Juan no es un fantasma

Juan no es un fantasma

Juan Manuel Olivera fue conocido como OJM en una carta pública del cura villero Paco Olveira a la ministra Sandra Petovello en la que denunciaba que le anularon su único sustento, el plan Potenciar Trabajo. Ahora, en una entrevista con ANCCOM, relata las peripecias por las que deben pasar los marginados por el Gobierno.

Su caso y sus iniciales se hicieron conocidas por una carta abierta del cura villero Francisco “Paco” Olveira, carta abierta que puso en escena el ajuste del Ministerio de Capital Humano a cargo de Sandra Petovello. Auditorías a beneficiarios y auditorías a comedores y organizaciones sociales. Acusados de “fantasmas” o de situaciones irregulares, dejaron de recibir transferencias del Estado. La historia de Juan Manuel Olivera es una de ellas. La historia del comedor que dirige Paco, también. 

Juan nunca toma mate solo, dice, casi boquiabierta, Patricia, su pareja. Juan tampoco parece saber por qué está tomando mate solo. O sí, por momentos lo sabe y lo expresa con el apuro que agarra la pava, ceba, y sigue hablando: “Hace seis meses que no cobro el Potenciar Trabajo porque me confundieron con un tipo que se llama igual que yo y que viajó al Uruguay. Hasta el mismo número de documento: ¿cómo puede ser eso? ¿Qué es? ¿Un clon? No entiendo“.

“Antes del gobierno de Milei la cosa estaba mal, pero ahora es peor -describe Juan-. Cada vez vemos más gente en la calle. Notamos el cambio. Yo iba a la capital y me venía con banda de cosas. Ahora vas a caminar y tenés que estar luchando. Con los gobiernos de Kirchner y Cristina era distinto, porque no tenía que salir todos los días a laburar. Me podía quedar dos días descansando. Ahora estamos horas y horas caminando”, evoca el pasado y vuelve al presente.

“Cuando timbramos a veces la gente te sobra: ‘¡Andá a laburar!, te responden.”, recrea Juan, torciendo la boca e imitando la voz de la sobrada.

“Yo por eso prefiero la gente humilde, porque te ayuda más. Te ven cirujeando y te dan una mano. Nos ayudamos mutuamente. Pero para mi somos todos seres humanos –hace un silencio corto, pero la mirada absorbente alarga el tiempo–,  todos nacimos en el mismo mundo y nos vamos de la misma forma. ¿Qué, sos más por tener un poco más de plata? Sos un ser humano”.

Si bien la novedad es que figura dado de alta, hace seis meses que Juan no ve un solo peso de los 78 mil que debería recibir del programa Volver al Trabajo, antes  Potenciar Trabajo, y que con una inflación interanual de 263%, la única actualización que hizo el gobierno de Javier Milei fue modificar el nombre. Los beneficiarios  reciben idéntico monto que hace un año: 78 mil pesos. En la movida de la motosierra y la depuración de supuestos casos irregulares, cayó Juan, que nada tiene de irregular. Damos fe que no es un fantasma.

«Reclamé en la ANSES y me dijeron que me suspendieron el plan porque había viajado tres veces al Uruguay. ¡Tres veces! A gatas tengo para ir a Flores a laburar; vine en bondi a hacer el reclamo…  ¿Ustedes me ven con plata?», pregunta Juan.

-Reclamé en la ANSES y me dijeron que me lo suspendieron porque figuraba que había viajado tres veces al Uruguay –hace una pausa, los ojos bien abiertos, sorprendido, toma mate y continúa–, ¡tres veces! A gatas tengo para ir a Flores a laburar ¿y quieren que me vaya a Uruguay? Si vine en bondi a hacer el reclamo, ¿ustedes me ven con plata? –reconstruye Juan mientras se agarra de su remera blanca como si quisiera arrancarse la piel. Sigue tomando mate.

