Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Marcha por la marihuana, garrotazos del gobierno

Nov 16, 2024 | Comunidad, Destacado 5

Con concentraciones en todo el país, organizaciones en defensa del uso del cannabis realizaron la Marcha Nacional de la Marihuana. La policía de la Ciudad reprimió en el acto frente al Congreso.

«Ya fue, yo me animo». Silvia lo recuerda como un salto al vacío. El cannabis era, para ella, “mala palabra”. Pero Milena, su hija de 10 años con epilepsia refractaria, tenía cien convulsiones al día. Resistía los antiepilépticos y su vida giraba en torno a 50 pastillas diarias. Nada funcionaba. Milena estaba ausente, atrapada en un cuerpo que parecía no darle tregua. Desesperada, Silvia comenzó a probar aceite de cannabis. El cambio fue radical: “Recuperó la sonrisa. Hoy lleva una vida bastante normal”. La medicación se redujo, su aprendizaje mejoró, y su calidad de vida se transformó.

En Mamás Cannabis Medicinal (MACAME), Silvia encontró comunidad y propósito. Allí, madres como Laura, que también vio mejoras en su hija con daño cerebral, luchan por un tratamiento digno: “Nuestros hijos viven hoy, no tienen todo el tiempo del mundo”.

Pero el camino está lleno de barreras. La ley 27.350 (de Uso Medicinal de la Planta de Cannabis y sus Derivados) no alcanza: hay un recrudecimiento de la criminalización de usuarios y cultivadores, se imponen nuevas restricciones al Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN) y el sistema de salud pública enfrenta un ajuste brutal que limita aún más el acceso a tratamientos esenciales.

Energía para reclamar y atropellos policiales

E viernes último, a partir de las 14, tuvo lugar la Marcha Nacional de la Marihuana, una de las principales jornadas anuales de lucha de las organizaciones y usuarios cannábicos, que se celebró en 18 localidades del país. La concentración principal se desarrolló frente al Congreso de la Nación, donde se presentó una carta dirigida a Javier Milei. El evento contó con música en vivo, bandas y exposiciones de emprendedores cannábicos. Sin embargo, la jornada estuvo marcada por la represión de la Policía de la Ciudad, bajo la gestión de Jorge Macri.

Según explicaron desde la organización, estaban a la espera de la confirmación del permiso por parte de la Ciudad. Indicaron que, ante la falta de respuesta, la ley establece el «silencio positivo», lo que les habilitaba a realizar la manifestación. Sin embargo, la policía sostuvo que esta normativa no era aplicable. Poco después, arribaron efectivos de la Policía Federal junto con personal de Espacios Públicos, quienes impidieron que se montara cualquier estructura y reprimieron a los asistentes.

Pamela Kaiser, integrante de la mesa organizadora de la marcha, relató: «Cómo el sol estaba muy fuerte y había chicos y personas con capacidades reducidas, decidimos armar un gazebo para resguardarnos. En ese momento, la policía comenzó a rodearnos y agredieron a una compañera, yo me metí a defenderla y me agarraron entre seis policías. Hay compañeras con golpes y moretones».

«Nos están atropellando otra vez, no nos dejan marchar. Es la primera vez en quince años que pasa algo así. Siempre hemos marchado pacíficamente, sin buscar alterar nada. Solo defendemos la salud y nuestros derechos”, expresó Rodrigo Ezek, vendedor de productos cannábicos, visiblemente indignado ante la situación.

Tras el impedimento de la policía para montar el escenario, la concentración se trasladó al centro de la plaza del Congreso. Allí, la energía no se apagó: la movilización la lideró una banda murguera al ritmo de trompetas, bombos y redoblantes. Con banderas, carteles y ganas de cantar, los manifestantes se hicieron escuchar en la plaza: “Yo no soy un delincuente, yo no soy un criminal, yo cultivo marihuana, no más presos por plantar”.

 

El Estado tiene que dar respuestas

“Estuve presa dos años por cultivo de cannabis”, relata Mariela Escopeta, de 61 años. Su nieto de siete años padece síndrome de Tourette, y su salud mejoró desde que consume el aceite de la planta. “Perdí dos años de mi vida y pasé un montón de cosas horribles. Igual que yo hay muchos compañeros y compañeras, no tiene que haber más presos por cultivar marihuana”, denuncia.

Este año, la marcha coincidió con el Día del Cannabis Medicinal y con un momento clave: el 35° aniversario de la sanción de la Ley de Estupefacientes N° 23.737, que, según se denuncia en la carta entregada al Presidente, «lejos de proteger la salud pública, ha generado un aumento del narcotráfico y un alto costo económico, social y político para el país». La carta también señala que la ley «criminaliza el consumo y cultivo de marihuana, y ha perpetuado la discriminación y estigmatización de los usuarios, especialmente en sectores vulnerables como jóvenes de barrios populares, población trans, LGTBIQ+ y, particularmente, las mujeres cannábicas, quienes enfrentan una mayor persecución judicial».

El REPROCANN: ¿qué cambió?

El REPROCANN es una base de datos creada para registrar a las personas que cumplen con los requisitos para acceder a un cultivo controlado de cannabis con fines medicinales, terapéuticos o paliativos del dolor.

Sin embargo, un gran obstáculo que enfrentan quienes buscan utilizar cannabis medicinal es el retraso en la aprobación de las solicitudes. Según la revista especializada Mate, actualmente se reciben aproximadamente 1.000 solicitudes diarias, pero estas son revisadas por solo dos personas. Este colapso se debe al desmantelamiento de los organismos del Estado y a las políticas implementadas por el gobierno de Javier Milei. En total, hay más de 100.000 solicitudes esperando aprobación o renovación, ya que el permiso otorgado tiene una vigencia de tres años. Los plazos de espera son extremadamente largos, y la situación se ha agravado desde principios de año, cuando el gobierno anunció la «revisión» y «auditoría» del REPROCANN. Como resultado, se han judicializado cientos de solicitudes, muchas de las cuales han obtenido fallos favorables para los pacientes.

