Condenaron a prisión perpetua a uno de los asesinos de Tehuel

Condenaron a prisión perpetua a uno de los asesinos de Tehuel

Luis Ramos fue sentenciado por homicidio agravado por odio a la identidad de género. Oscar Montes, el otro acusado, aún no tiene fecha de juicio. Es la primera vez que la Justicia de Argentina trata el asesinato y la desaparición de una masculinidad trans.

Este viernes, pasado el mediodía, el Tribunal Oral Criminal Nº 2 de La Plata condenó a prisión perpetua a Luis Ramos por el homicidio calificado, agravado por el odio a la identidad de género, de Tehuel de la Torre. La condena sienta un precedente histórico. Norma Nahuelcura, mamá de Tehuel expresó en la puerta de los Tribunales, rodeada por el activismo: “Esto no termina acá porque queremos que se condene al otro responsable y que se siga buscando a Tehuel para que descanse en paz”.

Fue el final del proceso oral y público que había empezado el 15 de julio y que duró siete largas audiencias. “Este es el primer juicio en el país de una masculinidad trans. Se han juzgado femicidios y travesticidios, pero este es un caso emblemático” declaró Mónica Galván, presidenta de la Asociación de Familiares y Amigxs de Tehuel en diálogo con ANCCOM. “La justicia tuvo hoy la posibilidad histórica de hacernos ver como una comunidad que lucha por nuestros derechos y nuestras conquistas”, expresó Galván. En su mirada, “la perpetua es la condena más cierta sobre nuestros reclamos porque nos permite a nosotros pensar que puede haber realmente una justicia con perspectiva de género y diversidad”. 

El juicio

Los jueces Claudio Bernard, Silvia Hoerr y Ramiro Fernández encontraron que había “indicios precisos y contundentes” para determinar que entre la noche del 11 de marzo de 2021, última comunicación que Tehuel tuvo con su familia y la madrugada del 12,  dos masculinos, uno de ellos Luis Alberto Ramos, perpetraron el homicidio de Tehuel y ocultaron su cuerpo, que sigue desaparecido.  El otro acusado, Oscar Montes, eligió que se lo juzgue en un juicio por jurados, para el cual aún no hay fecha confirmada.

En la casa de Ramos, los peritos hallaron manchas hepáticas que coincidieron en un 99,99% con el ADN de un hijo de Norma Nahuelcura y Andrés de la Torre, padres de Tehuel. A través de la geolocalización del teléfono del joven, se determinó que la última vez que emitió señal fue en la casa de Ramos, donde también se halló la carcaza quemada de un celular y restos de la campera que Tehuel llevaba puesta ese día. Los viajes registrados en su tarjeta SUBE, junto con una selfie donde se lo ve con Montes y Ramos,  también fueron determinantes para probar que al momento de su desaparición, Tehuel se encontraba en la casa de este último. 

En su alegato, la defensa  de Ramos expuso que al no encontrarse el cuerpo de Tehuel, su muerte violenta no está acreditada por falta de pruebas directas. Ante ello, el tribunal determinó que en ausencia de prueba directa, se recurre a los testimonios e indicios, ya que son punto de partida para la reconstrucción de los hechos.

A lo largo de las audiencias, la querella pudo probar que el asesinato de Tehuel fue un crimen de odio por su identidad de género. A través de testimonios se comprobó que Ramos lo llamaba “chica-chico”, se refería a él en femenino y hasta dijo que Tehuel era hermosa y “un desperdicio de mujer”.  Una de sus exparejas, Catalina Salas, declaró que acosaba a las mujeres y que “no le gustaba que hombres estuvieran con hombres ni las mujeres con otras mujeres.” 

Tehuel conocía a Ramos por su militancia en el MST. Por su identidad de género, al joven le costaba conseguir trabajo. Michelle Leyes, pareja de Tehuel, testificó que en una entrevista laboral le negaron el puesto “por si se arrepentía de su identidad y quedaba embarazado”. Ramos se aprovechó de esta situación ofreciéndole trabajos y prestándole dinero, generando así una relación de dependencia económica. Lo último que sus familiares supieron de Tehuel fue que “tenía una entrevista de trabajo con un tal Luigi”,  Luis Ramos. 