Además de ser Cura en Opción por los Pobres, Paco también es presidente de la Fundación Isla Maciel, que por ser parte del programa Alimentar Comunidad, recibía un dinero mensual que se depositaba en una tarjeta de débito. Con ello realizaban todas las compras necesarias, entre ellas los alimentos para el comedor de la fundación. Luego de tres auditorías y una felicitación por la labor, la cartera que dirige Petovello les otorgó una nueva tarjeta, pero sin plata. Hasta ahora, siguen sin ver un solo peso, y el plástico de la débito no llena los estómagos vacíos. 

Maria, del barrio Eva Perón y de origen paraguaya, cruzó la frontera para visitar a sus pares tras el fallecimiento de un familiar. También la dieron de baja: “Están cortando por lo bajo para achicar gastos del Estado, porque para ellos somos gasto”, arrojó Paco. 

 

***

Lo que sí conoce Juan Manuel Olivera es el conurbano bonaerense, y lo conoce muy bien porque allí vivió gran parte de su vida. Siquiera tiene plata para ir a la calle Uruguay del microcentro, remarca. Lo que recibía del Potenciar Trabajo lo destinaba a pagar el alquiler y ayudar a sus cuatro hijos: Morena, Milagros, Brian y Juan Manuel. Hace cinco meses que tiene su casa propia (su “casita”, como prefiere llamarla él), en el Barrio Esperanza, en las afueras de Merlo, Provincia de Buenos Aires. 

Una de cal y una de arena, pero literalmente, porque con la ayuda del cura villero Paco y la organización TECHO, pudo armar de cero su casilla: si era por Sandra Petovello, de la noche a la mañana como la baja del beneficio social, Juan y su familia quedaban en la calle por no poder pagar el alquiler. 

 

-Todos los días me levantaba temprano para venir a laburar. No sé si el diablo lo hacía a propósito, pero llovió todos los días. Todos los días llovió –repite marcando en la mesa el ritmo de las palabras–, y acá cuando llueve es intransitable, lleno de barro. Pero laburamos igual, hasta pusimos el techo con viento y lluvia.  

El techo de chapa con caída a dos aguas descansa sobre los tirantes de pino. Los tubos blancos de plástico de la conexión eléctrica están a la vista, acompañando el recorrido de los tirantes. También está a la vista el aislante térmico, tanto del techo, con el color plateado del revestimiento de aluminio, como el de las paredes, con el plástico que contiene y mantiene la lana de vidrio. Placas de madera componen el piso. Cortinas de tela dividen el espacio de la cama matrimonial y del comedor-cocina. Juan celebra que la casa esté a un nivel más alto del suelo, lo que evita que le entre agua cuando hay tormenta. 

 

-Todo lo que ves acá también me lo dio Paco: cocina, garrafa, lavarropa, heladera, tele, cama. Porque en las mudanzas perdimos todo. Con la ropa nos vinimos, nada más. 

 

Juan cuenta que le queda terminar la conexión de agua. Afuera de la casa, al aire libre, casi al costado de la puerta hay un tacho azul, bien ancho y alto. Prende el bombeador, que sí está dentro del hogar. Espera unos segundos. A unos metros está la perforación. Acomoda el caño por donde va a salir el agua y se asegura que caiga en el tacho. Al minuto, el agua a toda presión comienza a verse. “Durante el día venimos y llenamos los bidones, así no salimos a la noche”, explica. 

 

***

Juan cumple años el 9 de julio, el Día de la Independencia. Terminó la primaria, pero por salir a trabajar no pudo hacer la secundaria. Llegó a jugar en la reserva del Club Atlético San Lorenzo de Almagro: “Jugaba de mediocampista para abajo, defensor. Defiendo una banda, no entra una pelota. O si no les quebraba la tibia“, deja en claro sin vacilar y suelta una carcajada.

“Jugué hasta que delinquí; salía de una práctica, me crucé con mi hermano y unos amigos, tomé un trago que no sabía que tenía pastillas y se me borró la cinta: robo automotor, en banda y con uso de arma. Fue mi primera causa– recuerda, con una mezcla de nostalgia y culpa–. Un jugador de fútbol frustrado –termina de deslizar, aunque con un gesto sonriente como quien se consuela a sí mismo. 

