Seis integrantes de la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu enfrentan una causa por presunta “usurpación” de tierras. La Fiscalía pidió penas de entre dos y cuatro años de prisión efectiva. Es la comunidad donde fue asesinado Rafael Nahuel.

Mientras todos los focos de los medios están puestos en la coyuntura política de las próximas elecciones legislativas porteñas, la cotización del dólar o la caída del proyecto de ley de Ficha Limpia en el Senado de la Nación, al sur del país ocurren cosas que pasan inadvertidas en la Capital Federal.

Una de ellas es la avanzada de la Justicia contra la comunidad mapuche Lafken Winkul Mapu, de la provincia de Río Negro, por presunta “usurpación” de predios pertenecientes a dos privados y a Parques Nacionales en la localidad de Villa Mascardi, pero que los pueblos originarios consideran su “territorio sagrado”.

Seis mapuches se encuentran en el banquillo de los acusados por hechos ocurridos entre julio de 2018 y octubre de 2022, cuando fueron violentamente desalojados por orden la de entonces jueza Silvina Domínguez del espacio donde se encuentra el exhotel de Parques Nacionales y las estancias La Escondida y Los Radales. Ese operativo, cuestionado por organismos de derechos humanos como el CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales), fue el debut del Comando Unificado de fuerzas de seguridad, que irrumpió con violencia en las casas, en presencia de menores, y fueron detenidas estas mujeres que hoy son enjuiciadas. Una de ellas, Romina Rosas, dio a luz mientras estaba presa.

Esta semana, el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz pidió cuatro años de prisión efectiva para la machi (sanadora) Betiana Colhuan Nahuel, Luciana Jaramillo, Romina Rosas, Jéssica Bonnefoi y Matías Santana, testigo clave del caso por la desaparición y muerte de Santiago Maldonado. Por otra parte, solicitó una pena de dos años de prisión en suspenso para Celeste Ardaiz Güenumil.

En abril, declararon como testigos de concepto de la defensa la abogada del Serpaj Mariana Katz, la exdefensora del Público Miriam Lewin, la exsecretaria de Seguridad Sabina Frederic, y las antropólogas Claudia Briones, Ana Ramos y Lorena Cañuqueo, responsables de los peritajes antropológicos y de un informe de salud ancestral mapuche.

El juicio –a cargo de un tribunal unipersonal constituido en General Roca que encabeza el juez Alejandro Silva– comenzó el febrero y ya se encuentra en la etapa de alegatos. Previamente, pasaron los testigos de la acusación, la querella -Parques Nacionales y los presuntos vecinos afectados por la presencia de la comunidad mapuche- y este viernes será el turno de la defensa. Silva es el mismo magistrado que intervino en la causa por el asesinato del joven mapuche Rafael Nahuel. En aquel entonces el gobierno de Mauricio Macri y su ministra de Seguridad Patricia Bullrich blandieron la teoría de un enfrentamiento armado que nunca existió. 

“Rafita”, como lo llamaban, fue asesinado de un tiro por la espalda por parte de integrantes del grupo Albatros de Prefectura. En noviembre de 2023 cinco efectivos de esa fuerza fueron condenados como responsables del crimen, pero recibieron penas menores bajo la teoría del exceso en la legítima defensa.

“Es una causa trucha”

ANCCOM se comunicó con la abogada Laura Taffettani, integrante del equipo de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina que defiende a miembros del pueblo mapuche en ésta y otras causas. “Estamos en la etapa de la acusación, ahora nos toca alegar a nosotros. Posteriormente puede haber lo que se llama réplica y dúplica. Luego el juez dicta veredicto, es decir, plantea si son culpables o no y qué pena corresponde. Después tiene diez días para fundamentar su decisión, lo que ya se hace por escrito, por cédula. No necesariamente es oral”, explicó la letrada.

“Todas estas causas estaban en juicio al momento del desalojo. La Escondida y el exhotel, que son los dos predios principales, ya estaban con procesos en curso. No podían dictar el desalojo estando esos procesos abiertos, entonces inventaron una causa. Por eso le decimos causa trucha. Es la causa 1.649, inventada por una supuesta casilla de gendarmes que se incendió. Los acusan a ellos, pero no fueron”, remarcó. “Fue una maniobra. Ese hecho les dio pie a hacer el desalojo total de los lugares que estaban bajo juicio. No hubiera correspondido hacerlo”, detalló la abogada.

Precisamente, ninguno de los integrantes de la comunidad Winkul Mapu está acusado por el incendio en cuestión, lo que demuestra que el argumento de la defensa sobre su utilización para avanzar con el desalojo tiene cierta lógica.

