Este miércoles, Frente al Congreso, hubo una nueva marcha de jubilados exigiendo aumento del haber, el retorno de los medicamentos gratuitos y la prórroga de la moratoria. Un desproporcionado operativo de seguridad, que incluyo a cuatro fuerzas -Policía Federal, Gendarmería Prefectura y Policía Aeroportuaria- lanzó gas pimienta y golpeó a los manifestantes. Hasta una niña de 11 años fue lastimada. Mirá las fotos de ANCCOM.
La Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA celebra su primera década en un contexto de altísima concentración de las empresas informativas privadas, desguazamiento de los medios públicos y ausencia de políticas oficiales para el desarrollo de la comunicación comunitaria. ¿Cuál es el lugar de un medio universitario?
La Agencia de Noticias de Ciencias de la Comunicación de la UBA (ANCCOM) cumple diez años. Nació como un espacio de práctica preprofesional para fortalecer la formación de las y los estudiantes avanzados de la Licenciatura y rápidamente se convirtió en un medio de comunicación que en esta coyuntura cobra un notable valor.
En un ecosistema mediático concentrado como nunca antes, con los medios públicos desguazados y sin ningún tipo de política oficial dedicada a fortalecer los medios comunitarios, una agencia universitaria de noticias –como la nuestra- tiene la responsabilidad de salir a disputar la esfera informativa para ampliar el derecho a la comunicación y a la libertad de expresión. Por esa razón, ANCCOM ensancha su agenda con acontecimientos y actores que suelen tener escaso o nulo espacio en los medios comerciales: les da visibilidad y voz propia y a la vez le abre a la sociedad un canal para que pueda escucharlos y conocerlos.
Sin condicionamientos del mercado y en tiempos en que por los medios tradicionales y los nuevos circulan mentiras –que para que no suene tan dura la realidad solemos llamar fake news– ANCCOM concibe un periodismo de servicio social con el más genuino objetivo de informar.
En una época donde las y los trabajadores de prensa padecen el pluriempleo y la precarización de sus condiciones laborales atentan contra la calidad profesional, nuestros y nuestras cronistas tienen como consigna trabajar en el territorio: “Hacer periodismo en el barro”, como solemos decir. Estar en el lugar de los hechos que narramos y mirar a sus protagonistas a los ojos es la mejor manera de evitar prejuicios y estigmatizaciones en la construcción noticiosa. Eso, hoy, parece contracultural.
A lo largo de esta década, por la que atravesamos cuatro presidencias de la nación, pasaron por nuestra agencia un millar de redactores, fotógrafos y productores de contenidos para redes sociales que aportaron una mirada honesta, fresca y juvenil a una realidad política, económica y social que, en términos generales, se les presentó bastante adversa. Una proporción muy grande de ellos hoy trabaja en el sistema de medios, que con frecuencia solicita a nuestra agencia la recomendación de jóvenes profesionales de la comunicación, por lo que ANCCOM se transformó también en un espacio de ingreso al mercado laboral. En nuestra última entrega de certificados a quienes terminaban su paso por nuestro medio informativo, tres estudiantes tomaron la palabra y cada una utilizó un vocablo para definir qué se llevaba de su primera experiencia periodística. Dijeron: “Ética”, “sensibilidad”, y “pasión”. Esos valores son el principal aporte que realizan quienes pasaron por nuestra agencia a las redacciones que hoy habitan, con la esperanza de construir una mejor profesión.
En todos estos años, además de publicar casi 4.500 artículos y 28.000 imágenes, hemos realizado cuatro muestras fotográficas, desarrollado una columna semanal durante un año en Radio Nacional y nos convertimos en proveedores solidarios de contenidos para la revista Hecho en Buenos Aires. Además, recibimos sendas menciones de “interés cultural” e “interés educativo” de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y de la Cámara de Diputados de la Nación. Nuestra agencia también recibió una distinción de la Legislatura porteña por el ciclo audiovisual Estuve ahí, realizado en homenaje a los 40 años de democracia y otra de la Cooperativa de Comunicación Huvaiti por nuestro aporte a la difusión de la economía popular.
La primera nota que publicó reunía a Estela de Carlotto y su nieto. Fue ilustrada con esta fotografía.
ANCCOM nació un 24 de marzo, publicando una nota sobre la tradicional marcha por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia y otra sobre el reencuentro de Estela Carlotto y su nieto restituido. Eso marcó a fuego nuestro trabajo y la defensa de los derechos humanos se convirtió en un eje vertebral de nuestra agenda. Hoy nos toca celebrar nuestra primera década desde múltiples trincheras de resistencia: debemos aportar información para mitigar el resurgimiento de discursos apologistas del terrorismo de Estado, defender un oficio bastardeado por la mercantilización de la noticia y fortalecer a la universidad pública que nos cobija, que enfrenta un feroz ataque destructivo del Gobierno nacional, quien tiene la obligación de desarrollarla y potenciarla. Por todo eso se nos impone la prepotencia de trabajo y explorar al máximo nuestra creatividad para sostener y ampliar este espacio de debate público con coberturas rigurosas. Esa es la esencia de ANCCOM y de las y los estudiantes que la constituyen día a día, quienes brindan su compromiso y pensamiento crítico para la construcción de una sociedad democrática.
Organizaciones de personas con discapacidad se manifestaron frente a la Casa Rosada para protestar por el recorte de pensiones, la discriminación gubernamental y el cercenamiento de derechos.
