Un año en cien imágenes

Un año en cien imágenes

En 2024, por primera vez, la Argentina experimentó un gobierno libertario, con un ajuste sin precedentes, donde los mayores perjudicados fueron los jubilados. También lo padecieron los empleados estatales, los universitarios, los discapacitados y los enfermos oncológicos, entre otros colectivos. Hubo retroceso en las políticas de género, en el desarrollo científico y en derechos humanos y laborales. Se desmantelaron los medios públicos y se frenaron las obras de infraestrutura. El único objetivo de Milei pareciera ser la macroeconomía: la desaceleración inflacionaria, el dólar casi congelado y el retroceso del riesgo país. Así retrataron los fotógrafos de ANCCOM el año de la motosierra.

Cinco siglos igual

Cinco siglos igual

Un nuevo decreto de Javier Milei deroga la protección legal que tenían los pueblos originarios para evitar los desalojos de sus territorios. Las comunidades indígenas realizaron presentaciones judiciales y los organismos internacionales manifestaron su preocupación.

El gobierno de Javier Milei, en el Día Mundial de los Derechos Humanos y de la restitución de la democracia, decidió a través del decreto 10183/2024 eliminar la protección legal con la que contaban los pueblos indígenas para frenar los desalojos de sus territorios. Lo hizo a pocas horas de difundida la comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresando su preocupación por la vulneración de los derechos de los pueblos originarios. El organismo internacional indicó que casi la mitad de las 1881 comunidades aborígenes del país están siendo afectadas por el gobierno de Milei

El Artículo 75, inciso 17, de la Constitución Nacional reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, garantiza el respeto a su identidad y el derecho a una educación bilingüe e intercultural; reconoce la personería jurídica de sus comunidades, y la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan; regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano y que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. También asegura su participación en la gestión referida a sus recursos naturales y a los demás intereses que los afecten. Por otra parte, la Ley 26.160 sancionada en 2006 durante el gobierno de Nestor Kirchner declaró la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras tradicionalmente ocupadas por comunidades indígenas originarias del país, con personería inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas. La parte nodal es su Artículo 2 que dispuso suspender por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias o actos administrativos cuyo objeto sea el desalojo de las tierras. 

 El gobierno libertario aduce que dichas normas han generado inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los “legítimos dueños”, o los derechos de sus arrendatarios o poseedores. Dicen que entra en contradicción con el derecho de dominio sobre los recursos naturales en favor de las provincias, reconocido en el Artículo 124 de la Constitución. Así, emitió el decreto 1.083/24, que derogó el decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160, y estableció “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”.

Las comunidades responden

Soraya Maicoño, mujer mapuche del Puel Mapu, dice:  “No nos sorprende esta decisión porque la realidad es que justamente todos estos territorios son los que están en la mira del empresariado argentino y extranjero, entonces necesitan tener toda la vía libre posible para seguir entregando el territorio”. A su criterio, “la situación en las comunidades es muy endeble porque hay muchos proyectos extractivistas a lo largo y a lo ancho del país”. Y con respecto a los desalojos agrega: “la realidad también es que la gente va a seguir viviendo en sus territorios, porque no hay donde irse, y en todo caso verá de qué manera resiste llegado el caso de que aparezca la represión estatal policial, la persecución judicial. Mientras tanto se va a seguir trabajando y sosteniendo de la manera más digna que se pueda”.

En la misma sintonía, Orlando Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, anunció que las comunidades se preparan para resistir las medidas de Milei, y que evalúan hacer una presentación judicial por inconstitucionalidad. “Esto es de una gravedad institucional enorme, significa la violación de los derechos humanos, de los convenios internacionales y de la propia Constitución”. En ese sentido, Carriqueo advirtió que la medida “tiene una gravedad enorme porque también se eligió el día para darlo a conocer. Y fue el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos y Día de la Democracia. Es una medida que se aleja del pacto democrático, puede generar una inestabilidad muy grande, mucha conflictividad social y puede costar vidas”. El referente apuntó que “nosotros denunciamos esto como una práctica genocida y también como un delito. Violar los derechos humanos en un sector de la sociedad es un delito. Y si lo hace el Estado, es un delito de lesa humanidad. Entonces, creo que hay que advertir eso”. Cuando Carriqueo habla de costo en vidas pone en evidencia que está vivo el recuerdo de Santiago Maldonado y Rafael Nahuel, desaparecido y asesinado en el contexto de la represión a la resistencia a los desalojos.