La resolución 3132/24

El 16 de agosto se publicó en el Boletín Oficial la resolución 3132/2024 del Ministerio de Salud, que introduce modificaciones a la resolución anterior del REPROCANN, con el objetivo de restringir el acceso al cannabis medicinal.

Las modificaciones principales afectan a los cultivadores solidarios y las ONG, actores clave en el acceso al cannabis medicinal, ya que proporcionan la planta o sus derivados a pacientes que no pueden o no quieren cultivar por sí mismos, o que no pueden acceder a productos importados. La resolución establece que los miembros de la comisión directiva de las ONG no podrán tener antecedentes penales relacionados con el uso de estupefacientes o el uso indebido del cannabis medicinal. Este es un atropello, ya que muchas de estas organizaciones están compuestas por militantes del movimiento cannábico, que históricamente han sido víctimas de la legislación punitiva sobre drogas. Otra de las modificaciones apunta a los médicos, quienes ahora deberán cumplir con dos requisitos excluyentes: estar inscriptos en la Red Federal de Registros de Profesionales de la Salud (Refeps) y contar con un certificado de una “Diplomatura o Maestría sobre el uso medicinal de la Planta de Cannabis”. Esta última exigencia resulta problemática, ya que en Argentina esos cursos son de pago, en un contexto de crisis presupuestaria en las universidades públicas, también afectadas por la política de ajuste del gobierno de Milei. Estas medidas buscan limitar la cantidad de profesionales habilitados para prescribir cannabis medicinal.

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

Nov 15, 2024 | Comunidad, DDHH, Destacado 2, Destacado 4

En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de género en Argentina, el Estado se negó a responder y señaló que la violencia “no tiene género”.

Este jueves 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre la situación de los derechos de género en Argentina, en la que organizaciones de la sociedad civil denunciaron lo que describen como una gran regresión en los derechos de género en el país. Durante la audiencia, las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, ELA, CELS, FUNDEPS y Mujeres X Mujeres, se enfrentaron a los representantes del Estado argentino en un encuentro que desnudó las profundas fisuras de una nación que parece abandonar sus responsabilidades hacia quienes más necesitan su protección. Según Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el país atraviesa “un acelerado proceso de desresponsabilización del Estado Nacional, que abandona a las mujeres, renunciando a su rol de garante de un piso mínimo de derechos en todo el país”.

Un país que retrocede

La audiencia, que duró una hora y media, comenzó con la exposición de las organizaciones de la Sociedad Civil. Uno de los puntos más destacados fue la denuncia por la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, justificada por el Estado con el argumento de que “la violencia no tiene género”. Según Mayca Balaguer, Directora Ejecutiva de FUNDEPS, esta decisión significa «un retroceso institucional de casi 40 años”, ya que priva a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad de una protección esencial. Balaguer también alertó sobre los recortes presupuestarios en servicios clave para la atención a situaciones de violencia de género, como la línea de emergencia 144, que sufrió una reducción presupuestaria del 28% y una reducción de personal del 42% en junio de este año.
La situación en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos también implicó fuertes denuncias. Lucila Galkin, Directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina, denunció la paralización total en la distribución de insumos médicos como el Misoprostol, esencial para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y otros métodos anticonceptivos, lo cual, según expresó, “pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes”. Galkin destacó que este desabastecimiento está generando un contexto de absoluta desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Argentina, con consecuencias que afectan particularmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La justificación del Estado: Crisis y ajuste

En defensa de estas políticas y en representación del Estado argentino, Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos, argumentó que el país atraviesa “una crisis económica y social sin precedentes” y que la reestructuración y los recortes son medidas necesarias. “El ajuste fiscal en el sector público nacional fue necesario para corregir la crisis terminal que enfrentaba la economía argentina”, explicó Baños.

Además, explicó que en esta reestructuración las competencias en políticas de género fueron absorbidas por el recién creado Ministerio de Capital Humano, encargado de centralizar las funciones de varios organismos. También, defendió que la línea de emergencia 144 seguirá activa y operativa, aunque se convertirá en un servicio de atención a situaciones de violencia en general, sin la especificidad de género que tenía anteriormente. Esta decisión fue fuertemente cuestionada por las organizaciones civiles, quienes advirtieron que “se pierde la especificidad en la atención de una problemática estructural de violencia hacia las mujeres”.

En este sentido, Patricia Sotile, integrante del área Jurídica de ELA, agregó en diálogo con ANCCOM: “La encuesta sobre prevalencia de las violencias en CABA muestra que la línea 144 es la más conocida entre las mujeres a la que pueden recurrir en caso de encontrarse en una situación de violencia de género en busca de ayuda. Esta forma extendida de conocimiento es la que permite que cada vez, más mujeres en situaciones de violencia puedan recurrir a las instituciones y mecanismos en busca de ayuda”.

Interrogantes sin respuestas

Los comisionados de la CIDH interpelaron al Estado sobre el futuro de programas de acción contra la violencia de género, los mecanismos de monitoreo y los protocolos de intervención. En su intervención, uno de los comisionados resumió la frustración y urgencia de las organizaciones civiles: “Lo que no se nombra no existe; si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe”. Sin embargo, Alberto Baños adelantó que el Estado Nacional no respondería preguntas durante la audiencia, sino que lo haría por escrito el lapso que la comisión disponga.
“El Estado, por su parte, continúa sin dar respuestas. Pese a que las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno que den respuestas en la audiencia sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifique cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género, dichos interrogantes no fueron abordados ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos”, expresó Patricia Sotile en diálogo con ANCCOM.