Este lunes se llevó a cabo una gran movilización inclusiva por parte de personas con discapacidad, acompañadas por agrupaciones sociales, frente a la Casa Rosada con el objetivo de visibilizar las crecientes problemáticas de aquel colectivo en Argentina. La manifestación comenzó a las tres de la tarde y durante más de dos horas se reclamó por los recortes en prestaciones, la estigmatización, la discriminación promovidos por el Gobierno, además de los despidos masivos de las últimas semanas que sufrieron miles de trabajadores estatales que prestaban servicios a ese sector.
Al ritmo del cántico “ole ole/ole olá/ no soy idiota/che liberal/soy un sujeto con derecho a votar”, se dio comienzo a la jornada en donde se difundieron las dificultades por las que atraviesan las personas con discapacidad, sus acompañantes y familiares. Uno de los asuntos más preocupantes, subrayaron está vinculado con la educación. Sobre ese punto, Marcela Colcer, quien integra la agrupación Familias Unidas por la Educación Especial, indicó: “Venimos peleando en la ciudad porque los pibes mayores de 22 años quedaron afuera de la escuela, por una mala interpretación de la política del Gobierno de la Ciudad: va en contra de toda la normativa nacional, internacional. Peleamos por la educación pública hace mucho tiempo y la cuestión de la educación especial, es un aspecto de ella.” La resolución a la que alude Colcer impide que las personas con discapacidad mayores de 22 años asistan a las escuelas integrales de educación especial dependientes del gobierno porteño.
“Ahora también estamos ayudando a familias que han recibido una carta donde le exigen que presenten una documentación en un plazo muy pequeño –agregó-, la medida está direccionada para que les arrebaten el derecho de pensión no contributiva, un monto miserable que no alcanza para el mínimo de subsistencia. Trabajamos para los derechos que les están quitando a las familias con discapacidad, no solamente la educación”.
Por otra parte, uno de los temas que más resonaron en la jornada fue los despidos a personas con discapacidad y la impotencia ante esta problemática. Rosa Almirón, sobreviviente de poliomielitis y vicepresidenta de la Asociación Polio Postpolio Argentina (APPA), especificó el drama que viven los discapacitados: “Llega un momento en que tenés que decir ´basta a los recortes para las personas con discapacidad´. Con todos lo que nos costó conseguirlos, están pisoteando los derechos que logramos luchando a lo largo de muchos años”.
A su vez, planteó una situación muy triste sobre una de sus clientas. “Tengo un kiosco que en el gobierno de Cristina me otorgaron por la Ley 24.308 y a uno de mis clientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, que tenía discapacidad, lo obligaron a renunciar. Tuvo un preinfarto y falleció. Me da mucha bronca porque esa persona a pesar de su dificultad iba todos los días a trabajar y luchar, no creo que haya nadie que lleve una estadística de las personas que están falleciendo, no solo por despidos, sino por la falta de remedios oncológicos, la falta de prestaciones, por la ayuda que se está eliminando”, exclamó.
Otro de los puntos más fuertes de la movilización fue en torno a la estigmatización y discriminación. Sergio Aguirre, padre de Fidel, un niño con autismo y parálisis cerebral, dejó muy clara su postura: “Estamos acá porque no aceptamos que nombren a nuestro hijo como ‘idiota’, ‘imbécil’ ni ‘retrasado’, son gente con capacidades diferentes. Son términos ofensivos. Se vulneran mucho los derechos, las luchas con las obras sociales para las autorizaciones de las prestaciones siempre son trabas.”
El hombre afirmó: “Queremos que se anule la Resolución 187/25 (nota del r: modifica los criterios para otorgar pensiones), donde el Gobierno analiza la situación del discapacitado sin tener en cuenta qué necesita el beneficiario, dónde vive, en qué condiciones…”
También enfrentan inconvenientes aquellos profesionales que dedican su labor al cuidado de las personas con discapacidad, como es el caso de Ailín Kupferberg, delegada de la agrupación Prestadores Precarizades, que se conformó en 2016. “Soy acompañante terapéutica y trabajo en el área de educación como maestra integradora. Nuestros salarios rondan la línea de pobreza, ni haciendo un doble módulo podemos llegar a lo que es una canasta básica; necesitamos una recomposición salarial urgente. Los aumentos son insuficientes, como acompañantes terapéuticos estamos desregulados, no cobramos a través del nomenclador nacional y los centros abonan lo que quieren”, indicó.
Como si fuera poco, plantea que la imposibilidad de un salario digno no les ha dejado otra salida que la de abandonar sus puestos de trabajo. “Estamos dejando de hacer lo que amamos y para lo que estudiamos con tanto esfuerzo. Hoy acompañamos a los compañeros discas, porque creemos en la coordinación de todas las luchas: estudiantes, jubilados y diversidades, creemos en realizar un plan de lucha conjunto para golpear a este gobierno que nos está matando”, explicó.
Varios de los manifestantes señalaron que las marchas abren puertas y que es posible llegar a una solución de la problemática en muy poco tiempo. Almirón lo indica en estos términos: “Estamos acá para visibilizar la situación y que el Gobierno comprenda que nosotros somos seres humanos y tenemos derechos. Desde siempre, cuando hay un gobierno que no cumple con algo, lo único que nos sirve es salir a la calle y decir ‘basta’”.
Las cianobacterias pueden producir toxinas que traen severas consecuencias en la salud de humanos y animales mucho menos simpáticas que el cambio de coloración que se dio en carpinchos, vacas y demás que circularon como memes. ¿Qué puede hacer el Estado para mitigar el problema?
