Las universidades están que arden

Las universidades están que arden

Jun 27, 2025 | Comunidad, Destacado 1

Frente a la falta de respuesta la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, del secretario de Educación, Carlos Torrendell, y del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, docentes, no docentes y estudiantes volvieron a las calles para denunciar la grave situación salarial y el congelamiento presupuestario. Exigen la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El jueves 26 de junio se realizó una nueva marcha universitaria que partió desde la Plaza Houssay, desde allí se inició un corto trayecto que finalizó en la degradada Secretaría de Educación. Docentes universitarios y del Nivel Secundario, estudiantes y agrupaciones políticas, nucleadas en el Frente Sindical, portaron antorchas caseras como elemento simbólico para visibilizar su reclamo: recuperación de salarios, aumento de becas para estudiantes, mayor presupuesto para ciencia y tecnología, y un incremento del presupuesto para las universidades nacionales.

La impaciencia frente al vaciamiento universitario se hacía escuchar en los cánticos: “Si el presupuesto no está/ qué quilombo que se va armar/ ocupamos las calles y tomamos la facultad”. En la gestión del Gobierno de Javier Milei ya se han llevado adelante cuatro movilizaciones universitarias multisectotiales que se realizaron en diferentes momentos entre el año anterior y este, sin embargo, el reclamo sigue siendo el mismo, porque las soluciones no llegan.

Según datos analizados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9 por ciento inferior al del año pasado y acumula una caída del 33 por ciento desde 2023.En este sentido, el presupuesto universitario es el más bajo desde 2006 y la inversión por estudiante es la menor desde 2005.

Clara Echevalier, de la Universidad de Florencio Varela Arturo Jauretche, y secretaria general del Sindicato de Docentes de esa casa de estudios, declaró a ANCCOM: “”Estamos marchando porque el sistema universitario argentino tal cual lo conocemos, con el orgullo que es para la sociedad corre riesgo de desaparecer si sigue siendo afectado presupuestariamente”. Por su parte, Ricardo Aguirre, quien trabajó en la escuela preuniversitaria Carlos Pellegrini durante 30 años, sumó que se moviliza por el bajo nivel salarial de los docentes y el achicamiento de la infraestructura.

Iluminada por la luz de una vela, Dylan Angolosia, estudiante en arte de la escritura de la UNA y presidenta del centro de estudiantes reflexionó: “Un docente es un profesional que se formó y te está enseñando a ser un profesional, pero más allá de eso, la paga que les dan refleja en la calidad de la clase que te pueden impartir”. Por otro lado, la estudiante le recrimina a los legisladores su último aumento del sueldo: “¡A nueve palos y medio!” Ese dinero deberían dirigirlo al pueblo”.

Hasta el momento, los sindicatos universitarios no han sido escuchados, ya que desde diciembre 2023 hasta abril del 2025, la inflación medida creció un 204,8%, mientras que el aumento de sueldos del sector fue del 90,4%. Al reclamo por las condiciones salariales, de infraestructura y presupuesto, ayer también se sumó la exigencia de la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización, además, estuvo acompañada por un paro de 48 horas que finalizará este viernes, convocado por Conadu, Conadu Histórica, Fagdut y CTERA.

“El presupuesto se tiene que conquistar en las calles”, aseguró Lula Wallman, secretaria del Centro de Estudiantes de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA) en representación de las agrupaciones La Fuga y Ya Basta. “No creemos que esto se vaya a resolver en el Congreso –agregó-, donde sabemos que hay proyectos de ley en danza. Este es el Congreso donde sale lo que Milei quiere y lo que no, y Milei lo veta. Así que la confianza está en las calles y no en las instituciones”, agregó.

Néstor Di Milia, profesor del Colegio Nacional de Buenos Aires y secretario gremial de la AGDUBA, explicó que en la actualidad hay miles de docentes renunciando a sus cargos “porque no les alcanza para vivir y buscan otra salida económica y eso trae como perjuicio hacia el futuro la calidad de las universidades argentinas”. En cuanto a los próximos planes, el gremialista expresó que se realizarán, como se viene haciendo, actividades de visibilización de los reclamos hacia adentro de las universidades y de los colegios preuniversitarios.

La marcha de antorchas no ocurrió solo en la Ciudad de Buenos Aires, se replicó en otras ciudades con la intención de que la llama se expanda para que el reclamo por una educación digna y de calidad sea visto por toda la sociedad y en el Congreso de la Nación que aún adeuda la sanción de una ley que la garantice.