Desde las bancas del Frente de Izquierda y de los Trabajadores – Unidad  (FITU) presentaron un proyecto para derogar el Decreto 1083/24, con la firma de Alejandro Vilca, Nicolás del Caño, Christian Castillo, Mónica Schlotthauer y Vanina Biasi. Vilca explica que “La Libertad Avanza y sus cómplices gobiernan a pedido de empresarios, inmobiliarias, mineras y todos los negocios que quieren quitarle la tierra a las comunidades indígenas, el peronismo debería apoyar este proyecto y oponerse a la avanzada contra quienes resisten en sus territorios, contra el negacionismo racista y antiderechos del gobierno de Milei”.

Por su parte, en el otro extremo del país, el Tercer Malón de la Paz manifestó desde Jujuy su rechazo a la derogación de la Ley 26.160 y repudió el accionar de Milei. En un manifiesto que difundieron la pasada semana afirmaron que el decreto 1083/24 es ilegal, y solicitaron la intervención del Congreso Nacional para defender la vigencia del estado de derecho y el efectivo cumplimiento del Artículo 75 de la Constitución Nacional.

También se pronunció contra las iniciativas oficialistas la Asociación de Abogados y Abogadas en Derecho Indígena, y recordó que la Ley 26.160 declaraba la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades, suspendía los desalojos, y ordenaba la realización del relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas por las comunidades indígenas, una tarea que aún está inconclusa. En efecto, de las 1.881 comunidades identificadas el 47% aún no fue relevado. Sin embargo, la AADI destacó que “la derogación de la norma no habilita el impulso de desalojos de comunidades indígenas, ya que como postulaba Germán Bidart Campos, la cláusula de la Constitución Nacional es operativa y así debe respetarse en sede judicial”. Queda por verse si los juzgados que tienen ya firmadas las órdenes de desalojos, como en los casos de las Lof Buenuleo o Pailako, recuerdan las palabras de Bidart Campos o aprovechan que los libertarios les dejaron la vía libre para realizar estos operativos.

Desde la AADI dijeron que repudian “este decreto inconsulto, que avanza por sobre la Constitución Nacional y normativa vigente nacional, tratados internacionales y jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos”, y recuerdan “la necesidad de aprobación de una ley de propiedad comunitaria indígena, en consulta con los pueblos indígenas”.

Una memoria de película

Una memoria de película

El viernes 13 se exhibió en la Casa por la Identidad de las Abuelas de Plaza de Mayo, en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos ex ESMA, el documental Un Jardín para Pichón, de Carla Ciarocchi. El film recuerda a Gerardo “Pichón” Escobar, víctima de la violencia policial asesinado en el año 2015 en la ciudad de Rosario.

“Desde el retorno de la democracia hasta el 24 de febrero de 2023, 9.175 personas fueron asesinadas en hechos con participación del Estado” es la frase con la que inicia Un jardín para Pichón. Su directora, Carla Ciarocchi, dice que las preguntas originarias al momento de comenzar a escribir el guion fueron: “¿Cómo pudo pasar esto?” “¿Cómo pudo haber gente que haya hecho esto?”. 