Por otra parte, Taffetani también cuestionó que se le imponga el mote de “usurpadores” a los integrantes del pueblo originario, que únicamente quiere habitar el terreno que le pertenece por historia ancestral. “La comunidad no era una agencia inmobiliaria que iba ocupando lotes. Ellos tienen otra lógica territorial. Tenían un mandato ligado al ruego, a la marcha que se dirigía en el lugar, y necesitaban ese territorio para que eso suceda”, explicó. “En este modelo de extractivismo y saqueo, se requiere desalojarlos. Ya no importa qué tienen o cómo lo hicieron. Hay un negacionismo absoluto de los derechos de los pueblos originarios”, remarcó la letrada.

En esa línea, a pesar de los argumentos y las pruebas a favor de la comunidad Winkul Mapu, es posible que el Poder Judicial les vuelva a dar la espalda en esta causa –como ocurrió en octubre de 2024 cuando fueron condenados por usurpación de dos predios de Parques Nacionales– y falle a favor del argumento de la Fiscalía y las querellas. Una de ellas es, de nuevo, la de Parques Nacionales, ahora por la usurpación del exhotel de Villa Mascardi. “La justicia siempre acompaña el modelo económico-social al que pertenece. No creemos que la justicia sea independiente. En un sistema capitalista, la justicia está armada para sostener lo que está, no para modificarlo”, consideró Taffetani.

“Defendemos a las comunidades y organizaciones sociales cuando el Estado las acusa, pero tenemos conciencia de que los verdaderos cambios no vienen desde la justicia, responde a los intereses del sistema”, insistió. Eso se percibió durante el juicio, cuando el fiscal Vehils Ruiz se refirió a los integrantes de la comunidad como “autopercibidos” mapuches. “Antes, al menos, cuidaban las formas, pero ahora ni eso. La querella puede decir cualquier cosa, pero un fiscal no puede expresarse así”, enfatizó Taffettani.

A su criterio, hay una avanzada creciente contra las comunidades. “Aunque tengan papeles, aunque hayan hecho todo por derecho, igual las están desalojando”, aseguró. “Fijate el caso de la Comunidad de Chilihué: Roca les dio la propiedad porque estaban en la frontera. Aun así ahora los están desalojando”, ejemplificó la letrada.

En ese sentido, no son pocos los comunicadores que sostienen -en cadena nacional- que los pueblos mapuches no pertenecen a la Argentina, sino que son originarios de Chile y que, por lo tanto, deberían abandonar el país que presuntamente están ocupando. La abogada no dio lugar a ese argumento, al que consideró “falaz” y reflexionó: “Si seguimos esa lógica, todos somos africanos. Lo cierto es que nosotros vinimos después. No es que estábamos en el sur y los mapuches vinieron de Chile a tomar las tierras”. Taffetani insistió en este punto: “Tenemos documentación: la Campaña del Desierto lo prueba. Los mapas históricos lo muestran. Hay que contestar con sentido común. Los argumentos falaces caen cuando uno los pone en tela de juicio”.

“Dan vergüenza ajena”

Desde la Gremial de Abogados emitieron un documento, acompañado con la filmación de la audiencia, y aseguraron que los argumentos esgrimidos por la parte acusatoria “dan vergüenza ajena”. En sus redes expresaron que “decir que son pobres, carentes de pruebas, y sin argumentos sería demasiado, pero si seguimos la experiencia vivida en juicios anteriores poco importa cuando se trata de juzgar a los Mapuches”. En su mirada, “la Fiscalía no mostró nada, no invocó ninguna prueba de circunstancias de fechas, tiempos, lugares, etc. para identificar a cada uno de nuestros defendidos, cargada de prejuicios, enfrentando abiertamente la historia”.

La defensa de la comunidad originaria de Villa Mascardi sostiene que no se pudo determinar que ninguno de los acusados hubiera hecho algo de lo que se le endilga y, mucho menos, probarlo. “La vergüenza es que hablaron generalidades y acusaron al bulto, a todos de todo. Cargados de desprecio, racismo y negacionismo”, sostuvieron. “Escuchar a la Fiscalía y los abogados de Parques Nacionales y de los vecinos racistas da una clara idea de la naturaleza del enemigo que enfrentamos”, agregaron.

Este viernes 16 de mayo será el turno de los alegatos de la defensa de los seis mapuches acusados de “usurpación” de su tierra sagrada. Es la última escala del juicio antes de la sentencia, que se conocerá el próximo 26 de mayo.