Una lucha que continúa

En medio de un contexto internacional en que el mundo observa con atención, Argentina parece alejarse de su propio pasado de liderazgo en derechos humanos. Su voto este mismo jueves contra la iniciativa global de Naciones Unidas para combatir la violencia digital hacia mujeres y niñas, así como el retroceso en políticas de género, no son solo decisiones políticas, sino también señales preocupantes que parecen dar la espalda a los logros de décadas de lucha por la igualdad.

A cada recorte presupuestario, a cada ajuste, se suma el dolor de aquellos que ven, poco a poco, cómo se desmoronan las estructuras de apoyo que tantas veces fueron salvavidas en tiempos de violencia y desamparo. Las organizaciones civiles dejaron claro que el debilitamiento de los derechos humanos en un país como Argentina es una advertencia que resuena en toda la región, donde la igualdad y la protección aún son conquistas frágiles.

La audiencia en la CIDH se cierra, pero los reclamos y denuncias permanecen abiertas, expuestas a la atención de una comunidad internacional que observa y de la sociedad argentina que espera que la protección y la justicia no se conviertan en recuerdos de un pasado más esperanzador.

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Nov 15, 2024 | Comunidad, Destacado 5

El voto solitario de la Argentina en la ONU contra una declaración a favor de los pueblos originarios está en sintonía con las políticas públicas que desconocen los derechos de las comunidades preexistentes a la nación. El comando antibloqueos de Bullrich debutó en Vaca Muerta.

Argentina fue el único país con representación en las Naciones Unidas (ONU) en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos originarios en su Asamblea General en Nueva York. El documento promueve el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias, el acceso a la justicia, la protección del medioambiente y la preservación de sus lenguas y culturas. Sin embargo, los pueblos indígenas preexistentes a la nación argentina no se sorprendieron, el voto del nuevo ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein es coherente con el ataque sistemático a las comunidades originarias que recrudeció en estos meses de la administración de Javier Milei.

El gobierno de La Libertad Avanza ha demostrado en reiteradas veces su persecución y hostigamiento hacia los pueblos indígenas y su rasgo neocolonial a la hora de administrar el poder estatal. El impulso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que posibilita arrasar con los territorios sin consulta a sus habitantes, la incógnita de qué sucederá con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el anuncio que hizo el gobierno de no prorrogar la  Ley 26.160 que declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos, están poniendo en jaque la relación entre los habitantes de Abya Yala -tal como llamaban las poblaciones autóctonas a estas tierras- y el Poder Ejecutivo. 

Si bien los conflictos con los pueblos originarios no inician en la era Milei, están siendo exacerbados por la gestión de este gobierno. La situación tiene que ver con cosmovisiones de mundo distintas, que a veces encuentran consensos entre ambas partes y a veces no. Aunque la población aborigen está reconocida por la Constitución, carece de una representación política que plasme tal reconocimiento en soluciones concretas y acuerdos que permitan el respeto de sus intereses. 

La explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta por parte de YPF en colaboración con empresas como Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron y Shell, está en colisión con las comunidades originarias. Este martes, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció la primera intervención pública del Comando Unificado de Seguridad Productiva de la Nación, más conocido como “Comando Antibloqueos”, en la zona caliente de Vaca Muerta. En un comunicado asegura que junto a la Policía provincial irrumpió en Campo Maripe, territorio en disputa con YPF. «Bullrich -señala el documento- está ensayando la intervención de Gendarmería para (garantizar) el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta. En la mañana de hoy la Gendarmería y la Policía de Neuquén irrumpieron conjuntamente en territorio comunitario del Lof Campo Maripe, una escena que recuerda a junio de 2017, cuando la Gendarmería intentó avasallar el derecho mapuche con represión».

 

Desde la aprobación del RIGI  –un régimen de incentivos para que las empresas extranjeras “inviertan” en el país a cambio de una rentabilidad asegurada y exenciones impositivas– ses agravaron los conflictos preexistentes para los pueblos originarios de Jujuy, Salta, Neuquen, Rio Negro y Chubut. 

En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, buscan desalojar con una causa judicial a la comunidad mapuche Pailako, que habita ese territorio desde hace muchísimas generaciones. En ese contexto, el conflicto previo al RIGI es la llegada al país hace dos años de la empresa estatal israelí de aguas, Mekorot. El lonko Mauro Millan explicó a ANCCOM que “las acciones judiciales que hoy enfrentamos están relacionadas con la intención que tuvimos y tenemos de volver al territorio y de plantearlo como una decisión política. El Poder Judicial actúa como infantería de la represión”. Tanto Cristian Larsen, funcionario y director de la Administración de Parques Nacionales (APN), como el gobernador provincial Ignacio Torres acusan sin pruebas a la lof de los incendios que quemaron aquel territorio durante los últimos dos veranos.

Larsen dice a través de su cuenta de X (Twitter): “En la gestión pasada fue moneda corriente que se usurpen terrenos de Parques Nacionales y que las anteriores autoridades no hagan nada para evitarlo, por el contrario muchas veces a través de organismos como el INAI se les daba ayuda a estas falsas comunidades o a estas personas que escudándose en sus condiciones de mapuches utilizaban los recursos del Estado”. Fiel al explícito estilo libertario agrega: “Esta política cambió, hoy hay un cambio cultural que lo está llevando a cabo el presidente Milei y que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley”. Al parecer, la ley de leyes que es la Constitución, no cuenta para este Gobierno. El Artículo 75, Inciso 17 de la Carta Magna reconoce a los pueblos preexistentes y obliga a los estados nacionales y provinciales a respetar los territorios que actualmente habitan los pueblos originarios. 