Gerardo “Pichón” Escobar trabajaba en la dirección de Parques y Paseos de la municipalidad de Rosario y era encargado de la cuadrilla que mantenía la rotonda ubicada en el cruce de bulevar Oroño y Pellegrini. Un mes después de su homicidio, sus compañeros transformaron el sitio en un espacio de memoria, escribiendo con flores el nombre “Pichón”. Casi diez años después, el equipo de Parques y Paseos continúa con el mantenimiento del memorial. “A lo largo de los años he pasado por ahí en bicicleta y ver el memorial y que esté mantenido y cuidado siempre me conmovió, siempre lo miré. Y en un momento decidí escribir un documental y tomé eso como tema, como punto de partida”, relata Ciarocchi.  La película está centrada en ese ejercicio activo de la memoria y busca multiplicar la historia de Pichón con testimonios de compañeros de trabajo, de su hermana Luciana y de sus docentes en la Escuela de Jardinería y de la escuela donde Gerardo estudiaba para terminar la primaria. “No quería que fuera una noticia de televisión, quería buscar y conocer eso que cada persona recuerda”, explica la directora. “Tenía muy en claro que quería que sea una historia luminosa, filmamos de día, sonoramente es una película que suena a pájaros, a árboles, a agua. Y, además de esa decisión estética, buscamos hacer foco en la memoria, en el hoy y cómo se lo recuerda, no tanto en la parte judicial”.

Para su hermana Luciana, “Pichón era la primavera, vino con ella, es importante que su historia se siga contando, más allá de cómo pasó. Me quedo con eso, con poner mi granito de arena como hermana en haberla contado en el documental. Ahora la película ya puede moverse y la historia de Pichón ya se cuenta sola, y esa es la manera de transformar todo ese dolor en lucha”. 

 

El accionar de la injusticia  

Gerardo Escobar tenía 23 años, trabajaba en la Dirección de Parques y Paseos de la Municipalidad de Rosario, y estudiaba en la Escuela Nocturna Nº 30 para terminar la primaria. La noche del 14 de agosto de 2015 salió con sus amigos, tuvo fortuna en el casino y para festejar acudió al boliche La Tienda. Salió de allí entrada la madrugada. En el registro de una de las cámaras de seguridad se ve a uno de los patovicas del lugar, Cristian Vivas, golpeándolo en el suelo. En otro video aparece corriendo y cuatro testigos lo vieron escondido detrás de un auto. Es la última vez que se lo ve con vida. Para la familia su ausencia era extraña, y por eso acudió a la policía. Estuvo desaparecido una semana, mientras sus familiares y amigos lo buscaron intensamente, hasta que fue encontrado sin vida en el río Paraná.

Dos policías,  Luis Alberto Noya y Maximiliano Amiselli, y tres patovicas, Cristian Vivas, José Luis Carlino y Cesar Darío Ampuero, fueron detenidos e imputados. La hipótesis de la querella y la fiscalía es que Escobar fue metido en un patrullero y trasladado a la seccional 3ª, donde fue golpeado hasta la muerte y su cuerpo arrojado al río.

La querella logró, luego de varios meses, que la causa fuera trasladada a los Tribunales Federales por tratarse de un caso de desaparición forzada. Los cinco imputados estuvieron detenidos durante un año, hasta que  el juez Marcelo Bailaque los sobreyó y liberó. La decisión fue anulada por la Cámara Federal, que dictó un cambio en la figura de sobreseimiento por el de falta de mérito, lo cual permitió que la causa continúe abierta, con los acusados en libertad. En tanto, el juez Bailaque fue recusado y se retiró de la causa.

A más de nueve años de los hechos, la justicia no ha realizado ningún avance, dejando sin curso la investigación de varias pistas, como la prueba de que el celular de Cristian Vivas fue detectado en la región del puerto donde apareció el cuerpo de Pichón. Además, la autopsia realizada por la médica forense Virginia Creimer confirmó que el joven no murió ahogado, invalidando la versión que especulaba con un posible sucidio o caída al agua a causa del alcohol, sino que fue arrojado sin vida al río. Por otro lado, surgen sospechas respecto a los registros de las cámaras de seguridad que captaron a Gerardo corriendo por la calle, luego de ser golpeado por Vivas y el registro que sigue a ello “se perdió”. Los 38 minutos faltantes, desde las 5:42 a las 6:20 de la mañana, coinciden con el momento de los hechos y podrían haber sido claves para el esclarecimiento del caso. Tampoco se avanzó en las investigaciones respecto a los hematomas y golpes que presentaba el cuerpo del joven. 

