Salud y educación confluyen en su reclamo

Salud y educación confluyen en su reclamo

Gremios de la UBA y el personal del Hospital Garrahan protestaron en la Plaza Houssey ante el inminente veto presidencial de las leyes que protejen a ambos sectores de la motosierra. Una gran marcha en el horizonte.

Durante la tarde del miércoles, la Federación Universitaria de Buenos Aires (FUBA), la Asociación de Docentes de la Universidad de Buenos Aires (ADUBA) y la Asociación de Profesionales y Técnicos del Garrahan (APyT) realizaron actividades de servicio a la comunidad en Plaza Houssay en defensa de la educación y salud pública ante los anunciados vetos del presidente, Javier Milei, sobre la leyes de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica. Participaron también las autoridades de las organizaciones y dirigentes políticos como Lula Levy y Ricardo Alfonsín.

La jornada comenzó a las 15, con varias carpas llenas de voluntarios de las facultades de Medicina, Odontología y Psicología: todos listos para poner sus conocimientos al servicio de la comunidad brindando atención médica primaria y promoviendo prácticas y hábitos saludables. En este sentido, Piera Fernández, presidenta de la Federación Universitaria Argentina (FUA), explica que la actividad en conjunto con el Garrahan nace porque tanto las universidades como el hospital “confluyen en el objetivo de brindar la mejor salud pública de excelencia y calidad posible”.

Por otro lado, en lo que respecta a la atención de salud mental, un grupo de psicólogas se encontraba disponible para brindar consultoría a infancias y atención psicológica a adultos ante una realidad preocupante: “No solo en la sintomatología que veo en los chicos y las familias, atrás hay un trasfondo de familias que están cada vez más cansadas porque tienen que tener más laburos, porque están agotados para tirarse en el piso y jugar con el chico”, explicó la psicóloga Florencia Rial. Su colega, Lara Rozas, que se dedica a investigación y evalúa el desempeño de ese dispositivo de atención comunitaria, agrega: “Las personas no consiguen turnos en el sistema de salud público, los profesionales no dan abasto, y el desempleo genera más barreras para acceder a un tratamiento”.

El jueves 22 de agosto el Senado aprobó las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia Pediátrica, desde entonces, el Poder Ejecutivo no ha promulgado las leyes que tienen como fecha límite el 11 de septiembre, día en el que se espera que Milei vete ambas normativas. En este punto, Emiliano Cagnacci, secretario general de ADUBA, explica: “Es importante lo que sucedió la semana pasada en el Consejo Interuniversitario Nacional, que en conjunto con las federaciones gremiales, tanto docentes, no docentes, y estudiantes, decidimos estar todos detrás de una consigna: si hay veto, hay marcha”.

Unas horas antes, en el Garrahan se llevó a cabo una asamblea donde se definió un paro para el 12 de septiembre, en respuesta al posible veto, y una marcha para el día en el que se discuta el rechazo del mismo en Diputados. Así informó Verónica Goris, bioquímica que trabaja en el hospital, y detalló las condiciones en las que trabajan: “Al haber cada vez menos personal, estamos cada vez más agotados; y tenemos tareas, como los diagnósticos de enfermedades genéticas, que son demasiado sensibles para realizar en ese estado. No nos podemos permitir, por las responsabilidades que tenemos, estar agotados”.

De la jornada también participó Ricardo Alfonsín, candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, quien se manifestó en “solidaridad con las causas” y a su vez afirmó que el gobierno de Milei intentará privatizar la salud pública “como hizo una de sus referentes, Margaret Thatcher, en Inglaterra”. Luego agregó: “Hay muchísimos en Argentina que no pueden ejercer el derecho a educación, salud y vivienda”. Por último, advirtió que en los próximos dos años “este gobierno va a tratar de avanzar en su proyecto reaccionario, conservador y autoritario”.

A las 17, se realizaron dos clases públicas, una a cargo de la médica Guadalupe Pérez, quien explicó la situación actual respecto a los esquemas vacunatorios de la población, y alertó que “solo uno de cada dos chicos tienen sus vacunas al día al ingresar a primer grado”, lo que lleva que vuelvan a aparecer enfermedades como el sarampión. Después, un profesor de la Facultad de Ciencias Económicas, explicó el deterioro de los salarios docentes y el declive presupuestario de las universidades en los últimos 10 años.

Respecto al salario, Piera Fernández relató que la realidad de los docentes es “muy triste y se vive con mucha angustia”, ya que todos los meses sufren una pérdida de su poder adquisitivo y que aunque tengan mucha vocación, la misma “no te da de comer”. A su vez, advirtió que está sucediendo una migración de docentes al sector privado, punto que Priscila Vitale, presidenta de la FUBA, también compartió y llamó a la reflexión: “No es casualidad que ciertas universidades privadas pidan exclusividad a sus docentes, que si trabajan ahí no puedan trabajar en la pública. No es azaroso, es una política que busca beneficiar al sector privado por sobre el público”.

La jornada finalizó al ritmo de Stayin’ Alive con una performance de “RCP al Presupuesto de la Universidad Pública y el Garrahan”, en la que todos se pusieron de rodillas y realizaron los pasos de reanimación cardiopulmonar a almohadones del Garrahan. La actividad era guiada por Ana Fustiñana, jefa del Área de Emergencias del hospital, que anunciaba a través de un micrófono, simulando una emergencia médica: “El cuerpo no responde. Se detecta una pérdida del poder adquisitivo, se detecta precarización de residentes, se detecta fuga de profesionales”.

 

“Me lo habían matado y nadie dijo nada”

“Me lo habían matado y nadie dijo nada”

Ya son 106 las víctimas confirmadas por el fentanilo en mal estado. Sus familiares fueron recibidos por la Cámara de Diputados, donde impulsan una comisión investigadora sobre la intoxicación masiva. Las historias de vida que un remedio contaminado se llevó.

