La calle como freno al poder autoritario

La calle como freno al poder autoritario

En la víspera del paro general, la CGT, las dos CTA y numerosas organizaciones sociales se concentraron masivamente ante el Congreso para apoyar a los jubilados en sus reclamos al Gobierno por su despiadada política de recortes de medicamentos y haberes a los ancianos.

Mabel tiene 73 años. Fue contadora, jubilada hoy con la mínima. Primera universitaria en una familia de laburantes. Empezó a trabajar a los 12, vendiendo empanadas para ayudar a su mamá. Hoy camina despacio, con un bastón, pero con paso firme, entre carteles, cantos y banderas. Se había acercado al Congreso “por los jubilados”, pero al llegar la desbordó otra cosa: “Me encontré con una plaza colmada de necesidades», dice. «Esto no es solo por nosotros: es por los médicos, los enfermeros, los docentes… estamos pasándola muy mal». Mabel habla serena, pero su voz se entrecorta. La rodean las vallas, mira el operativo sin bajar la mirada: “Este gobierno no ayuda. Nos pone cada vez más el pie encima. Quiere sembrar el miedo”. Acaricia con una mano el borde de su campera gris, se seca una lágrima. El bastón firme en la otra. Se le quiebra la voz: “Los que ya tenemos canas y pasamos los 70, no tenemos que tener miedo”. Y se queda ahí. Quieta, pero inmensa.

Como cada miércoles, jubilados y jubiladas se congregaron frente al Congreso de la Nación para reclamar por sus derechos, por sus remedios, por una vida digna. Pero esta vez no estaban solos. Los gremios que integran la Confederación General del Trabajo (CGT), junto a las dos CTA y una gran cantidad de organizaciones sociales, se sumaron a la manifestación en la antesala del paro general de 36 horas convocado por el movimiento obrero. Sin embargo, la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que nuclea a los choferes de colectivos, ya anunció que no participará de la medida.

El Congreso estaba vallado. El perímetro, reforzado. Los efectivos, en posición. Las cámaras, atentas. Desde el mediodía, las columnas comenzaron a llegar a la plaza: jubilados, sindicatos, organizaciones sociales, organismos de derechos humanos, personas que llegaron solas pero marcharon acompañadas. Una marea con un mensaje claro: frenar el ajuste, defender lo público, ponerle un límite a un modelo que recorta, privatiza y delega.

Entre quienes participaron de la marcha, se encontraba Carlos “Chaca” Dawlowfki, jubilado e hincha de Chacarita, que hace unas semanas sufrió represión policial en esta misma plaza. “Venimos a reclamar nuestros derechos y los de los pibes que no tienen futuro. Hoy en la Rural había diez cuadras de cola por un puesto de trabajo. Nosotros ya estamos jugados, pero a la juventud esto le va a costar mucho”, dice. Y apunta directamente al Gobierno: “Es criminal, te saca los remedios, no te da aumentos. Que esta movilización sirva para la juventud y los mayores como nosotros que votaron a este personaje. Que el Congreso actúe y avance con un juicio político. Es lo mínimo, que pague como pagamos todos los argentinos”.

“Esta es la alegría del pueblo, una fiesta popular porque no está la policía”, dice Evelyn, jubilada docente, con una camisa colorida repleta de margaritas y un pañuelo fucsia atado al cuello. Levanta el puño con firmeza y una sonrisa luminosa. “No nos van a sacar la alegría”. “Fuera Milei, fuera Villarruel. Es fundamental bancar a los jubilados, y que todos —trabajadores, la CGT, las CTA, los barrios, el pueblo entero— salgan a la calle. Este gobierno, esta economía, este fascismo, se enfrenta así: con cuerpo, con alegría y con unidad”, remata Evelyn, como quien entiende que resistir también es una forma de celebrar.

Los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT

Pasadas las cuatro de la tarde, una bandera roja abrió paso a la columna de los Jubilados Insurgentes y del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, dos de las agrupaciones que desde el año pasado vienen sosteniendo concentraciones semana tras semana frente al Congreso. Avanzaban al canto de “que lo vengan a ver, los jubilados le enseñan cómo luchar a la CGT”, mientras quienes estaban apretados sobre Rivadavia se abrían para recibirlos y sumarse al ritmo de bombos, aplausos y cánticos que, esta vez, no encontraron represión, la policía se mantuvo lejos, casi invisible, y en esa invisibilidad quedó expuesto que la represión no es inevitable: es una decisión política. Cuando no hay voluntad de palos, no hay palos.

Esteban tiene 78 años, es jubilado de la construcción y sostiene con firmeza un cartel que dice: “La deuda es hambre”. Lleva meses marchando por su jubilación, como tantos otros. “Estamos cosechando el haber estado en la calle durante tanto tiempo. Peleamos por nuestras jubilaciones, por la moratoria que cortaron y deja sin cobertura a siete de cada diez mujeres. Muchas van a terminar en la indigencia, en la calle”, advierte.