Lo que ocurre hoy es que gracias al RIGI, el presidente Milei, en uno de sus tantos viajes a Israel, reafirmó los acuerdos del gobierno de Alberto Fernandez con Mekorot. El convenio firmado en 2022 para diseñar el desarrollo de infraestructura hídrica es poco claro, con información vaga y fragmentada.  Por otra parte, en 2014 Mekorot fue denunciada en la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. “Ocupan las nacientes de los ríos, violan normativas de agua, fronteras y viviendas”, denunció Millán. Pero el convenio que firmó Mekorot Israel National Water con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no abarca solo a Chubut. También a Neuquén, Río Negro, Jujuy y otras provincias. 

En Salta, la empresa surcoreana Posco presentó un proyecto bajo el RIGI, con una inversión que rondaría los 1.000 millones de dólares. Los detalles del proyecto aún no se han revelado, pero se sabe que la compañía está expandiendo sus operaciones en la provincia. Y es reciente también, la inauguración de la planta de producción de hidróxido de litio, que pertenece al proyecto “Sal de Oro”. 

En esta provincia, las comunidades indígenas Oka Pukie (Mi Troja) y Kyelhuk (Quebracho) han sido demandadas en la localidad de Tartagal por la finquera María Montserrat, esta empresa busca recobrar posesión de los territorios mediante un posible desalojo de ambas comunidades. La Ley 26.160 hasta octubre las protegía porque declaraba la emergencia de la propiedad indigena y, justamente, suspendía los desalojos. El problema es que en noviembre venció este decreto presidencial, y el actual Gobierno nacional no lo prorrogará. En sintonía con los demás reclamos, la comunidad ​​repudia estas acciones y afirma que el fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas, que usan la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de nuestras comunidades frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos.

En agosto pueblos indígenas y sectores populares de Jujuy se manifestaron en contra del RIGI al entender que abre las puertas a grandes inversiones de empresas transnacionales para el saqueo y el extractivismo, atentando contra el medio ambiente y la Pachamama, y los derechos territoriales que ellos tienen como pueblos indígenas. En octubre, la comunidad indígena de Guerrero en Jujuy, fue desalojada por efectivos policiales y de Gendarmería  por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal. Alviso Cazón, abogado de la comunidad, dice que la sentencia fue ordenada por Guillermo Jenéfes, exvicegobernador jujeño, que es parte actuante en la causa. La noche previa al 15 de octubre de 2024 la policía fue cercando a la comunidad para que no pudieran ingresar vecinos a ayudarlos. Golpearon y forcejearon con mujeres y hombres, no respetaron las infancias y adolescencias y se llevaron a una abuela de 100 años. 

En Río Negro hubo otra situacion similar. La jueza de Bariloche, Romina Martini, ordenó el desalojo de la lof Quemquemtreu en Cuesta de Ternero, cerca de El Bolsón. La magistrada también condenó a Romina Natalia Jones, Lautaro Cárdenas Despo y Alejandro Javier Morales Godoy, referentes de la comunidad mapuche a tres años y seis meses de prisión en suspenso como coautores penalmente responsables del delito de usurpación. La denuncia fue impulsada por el empresario Rolando Rocco, quien tenía permiso para la explotación forestal de esa zona. Pero tiempo atrás se llegó a un acuerdo con la provincia para que la lof Quemquemtreu permaneciera en el predio porque el 21 de noviembre de 2021 empleados de Rocco asesinaron a Elías Garay, joven mapuche, de un disparo. Estos empleados fueron condenados en otro juicio. “El Dios de los winka (blancos) es la propiedad privada”, dice Millán en referencia a los acontecimientos en el sur del país.

La Confederación Mapuche plantea que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

Una buena

En Neuquén sobreseyeron a los siete mapuches que el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación en 2018. El juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió en 2023. En 2004 Ginobili había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. En línea con este resultado judicial, el 7 de octubre en la Legislatura de Neuquén se llevó a cabo una audiencia pública contra la adhesión de la provincia al RIGI. Del encuentro participaron la Red Ecosocialista, MST, PTS, Espacio Ojalá la Tierra Solidaria, APCA, Marabunta, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCo, el PO, vecinos de Sauzal Bonito y la Confederación Mapuche, entre otros. Desde la Confederación Mapuche se planteó que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

“El racismo está en todos lados”

“El racismo está en todos lados”

Nov 9, 2024 | Comunidad, Destacado 3

Con el motivo de conmemorar el Día de los Afroargentinos y la Cultura Afro más de veinte organizaciones confluyeron en la Segunda Marcha Afro de Argentina.

La comunidad afro de Argentina, en su reclamo histórico por visibilidad y reconocimiento, logró en 2013 la sanción de la Ley N° 26.852, que establece el 8 de noviembre como “Día Nacional de los Afroargentinos, las Afroargentinas y de la Cultura Afro”.

La fecha fue elegida para conmemorar a María Remedios del Valle, “madre de la Patria”, afroargentina y capitana del ejército de Manuel Belgrano, quien combatió en las Invasiones Inglesas y en la Guerra por la Independencia, y falleció el 8 de noviembre de 1847.

“Tener un personaje como María Remedios, que fue tan valiente, tan inteligente, que fue esclavizada y se incorporó a los ejércitos como combatiente, hace que encontremos en ella una figura que nos aglutina a todos. Es indiscutible para nosotros y queremos darle la jerarquía que se merece la madre de la patria”, expresa Myriam Victoria Gómez, miembro de la de la Sociedad de Socorros Mutuos Unión Cabo Verdiana de Dock Sud.