Al momento en que se pronunció la sentencia a cadena perpetua por homicidio calificado motivado por el odio a la identidad de género, la sala se estremeció en un gran suspiro de alivio por parte de los asistentes. La sentencia fue presenciada por activistas de la comunidad LGBTIQ+, como Florencia Guimaraes, la ministra de Mujeres y Diversidad bonaerense Estela Díaz y familiares de víctimas de violencia institucional como Rosa Schonfeld, mamá de Miguel Bru asesinado y desaparecido por la policía, y familiares de Johana Ramallo. 

El tribunal también exigió medidas de reparación integral, como la creación de un protocolo especial para la búsqueda de personas LGBTIQ+ desaparecidas y la declaración de la emergencia social en violencia por prejuicios hacia las personas travestis trans. 

 

La convocatoria 

Este viernes a las 11 de la mañana la Asociación de Familiares y Amigxs de Tehuel  convocaron en las afueras del Tribunal para esperar la sentencia, donde asistieron diferentes organizaciones y personas autoconvocadas, exigiendo justicia por el transhomicidio. 

Al terminar la lectura del veredicto, una multitud esperaba a Norma bajo la lluvia al grito de “¿Dónde está Tehuel?” y “Tehuel presente ahora y siempre”. Luego salió Cristian Ariel Gonzales, abogado de Norma Nahuelcura, quien se acercó a la radio abierta que funcionó bajo un gazebo en la calle. “Gracias a todes quienes nos ayudaron a tener los elementos para lograr una condena de transhomicidio, llamemos a las cosas por su nombre” y agregó: “Muchas personas se me acercaron para decirme gracias, pero tengo que decirles gracias yo a ustedes por la confianza. Soy una persona cisgenero que tomó la responsabilidad con mis compañeres de dar una representación al colectivo.” 

La alocución siguió con la mamá de Tehuel, quien agradeció el acompañamiento de todas las personas que se acercaron a la puerta del tribunal durante todo el proceso. “Para mí -dijo- esto fue un alivio. Todavía falta otro juicio más y voy a seguir para adelante. Conseguimos lo que queríamos, conseguimos la justicia.” 

Monica Galván cerró agradeciendo a la abogada Flavia Centurión y a todo el equipo de abogados integrado por Gonzalez, Pilar Rodríguez Genin y Dolores Amaya. “Confiamos que en el otro tramo vamos a ir por la justicia también,  acusando a Montes por perpetua”, agregó. 

Bajo la lluvia, continuaron los abrazos de emoción, los tambores y los cantos, las fotos y la alegría de que, en este primer tramo, el tribunal haya hecho justicia. “No podemos parar de sonreír”, exclamó Galván. 

Muy alejado de este clima, el papá de Tehuel, Andrés de la Torre, consideró que la condena es “un fracaso porque aún no se  sabe dónde está mi hijo”.

Presentaron un informe latinoamericano sobre represión a la protesta

Presentaron un informe latinoamericano sobre represión a la protesta

Veintitrés organizaciones defensoras latinoamericanas elaboraron “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales» que analiza la represión a la protesta en el continente.

El miércoles 28 de agosto, mientras la Policía Federal golpeaba a los jubilados y jubiladas en el Congreso, no muy lejos de ahí se presentaba el informe “De pies a cabeza. El uso letal de las armas menos letales en las protestas sociales en América Latina”, con un panel organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina y Temblores ONG, de Colombia. Los oradores fueron Victoria Darraidou del CELS; Alejandro Rodríguez de Temblores ONG; Felipe González, oficial de derechos humanos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH); Matías Aufieri, abogado del Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CEPRODH) y Gina Romero, relatora de libertad de reunión de la Organización de la Naciones Unidas (ONU).

Este documento recupera el trabajo realizado por 23 organizaciones y fue presentado el 9 de noviembre del 2023 en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reclamar y demandar controles y regulaciones sobre el uso de las “armas menos letales”. El escrito releva y sistematiza patrones de un ejercicio  criminal al emplear estas armas en contexto de protestas sociales. El informe se refiere a las que tienen características que sin ser de fuego revisten letalidad en su uso: gas pimienta, balas de goma, camiones hidrantes. 