Hace unas semanas circularon imágenes de carpinchos cubiertos por un manto verde brillante en el Río Uruguay, Entre Ríos. Más allá de lo llamativo de la escena, este fenómeno no es nuevo. Las cianobacterias que pintaron a los roedores son organismos fotosintéticos de larga historia: fueron las primeras productoras de oxígeno en la Tierra, viven en la superficie del agua y están adaptadas a casi todos los ambientes, desde lagos helados hasta ríos y termas. Su nombre significa “bacterias azuladas”
Sin embargo, hay cepas que pueden producir toxinas peligrosas para los seres vivos, llamadas “cianotoxinas”. Las más frecuentes y abundantes son las “microcistinas”, tóxicas para el hígado, y las “saxitoxinas”, que pueden dañar el sistema nervioso. Según la especialista en limnología Inés O’Farrell, “pueden tener distintos efectos que pueden llegar al cáncer, entre otras enfermedades, dependiendo del tipo de exposición, aguda o crónica”.
En los últimos años, las floraciones de cianobacterias en ríos y lagunas de Argentina están en aumento. Lo novedoso es que actualmente han llegado hasta el sur de Argentina, algo que antes no ocurría. Hay varias causas que favorecen su proliferación: el incremento de nitrógeno y fósforo en el agua, generado por la falta de regulación en el uso de agroquímicos y el vertido de cloacas sin tratar, el calentamiento global y el represamiento de los ríos, que limita la circulación del agua. “Mientras no se frene esto, las floraciones van a seguir”, advirtió O’Farrell.
Un riesgo para la salud
Las cianotoxinas pueden afectar a animales como carpinchos o vacas que viven cerca de lagunas o ríos, los peces que los habitan, las aves que se alimentan de esos peces, mascotas que beben agua de río o, incluso, a personas que se toman un baño en aguas contaminadas, sobre todo niños pequeños. En los últimos años, en Argentina se registraron casos de intoxicaciones graves en humanos. Por un lado, un adulto que practicaba deportes acuáticos en Salto Grande sufrió alteraciones hepáticas por exponerse a zonas contaminadas. También una niña de veinte meses tuvo que recibir un trasplante de hígado tras sumergirse en el Río de la Plata. «Cuanto más pequeño es el organismo, más vulnerable es al efecto de las cianotoxinas», explicó O’Farrell.
En ciudades sin acceso a agua potable segura, como algunas del Chaco, Santiago del Estero y el Delta del Tigre, la presencia de cianotoxinas representa un grave problema de salud pública. Según Iribarren, poblador del Delta de Tigre y doctor en Ciencias Biológicas (UBA), en el último brote de 2022 muchas tomas de agua del conurbano bonaerense fueron afectadas. “En las islas del Tigre usamos el agua para bañarnos, limpiar, regar las huertas, lavar los platos, darle agua a los animales. Y puede intoxicar a todos por igual, ya sea ingiriendo alimentos de la huerta o por alergias en la piel».
Cloacas al río y falta de regulación
A pesar de su peligrosidad, Argentina no cuenta con regulaciones específicas sobre los niveles de cianotoxinas en el agua. Según O’Farrell, muchas cepas presentes actualmente en el Río Uruguay son altamente tóxicas. «Muchísimas veces la toxicidad está por encima de los niveles de alerta de la OMS. En Argentina no tenemos normativas ni organismos oficiales que regulen la peligrosidad de las cianobacterias».
En la Ciudad de Buenos Aires, las cloacas son vertidas directamente en el Río de la Plata, arrojando grandes cantidades de nitrógeno y fósforo al agua, que alimenta a las cianobacterias. Los desechos cloacales son residuos de los baños o cocinas con gran cantidad de materia orgánica rica en carbono, nitrógeno y fósforo. Además, estos desechos contienen compuestos con fósforo, como los detergentes, o insumos químicos usados en plazas o jardines.
“Este aumento de nitrógeno y fósforo es la condición básica para que se dé un aumento excesivo de biomasa de cianobacterias y se llegue a la floración”, explica O’Farrell. En general, el aumento de cianobacterias conlleva un aumento en la concentración de las cianotoxinas.
Mientras tanto, las poblaciones más vulnerables son las más expuestas a esta contaminación. Muchas comunidades deben potabilizar su propia agua con recursos precarios, lo que implica un aumento del costo para quienes dependen de fuentes naturales para el consumo diario.
Por ejemplo, en las islas de Tigre no hay agua corriente como en la ciudad. Los habitantes suelen recolectar agua de lluvia que cae por sus techos hacia canaletas, con filtros para su consumo. Pero la situación se agravó en el último año. «Hasta el cambio de gobierno de Milei, AySA tenía una política de distribución de agua potable en una lancha para los pobladores. “Pero hace un año perdimos ese derecho, que habíamos alcanzado con el reclamo social», denunció Iribarren. Ahora, deben transportar agua potable desde el continente, exponiéndose a riesgos como la contaminación del plástico al sol.
Un reclamo silenciado
El problema de las cianobacterias tiene solución, pero requiere medidas urgentes. Como explicó O’Farrell, la clave es reducir la entrada de nitrógeno y fósforo en el agua: «Necesitamos plantas de tratamiento de desechos cloacales. No puede ser que en Buenos Aires, con 11 millones de habitantes, la cloaca se vierta en el río. Es un reclamo que venimos haciendo con el Ministerio de Salud de Nación, pero no hubo respuesta”.
El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires desarrolló un Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, que cuenta con un sistema de alerta temprana de concentraciones de este tipo de microorganismos en ecosistemas acuáticos. Este medidor permite que, al menos, la población pueda estar informada de si es conveniente utilizar el agua para uso diario, dependiendo de la zona.
El impacto de la contaminación va más allá de los brotes actuales. Iribarren advirtió que a largo plazo incluso podría haber casos de cáncer de hígado en poblaciones expuestas a cianotoxinas en el agua sin saberlo. “Es muy injusto que niños y niñas que viven en Tigre no tengan acceso a agua potable. El Estado tiene que garantizar este derecho”, sostuvo Iribarren.