Ramón Álvarez tenía 69 años. Era vital, no fumaba, no bebía y no padecía enfermedades crónicas. El 6 de febrero ingresó al Hospital Italiano de La Plata acompañado por su hija Clarisa. Llegó caminando, lúcido, con apenas una molestia estomacal. A los pocos días ya parecía recobrado, comía, se reía, pedía ropa de internación común. Clarisa, hija única, se permitió un respiro: su padre estaba en franca recuperación.

El 10 de febrero todo cambió. Una recaída llevó a que le colocaran más stents y, desde entonces, su salud no volvió a ser la misma. Primero fue la neumonía bilateral “sorpresiva”, después la terapia intensiva, los sedantes, los catéteres, la fiebre constante. “Vi a mi papá hincharse, los catéteres abrirse, la sangre, las intubaciones”, recuerda Clarisa, quien presenció cómo su padre, un hombre fuerte, se convirtió en un cuerpo atado a una cama, suplicando con sus últimas fuerzas, “llévenme, sáquenme de acá”, decía.

El 12 de abril a las 15:30, Ramón murió. Exactamente diez minutos antes, en el mismo hospital, había fallecido Leonel Ayala. Clarisa creyó que la historia terminaba allí, pero un mes más tarde, al escuchar por primera vez a Sol Francese, madre de Renato Nicolini, un joven de 18 años, víctima del fentanilo adulterado, entendió que no. Se trataba del primer caso que llegaba a los medios –también ocurrido en el Hospital Italiano de La Plata-. Clarisa Álvarez comenzó a unir las piezas y a preguntar en todos lados por la verdad. Leyó las 600 páginas de la historia clínica de su padre y lo vio escrito: “Fentanilo HBL Pharma, lote 31202, contaminado”.

“Ahí el mundo se me cae otra vez”, rememora. Las preguntas que la habían atormentado –por qué su padre había sufrido de esa manera, por qué si estaba mejorando de golpe se había descompensado–, encontraron una respuesta brutal: “Volví a llorar porque entendí que me lo habían matado y nadie dijo nada”.

El 28 de agosto, Clarisa recibió la confirmación oficial. El hospital informó a la Defensoría Pública de las Víctimas que su padre había recibido “fentanilo marca HLB Pharma, lote 31202, contaminado con Klebsiella pneumoniae MBL”. Pero no sólo eso: admitió que había perdido las muestras de los cultivos. “Si yo quisiera saber con certeza si mi papá murió por esa bacteria, ya no se puede. Las muestras no están, las perdieron”, resume Clarisa, para quien lo peor, perder a su padre, ya sucedió. Hoy lo único que busca es la verdad, aunque duela, y acompañar a las familias con su historia. “Las muertes no tienen partido. Nosotros somos apartidarios. Lo único que queremos es justicia”, repite.  

“Queremos justicia”

Leonel Ayala tenía 32 años y un futuro por delante. Era docente de enseñanza artística y soñaba con ser ministro de Educación. El 5 de marzo entró a la Clínica Ranelagh, en Berazategui, por un dolor abdominal. Lo internaron y a los cinco días empezó a mejorar. Tenía una cirugía programada, una endoscopía con un método particular que solamente lo hace una especialista, y que estaba programada. El 12 de marzo lo intervinieron y, aunque la operación fue exitosa, quedó en terapia intensiva para recuperarse.

El 15 de marzo Leonel tuvo que ser internado nuevamente de carácter de urgencia en terapia intensiva en el Hospital Italiano. El rumbo había cambiado en pocos días. “A los tres o cuatro días, recibiendo un tratamiento de fentanilo como analgésico por el cuadro que tenía, empezó su desmejoramiento”, evoca su madre, Liliana Peralta. 

El deterioro fue abrupto: fiebre, shock séptico, delirios. Los médicos hablaban de complicaciones de su pancreatitis, pero nada cuadraba con lo que veían: Leonel se apagaba a pasos acelerados. “En ningún momento nos habían podido explicar que él, en su misma terapia intensiva, estaba aislado por una bacteria. Nunca nos dijeron nada”, agrega Liliana.

 El 12 de abril, mismo día y casi a la misma hora que Ramón Álvarez, Leonel falleció por falla multiorgánica. En el acta de defunción se mencionó la pancreatitis y un cuadro cardiorrespiratorio. Recién semanas después, Alejandro Ayala, hermano de Leonel, se puso en contacto con Sol Francese y pudo encontrar la respuesta en las historias clínicas: había recibido el fentanilo contaminado del lote 31202. Alejandro lo dice con crudeza: “Leonel entró sano y terminó muerto”. Y su madre, Liliana, asegura: “No vamos a dejar de pelear, para que su muerte no sea en vano”. 

“Un dolor enorme”

La crisis del fentanilo adulterado, la más grave de la historia farmacéutica argentina, no da respiro. El número de casos fatales aumentó a 106. Las familias de Ramón Álvarez y Leonel Ayala llevaron su reclamo al Congreso. En una carta presentada a diputados del bloque de la UCR, reclamaron «compromiso y acción inmediata en relación a la situación que atraviesan las familias damnificadas y posibles víctimas a raíz de la provisión de fentanilo adulterado».

El pasado martes 26 de agosto, en el Anexo A de la Cámara Baja, estuvieron Clarisa Álvarez y Liliana Peralta, acompañada por su hijo Alejandro. En la sala 523, donde se reunieron con los legisladores radicales, en medio de un silencio que inundó la habitación, Clarisa tomó el micrófono: “Ese día fuimos al lugar incorrecto en el momento incorrecto, pero confiamos en que era lo necesario y nos encontramos con una bacteria letal –dijo–. La carta que leerá una madre que perdió a su hijo es también mi historia: mi papá falleció el 12 de abril, a las tres y media de la tarde, y Leonel, a las tres y cuarenta, en la misma clínica”.