Habla con bronca, pero también con claridad política: “Estamos sometidos a las imposiciones del FMI. Esto es un gobierno bananero, y no están solos: hay una complicidad explícita de los opositores con peluca. La CGT no tuvo más remedio que salir, porque quedó descolocada frente a las viejas y los viejos que venimos poniendo el cuerpo sin tener sindicatos que nos respalden”.

Para Rubén, del Movimiento Activo de Trabajadorxs y Jubiladxs, lo que hoy se vive en la Plaza es resultado de una acumulación: “Somos el epicentro de la resistencia. No vamos a poder solos, pero generamos esto y sentimos el apoyo, incluso de sindicatos que al principio veíamos lejanos. Eso es lo que nos pone contentos”. En un comienzo marchaban junto a otras agrupaciones como Jubilados Insurgentes, sin demasiada visibilidad. Hoy, dice Rubén, el escenario cambió: “Somos el epicentro, pero el terremoto está abajo. Queremos que todas esas luchas dispersas se junten y construyan un plan que nos lleve a una huelga general hasta que este gobierno caiga con su política y su economía”.

Unidad, masividad y un límite al autoritarismo

La masividad de la convocatoria y la presencia de gremios robustos fueron dos factores clave para que esta vez Patricia Bullrich se mantuviera lejos de la idea de una nueva represión. En la previa del paro general convocado por la CGT, Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, lanzó una advertencia cargada de diagnóstico y expectativa: “La medida de fuerza de hoy es una de las más grandes y de mayor consenso contra el gobierno nacional. En el caso de los estatales, somos optimistas. Esa guerra que Milei nos declaró apenas asumió, después de varias batallas, sentimos que la empezamos a ganar”. Aguiar se refiere a un hecho inédito: “Anoche a la madrugada el Presidente nos convocó a paritarias. ¿De verdad piensan que eso va a boicotear la masividad del paro? Es patético si creen que pueden frenar la protesta con maniobras así”.

El dirigente de ATE también apuntó a la profundidad de la crisis: “Los salarios no alcanzan para cubrir los derechos básicos estipulados por ley: vivienda, salud, educación, esparcimiento… No somos solo estatales y jubilados: los pequeños empresarios se funden, los comercios no venden, las economías regionales están devastadas. La expectativa de buena parte de la población está desapareciendo. Ya no hay luz después del túnel. Se deja de creer en Milei y en Bullrich. Hay un rechazo creciente y silencioso al autoritarismo de este gobierno”.

En la misma línea, Hugo “Cachorro” Godoy, secretario general de la CTA Autónoma, reivindicó el protagonismo de quienes abrieron el camino de la resistencia desde el primer día: “El conjunto de la clase trabajadora está abrazando al mayor símbolo de coraje y dignidad del pueblo argentino, que son nuestros jubilados. Ellos sostienen miércoles a miércoles esta lucha por una jubilación digna y por el derecho a acceder a medicamentos y atención médica”. Y agregó: “Con esta movilización enorme estamos prefigurando un paro contundente, en repudio a la política económica y social, y a la aceptación pasiva —por decreto— de las imposiciones del FMI. Esta unidad del pueblo argentino se va a sostener hasta que este gobierno se tenga que ir”.

Frente a un país en crisis, jubilados, docentes, trabajadores y estudiantes hacen cuerpo en las calles. No por nostalgia, no por rutina. Por necesidad, por urgencia. Por la vida que todavía no se resigna. Porque ahí donde crece el miedo, la calle sigue siendo el freno. La cita será, como siempre, el miércoles que viene.

“Mendoza es hija del agua”

“Mendoza es hija del agua”

Liberaron a dos activistas detenidos por protestar en contra de la megaminería en Mendoza.

Los ambientalistas Federico Soria y Mauricio Cornejo fueron liberados el jueves 3 en el Polo Judicial de Mendoza, luego de haber sido detenidos por manifestarse en contra de la minería a cielo abierto en la zona. Ambos integran la Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata y están acusados de terrorismo y amenazas tras incidentes ocurridos en la apertura de una oficina de la Cámara de Proveedores Mineros en esa ciudad.
La jueza Claudia Tula ordenó que la causa sea elevada a la justicia federal debido a la incompetencia del fuero provincial, y resolvió la liberación de los imputados.
El fiscal Juan Manuel Sánchez había pedido la prisión preventiva de Soria, quien estuvo hasta ayer en la Estación Transitoria de Detenidos y Aprehendidos (Es.Tra.Da). Cornejo ya había sido detenido en febrero, pero desde el 19 de marzo se encontraba en prisión domiciliaria.
“Tiene que resolver la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo cual la causa queda empantanada y no sabemos cuándo se va a volver a retomar”, informó el activista ambientalista, ahora en libertad condicional bajo fianza, a través de un video publicado en redes sociales. Tanto Soria como Cornejo fueron denunciados por Edgardo Vera por supuestas amenazas a él y a su familia. El comerciante y representante de la Cámara fue atacado en una manifestación antiminera espontánea realizada el 24 de enero y sufrió el intento de incendio de su local. El mismo día, dos personas fueron detenidas por los actos de violencia. Sin embargo, Vera luego apuntó a los dos referentes de la Asamblea de Uspallata.