Los carpinchos pintados de verde-azul fosforescente (no esperanza) en las redes pueden asombrar, pero no se viralizan las imágenes de las cianobacterias intoxicando nuestras pieles, hígados, sistemas nerviosos o mascotas. Si los gobiernos no toman medidas de regulación y medición de toxinas en nuestras aguas, las floraciones de cianobacterias tóxicas seguirán expandiéndose en Argentina, afectando la biodiversidad, la salud pública y la calidad de nuestra agua.
Mara Recondo se involucró en la temática de la discapacidad a partir de su experiencia como madre de Francisco. Hoy, ocupa el cargo de Directora General de Discapacidad y Accesibilidad en la Municipalidad de Bahía Blanca. ¿Cómo influye su experiencia de vida? ¿Cómo se gestiona cuando el gobierno nacional quita pensiones y restringe derechos?
Francisco, de 23 años, vive en Bahía Blanca. Tiene una discapacidad cognitiva y es usuario de silla de ruedas. Sólo se comunica a través de gestos. Mara Recondo comparte con ANCCOM, que los primeros años de su hijo estuvieron marcados por el paradigma médico rehabilitador. “Empezamos rehabilitándolo para que sea lo más normalito posible y que esté incluido en la sociedad. Me volví su terapista ocupacional, psicóloga, abogada y neuróloga. Después entendí que Fran quería a su mamá, no todo eso”, confiesa. Junto con su esposo Hernán, aprendieron cómo acompañarlo. “Cuando dejé de esperar que Fran hiciera lo que tenía que hacer una persona para estar incluido en la sociedad y empecé a acompañarlo, descubrí a un Fran maravilloso”. Recondo reconoce: “Su vida no es fácil, porque los entornos no son accesibles. Sin embargo, él logró ser feliz y nosotros con él”.
Recondo se involucró como mamá activista, luego formando parte de una cooperadora de discapacidad y más tarde, creando el Observatorio de Discapacidad en Bahía Blanca. El año pasado, fue convocada por el actual intendente Federico Susbielles, para ocupar el puesto de Directora General de Discapacidad y Accesibilidad en la Municipalidad de Bahía Blanca (MBB). A un año de asumir este cargo, contó su experiencia a ANCCOM, sus motivaciones y desafíos. Mientras la Agencia Nacional de Discapacidad de Argentina (ANDIS), bajo el gobierno de Javier Milei, publicó una resolución usando términos como “idiota” o “imbécil” para describir a las personas con discapacidad intelectual -una medida de la que rápidamente debió retractarse- desde la MBB se trabaja de manera comprometida para abordar la temática de la discapacidad.
¿Quién era Mara Recondo antes de ser la mamá de Francisco?
A los 19 años trabajé en una empresa donde uno de los dueños era una persona sorda. Con él desarrollé un vínculo cercano. Me juntaba con él a tomar el té, me leía los labios y me enseñó algunas señas. La discapacidad ya empezó a rondar en mi vida. Mi sueño era formar una familia. Con Hernán nos casamos y al poco tiempo quedé embarazada de Magalí. Dos años más tarde, nació Fran, y seis años después, Lara. Hay una Mara antes y otra después de Fran: como persona, mujer y profesional.
¿Cómo fue lo de Francisco?
Con Fran tuve un embarazo y un parto impecables. Pero a los tres días lo internaron casi muerto, había sufrido una convulsión por hipoglucemia. Yo sabía que algo no estaba bien. Tenía dificultad para alimentarlo por lactancia y pedía que me escucharan, pero me decían que tenía depresión postparto. A los días, Fran no tenía tono muscular y lo metieron en una incubadora con oxígeno. El médico le tomó la glucemia y no había azúcar en su sangre. Allí comenzó la odisea para salvarlo. Nos dieron un diagnóstico devastador: Fran tenía hipertrofia cardíaca severa. Sus paredes cardíacas eran del grosor de las de un adulto, algo impensable en un bebé de tres días. No sabían si su corazoncito iba a resistir la noche. Entramos con Hernán y pusimos nuestras manos en su corazón, como queriendo curarlo. Hice un pacto con Francisco: “Vos pelea acá adentro, que yo peleo afuera”. Y Fran se quedó. El martes siguiente, el grosor de las paredes de su corazón se redujo considerablemente, y para el miércoles ya era un corazón normal. El médico sale y dice: “¿Usted cree en los milagros? Ahí adentro hubo uno”. Después fue otra instancia. Fue a casa sin secuelas cardíacas, y vinieron las secuelas neurológicas. Nos confirmaron la lesión cerebral que afectaría su campo visual. A los 6 meses, le diagnosticaron Síndrome de West, que en cada convulsión mata neuronas. Logramos contener esas convulsiones rápidamente, eso permitió que Francisco tuviera menos daño. Sin embargo, hoy vive con disminución visual y parálisis cerebral.
¿En qué momento abriste la mirada en que había otras personas como Francisco?
Surgió de entender que nosotros pudimos construir para darle a Francisco las herramientas que necesitaba. Sería valioso compartir lo que aprendimos, para que otras personas no tuvieran que pasar por lo mismo. Me involucré en la cooperadora buscando recursos y más tarde, formé parte de la Escuela 509, donde Francisco estuvo desde los 3 hasta los 17 años. A medida que avanzaba, acceder a los derechos de Fran se iba haciendo más difícil. Tuvimos que recurrir a la justicia. La obra social no deja de ser un comercio y el proceso de dilación de trámites es una estrategia. Con el apoyo de un abogado, nos empoderamos para defender los derechos de Fran.