A continuación, Liliana Peralta agradeció la escucha y solicitó una respuesta urgente por las situaciones que atraviesan las familias y las posibles víctimas: asistencia médica, psicológica y social; acceso inmediato a las historias clínicas; informes públicos sobre las instituciones que recibieron el fentanilo adulterado, y un plan urgente de control posbrote en hospitales.

“No hubo comunicación de ningún organismo de salud. Hay una ley de garantía de derechos de víctimas de delitos, y no se está cumpliendo. Personas que están solicitando las historias clínicas, marca con lote, y no se las están entregando”, afirmó Alejandro Ayala, en diálogo con ANCCOM, en las afueras del Congreso. “Me parece importante que esto interpele a todos los diputados, no solamente de un bloque. Que dejen de lado sus diferencias al menos una vez. Esto es histórico para la justicia, para la salud pública y puede pasar con otro medicamento o nos podría pasar a nosotros”.

Allí mismo, Liliana Peralta expresó: “Empezamos a sentirnos un poco contenidos, porque venimos de un dolor enorme. Un dolor que no va a cesar nunca”. Su hijo Leonel es una de las víctimas del fentanilo contaminado, con ambas bacterias que se repiten en todas las historias clínicas, producto de la omisión y las malas prácticas de los organismos de control del Estado. Está esperanzada con el proyecto para que se forme una comisión investigadora y “atienda las necesidades de las familias”. Mientras tanto, comparten un grupo de Whatsapp en el que intercambian información y se brindan apoyo mutuo.

“La normalidad ahora es ver cómo asesinan en vivo a los periodistas”

“La normalidad ahora es ver cómo asesinan en vivo a los periodistas”

Teresa Bo, corresponsal de Al Jazeera en América latina, analiza las matanzas de periodistas y la prohibición de acceso a reporteros extranjeros en el marco del genocidio que lleva adelante Israel en Gaza. “La prensa local hace un trabajo extraordinario en una situación dificilísima. Están sin comer, son amenazados y los están matando”.

“Israel esconde lo que está pasando en Gaza. Realmente no quiere que ingrese la prensa internacional y muestre el hambre, la destrucción, la enfermedad y a personas muriendo por ir a buscar una caja de comida”, explicó en entrevista con ANCCOM la periodista argentina Teresa Bo, corresponsal del medio catarí Al Jazeera. Según la Federación Internacional de Periodistas, ya son más de 220 los trabajadores prensa de distintos medios internacionales fallecidos, la mayoría de ellos asesinados por ataques direccionados y sistemáticos del gobierno de Israel contra los reporteros que cubren el genocido que perpetra en la Franja de Gaza.

El pasado 10 de agosto se produjo el asesinato de seis periodistas, entre ellos Anas Al-Sharif, de Al Jazeera, cuya carpa de prensa, en las cercanías del hospital Al Shifa, fue bombardeada. La misma estrategia se ejerció este lunes 24 contra el hospital Nasser en un doble ataque aéreo que mató a al menos cinco periodistas, entre ellos el fotoperiodista de Al Jazeera Ahmed Abu Aziz, y 20 civiles.

En relación a la rutina de amedrentamiento y asesinato que ha instalado Israel contra la prensa, Bo expresó: “Es el descrédito constante de mirar y no poder creer lo que está sucediendo, y ver que el mundo lo tolera. De que la normalidad ahora es ver en vivo cómo asesinan a cinco periodistas en un segundo bombardeo cuando se acercaron a un hospital para ayudar a la gente y a reportar lo que estaba pasando. Y sobre todo, que luego no suceda nada. Asusta ver cómo gana la impunidad y oír gente que todavía lo justifica o lo piensa como un daño colateral. No es así, es un asesinato sistemático, no solamente de periodistas en el terreno, sino también de una población civil que se está escapando de un lugar a otro, porque están encerrados en ese espacio destruido. A casi dos años de este genocidio, creo que cuando esperábamos la respuesta de Israel contra Hamás por el ataque del 7 de octubre de 2024 nadie nunca se esperó lo que estamos viviendo en este momento”.

Actualmente la prensa internacional no puede ingresar a la zona de Gaza: “Hay un bloqueo desde el momento en que el gobierno declaró a Gaza una zona militar a la que solo se puede estar acompañado del ejército israelí, con la censura que esto implica”, expresó la periodista. Para sobreponerse al bloqueo informativo y a la censura impuesta por el gobierno del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, las distintas agencias de noticias se apoyaron en la labor de periodistas palestinos para contar lo que sufren sus propias familias y ellos mismos. “La prensa local hace un trabajo extraordinario en una situación dificilísima. Están sin comer, son amenazados y los están matando”.

“El mundo entero sabe lo que está pasando, pero el gobierno israelí sigue insistiendo con una línea oficial plagada de mentiras, como que no hay hambre en Gaza, cuando todos hemos visto las imágenes –analizó–. Luego tratan de desacreditar a los periodistas locales cuando lo denuncian y lo muestran. Creo que por fin se está mostrando, gracias a periodistas palestinos, lo que realmente está pasando. Hay un gobierno de extrema derecha, con funcionarios que hablan abiertamente de genocidio, de los palestinos como animales que hay que desalojar de esas tierras para poder reconquistar Gaza y Cisjordania. Y que es ese el objetivo hacia el cual están accionando. Gaza está destruida y su gente a punto de ser desplazada a otros países, con conflictos también abiertos muy lejos de la paz”.

