Un pulmón verde cartonero floreció en Caballito

Un pulmón verde cartonero floreció en Caballito

Una cooperativa de recicladores urbanos recuperó un expacio público que se convirtió en un ecoparque donde funciona un centro de actividades vecinales.

En Yerbal 1419 se encuentra ubicada una de las sedes de la Cooperativa Recuperadores Urbanos del Oeste (RUO). No solo es un lugar donde acuden más de 1.000 trabajadores que recolectan material reciclable en la calle, si no que, además, es un centro verde que llama al encuentro y a actividades vecinales en Caballito, ya que desde la pandemia se puso en construcción el Parque de los Recicladores. Cuenta con puntos de reciclaje, una laguna natural, distintos tipos de plantas nativas, talleres y charlas informativas. Es reconocido por la Legislatura porteña como refugio climático de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Mariyone es parte del programa de Promotoras Ambientales que impulsa la Cooperativa, comenzó a recolectar materiales reciclables junto con su mamá a los cinco años durante el 2001. “El tema del Ecoparque fue todo un desafío –cuenta-. Durante la pandemia este centro se había cerrado porque no éramos considerados un trabajo esencial, eso implicó que muchos compañeros no pudieran salir a ejercer la tarea diaria y necesitamos buscarle una vuelta para ver qué más podíamos hacer, qué otros puestos de trabajo podíamos generar y qué le podíamos acercar al vecino. Ahí fue que surgió la idea. Esto antes era todo un terreno baldío donde funcionaba un asentamiento hasta que la Cooperativa lo agarró y se empezaron a hacer los galpones, se usaba como un lugar de trabajo. El vecino igual, así y todo, tenía miedo de pasar por la vereda, de acercarse, no entendía cuál era el rol de la Cooperativa en el barrio ni qué era lo que hacíamos”.

Luisa Junco, compañera de Mariyone y recuperadora urbana desde la adolescencia, agregó: “La idea es que el vecino vea en primera persona lo que es el trabajo de las cooperativas, del recuperador y también matar el estigma de que no es bueno el trabajo de los cartoneros o que es un trabajo indigno. Más que nada por eso también la creación de este Ecoparque”. También repasó su historia: “Yo empecé primero acompañando a mi mamá en lo que era recolectar el material reciclable, terminando el sexto año de la secundaria.  Era ver a mi mamá hacer un trabajo que primero me daba como vergüenza, con todo el esfuerzo que hacía. Con el tiempo me fui dando cuenta de que no era lo que yo pensaba. Es algo que lo haces todos los días con mucho sacrificio, más allá de toda la crisis que pasó, este no es un trabajo para que alguien diga que es una vergüenza”.

El programa de Promotoras Ambientales en el que trabajan Mariyone y Luisa surgió en el 2014 por iniciativa de mujeres que dedicaron su vida a este oficio. Mariyone recordó que ellas “eran las que salieron primero sin tener un laburo ni nada, pero teniendo que llevar el plato de comida a su casa de todas maneras. Entonces la pregunta era: ¿Cómo hacemos para ayudar a esas mujeres que ya vienen de muchos años de trabajar tirando un carro con 200 o 300 kilos y que el cuerpo ya les empezó a pasar factura? ¿Qué es lo que podemos generar para que puedan dejar de tirar ese carro?”.

Las promotoras realizan capacitaciones y charlas informativas a vecinos a través de la experiencia que adquirieron trabajando con materiales reciclables durante tantos años. Buscan generar saberes nuevos incluyendo leyes y normativas vigentes. Afirman que es una manera de involucrarse con lo que hay detrás, de separar y recolectar materiales. Luisa señaló: “Lo que es involucrarse también en lo que nos avala, hacer de este un trabajo digno y no tener las problemáticas que se tenían antes de tener un cartonero revisando un contenedor y que te lleven detenido”.

El trabajo de los cartoneros comenzó a tener una mayor visibilización con la crisis social y económica del 2001. La misma provocó que miles de familias que se quedaron sin su fuente de ingreso tuvieran que salir a recolectar materiales, ropa y comida entre las cosas que otros tiraban a la basura. A través de luchas, manifestaciones y reclamos, las personas que ejercían esta labor comenzaron a organizarse en cooperativas, RUO fue una de las primeras en crearse. Sin embargo, aún en 2001 estaba prohibida la recolección de materiales reciclables, el ir a revisar una bolsa que alguien había sacado a la calle era un delito. “Teníamos compañeros, que por ahí pasaban toda la noche en una comisaría, que se les sacaba la mercadería, los carros y los camiones. Era todo muy problemático”, recordó Luisa.

En 2002 se sanciona la Ley 992 de la Ciudad que declara el trabajo de cartoneros como servicio público y de higiene urbana. Reconoce a los recuperadores de residuos reciclables en el sistema y crea un registro de cooperativas distribuyéndolas por zonas de trabajo. Da incentivos económicos, credenciales y un seguro contra accidentes. Mariyone comenta que esta Ley “nos da la tranquilidad de salir a trabajar a la calle sin que nadie te venga a plantear que está mal lo que estamos haciendo”.

Sin embargo, continúa: “Hoy, como está el país, cada vez hay más informales trabajando en la calle. Nosotros contamos con lo que es una lista de espera para personas que se quieren anotar y empezar a trabajar en la cooperativa. Lo que pasa es que es muy poca la gente que podemos hacer ingresar porque el Gobierno da un cierto cupo para las cooperativas, entonces se hace muy difícil con la demanda que hay ahora de recuperadores. También tenemos una lista enorme de gente que está todavía esperando para cobrar”. Sobre los trabajadores informales, para que no pierdan el material recolectado y el esfuerzo del trabajo al llevar todo, lo que hacen en RUO muchas veces es comprarles el material para que puedan llevar un sustento económico a sus familias, más allá de que estén en una lista de espera. La idea es que puedan ingresar al sistema y empezar a tener un ingreso fijo.

Hoy en RUO se trabaja todos los días realizando la recolección del material reciclable en la Ciudad de Buenos Aires en los barrios de Once, Almagro, Caballito, Flores, Floresta, Villa Luro, Chacarita y Palermo. En los galpones del Ecoparque funcionan una escuela primaria y secundaria, tienen talleres de electricidad, carpintería, serigrafía textil, eco-artes, autoabastecimiento, computación, fotografía y talleres de oficio, dándole la posibilidad a los recuperadores para que tengan un espacio también para desarrollarse en lo que les gusta. Muchos también están abiertos para todo el público. Al fondo del predio se encuentran montañas de compost que se generan con material orgánico que llevan los vecinos. También hay un invernadero donde se cultivan todas las plantas del Ecoparque y la huerta.