Después, creé el Observatorio, un espacio abierto, plural y participativo, donde la voz de las personas con discapacidad tiene un rol activo. Siempre fui firme en que la política debía ser con ellos, no para ellos. Hace un año y medio, el actual intendente me convocó para ser parte de su gobierno. Lo conocía porque siempre mostró interés por la discapacidad. Su visión sobre políticas públicas es crear una dirección transversal a todas las áreas. Hoy tenemos un enfoque de acompañamiento, no de asistencia. Es más amplio, involucra la intervención de múltiples áreas. Nos estamos moviendo de un paradigma médico rehabilitador a uno social.
Cuando me propusieron el cargo, lo pensé. Llevaba 22 años pegada a Fran y ahora tendría que estar fuera de casa 10 horas al día. Le dije a mi familia: “Siento que tengo que subirme a este tren. No solo es por Fran, es por otros Franes en la ciudad”. Así que acepté. Mi meta es dejar políticas públicas firmes, que las personas conozcan sus derechos y accedan.
¿Qué medidas están llevando adelante? ¿Qué desafíos encontraron?
Uno de los desafíos es desarrollar una política de empleabilidad para personas con discapacidad. Queremos involucrarnos desde la selección de personal hasta concientizar al sector productivo para fomentarla: en Bahía Blanca, el 86% de las personas con discapacidad está desempleado. En la ciudad hay casi 16 mil personas con discapacidad. Digo “casi” porque estamos desarrollando la base de datos. Muchos de ellos no salen de sus casas, nuestro objetivo es acercarnos a ellos, empezando por los barrios más populares. El mayor requerimiento de las personas con discapacidad que hemos atendido, un 48% (alrededor de 2.500 personas entre mayo y diciembre), es el acceso a sus derechos.
Actualmente, el municipio tiene 33 personas con discapacidad en planta permanente. Estamos evaluando a cada uno para identificar qué ajustes razonables necesitan, adaptar el trabajo para que sea lo más autónomo posible para ellos, sin demandar un esfuerzo excesivo al empleador. Un ejemplo es el de Yanina, una trabajadora que es usuaria de silla de ruedas, no tiene brazos y escribe con los dedos de los pies. Le compramos un teclado inalámbrico que puede usar con los pies y unos auriculares con micrófono para que se comunique con los proveedores. Esta inversión mejoró significativamente su calidad de vida y su desempeño. Queremos replicar esta experiencia en las empresas para que se animen a contratar. La inclusión fomenta la convivencia con la diversidad en el equipo de trabajo, creando un ambiente empático y positivo.
A lo largo de 2024, trabajamos cinco ejes que continuaremos este año. El primero es la capacitación. Ofrecemos formación en perspectiva de discapacidad para agentes municipales. Capacitamos a 980 personas y dimos cursos de lengua de señas nivel 1 y 2, con 72 personas certificadas en ambos niveles. El segundo eje es la accesibilidad comunicacional. Para los colectivos, diseñamos pictogramas para personas con autismo, que indican cómo saludar, usar la tarjeta SUBE, buscar asiento y bajarse del colectivo. Esa secuencia los organiza y les da autonomía. Además, trabajamos en la accesibilidad del medio físico. Hicimos accesible el Parque Independencia con una nueva rampa y en todos los eventos públicos instalamos plataformas elevadas. También creamos un consejo de políticas de accesibilidad, donde participan instituciones de personas con discapacidad y organismos del Estado. Este viernes tendremos la reunión número 14 en la que continuaremos trabajando en un programa de fortalecimiento de los talleres protegidos. El año pasado, acompañamos a tres instituciones de discapacidad con una inversión de 96 millones de pesos.
¿Cómo se vive la gestión peronista en Bahía Blanca, teniendo en cuenta las diferencias con el gobierno nacional?
Es muy difícil. Fui a la Agencia Nacional de Discapacidad en Buenos Aires a obtener información sobre el estado de las pensiones para personas con discapacidad. Hoy, las personas que tramitan su pensión no contributiva no tienen forma de saber en qué instancia se encuentra su solicitud. Es una negación de derechos. La gestión nacional está evaluando eliminar pensiones no contributivas. Existe una ley que regula estas pensiones desde 1997, hubo resoluciones posteriores que ampliaron derechos. Hoy cobran $280.000 de pensión no contributiva. Ayuda pero no les resuelve la vida. Hubo irregularidades pero es importante que se controle manteniendo el derecho vigente.
Otro tema es la falta de entrega de pasajes de larga distancia para personas con discapacidad. La plataforma no está habilitada y la Comisión Nacional Reguladora del Transporte (CNRP) no actúa. Cuando no hay una política pública nacional, debemos reforzar la política pública municipal. En algunos casos no podemos resolverlo.
La gestión peronista, luego de una Bahía Blanca radical de toda la vida, se la ganó Federico con su política de cercanía. Cuesta entenderlo porque nunca hubo política pública integral. En el pasado las instituciones enfrentaron solas muchos desafíos. Todavía persiste esa mentalidad de trabajar de manera aislada. Cuando tenés una persona con discapacidad en tu familia estás tan ocupado en su bienestar y cómo resolver las cuestiones inherentes a eso que es difícil pensar en otros y colectivamente.
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En una de las organizaciones de las que Recondo formó parte, CILSA, reciben donaciones destinadas a proporcionar sillas de ruedas y recursos a niños y niñas.
El predio del exinstituto de menores está en disputa entre un grupo de vecinos, el Club All Boys y la voracidad inmobiliaria motorizada por el Gobierno de la Ciudad. Un testamento que fija condiciones.