Quienes las producen, comercializan y las usan se refieren a ellas como “armas no letales”. Bajo esta idea de menor letalidad es que se produce un uso extendido y desregulado, en contextos de protesta social, de estos armamentos. A su vez, se da en un marco en que los gobiernos de la región que ven a la protesta social y a la expresión de manifestarse en la calle como un delito y estigmatizan a que quienes protestan caracterizándolos como violentos y terroristas, a quienes es necesario reprimir y desorganizar.

El estudio nace de una preocupación compartida por distintos países de la región que observan cómo los Estados no están garantizando los derechos y garantías de huelga, reunión y protesta. El texto también hace hincapié en cómo los gobiernos adquieren estas armas, en cómo el uso de fuerza es más letal según la población a la que se reprime, que el uso masivo de estas armas genera un uso indebido en donde muchas veces no existen protocolos de uso y la capacitación es casi nula.

También, es notorio como desde los gobiernos no se producen cifras sobre las víctimas de estas armas, sean muertos o heridos. En síntesis, quienes elaboraron el informe reclaman la necesaria rendición de cuentas por parte de quienes monopolizan el uso de la fuerza. 

Al finalizar la presentación se abrió el micrófono a dudas, consultas, preguntas y debate. Entre quienes tomaron la palabra estaba Amy Booth, periodista del Buenos Aires Herald especializada en política, derechos humanos y desarrollo global en América Latina, quien se preguntaba sobre qué rol tendría que asumir la prensa en este contexto. Mientras que Matias Molle, diputado del frente Unión por la Patria, consultaba sobre si existían ejemplos de buenas prácticas de estas armas. A su vez, otro participante del público abrió el debate en torno al concepto empleado por los expositores durante la charla, el de pacificidad de la protesta. 

En cuanto al rol del periodismo los panelistas resaltaron el valor del fotoperiodismo para atestiguar los hechos ocurridos y las violencias ejercidas por parte de las fuerzas policiales hacia los ciudadanos que ejercen su derecho a huelga. También subrayaron la importancia de las narrativas públicas que se realizan en torno a la protesta, porque muchas veces se crea una especie de profecía autocumplida en donde estos estereotipos que se crean en primer instancia a nivel discursivo luego buscan ser convertidos en realidad.

Con respecto a ejemplos de buenas prácticas de las armas menos letales, los oradores nombraron a Ecuador como un buen ejemplo en cuanto a una regulación que tiene en cuenta muchos de los contenidos de  los tratados a nivel global en cuanto a derechos humanos.

Sobre el concepto de pacificidad de la protesta se dio un intercambio entre los expositores y el público en donde se preguntaron: ¿cuándo una protesta deja de ser pacífica? Y si dejara de serlo, ¿qué pasaría? ¿Cuál debe ser el accionar de las fuerzas policiales frente a ello? Y, en relación al rol de la prensa titulando noticias con expresiones como “Grafitti violento», el interrogante fue: “¿Qué es violencia, un grafiti?” 

La organizaciones que elaboraron el informe

Las 23 organizaciones que participaron de la elaboración del informe son: Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Argentina; Temblores, Colombia; Justiça Global, Brasil; Terra de Direitos, Brasil; Colectivo de Abogados y Abogadas José Alvear Restrepo (CAJAR), Colombia; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad – Dejusticia, Colombia; ILEX Acción Jurídica, Colombia; Campaña Defender la Libertad: Asunto de todas, Colombia; Fundación Comité de Solidaridad con los Presos Políticos, Colombia; Observatorio Ciudadano, Chile; Centro de Estudios y Promoción de los Derechos Humanos de la Universidad de la Frontera, Chile; Núcleo Interdisciplinario de Derechos Humanos, Chile; Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (INREDH), Ecuador; American Civil Liberties Union (ACLU), Estados Unidos; Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (COFADEH), Honduras; Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH), México;Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), Perú; Kilómetro 0, Puerto Rico; Programa Venezolano de Educación – Acción en Derechos Humanos (PROVEA), Venezuela; Omega Research Foundation; Amnistía Internacional; Organización Mundial contra la Tortura (OMCT) y el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL).