“Al principio creía en la justicia, en que iba a pasar algo con el caso de mi hermano. Por suerte, paralelamente fui construyendo un camino de justicia popular, junto con otros familiares. La cosecha de esos años de lucha nos trae hoy a este espacio”, dice Luciana. 

Sin justicia, con Memoria

Desde su aparición sin vida, el nombre “Pichón” escrito con flores mantiene viva la memoria del joven. Además del recuerdo floral, la familia, los compañeros y docentes de Escobar en la escuela nocturna, lograron que en 2017, el Consejo Municipal de Rosario declarara el 24 de septiembre, fecha de cumpleaños de Gerardo, como el Día del y de la Estudiante de Escuelas de Adultos. 

Al contrario del accionar del Poder Judicial, Luciana Escobar se ha mantenido activa, militando contra la violencia institucional y exigiendo justicia por su hermano, para que no lo sigan desapareciendo. “Creo que el arte permite llegar a muchas personas, acercandolas a través de los detalles, del recuerdo de cómo se reía, de cómo estudiaba, de qué hacía”, dice Ciarocchi. Y agrega: “No hay que permitir que nos ganen con el olvido, porque el objetivo del Poder Judicial y de la policía es que nos olvidemos, porque olvidarlo es como si no hubiera pasado. Entonces traerlo al presente es la herramienta que tenemos para que no nos ganen”. 

Si bien el día anterior la película se había exhibido en La Plata a instancias de la Comisión Provincial por la Memoria, no es casual que la presentación del documental haya sido en la Casa por la Identidad, en el Espacio de Memoria y Derechos Humanos Ex-Esma. En el pasillo que lleva desde la puerta de la Casa de las Abuelas hasta el auditorio donde se proyectó la película, las paredes exhiben una muestra fotográfica sobre la violencia policial. ”Esas locas, como las llamaron en su momento, que empezaron a dar vueltas con sus pañuelos, fueron armando un camino, que hoy nos muestra, después de tantos años, cómo el Estado sigue siendo el mismo cómplice para que se repitan estos casos”, reflexiona Luciana. “Y hubo otras madres que tiempo después se calzaron sus remeras con las fotos de sus hijos, de sus hijas, y detrás de esas madres viene una trinchera muy importante que son las hermanas”, dice.  “Las hermanas estamos ahí para esas madres que si se caen, nosotras las sostenemos. Y somos mujeres que desde el amor, sin que nos gane el odio, transformando muchas veces el enojo, ponemos el cuerpo”, concluye Escobar. 

La Legislatura porteña aprobó el boleto universitario

La Legislatura porteña aprobó el boleto universitario

En la última sesión del año, los legisladores aprobaron una demanda histórica de los estudiantes. La ley no incluye a docentes y no docentes. El único que votó en contra fue el libertario Ramiro Marra.

En la última jornada del año de sesiones ordinarias de la Legislatura porteña, este jueves se aprobó el Boleto Universitario, un reclamo de la comunidad estudiantil que llevaba muchos años.

Alrededor de las cinco de la tarde, después de modificar el orden de temas a tratar en el recinto, la votación por el boleto universitario tuvo una amplia mayoría. Sólo votó en contra el diputado de La Libertad Avanza Ramiro Marra, mientras que el resto de los legisladores su bancada –Rebeca Fleitas, Marina Kienast, Lucía Montenegro, María del Pilar Ramírez y Leonardo Saifert– se abstuvieron.

