Por Carolina Greco
Fotografía: Pamela Duran

Organizaciones de la sociedad civil exigen al Congreso de la Nación que derogue el decreto de Javier Milei que desregula la tenencia de armas. Denuncian que es un paso hacia la libre portación.

Organizaciones civiles enviaron una carta dirigida al Congreso de la Nación para solicitar el rechazo al Decreto 445/2025 de Javier Milei, el cual elimina el ANMaC (Agencia Nacional de Materiales Controlados), y lo transforma en el nuevo RENAR (Registro Nacional de Armas). La Red Argentina para el Desarme (RAD), con el apoyo de 30 organizaciones nacionales e internacionales, lanzó un comunicado en el que advierte los riesgos que esta medida implica, declarando que expone a la sociedad al aumento de la violencia con armas de fuego. Además, sostiene que el decreto es un peligroso paso en la dirección de la libre portación de armas. 

El 1º de julio pasado el Gobierno inició a través del Decreto 445/2025 la desregulación de las funciones y responsabilidades de ANMaC, un ente descentralizado en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autarquía económica financiera, encargado del control y fiscalización de la Ley de Armas y Explosivos N  20.429. El decreto sustituye a la agencia por el RENAR, al mismo tiempo que lo vuelve un organismo dependiente del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich. Adicionalmente, la decisión elimina el Fondo de Promoción de Políticas de Prevención de la Violencia Armada, estableciendo que su financiamiento será absorbido por el presupuesto del Ministerio de Seguridad.

La Red Argentina por el Desarme, conformada por la Asociación Civil Alfredo Marcenac, la Asociación para Políticas Públicas (APP), el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) y el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), lleva 20 años de investigación y experiencia en la problemática de armas de fuego. Es la principal impulsora de la Ley 27.192, la cual dio origen al ANMaC y a sus funciones en 2015, aprobada por el Congreso de la Nación de forma casi unánime. Hoy, vuelven a alzar la voz con el mismo reclamo: no permitir que la circulación de armas aumente.

“Mueren ocho personas por día a causa de armas de fuego, y contrariamente a lo que aparece en los medios, la mayoría de esas muertes no se producen en situaciones de robo o asalto», dice Bouyssede.

Mónica Bouyssede, cara visible de la RAD y madre de Alfredo Marcenac, joven de 18 años asesinado el 6 de julio de 2006 por un legítimo usuario y portador de armas, declara ante ANCCOM: “Mueren ocho personas por día a causa de las armas de fuego, y contrariamente a lo que aparece en los medios de comunicación, la mayoría de esas muertes no se producen en situaciones de robo o asalto. Los datos que hemos recopilado en estos 20 años de trabajo, muestran que el problema es mucho más serio porque casi la mitad de esas muertes diarias corresponden a suicidios y accidentes”.

El 21 de agosto a las 17:30, en lugar en el que fue asesinado Alfredo (Cabildo 1740) se realizó un acto de campaña por el desarme para concientizar a la ciudadanía de las medidas del gobierno. Según Aldana Romano, integrante de la junta directiva de INECIP, «la intención fue hacer una intervención en el espacio público para llamar la atención sobre este tema». Participó la banda El Plan de la Mariposa para colaborar con la causa de la RAD y homenajear a Alfredo Marcenac. Se repartieron panfletos y pines, se exhibieron algunas obras de arte donadas por artistas y Mónica, su mamá,  fue la portavoz del discurso central.  

“Seis de cada diez homicidios se cometen con armas, y casi el 50% de esos homicidios se dan en conflictos interpersonales, es decir en una confrontación entre vecinos, en ámbitos domésticos, o incluso en situaciones de violencia de género”, señala. “La idea instalada en el imaginario colectivo de que las armas proveen seguridad es muy peligrosa porque lejos de brindar protección, aumentan exponencialmente los riesgos”, y afirma: “Necesitamos desmitificar estos criterios que son falsos”.