Los jubilados no se rinden

Los jubilados no se rinden

Jun 26, 2025 | Comunidad, Destacado 5

Como todos los miércoles, los jubilados marcharon al Congreso para exigir aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Esta vez, recibieron la compañia de los sindicatos que se movilizaron desde temprano al Ministerio de Desregulación.

Otro miércoles de protesta. Los jubilados fueron llegando al Congreso, esta vez más temprano que de costumbre debido a que está entrado el invierno y las condiciones climáticas no son convenientes para este colectivo. El reclamo es sostenido: aumento de los haberes y restitución de medicamentos que brindaba el PAMI de manera gratuita.

Exageración. Otra vez. El operativo policial montado en el Congreso Nacional cada semana se parece más a una parodia. Las vallas que cortaban el tránsito iban desde Av. Entre Ríos e Hipólito Yrigoyen rodeando el palacio legislativo hacia Av. Rivadavia, incluyendo la calle Combate de los Pozos. Apostados sobre Rivadavia, al menos diez camionetas trafic de la Policía Federal, cordones con cientos de oficiales rodeaban las inmediaciones y estaban listos para reprimir en caso de recibir órdenes.

Los jubilados estuvieron acompañados en otras jornadas por hinchas de fútbol, por el colectivo Ni Una Menos y en este caso, por algunos sindicatos que venían de la movilización al Ministerio de Desregulación. También se sumaron trabajadores de ATE del Hospital Garrahan e integrantes del Movimiento Evita.

La nota de color la dio la diputada libertaria Lilia Lemoine quien tuvo que ser escoltada por la policía luego de meterse entre los jubilados a grabar con su celular en una clara provocación. Intentó intimidar a los manifestantes pero le salió mal.

 

Lucha continua

 No sólo los jubilados están en pie de lucha constante sino que el mismo día los trabajadores se hicieron presentes en el centro porteño para movilizarse a la cartera que lidera Federico Sturzenegger. Se suma la lucha de los trabajadores del Hospital Garrahan que atravesaron una nueva jornada de paro y las universidades nacionales que anunciaron un cese de actividades para el 26 y 27 de junio.

Soja sana y poblaciones enfermas

Soja sana y poblaciones enfermas

Jun 25, 2025 | Comunidad, Destacado 3

En los pueblos rociados con glifosato, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados. Los casos de Ituzaingó y Monte Maíz, en Córdoba.

La soja es fundamental en nuestro modelo productivo, su siembra se realiza con semillas transgénicas resistentes a varios químicos, entre ellos el glifosato, desde 1996. Estos componentes lo que hacen es matar a otras plantas que le compiten, como las malezas, funcionando así como un herbicida. Pero el beneficio para la producción agrícola tiene su contracara en las poblaciones cercanas, conocidas como “pueblos fumigados”. En ellos, 7 de cada 1000 personas tiene diagnóstico de cáncer en un año y 50% de los chicos necesitan usar broncodilatadores, asegura Medardo Ávila Vázquez, médico neonatólogo y coordinador de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, desde la provincia de Córdoba.

            Sofía Gatica, una de las fundadoras de las Madres de Ituzaingó, barrio anexo a la ciudad de Córdoba, en diálogo con ANCCOM relata: “Yo veía pasar mujeres con pañuelos en la cabeza y muchos niños con barbijo, las madres tenían cáncer y los niños diabetes”. Ese fue el puntapié inicial para comenzar a investigar lo que sucedía en la zona, golpeando casa por casa, así logró formar lo que denominó “un “mapa de la muerte”. Presentaron este documento en varios ministerios: en el de Salud, el de Medio Ambiente y el de Agricultura, pero el gobierno se negó a investigar. “Cajoneó nuestra nota hasta que llamamos a los medios, salimos a la calle a decir que teníamos cáncer”, recuerda Gatica y explica: “Nos dimos cuenta que el agua que nosotros consumimos tenía agroquímicos”. Los químicos presentes son endosulfán, DDT, malatio, y glifosato.

            Ávila Vázquez, explica sobre los problemas en las infancias y en el desarrollo neuronal: “Si la madre vive en zonas donde fumigan con glifosato y clorpirifos, hay un riesgo muy alto de que los chicos tengan problemas de defensa intelectual”, ya  que las neuronas en presencia de estas sustancias no se ramifican y no se intercomunican, pierden su  capacidad de funcionamiento. “Las ramas neuronales –complementa- son fundamentales para desarrollar nuestra capacidad subjetiva, sensorial e inteligencia”, agrega. En este sentido, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer de la Organización Mundial de la Salud ha reconocido en el 2015 que los herbicidas más utilizados en el mundo (el glifosato y 2.4D) son cancerígenos. Sobre esta misma línea Alejandra Paganelli, doctora de la Universidad de Buenos Aires en el área Biología Molecular, ha demostrado en sus investigaciones que el glifosato afecta el desarrollo embrionario produciendo malformaciones.