A los catorce años, estuvo ocho meses en un instituto de menores. Al cumplir quince salió del encierro bajo la custodia de su tía y su papá:

 

-Desde ahí no hice más nada. Me dediqué a laburar, laburar y laburar –repite subrayando cada palabra como si fuera un mantra–, salía del colegio y me iba a laburar. Trabajé en restaurantes, en arreglos de florería, de todo. Hasta con mi primo en una fábrica, de carga y descarga.  

 

Juan nació en el Chaco. “Teníamos toda la plata, estabamos rebien. Imaginate que mi padrino me pagó el vuelo de urgencia a Buenos Aires”, dice y recuerda que eso ocurrió porque cuando era chico él y su mellizo tuvieron una grave infección urinaria. 

 

-Mi viejo era mano derecha de De La Rúa. Treinta y tres años trabajó en la Secretaría de Educación, era jefe de las cuadrillas que salían a arreglar los colegios. Yo aprendí electricidad con él. Nunca me faltó nada. Zapatillas originales, los mejores hoteles… hasta para quiniela teníamos —rememora, haciendo “montoncito” contentándose de ese pasado, casi alucinado—, hasta que vino el 2001…

 

Junto a Patricia, Juan, de 45 años, trabaja de lunes a lunes, más de doce horas afuera de su casa. “Laburo en la calle todos los días. A veces vamos a Once, a Flores, de changarín, o vendiendo pañuelitos, o vamos a la feria. También timbramos por los barrios. Me la rebusco así. Laburos de albañilería… aunque a veces te quieren pagar una miseria y por esa plata prefiero ir a capital que gano más”, relata. 

 

-En la pandemia teníamos que salir a escondidas. No podíamos vender, te bajaban del colectivo. Nos escondíamos de la policía, aunque algunos te comprendían, te decían ‘usa el barbijo, el alcohol en gel…’

 

-Te tenías que esconder como si fueras delincuente –agrega Patricia. 

 

***

-Antes había otros códigos. Cuando yo robaba no lastimaba a nadie. Casi hasta se le pedía permiso a la persona. Ahora te rompen la cabeza, te matan, te pegan un tiro -señala sobresaltado. 

 

-Yo lo que hacía era escruche, que era entrar a robar a las casas vacías. Lo hice en su momento y lo superé cuando nació mi primer hijo -aclara con un tono que mezcla felicidad y un corte con el pasado. Cada vez que habla de sus hijos se le iluminan los ojos: “Gracias a Dios son un respeto. Están encarrilados. Estudian, trabajan y no se drogan.” 

 

Los hijos le marcaron la vida. No titubea en decirlo: “Yo voy hasta el fin del mundo por ellos”, arroja, esta vez con un rostro capaz de blindar cualquier maltrago terrenal o celestial. Carácter y actitud inquebrantable, reforzada. 

 

Que sus hijos le hayan marcado la vida no es una forma de decir. “Cuando mi ex se llevó a una de mis hijas tuve un intento de suicidio. Me estaba por tirar abajo del tren que te lleva a Luján, ese te destroza seguro, y me agarró un hombre y me dijo: ‘Vos te estás por tirar ¿no?’. ¿Y usted cómo sabe?, le respondí. ‘Dios te puso en mi camino’. Me puse pálido y empecé a llorar. Volví a mi casa y a las semanas mi ex me trajo devuelta a mi hija”, hace silencio.

 

“Yo digo que me lo mandó mi viejo. Siempre siento que me está cuidando”, concluye. El papá de Juan falleció a los ochenta años tras demencia senil, una condición que le dijeron que es hereditaria. Además de una buena jubilación, supo tener una propiedad en Lugano, un departamento que se lo terminaron usurpando y del cual Juan no supo nada más. 

 

Juan se enorgullece al decir que a cada uno de sus hijos los dejó acomodados. “Cada uno tiene su casa. Milagros, por ejemplo, vive en una hermosa de Malvinas Argentinas. Esa me la dio el gobierno en su momento. Hicimos una entrevista con una asistente social y con mi ex entramos en el plan Jefes y Jefas de hogar. Los dos somos propietarios. Una casa espectacular–expresa alargando la palabra–, con agua, tres habitaciones, un comedor inmenso, patio adelante y atrás. Ahí vive mi hija, con su marido y mis dos nietos. ¡Le sobra casa! “, remata su relato  ostentando una conquista.