Mariyone concluyó: “Nos impulsa siempre el trabajo diario, el querer generar unos mejores puestos de trabajo para los compañeros, fomentar ese vínculo entre los recuperadores urbanos y los vecinos de la Ciudad, para que se pueda dar este espacio de trabajo más amigable y que comprendan que los recuperadores urbanos brindan un servicio público a la Ciudad y que no es que están haciendo nada malo”.

Una marea orgullosa y diversa contra el fascismo

Una marea orgullosa y diversa contra el fascismo

Cientos de miles de personas organizadas, sueltas y autoconvocadas se reunieron en una gran marcha del orgullo antifascista y antirracista que se extendió a lo largo del todo el país y a nivel internacional. La movilización en la Ciudad de Buenos Aires convocó una multitud desde el Congreso a Plaza de Mayo.

“Estamos acá. No vamos a parar de seguir defendiéndonos y acompañándonos, y en el proceso de defendernos, encontrar una afectividad mucho más grande, ampliar nuestra red, ampliar nuestra comunidad, abrazar cada vez más causas y construir una nueva humanidad”, expresa una de las fundadoras de la organización El Teje y coordinadora del taller de infancias travestis trans, no binarias, con discapacidad y del espectro autista, Juana Molinari. En medio de la marcha del Orgullo, antifascista y antiracista. La convocatoria definida en la asamblea antifascista LGBTIQ+ autoconvocada en Parque Lezama, fue una reacción a los dichos odiantes del presidente Javier Milei en el Foro Económico Mundial de Davos y la amenaza del gobierno de presentar proyectos de ley para borrar los derechos conquistados y el avances en la legislación como el Cupo Laboral Trans, la figura penal del femicidio y el DNI No Binarie.

El la Ciudad de Buenos Aires la movilización se extendió del Congreso de La Nación hasta la Casa Rosada y participaron fue además de masiva, diversa. A la comunidad LGBTQI+ se sumaron organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional y Abuelas de Plaza de Mayo, sindicatos docentes como Conadu y AGD UBA, ATE, CGT; trabajadores de la economía popular; clubes deportivos; ex-combatientes de Malvinas; centros de estudiantes; movimientos antirracistas e identidad marrón; trabajadores de la salud pública como los trabajadores y trabajadoras del Hospital Laura Bonaparte; jubilados y jubiladas; el colectivo Discas en Lucha, entre otros, cientos de personas sueltas, amigos, familias, que se acercaron a poner un freno al gobierno de Javier Milei que no para de ajustar y avasallar derechos a los y las ciudadanas. 

Abrazar todas las causas

No llueve pero abundan arcoíris. Se despliegan en abanicos al compás de los bombos, maracas y maricas, trompetas y murga. Hay baile. Flamenco y Voguing. El Club de Rugby Ciervos Pampas taclea las figuras de Patricia Bullrich, Javier Milei, el Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, Donald Trump y Elon Musk. Sobre los hombros, las capas multicolor y los niños a cococho. Un bastón en alto entre la multitud es la bandera de un jubilado. De las frentes brota sudor, glitter y protector solar. El sol se refleja en los strasses y atraviesa los paraguas que se abren orgullosos de sus colores. Los puestos de choripan conviven con las hamburguesas veganas. Una camiseta rosa del diez, pecheras blancas de Abuelas de Plaza de Mayo y alguien lleva en el pecho escrito “No es mi wokismo es tu fascismo”. Una gorra rosa dice “Make Argentina Gay Again». Los pañuelos verdes protegen las nucas del sol. Pañuelos blancos se pintan sobre los colores de una bandera de la comunidad, que camina entre celestes y blancas, Palestinas, una roja y negra Antifascista, Whipalas, Mapuches, Trans, No binaries, Tortas, Bisexuales y esvásticas tachadas.

“Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo históricamente abrazaron a las travas, incluso cuando no se nombraba tanto la palabra trans y la palabra trava era un insulto”, cuenta la activista de El Teje Juana Molinari en diálogo con ANCCOM.

Avanza la imagen grabada de una Madre de Plaza de Mayo sosteniendo la foto de su hijo desaparecido mientras otra chica lleva el cartel que dice “Soy hija de una víctima de femicidio”. “Lo que tenemos en común es la defensa de los derechos humanos y la defensa de nuestra existencia. El fascismo lo que ataca es a nuestra existencia”, explica Molinari y concluye: “Algo hermoso y algo histórico que hace nuestro movimiento es abrazar a todas las causas, unirse a la defensa de derechos humanos, unirse a las Abuelas de Plaza de Mayo, unirse a la lucha de jubilades”.

Exceso de fascismo

El bona no se vende, Al calabozo no volvemos nunca más, Como a los nazis les va a pasar adonde vayan los iremos a buscar, Fuera, fuera, fuera facho fuera, Abuelas de la Plaza el pueblo las abraza, Paro, paro, paro general. Los cantos se intercalan, apagan, prenden y resurgen, pero no hay silencio, no es su idioma.

“Lo primero que tenemos que entender es que ese discurso pone nuestra vida en riesgo. Ya hay más de un ejemplo de lo que estuvo pasando estos últimos meses de ataques a lesbianas, el lesbicidio en Barracas y la prendida de fuego a un hogar hace dos días. Eso pone nuestra vida en riesgo”, reflexiona Juana Molinari. Los discursos de odio y la violencia contra las personas de la comunidad aumentaron en los últimos años en Argentina. Según el último informe del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT durante 2023 hubo 133 crímenes de odio en donde la orientación sexual, la identidad y/o la expresión de género de todas las víctimas fueron utilizadas como pretexto para la violencia, un aumento respecto a 2022, (año que tuvo 129 crímenes de odio) y el 2021 (120). El 88% de las víctimas son mujeres trans, le siguen los varones gays cis, varones trans, personas no binarias y lesbianas.

Molinari cuenta que en El Teje se encontraron con “la necesidad de ponerle voz a las experiencias de las adolescencias trans y las infancias trans, sin convertirlos en un trofeo de lucha, sin exponerlos. Son niñeces que tendrían que estar no pensando discursos para combatir el fascismo, sino jugando e imaginando sus posibilidades de existencia por fuera de la norma, y el fascismo les está haciendo pensar en discursos para defenderse. El fascismo y el discurso fascista los usa como trofeo para convertir en enemigos” y suma “(el presidente) Habla de intervenciones quirúrgicas en infancias, de hormonización en infancias y en estos dos años y medio de experiencia no conozco ninguna infancia hormonada ni que haya tenido intervenciones quirúrgicas”.