¿Puede la acción comunitaria frenar el avance de un negocio inmobiliario cada vez más voraz? ¿Pesa más un rascacielos, una plaza para los pibes del barrio o una escuela con varias canchas deportivas? Al menos por ahora, no hay respuestas concretas en torno a la disputa por el predio del ex-Instituto de Menores Manuel Rocca. Se trata de una manzana de 12.000 metros cuadrados, abandonada desde 2016, que pertenece al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y está ubicada en un lugar estratégico, ya que allí confluyen los barrios Floresta y Monte Castro. En el caso están involucrados un testamento centenario, proyectos de ley truncos de la Legislatura porteña, dos grupos consolidados que pelean por el predio y un sentido comunitario que no quiere entregarlo a los negociados que privilegian a muy pocos.
El PRO, que gobierna la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) desde hace diecisiete años, “ha tenido una política sistemática de venta de tierras públicas calculada en más de quinientas hectáreas”, expresa Alejandro Volkind, editor de Nadie Nos Invitó, un portal comunitario enfocado en la Comuna 10. El miedo vecinal por la venta del predio se enmarca, además, en un contexto donde el Gobierno nacional avala el accionar privatista de inmuebles públicos: uno de los casos más recientes, el intento de subasta del terreno del Centro de Salud Mental N°1. “Ya luchar para que no lo vendan es un montón”, plantea Mabel Sampaolo, miembro del Consejo Consultivo de la Comuna 10. A este panorama se suma la discusión latente y defendida por muchos funcionarios públicos y dirigentes de aprobar las Sociedades Anónimas Deportivas, asunto que viene a cuento porque el club All Boys presentó un proyecto de escuelas y canchas para el predio.
El predio del ex Instituto de Menores Manuel Rocca es un lugar con demasiada historia. Por sus características es muy importante para la Comuna 10, que incluye actores de todo tipo: grupos vecinales, juntas históricas, asociaciones civiles, clubes de barrio, centros de comerciantes, escuelas y habitantes no agrupados. El pasado del predio es también el del barrio, y cuando todos los reclamos son válidos, encontrar puntos en común se vuelve una tarea titánica.
Una historia que empieza en 1913
Manuel Rocca fue un inmigrante italiano que logró acumular grandes fortunas en el territorio argentino. “En 1913, antes de morir, dejó un testamento en donde establecía una serie de donaciones a distintas entidades”, precisó el historiador Arnaldo Tumbarello, presidente de la Asociación Cultural y Social La Floresta. A la Sociedad de Beneficencia de Capital Federal se le otorgó el terreno ubicado entre las calles Segurola, Juan Agustín García, Elpidio González y Sanabria. El difunto dejó en claro que allí debía funcionar una escuela-asilo donde se educara de manera gratuita “a entre 80 y 100 niños pobres”, como establecía el documento.
La Escuela de Varones Manuel Rocca se inauguró en 1928, comprendía desde jardín de infantes hasta cuarto grado, era de jornada completa y tenía un comedor para los alumnos. A la par, el lugar oficiaba de asilo para niños de bajos recursos o abandonados. Veinte años después de su inauguración, en 1948, la escuela pasó a depender del Estado nacional, bajo la órbita de la Dirección de Asistencia Social.
En 1957 el “asilo Rocca” dejó de lado su función educativa para convertirse en Instituto de Recuperación y Clasificación de Menores, dependiente del Consejo Nacional de Menores. El sitio se volvió un lugar de tránsito para varones de entre 16 y 20 años a la espera de una resolución judicial. Durante la última dictadura cívico-militar se profundizó el modelo de encierro, cuyo registro material más evidente fue la construcción de muros de gran altura en todo el perímetro.
Más allá de que no existiera ninguna declaración oficial, en el barrio siempre circuló la versión de que se había convertido en una cárcel de menores. En los años 2015 y 2016, cuando dependía de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, una serie de motines, debidos a que los jóvenes denunciaron hacinamiento, malas condiciones y nula prevención de incidentes, confirmaron lo que ya se especulaba en las calles. El hecho bisagra ocurrió el 24 de julio de 2015, cuando una quema de colchones terminó con la vida de Lucas Simeone, de 17 años. En agosto de 2016, el Poder Ejecutivo Nacional transfirió a la ciudad, por decreto, los institutos que albergaban adolescentes en conflicto con la ley penal y que cumplían condenas con privación de libertad. Poco tiempo después, dejó de funcionar como Centro Socioeducativo de Régimen Cerrado. Hoy el predio está prácticamente abandonado: se lo utiliza como depósito gubernamental y como locación eventual para producciones audiovisuales.
En abril de 2019, las entonces legisladoras porteñas de Unión Ciudadana Lorena Pokoik y Paula Penacca presentaron un proyecto de ley para la realización de un polo educativo en el lugar. El expediente 1017-2019 postulaba la construcción de un establecimiento de educación inicial, una escuela primaria y una secundaria, todos de gestión estatal. Ese mismo año el Poder Ejecutivo de la Ciudad, con Horacio Rodríguez Larreta (PRO) a la cabeza, presentó el proyecto que autorizaba un cambio en el Código Urbanístico y por lo tanto permitía la venta del exasilo Rocca para construcciones inmobiliarias privadas.
La justificación del oficialismo para del predio de Segurola 1651 era financiar, con esos fondos y los obtenidos por el saldo de otros inmuebles, su proyecto de ley para la creación del Centro Modelo de Reeducación y Reinserción Socioeducativa en el Bajo Flores. En la última sesión legislativa del 2019, se votó la media sanción en favor de la privatización del terreno, pero la respuesta de la ciudadanía logró que no prosperara el debate parlamentario.