Bo ha cubierto conflictos bélicos en la ex Yugoslavia, Ruanda, Irak y Afganistán, y en la actualidad cubre principalmente conflictos en América Latina, donde “tenemos un montón de situaciones que pueden escalar y ser terribles”, explica, recién regresada de Colombia. Volvería a ir a Gaza, afirma, en caso de levantarse la restricción; incluso hace pocos meses estuvo a punto de viajar en un avión de asistencia humanitaria, pero la misión finalmente no se concretó. “Eventualmente a Gaza se va a poder ingresar y esta guerra va a terminar, pero con un costo altísimo. No sé cuánto tiempo más Netanyahu podrá seguir esquivando los altos al fuego cuando ya miembros de su gabinete y de su aparato de seguridad dicen que continuar con esto es una locura. Cuando esta guerra termine lo más probable es que Netanyahu deba afrontar muchísimas investigaciones por corrupción, violación de los derechos humanos, y probablemente esa es la razón por las que sigue extendiendo la invasión. Hasta familiares de secuestrados por Hamás están pidiendo que por favor se negocie, y realizan marchas enormes en Israel que el gobierno parece no escuchar”.

Muchas veces la realidad es terrible, como en este caso, pero es nuestra responsabilidad como periodistas mostrarla, de manera respetuosa pero sin ocultar la verdad. Es parte de la actualidad las imágenes de niños desnutridos en brazos de sus madres que los tratan de salvar y que mueren todos los días desahuciados sin recursos para salvarlos.

Teresa Bo

Sobre el rol del periodismo ante los acontecimientos en Gaza, Bo analizó: “Muchas veces la realidad es terrible, como en este caso, pero es nuestra responsabilidad como periodistas mostrarla, de manera respetuosa pero sin ocultar la verdad. Es parte de la actualidad las imágenes de niños desnutridos en brazos de sus madres que los tratan de salvar y que mueren todos los días desahuciados sin recursos para salvarlos”. En ese sentido expresó que el periodismo debe ser crítico y cuestionar la versión oficial del gobierno isrealí sin entregarle “una carta en blanco” para narrar su accionar en Gaza. “Demostró ser un gobierno que te va a acusar de ser terrorista de Hamás sin más prueba suficiente que una antigua foto junto a sus líderes cuando aún eran gobierno, antes del ataque del 7 de octubre de 2023, y te daban tu acreditación de prensa”, en referencia a la justificación que dio Israel sobre el asesinato de Anas Al-Sharif.

“El periodismo no es ajeno al fenómeno que estamos viendo a nivel mundial de descrédito a las instituciones y a las organizaciones internacionales. La ONU, que después de la Segunda Guerra Mundial fue el corazón del multilateralismo, hoy está bajo ataque, especialmente de Estados Unidos, Israel y Rusia. En ese sentido, el periodismo no escapa a la polarización: estás de un lado o del otro. Este es un problema enorme, porque nuestra profesión consta de brindar información veraz y verdadera, pero no neutral. Hoy sucede que cualquier gobierno si sos crítico de su gestión te acusa, como sucede en Argentina con Milei. Estamos ante un cambio de época, también por la Inteligencia Artificial y las redes sociales que permiten a muchas más personas poder informar, pero pueden generar grandes complicaciones por el alto riesgo de difusión de información falsa”.

En esta nueva etapa de orden mundial, para Teresa Bo la situación en Gaza grafica muy bien la falta de “responsabilidad y la impunidad total”. El derecho internacional, el pronunciamiento de otros países que piden el cese de fuego y el reconocimiento futuro del Estado de Palestina “tiene poder y vigencia pero no puede cambiar la realidad de los palestinos. La potencia hoy es Estados Unidos con Trump ejerciendo el poder y con afán de dinamitar todo lo que vaya contra sus propios intereses, y de eso va agarrada Israel también”.

Preparen, apunten… fuego

Preparen, apunten… fuego

Organizaciones de la sociedad civil exigen al Congreso de la Nación que derogue el decreto de Javier Milei que desregula la tenencia de armas. Denuncian que es un paso hacia la libre portación.

Organizaciones civiles enviaron una carta dirigida al Congreso de la Nación para solicitar el rechazo al Decreto 445/2025 de Javier Milei, el cual elimina el ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), y lo transforma en el nuevo RENAR (Registro Nacional de Armas). La Red Argentina para el Desarme (RAD), con el apoyo de 30 organizaciones nacionales e internacionales, lanzó un comunicado en el que advierte los riesgos que esta medida implica, declarando que expone a la sociedad al aumento de la violencia con armas de fuego. Además, sostiene que el decreto es un peligroso paso en la dirección de la libre portación de armas. 

El 1º de julio pasado el Gobierno inició a través del Decreto 445/2025 la desregulación de las funciones y responsabilidades de ANMaC, un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autarquía económica financiera, encargado del control y fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos N  20.429. El decreto sustituye a la agencia por el RENAR, al mismo tiempo que lo vuelve un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Adicionalmente, la decisión elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, estableciendo que su financiamiento será absorbido por el presupuesto del Ministerio de Seguridad.

La Red Argentina por el Desarme, conformada por la Asociación Civil Alfredo Marcenac, la Asociación para Políticas Públicas (APP), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), lleva 20 años de investigación y experiencia en la problemática de armas de fuego. Es la principal impulsora de la Ley 27.192, la cual dio origen al ANMaC y a sus funciones en 2015, aprobada por el Congreso de la Nación de forma casi unánime. Hoy, vuelven a alzar la voz con el mismo reclamo: no permitir que la circulación de armas aumente.

“Mueren ocho personas por día a causa de armas de fuego, y contrariamente a lo que aparece en los medios, la mayoría de esas muertes no se producen en situaciones de robo o asalto», dice Bouyssede.