A las acusaciones de amenazas se agregó la calificación legal de la protesta como terrorismo, tomando el artículo 213 bis del Código Penal, que establece “una pena por integrar una agrupación temporal o permanente que tenga por su objetivo imponer la ideología por la fuerza o el terror”, según la explicación de Marcelo Romano, abogado y ambientalista. “Esto es inédito. La figura de este artículo no tiene antecedentes en la provincia de Mendoza y solo fue aplicada a nivel nacional en la dictadura del ‘76.” , afirmó el abogado defensor de Soria, Alfredo Guevara. “No somos terroristas los que defendemos el agua”, clamó a través de un megáfono Romano en las afueras del Polo Judicial. “Se cayó la farsa del Ministerio Público Fiscal”, agregó en un video publicado en su perfil de Instagram, minutos después de la liberación.

Historial criminalizador

Sin embargo, la criminalización de la protesta no comenzó en enero de este año, sino que “es una práctica común y corriente desde que asumió Alfredo Cornejo como gobernador en diciembre del 2015. Nosotros tenemos más de 300 imputados por participar en manifestaciones públicas”, según explicó Guevara.
La manifestación en la que Vera fue atacado se dio en el contexto del rechazo al proyecto de la minera San Jorge, perteneciente al grupo Solway, para la extracción de cobre en la localidad de Uspallata. Los disturbios iniciaron con la llegada de columnas de la UOCRA, a favor de la minería. Los asambleístas allí presentes denunciaron ataques de parte de estas personas y uno de ellos, Flavio González, resultó herido. Los responsables de ese ataque y los sufridos por Vera fueron identificados en el acto y se abrieron los expedientes correspondientes, pero estos no avanzaron. El intento de incendio sería producto de una “rencilla vieja” con otro comerciante que no pertenece a la Asamblea por el Agua, de acuerdo a las declaraciones de González en MDZ Radio. Un día después, el 25 de enero, Soria y Cornejo son denunciados.

“Se han presentado los chats privados, los chats del grupo, de la Asamblea, donde tanto Federico Soria como Mauricio Cornejo de ninguna manera convocan o se puede inferir que tienen algo que ver con los hechos de violencia. Estas pruebas acreditan que los señores que cometieron estos actos de violencia el 24 de enero, el intento de incendio y el que golpeó a Vera, no forman parte de la Asamblea de Uspallata.”, afirmó Alfredo Guevara en diálogo con Anccom.
El proyecto San Jorge afectaría no solo el acceso al agua potable de la población, sino también la calidad de la misma y la posibilidad de generar empleo en la región, ya que la falta de agua impacta sobre la actividad agrícola en general y vitivinícola en particular. “Venimos de fuertes sequías y la minería metalífera requiere millones de litros de agua. Además, sabemos que este tipo de actividad requiere químicos como el cianuro, el mercurio y el ácido sulfúrico, que son altamente contaminantes para los ríos. El otro punto que nos preocupa es el desarrollo sustentable, que sea con inclusión y no hipotecando el futuro de las próximas generaciones ”, explicó Jorge Difonso, diputado provincial de Mendoza.

Este avance sobre los recursos naturales en la zona sucede en el contexto de promoción de la explotación de los mismos a nivel nacional, con la implementación del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Este proyecto ofrece incentivos cambiarios, fiscales y aduaneros y quita restricciones a sectores de agroindustria, minería, energía, tecnología, infraestructura, gas y petróleo. De este modo, se vulneran potencialmente áreas naturales, exponiendo al medio ambiente y a sus habitantes a la contaminación. “El RIGI no contiene en su fundamentación un análisis respecto de si las actividades productivas que incentiva realmente comprometen o no a las generaciones futuras y al goce y disfrute de un ambiente sano”, asegura un documento firmado por las Asambleas Mendocinas Por el Agua Pura (AMPAP).

En la región, la Asamblea de Vecinos propone la creación del Área Protegida Uspallata-Polvaredas, de la que Soria es autor intelectual, para asegurar la protección del ambiente y la calidad de vida de su población. “Ese es un proyecto que incluso el mismo gobierno, cuando era oposición, lo firmó y lo presentó y ahora lo niega.”, afirmó Difonso. Además, el diputado provincial entrevistado por Anccom hizo hincapié en “la impunidad que está reinando en Mendoza”, debido a la concentración de poder político y judicial en la figura del gobernador Alfredo Cornejo. De hecho, Difonso afirmó que “las dudas y preocupaciones de la población se centran en los controles de la actividad minera”, debido a la existencia de funcionarios que pasaron del cargo público a la nómina de las empresas y viceversa. La misma dinámica se dio luego de la modificación del Código Procesal Minero, a favor del sector empresarial de esta rama de la industria. Luego de su aprobación, “varios de los empresarios mineros pasaron a tomar cargos públicos. Esta práctica es moneda corriente ”, informó el diputado.