 

***

 

Juan catapulta el estigma del “planero”: “A esas personas les respondo ‘¿Y usted qué es?¿Se cree que por tener un poco más de plata es más importante? Usted no es ni más que yo, ni más que nadie, ni que la gente que duerme en la calle. Teniendo un poco más de plata tiene que abrir el corazón.Y ahora está más que claro: tantos empresarios que tienen millones y millones que pueden ayudar a tanta gente…”, asiente con la cabeza. Se queda pensativo. 

Los discas quieren meterse en la agenda pública

Los discas quieren meterse en la agenda pública

La asamblea de discapacidad del pasado fin de semana se declaró en estado de alerta ante el anuncio de despidos y el vaciamiento de la ANDIS. Además, denunció que su problematíca no es tomada en cuenta en la esfera pública.

Desde abril se realizan asambleas frente a la Agencia Nacional de Discapacidad.

 

Discapacidad desde adentro. Este sábado se llevó a cabo una nueva Asamblea de Discas en Lucha. Se reúnen cada quince días en la Plaza del Congreso, alternando la modalidad virtual y presencial. La Asamblea es horizontal, la prioridad de la palabra es de los discas, está organizada y llevada a cabo por ellos. Es su espacio de organización política.

“Estamos en estado de alerta permanente”, dicen en la reunión que se realizó por Zoom debido a las inclemencias climáticas. Los temas que discuten las casi 30 personas asistentes son varios. De manera ordenada levantan la mano y tomando la palabra. Una frase se repite: “No estamos en agenda”. Las preocupaciones rondan en que “no logramos que otros sectores nos acompañen”, “tenemos que pensar de manera integral porque la lucha de otres compañeres también es nuestra, las jubilaciones y pensiones, los despidos, el vaciamiento de la ANDIS, todo nos afecta” dicen algunos y otros asienten. “No puede ser que no se solidaricen como lo hacemos nosotres, sólo lo hacen las ramas sindicales más combativas” retrucan. Otro cuenta que quiere movilizarse pero no puede porque “ya me dijeron en el trabajo que si me ven en una marcha me ponen de patitas en la calle y yo no me puedo quedar sin trabajo, éstos te graban todo”. Y alguien remata, “la discapacidad es prioridad solo si te toca”.

Discuten sobre la embestida del Gobierno y organizan acciones de visibilización de sus problemáticas, entre ellas la situación de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), donde caerán los contratos de los trabajadores el último día de septiembre. Al respecto, dicen: “Les que aún están trabajando, tienen que saber que nosotres estamos afuera, en pie de lucha”. Hace dos meses se organizó una radio abierta en las puertas del organismo, ahora piensan cuáles son los pasos a seguir para esta caída de contratos, que destacan que es un problema “en toda la administración pública”. 

En cuanto a la posible eliminación del monotributo social, cuentan que al mes de noviembre del año pasado, el 84,7 por ciento de personas con discapacidad estaba desempleado y que ante el trabajo precario utilizan al monotributo para poder tener una cobertura y el aporte jubilatorio. Además, debatieron la desregulación del nomenclador de prestaciones básicas que habilitaría a cada prestador a fijar su propia tarifa para atender a las personas con discapacidad tanto en educación, transporte y salud. 

También están en alerta por los cuestionamientos a las pensiones. Concretamente, el gobierno de Alberto Fernández y la anterior gestión de la ANDIS están denunciados por la supuesta irregularidad en la entrega de 300 mil pensiones y desde el Ejecutivo aluden que esa cifra es muy alta. Lo que no tienen en cuenta es que 170 mil son pensiones restituidas que el gobierno de Mauricio Macri había quitado. Laura Alcaide, activista por los derechos de las personas con discapacidad, integrante de Orgullo Disca y de la Asamblea Discas en Lucha, al ser consultada sobre la posible baja masiva de pensiones manifestó que “la operatoria de este gobierno no es verificar y después sacar si hay irregularidades, sino cortar a todes y luego verificar”. Señaló que es un modelo que reproducen en otras áreas, como con los supuestos “comedores fantasmas”, que aún continúan sin recibir los alimentos. La activista puntualizó que “la pensión es un derecho básico y si a la persona le sacás la pensión la condenás a muerte. Esto es genocidio en tanto te amenazan que te van a desregular el nomenclador, no están entregando la medicación para personas con enfermedades crónicas, están revisando la cantidad de voltios a las que pueden acceder les electrodependientes y quieren auditar las pensiones”. “Nosotres no inventamos discas”, manifestó Alcaide.