En referencia a la intención del gobierno de eliminar la figura penal del femicidio, la conductora mediática, Florencia de la V en diálogo con ANCCOM expresó que implica “Retroceder. Es no reconocer lo que sucede con la violencia en las mujeres. Es negar algo que está pasando. Ya murieron 29 mujeres en lo que va del año”. Este dato está respaldado por el observatorio de violencia de género Ahora Que Sí Nos Ven que amplía la información informando que en 2024 hubo 267 femicidios, ⁠28 niñas y adolescentes asesinadas, ⁠319 intentos de femicidios directos y vinculados y ⁠267 niñxs huérfanxs.

Caio Sigmaringa, marica y migrante positiva, miembro fundador de Act Up, denuncia que hubo faltas, cambios y demoras en la medicación para VIH. Además, la Fundación Huésped expuso que el Ministerio de Salud de la Nación despidió al 40% de la planta de la Dirección de Respuesta al VIH y al 30% de la Dirección de Vacunas. Un personal que ya estaba reducido y tenía dificultades para cumplir con las licitaciones, fiscalizaciones y el trabajo de coordinación. En consecuencia los hospitales, “No dan abasto hoy en día que no hay una pandemia y no hay una crisis. Si llega a pasar una crisis, no hay capacidad y no hay financiación. Ahora que no hay presupuesto, no sabemos de cuánto se va a dar. Considerando que también se cortó la prevención, que tampoco hay preservativos, ESI. No sabemos cuántas personas estarán viviendo con VIH”.

En la marcha los octogonales del etiquetado frontal advierten “Exceso de fascismo” “Exceso de racismo” “Exceso de homofobia y crueldad”. La activista Molinari refiere al rol de los discursos de odio y concluye: “El discurso fascista es una estrategia de un plan económico que define quienes pueden acceder al capital y quienes no”.

No me arrepiento de este amor

Los pasos se vuelven más cortos a medida que se llega a Plaza de Mayo. Las distancias se achican, los cuerpos se amontonan, se pierden, encuentran, se funden en abrazos, caricias y mimos. Las manos se toman y los besos se dan. Hay risas y enojos. Se comenta la política, el clima caluroso y las relaciones amorosas. El maquillaje corrido, las botellas de agua vacías, el barro en los pies. Los brazos cansados mantienen las banderas en alto. Las voces afónicas continúan cantando. La policía no avanza, las vallas no encierran, el protocolo antipiquetes queda viejo y en desuso. Para Molinari, la lucha en este momento requiere de cuidado y acompañamiento: “La actividad principal de El Teje dentro de la organización es el acompañamiento político entendido desde la escucha, desde la efectividad, desde el amor y acompañar. Todo lo que implica acompañar desde proteger y garantizar derechos, es todo lo que hacemos y cada vez hay que abrazar a más personas y acá estamos agrandando el abrazo.”

En su camino, la marea antifascista fue dejando grafitis, afiches, brillos, colores, sudor, música, baile y poesía: “Si te odiara, el mundo no se inmutaría: nunca el mundo se ensaña con los que odian. En cambio te amo y todo es catástrofe alrededor: las voces las manos los rostros, todos quieren apedrearnos”.

Sin parar de abanicarse con su abanico multicolor, Flor de la V expresa: “Tenemos leyes que nos abrazan que nos costaron mucho sudor sangre y lágrimas, porque hay mucha gente que murió en el camino, en las calles luchando por eso” y finaliza: “Queremos que las leyes se cumplan. Punto. Ni más ni menos”.

“La salud no es una mercancía”

“La salud no es una mercancía”

Los trabajadores del Hospital Nacional “Laura Bonaparte” realizaron un masivo acto en repudio a la intervención, el vaciamiento y el despido de 200 profesionales de distintas áreas del centro de salud.

Con 200 trabajadores menos, que ni siquiera tienen la garantía de incorporarse en otros hospitales, la comunidad del Bonaparte continúa en pie de lucha contra el desmantelamiento y el ataque del gobierno de Javier Milei a la salud pública.

Entre los profesionales despedidos hay psicólogos, psiquiatras, farmacéuticos y kinesiólogos, y en el camino quedan cientos de pacientes desamparados que no podrán recibir una atención de calidad. El argumento oficial –como en otros sectores– es que existiría una sobredotación de personal y por tanto habría que reorganizar todos los servicios del único hospital de salud mental dependiente del Estado nacional en el AMBA, sin dar escuchar lo que dicen los trabajadores, los pacientes y las familias.

La última convocatoria en defensa del Bonaparte, realizada este viernes 31 de enero en las puertas del establecimiento, en el barrio porteño de Parque Patricios, comenzó al mediodía. Allí se podían ver los carteles, banderas y coloridas pancartas en apoyo a la lucha de sus trabajadores. Además de los profesionales en actividad y despedidos, también participaron de la manifestación agrupaciones políticas, gremiales, centros de jubilados, vecinos, músicos, pacientes y hasta el cura párroco de la iglesia aledaña al Bonaparte que llevó su apoyo al Bonaparte.

Desde el escenario, que incluyó una pantalla gigante, uno a uno fueron expresando su solidaridad, la necesidad de unidad en la lucha y el peligro que significa este gobierno para la salud de todos, que

debería ser cuidada y protegida. A medida que se desarrolló la jornada, se fueron sumando más

participantes y organizaciones para hacer oír, entre aplausos y cánticos, el reclamo de reincorporación de los trabajadores despedidos. En diálogo con ANCCOM, Ramón, jubilado y vecino del lugar, afirmó: “El gobierno debe tener mucho odio y dolor para querer cerrar un

hospital y despedir masivamente a sus profesionales. La educación y la salud son los dos pilares fundamentales que quiere destruir. Esto no va a pasar si hay una continuidad de la lucha, la sociedad tiene que unirse y decir no a estas medidas. Los trabajadores unidos jamás serán vencidos”.

Cualquier persona puede atenderse en el Bonaparte, también niños y adolescentes con problemáticas mentales y consumos problemáticos. Se trata del único hospital de referencia con un servicio de 24 horas en salud mental y –hasta hace poco– con un 0800 disponible para urgencias.

Toda la comunidad del Bonaparte tiene garantizados además servicios de clínica médica, odontología, kinesiología, entre otros, y aparte talleres integradores de escritura y de reflexión para quienes deseen participar.