Otro caso emblemático se dio en septiembre del año pasado, cuando vertidos de petróleo en el área de Lunlunta contaminaron las aguas del río Mendoza. “YPF hizo caso omiso a esto. Y tenemos el antecedente contundente de que la Ministra de Ambiente de Mendoza era a la vez directora de YPF, es decir, ella controlaba a la empresa para la cual trabajaba”, aseguró Difonso.

Las detenciones de Soria y Cornejo se inscribieron en “un alto nivel de corrupción en la provincia”, expresó Romano. El diputado Jorge Difonso declaró que “las garantías institucionales están en juego en Mendoza”. El mismo Federico Soria llamó a los vecinos autoconvocados “a no tenerle miedo al gobierno, a sus instituciones y a sus grupos paraestatales violentos, y sobre todo a continuar defendiendo el Área Protegida Uspallata-Polvaredas, que fue la razón por la cual yo terminé preso”, a través de un video publicado en sus redes sociales horas después de su liberación. A su vez, las manifestaciones públicas en defensa del agua continúan, reflejando que la opinión pública de los mendocinos sigue estando a favor de la protección de los recursos naturales. En palabras de Marcelo Romano: “Los ciudadanos tenemos en claro que Mendoza es hija del agua”.

La salud pública en terapia intensiva

La salud pública en terapia intensiva

En el Día Mundial de la Salud organizaciones gremiales y sociales, trabajadores y pacientes se movilizaron al ministerio de Salud de la Nación en defensa de la salud gratuita y de calidad.

Foto: Archivo ANCCOM.

Hoy, como todos los 7 de abril, se conmemoró el Día Mundial de la Salud y organizaciones gremiales, trabajadores y pacientes se movilizaron al mediodía frente al Ministerio de Salud de la Nación, que tiene su sede en Avenida 9 de Julio 1925, para protestar ante los recortes en el área. ANCCOM dialogó con distintos asistentes a la marcha y detallaron con precisión sus reclamos.

La lluvia de este lunes no impidió que se llevara a cabo una marcha federal en defensa de la salud pública gratuita y de calidad, en donde se reclamó por los despidos y el vaciamiento en el sistema público sanitario. El epicentro fue el centro porteño. Allí, carteles, unión y compañerismo fueron los principales elementos que hicieron la fuerza para que esta movilización estableciera la potencia con la que los trabajadores de la salud luchan contra el ajuste.

De manera pacífica y solo utilizando la vereda, compartieron sus reclamos a través de un micrófono que logró captar la atención de los vecinos que pasaban por el lugar. La jornada de lucha comenzó cerca de las 13 y 15 y finalizó pasadas las 14. Aunque fue breve, logró establecer de forma contundente el deseo de que la situación por la que atraviesa la salud pública se modifique.

Raúl Laguna Bosch es médico generalista y trabaja en el Hospital Eva Perón y es miembro de la comisión directiva provincial de CICOP, el gremio de profesionales y técnicos de la salud en la provincia. “Hoy es el Día Mundial de la Salud, entonces nos nuclea la fecha porque la salud pública está en terapia intensiva, venimos siendo uno de los blancos de ataque del gobierno nacional de Javier Milei. Con más de 130 despidos en el Hospital Posadas, 200 despidos en el en el Hospital Bonaparte y desfinanciamiento de programas que abastecen medicamentos, a nosotros nos preocupa muchísimo la situación. Queremos una salud pública gratuita e integral, enmarcada en un sistema único donde las (clínicas) privadas se nacionalicen, se estaticen”, afirmó.

Candela Ramírez es abogada y trabaja con el equipo de legales del gremio de CICOP. “Estamos en un plan de lucha, son diferentes actividades que se vienen haciendo por el ataque a la salud pública de este gobierno. Hay muchísimos despidos a nivel estatal, como se ve a nivel nacional, en la provincia, en todos lados y claramente una baja de la calidad de la atención hacia todas las personas”, indicó.

Norma Lezana, nutricionista y secretaria general de la Asociación de Profesionales y Técnicos del Hospital Garrahan, habló sobre la destrucción del sistema de salud, la falta de medicamentos y cómo eso genera un impacto que puede llegar al aumento de la mortalidad, en personas con enfermedades crónicas. “No hay acceso a medicamentos, a reactivos que antes garantizaban el programa de VIH, lo mismo que el programa de hepatitis, donde tenés la detección, tratamiento y seguimiento de quienes sufren una enfermedad que es contagiosa y que está controlada gracias a que existía un programa. A la larga, esto va a traer más gasto en la salud pública, ya que lo que prevenís es menor gasto”, dijo.