Para la Asamblea es muy importante pensar a la discapacidad de manera transversal, esto significa que hay cosas que los oprimen en tanto personas con discapacidad, pero a su vez, se les multiplican las angustias por sus contextos. Ilustran, por ejemplo, que una persona con discapacidad que vive en una villa y que tiene que ir a un merendero, posiblemente tenga un sistema de opresiones mayor que el de la persona que vive en un barrio con asfalto, con agua potable, con el baño adentro de su casa. Lo mismo si se trata de una persona que vive en ruralidad, o con las personas de la identidad marrón, o no heteronormativa, entre muchas otras. Las opresiones se interseccionan, por consiguiente con todas las políticas o las no políticas o las antipolíticas les embisten actualmente.

Maive Carone Fernández es una de los 340 trabajadores despedidos de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Comentó que a fines de septiembre se vencen nuevamente los contratos de los trabajadores de ANDIS como de otros sectores de la administración pública. En agosto, en la Agencia despidieron a tres trabajadores que se suman a la larga lista de personas que recibieron el telegrama. Según pudo saber ANCCOM, los despedidos no cuentan con el apoyo de quienes aún conservan sus puestos de trabajo. Les es muy difícil poder lograr movilización y solidaridad por el contexto que todos atraviesan y por el agravante con el que concuerdan todos los consultados, la discapacidad no está en agenda.

Los trabajadores de prensa reclaman un salario por arriba de la línea de pobreza

Los trabajadores de prensa reclaman un salario por arriba de la línea de pobreza

Tras meses de negociaciones fallidas y aumentos adeudados, SiPreBA intenta negociar salarios dignos. Un redactor hoy cobra por debajo de la línea de indigencia.

Como resultado de la crítica situación económica nacional, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) reclama el aumento de los sueldos base de sus representados. Esta semana se realizaron audiencias paritarias que el gremio considera insuficientes, por lo que convocó a nuevas asambleas en los medios para discutir los pasos a seguir en pos de una recomposición salarial.

Ailín Bullentini, delegada de Página/12, comentó: “Estamos negociando el segundo trimestre del período que corresponde al año 2024 y 2025. Empezamos con un sueldo básico de $328.000 para la categoría de redactor, en bruto, por debajo de la línea de indigencia y sin los adicionales que pueden ser antigüedad, refrigerios y esas cosas que están estandarizadas pero tienen ciertas diferencias entre cada empresa y que se calculan sobre ese básico, por lo cual, todo es muy precario”.

Bullentini agregó: “Hasta octubre del año pasado, en la mesa a negociar paritarias se sentaba la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires (UTPBA), que no tenía absolutamente ninguna representatividad entre los trabajadores y trabajadoras de prensa escrita pero que se llevaba muy bien con las cámaras y que firmó, año tras año, acuerdos muy a la baja y es, en parte, responsable de nuestra pérdida de poder adquisitivo”.

Posteriormente, “el SiPreBA arrancó a negociar y, por supuesto, esto no le cayó para nada bien al sector empresario porque no les iba a ser tan fácil cerrar una negociación paritaria. Los últimos años la han cerrado con dos audiencias sin ningún tipo de consulta a las bases ni de resistencia. Lo que proponían las empresas se firmaba y chau. En paralelo, gana Milei las elecciones y, esta política de ajuste feroz que prometía y que finalmente cumplió, le cae muy bien sobre todo a las empresas periodísticas que es un sector que se complejizó más aún con el cierre de la pauta oficial”, describió la delegada.