“Es una figura que puede incomodar. Porque sería una madre negra. Es algo que en la Argentina es rechazado drásticamente todavía. Eso de tener antepasados negros parece algunas veces una vergüenza”, agrega.

Las organizaciones convocaron ayer viernes 8 de noviembre a una concentración en Plaza de Mayo, donde, con motivos de celebración, ofrecieron exhibiciones de samba, capoeira, danzas tradicionales senegalesas y danza urbana fusionada con ritmos africanos. El baile fue acompañado por ritmos de tambores y de percusión.

“María Remedios del Valle es una figura que puede incomodar. Porque sería una madre negra. Es algo que en la Argentina es rechazado drásticamente todavía. Eso de tener antepasados negros parece algunas veces una vergüenza”, agrega Gómez.

“Están convocados diferentes sectores: los afroreligiosos; las personas de la cultura, llámese capoeira, samba, reggae, danzas africanas; los músicos también y los maestros africanos; la diversidad secundaria afro y afro-LGBTIQ”, detalla Myriam.

Tras los festejos, los referentes de las diferentes comunidades afro encabezaron una marcha hacia la Plaza Congreso, contra el racismo y la invisibilización que sufre la población en Argentina, así también por el recorte en derechos y en oportunidades laborales.

“El racismo lamentablemente está en todos lados, entonces nosotros luchamos contra ello día a día. Más en una nación argentina y plurinacional, pero donde no se conoce a la población local, a las personas afro-argentinas”, denuncia Estefanía, de la Asociación Cultural Argentino-Brasileña A Turma da Bahiana. “Lo que nos reveló el primer censo interno que hicimos es la existencia de más de 2 millones de afrodescendientes. Ahora estamos alrededor de los 9 millones”.

“Esta ley ha ayudado en diferentes ámbitos, principalmente el educacional. Falta muchísimo, aún no hay reparaciones. Una de nuestras consignas es el acceso a nuestros ancestros y a los archivos para la restauración de la identidad”.

¿Qué fue lo que cambió desde la marcha del año pasado? Los recortes en becas y los despidos en el Estado impactaron de lleno en la comunidad. El cierre del INADI como organismo que recibía denuncias también significó la pérdida de puestos de trabajo para muchos y muchas afroargentinos. Casos similares sucedieron con direcciones de los ministerios de Cultura y Educación, actualmente Capital Humano.

“Hubo un recorte en el acceso a determinadas condiciones para toda la población popular dentro de la que estamos los afrodescendientes”, denuncia Myriam. “Las becas Progresar eran para jóvenes de 6 a 24 años y nosotros habíamos logrado desde la comunidad, junto con el Ministerio de Educación, que los afrodescendientes fueran considerados grupos priorizados, para lo cual no habría límite de edad. Y eso a principios de este año se derogó.”

Otro eje del reclamo es el de la brutalidad policial y el destrato hacia miembros de la comunidad afro. A principios de octubre la Policía de la Ciudad arremetió contra manteros de Once, confiscando su mercadería. Eso viene pasando realmente en la ciudad hace años. En 2016 hubo también una arremetida muy violenta contra los manteros. “Estos ataques se repiten sucesivamente y de manera periódica. Pero hubo momentos que no sólo les confiscaban la mercadería, sino que también muchas veces los seguían hasta las pensiones u hoteles donde vivían y les robaban computadoras, teléfonos y dinero”.

El evento más significativo que denuncian es el asesinato de José Delfín, a manos de la policía. Dice Sandra Chagas, militante afroargentina: “El 5 de abril de 1996, a José Delfín Acosta Martínez lo asesinó la Policía del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a golpes y patadas en la comisaría de Lavalle y Ayacucho. Seis policías le pegaron hasta asesinarlo. 24 años después, el 31 de agosto del 2020, su hermano Ángel Acosta Martínez logró la condena internacional por racismo”.

“Argentina es el único país de América Latina y el Caribe que tiene una condena internacional por racismo por el asesinato de nuestro compañero, que era un activista afrodescendiente de los derechos humanos del pueblo negro”, destaca.

Luego de una muestra de danza de las comunidades afroboliviana y de las de Guinea y Senegal frente al Congreso de la Nación, y ante la mirada de un destacamento policial que frenaba el acceso desde la plaza hacia Avenida Entre Ríos, se leyó un comunicado con las consignas de la movilización: sanción de una Ley Antirracista, cupo laboral afrodescendiente, restitución de los restos mortales de sus ancestros, la perspectiva afrocentrada de la educación y el reconocimiento social de la contribución de los africanos y su descendencia en el patrimonio nacional.

La limpieza étnica de Jorge Macri

La limpieza étnica de Jorge Macri

Nov 7, 2024 | Comunidad, Destacado 1

La política social del Gobierno de la Ciudad para las personas sin techo consiste en quitarle sus escasas pertenencias y hostigarlos para que se vayan a dormir a la provincia. Algo parecido sucede con los vendedores ambulantes. Para el jefe de Gobierno se trata de «operativos de limpieza».

A menos de un mes de cumplir el primer año como Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires: ¿qué pasó con los ejes de campaña de Jorge Macri? El principal, centrado en su idea acerca de la seguridad, lo llevó a afirmar en junio de 2023 que “los cajeros automáticos se transformaron en monoambientes”. Ya durante su gestión continuó con propuestas en tono de campaña compartiendo imágenes de supuestos “operativos de orden y limpieza” que mostraban lugares de los que se había expulsado a personas en situación de calle, asociándolas directamente con basura. “A pesar de la indignación que causó por parte de la sociedad la cuestión comunicacional de Jorge Macri, esos operativos se siguieron haciendo”, afirma la psicóloga Milena Sepay, del equipo de investigación sobre situación de calle Sociabilidad en los márgenes.