Por otra parte, Paola Miño, de la Asociación de Obstétricas Municipales (ADOM), estableció cómo la baja de profesionales impacta en la calidad de atención de los pacientes. “Estoy en contra de las políticas del recorte que está generando el gobierno nacional. Y en el Hospital Ramos Mejía pasaron de tener 14 obstétricas a 7, lo que significa que hay una sola obstétrica de guardia que está 24 horas y tiene que estar despierta y ningún ser humano puede trabajar así. Si bien lo hace, baja la calidad de asistencia”, afirmó.

Además, expuso por qué se piensa erróneamente que se necesiten menos profesionales de la salud, cuando debería aumentar ese número. “Las mujeres no son una fábrica y sus cuerpos no son un producto. Pero cuentan así, números de parto y no importa la calidad de asistencia. Bajó la natalidad un 40% a nivel nacional, pero hay que acompañar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y hacemos ese acompañamiento, no queremos que las mujeres mueran de dolor y solas. Somos las obstetras las que les tendemos la mano”, aseguró.

Como si fuera poco, Laguna Bosch indicó cuál es el sueldo de los médicos y la situación a la que se enfrentan todos los días. “En la provincia de Buenos Aires, cada municipio tiene su planta municipal y se ven sueldos básicos por debajo de 300.000 pesos”, denunció.

Además, los profesionales se van de un lugar a otro buscando trabajos mejores, tienen múltiples empleos, los sueldos muy bajos, las condiciones malas y como hubo incremento de la crisis social y económica, lo que termina pasando es que muchas personas que tenían obras sociales la perdieron y van al hospital público. La demanda y la carga de trabajo aumentó cerca del 30%, y no hay planta, siguen siendo los mismos profesionales”, agregó-

Lezana concluyó hablando sobre un “despertar” del pueblo argentino: “Hay cada vez más gente en la calle reclamando con toda la fuerza que tiene a las autoridades, porque el gobierno está violando los derechos humanos elementales”.

“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

“Pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”

En un nuevo aniversario de la masacre del taller textil clandestino de la calle Luis Viale, sobrevivientes y familiares de las víctimas siguen reclamando “una justicia verdadera, no a medias”. Los dueños del taller continúan impunes.

El 30 de marzo de 2006, en un taller textil ubicado en la calle Luis Viale 1269, del barrio porteño de Caballito, un incendio causó la muerte de seis personas: Juana Vilca (25, embarazada); Wilfredo Quispe (15); Elías Carbajal (10); Rodrigo Carbajal (4); Luis Quispe (4), y Harry Rodríguez (3). Todas ellas, reducidas a trabajo esclavo y servidumbre por sus empleadores, sobreexplotadas y en condiciones ambientales inhumanas

Hasta hoy, sus familiares y los sobrevivientes reclaman justicia por las víctimas, que trabajaban y malvivían allí. Eran 65 personas en total, en un espacio que no contaba con ninguna medida de seguridad ante posibles accidentes, tampoco ventilaciones adecuadas, ni mucho menos una adecuada infraestructura para albergarlos.

A 19 años del hecho, realizaron un homenaje y reafirmaron el pedido de justicia en las puertas del ex taller textil clandestino, cuyos propietarios eran Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler, quienes por entonces contrataban mano de obra calificada, la mayoría de nacionalidad boliviana, principalmente de pueblos indígenas como quechuas y aimaras que casi no hablaban el español, y que aceptaban pensando que los esperaba un trabajo digno y que les daría un mejor bienestar.

“Los dueños daban las instrucciones de coordinación de su taller textil a sus dos capataces, Luis Sillerico y Juan Manuel Correa, y estos reclutaban a personas migrantes muy necesitadas haciéndolas trabajar jornadas laborales muy intensas, sin beneficios laborales y reducidas al trabajo esclavo, mientras los empresarios hacían la vista gorda de todo lo que sucedía en el taller”, recuerda Lourdes Hidalgo, trabajadora y sobreviviente de la tragedia, en diálogo con ANCCOM.

“Todos sabían lo que sucedía en el taller –prosigue–, tanto funcionarios del Gobierno de la Ciudad como policías. Unos y otros venían, se llevaban ropa en cantidad, los policías cargaban los patrulleros con prendas, nos pedían de sus talles, y ellos veían como trabajábamos, como el lugar no contaba con la debida seguridad”.