Los médicos de estas localidades han tenido reiteradss acciones de protesta contra este modelo, algo que muchas veces les ha traído problemas. Ávila Vázquez, quien se involucró en el estudio exhaustivo de los efectos de los agroquímicos en la salud de los niños, después de conocer la problemática de las fumigaciones hechas públicas por las Madres de Ituzaingó, contó que los productores los odian y los persiguen, además del apriete a los intendentes para que no hagan respetar las ordenanzas que las organizaciones lograron para que no se fumigue cerca de los pueblos. El médico aclara que la industria química sigue mintiendo, dicen que los agrotóxicos no son tóxicos y que el glifosato no hace nada, “es una mentira absoluta”, afirma.

            Es fundamental entender el peso del agronegocio en la economía nacional. Gatica explica: “Fijate que, tanto los gobiernos anteriores, como el de Macri, como éste, presionan a las empresas para que vendan la soja, para que hagan esto. Todo depende de la soja de estos señores”. Eso lleva a que las restricciones en muchas ocasiones no se respeten, nuestro país impone distancias de hasta 1000 metros con áreas de resguardo ambiental. Gatica, declara que pese a la existencia de estas regulaciones, muchas veces no se respetan, porque no hay quien haga el control. 

            Según Ávila Vázquez, docente e investigador de la Facultad de Ciencias Médicas de Córdoba, en la actualidad se usan más de 600 millones de litros de agrotóxicos por año, lo que implica una exposición por argentino de 15 litros por persona. Por otro lado, informa que las aplicaciones de estos químicos son bastante incontrolables, solamente el 20% de los que ellos tiran queda en el campo, el 80% se va al ambiente, terminando así en los cursos de agua.

            En este sentido, Ávila Vázquez junto a Flavia Difilippo, en su investigación explican que el intenso uso de agrotóxicos contamina los cursos de agua, el de lluvia, la tierra y el aire del ambiente agrícola, genera exposición ambiental y laboral a pesticidas, y también genera que los alimentos presenten residuos de estos cada vez más elevados, es así como la soja argentina que se exporta como poroto de soja lleva residuos de glifosato, muy superiores al límite permitido y paralelamente, las verduras que se consumen en la ciudades argentinas contienen cantidades preocupantes del agrotóxico.

            La alternativa posible es la agroecología y la adopción de programas de reducción de agrotóxicos similares a los que se usan en Francia, Bélgica y Dinamarca, asegura Ávila Vázquez: “Con asesoramiento del INTA, con asesoramiento de las facultades de Agronomía, con créditos y sobre todo con el estímulo de las retenciones, nosotros podríamos ir bajándole las retenciones a los productores que usen menos o no usen agrotóxicos, como lo han hecho Francia y Bélgica. No lo ha hecho prohibiéndolo, sino induciendo a los productores a cambiar el modo de producción”.             

            En 2016, la Red de Prevención de Monte Maíz, en el sudeste de la provincia de Córdoba, y el Municipio de esa localidad le solicitaron a miembros de la Red de Médicos de Pueblos Fumigados en la Facultad de Ciencias Medicas de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) un análisis socio-ambiental de la población. Allí se hizo un estudio ecológico observacional para verificar la contaminación con un análisis geográfico, químico y epidemiológico tranversal de prevalencia de enfermedades. Monte Maíz tiene 8.000 habitantes, allí se encontraron con 35 vecinos recientemente enfermos de cáncer. Según la OMS la población evaluada debería tener 11 casos. La tasa de mortalidad es de 38% debido a cáncer o tumores, mientras que las cifras de Buenos Aires no superan el 20%, ciudad de referencia. Se encontraron además que los casos de vecinos con enfermedades respiratorias obstructivas tipo asma, hipotiroidismo, lupus erimatosa se encuentran duplicando o triplicando las tasas de prevalencia en poblaciones de referencia a nivel provincial o internacional.

            Hace años se divulgan diversas publicaciones sobre las consecuencias de la exposición a estas sustancias en los seres humanos; sin embargo, las instituciones gubernamentales siguen aceptando solamente los estudios que le proporcionan las mismas empresas. Mientras tanto, en los pueblos fumigados, el 50% de las personas que se muere en un año, lo hace a causa del cáncer.