El último preso por manifestar contra la Ley Bases

El último preso por manifestar contra la Ley Bases

A casi 80 días de la represión a quienes reclamaban contra la norma que sostiene el andamiaje del ajuste y la desarticulación del Estado del Gobierno de Javier Mieli, ANCCOM fue parte de la comitiva que visitó en el penal de Ezeiza a Roberto de la Cruz Gómez, último detenido por ejercer su derecho de protesta.

De los 33 detenidos, encarcelados y acusados por terrorismo e intento de golpe de Estado en aquella lejana manifestación del 12 de junio contra la Ley Bases en el Senado, 32 fueron liberados. La repentina absolución de Daniela Calarco el miércoles pasado cambió los planes de la conferencia de prensa planificada frente al Complejo Penitenciario Federal de Ezeiza, que contaría con la presencia de Adolfo Pérez Esquivel, Myriam Bregman y organismos del Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Sin embargo, el único detenido que queda, Roberto de la Cruz Gómez sigue allí dentro, sin causas lógicas y pruebas suficientes que justifiquen sus 79 días de encierro en el penal, y sin indicios de una pronta liberación.

Son casi las dos de la tarde y Nahuel Perkal, integrante de la CORREPI, consiguió pasar el gran portón corredizo ubicado en la colectora de la Ruta nacional 205, a 30 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. A lo lejos, ya dentro del predio, está Bregman esperando afuera del pabellón de visitas. Junto a ella están Guillermo Pistonesi, abogado y dirigente nacional del PTS, y Grisel Lyardet, uno de los testimonios públicos más conocidos por la liberación de su hermana Sasha, una de las detenidas. 

 

—¿Qué hacemos? -insistió la exdiputada. Pérez Esquivel no responde al teléfono. El día anterior cargó con una larga jornada en la Cámara Baja por el pedido de expulsión de los legisladores libertarios que visitaron a represores condenados en la cárcel de Ezeiza.

 

—Ya es la hora, entremos. Nos debe estar esperando -se contestó a sí misma, y entraron.

Las visitas a un detenido en el penal de Ezeiza no son nada fáciles de gestionar. Más aún cuando se trata de un preso político con causas más intimidatorias que reales por la falta de pruebas: incitación a la violencia colectiva, daño agravado, atentado y resistencia a la autoridad, perturbación del orden público. Otras que ya nadie recuerda, pero alguna con calificación suficiente para considerarlo como delito federal. Llamada entrante para el fiscal Stornelli. 

 

—Solo ingresan las personas que están autorizadas, que gestionaron un permiso, que lo pidieron en Dirección Nacional, el que no está acá…-lanza al aire la guardia del pabellón, alargando las sílabas finales. 

 

Bregman, sobre el ingreso, agrega que “nosotros tuvimos que pasar 45 minutos de muchísimos controles, dos scanners, incluso revisaron absolutamente toda la comida que trajimos para Roberto. Todo eso es lo que no pasaron los diputados y diputadas que visitaron a los represores condenados por delitos de lesa humanidad”. 

La defensora oficial que atiende a Roberto de la Cruz Gómez presentó un pedido de excarcelación. Con el antecedente de la liberación de Daniela, hay expectativas de que se lo libere pronto. Si no fuera así, Pistonesi explica: “La causa está tan floja de papeles que es evidente que van a tener que liberarlo porque no tiene ninguna prueba que lo pueda incriminar sobre la carátula que le pusieron. No hay fotos, no hay filmaciones, no hay nada. Por lo tanto, lo peor que puede llegar a suceder es que vaya rápidamente a un juicio oral y allí no hay forma de que no sea liberado. Es inevitable, por más de que Stornelli quiera inventar cosas no tiene nada”.

 

Y para vos, ¿por qué continúa detenido? 

 

—Porque Roberto ahora es un rehén. Como si dijeran “Miren que si salen a luchar, les va a pasar esto”. Es una forma de amedrentar al conjunto del movimiento obrero y popular, con un contenido político muy preciso.

 

Bregman asegura que “con esto intentan plantar un precedente para el conjunto de quienes nos manifestamos siempre.” ¿Cuál es ese precedente? Que no se puede protestar.

 

—A Roberto lo encontramos de muy buen ánimo, esperanzado de poder salir porque sabe que su detención es totalmente ilegal. Nos recibió con cartas, flores de papel maché, y una torta que hizo para compartir con nosotros. Con esa misma fuerza que tiene, nosotros seguiremos peleando por su libertad.