El predio para el barrio
La lucha comunitaria que evitó la venta se condensó en el proyecto de un grupo de vecinos de la Comuna 10, que lo presentaron bajo la consigna “El Rocca para el barrio”. Ellos sostuvieron -y sostienen- que su pedido condice con el deseo y la indicación manifiesta de Manuel Rocca en su testamento centenario. En noviembre de 2023 presentaron el proyecto en la Legislatura y juntaron firmas para darle un mayor impulso a la propuesta, que consiguió la aprobación de 370 vecinos.
“El Rocca para el barrio” se nutre en gran parte del proyecto que habían redactado Pokoik y Penacca, y su objetivo es el de construir un polo educativo, deportivo y ambiental que sea cien por ciento público, gratuito y de gestión estatal. Propone construir una escuela de nivel inicial jornada completa, un comedor escolar con cocina, espacios para actividades físicas, artísticas y culturales, un polideportivo, una huerta agroecológica y un parque para conservar la arboleda del lugar. Para Laura De Pérez, secretaria de Educación de la Junta de Estudios Históricos de Monte Castro, “sería un proyecto beneficioso para todos los habitantes de la Comuna 10, y no sólo para quienes residen en Monte Castro”.
Además de cumplir la petición de Manuel Rocca, la construcción de una escuela se plantea como respuesta y solución a la falta de vacantes en el nivel inicial que aumenta año tras año. En un informe realizado por el Ministerio de Educación en 2016, el último publicado al momento de presentarse el proyecto Pokoik-Penacca, en CABA el número de niños, niñas y adolescentes que no podían acceder a la educación pública era de 11.400, y de esos, 10.665 correspondían al nivel inicial.
“El Rocca para el barrio” sostiene la importancia de “generar espacios verdes de calidad, en una comuna que tiene entre 1,4 y 1,6 metros cuadrados de espacio verde por habitante”. La Comuna 10 es de las que menos espacio verde tiene en la ciudad, y solo es superada por las Comunas 3 y 5. La huerta agroecológica, por su parte, busca cumplir una misión educativa y ambiental. “Nosotros valoramos muchísimo que los proyectos sean presentados por la comunidad, por las y los vecinos, porque en estos temas como en todos los referidos al lugar en donde viven, deben ser quienes decidan y no los funcionarios detrás de un escritorio”,comentó Celeste Fierro, diputada en CABA por el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST).
¿Cuáles son los principales problemas con los que se enfrenta este proyecto? El primero y principal es el más evidente para todos los actores involucrados: “El GCBA es bastante reacio a destinar las tierras públicas que tiene, aunque estén en desuso, para pedidos genuinos de la comunidad”, reflexiona Volkind, y así lo evidencia el manejo legislativo respecto al tema en 2019. Sin embargo, “la condición del destino impuesta en la donación aún está vigente, por lo tanto el argumento legal [del testamento] es muy importante”, sostiene Jonatan Baldiviezo, abogado fundador del Observatorio del Derecho a la Ciudad.
El segundo problema es el que se confirmó hace unas semanas: la pérdida de estado Parlamentario de “El Rocca para el Barrio”. Tanto De Pérez como representantes del Consejo Consultivo de la Comuna 10 reconocen que en la actualidad el proyecto no tiene tanta fuerza como en los inicios. Por el contrario, el que está ganando visibilidad al día de hoy es el que propone el Club Atlético All Boys (CAAB). Según se comenta por lo bajo en el barrio, la actual dirigencia del club tendría vínculos con legisladores vinculados al peronismo, cuestión que podría beneficiarlos en el tratamiento legislativo de este año.
Los terrenos para AllBoys
En la actualidad, el único proyecto con estado paralamentario es del club. En Monte Castro y Floresta, sobre todo en las inmediaciones de sus predios, se ven carteles que abogan por “El Rocca para All Boys”, con el objetivo de crear un “Centro Educativo Social Cultural Deportivo”. En la línea temporal, el proyecto es posterior al de Pokoik-Penacca y al del barrio. Nació como iniciativa de algunos pocos socios, y recién en 2023 All Boys la hizo propia al crear una subcomisión enfocada en el proyecto, cuya base es la falta de espacio físico para que el club desarrolle y amplíe sus actividades. Desde que se postuló se juntaron 17.000 firmas individuales y 400 de comercios de la Comuna 10. Plantea la cesión del predio por 20 años con posibilidad de prórroga para desarrollar actividades deportivas, educativas, culturales, de interés y beneficio para la comunidad en general, con el eje puesto en el respeto a la voluntad testamentaria de Manuel Rocca. La idea es construir canchas deportivas y salas (teatro/cine, exposiciones), bar, pileta, un estacionamiento subterráneo. Además, se propone ceder el predio a escuelas de gestión pública de CABA, al Poder Ejecutivo local o nacional para actividades varias y políticas de Estado, y a clubes de barrio, sin que afecte el normal desenvolvimiento de las actividades del club. Para que la mayor parte de esas solicitudes puedan cumplirse, CAAB deberá informar anualmente y antes del inicio del año escolar la disponibilidad del predio, con motivo de organizar su uso.
Una de sus caras más visibles es Fernando Moya, excomunero del Frente de Todos (2019-2023) y actual vocal titular en CAAB desde el 2022. Para los defensores de “El Rocca para el barrio”, su nombre es materia sensible: “Cuando estaba de comunero, fue el que gestionó la redacción del proyecto del barrio”, comenta De Pérez. Lo que aquí se ve como traición, para Moya se explica por otro lado: “En la actualidad no estoy de acuerdo con ese pedido porque sé que el Ejecutivo local nunca lo va a hacer, en cambio el club sí puede, y además es el corazón y el núcleo del barrio”, argumenta.