 Requisitos para acceder al boleto universitario

La normativa abarca a universitarios y terciarios, sin límite de edad para obtener el beneficio, siendo requisito obligatorio que el alumno resida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y tenga un máximo de ingresos de hasta $1.500.000. Se modificó el régimen especial de Boleto Educativo, ahora accederán a este beneficio los alumnos de terciarios y universitarios, quiénes podrán hacer hasta cuatro viajes diarios, con un precio único de 25 centavos.

Juan loupias, legislador de UCR, emocionado aplaudió el avance que alcanzó la iniciativa y reflexionó: “En épocas anteriores secuestraban y asesinaban chicos, y hoy estamos en condiciones de que estudiantes universitarios tengan la posibilidad de acceder al boleto gratuito para que lleven a la educación pública argentina a ser un faro ante el mundo”. Durante el debate en el recinto también se pidió al oficialismo la inclusión en el proyecto a docentes y no docentes, que por el momento deberá esperar.

En este sentido, Anahí Vera, profesora de Centro Educativo de Nivel Secundario 9, dijo: “Es necesario contemplar a los docentes, por eso pedimos que tengan en cuenta este reclamo que realizamos hace años”. Sin embargo, en la nueva ley quedaron afuera.

Alejandra Barry, legisladora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores y una de las autoras del proyecto, dijo a ANCCOM que “el proyecto es un dictamen que sintetizó distintos proyectos legislativos. Ahora hay que plantear que no haya ningún tipo de restricción, tiene que ser un boleto que abarque tanto a estudiantes residentes de la Ciudad de Buenos Aires o el Gran Buenos Aires, acompañantes de Nivel Inicial y Secundaria y que les contemple no solo el 50% sino el 100% ya que son las familias de sectores populares las que más sufrieron las consecuencias de tarifazos que atenta contra el derecho a estudiar y trabajadores de la educación”. Para la diputada “es importante seguir luchando por un boleto educativo sin ningún tipo de restricción que abarque al conjunto de la comunidad educativa”.

Con este reclamo se habían congregado frente a la Legislatura estudiantes y docentes agrupados en diferentes centros de estudiantes y sindicatos que, igualmente, festejaron la sanción de la norma.

 

Esa vieja costumbre de incendiar

Esa vieja costumbre de incendiar

Denuncian a los dueños del Ingenio La Esperanza, en Jujuy, por desalojos de pobladores ancestrales, desmontes masivos de bosques y quemas que ponen en riesgo vidas y casas.

“Tengo toda la casa rodeada de fuego”, relata entre lágrimas María de los Ángeles González, referente del Movimiento Nacional Campesino Indígena de Jujuy e integrante de una de las familias afectadas por los incendios. “Trabajamos esta tierra desde 1906, pero ahora los nuevos dueños del Ingenio La Esperanza, la Productora del Noroeste (del Grupo Budeguer), desconocen nuestros derechos posesorios”, señala González.

El sábado 7 de diciembre la familia denunció nuevamente que los actuales dueños del ingenio desconocen sus derechos ancestrales y continúan desmontando los territorios donde viven y producen sus alimentos. “Siguen destruyendo el bosque, queman los árboles añejos que derribaron con cadenas y máquinas», expresa con pesar la campesina jujeña. “El sábado dejaron los cordones de desmonte que rodeaban nuestra casa, luego de que ellos arrasaran con nuestros potreros. Hoy ya empezaron a cavar una zanja alrededor de nuestra casa y corrales sin ninguna orden judicial”, comenta González. «El fuego llega hasta nuestra casa y pone en peligro nuestras vidas», añade.

En 2019, la provincia de Jujuy vendió el Ingenio La Esperanza a la Productora del Noroeste junto con las tierras, desconociendo las numerosas posesiones familiares dentro de ellas. A las familias ya desalojadas les destruyeron todo con máquinas topadoras. Mientras tanto, aquellas que aún permanecen en sus tierras enfrentan restricciones de acceso a los campos donde desarrollan la ganadería. “Por caprichos de Budeguer, no permiten que entren mis hijos ni otros familiares; mis padres, que son personas mayores, están solos. El humo llegó hasta su casa, que es de madera, y entraron en pánico al ver el fuego a solo cinco metros de la vivienda», precisa González.

