamos viviendo porque todo lo que hemos ganado en la calle se puede perder” destaca Oscar y agrega: “de mi hermano siempre recuerdo su lucha y su entrega y quiero que se lo recuerde de esta manera, como un luchador, como un delegado, un militante de la Juventud Peronista. Lo reivindico a él y a todos sus compañeros”.

Participaron del acto Rita Tanuz, secretaria de Coordinación Legal y Administrativa de la
Jefatura de Gabinete de Ministros; Silvina Atencio, integrante de la Comisión de Trabajo por la Reconstrucción de Nuestra Identidad; y Gabriel Corvalán Delgado, en representación de “Hermanos y hermanas que buscan” , de Abuelas de Plaza de Mayo.

Historias situadas e interrumpidas por el horror

A partir del trabajo de la Comisión de Derechos Humanos de la CNEA se determinó que durante la dictadura cívico militar fueron secuestradas de la Comisión 32 personas, 2 de ellas mientras se encontraban en sus lugares de trabajo dentro del organismo. Hubo 10 que fueron pasadas a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, 2 fueron asesinadas y 20 siguen desaparecidas.

Además, hubo 107 trabajadores de la institución a los que se les aplicó la Ley 21.274 de prescindibilidad, por la que perdieron su puesto. Otros 120 fueron cesanteados. Y por la persecución institucional y política, renunciaron 370 agentes. En aquellos años, según se supo después, las autoridades de la CNEA tenían más de 500 legajos paralelos que daban cuenta de la ideología de las empleadas y los empleados.

Entre los legajos reparados y entregados a familiares y amigos está el de Miguel Schwartz, quien estudió Ingeniería Química en la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y trabajó en el Departamento de Ensayos No Destructivos del Centro Atómico Constituyentes. Miguel fue secuestrado el 14 de febrero de 1977 en el barrio de Belgrano en la Ciudad de Buenos Aires. El 27 de mayo de 1977 la CNEA declaró a Miguel como prescindible por el Artículo 6 Inciso 6 de la Ley 21274. Tenía 27 años.

También está el de Secundino Garay, quien estudiaba en la UTN y era militante peronista. Secundino era técnico contratado en la Central Nuclear Atucha I. Fue secuestrado de su casa en Zárate, donde vivía con su esposa y su hijo de 6 años, el 10 de mayo de 1977. Tenía 31 años.

El ya mencionado Miguel Ángel Gil trabajaba en la Regional Cuyo en Mendoza como personal técnico y era delegado gremial de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE). Miguel fue secuestrado el 10 de febrero de 1976 junto a otros compañeros por grupos paramilitares y trasladado al Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D2) donde recibió graves torturas que le provocaron la muerte al poco tiempo de haber sido liberado, el 22 de febrero de 1976, cuando todavía gobernada María Estela Martínez de Perón. Tenía 32 años.

María Cristina Onis es otro de los casos: cursaba el quinto año de la carrera de Ingeniería Química en la UTN y trabajaba en las Plantas Químicas del Centro Atómico Ezeiza como secretaria. Según relato de sus padres, doce personas de civil fuertemente armadas ingresaron a su casa, la saquearon y se llevaron a María Cristina el 4 de junio de 1976. Su familia presentó habeas corpus y denuncias en diferentes lugares pero nunca más supieron nada. Tenía 32 años

Daniel Lázaro Rus era becario en el Departamento de Combustibles Nucleares del Centro Atómico Constituyentes. Fue secuestrado al salir de su trabajo el 15 de julio de 1977. A los tres días de su secuestro, las autoridades de CNEA limitaron su beca. Tenía 26 años. Gerardo Strejilevich fue secuestrado el 15 de julio de 1977 en la Ciudad de Buenos Aires en un operativo ilegal de detención y posterior desaparición forzada. Tenía 27 años. Por testimonio de ex detenidos, fue visto en el Centro Clandestino de Detención Club Atlético y en la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA).

Graciela Mabel Barroca era estudiante de Física en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Trabajaba como técnica contratada en el Departamento de Reactores Nucleares del Centro Atómico Constituyentes. Fue secuestrada de su domicilio en Villa Martelli el 15 de julio de 1977. Tenía 24 años. Según testigos fue vista en el Centro Clandestino de Detención Club Atlético y en la ESMA.

Juan Pedro Barrientos fue secuestrado y posteriormente asesinado el 31 de agosto de 1977. Tenía 25 años. Trabajaba en el Departamento de Intendencia (Servicios Generales) en la Central Nuclear Atucha I. Fue secuestrado el 27 de marzo de 1976 de su casa en la localidad de Lima, Zárate. El 12 de octubre de 1976, mientras estaba detenido, Juan le envió una carta al Presidente de CNEA, Castro Madero, solicitando se ocupara de su situación. Pocas semanas después la CNEA lo declaró como prescindible. Fue torturado y asesinado en la Unidad Penal N° 9 de La Plata.

Jorge Israel Gorfinkiel era licenciado en Física y docente en la UTN. Trabajó en el Departamento de Reactores Nucleares en el Centro Atómico Constituyentes hasta su renuncia, el 7 de mayo de 1976. Fue secuestrado al concurrir a una cita con un compañero de militancia el 25 de noviembre de 1977. Tenía 29 años. Jorge fue visto en los Centros Clandestinos de Detención El Atlético, El Banco y El Olimpo.

Daniel Eduardo Bendersky estudiaba Física de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA y militaba en el Partido Comunista Revolucionario. Estaba terminando su tesis de grado en el Departamento de Metalurgia del Centro Atómico Constituyentes. Fue secuestrado el 16 de septiembre de 1978 de su casa en Capital Federal. Tenía 26 años

Susana Flora Grynberg era licenciada en Física por el Instituto Balseiro. Trabajó en el Departamento de Combustibles Nucleares del Centro Atómico Constituyentes, donde se desempeñó en los laboratorios de Metalurgia y en el de procesamiento de Materiales Radioactivos. Susana renunció a la CNEA por medio de un telegrama el 2 de mayo de 1976. Al momento de su secuestro, que fue el 20 de octubre de 1976, tenía 29 años. En ese momento cursaba un embarazo de 3 meses y se sabe que dio a luz una niña por un llamado telefónico anónimo. Fue vista en el Centro Clandestino de Detención El Campito, de Campo de Mayo. Su hija no fue encontrada y Susana continúa desaparecida.

Los derechos que supimos conseguir (y los que faltan) | Estuve ahí

Los derechos que supimos conseguir (y los que faltan) | Estuve ahí

La senadora nacional del Frente de Todos Juliana Di Tullio repasa las conquistas en materia de memoria, verdad y justicia, del feminismo y de las diversas minorías. También habla de cómo el endeudamiento con el FMI condiciona a todos, pero especialmente a las mujeres. ¿Cómo fue hacer política estos 40 años disputándole el poder a los varones?

40 AÑOS – COMUNICACIÓN Y DEMOCRACIA (1983 – 2023)

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