            En el 2019, Chubut se convirtió en la primera provincia del país en prohibir en todo su territorio el herbicida glifosato, y la provincia de Misiones quiso seguir este mismo camino, prohibiendo en 2023 este mismo químico en su territorio, su aplicación comenzaría a regir a partir de este año. Sin embargo, en 2024 se decidió postergar la implementación de la ley hasta el 2030. La Sociedad Rural presentó muchas resistencias en este último caso tachando la ley de inconstitucional. Hace una semana, la Corte Suprema de la provincia de Santa Fe confirmó que los agrotóxicos producen daño a la salud y fijó los mil metros a la redonda de las poblaciones como límites a las fumigaciones. Un paso para que la producción agrícola sea más amigable con sus habitantes.

Meta problemas

Meta problemas

Jun 18, 2025 | Comunidad, Destacado 5

La Junta de Supervisión interna le exigió a Mark Zuckerberg que respete los derechos humanos en Facebook e Instagram. Así, le dio la razón a organizaciones que plantearon cuestionamientos sobre contenidos distribuidos por las plataformas que incitan a la violencia.

Mark Zuckerberg en el video que publicó el 7 de enero de 2025 anunciando el cambio en las políticas de la plataforma. Captura de pantalla.

La Junta de Supervisión (Oversight Board) de Meta selecciona y analiza en última instancia algunas decisiones sobre qué contenidos circulan o no en Facebook o Instagram. Funciona como una suerte de autorregulación que creó Mark Zuckerberg el 6 de mayo de 2020. Actúa como un organismo de independiente para revisar decisiones de contenido polémicas tomadas por la empresa y ofrecer un proceso de apelación para los usuarios que no están de acuerdo con las mismas. 

El 27 de mayo, Derechos Humanos – América Latina publicó una nota sobre el caso de una publicación realizada por un grupo extremista religioso, La Resistencia, que incitaba a la violencia contra la defensora de derechos humanos en Perú.

La publicación mostraba el rostro de la Secretaría Ejecutiva de la Coordinación Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), la cual había sido manipulada con inteligencia artificial para mostrarla cubierta de sangre junto a un mensaje que la acusaba a ella y a su organización de supuestos actos de corrupción y violencia. El posteo alcanzó más de mil visualizaciones y 100 reacciones.

A los tres días, la publicación fue denunciada por un usuario de la red social por violar las políticas de Meta. La denuncia fue atendida por un moderador humano que determinó que la publicación debía permanecer en línea por estar conforme a esas políticas. La decisión fue apelada, pero automáticamente la queja fue cerrada por Meta, por lo que la publicación siguió circulando.

“Los intermediarios en Internet no deberían desentenderse de la responsabilidad corporativa que tienen sobre el impacto que el uso de sus plataformas conlleva en términos de desinformación, discursos de odio o circulación de discursos discriminatorios, como así tampoco de los efectos que ello puede generar sobre el debate público”, opina Bernadette Califano, investigadora adjunta del CONICET, doctora en Ciencias Sociales, especialista en políticas y regulación de medios.

La Junta de Supervisión de Meta decidió de manera unánime que la publicación en cuestión constituía una amenaza “implícita o velada” de violencia, que contraría la Política de Incitación al Odio de Meta. Y rechazó la interpretación hecha por Meta respecto de la imagen como no problemática, fundamentada en que las barreras que tenía la plataforma contra el contenido violento y la desinformación en sus redes fueron suprimidas.

En un video que publicó el 7 de enero de 2025, Zuckerberg anunciaba un cambio en las políticas de la plataforma. Comenzaba saludando con un “es hora de volver a nuestras raíces en torno a la libertad de expresión en Facebook e Instagram”. Y presentaba el reemplazo de los Fact–Checkers (Verificadores de Datos) por las Community Notes (Notas de la Comunidad). “Esto hizo Elon Musk en X (ex Twitter). Después de que Trump ganó las elecciones en 2016, los medios tradicionales no paraban de hablar de que la desinformación era una amenaza para la democracia. Nosotros intentamos, de buena fe, abordar esas preocupaciones sin convertirnos en árbitros de la verdad. Pero los Fact–Checkers (verificadores de datos) han estado demasiado sesgados políticamente y han destruido más confianza de la que crearon, especialmente en EE. UU”, explica la experta consultada por ANCCOM.