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

“Las escuelas en Neuquén son verdaderas trampas mortales”

Por séptima semana consecutiva, los docenes de Neuquén se encuentran de paro. Reclaman mayores salarios, mejoras en la infraestructura y más presupuesto para el refrigerio de los estudiantes. También hay conflictos en Misiones y Entre Ríos.

Los docentes de Neuquén finalizan su séptima semana de lucha y anuncian la continuidad de las medidas de fuerza frente al silencio del gobierno de Rolando Figueroa. En Misiones y Entre Ríos también están en conflicto.
Los maestros y maestras neuquinos denuncian el grave estado de las escuelas, el ataque al régimen de licencias y las maagras partidas para refrigerios de 140 pesos por alumno.
“El gobierno tiene la política de sentarse a esperar que el paro se deshilache solo. Pero estamos en la séptima semana y tenemos un 75% de acatamiento”, declaró a ANCCOM Angélica Lagunas, Secretaria General de ATEN Capital.
El pasado viernes la asamblea de ATEN acordó un paro de 72 horas que comenzó el martes, jornada en la cual se llevaron adelante volanteadas en rutas. El miércoles se realizó una marcha en Neuquén capital que recorrió desde la Legislatura hasta la Casa de Gobierno, donde estiman que hubo diez mil personas. Hoy se convocó nuevamente a asamblea, donde por mayoría decidió la continuidad del paro para el lunes y martes de la próxima semana.

El reclamo tiene tres ejes. Por un lado, se exige un aumento de las partidas para los refrigerios escolares. “En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas. 

También exigen al gobierno un aumento del presupuesto educativo destinado a infraestructura.  Esta semana se llevó a cabo el juicio por la explosión de una escuela en Aguada San Roque, que ocurrió en junio del 2021 y donde fallecieron tres trabajadores en lo que Lagunas llamó “un triple crimen laboral”. Asimismo, el lunes en la Escuela N° 68 del paraje Collipili, al norte de la provincia, explotó un termotanque causándole quemaduras a un auxiliar de servicio.  “Las escuelas son verdaderas trampas mortales, porque no se destina el presupuesto necesario para que estén en condiciones”, alertó la dirigente.

El tercer eje de los reclamos exige la derogación de la Ley  de Adicional al Desarrollo Profesional Docente, que ataca el régimen de licencias y establece un plus salarial para quienes no faltan. Los primeros días de julio antes del receso invernal los docentes neuquinos se encontraban en las aulas luego de haber acordado, al principio del año, un aumento salarial. El gobierno de la provincia presentó, trató y aprobó rápidamente un proyecto de ley en la Legislatura. “Nosotros decimos que es un plus extorsivo, ellos dicen que es para premiar a quienes van todos los días a trabajar”, aclaró la secretaria general. 

La ley plantea un plus salarial del 15% para aquellos docentes que no falten más de tres veces durante un trimestre, sin superar las dos faltas mensuales. También establece un plazo mínimo de cuatro meses de permanencia en el puesto para los suplentes, como condición básica para acceder al régimen de licencias. Lo que sucede es que los plazos de licencias del docente titular no son prorrogables ni acumulativos, por lo cual “el suplente va a ser el eterno suplente de los 30 días. Nunca va a cumplir los cuatro meses, ni hacer uso del régimen de licencia”, explicó Lagunas. 

Con el bono salarial del 15% por presentismo y el descuento a quienes hacen paro, el gobierno provincial busca resolver el ausentismo docente. Desde el sindicato replican que esa no es la herramienta, y que lo que podría resolver el problema sería que una maestra con un sólo cargo pueda tener un sueldo que cubra  la canasta familiar. “Acá el problema es que ni el cuerpo ni la mente se bancan la situación de desgaste que significa la condición laboral que tenemos”, afirmó. 

“En Neuquén uno de cada dos chicos se va a dormir sin comer”, explica Lagunas.