Por su parte, Ignacio Petuchi, delegado del diario Ámbito Financiero, contó que en su medio “el aguinaldo lo abonaron en tres cuotas, la primera en junio, la segunda en julio y la tercera el 23 de agosto. Nosotros veníamos haciendo medidas de fuerza porque hubo un mes que de la nada llegó el cuarto día hábil y nos avisaron que no iban a estar los sueldos acreditados. Automáticamente llamamos a asamblea e hicimos paro por tiempo indeterminado hasta que se cobre la totalidad del sueldo. El problema se repitió en los meses siguientes, aunque últimamente los paros eran por horas debido a cierto desgaste.

“Llegó el cuarto día hábil de agosto y empezaron a llegar los telegramas de despidos, además nos habían descontado un montón de horas, a mí me descontaron un cuarto del sueldo, por todos los ceses de tareas que habíamos hecho. Nos pusimos a disposición de los compañeros y ellos no decidieron iniciar ningún proceso de lucha sindical, sino más bien judicial, y finalmente quedaron todos desvinculados”, agregó Petuchi.

Sobre lo difíciles que se vuelven las negociaciones, Bullentini contó: “Nos costó mucho la negociación de enero a abril, algunas empresas, como Página/12, estuvieron cuatro meses sin dar ni un punto de aumento. Otras sí, pero en la negociación paritaria colectiva se mostraron muy duras. Tanto, que la cámara, AEDBA (Asociación de Editores de Diarios de Buenos Aires), la que nuclea a diarios como La Nación, Clarín, Página/12, Perfil y otros, no quisieron firmar acuerdo, de hecho se retiraron de la negociación paritaria poniéndola en riesgo”. Si bien aclaró que “no se retiraron del todo, porque participan de las reuniones pero no quisieron poner su gancho, por lo cual, para algunos trabajadores no era tan dañina la situación porque individualmente, puertas adentro, esas empresas dieron aumentos, incluso más que lo que se firmó en ese acuerdo, pero otras como Perfil o Página/12 nos ha costado mucho cobrar. De hecho, en Página/12 todavía no cobramos los aumentos que se firmaron para el primer tramo de 2024 y 2025: mayo, junio y julio”.

 

Divide y reinarás

La delegada de Página/12 también denunció: “El medio está queriendo partir la organización gremial hacia dentro con beneficios para aquellas persona que no participan ni se sindicalizan. Pagos extras, aumentos que no nos dan a nosotros se los dan a ellos. Lo hizo siempre, pero en los últimos tiempos se acrecentó porque creció la conflictividad”.

“La situación sigue siendo muy difícil porque AEDBA ahora están jugando a ir dividida. Hay dos ofertas, una mala y otra peor, entonces nos obliga a nosotros a rechazar una oferta que es mala pero que ayudaría a la situación de los compañeros y compañeras en pos de presionar al resto de las empresas que, por otro lado, si bien no ofrecen nada en la negociación paritaria, sí ofrecen de manera individual. Clarín está dando aumentos todos los meses, pero en la negociación paritaria se niega a firmar un acuerdo”, explicó Bullentini sobre las estrategias empresariales. “Es muy difícil porque complica mucho la movilización y organización porque las personas tienen, en esta situación de precariedad, de salarios de hambre y de multitrabajo, el cuerpo muy cansado y la cabeza muy desgastada. El pluriempleo precario ya ronda la locura, estamos con dos o tres laburos, en algunos casos de otra cosa, superponiendo tareas. Cuesta mucho que los compañeros y compañeras comprendan que de esta situación se sale con el cuerpo en la calle, lo único que quieren es un poco de paz. Si aparece algo de guita para poder estar un poco más tranquilos, no van a ponerla en riesgo. A todo esto hay que sumarle que no hay laburo de periodista, los que hay son pésimos, entonces también uno tiene cierto temor de quedarse sin trabajo”.

Sobre la precarización laboral, Bullentini comentó que “colaboradores y colaboradoras hay muchos y es muy difícil organizar ese sector, en Página/12 están cobrando por una nota A que es la más importante en la página, 13 mil pesos brutos. ¿Cuántas notas tenés que hacer o en cuántos medios tenés que trabajar para que te resguarde de la pobreza?”. Por eso recalcó que “para nosotros fue muy importante que el SiPreBA logre el reconocimiento que se merece porque es el sindicato que tiene representación en las redacciones y es nuestra voz ahí. Por supuesto que no es gratis, pero lo vamos a sostener con lucha”.