Aunque la gestión de Macri se inscribe dentro del mismo signo político que gobernó la ciudad durante los últimos 17 años, ¿estamos ante una continuidad, una profundización o una ruptura con las anteriores gestiones del PRO? ¿Qué acciones está llevando a cabo el jefe de Gobierno? ¿Cómo impacta en la vida de las personas en situación de calle?

Las cifras de violencia

Desde 2019, organizaciones sociales de CABA agrupadas en la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de Calle (PSC), denuncian el aumento de la violencia hacia los sin techo. La agrupación creó el Registro Unificado de Violencias (RUV), una herramienta para relevar distintas formas de agresiones sobre estos ciudadanos, que incluye las violencias institucionales, sociales y estructurales. No pretende ser exhaustivo, pero logra dar cuenta de la magnitud del problema.

Las cifras indican que, desde agosto de 2023 a agosto de 2024, la violencia institucional aumentó más de un 500%. Esta formas de agresión incluye, “ataques físicos y/o simbólicos por parte de fuerzas de seguridad y otrxs funcionarixs públicxs”, así como hostigamiento, robo, maltrato y desplazamientos forzados del espacio público. Desde el 2022 se incrementaron sistemáticamente los hechos de violencia. Desde allí calculan que se da un hecho de violencia hacia personas en situación de calle cada 72 horas en el país. En el mismo periodo, se registraron 95 situaciones de violencia social, ejecutadas por personas que no están en situación de calle, motivadas por estigmatización y rechazo social, así como violencias entre pares, en menor escala. También se documentan 121 situaciones de violencia estructural, por las condiciones sociales y materiales de vivir a la intemperie.

 ¿Ruptura o continuidad?

Sepay observa que los desplazamientos forzados no son una novedad. Recuerda el antecedente en 2008: la siniestra Unidad de Control del Espacio Público (UCEP) “hacía operativos nocturnos con camionetas, pero de forma más oculta. Hoy son una bandera política. Lo que pasa este año, es que hacen requisas ilegales. Encuentran un cuchillo para untar paté o un alicate, y se los llevan detenidos. Son cosas que las personas que están en la calle tienen encima para su uso cotidiano”, afirma Sepay.

Desde el 2023, el RUV registra 125 detenciones, requisas y secuestro de pertenencias sin orden judicial. También hay casos en hospitales: “los llevan a internarse por salud mental, sin causa probable”. Forma parte de un mismo dispositivo: expulsar a las personas en situación de calle del espacio público.

Para la abogada y dirigente del Movimiento Evita, Daniela Ledesma, “el nivel de violencia institucional está creciendo y se dirige claramente hacia los sectores más vulnerables”. A principios de octubre, Macri llevó a cabo el operativo contra manteros y celebraba en la red social X: “En Once se terminó la joda! Les acabamos de dar un golpe durísimo a la mafia que inundaba de suciedad y trabajo esclavo las calles de once”. Ledesma reflexiona: “En medio de esta crisis deciden sacarle a los manteros la única herramienta de trabajo que posee. En un momento donde la gente no tiene para comer. Sobre eso no hay ninguna instancia de diálogo”.

Ledesma afirma que sus acciones no se condicen con los discursos que hablan de cuidar el despilfarro del Estado: “Hay toda una maquinaria puesta en función de esa persecución. Interviene la policía, las fiscalías. Un redireccionamiento de recursos en pos de perseguir a gente que está en situación de calle, manteros y cartoneros”.

«No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”, dice Reyes.

Repercusión en las personas de situación de calle

En la revista Hecho en Buenos Aires, reciben a ANCCOM con mate cocido. En una de las paredes se lee: “La calle no es lugar para vivir”. Allí, Penelope Acevedo se presenta como “la vendedora 3559 de la Hecho en Buenos Aires”. Si bien actualmente su situación es otra, por muchos años vivió en la vía pública y cuenta lo difícil que es: “La calle te anestesia, te duerme. Ese maldito momento en que no te importa nada llega y se instala. Alguien se enamora de vos y no lo ves. O tu nene te dice: ‘Tengo fiebre’, y no vas al hospital”. Acevedo pregunta: “¿Por qué ya no te importa nada? El fantasma de la falta de amor de la sociedad te hace creer que es verdad que no te merecés nada”. Y resume: “De todo el infierno que es la calle, pensás que el diablo sos vos y que tenés la autoridad para dañar, para robar”. Vivir en la calle siempre es difícil.

En este sentido, Sepay advierte sobre las acciones que lleva adelante el Gobierno de la Ciudad en la actualidad: “Es el mismo gobierno el que te está corriendo, las narrativas de los compañeros son: no valemos nada, nos llevan todas las cosas”. Para la psicóloga, la pérdida de documentación, los desplazamientos y la violencia “genera una serie de problemas en la dinámica de supervivencia diaria y aumenta la carga mental que ya enfrentan al tener que buscar dónde dormir, comer o cómo conseguir alguna changa”. Todo esto obstaculiza aún más su situación.

En la institución educativa Isauro Arancibia, que trabaja con personas en situación de calle, contaron a ANCCOM un panorama similar. Las puertas se abren con calidez, la misma que recibe desde hace 26 años a cada pibe que quiere terminar sus estudios. La fundadora y coordinadora del instituto, Susana Reyes, habla de “derecho a la metáfora”. Explica: “Los pibes y pibas son los que salen de acá y se van a cartonear con los padres. También tienen derecho a soñar y a desear”. Cuando llegan a la escuela, son recibidos con un abrazo y se les pregunta cómo pasaron la noche, ofreciendo un mate caliente. “Tratar al otro como lo que es, como un igual”, resume Reyes.