En ese sentido, desde ATEN rechazan la política del Gobierno nacional, acompañada por los dirigentes provinciales, de determinar la educación como un servicio esencial. De acuerdo a la ley, aquellos servicios declarados como esenciales deben garantizar, incluso en jornadas de protesta, que se brinde un 30% del servicio. Esta medida afectaría considerablemente el derecho a huelga y quitaría a los docentes una herramienta de lucha clave: el paro. Además, desde ATEN sostienen que el servicio esencial viene a “dinamitar lo poco que queda de la escuela pública” al definirla como un servicio que se ofrece, se compra y se vende como una mercancía.  “La educación no es un servicio, es un derecho y quienes tienen la obligación de garantizarlo son los Estados nacional y Provincial”, sostuvo la dirigente.

En búsqueda de que los docentes vuelvan a las aulas pero sin proponer una mesa de diálogo, el gobierno provincial abrió una línea de WhatsApp destinada a que padres, familiares, directores y demás trabajadores de las escuelas, informen el estado de las instituciones en los días de paro, como así también qué docentes se adhirieron. Para Lagunas,  lo que busca la medida es inclinar la balanza en favor del gobierno dentro de la comunidad educativa: “Nosotros tenemos un trabajo muy importante realizado con directores y directoras, que son compañeros de trabajo, no son patrones, no son funcionarios”. En ese sentido, Lagunas explicó que estos compañeros han decidido no informar al gobierno quiénes paran “primero porque no es su trabajo, y segundo porque el paro no es una novedad, es una acción colectiva que se informa donde debe ser informada“.  A partir de este accionar, el gobierno no obtuvo la información necesaria para descontar los días de paro a quienes lo acataron, por lo que hizo un descuento general. Para Lagunas eso le genera al gobierno un doble problema, ya que quienes fueron a trabajar e igual percibieron el descuento, es probable que se sumen al próximo paro, y segundo porque los padres y madres no han acatado masivamente el pedido. 

En ese sentido, la gremialista reconoce que la situación es muy compleja y que estar de paro por séptima semana genera un cansancio normal  en la comunidad que pretende que haya clases. Si bien existe un grupo llamado Padres Autoconvocados que exigen a los docentes el regreso a las aulas, admite que “la comunidad obviamente no aplaude que haya paro docente, pero en su mayoría ha entendido que la responsabilidad de cada día que pasa sin clases, es del gobierno y que debe resolverlo convocando a una mesa de diálogo”. 

Pero tras casi dos meses de conflicto ni el gobernador Rolando Figueroa ni la ministra de Educación Soledad Martínez han dado respuestas. 

De la Patagonia al Litoral

Estos reclamos se replican en diferentes puntos del país. En Misiones, desde el principio del ciclo lectivo los docentes se manifestaron por el aumento salarial y las mejoras de sus condiciones laborales. Los trabajadores de la educación realizaron paros con un porcentaje muy alto de acatamiento, movilizaciones, cortes de ruta y  asambleas públicas que se extendieron por toda la provincia y lograron duplicar sus salarios hasta el medio millón de pesos. Ahora se encuentran haciendo paros y asambleas para concientizar sobre el impacto negativo que tendría la ley nacional que declara la educación como “servicio esencial”.

 En Entre Ríos la situación escaló un paso más. Los docentes sostienen que desde el comienzo del año, sus salarios han perdido un 30% de poder adquisitivo.  De esta manera, dos semanas atrás, la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (AGMER) votó por la realización de 48 horas de paro los días 22 y 23 de agosto. La medida de fuerza no pudo llevarse a cabo ya que el gobierno respondió con una conciliación obligatoria.  A través de esta medida, los docentes se ven forzados a suspender por el plazo de 20 días cualquier tipo de protesta. 

En respuesta al accionar del gobierno misionero, los padres y familiares de los niños se organizaron para no enviarlos a la escuela, en solidaridad con el reclamo docente. “Por un sueldo digno para nuestra seño y para todos los docentes”, era una de las frases que circuló vía WhatsApp en los grupos de madres y padres, junto con la convocatoria en apoyo al reclamo.  Tanto en Misiones como en Neuquén surge un apoyo concreto de las familias que exigen soluciones a los gobiernos y no a los maestros y maestras. conflicto y reanudar las clases”. 