Los recortes del gobierno se dan en áreas esenciales como internación, fundamental en cualquier hospital para recibir a los pacientes y brindarles tratamientos específicos y de largo plazo. Mariana, una psicóloga despedida del Bonaparte, se refirió a la importancia de defender la salud mental de todos y todas ante el ataque del gobierno: “Es una falta de respeto y un abuso, piensan que

la salud es descartable, no se puede brindar salud de calidad si no hay profesionales para la atención de los pacientes. Recortan los presupuestos para los insumos, ni hablar de los salarios, que están

por debajo de la línea de pobreza. No se puede confiar en el gobierno de Milei, hay que defender a capa y espada la salud hospitalaria. Se llenan la boca diciendo que somos especiales y nos tratan como desechables. La salud mental es indispensable para todos”. “Es mentira que hay una reorganización del hospital –denunció la profesional que trabajó tres años en el Bonaparte–. No nos van a derivar a otros establecimientos, es todo una mentira de este gobierno. Con la salud no se juega, no es una mercancía, no se compra ni se vende”.

La protesta se extendió hasta alrededor de las 20, con la Policía de la Ciudad apostada allí cerca, y en el cierre se pusieron en pantalla a trabajadores del Bonaparte compartiendo sus reflexiones de lo que significa ofrecer un servicio de salud mental abierto a la comunidad.

Como parte del plan de lucha, que hace un par de semanas incluyó un abrazo multitudinario al hospital, los profesionales del Bonaparte anticipan nuevas medidas, entre ellas un paro general de la salud a nivel nacional si los trabajadores despedidos no son reincorporados en el sistema.

¿Dónde está Loan?

¿Dónde está Loan?

El caso que conmocionó al país y captó la atención de los medios de comunicación sigue sin resolverse. A siete meses de la desaparición del niño, no existe ni un rastro que permita saber qué ha pasado con él. Hablan las personas que siguen de cerca la causa judicial.

El 13 de junio de 2024, Loan Peña, un niño de tan solo cinco años, desapareció en el Paraje Algarrobal, una pequeña comunidad rural de la provincia de Corrientes, en el Litoral argentino. Lo que había comenzado como un almuerzo familiar en la casa de su abuela paterna se convirtió de manera paulatina en una pesadilla que aún no termina.

Después de almorzar, Loan salió a caminar con otros niños y dos adultos. Horas más tarde, el niño ya no estaba. Desde entonces, sus padres, familiares y amigos han estado inmersos en una búsqueda desesperada por respuestas, mientras el Poder Judicial intenta descifrar el rompecabezas que explique su desaparición.

Casi siete meses después, la angustia persiste, y hay una pregunta que se repite enfáticamente, pero que aún no tiene respuesta: ¿dónde está Loan?

Aquel día, Loan estaba en la casa de su abuela, Catalina Peña, junto con su padre, José Peña. Según relataron los testigos, después de comer, un grupo compuesto de niños acompañados por Bernardino Benítez y Daniel Ramírez se dirigió a un terreno lindero, que según el primer parte policial de la causa es una “zona inhóspita con frondosa vegetación y caminos sinuosos, con bañados y cangrejales”. Fue allí donde el menor fue visto por última vez.

Lo que siguió fue una búsqueda masiva. Vecinos, policías y equipos de rescate recorrieron el lugar. Se utilizaron drones, perros rastreadores y hasta buzos, que inspeccionaron espejos de agua cercanos. Sin embargo, las esperanzas comenzaron a desvanecerse a medida que los días transcurrieron y no hubo hallazgos. Una de las primeras pistas que surgió fue una zapatilla que supuestamente pertenecía a Loan. No obstante, un informe posterior de Defensa Civil reveló que este objeto había sido colocado intencionalmente, lo que encendió alarmas sobre posibles maniobras de encubrimiento.

El expediente en su laberinto

La investigación, inicialmente en manos del Poder Judicial provincial, pasó al juzgado federal de Goya debido a su complejidad. Desde entonces, siete personas han sido imputadas por su presunta participación en la desaparición, ocultamiento y posible traslado del menor. Entre los acusados, dos nombres se destacan por haber estado con Loan en sus últimos momentos: Benítez y Ramírez. Según las declaraciones de niños que los acompañaron ese día, ambos hombres sostienen que Loan se perdió de vista, pero la jueza Cristina Pozzer Penzo encontró múltiples contradicciones en sus relatos. 

A ellos se suman la esposa de Ramírez, Mónica Millapí, quien habría colaborado con el supuesto plan, y Carlos Pérez y María Victoria Caillava, acusados de haber facilitado el traslado del menor con fines de explotación. En tanto que el entonces comisario Walter Maciel enfrenta cargos por encubrimiento agravado. Puntualmente, se lo acusa de manipular pruebas clave, incluyendo la zapatilla descartada como evidencia válida. 

Por último, Laudelina Peña, tía del niño, fue imputada tras surgir inconsistencias en sus relatos y su rol en el hallazgo de elementos sospechosos que complicaron la investigación inicial. En el medio, infinidad de irregularidades y sospechas en torno a quienes participaron del almuerzo en el Paraje Algarrobal, al accionar de la Policía y del propio gobierno provincial, a cargo del radical Gustavo Valdés.

En primer lugar, para los investigadores resultó llamativo que la madre de Loan -María Noguera, quien no asistió al almuerzo- se enterara de la desaparición de su hijo al menos una hora y media después de que ocurriera. Por otra parte, Benítez se ausentó en medio de la búsqueda y se cambió la ropa, al igual que Ramírez, según consta en el expediente. En tanto que el matrimonio de Pérez y Caillava se retiró para ver por televisión el partido entre River y Deportivo Riestra. A su vez, la mujer hizo la denuncia del hecho a través de un llamado a un policía amigo porque  “no tenía el número de la comisaría”. Un dato que resulta llamativo si se tiene en cuenta que era una funcionaria municipal y los datos de contacto de la dependencia policial son públicos.

También hay un manto de dudas sobre el accionar de Laudelina Peña, tía de Loan, quien actualmente es una de las detenidas. Se la señala por haber reconocido el botín plantado en la escena donde Loan desapareció: “Cuando lo sacamos, estaba todo embarrado que no se le distinguía el color y Laudelina dice ´es el que le regalamos a Loan´, eso también llamó mi atención porque no era posible distinguirlo tan fácil”, detalló una persona que testificó en la causa.

Además, la mujer envió mensajes a diferentes personas diciendo que ya habían localizado al niño desaparecido, pero ya han pasado siete meses y eso está lejos de ser una realidad. Por el contrario, gran parte de la familia Peña está tras las rejas y el paradero del niño es una incógnita sin resolver.