Mónica Bouyssede, cara visible de la RAD y madre de Alfredo Marcenac, joven de 18 años asesinado el 6 de julio de 2006 por un legítimo usuario y portador de armas, declara ante ANCCOM: “Mueren ocho personas por día a causa de las armas de fuego, y contrariamente a lo que aparece en los medios de comunicación, la mayoría de esas muertes no se producen en situaciones de robo o asalto. Los datos que hemos recopilado en estos 20 años de trabajo, muestran que el problema es mucho más serio porque casi la mitad de esas muertes diarias corresponden a suicidios y accidentes”.

El 21 de agosto a las 17:30, en lugar en el que fue asesinado Alfredo (Cabildo 1740) se realizó un acto de campaña por el desarme para concientizar a la ciudadanía de las medidas del gobierno. Según Aldana Romano, integrante de la junta directiva de INECIP, «la intención fue hacer una intervención en el espacio público para llamar la atención sobre este tema». Participó la banda El Plan de la Mariposa para colaborar con la causa de la RAD y homenajear a Alfredo Marcenac. Se repartieron panfletos y pines, se exhibieron algunas obras de arte donadas por artistas y Mónica, su mamá,  fue la portavoz del discurso central.  

“Seis de cada diez homicidios se cometen con armas, y casi el 50% de esos homicidios se dan en conflictos interpersonales, es decir en una confrontación entre vecinos, en ámbitos domésticos, o incluso en situaciones de violencia de género”, señala. “La idea instalada en el imaginario colectivo de que las armas proveen seguridad es muy peligrosa porque lejos de brindar protección, aumentan exponencialmente los riesgos”, y afirma: “Necesitamos desmitificar estos criterios que son falsos”.

Romano sostuvo que “las medidas que tomó este Gobierno, lejos de brindar mayor protección a la ciudadanía, no hacen más que boicotear una posibilidad muy concreta de poder intervenir en el mercado ilegal”. Y agrega: “A diferencia de otros mercados, como el de las drogas, es muy difícil esconder una fábrica de armas, porque la industria que se necesita para desarrollarla requiere una serie de exigencias que no permiten esconderla. Es decir que un arma ilegal, comenzó siendo legal”, explicó.

Tanto Romano como Bouyssede coincidieron en que los circuitos ilegales se proveen de armas que fueron hurtadas en casas de familia, incautadas en destacamentos policiales o robadas de los depósitos judiciales: “La mayor parte de los desvíos sucede con las armas que están en comisarías, exhibidas detrás de vitrinas porque no hay lugar para guardarlas”, manifiesta Romano. “Si aumentamos la cantidad de armas circulantes, hay más posibilidades de que lleguen a ese mercado criminal”, agrega Bouyssede.

“Si existe la posibilidad de controlar todo el proceso, desde la fabricación, el transporte, la comercialización y finalmente la destrucción, tenés muchas más posibilidades de incidir sobre ese mercado ilegal. Pero si se desmantela la agencia responsable de controlar y se eliminan las funciones centrales de destrucción, ya no va a haber control sobre ningún momento de la vida del arma”, expresa Romano.

El reclamo no es nuevo: “Nosotros luchamos durante muchos años para que se modificara el RENAR, encargado desde 1973 del control, y que funcionaba como un mero registro. No se ocupaba de controlar el volumen de las armas”, cuenta Bouyssede y sigue: “Hoy hemos vuelto a un organismo registral que por supuesto, no controla”. Si bien esta desregulación formal es propia del Gobierno actual, la RAD ya venía denunciando en mandatos anteriores la falta de intervención, alegando que hoy existen un total de 11 inspectores para la supervisión de todo el país. Romano revela: “Nos hemos sentado a discutir con todos los gobiernos, de todos los colores políticos. Este es el único gobierno que no nos ha recibido”.

Para Martín Angerosa, integrante de la comisión directiva de ILSED, la intención del Gobierno es clara: “La flexibilización que se está llevando a cabo es por una cuestión de fanatismo político. Hay una minoría que ha tomado el mando político de la agencia de control y son quienes proponen los proyectos. Detrás de esto está el tráfico y el comercio internacional de armas. Lo que hay es una explicación desde el punto de vista económico y quieren hacer ese negocio en Argentina”, dice.

Para la RAD, el Ejecutivo ha estado tomando medidas a cuentagotas, iniciando con la reducción de la edad para acceder a un arma de 21 a 18 años y la tramitación de la “tenencia express” a principios de 2024. También hacen referencia a la autorización de fusiles semiautomáticos por el Decreto 397/2025. Instrumentos anteriormente prohibidos en el país y comúnmente utilizados en tiroteos masivos en Estados Unidos. Sobre esto, Angeroso señala: “Con la reducción de la edad se incorporan al mercado legal un millón y medio de potenciales usuarios y compradores de armas de fuego, es un negocio”. Por otro lado, Romano describe que “desconocemos qué implica la tenencia express en términos de supervisión. Si esto significa mermar controles como ha implicado muchas veces, estamos frente a un problema muy serio”, y afirma con determinación: “La promesa de campaña de la libre portación de armas la están cumpliendo”.

Con respecto a las expectativas de que el Decreto sea rechazado, desde INECIP Romano afirma que “mínimamente hay que dar la pelea. Venimos trabajando desde hace 35 años en la reforma del sistema de justicia penal, pensando en que una democracia de calidad, solamente es posible si tenemos una justicia de calidad. Vamos a seguir insistiendo”. Por parte de la RAD, Bouyssede reflexiona: “En el pasado, la creación del ANMaC fue aprobada casi por unanimidad. Hoy nos preguntamos qué van a hacer nuestros legisladores como representantes de la ciudadanía. Pero será responsabilidad de ellos, las muertes que ocurran por no tomar las medidas que deban tomarse”.