Las últimas negociaciones entre los campesinos jujeños y la empresa cañera tucumana transcurrieron entre julio y agosto, pero no fueron exitosas. Los despojos comenzaron a mediados de julio, cuando, con la orden del juez de Control, Sergio González, varias familias del paraje Los Arrozales vieron cómo las maquinarias arrasaron con la vegetación y presenciaron la quema de pastizales. Una de las afectadas fue Amanda Delina Molina junto a su hija, María José Gaypare, quienes se quedaron en su vivienda ubicada en el monte resistiendo la avanzada de la empresa. El 29 de agosto las mujeres fueron detenidas, acusadas por usurpación, y trasladadas a la Comisaría 52 del barrio La Merced, en San Pedro. Desde ese entonces, campesinos y campesinas han denunciado constantes hostigamientos por parte de Productora del Noroeste S.A.

González llamó a la Dirección de Incendios Forestales en San Pedro para denunciar que la empresa cañera estaba quemando y ponía en peligro la vivienda. “Nos dijeron que, si bien la empresa tenía permiso para quemar, debía tomar recaudos para no afectar los puestos”, relató. Desde el organismo público jujeño confirmaron la denuncia y el permiso de quema controlada a favor de la compañía, pero dieron una versión diferente sobre el peligro del fuego sobre la vivienda de los puesteros. El jefe de Cuadrilla, Hugo Núñez, explicó que enviaron personal para verificar la situación y que, según el informe recibido, el fuego estaba controlado y no representaba un peligro para la vivienda de la familia González.

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo (CLOC) expresó en un comunicado que, gracias a la tecnología, han podido ser testigos de las agresiones hacia las familias, que incluyen amenazas, golpizas, incendios y la demolición de sus viviendas con topadoras. «Niños corren a esconderse en el monte, mientras las mujeres no pueden más», denuncian. Además, critican la falta de políticas efectivas para regularizar la propiedad de la tierra: “Llegó la hora del debate crucial. No tenemos ni Ley de Reforma Agraria (Bolivia, México) ni institutos de Colonización o similares (Uruguay, Brasil), ni políticas de regularización dominial efectivas (Chile) para el campesinado, los pueblos originarios y los trabajadores rurales”. “Vamos a resistir a este gobierno y sus políticas represivas y racistas”, concluyen.

Un test nacional para detectar el dengue

Un test nacional para detectar el dengue

Ya lo aprobó la ANMAT. Fue creado por el Laboratorio de Virología Molecular liderado por la Dra. Andrea Gamarnik del Instituto Leloir junto con el CONICET. Las autoridades científicas nacionales invisibilizaron un hallazgo que prestigia al área y hará ahorrar dinero al país.

Se acercan el verano, los mosquitos, la fiebre, la incertidumbre, los testeos. El último brote de dengue de la temporada 2023/2024 marcó un récord en la última década en Argentina. Los hospitales colapsaron y los kits de diagnóstico no fueron suficientes. Frente a esta problemática, especialistas del CONICET desarrollaron el primer kit nacional de diagnóstico de dengue para laboratorios de análisis clínicos, que brinda resultados disponibles en tres horas. El test se realiza a partir de una muestra de sangre de pacientes con síntomas y permite establecer la infección por cualquiera de los cuatro serotipos del virus. Además, es sencillo de medir y menos costoso que otros, porque no requiere un equipo sofisticado o insumos adicionales.

Con posibles casos de dengue respirándonos en la nuca por la llegada del verano, este kit de diagnóstico rápido de dengue será entre un 30% y 40% más barato que los importados. La producción nacional de este test permite mayor autonomía para los testeos y facilita la distribución a los laboratorios de todo el país que lo necesiten. Además, el diálogo con los laboratorios resulta más fácil: “Tenemos contacto directo con los bioquímicos y técnicos de laboratorio que lo usan, y así podemos perfeccionarlo”, cuenta a ANCCOM Belén García Fabiani, doctora en Bioquímica del Laboratorio de Virología Molecular que desarrolló el kit.