“Había muchos cables colgados, comíamos sobre nuestra máquina de coser y muchas veces nos dormíamos sentados porque trabajábamos entre 16 y 18 horitas diarias. No había habitaciones, sólo separaciones que hacíamos con plásticos y cartones. Casi no veíamos la luz del sol, vivíamos manchados de azul por el color de las prendas de jean, y lo peor que para bañarnos contábamos con un solo baño con una ducha muy precaria, que había que hacer una fila de dos horas por la madrugada. Estábamos en condiciones extremas de servidumbre por esos empresarios que se abusaban de nuestra necesidad, pagándonos cada tres meses, todos corruptos y sinvergüenzas. Por eso pedimos justicia por nosotros y por nuestros muertos”, afirma Hidalgo.

En ese año, 2019, en una asamblea abierta familiares y sobrevivientes, se formó la Comisión por la memoria y justicia de los obreros textiles de Luis Viale, para sostener el pedido de justicia y presentar un proyecto de ley a la Legislatura de la Ciudad y al Congreso de la Nación para que el predio sea declarado un lugar de conmemoración a las víctimas, que no serían tales si las autoridades hubieran cumplido las tareas de inspección correspondientes. Hasta el momento no han tenido respuestas. Para completar el círculo de impunidad, en 2022 el poder judicial restituyó el edificio a sus dueños, quienes hoy lo tienen en venta.

Integrante de la Comisión y de la organización Simbiosis Cultural, de la colectividad boliviana, Juan Manuel Charcas reflexiona: “Lo que el incendio de Luis Viale y los talleres clandestinos tienen en común es que surgen a partir de la necesidad de prosperar. Muchos compatriotas bolivianos venían a la Argentina para lograr ‘el sueño boliviano de los 90’: casas, dos autos, la morenada –baile folclórico emblema de la pujante élite aimara–, porque si quieres bailar en la morenada tienes que tener platita, el anhelo de ser tu propio jefe o de alguien más”.

“Así –continúa–, aceptaban la explotación inicial, para luego terminar por explotar al mismo compatriota, o dejando que los exploten otros patrones del mismo rubro, pero ya siendo empleado y no teniendo la paga en tiempo y forma cambia tu manera de pensar y terminas siendo explotado, reducido sin querer al trabajo de servidumbre. La única forma de cambiar esto es verte desde afuera, sabiendo que estás adentro”.

Sobrevivientes, familiares y miembros de la Comisión exigen una justicia verdadera, no a medias, ya que consideran que los dueños también deberían ser condenados por su responsabilidad como empresarios y además propietarios del inmueble.

“Fuego y muertes alumbran el trabajo textil de Luis Viale –subraya Lourdes Hidalgo–. La sociedad tiene que conocer este hecho y tomar conciencia de cómo surge la ropa barata que llevan puestas, y que detrás de esa ropa están las tristezas, carencias, sueños frustrados y la explotación de muchos trabajadores textiles, inclusive niños, que son víctimas de la trata de personas y el trabajo esclavo. Queremos ver presos y no que anden sueltos por ahí los dueños del taller, Daniel Alberto Fischberg y Jaime Geiler. Ni olvido ni perdón”.

Inundación de ajuste

Inundación de ajuste

Las recientes inundaciones en Bahía Blanca y el norte argentino muestran la vulnerabilidad ante eventos climáticos extremos. El rol del Servicio Meteorológico Nacional es clave para emitir alertas y proteger a nuestra población. Sin embargo, los recortes presupuestarios y de personal amenazan su capacidad operativa.

Al contrario de lo que dijo la Ministra Patricia Bullrich sobre que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) se había demorado en la alerta temprana de las fuertes lluvias en Bahía Blanca, el organismo emitió la alerta naranja —que indica fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente— el día anterior a la inundación. Esta información le permitió al Municipio suspender a tiempo las clases, una medida que evitó consecuencias mucho más graves. Teniendo en cuenta que continuarían las precipitaciones intensas, a la mañana del 7 de marzo el SMN elevó la alerta a rojo: fenómenos meteorológicos excepcionales con potencial de provocar emergencias o desastres.
Para comprender mejor las implicancias de estos fenómenos climáticos y la importancia de contar con organismos públicos como el Servicio Meteorológico Nacional, ANCCOM dialogó con Paula Zapperi, Doctora en Geografía e Investigadora del CONICET; Silvina Romero, trabajadora en el SMN y delegada de ATE, y Celmira Rey, Profesora y Doctora en Geografía y Magister en Gestión Ambiental y Ecología de la Universidad del Nordeste.

El vaciamiento del Servicio Meteorológico Nacional

A principios de 2024, cuarenta y cinco empleados del SMN fueron despedidos. Luego las renuncias se hicieron habituales: “En la práctica, funcionan como despidos encubiertos porque las condiciones laborales son insostenibles”, explica Silvina Romero, trabajadora del organismo. La falta de aumentos salariales reales y la incertidumbre presupuestaria llevaron a muchos trabajadores a abandonar sus puestos. La sensación general es de incertidumbre, porque no existen garantías claras sobre el futuro del organismo.