A pesar del conflicto, el Garrahan no descansa

A pesar del conflicto, el Garrahan no descansa

Mientras el personal espera el rechazo al veto presidencial de la ley que declara la emergencia pediátrica, en el hospital nadie descansa. Médicos que van y vienen, enfermeros que preparan a los chicos para las cirugías, niños que llegan de la Patagonia o el Litoral y padres que esperan noticias son protagonistas de una road movie infinita que comienza cada mañana.

La temperatura marca 12 grados, pero el sol permite pasar el día con una campera liviana y un buzo, sin sentir frío. En la parada del 188, un niño de unos cinco años, con barbijo blanco y el rostro aún dormido, camina con su mamá, ambos vestidos con ropa abrigada.

Suben al colectivo como tantos otros. Sus gestos, la mirada cansada y el barbijo parecen señalar un destino. A lo largo del recorrido se suman más familias: algunas con cochecitos, otras con mochilas. Muchos rostros transmiten nerviosismo y la urgencia de llegar al Hospital Garrahan, centro de salud pública y gratuita de alta complejidad especializado en la atención de niños, niñas y adolescentes.

A esa hora, el gigante edificio, que ocupa cuatro cuadras de largo por dos de ancho, respira al ritmo de quienes lo transitan cada día. Las autoridades aseguran que es una mañana tranquila, aunque antes de atravesar la entrada principal el movimiento es constante e intenso. Entran familias con niños de todas las edades, decenas cruzan la gran puerta en busca de un resultado, una noticia o un turno médico.

En la sala de espera, una madre de no más de 30 años corre de la mano de su hija de cinco para atravesar el control de seguridad. Mientras los oficiales revisan que nada extraño entre o salga de la institución, la mujer explica, agitada: “Estoy viajando desde las cinco de la mañana y llegamos a las nueve. ¡Dios mío, una hora tarde!” Sujeta con fuerza la mano de la niña y logra finalmente ingresar para asistir a ese turno tan esperado.

A pesar del momento de fractura que atraviesa el hospital público pediátrico por la guerra presupuestaria que le ha declarado el gobierno libertario, en los pasillos se percibe una energía motivadora. Doctores, enfermeros, personal de seguridad e higiene no se sienten solos: cada vez que se convoca un “abrazo al Garrahan”, las familias se suman al reclamo en defensa de los derechos, no solo de sus hijos, sino también del equipo de salud pediátrica. Con el tiempo, autoridades y trabajadores destacan que se fue construyendo un vínculo de amabilidad y empatía entre familias y hospital. Cada año, el Garrahan atiende a más de 600.000 pacientes y realiza alrededor de 10.000 cirugías, incluidas unas 100 de trasplantes pediátricos, lo que lo mantiene como un pilar fundamental de la salud infantil del país. Sin embargo, la sostenibilidad de su funcionamiento sigue en riesgo si no se atienden las demandas por las que esta comunidad de la salud se manifiesta cada semana.

Mundo Garrahan 

El Garrahan es un hospital grande, con techos altos, con ventanales que dejan entrar el sol en casi todos sus espacios. Parece muy fácil perderse, pero cada pasillo indica en qué lugar está situado el o la paciente, y cómo llegar a destino requerido. Al descender al subsuelo, pasando por la puerta de entrada que los trabajadores llaman “la entrada Pichincha”, se abre el pasillo de Dirección. Allí circulan las autoridades y los jefes rumbo a reuniones decisivas. Sin embargo, en ese mismo corredor aparece un médico que, lejos del protocolo solemne, avanza tarareando mientras se dirige al Hospital de Día Polivalente. Dice que va a buscar su guitarra. Cada persona en este centro cumple una función imprescindible, desde quienes toman decisiones estratégicas hasta quienes buscan suavizar con música la espera de los chicos y de las chicas.

En ese sector trabaja Diego Munilla, licenciado en Enfermería, especializado en pacientes crítico-pediátricos. “Es un lugar donde vienen niños con enfermedades complejas crónicas. Y hacen tratamientos o consultas multidisciplinarias. Entonces se internan desde las 8 de la mañana a las 5 de la tarde. Y lo ve todo el equipo interdisciplinario, desde médicos, kinesiólogos, enfermería”, explica.

Munilla aclara que cada área del hospital tiene roles y tareas completamente distintas. Mientras relata su labor se escuchan risas y aplausos de fondo. Un médico que pasa explica el alegre bullicio: “Parece que están despidiendo en la guardia a una chica de farmacia”. Este clima será el denominador común, se respira camaradería.

Diego Munilla, licenciado en Enfermería, especializado en pacientes crítico-pediátricos.

El enfermero continúa: “Hoy me toca preparar a una nena que entra a quirófano. Acá hacemos toda la preparación previa, después la ingresan para la cirugía”, mientras en el fondo un grupo de médicas se saca la última foto antes de la partida de su compañera. Munilla hace hincapié en lo fundamental que fue y es para su vida ser parte de esta institución. “Cuando empecé mi camino en la enfermería lo que menos me imaginaba era trabajar en pediatría y desde que llegué al hospital, hace 13 años, encontré mi lugar”, afirma con una sonrisa en su rostro. 

Munilla no deja de lado la difícil situación que está atravesando el hospital: “Hoy se necesita tener otros trabajos para poder seguir formando parte del Garrahan, antes muchos compañeros recurrían a hacer horas módulos, que se les llama acá a las horas extras dentro del hospital. Te deslizabas acá, pero lo hacías todo en un solo lugar.”. Ahora ese recurso casi no se encuentra disponible. Aun así su decisión es firme: “Decido quedarme porque pertenezco al mundo Garrahan, el mundo de las familias, la complejidad de las patologías, nosotros en enfermería vemos todo. Tengo un involucramiento no solo con los pacientes sino con los familiares. Si bien hay diferencias entre el personal, cada sector tiene sus particularidades y aun así nos encontramos unidos.” 