Califano agrega que “el discurso que expresa el CEO de Meta para desmantelar los sistemas de verificación de sus plataformas a favor de la libertad de expresión se revela falaz. Hay que recordar que el derecho a la libertad de expresión conlleva responsabilidades específicas.” En su mirada, “es un derecho que está sujeto a restricciones legítimas, tal como lo establecen varios tratados y pactos internacionales en materia de derechos humanos. Esas restricciones son necesarias para asegurar el respeto a los derechos de los demás, la reputación individual, la seguridad nacional, el orden público y la salud pública.”

Otro anuncio de Meta fue que reajustaron los filtros de contenido para requerir un nivel de certeza mucho más alto antes de eliminar publicaciones. “La realidad es que esto implica un equilibrio: significa que detectaremos menos contenido dañino, pero también reduciremos la cantidad de publicaciones o cuentas de usuarios inocentes que eliminamos por error”, dijo Zuckerberg.

Por último, anunció que recomendará más contenido político en sus plataformas, incluidas Facebook, Instagram y Threads; y que trasladarán los equipos de Trust and Safety (Confianza y Seguridad) y Moderación de Contenido, de California a Texas.

No alcanza

Carolina Martínez Elebi, licenciada en Comunicación que investiga el impacto de las TIC en los derechos humanos, afirma que “la diferencia en este caso es que no es solo un veredicto, sino que la Junta de Supervisión le está diciendo a Meta que la flexibilizaron en las políticas de moderación, que propone desde enero de 2025, no cumplen con las normas de derechos humanos dentro de las plataformas que el propio Zuckerberg posee.” Y agrega que “a la Junta le parece que la empresa tomó esas medidas sin hacer el debido análisis en cuanto a derechos humanos y sin evaluar el impacto de estas políticas”.

No solo la propia Junta de Supervisión señaló a Meta, sino que también, hace unas semanas, la gubernamental Comisión Federal de Comercio (FTC) de Estados Unidos denunció a Meta de prácticas monopólicas. También sus multas en Europa continúan y su carrera tecnológica con China, a simple vista, no lo muestran como el candidato predilecto a ganar. 

El giro trumpista de Meta, como lo menciona Martin Becerra en sus análisis sobre el tema, pareciera que todavía no le dio ninguno de los beneficios que pensó conseguir. Según Becerra, “el objetivo explícito de mimetizarse con Trump se justifica, en palabras de Zuckerberg, por la necesidad de que el Gobierno apoye a las big tech estadounidenses ante la creciente competencia china, que las priorice en contrataciones estatales y que las proteja de multas y regulaciones legales en Europa.”

Martinez Elebi suma que “Meta es una de las plataformas que censuró a Donald Trump cuando fue la toma del Capitolio el 6 de enero de 2021. Ahora trata de congraciarse con el gobierno de turno para evitar problemas políticos, económicos y legales. Estas plataformas operan y toman sus decisiones en función de capitalizar y acumular poder económico y político”.

Según los reportes oficiales de Meta Platforms Inc. de 2024, el número de usuarios activos en sus redes sociales a nivel global es de tres mil setecientos millones en Facebook, dos mil cuarenta millones en Instagram, dos mil setecientos ochenta millones en WhatsApp, y ciento cincuenta millones en Threads; siendo la población mundial unos ocho mil quinientos cincuenta y seis millones de habitantes. Con estos números, el año anterior, Facebook tenía dentro de sus usuarios casi a la mitad de la población mundial, siendo de esta forma la red social más grande del mundo.

Sin embargo en la página web de Meta, en la sección Noticias, su directora jurídica, Jennifer Newstead, y exasesora jurídica del Departamento de Estado de los Estados Unidos titula en un escrito: El caso de la Comisión Federal de Comercio de EEUU contra Meta es débil e ignora la realidad. Y se explaya explicando que la Comisión Federal de Comercio de EEUU para intentar ganar el caso alega que los únicos competidores de Meta son Snapchat y MeWe. Para Newstead, falta tener en cuenta Tiktok, Youtube y X. También suma que: “Es absurdo que la FTC intente desmantelar una gran empresa estadounidense al mismo tiempo que la Administración intenta salvar a TikTok, que es de propiedad china.”

 

Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Los jubilados le hicieron «ooole» a la policía

Jun 12, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Como todos los miércoles, marcharon reclamando aumento de haberes y restitución de medicamentos gratuitos. Pero esta vez se movilizaron a Plaza de Mayo y dejaron en ridículo al megaoperativo de seguridad en el Congreso. Solidaridad con Cristina Kirchner.