Mientras tanto, las hipótesis son infinitas y el hecho llegó incluso hasta el Papa Francisco, quien -lejos de augurar un final feliz- predijo lo peor: “Una de las hipótesis es que ha sido secuestrado para quitarle los órganos para trasplantes”, sostuvo el Pontífice desde El Vaticano. Pero el prelado no dio precisiones a partir de qué datos construyó esa creencia.

“Es indignante que sigamos sin saber dónde está Loan”

Fernanda Esmay es psicóloga y presidenta de la Fundación Jóvenes de Goya, una de las instituciones que cada día 13, fecha en la que se cumple un nuevo mes de la desaparición de Loan Peña, sale a la calle a reclamar por su pronta aparición. Estas manifestaciones, que nacieron de manera espontánea, primero eran semanales y contaban con una participación multitudinaria de la sociedad. Con el tiempo, y algunos movimientos extraños del círculo cercano a los padres, la participación popular mermó y las concentraciones pasaron a ser mensuales, pero no se detuvieron.

“Somos un grupo reducido los que seguimos yendo”, detalla la activista social en diálogo con ANCCOM. “Se pide justicia, se pide el esclarecimiento, se pide su aparición con vida, pero la verdad es que uno no puede tomar posición respecto a nada porque es una causa sumamente irregular”, analiza la mujer.

“Lo de Loan lamentablemente es algo que está sumamente embarrado. Un millón de hipótesis, versiones, y una causa que fue muy mal manejada desde su principio. Entonces, si bien uno tiene la esperanza de que en algún momento se pueda esclarecer o que pueda aparecer con vida, la verdad es que es todo tan confuso que a veces no se sabe qué es información oficial, qué es hipótesis, qué es mentira y qué es fake news”, remarca.

Esmay pone el foco en las primeras horas tras la desaparición, que las autoridades no pusieron en funcionamiento el protocolo conocido como Alerta Sofía, un sistema de emergencia rápida desarrollado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para coordinar la inmediata búsqueda y localización de los niños y adolescentes desaparecidos. “Implica la difusión masiva y orientada del caso, a través de afiches específicos, medios de comunicación, redes sociales, telefonía celular, dispositivos de las fuerzas federales, etcétera”, explican desde la cartera liderada por Patricia Bullrich, a través de su sitio web.

“La gente circuló con total normalidad por muchísimas horas, que se supone que son cruciales para dar con el paradero”, reclama la psicóloga de Goya. “Todo lo que sucedió en adelante es confuso. Gente que viajaba, gente que se iba y venía del pueblo, organizaciones desconocidas para nosotros, como fue la Asociación Dupuy, que venía supuestamente a asistir a los familiares y que terminaron sospechados de tergiversar los testimonios. Entonces hay un montón de personas que fueron a 9 de Julio y, con tanta gente, una zona que tendría que haber sido cuidada como la escena de un delito, de un crimen, fue transitada por miles de personas en pocos días”, relata.

“Ahí nos dimos cuenta que en realidad no hubo un protocolo para actuar, de que no hay roles específicos en el Estado, de que no hay formaciones adecuadas tampoco, de que en nuestra provincia no existe la figura del defensor de niños, niñas, adolescentes y juventudes… Un montón de ausencias y a la vez un montón de presencias que no tendrían que haber estado hacen que hoy la causa no avance. Pareciera que no tenemos la punta del ovillo todavía, ¿no?”, sostiene Esmay.

A todo esto, para sumarle más interrogantes a lo que ocurrió, cuando la causa ya era tramitada por la justicia federal de Goya, la tía del desaparecido, Laudelina, fue llevada de madrugada a declarar en la justicia provincial. Allí, sorpresivamente, confesó que el niño había sido atropellado por el matrimonio de Pérez y Caillava, a quienes responsabilizó de haber ocultado el cadáver.

Esto fue anunciado con bombos y platillos el pasado 29 de junio por el gobernador provincial Gustavo Valdés, quien celebró el esclarecimiento del caso y sostuvo en sus redes que se había dado “un gran paso en la resolución del hecho”. Finalmente, terminó siendo un anzuelo para los medios de comunicación, que con la ansiedad de tener la última información sobre el resonante caso acabaron mordiendo la carnada.

“Una causa que ya estaba en la órbita de la justicia federal, ellos trasladan a un testigo clave, que debería de haber estado protegida, de manera particular a una fiscalía en el pueblo provincial para dar ese testimonio de un accidente y el gobernador a las 9 de la mañana de un sábado dice se va esclareciendo el caso. Por supuesto, después no se pudo avanzar en esa hipótesis, no citaron a declarar a estas personas que trasladaron a Laudelina y seguimos sin un montón de respuestas y con un montón de preguntas también”, cuestiona Esmay.

“También uno se pregunta si nosotros tenemos independencia de los poderes, ¿cómo es que el gobernador accede de primera mano y a primera hora a un testimonio que debería de ser privado? Ahí teníamos todavía el secreto de sumario ¿Cómo él accede a ese secreto de sumario a una testimonial que se brinda en un fuero que ya no correspondía? En todo caso, en la hipotética situación de que tuviese una información muy valiosa y que hubiera esclarecido el caso, tendría que haber venido a declarar a Goya, que es donde nosotros tenemos la justicia federal”, explica.

La titular de Jóvenes de Goya pone en tela de juicio también el accionar del comisario Walter Maciel, quien tenía antecedentes negativos de su paso por la localidad de Monte Caseros antes de recalar en 9 de Julio. “Ya tenía denuncias por abuso, por violación. En lugar de apartarlo de la fuerza e investigar esas denuncias, acá en la provincia se acostumbra que cuando un policía es denunciado por algo, se lo traslada. Entonces lo que hacemos es mover el problema de ciudad, pero no solucionamos el problema, no abordamos la corrupción que existe, las complicidades entre los diferentes poderes del Estado”, reclama Esmay. A su criterio, “como ciudadanos, estamos en una situación de total indefensión y sobre todo los menores. Nosotros tenemos infancias que son permanentemente vulneradas y violentadas”.

Corrientes es una de las provincias argentinas con mayores índices de pobreza, números alarmantes de mortalidad infantil, casos de malnutrición, violaciones y violencia.

“Loan es un vecino, un niño, que viene a abrir la caja Pandora en la que se disimulan todas estas problemáticas sin asistencia por parte del Estado. Así que el Estado es cómplice desde ese punto también. Por acción y también por omisión, en relación a la ausencia de políticas públicas que sean garantes de derecho y políticas de seguridad que sean transparentes y que nos puedan brindar confianza a los ciudadanos. Se supone que son los que tienen que estar para cuidarnos y protegernos y no para violentarnos”, sostiene la psicóloga. “Lo de Loan viene a poner al descubierto todas nuestras falencias como provincia, pero al momento no se creó ningún protocolo, no se creó ninguna área, no se designó la figura que venimos pidiendo las asociaciones civiles”, cuestiona.