Un aspecto clave del vaciamiento es una posible fusión del SMN con el Servicio de Hidrografía Naval (SHN), —un organismo centralizado que depende del Ministerio de Defensa— y con el Instituto Geográfico Nacional. La falta de información precisa sobre esta fusión genera más incertidumbre entre los trabajadores. “No sabemos qué funciones se mantendrán, cuáles se perderán ni cuántos puestos de trabajo quedarán en riesgo”, señala Romero.

La posibilidad de que el SMN pierda su autonomía y pase a depender de una estructura centralizada representa un problema grave: en la actualidad, el organismo cuenta con un presupuesto propio que le permite tomar decisiones rápidas y eficientes para garantizar el funcionamiento de las estaciones meteorológicas a lo largo del país. Otro problema es el riesgo para algunos proyectos clave que fueron paralizados o suspendidos por la falta de personal y financiamiento.

Romero enfatiza que la situación actual del SMN no sólo afecta a los trabajadores, sino también a la capacidad del organismo para cumplir con su misión. “La pérdida de autonomía, la reducción de personal y la falta de recursos ponen en peligro la producción de información meteorológica esencial para distintos sectores de la sociedad, incluyendo la aviación, la agricultura y la prevención de desastres naturales», advierte.

En el mismo sentido, la investigadora del CONICET Paula Zapperi, señaló: “Es fundamental mantener y fortalecer el presupuesto tecnológico y de infraestructura del SMN”. La precisión en las mediciones es cada vez más desafiante debido a la mayor variabilidad climática, lo que hace esencial contar con tecnología avanzada para calibrar modelos predictivos. “Los modelos permiten hacer predicciones, que se utilizan para tomar decisiones”, señaló la investigadora.

Un sistema meteorológico público y nacional

La Doctora Zapperi enfatizó que disponer de un servicio meteorológico público y nacional garantiza que toda la población tenga acceso equitativo a conocimiento clave. Esta información es esencial para diversas actividades económicas, especialmente en un país como Argentina, donde la agricultura es tan importante. Conocer el comportamiento de fenómenos como sequías y las variaciones asociadas a El Niño y La Niña permite a los productores tomar decisiones informadas. Así, conocer el clima afecta al abastecimiento de alimento a nivel internacional.

Como explica Zapperi, un sistema público como el SMN permite que la población pueda “entender cómo el clima afecta a nuestro entorno y cómo podemos responder más adecuadamente”. Además, contar con datos sobre eventos meteorológicos permite salvar vidas, animales, fuentes de trabajo y mucho más. Cuánto más se conoce sobre el tiempo, más fácil es aprovecharlo o amortiguar su impacto negativo, ahorrando enormes costos, algunos de ellos irreparables.

El clima cambia

La frecuencia e intensidad de fenómenos extremos como huracanes, fuertes lluvias incendios forestales, olas de calor y sequías viene aumentando. “Estos eventos le quitan precisión a los modelos históricos que nosotros ya teníamos funcionando, porque las condiciones actuales no tienen registros previos comparables”, explicó Zapperi.

El problema no son solo eventos aislados: “los cambios en la duración y periodicidad de las estaciones afectan a los sistemas de predicción de inundaciones, nevadas y sequías”, sostiene la investigadora. Estos sistemas dependen de tecnologías de monitoreo como satélites y radares, que recogen datos fundamentales para alimentar los modelos climáticos. Sin embargo, “el aumento de partículas en la atmósfera, producto de la incendios, erupciones volcánicas o la quema de combustibles fósiles puede interferir en el registro de los sensores remotos y perjudicar la calidad de las mediciones que alimentan los modelos predictivos”, explicó Zapperi a ANCCOM.

En el noreste de Argentina, donde se encuentran algunas de las zonas más lluviosas del país, también se atraviesan ciclos secos muy marcados desde 2020, reflejados en el caudal del río Paraná. Celmira Rey, Profesora y Doctora en Geografía y Magister en Gestión Ambiental y Ecología de la Universidad del Nordeste, explica que los últimos episodios de inundación en la región tuvieron diversas causas y consecuencias. Por un lado, en Chaco y Formosa distintas localidades se vieron afectadas por desbordes de los ríos Pilcomayo y Bermejo causados por lluvias intensas en la alta cuenca. “Estos desbordes repercutieron principalmente en poblaciones ribereñas, mayoritariamente indígenas, cuando el torrente se encuentra con la llanura”, explica la profesora Rey. Ahora mismo, hay poblaciones originarias en Chaco y Formosa que no pueden volver a sus casas inundadas o acceder a los caminos destrozados para conseguir alimentos o medicamentos.

En este contexto, un/a trabajador/a del SMN que prefirió mantener el anonimato explicó a ANCCOM que los recortes presupuestarios han paralizado tareas esenciales, como la reparación de radares, por no mencionar su fabricación, tarea que venís realizado INVAP. “Son herramientas fundamentales para poder emitir los avisos a corto plazo”, advirtió la fuente.