Al hablar de la situación actual, la coordinadora del Arancibia afirma que hay mucha más gente en situación de calle. “Lo que pasa es que los están espantando desde el Gobierno de la Ciudad. Los echan con esto de que está sucia”.  Afirma: “Somos molestos porque estamos en un lugar que ellos quieren que sea un polo turístico. No les molesta que haya gente en situación de calle, les molesta que se vea”.

Según Reyes, la gente elegía estar en Capital porque hay más recursos de cartoneo y desechos para juntar, pero ahora hay mucha gente durmiendo en las calles de la provincia, hasta en los pasillos de la villa: “Los echan, entonces la gente, viendo eso, empieza a irse. Está peligrosa la ciudad”. Cuenta que “los pibes que están en los circuitos de adopción, son los hijos de nuestros estudiantes. Te ven en la calle, con nenes chiquitos y te los sacan”, afirma horrorizada. “Cuando hay políticas públicas que abrazan, ahí podés construir una vida, estar con tus hijos. Esto es la crueldad total”.

Sepay advierte que los desplazamientos provocan la pérdida de vínculos con vecinos,  comerciantes o con organizaciones sociales que tejen redes de apoyo, interrumpiendo procesos de acompañamiento. En este sentido, Reyes afirma con tristeza: “Se nota el deterioro en el eslabón social que nos va uniendo”.

¿Cómo se sale de la calle?

Para Acevedo, la vendedora de Hecho en Buenos Aires, fue clave conocer gente que le mostró que ella también es sujeto de derechos: “No es normal que tengas que bañarte en una estación de servicio. Que tengas que elegir entre el hotel por día o la comida”. Cuenta que en el Isauro y Hecho en Buenos Aires, “me enseñaron a que haga cajas de dinero para guardar la plata, porque sino en la calle me robaban todo”. También la contuvieron con la violencia de género: “Me ayudó a no volver con esa persona con la que yo andaba y me pegaba. Pensaba que me tenía que quedar con él porque me daba seguridad en la calle”. Penélope logró salir de la situación de calle gracias a la contención que recibió hace 20 años: “Me empecé a refugiar en la Hecho y en el Isauro”, cuenta. En cambio, desde el Estado, “la única respuesta que se les da es que pueden ir a un centro de inclusión social. Muchos no quieren ir por las dinámicas que se manejan dentro y para quienes quieren ir no hay vacantes”, plantea Sepay.

“De la situación de calle no se sale porque le des un parador. Para poder salir necesitas recibir una mirada amorosa, alguien que te devuelva la idea de que sos un ser humano”, afirma Reyes con convicción y ternura. Ilustra su afirmación con una anécdota: si dormís en la calle, ves como el vecino le baja la comida al perro y cruza de vereda para no toparse con vos, es una situación totalmente indigna. No tienen políticas que tiendan a resolver la situación. El desprecio, el desamor, la crueldad: esa es la política que llevan adelante”

 

¿La violencia otorga rédito político?

El consultor en comunicación Victor Taricco señala que, al principio, Jorge Macri no parecía encontrar su rumbo en la gestión de la ciudad: “En la comunicación, ahora se lo ve más afilado. Antes se lo veía de vacaciones”.  Aunque sugiere que Jorge Macri no parece tener en claro sus aspiraciones, plantea la posibilidad de que su intención sea retener a la Ciudad de Buenos Aires para el PRO. Taricco sostiene que Macri está redefiniendo el perfil de los gobiernos del PRO tras la experiencia de dos mandatos de Larreta, quien había abarcado un espectro político más amplio. “Este corrimiento hacia políticas más represivas en torno a la ocupación del espacio público, responde a que no crezca una opción represiva por derecha”, afirma. Además, sostiene: “Apuntan a ser una expresión más de un gobierno de derecha en Argentina, tratando de conducir a la Libertad Avanza sino es que la Libertad Avanza los termina conduciendo a ellos”. 

Desde Sociabilidad en los márgenes, crearon un fanzine informativo sobre cómo actuar ante situaciones de violencia institucional. Sepay explica: “Muchas veces se dice que la policía no puede hacerte requisas, pero las va a hacer igual. Entonces, ¿qué podés hacer? Es fundamental registrarlo”. Visibilizar la violencia, es la primera acción para reducirla.

Viaje a la inclusión

Viaje a la inclusión

Nov 6, 2024 | Comunidad, Destacado 4

La Línea 85, que une Quilmes con Ciudadela, impulsa una iniciativa para incorporar en el transporte señalización pictográfica para personas con trastornos del espectro autista.

Los Trastornos del Espectro Autista (TEA) son condiciones del desarrollo neurológico que, en distintos niveles, afectan la habilidad de interacción y comunicación social. Un informe de la Sociedad Argentina de Pediatría de 2022, estima que alrededor de 500 mil argentinos lo sufren en algún grado.

Para ellos, viajar en transporte público puede resultar una experiencia agotadora, con situaciones de tensión o malentendidos. A esto se suma que son personas sensibles incluso a los ruidos, la luz o a los olores.

Atentos a esta realidad, un grupo de trabajadores solidarios de la Línea 85, organizados en “La Banda de SAES”, llevan adelante una iniciativa con el objetivo de incorporar pictogramas en los colectivos, para que las personas con TEA puedan comprender el entorno que los rodea durante el viaje.

“Queremos que Argentina sea el primer país del mundo con su transporte señalizado al cien por cien”, expresa Alejandro Garro, gerente general de la empresa y líder del grupo solidario, entrevistado por ANCCOM.

La implementación de la señalización cognitiva comenzó en 2022, a partir de la campaña “Concientizar, un viaje a la reflexión”, que consiste en colocar flyers en los colectivos sobre donación de sangre y órganos, violencia de género, prevención de cáncer de mama y cultura de la paz; esto último porque la línea fue declarada Embajada de la Paz en 2021.