El equipo contaba con el subsidio de Proyecto de Redes Federales, que promueve la formación de redes de investigación en temas prioritarios para el desarrollo nacional. Al respecto, Andrea Gamarnik comentó a ANCCOM que sólo recibieron la primera cuota del subsidio pero no saben qué sucederá con las próximas: de momento no han tenido respuesta de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Este proyecto les permitía formar una red de intercambio con laboratorios y grupos de investigación del interior del país. Asimismo, García Fabiani señaló la importancia del vínculo con los centros de salud y laboratorios, que les permitieron realizar pruebas con muestras de dengue de la temporada 2023/2024. “Trabajar para el CONICET genera una confianza que nos permitió contar con un montón de reactivos y herramientas claves para el desarrollo del kit. Subsidios como este son vitales para que la ciencia crezca en el país de forma federal”, comenta.

La base de la ciencia

 Para alcanzar un logro como este kit de diagnóstico de dengue es fundamental la ciencia básica que estudia los fenómenos naturales sin fines prácticos inmediatos. Antes de desarrollar el kit, fue necesario que científicos estudiaran la proteína que circula en las personas enfermas de dengue. “Es importante que siga existiendo la ciencia básica porque construir científicos con capacidad crítica de pensamiento lleva muchos años de trabajo. Es muy triste que eso se diluya en poco tiempo”, señaló García Fabiani.

En 2024, el CONICET, a cargo de Daniel Salamone, está atravesando un preocupante vaciamiento: menos becas, despidos, demoras o ausencia de respuesta en las altas de investigadores, subsidios paralizados y restricciones en el presupuesto para el funcionamiento y la infraestructura. “La situación es crítica. Creo que lo que más afecta es la incertidumbre de no saber si vas a entrar, si van a dar de alta la beca o no. Porque en el medio hay personas, hay familias, hay puestos de trabajo en juego. Si sabés, al menos podés pensar otras alternativas. Hay muchos becarios que están pensando en irse del país. Y sí, porque salarialmente está dura la cosa, hubo mucha pérdida de poder adquisitivo. No hay esperanza de que eso mejore”, expresa García Fabiani.

No parece que las cosas vayan a mejorar pronto: el proyecto de Presupuesto 2025 para la Argentina contempla una caída de la Función Ciencia y Tecnología del 34,5%, desde 2023 en términos reales. Al respecto, García Fabiani comentó: “Hablan de transformar el sistema científico y yo estoy de acuerdo, pero no en los términos actuales. Hoy hay una situación de destrucción, de estrangulación”.

ANCCOM consultó acerca de que la web oficial del CONICET no difundió esta gran noticia, mientras era furor en todo el país. “No sabemos qué pasó. Es raro, porque este desarrollo nacional puede aportar a mejorar la imagen de los científicos del CONICET. También es raro porque el kit es de todos, del CONICET, de los investigadores que lo desarrollaron en el Instituto Leloir y del Laboratorio Lemos, que lo produce”, cuenta García Fabiani.

El actual escenario evidencia un vaciamiento deliberado, junto con desfinanciamiento e incertidumbre. Nuestros científicos y científicas son violentados día a día y el rol de la ciencia pública es cuestionado sistemáticamente. “En estos tiempos, mi estrategia es focalizarme en lo que hace falta para el país, y en demostrar con hechos que la ciencia sirve. Este kit va a ser muy útil para nuestro sistema de salud y tiene un impacto claro en la sociedad: genera puestos de trabajo y permite una independencia de la importación. Además, nos permite generar ingresos, porque parte de lo que se recaude vuelve a investigación. Queremos seguir trabajando e investigando para el país”, concluye García Fabiani. Los científicos argentinos siguen haciendo ciencia y desarrollando proyectos esenciales para el progreso y la autonomía de nuestro país.