“Es indignante que nuestras infancias estén desprotegidas, es indignante que los protocolos no se hayan aplicado, Es indignante que aún sigamos sin saber dónde está Loan, pero más indignante es que todavía no se hayan tomado cartas en el asunto para que esto no vuelva a pasar. Y en una sociedad que no vela por el presente de sus infancias en una sociedad sin futuro, cuando estamos garantizando el futuro para ellos”, cierra Esmay.

“En todas las hipótesis se atraviesa la Policía”

Hilda Presman es una militante de Corrientes con una extensa trayectoria en la lucha por los derechos humanos. La desaparición de Loan Danilo Peña no solo la conmovió por haber ocurrido en la provincia donde vive, sino también por el accionar de las fuerzas de seguridad.

“Nadie puede decir exactamente qué pasó con el niño, pero todas las hipótesis son posibles y en todas ellas se atraviesa la Policía. Ahora queda más claro con el comisario procesado no solamente por el encubrimiento, sino también probablemente por haber tenido algún grado de participación en la sustracción de Loan”, sostiene, en diálogo con ANCCOM.

“Todo lo que ha surgido en esta investigación sobre la Policía de Corrientes no es una fantasía. El rol de la policía corrupta, de esta cuestión de que se traslada un funcionario que está denunciado por algún hecho de corrupción o por algún delito, y en realidad la respuesta institucional es el traslado, que a veces es un premio, no una sanción, que es lo que pasó con Maciel”, agrega la mujer.

Presman cataloga al excomisario de 9 de Julio como “el brazo armado del poder” y menciona algunos hechos polémicos en los que estuvo involucrado en la localidad de Monte Caseros, su destino anterior, donde estuvo a cargo del desalojo de terrenos y recibió denuncias por abuso de subalternas. Justamente, el alcalde del mencionado distrito era Miguel Olivieri, actual ministro de Planificación del gobierno provincial de Valdés, quien ejerció como una suerte de protector del policía que hoy es uno de los imputados en la causa.

“Partimos de una situación en la que hay una trama de complicidad de facilitación de intercambio de favores entre las fuerzas de seguridad y el poder político”, considera la militante de Derechos Humanos. Para Presman, la reacción institucional es la que “motiva a suponer que hubo algo más”. “No se entiende la participación del gobernador con ese comentario infortunado, ciudadanos comunes y corrientes con abogados de primera línea, un circuito de prensa… Llama poderosamente la atención, así que acá, algo motivó la mirada, por lo menos en lo inicial”, explica.

“No sé decir objetivamente qué, pero la situación de pedofilia existe, la situación de trata existe. O sea, cualquiera de estas hipótesis pueden ser posibles en este escenario donde lo que verdaderamente quedó en el centro de la escena fue el poder”, resalta. Al igual que a Esmay, a la militante correntina tampoco la sorprenden las irregularidades en las primeras horas de investigación. “Eso es parte del comportamiento habitual”, afirma.

“Se corre a un ministro por el escándalo político, pero no pasó jamás por el juzgado. Este ministro de Seguridad es el que avaló el nombramiento de Maciel, su traslado, el nombramiento del comisario de delitos complejos, el nombramiento de todos los altos funcionarios de la policía provincial y es de última el responsable superior jerárquico de todos estos. La Policía es una estructura vertical que obedece órdenes entonces, y ese hombre no fue llamado a declarar”, cuestiona. Y agrega: “Tampoco llamaron a declarar a los fiscales provinciales que son los que embarraron la cancha desde el primer día. No hubo un careo entre el comisario y el fiscal”, agrega.

“Yo no sé lo que pasó con este chico, pero a esta altura me da la impresión que no va a aparecer, ni vivo ni muerto”, sostiene Presman. Por último, reflota el caso del secuestro de la nieta de un poderoso empresario de la provincia para trazar un paralelismo con la desaparición de Loan. En el primero, que involucró a Jorge Goitía, conocido popularmente como El Zar del Juego de Corrientes, las autoridades activaron todos los mecanismos y en menos de un día la encontraron. La niña del Paraje Algarrobal, perteneciente a otra clase social, no corrió la misma suerte. “No es que la Policía no sepa cómo actuar, que tienen que bloquear los caminos y controlar los vehículos y revisar las vías de salida. En aquel entonces, tardaron apenas seis horas en encontrar a la nena y los autores del delito fueron procesados, ahora ya van siete meses y no pasó nada”, cierra.

 

Baños para todos

Baños para todos

En Argentina, más de seis millones de personas no tienen acceso a un baño digno. Una organización de voluntarios construye módulos sanitarios para los sectores más vulnerables de la población.

La falta de un baño adecuado, evidenciada en los últimos censos, es parte de una crisis sanitaria más general, agravada por problemas como la desnutrición y el aislamiento social. En este marco, Módulo Sanitario, una organización de voluntarios, busca mejorar la calidad de vida de las familias que viven sin baño mediante la construcción de soluciones sanitarias y la promoción de hábitos de higiene y salud. En diálogo con ANCCOM, su coordinadora de Desarrollo Institucional, Agustina Aguirre, cuenta cómo un grupo de ingenieros convirtió su proyecto académico en una iniciativa solidaria.

¿Cómo surge Módulo Sanitario?

En 2015, uno de los fundadores, Matías Nicolini, junto a un grupo de amigos, investigaron el tema sanitario por su tesis de ingeniería. Fueron a Ingeniero Allan, un barrio de Florencio Varela, para un proyecto habitacional. Pidieron permiso a una vecina para pasar al baño y descubrieron que aquello que llamaban baño era un inodoro apoyado sobre un pozo en una estructura muy precaria. Matías estudió el tema y ahí empezaron con Módulo Sanitario, con foco en la construcción de baños de la mano de voluntarios.

¿Cuál es su forma de trabajo?

Hacemos entre 200 y 300 baños por año tanto en el conurbano bonaerense como en barrios de Córdoba y San Luis. Estamos en cuatro barrios de la ciudad de Córdoba, en San Luis y en Buenos Aires en Río Luján (Pilar), Ingeniero Allan (Florencio Varela) y Cuartel V (Moreno). Trabajamos sólo baños familiares, no comunitarios. Son prefabricados, todos iguales, como una cabina que se anexa a la vivienda y con calefón. Construir uno nos lleva todo un fin de semana.