Según Moya y Gustavo De Bella, uno de los arquitectos a cargo del proyecto, la obra prevista en el predio Rocca tiene un costo aproximado de cuatro millones de dólares estadounidenses. Nicolás Cambiasso, exarquero y actual presidente de All Boys, sostiene que la subcomisión encargada del proyecto se propone obtener los fondos “mediante subsidios nacionales e internacionales, mecenazgo cultural, una propia fundación con el apoyo de empresas y de particulares”, además de aportes de privados -sean socios o no- y de préstamos bancarios. En caso de que los fondos se sostengan en el tiempo, De Bella estimó una duración de 10 años de obra. Y, para conseguir que sea tratado el año que viene en la Legislatura, Cambiasso agrega que “se está conversando” con legisladores de distintas bancadas. Hay un elemento complementario: “Santiago Cándido Rocca, el hijo y albacea testamentario primero de don Manuel, fue presidente honorario de All Boys”, cuenta el historiador Tumbarello. Así, el pedido de cesión del predio se fundamenta también en el vínculo entre la familia Rocca y el club.
El argumento que causa más polémica entre sus detractores es lo que el club denomina “reparación histórica”, por las dos “cesiones” obligadas de los últimos cincuenta años. En 1979, la del terreno que hoy ocupa la Escuela Bilingüe para niños, jóvenes y adultos Sordos y Formación Integral N° 29 D.E. 18 Dr. Osvaldo Magnasco, en la manzana entre las calles Miranda, Chivilcoy, Elpidio González y Mercedes. En 1995, parte de lo que hoy es la Plaza Monte Castro (en la manzana contigua a la Escuela, con la que comparten la calle Mercedes). En total, ambos inmuebles suman 2,7 hectáreas contra las 1,2 que tiene el Rocca. Sin embargo, “según el decreto 8938/48, es el Estado nacional quien le expropió a la sucesión de Manuel Rocca el predio donde luego se construyó la Escuela Magnasco, por lo que no era de AllBoys ese terreno”, sostuvo Castiglioni. Y agregó que algo similar ocurrió con el espacio que ocupa la actual Plaza Monte Castro: “Lo usaba All Boys, que tenía cesión precaria, pero terminó siendo un basural y en la época de Jorge Domínguez, último intendente de Capital Federal, hubo un pedido vecinal que concluyó en la apertura de la calle Mercedes y por lo tanto en la división del predio”. Moya reconoció que en realidad “no era formalmente del club, sino que se había empezado a usar pero por la poca infraestructura desarrollada, el intendente Jorge Domínguez lo retomó para la Municipalidad”.
El último argumento se toma de las cesiones que el GCBA les hizo a otros clubes, como a Platense, Atlanta, Ferro y Nueva Chicago (histórico rival de All Boys). Y aunque uno de los principales miedos de quienes defienden “El Rocca para el barrio” es que CAAB venda parcial o totalmente el predio para uso privado de acceso no público, el abogado Jonatan Baldiviezo sostuvo que “en caso de concesión, All Boys no estaría autorizado a vender el predio a ningún tercero”. Y agregó que, si el GCBA finalmente lo vende a un proyecto inmobiliario, “le correspondería iniciar la revocatoria de la donación a los herederos de Rocca, y la ciudadanía también podría ir a la justicia para que se respete el destino de la donación”. En este punto coincidió Castiglioni: “Si los terrenos mutan a una función que no está establecida en la donación, vuelve a sus herederos”.
¿Y ahora qué?
Luego de las múltiples reuniones de la Mesa de Trabajo habilitada por el Consejo Consultivo de la Comuna 10, Sampaolo reconoció que el proyecto de All Boys es el que tiene mayor solidez y el más factible de aprobarse. Sin embargo, también insistió en que desde el Consejo no están de acuerdo con que la totalidad sea manejada por el club, y que al menos en lo que respecta a los espacios educativos, la gestión debería quedar en manos del GCBA. Al día de hoy, el Consejo está trabajando en consensuar ambas partes para presentar un proyecto único como Iniciativa Particular ante la Legislatura. Muy similar es la postura de Rodrigo Cilenti, jefe de despacho del legislador Alejandro Grillo (UxP), quien agrega que es necesario que el Consejo Consultivo sintetice la discusión, acercando posturas para presentar una propuesta que pueda contener ambos reclamos.
Para que el proyecto logre estado parlamentario y sea tratado es indispensable conseguir la firma de aunque sea un diputado. Sampaolo expresa que desde la Legislatura “se espera que el proyecto esté acompañado por la comunidad, por lo que tienen que dejarse de lado cuestiones personales para ponerse de acuerdo y llevar un proyecto común con fuerza”. Pero mientras “desde ‘El Rocca para el barrio’ no están trabajando activamente, los muchachos de All Boys siguen pintando paredes con entusiasmo”. Desde su perspectiva, Volkind sostiene que “los dos reclamos son válidos, pero cuanto más divididos estén, menos posibilidades tienen de que se pueda avanzar”.
Hay algo que está claro sobre el predio y es que, salvo el Gobierno de la Ciudad, ninguno de los actores involucrados quiere que se venda para la construcción de torres residenciales. En estos casos son clave las instancias que puedan originarse en ámbitos públicos de participación, como aquellas que ofreció el Consejo Consultivo, para escuchar todos los reclamos y acercar opiniones disidentes. El predio es de todos y de todas, y perder eso de vista conlleva el riesgo de que se corra el eje de discusión, que gane el cansancio y que, ante el miedo de que permanezca abandonado de manera indeterminada, pese más el “que hagan lo que sea”. En el panorama actual, sin embargo, ese no parece ser el futuro cercano.