“Nosotros tenemos actividades solidarias como apadrinar comedores de aquí, de la Ribera. También a una escuela rural en Avellaneda, que es la única que hay en la zona sur, en la costa de Villa Domínico. Y realizamos diversos festejos como el del Día del Niño o exposiciones de colectivos”, cuenta Garro acerca del grupo.

Una de esas actividades realizadas por La Banda de SAES cuando se levantó el aislamiento por la pandemia, fue la presencia de Papá Noel en la cabecera de la empresa, en diciembre de 2021, para que los nenes reciban juguetes y puedan subirse a una unidad de la línea. Alejandro recuerda que se sorprendió al ver que los chicos, en vez de acercarse al volante, iban a los flyers de la campaña que estaban pegados.

“Llamo a Karina, que es la referente de Familias TEA Quilmes [N. de R.: uno de los grupos a los que invitan a eventos] y le pregunto: ‘¿Qué pasa con los nenes?’. Y dice que el flyer ‘es lo más parecido a un pictograma que hay, pero en Argentina estamos tan lejos’”.

Finalizado el evento, Garro rastreó más información hasta que llegó al Ayuntamiento de Aragón, en España, y descubrió que los pictogramas son un SAAC –Sistema Alternativo y Aumentativo de Comunicación– que busca compensar las dificultades de comunicación de algunas personas.

Tras contactarse con el Centro Aragonés para la Comunicación Aumentativa y Alternativa (ARASAAC), le mandaron 24 pictogramas: veinte de ellos para los colectivos y cuatro para las paradas. A su vez, la ONG Salidas inclusivas las adaptó a “la argentinidad” debido a las diferencias con el uso de algunos términos o dibujos con el país ibérico.

“El 1 de marzo del 2022, junto a Salidas Inclusivas y Familias TEA Quilmes, pusimos los pictogramas en los colectivos. Entre todos y junto a los nenes, los pegamos en el primero; y a partir de ahí hicimos otros 110, nuestros. Fue un antes y un después”, recuerda Garro, y agrega que no había antecedentes previos, al menos, en el continente: “Somos la primera línea de transporte público que tiene en su flota cien por cien señalizada, no existía otra”.

Poco tiempo después, otras cuatro líneas donde la empresa es socia y las administra, fueron sumadas a la iniciativa: 98, 275, 307 y 506 de La Plata. La primera lo hizo el mismo año que la 85, mientras que las otras tres se incorporaron el año pasado.

En palabras de Alejandro Garro, la señalización cognitiva se encuentra o va a estar presente en 63 líneas y 5400 colectivos, con el compromiso que todas ellas las tengan en su flota. “Todavía no llegamos porque también es un costo 20 pictogramas, por ahí hablamos de 18 o 20 mil para cada colectivo. En tiempos difíciles como lo son ahora para el transporte, a veces la prioridad es otra”, reflexiona.

Desde enero de 2023, la carrocera Todo Bus pega los pictogramas a todas las unidades que fabrican. También se pueden encontrar en corredores de otras ciudades como Santa Fe y Tucumán. Por otro lado, la Provincia de Buenos Aires busca aprobar un proyecto de ley para introducir su obligatoriedad en todas las unidades. Si bien no hubo avances, la Cámara de Diputados declaró su beneplácito por la iniciativa de La Banda de SAES.

Pero Garro destaca que el “golpe importante” fue cuando se sumó el Grupo DOTA: “Nuestra empresa tiene muy buena relación con su cabeza [N. de. R.: el principal dueño del holding], Ángel Faija. Vio la campaña, me pregunta de qué trataba, le cuento y me responde ‘bueno, vamos a hacerlo’. Hicimos una presentación en la terminal Puente La Noria, donde ahí guardan tres mil colectivos”.

La Municipalidad de Quilmes puso los pictogramas en sus paradas, mientras que Avellaneda y Lomas analizan sumarse a través de una ordenanza del Concejo Deliberante. “No se puede ir y pegar los pictogramas en las paradas porque si no te viene una infracción”, advierte Garro, en referencia a que está prohibido pegar carteles en la vía pública.

Con respecto a la respuesta del público a los pictogramas a bordo de las unidades, señala: “En Instagram tenemos mucha repercusión, muchos padres que nos escriben. Hemos mandado pictogramas a colegios, dimos charlas. Cada vez que nos invitan, vamos”.

Destaca la aceptación de los más chicos, así como también que recibe videos y dibujos que mandan los padres. “Hay nenes que ya somos amigos. En todos los eventos son los primeros en estar y hasta ellos cuentan sobre la señalización. Le pido a ellos que me hagan la campaña”, en alusión a que hablen con sus palabras sobre su importancia. “Nos ayudan a saber qué hacer dentro del colectivo. Son útiles para todos, es un derecho”, explica un chico que aparece en uno de los videos que muestra Garro.

Sin embargo, no todo es color de rosa, ya que hubo vandalismo de la señalética en algunas unidades e incluso casos de robo de aquellas que se encontraban pegadas en las paradas de Quilmes. “No sé si es por política o porque a la gente les llama la atención los dibujitos y se los lleva. No le encuentro un porqué. Es una cosa de locos”, se lamenta.

“Está todo hecho, necesitamos voluntad política para que salgan ordenanzas en municipios, una ley en la provincia o Nación; y el apoyo de empresas también. Es contagio, pero si saliera una norma, ya la empresa estaría más obligada. No digo que una línea que tiene 100 colectivos, que está haciendo un esfuerzo enorme, vaya a poner los pictogramas, pero por ahí que cada vez que se incorpora un cero kilómetro, que los tenga. Entonces, de a poquito, vos vas haciéndolo”, concluye.