A cualquier desprevenido que haya pasado la tarde del miércoles por las inmediaciones del Congreso le habrá llamado la atención el fuerte operativo de seguridad: vallas, patrulleros y efectivos bloqueando la Avenida Callao desde Corrientes hasta Belgrano y calles paralelas. Podría pensarse que se trataba de una manifestación masiva, algo que quizá justificara semejante despliegue. Pero el que decidiera continuar a pie, zigzagueando entre calles cortadas hasta llegar finalmente a la Plaza de los Dos Congresos, se toparía con una escena bastante distinta: no había nadie. El caos de tránsito en pleno microcentro porteño no respondía a una protesta multitudinaria, sino a una decisión policial que, en los hechos, cercó una plaza que estuvo vacía durante gran parte del día.

“Ahora los piqueteros son ellos, la yuta” bromea Manuel Gutiérrez, representante de la Mesa Coordinadora Nacional de Jubilados, mientras se acomoda con sus compañeras sobre Plaza de Mayo. Esta tarde, los jubilados decidieron cambiar su itinerario para acompañar al personal médico del Hospital Garrahan que, después de un “abrazo simbólico” al hospital, marcharon desde el Obelisco hasta Casa Rosada. Minutos antes de las 16, y luego de haber realizado el tradicional acto con radio abierta de todos los miércoles, los jubilados formaron una columna para caminar por Avenida de Mayo hasta llegar a Casa de Gobierno, donde los esperaban, además de los trabajadores de salud, múltiples movimientos y sindicatos que decidieron unificar sus reclamos para que sus voces alcancen mayor potencia, sumado a decenas de ciudadanos que se acercaron a manifestar en repudio de la decisión de la Corte Suprema de mantener firme la condena a la exvicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, lo que generó que la mitad de la plaza se colmara de manera espontánea.

Sin embargo, el viaje de los jubilados por Plaza de Mayo no estuvo exento de la habitual violencia policial. “Los compañeros venían desplazándose bien, rápidamente, ágilmente, digamos, en la medida de lo posible con los años que cargamos en la espalda. Y bueno, de golpe vinieron a empujar. Empujando a personas de 70, 80 años, con lo que implica eso”. Cuenta Manuel, sin abandonar el humor que lo caracteriza, como lo confirman sus compañeras. Según pudo confirmar ANCCOM con la Defensoría del Pueblo, el accionar de las fuerzas de seguridad tuvo como saldo la fractura de la pierna de una joven que acompañaba a los manifestantes cuando los efectivos de la Policía de la Ciudad comenzaron a empujarlos. “Luego de eso, se formó un cordón policial de esquina a esquina en la Calle Santiago del Estero que impedía que la manifestación siga avanzando. Se produjeron muchas situaciones de tensión entre los militantes y la Policía porteña. Finalmente terminaron avanzando por la Avenida de Mayo y la policía por la vereda”, confirmó la mujer, quien prefirió no revelar su identidad.

El 4 de junio, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto que propone un aumento excepcional del 7,2 % en los haberes jubilatorios y eleva el bono extraordinario de $70.000 a $110.000, con actualización mensual ligada al índice de movilidad. Además, restituye la moratoria previsional para quienes no completaron 30 años de aportes. Ahora el proyecto aguarda su tratamiento en el Senado, aunque el Gobierno ya adelantó que lo vetará si se aprueba, argumentando su impacto sobre el equilibrio fiscal. “Es la continuidad de la política cruel de Milei, que se ha ensañado con los jubilados y nos lo hace sentir cada semana. El corazón de su programa económico es mantener el equilibrio fiscal a costa de los jubilados y trabajadores”, denunció Manuel Gutiérrez.

Frente al Cabildo, un camión con altoparlantes dispuesto por los empleados del Hospital Garrahan disparaba diversas consignas como un “RCP colectivo al Garrahan” o coreografías y cantitos contra el Presidente de la Nación, Javier Milei y su Ministro de Salud, Mario Lugones. “Hace dos semanas que iniciamos el reclamo y, de parte del gobierno, no nos dieron respuestas. Hoy tuvimos una reunión y ellos no se presentaron. La primera vez que fueron hicieron como que no sabían por qué estábamos reclamando, cuando todo el país lo sabía. Así que mañana nos reuniremos nuevamente todos los trabajadores del hospital para ver cómo continuamos con la lucha. Cualquier decisión la comunicaremos de manera inmediata”, cuenta Romina Cabrera, especialista en Pediatría e integrante del Área de Neonatología del hospital, además de contar con una diplomatura en Traslado Neonatal. A día de hoy, un médico pediatra del Garrahan cobra menos de $800.000 mensuales, muy por debajo de los $1.110.063 que necesita una familia tipo para no ser considerada pobre en Argentina según datos del INDEC relevados en abril del 2025.