¿No future?

La especialista Paula Zapperi explica que la reforestación es una estrategia clave para adaptarse al cambio climático, ya que permite absorber la lluvia, conservar la humedad en períodos de sequía y mitigar el impacto de las altas temperaturas. Además, en muchas regiones del país, la falta de infraestructura agrava los efectos de las precipitaciones extremas. “Muchas ciudades del Chaco no cuentan con sistemas de desague adecuados para drenar el agua acumulada, lo que agrava el impacto de las lluvias cortas aunque intensas”, advierte la Dra. Rey, de la Universidad Nacional del Nordeste.

Fortalecer los sistemas de alerta temprana es esencial para una respuesta eficaz ante futuros eventos extremos.​ En este sentido, un trabajador del SMN señala que “Si el achicamiento continúa, la fuga de personal calificado seguirá en aumento y, sin presupuesto para el mantenimiento de los instrumentos, será cada vez más difícil estar preparados para eventos extremos como el de Bahía Blanca”.

La desprotección ante eventos climáticos extremos no es solo una cuestión de infraestructura o presupuesto, sino de prioridades políticas. Un país sin un sistema meteorológico sólido es un país que elige actuar sobre los escombros en lugar de prevenir el desastre. La negación de la crisis climática (e incluso la prohibición de nombrarla) y el desfinanciamiento del SMN agravan el problema. Cuando la lluvia cede y el agua baja, nos encontramos con vidas perdidas, familias desplazadas y ciudades destruidas. La pregunta no es si habrá otra tormenta como la de Bahía Blanca, o Chaco, o Formosa, sino cuándo ocurrirá y cuán preparadas estarán las ciudades y comunidades para enfrentarlas she’s de que sea demasiado tarde.

La represión a los jubilados se hizo costumbre

La represión a los jubilados se hizo costumbre

Este miércoles, mientras los adultos mayores reclamaban en Congreso por el aumento de haberes, el retorno de los medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria, un policía motorizado atropelló a un reportero. Además, hubo siete heridos y tres personas hospitalizadas.

La marcha de jubilados y jubiladas de los miércoles al Congreso contó  una vez más con un fuerte operativo policial que comenzó a reprimir y a hostigar a las personas concentradas en cuanto se comenzó a dar la característica vuelta por el Congreso. En este contexto, una unidad de la policía motorizada le pasó por encima a un reportero en la calle Callao.

Según Aldo Oscar, testigo del hecho: “Nos empezó a cerrar la policía  y este chico estaba filmando, vino la moto y lo levantó en el aire, le pegó con un palo también”. Los miembros del Cuerpo de Evacuación y Primeros Auxilios (CEPA)  rápidamente formaron un cordón humano para revisarlo, la policía avanzó igualmente, en ese momento los manifestantes intentaron impedirlo advirtiendo a gritos que había un herido en el piso; sin embargo, el avance no se detuvo y uno de los miembros del CEPA lo alzó al hombro y lo resguardo en una esquina.

En medio de este avance, algunos manifestantes terminaron gaseados. “Les pedíamos que pararan, porque estaban atendiendo a una persona, y en ese momento me tiraron gas pimienta por la espalda, cuando me di vuelta me tiraron en el ojo”, relata uno de los heridos.

Las distintas organizaciones de jubilados se congregaron  en el anexo del Congreso para reclamar por un aumento de los haberes que perciben, además de reclamar por aquellos que no podrán jubilarse este año, estimados en 241.984 personas.

Acá estamos hace muchísimo tiempo, ahora todo el mundo se enteró porque nos cagaron a palos y nos tiraron gases, pero es una movida que viene de muchos años atrás, el reclamo empezó siendo en nuestro haberes, ahora excede el tema jubilados, no hay trabajo, no hay seguridad social, si esto sigue así -lo dijo Toto Caputo- nos vamos a parecer a Perú, donde no existe la jubilación. El privilegio con que contamos los jubilados es que no tenemos nada por perder, sino todo para ganar, vamos a seguir en la calle todo lo que sea necesario, es un atentado contra nuestra patria, declaró  Noemi Fernánez, “La negra”, presidenta del Centro de jubilados de ATE Capital Federal.

Por otro lado, Liliana Kunis, quien forma parte del plenario de trabajadores jubilados, comentó que actualmente se está llevando a cabo un genocidio silencioso, los jubilados no pueden sostenerse con 350 mil pesos, sumado al retiro de la cobertura del 100% del costo de los medicamentos de PAMI, y a la falta de pago de la sentencia a aquellos jubilados que ganaron el juicio por la mala liquidación de sus haberes. Para la pensionada, el gobierno sostiene su proyecto económico con plata de los jubilados. Sólo es posible este plan con el despliegue de operativos policiales como los de éste miércoles, que en este caso, dejó un saldo de siete heridos y tres hospitalizados.