¿Tienen criterios de selección?

El proceso de selección es bastante exhaustivo. Analizamos el barrio, el equipo social rastrilla el lugar, cómo es la dinámica y dónde hay posibilidades de quedarnos a largo plazo. Matías empezó en Ingeniero Allan y todavía seguimos ahí, pero nos expandimos a otros puntos. Realizamos censos, vamos puerta por puerta. Preferimos los barrios donde nos podamos asentar con nuestro equipo, planear cómo construir cien baños en el lugar. Buscamos lugares que no tengan que ver con la política ni con la religión. En Módulo hay gente de distintas ideologías, pero trabajamos todos juntos. El proyecto va más allá de lo partidario. Además, trabajamos mucho el arraigo con la gente. En cada construcción tenemos un presupuesto y capacidad física. Ponderamos la urgencia sanitaria de cada familia. No es lo mismo ir con una pareja que trabaja en blanco y tiene el baño sin revoque, que ir con una madre soltera con hijos chiquitos que hacen sus necesidades en un balde. Las familias pagan el 10 por ciento del valor del baño, limpian el terreno y hacen un pozo ciego. Allá no tienen cloacas. Si dejás un baño desconectado, provocás problemas comunitarios y de contaminación.

¿Aceptan a cualquier voluntario?

Tenemos voluntarios de 18 a 70 años, profesionales o no. No se necesita que sean arquitectos o ingenieros. Yo soy voluntaria desde la parte social. Hay muchas actividades como los censos o los talleres de higiene, de instalación y comunitarios para adultos o infantes. Pueden participar en descarga de materiales también.

¿Cómo se financia Módulo Sanitario?

Por un lado, con voluntarios individuales que se comprometen a hacer todos los meses una donación, pequeña o grande. Hay empresas que donan o sponsorean nuestro trabajo, algunas ayudan a construir. Tenemos también fondos internacionales, hay embajadas con proyectos en países en vías de desarrollo como el nuestro. Además, tenemos campañas de recaudación de fondos, buscamos que la gente nos acompañe, hay un trabajo de comunicación permanente.

¿Las familias les abren las puertas de sus casas?

Al principio no nos creen, nos dicen que ya muchas personas les prometieron cosas y no pasó nunca nada. Pero después de la primera construcción vienen los vecinos a preguntarnos para sumarse. Una vez que llegamos y hacemos algo, nos ganamos el aprecio y la confianza del barrio. Compartimos mates, charlamos mucho. Vamos sin juicios de valor y ellos se dan cuenta. Las mujeres nos contaban que les daba miedo que las espíen cuando iban al baño porque las paredes son chapas agujereadas o que les pase algo en el camino porque el baño está a 20 metros de la casa. Incluso les temen a las infecciones urinarias.

¿Qué desafíos enfrentan?

Trabajar en una fundación es estar constantemente buscando fondos. Enfrentamos un montón de desafíos económicos y sociales en Argentina, pero los más difíciles son los humanos. Muchos voluntarios se volvieron a vivir con sus papás y dejaron de donar, hay vecinos que no pueden pagar su cuota del baño porque se quedaron sin trabajo o los voluntarios que van a censar y se enteran que la mujer de la casa sufre violencia de género y hay que acompañarlos a ellos y a las víctimas.

¿Qué cambios observan a partir de la construcción del baño?

En 2025 cumplimos diez años y vamos a producir un informe sobre el impacto de un baño en el hogar. Notamos los cambios en cuanto a comodidad, cuentan que se bañan todos los días, que ahora llegan del trabajo y se bañan. Así ahorran un montón de tiempo porque antes tenían que ir a buscar el agua, calentarla en una pava y lavarse como podían. Ahora enchufan el calefón y listo. También los temas sociales que nos sorprenden, familias que nunca festejaron sus cumpleaños porque no podían invitar gente a la casa por no tener baño. Hay mejoras de salud bucal. Es el baño, pero hay un proceso social atrás. Hay mujeres que nunca nadie las escuchó. Les damos recursos para que puedan cumplir con los pagos y quedan como con un trampolín de energía, muchas consiguen trabajo o venden productos. Hace poco, en San Luis, le llevamos a una mujer donaciones de harina para que pueda vender comida y pagar su cuota del baño. Seis meses después seguía vendiendo empanadas porque le agarró el gusto al emprendimiento y se dio cuenta que podía hacerlo mientras los chicos estaban en la escuela. Nos dimos cuenta que para recuperar a un chico de la desnutrición es indispensable que tenga un baño. Si te bañas no tenés parásitos, que provocan la desnutrición.

Otro show de Patricia Bullrich

Otro show de Patricia Bullrich

El gobierno anunció el desalojo del Lof Paillako en Chubut. Movilizó decenas de efectivos y móviles y cuando llegó al territorio no había nadie.

El operativo ordenado por el juez federal Guido Otranto para desalojar a la comunidad mapuche Paillako del Parque Nacional Los Alerces fue un fracaso. A pesar de que se sabía en el territorio que sus integrantes se habían ido, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el presidente de Parques Cristian Larsen y el gobernador de Chubut Nacho Torres desplegaron desde las 7 del jueves 9 un enorme procedimiento que contó con más de 30 vehículos de la Policía Federal y de Gendarmería, algunos todo-terreno bélicos, un camión de bomberos y cuatriciclos, entre otros, que ingresaron por la mañana a Lof Paillako. Al bajar de su helicóptero, las autoridades no encontraron a nadie. Las tres familias que conforman la comunidad Paillako ya se habían retirado pacíficamente en el transcurso de la semana.

Hace meses que esa comunidad está en el ojo de la tormenta de las fuerzas del cielo del gobierno libertario. La amenaza de desalojo había sido anticipada por la propia ministra Bullrich cuando fue derogado el Decreto 805/21, que prorrogaba la vigencia de la Ley 26.160 con el nuevo Decreto 1.083/24. Esa norma establecía la emergencia territorial y frenaba los desalojos. En este contexto, en diciembre el juez Otranto activó una causa civil contra la comunidad, en aplicación de una ley de la dictadura que los califica de “intrusos”, como si fueran turistas que se colaron sin permiso en el Parque Nacional, cuando en Paillako vive la cuarta generación de nacidos en esa tierra. Es así como el jueves 2 de enero del 2025 personal de Policía Federal junto al intendente de Parques Nacionales, Danilo Hernández Otaño, notificaron a Lof Paillako que tenían hasta el jueves 9 de enero del 2025 para retirarse, sino se utilizaría “la fuerza pública».