Dentro de la pluralidad de voces que se escucharon esta tarde, se encuentra la de Juan José Luis, un trabajador eléctrico despedido de la empresa Industrias Juan F. Secco, una multinacional dedicada a la generación de energía y servicios asociados en toda América Latina. Junto a otros 36 compañeros —también cesanteados— formaba parte de un equipo especializado en energía móvil, conocido popularmente como “los bomberos de la luz”, por su rol clave en situaciones de emergencia eléctrica. Organizados en una agrupación de base que integra la Fetera (Federación de Trabajadores de la Energía de la República Argentina), denuncian despidos direccionados como represalia por su activismo sindical y por defender la calidad del servicio que prestaban. Exigen la reincorporación y advierten que el desmantelamiento del área impacta directamente en el acceso a la energía en zonas críticas del país. “Somos los que llegábamos cuando se reventaba un transformador, cuando había una inundación o un incendio. Reconectábamos la energía y devolvíamos el servicio al pueblo o a una fábrica. Hoy ese servicio se está desmantelando, la gente sigue pagando tarifas más caras, pero ya no estamos nosotros ni el servicio que dábamos”, relata Juan José.

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Una planta de hidrógeno verde oscuro

Jun 11, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Vecinos y vecinas de Colón, Entre Ríos, y Paysandú, Uruguay se oponen a la construcción de una refinería de 400 hectáreas que impactaría sobre el medio ambiente y la actividad económica de la región.

Los habitantes de Paysandú y Colón comparten inquietudes por un megaproyecto que transformará sus playas, el turismo y por ende, su economía. Las playas vírgenes del país uruguayo pasarán a ser la sede de una planta de hidrógeno que modificará también las vistas que tiene por el momento la ciudad entrerriana, convirtiéndose así, según los vecinos, “en el patio trasero de esta fábrica”.

En Paysandú, Uruguay, la multinacional HIF Global, quiere construir una planta de hidrógeno verde que ocuparía 442 hectáreas. Sin embargo, tanto los vecinos de Paysandú como los de Colón, Entre Ríos, se han pronunciado en contra debido a la falta de contemplaciones sobre el impacto que causaría en las zonas aledañas.

Leonardo Belassi, del colectivo Paysandú Soberano, explicó a ANCCOM que la instalación de la multinacional en Paysandú podría revertir la mejora en la calidad del Río Uruguay. La ciudad sufrió años de contaminación industrial, y estaba recuperando sus playas y su zona costera, con potencial para el turismo. Belassi advirtió que esta nueva actividad industrial podría significar una «afectación gravísima» al disfrute del río y al desarrollo turístico de la región.

El gobierno uruguayo, sin embargo, mostró un fuerte interés en este proyecto, que se enmarca dentro de la llamada hoja de ruta del hidrógeno verde en el país vecino. El apoyo no se vio replicado por los vecinos de Paysandú, que juntan firmas para expulsar a la empresa de la región junto con otras asociaciones de Colón. “En la Constitución –explica Balassi- hay un artículo que prevé que cada departamento tiene la posibilidad de convocar a una iniciativa la cual su población decida sobre un determinado tema”. Para que ello ocurra, sus habitantes deben recolectar quince mil firmas y ya cuentan con cerca del 80%.           

Los habitantes de Colón, también han expresado su preocupación por la instalación de la empresa que estaría frente a sus costas, a sólo dos kilómetros del lugar. Carlos Seratti, integrante de la organización Somos Ambiente, comentó que el problema con este tipo de industrias es dónde y bajo qué condiciones geográficas se realiza. En Colón hay una actividad importante y sobresaliente con respecto al turismo que se vería afectada. “Primero porque hay una modificación estética. Todo lo que está enfrente, que ahora son áreas naturales, va a cambiar y se va a instalar una refinería que ocupará un tercio de la superficie de la ciudad de Colón. Es como si fuera una ciudad más, iluminada con toda la tipología de una industria. Tanques, cañerías, iluminación de noche, en fin, chimeneas”, describe. Los vecinos denuncias que la nueva instalación afectará la economía de gran parte de los habitantes de la cuidad que viven del turismo. A esto se le suma una afectación a la biodiversidad de la zona, que ya sufrió sus primeros cambios debido a los procedimientos de barrido que realizó la empresa en la zona.