«Muchas familias aún esperan saber dónde están los restos de sus familiares»

«Muchas familias aún esperan saber dónde están los restos de sus familiares»

Comenzó el juicio contra cinco ex militares de la Fuerza Aérea acusados por 131 crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Mansión Seré, RIBA y otros centros clandestinos de detención de la zona oeste del Gran Buenos Aires.

“Estar ahí fue algo que necesitaba, muy importante poder estar mirándolos en estas condiciones”, declaró en diálogo con ANCCOM Guillermo Perez Roisimblit, nieto recuperado, parte de la querella de Abuelas en la Megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, que acaba de reiniciarse. En este sentido, reflexionó acerca de una foto que se publicó ayer donde se ve a los genocidas observando el momento en que él sonríe junto a Iris Avellaneda, madre de Plaza de Mayo: “Nuestra venganza es ser felices”, apuntó y a la vez reflexionó que si bien el término venganza o revancha no condicen con la militancia de Abuelas, funciona para este acontecimiento.

En el Juzgado Oral Federal N°5 de la localidad de San Martín se llevó a cabo este martes 27 la primera lectura del requerimiento de elevación a juicio de la Megacausa Mansión Seré IV y RIBA II, que es el resultado de la combinación de dos causas de lesa humanidad diferentes: la primera de ellas, elevada en 2020, por privación ilegítima de la libertad y aplicación de tormentos, por las que responden José Juan Zyska, cabo primero de la Brigada Aérea de El Palomar; Julio César Leston, cabo primero de la Regional de Inteligencia RIBA; Juan Carlos Herrera, teniente en la Brigada Aérea de El Palomar; y Ernesto Rafael Lynch, capitán de la VIII Brigada Aérea de Moreno. Mientras que en la segunda causa se involucra al genocida Juan Carlos Vázquez Sarmiento, cabo principal encargado de la sección de contrainteligencia de la RIBA, condenado por la apropiación de Ezequiel Rochistein Tauro. Durante décadas, hasta 2021, Vázquez estuvo prófugo; actualmente responde en esta causa por los crímenes de secuestro y privación ilegítima de la libertad cometidos puntualmente contra José Manuel Pérez Rojo, su pareja Patricia Roisinblit, y Gabriel Pontnau. Además, fue identificado como uno de los represores que participó del secuestro de Guillermo Roisimblit, nieto recuperado por las Abuelas de Plaza de Mayo.

Las imputaciones detalladas en el documento son por delitos perpetrados por los cinco acusados contra 131 víctimas en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, Subzona 16, integrado por los centros clandestinos de detención: Mansión Seré –hoy Casa de Memoria y Vida– el destacamento de Paso del Rey, la comisaría de Haedo, Moreno, Morón y Castelar, la VII Brigada Aérea de Morón, la Subcomisaría de Francisco Álvarez y la I Brigada Aérea de Palomar, todas piezas de un circuito macabro y tormentoso durante la última dictadura militar. En la lectura se destacó los dos niveles de tortura a las que fueron sometidas las víctimas: primero la detención ilegal y la privación ilegítima, segundo la tortura física y alevosa.

La sesión fue llevada a cabo en la sala que se utiliza para causas complejas, mismo lugar que tendrá el resto del juicio. El tribunal estará integrado por las juezas María Claudia Morgese Martín, Silvina Mayorga y el juez Walter Venditti.

Los organismos de derechos humanos, las organizaciones sociales y la prensa estuvieron presentes. La sala estaba llena, tan repleta de personas, que tuvieron que agregar sillas adicionales. De un lado se encontraban las querellas y los fiscales, del otro los imputados y sus defensas. En la transmisión vía YouTube que realizó FM En Tránsito junto a La Retaguardia, que relató el locutor Fernando Tebele, se destacó el papel comprometido de los medios alternativos que se encomiendan a estás coberturas: le da sentido a la existencia de los medios comunitarios”, comentó Tebele y agregó que “contribuyen a qué estos hechos no se olviden”.