Uriel y Gisela 

Uriel espera en silencio el resultado de sus análisis. Está en su silla de ruedas, tiene el celular en la mano y lo revisa cada tanto, como si el paso de las horas dependiera de la pantalla. Vino desde Entre Ríos en una ambulancia del propio hospital. El recorrido interprovincial de más de 400 km lo dejó cansado, pero aun así sonríe tímidamente cuando alguien le pregunta cómo está.

A su lado, su mamá Gisela lo acompaña con una mezcla de orgullo y cansancio en la mirada. “Desde los siete años traigo a Uriel a atenderse, hoy tiene 19 y seguimos viniendo. Desde el día que llegamos hasta hoy nos sentimos a gusto con el trato del personal, hoy nos toca control”, cuenta, sin dejar de mirarlo.

Uriel nació con mielomeningocele e hidrocefalia. Hace ocho años recibió un trasplante renal, después de un año en diálisis, y desde entonces el Garrahan es parte de la rutina familiar. “Por la situación actual que está atravesando el hospital estuvimos tres meses sin control, pero los médicos siempre mantuvieron contacto con nosotros. Es más, yo pido turno directamente por WhatsApp”, dice Gisela, mientras aprieta sus manos. Aunque vengan solo “por control” se nota que está preocupada. 

La familia sigue en Entre Ríos, aunque cada visita al Garrahan los trae de vuelta a un espacio que sienten propio. El viaje agota a Uriel, pero él sostiene la sonrisa: si todo sale bien, en unas horas podrá volver a su casa.

Uriel

Valeria y Mickel

La herida de Mickel todavía sangra un poco, pero él sonríe: su operación salió bien. Tiene 13 años, es más alto que su mamá y la próxima semana deberá volver para el postoperatorio. Juntos se preparan para tomar un taxi rumbo al hotel donde se hospedan. Valeria lo mira con felicidad. Sabe que la cirugía lo acerca un paso más a mejorar su audición. Mientras cuenta el procedimiento, Mickel la escucha con atención. “El año pasado ya se hizo la primera operación y le sacaron parte del cartílago de la costilla; ahora le hicieron el doblez de la oreja. En octubre tenemos que volver para el implante”, explica.

El viaje desde Viedma, Río Negro, no es sencillo. Vienen en colectivo cada vez que hay controles o cirugías. A pesar del cansancio, Valeria asegura que la experiencia en el hospital compensa las dificultades. “La atención es de maravilla, tanto de los médicos como de los enfermeros. El hospital está pasando por una situación complicada en cuanto a planear cirugías y sacar turnos, pero la atención es genial”, dice.

Valeria y Mickel.

A pocos metros del vacunatorio, en la plaza del hospital, tres empleados de limpieza comparten un mate en el único momento de descanso que les permite la mañana. Piden no dar sus nombres y hablan en voz baja, mirando alrededor antes de contestar.

“Nosotros hacemos la limpieza. Ponele que me toca hacer el público, pero si no viene mi compañera de quirófano, tengo que cubrir ahí también”, cuenta uno. Otro agrega rápido: “Y no podés, porque no te corresponde. Pero igual te obligan. ¿Dónde está la higiene y seguridad ahí? No hay”. Las quejas se repiten: baños en mal estado, padres que no colaboran, tareas que se superponen. “El trabajo parece leve, pero es muy comprometido. Vos estás en lugares cerrados, con chicos oncológicos, y si te enfermas, tenés que venir. No podés faltar”, explican mientras se miran con cara afligida. Cuando se les pregunta por la situación actual, no dudan: “Horrible. Está todo horrible, se nota demasiado. Más que nada en el sueldo. Somos los más bajos de todo”, dice uno de ellos. Y enseguida aclara: “En el papel figura que ganamos bien, pero en la vida real cobramos pésimo”.

La posibilidad de reclamar parece inexistente. “Hablás y te rajan. Te nombran y te echan. Los delegados y el sindicato están con el hospital, no con nosotros”, asegura una de las trabajadoras. Ni siquiera cuentan con un espacio fijo para desayunar: “Si querés tomar algo, tenés que esperar a que te toque el descanso. Si te ven desayunando, enseguida te quieren trasladar o te suspenden. Y la suspensión nos mata porque perdemos el presentismo. Nos sacan un montón de plata”.

A pesar de todo, siguen en el Garrahan. “Yo hace once años que estoy”, dice uno. “Yo seis”, responde otro. “Y sí, ante que nada lo elegimos. Y aún como está todo, lo elegimos igual, tenemos la suerte de tener un trabajo”, concluyen antes de levantarse y volver a sus puestos.

A la salida del hospital, cuya parte exterior tiene asientos y árboles de jacarandá que tiñen de lila el piso cada noviembre, las noticias no siempre son las que se esperan. Pero casi todos los padres coinciden en algo: la atención y el cuidado recibido valen el esfuerzo de la espera. A lo lejos, una familia numerosa comparte sanguchitos sobre un banco de cemento. Abren una botella de gaseosa y la reparten en vasitos descartables mientras se escuchan risas y anécdotas que alivian la ansiedad. Ningún niño aparece en escena; seguramente esté ingresado en el Hospital Garrahan, mientras los mayores sostienen la guardia con paciencia y humor. En medio del caos, de las alegrías y la incertidumbre, ese pequeño momento se convierte en una imagen estática: un instante de normalidad en el corazón de un hospital que nunca descansa.

“Esto es un retroceso en la calidad de la educación”

“Esto es un retroceso en la calidad de la educación”

Familias, docentes y estudiantes de la Escuela de Cerámica N° 1 de CABA rechazan la reforma que quiere implementar el Gobierno de Jorge Macri. Dicen que tras la fachada de una modernización trae precarización y degradación de la enseñanza.