Romano sostuvo que “las medidas que tomó este Gobierno, lejos de brindar mayor protección a la ciudadanía, no hacen más que boicotear una posibilidad muy concreta de poder intervenir en el mercado ilegal”. Y agrega: “A diferencia de otros mercados, como el de las drogas, es muy difícil esconder una fábrica de armas, porque la industria que se necesita para desarrollarla requiere una serie de exigencias que no permiten esconderla. Es decir que un arma ilegal, comenzó siendo legal”, explicó.

Tanto Romano como Bouyssede coincidieron en que los circuitos ilegales se proveen de armas que fueron hurtadas en casas de familia, incautadas en destacamentos policiales o robadas de los depósitos judiciales: “La mayor parte de los desvíos sucede con las armas que están en comisarías, exhibidas detrás de vitrinas porque no hay lugar para guardarlas”, manifiesta Romano. “Si aumentamos la cantidad de armas circulantes, hay más posibilidades de que lleguen a ese mercado criminal”, agrega Bouyssede.

“Si existe la posibilidad de controlar todo el proceso, desde la fabricación, el transporte, la comercialización y finalmente la destrucción, tenés muchas más posibilidades de incidir sobre ese mercado ilegal. Pero si se desmantela la agencia responsable de controlar y se eliminan las funciones centrales de destrucción, ya no va a haber control sobre ningún momento de la vida del arma”, expresa Romano.

El reclamo no es nuevo: “Nosotros luchamos durante muchos años para que se modificara el RENAR, encargado desde 1973 del control, y que funcionaba como un mero registro. No se ocupaba de controlar el volumen de las armas”, cuenta Bouyssede y sigue: “Hoy hemos vuelto a un organismo registral que por supuesto, no controla”. Si bien esta desregulación formal es propia del Gobierno actual, la RAD ya venía denunciando en mandatos anteriores la falta de intervención, alegando que hoy existen un total de 11 inspectores para la supervisión de todo el país. Romano revela: “Nos hemos sentado a discutir con todos los gobiernos, de todos los colores políticos. Este es el único gobierno que no nos ha recibido”.

Para Martín Angerosa, integrante de la comisión directiva de ILSED, la intención del Gobierno es clara: “La flexibilización que se está llevando a cabo es por una cuestión de fanatismo político. Hay una minoría que ha tomado el mando político de la agencia de control y son quienes proponen los proyectos. Detrás de esto está el tráfico y el comercio internacional de armas. Lo que hay es una explicación desde el punto de vista económico y quieren hacer ese negocio en Argentina”, dice.

Para la RAD, el Ejecutivo ha estado tomando medidas a cuentagotas, iniciando con la reducción de la edad para acceder a un arma de 21 a 18 años y la tramitación de la “tenencia express” a principios de 2024. También hacen referencia a la autorización de fusiles semiautomáticos por el Decreto 397/2025. Instrumentos anteriormente prohibidos en el país y comúnmente utilizados en tiroteos masivos en Estados Unidos. Sobre esto, Angeroso señala: “Con la reducción de la edad se incorporan al mercado legal un millón y medio de potenciales usuarios y compradores de armas de fuego, es un negocio”. Por otro lado, Romano describe que “desconocemos qué implica la tenencia express en términos de supervisión. Si esto significa mermar controles como ha implicado muchas veces, estamos frente a un problema muy serio”, y afirma con determinación: “La promesa de campaña de la libre portación de armas la están cumpliendo”.

Con respecto a las expectativas de que el Decreto sea rechazado, desde INECIP Romano afirma que “mínimamente hay que dar la pelea. Venimos trabajando desde hace 35 años en la reforma del sistema de justicia penal, pensando en que una democracia de calidad, solamente es posible si tenemos una justicia de calidad. Vamos a seguir insistiendo”. Por parte de la RAD, Bouyssede reflexiona: “En el pasado, la creación del ANMaC fue aprobada casi por unanimidad. Hoy nos preguntamos qué van a hacer nuestros legisladores como representantes de la ciudadanía. Pero será responsabilidad de ellos, las muertes que ocurran por no tomar las medidas que deban tomarse”.