Los anticuerpos de nuestra joven democracia

En torno a este contexto negacionista y apologeta de la dictura que ha estado resurgiendo en el último tiempo por el advenimiento de un partido político –La libertad avanza– que lo legitima, han sucedido una serie de acontecimientos que resuenan por su alevosía: la visita de los diputados libertarios a los genocidas presos en Ezeiza, entre los que se encontraba Vázquez Sarmiento, imputado en esta causa. “La espuma no baja”, expresó Pérez Roisimblit sobre el reclamo popular que ha surgido a raíz de este intento de consagración negacionista. “Como la espuma no baja, van a tener que dar una respuesta institucional, crear una comisión investigadora”, agregó en referencia a la articulación entre la Comisión de Asuntos Constitucionales y la Comisión de Reglamento, que repondrá los hechos acontecidos no solamente el día de la visita, sino en el último tiempo. “Se les volvió un pelotazo en contra”, concordó Pablo Llonto, abogado de derechos humanos, en diálogo con ANCCOM, y agregó que “la visita fue la punta del ovillo que permitió desandar todo lo que había ocurrido antes”, en referencia a un intento sostenido de conseguir medidas de impunidad. El abogado también enfatizó que este hecho repudiable no pudo ser consagrado socialmente por sus ejecutores debido al consenso inclaudicable que existe en la sociedad argentina sobre la condena a los represores y la resolución de que “hasta el último de los responsables de esos crímenes gravísimos debe ser juzgado”.

“Hay todo un proceso judicial que ha permitido acreditar de manera indiscutible que estos hechos sucedieron, que las violaciones, los secuestros, homicidios y el robo de bebés como práctica sistemática, son un hecho”, enfatizó Carolina Villella, abogada de Abuelas de Plaza de Mayo, en diálogo con ANCCOM. En cuanto al repudio popular que ha suscitado un escándalo político añadió: “Subestimaron al pueblo argentino creyendo que les daba lo mismo, que iba a poder ser capitalizado como un logro”, reflexionó Villella haciendo hincapié en que las consignas de Memoria, Verdad y Justicia son una bandera más que consolidada.

“Cada vez que arranca un gobierno de derecha, la fuerza o el envión que tenían los juicios merma”, reflexionó Pérez Roisimblit. A su vez, destacó que no es el primer intento desde la recuperación democrática en el que se busca consagrar la impunidad a los ejecutores del terrorismo. “Tuvimos momentos bravos de impunidad absoluta, en los 90 con los genocidas libres, intendentes o gobernadores electos, como el caso de Bussi en Tucumán”, sostuvo Llonto, que trazó diferentes paralelos entre las décadas pasadas y la construcción de la memoria. En el mismo sentido, Roisimblit destacó que este gobierno ha superado a los demás por un tema central: la disolución de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, CONADI, organismo que se encarga de la búsqueda de los hijos de desaparecidos nacidos durante el cautiverio: “Este gobierno desarticula políticas para la búsqueda de niños que fuimos robados durante el terrorismo”, acusó Roisimblit. En este sentido, Llonto también se detuvo en la gravedad de este hecho: para el abogado seguirán sucediendo cuestiones similares “hasta que se le ponga freno desde la justicia o caiga este gobierno”.

Por otro lado, las juezas hicieron hincapié en la continua postergación del juicio y se lo atribuyeron a una cuestión de agenda. El juicio estuvo en inicio programado para diciembre 2023, mayo 2024 y finalmente se realizará a partir de agosto. En este sentido, sobre la dilatación en el tiempo para el enjuiciamiento a los represores, Llonto puntualizó en el miedo que se siente ante la posibilidad de que el juicio no ocurra por una pérdida en la capacidad cognitiva del imputado o su posible muerte: “Es cuando el esfuerzo hecho por las madres y familiares y sobrevivientes durante décadas para identificar a un represor, queda diluido”.

Villella, por su parte, consideró que un juicio de esta envergadura requiere un gran tiempo de preparación. Además, enfatizó su confianza en el compromiso de los jueces de la causa que llevan adelante un trabajo de forma decidida en torno a la cuestión de derechos humanos.

El martes 9 se lleva a cabo la próxima jornada donde se dará inicio a los alegatos en los que declararán Mariana Eva Pérez y Guillermo Pérez Roinsinblit. Los genocidas también tendrán la oportunidad de hablar y aunque no suela suceder, podrán utilizar el espacio para brindar información de los crímenes registrados en la causa. “Hay muchas familias que aún están esperando saber donde están los restos de sus familiares”, sostuvo Villella y enfatizó: “Seguimos buscando a más de 300 hijos de desaparecidos”.