Pese a todo, HIF Global colocó en sus documentos como área de influencia directa el territorio uruguayo hasta la orilla del Río Uruguay, explicando que se corresponde con un ambiente rural y con baja presencia de viviendas, donde no se identifican sitios sensibles, tales como: escuelas, hospitales o centros recreativos en un radio a tres km de la planta. Sin embargo, estas afirmaciones parecen contrastar con la realidad si se tiene en cuenta que Colón es una ciudad balnearia, con una población de 58 mil habitantes, a menos de dos kilómetros de distancia.

El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, le envió el 11 de marzo una carta al presidente de la Mancomunidad Tierra de Palmares e intendente de la ciudad de Colón, Jose Luis Walser, donde le manifiesta el respaldo del Gobierno provincial en la solicitud de relocalización del proyecto de la planta, que es el pedido que defienden también las distintas asociaciones ambientalistas de la zona.

Desde ambos lados de la frontera, según los activistas consultados, hay un desconocimiento generalizado sobre la instalación de la empresa. Esto es debido  al secretismo que ha rondado el proyecto desde sus comienzos, dado que se les negó a los vecinos el derecho de acceso a la información pública.

En el 2024, el Movimiento por un Uruguay Soberano denunció al Poder Ejecutivo antes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el “incumplimiento” de no brindar la información correspondiente al memorándum de entendimiento que se firmó con HID Global. El secretario de presidencia, de la gestión de Luis Lacalle Pou, Rodrigo Ferrés, explicó en su momento que esta sería la mayor inversión privada de la historia, la que alcanzaría la cifra de seis mil millones de dólares y generaría alrededor de tres mil puestos de trabajo en su etapa de construcción. La justicia falló a favor de la organización.

Con respecto a la generación de puestos de trabajo en Uruguay, surgieron ciertas inquietudes debido a la visita de representantes de la empresa Techint E&C en la zona de Colón para consultar sobre la disponibilidad hotelera para alojar a cerca de 1.500 trabajadores argentinos, si bien no se confirmó que la empresa Techint E&C esté colaborando con HIF Global en el proyecto de Paysandú, se sabe que ambas empresas trabajaron juntas en el proyecto de combustibles sintéticos en Chile en el 2024.

“Esto pone en riesgo la buena convivencia que existe entre Paysandú y Colón –señala Belassi-, porque son dos ciudades que desde hace muchos años saben lo que significa la una para la otra. Hay mucha relación, hay familias ensambladas entre las dos ciudades, hay buena vecindad”. Por otro lado, los representantes de las organizaciones a ambos lados del río comentaron sus intenciones de buena voluntad y disposición para que este conflicto se solucione de manera pacífica.

La empresa producirá en la planta además del hidrógeno verde, metanol, que es un compuesto tóxico, venenoso e inflamable, que combustiona con mucha rapidez, tiene la particularidad de evaporarse con la temperatura ambiente y aumentar su volumen 400 veces. “Si se escapan 1000 o 1500 litros o metros cúbicos de metanol acá enfrente es una bomba de tiempo para nuestra población”, explica Belassi.

El acuerdo entre el Gobierno uruguayo y la empresa, que se concretó en el gestión del expresidente Lacalle Pou y estuvo cargado de secretismos y arbitrariedades. Leonardo lo confirma ya que, en las votaciones que dieron paso a que se apruebe el proyecto, dos ediles hicieron gestiones para que recibiera a un integrante de su grupo y a otro de Somos Ambiente. A pesar de ello, lo hicieron a puertas cerradas y aunque estas sesiones en su regularidad se graban y transmiten por Youtube, se cortó la emisión justo cuando ellos expusieron sus argumentos, lo cual generó que solo los ediles se enteraran del perjuicio de la colocación de la planta y se restringiera así, la difusión de la postura de gran parte de los vecinos y vecinas.

Frente al cambio de Gobierno, con la asunción de Yamandú Orsi se abrieron expectativas. El nuevo presidente, se reunió con la empresa para negociar este acuerdo considerando algunos aspecto sociales, económicos y ambientales, además de incluir la opción de que Ancap, una empresa pública estatal, pueda participar del proyecto.

 

Mientras tanto, algunos de los vecinos de Colón juntan firmas para pedir la relocalización de la planta y los de Paysandú piden directamente expulsar a la multinacional de la región. Leonardo Belassi adelantó que el 15 de junio realizarán un festival de música donde junto a artistas locales, se manifestaran contra la refinería. Mientras tanto, los habitantes de la región uruguaya siguen esperando la visita del Ministro de Ambiente para expresarle sus inquietudes.