“Este plan atenta contra la calidad del aprendizaje, desarrollo integral y colectivo de nuestros hijos”, afirma Mariela Sarlinga, madre de una estudiante de la Escuela Superior de Enseñanza Artística de Cerámica N° 1, ubicada en el barrio porteño de Almagro.

Junto con otras madres, padres y estudiantes, Sarlinga forma parte del colectivo “Familias del Cera”, que busca defender al histórico establecimiento educativo, fundado en 1940, de la reforma impulsada en colegios primarios y secundarios por el gobierno de Jorge Macri, en el marco del Plan Estratégico Buenos Aires Aprende (BA Aprende).

“Se perderá la especificidad de materias curriculares que nuestros estudiantes, quizás, querrán estudiar el día de mañana, pasando a ser un simple taller, todo mezclado y reducido en carga horaria –agrega Sarlinga–. Ni hablar de la incorporación de educación emocional, del enfoque individualista que le quieren dar a la enseñanza, todo esto asociado a las neurociencias… El ‘Cera’ le dice un ‘no’ rotundo a estas reformas”.

Desde 2010, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires viene poniendo en marcha sucesivas reformas educativas, tanto en los contenidos de los aprendizajes como en los planes de estudio primarios y secundarios. BA Aprende es la tercera, con pruebas piloto en algunos colegios desde principios de 2024. “El Cera” y otros rechazan estos cambios, ya que, sostienen, degradan y precarizan la enseñanza.

En pie de lucha, las “Familias de Cera” se organizan para impedir que la reforma quede vigente en 2026, como prevé el Gobierno porteño. “Aceptarla implica permitir cambios perjudiciales para nuestros hijos. El conocimiento queda relegado a un segundo lugar, sin darle la debida importancia a la historia, el arte, la cultura, y en particular a nuestros orígenes. Quieren convertir las materias de Historia, Filosofía, Arte, Ciencias Sociales, Naturales y Educación Física, entre otras, en simples talleres, agrupándolos en áreas llamadas ‘de laboratorio’”, subraya Sarlinga.

Las familias rechazan la imposición inconsulta y arbitraria de esta reforma. Daniela Mauro, otra de las madres del “Cera”, expresa su enojo: “Propone reducir la formación a tres materias troncales: Lengua, Matemáticas e Idiomas, relegando al resto, empobreciendo la formación, dando lugar a conocimientos a corto plazo, dejando de lado una formación cuidada, crítica, cultural e integral de largo plazo, y poniendo en riesgo la fuente laboral docente, ya que su carga horaria será reducida, produciendo inestabilidad laboral y rompiendo la continuidad pedagógica, por lo que nuestros docentes, al igual que los estudiantes, se  verán afectados”.

“Queremos que el aprendizaje que reciben nuestros hijos sea de calidad, y que se respeten los colegios con orientaciones, que escuchen nuestras voces y más aún las de nuestros hijos, ya que ellos son los que eligen estas escuelas como formadoras para su futuro. Para las familias del Cera esto significa un retroceso en la calidad de la educación. Exigimos una enseñanza integral y de calidad”, reclama Mauro.

Hernán Cortiñas, docente del área de Ciencias Sociales de la escuela, remarca que “el Cera ha formado a generaciones de estudiantes en el arte y la cultura”. “Sin embargo, con la reforma –dice– las materias de arte y cultura corren el riesgo de ser reducidas a simples talleres. Estas reformas afectarán el área pedagógica y nuestra propia participación. El objetivo es que los estudiantes trabajen más individualmente, personalizando saberes y conocimientos, en desmedro de lo grupal, reduciendo nuestro rol al de tutores o acompañantes, ya no educadores. Las fuentes laborales de muchos docentes se verán perjudicadas, muchos vamos a quedar sin trabajo, ya que se priorizarán más las horas de cátedra y titularizadas”, detalla.

“Si hoy lo que cobra un docente en CABA por hora cátedra es muy poco, unos 38 mil pesos –prosigue Cortiñas–, esto se verá reducido. Por ejemplo, un profesor de Historia con cuatro horas semanales pasaría a tener solamente dos, porque su materia ya no sería troncal, y formaría parte de un taller semanal de dos horas, con la consecuente disminución de su ingreso. Además, está el tema de las nuevas formas de promoción, calificando logros adquiridos y no saberes, un sistema con características individualistas y que contempla además la participación del sector empresarial. Nosotros seguimos trabajando con mucha incertidumbre, ya que nos enteramos todo por los medios de comunicación y luego por las autoridades”.

Por su parte, Temis Saccomanno, secretario de Educación Artística de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), refiere que el sindicato “está en negociaciones con el Ministerio de Educación en cuanto a la conformación del nuevo plan orgánico funcional y reagrupamiento de horas”. “Entendemos el impacto y la preocupación de los padres y docentes –continúa–. Si bien al principio la reforma ‘Secundaria aprende’ (parte de BA Aprende) estaba más dirigida a escuelas de educación general, como los bachilleratos, ahora involucra a otras con especialidades. Como sindicato pedimos que se respeten la voluntad y los plazos, que el Ministerio de Educación no sea tan exigente y que arbitre los medios para generar espacios de diálogo, ya que el tema aún no está cerrado. Creemos que tenemos la posibilidad de aclarar cuestiones y cambios, antes de que esto se ponga en marcha definitivamente”.

Mientras tanto, las “Familias del Cera” continúan reclamando que se detenga la implementación de la reforma y solicitan a las autoridades del colegio que se las informe y se las escuche, al fin y al cabo, son sus hijos e hijas quienes estudian allí.