Primer acto, movida mapuche

El miércoles ocho referentes de la comunidad y de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) regional Esquel dieron una conferencia de prensa para repudiar y compartir con medios locales, nacionales e internacionales el rechazo al anunciado operativo, en las voces del longko Angel Quilaqueo, Moira Millán, weichafe (guerrera) de la comunidad Pillán Mahuiza, y Mariela Llanquinao, referente mapuche, junto a Raúl Mazone y Nora Rodríguez, (APDH). 

Millán expresó que “el parque se está privatizando, los lugares públicos ya no están y el desalojo se hace porque es tierra que quieren para un negocio”. Acto seguido, llamó a “toda la sociedad argentina a realizar un boicot frente a todos los Parques Nacionales pues no solo es tierra ancestral que pierde la comunidad sino que también es espacio público que pierden los ciudadanos”. Millán afirmó que “la plata de las entradas de Parques Nacionales no va para inversión o para mantener el lugar limpio y protegido, va a parar a los bolsillos de los que se creen dueños del lugar”.

Luego de la conferencia, integrantes de la comunidad mapuche y medios de comunicación, entre ellos ANCCOM, realizaron un relevamiento del territorio de Paillako como un “acto de resguardo para la comunidad”. Mariela Llanquinao, en defensa de la Lof Paillako dijo a esta agencia que “tuvieron que ir implementando como comunidad diferentes medidas para poder resguardarnos y prevenir futuros inconvenientes. Muchas veces han implantado cosas que no eran nuestras, en desalojos, para luego culpabilizarnos”. La actividad consistió en recorrer las tres rucas (casas) y la ruca comunitaria, que también funcionaba como escuelita, que conforman la Paillako. Son tres familias que juntas conforman una comunidad de 20 personas que tenía su propia huerta con animales, asambleas para tomar decisiones en conjunto rodeada de los árboles maitén, considerados como sagrados para la Lof.

 Las puertas llevan pegados carteles para recibir a la comitiva de prensa. En uno de ellos se lee: “Aki se gestó y se parió a una persona de modo libre, en armonía con territorio ancestral. No hay desalojo k despoje esa memoria”.

 La comunidad hace mucho énfasis en las niñeces mapuches que nacieron allí y en cómo un desalojo afecta psicológicamente a sus infancias. Son situaciones violentas a las que ya no quieren exponer a sus hijos, por eso buscaron medios pacíficos para evitar el desalojo. El pueblo mapuche de Chubut y Río Negro ya carga con las heridas de Santiago Maldonado, Rafael Nahuel y Elias Garay. Cuentan que incontables veces pidieron a los diferentes representantes del gobierno en sus múltiples jerarquías lograr una mesa de diálogo, pero en cada oportunidad se les fue negado. 

Segundo acto, movida del gobierno

“Sabíamos que esto iba a suceder así que nos organizamos para que no se encontraran con nadie. Todo este circo es para nada, se encontraron con casas vacías. Es una situación dolorosa pero al menos no están expuestos a ser baleados ni asesinados por el Gobierno” dijo Millán ante el resultado negativo del desmesurado procedimiento policial. En línea con esto, el juez Otranto expresó: “No había ninguna persona en el predio a desalojar”. 

Aunque la Lof Paillako estaba vacía de la presencia física de las familias que la integran, estaba presente su identidad en todo el predio que dicen que les pertenece ancestralmente –son la cuarta generación y sus antepasados son preexistentes al Estado nacional e incluso a Parques Nacionales– y que desde 2020 está en proceso de recuperación. También es probable que policías, gendarmes y funcionarios se hayan topado con los carteles que les dejaron: “Señores winkas: las fuerzas del territorio les están observando”, “aki permanecerán por siempre nuestra gente antigua, nuestros brotes” y “su gobierno caducará, nuestra ancestralidad es permanente, presente y milenaria”.

Pero mientras autoridades y agentes emprendían su aterrizaje en Paillako, en la estación Nahuel Pan del tren turístico patagónico La Trochita integrantes de la comunidad mapuche-tehuelche y militantes de derechos humanos de la zona se congregaron en repudio al desalojo. Colgaron banderas, alzaron carteles y repartieron folletos a los turistas para explicar lo que padecen hace décadas. Hubo un corte momentáneo de las vías del tren, y por el retraso que esto le generó al recorrido apareció la Policía de Chubut. Fue el único momento de tensión, cuando un agente quiso sacar una de las banderas y liberar la traza del ferrocarril. 

La comunidad eligió a la estación Nahuel Pan para reclamar por Paillako porque del territorio que hoy conforma esa estación fueron desalojados, en 1937, 300 familias. En ese mismo año se creó el Parque Nacional Los Alerces. En ese desalojo incendiaron sus casas con ellos adentro. Hay descendientes del desalojo de NahuelPan en Lof Pailako. El longko Angel Quilaqueo de Nahuel Pan nació en medio de un campamento  a orillas del arroyo Montoso, cuando su padre y su madre “andaban desalojados”. 

A pocos kilómetros, Bullrich, Torres y Larsen recorrieron el lugar y descubrieron que los “intrusos” ya no estaban. Izaron una bandera argentina y luego hicieron declaraciones a la prensa. Bullrich manifestó que durante 18 años en la Argentina se usurpaba impunemente y que la propiedad privada había perdido su valor. Por eso el gobierno luchó para poner fin a la Ley 26.160. “Este es el primer desalojo de una serie que marcará el fin de una etapa en la Argentina donde reinó la falta de respeto hacia la propiedad privada”, manifestó.

 

Paraíso en llamas

El viaje en auto desde Buenos Aires a Chubut toma unas 22 horas aproximadamente. Para llegar se pasa por Rio Negro, y en esa parte del trayecto, es posible observar desde la ruta el humo del incendio del Parque Nacional Nahuel Huapi, que se desató en los últimos días de diciembre de 2024 y ya consumió un poco más de dos mil hectáreas de bosque. La tarea de los brigadistas con el actual gobierno es bastante complicada pues despidieron al 50% del total, de modo que la cantidad de manos capaces de apagar el incendio se redujo a la mitad. Deberían ser 700 brigadistas en el país pero apenas son 400. También es cierto que cobran al mes casi lo mismo que gasta Cristian Larsen, el presidente de Parques Nacionales, en un almuerzo: $339.200. Un brigadista sin experiencia gana $470.000 pesos en zonas no frías, en la Patagonia apenas supera los $600.000 pesos el sueldo. El verano pasado, ante el incendio en Los Alerces, el gobernador Torres había acusado a un miembro de Lof Laillako de haberlo iniciado, pero no aportó pruebas ni impulsó denuncia penal alguna.