Gabriel Castelli, delegado de Crónica, opinó que “el Ministerio de Trabajo nunca funcionó de manera eficaz para ponerle los puntos a las empresas en lo que respecta a normalizar las contrataciones. Hoy, devenida en secretaría, mucho menos”.

Luis Autalán, también de Bae Negocios, diario del grupo Crónica, comentó :“En la era del macrismo, quedamos con expedientes pendientes después de 22 audiencias. Ahora, uno de los reclamos para el que no tenemos agenda prevista porque no nos otorgan la audiencia, tiene que ver con que, en su momento, Massa dio un bono de 40 mil pesos para quienes no cobraran más de183 mil. Hay empresas que no lo abonaron y la vía de reclamo es la Secretaría de Trabajo, que no nos atiende”.

Castelli, del mismo medio, añadió: “El empresario la cuenta que hace es ‘si contrato pibes que viven con mamá y papá, no pagan alquiler, entonces con lo que yo les pago les alcanza’. Hacen esa ecuación maldita, que es horrible, pero nos lo han planteado en algunas ocasiones. No deberían hacer esa cuenta, sino pagar un salario acorde, como mínimo, a la canasta básica. Los empresarios te dicen que les está yendo mal y que no están facturando, la realidad es que al empresario que no le camina el negocio, lo corta y arranca de nuevo con otra cosa. Son medio mentirosos en ese sentido”.

Autalán agregó que “ellos al sueldo lo consideran una pérdida y no es así, hay una contraprestación”. Por otro lado, destacó que “la famosa batalla cultural, que en realidad es una guerra, hace que hoy haya compañeros que piensen que vos no sos un delegado, vos sos un empleado de ellos. Ahí se pierde un concepto básico que es la solidaridad, es antipático decirlo pero en algunos casos pasa y duele. Ser delegado es hacerte cargo de la realidad de tus compañeros, de los que querés y de los que no querés, y de sus familias”.

Autalán mencionó que, a pesar de todo, “tenemos un gran atributo que no es nota de tapa: de alguna manera trabajamos de lo que nos gusta. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), en el mercado laboral mundial, no llega al 11por ciento la cantidad de gente que realmente trabaja de lo que le gusta. No hay periodistas por obligación”.

Destilan negacionismo

Destilan negacionismo

Desde hace un mes, distintas entidades y organizaciones de derechos humanos marplatenses repudian el intento de transformar el Faro de Mar del Plata en un bar destilería. Sobre ello, denunciaron una serie de irregularidades que continúan vigentes. 

El Faro Punta Mogotes, ubicado en la zona sur de la ciudad de Mar del Plata, fue inaugurado el 5 de agosto de 1891 y desde su fundación está bajo la órbita del Servicio de Hidrografía Naval dependiente de la Armada Argentina (ARA). Allí comenzó a funcionar la Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina (ESIM) desde enero de 1969. Sin embargo, durante la última dictadura cívico-militar, el espacio funcionó como un centro clandestino de detención y, a su vez, en las instalaciones de la ESIM se adoctrinaba a los infantes de marina para combatir en la “lucha contra la subversión”, según especifica la página web del Faro de la Memoria.

Con el retorno de la democracia se iniciaron proyectos tendientes a trasladar la ESIM, con la intención de desocupar las instalaciones que funcionaron como centro clandestino de detención, algo que sucedió en 1994 con el traslado de la escuela a la Base Naval de Puerto Belgrano. A pesar de la desocupación del predio, la Armada continuó controlando ese espacio con fines lucrativos. No obstante, desde 2001 se presentaron distintos proyectos con el objetivo de declarar al faro como “Sitio de Interés Patrimonial”, la colocación de una placa y señalización. 

El 15 de febrero de 2013 fue señalizado por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Actualmente, el tradicional Faro marplatense funciona como un espacio para la memoria y promoción de los derechos humanos. 

Sin embargo, la posesión del terreno está en un “limbo” y que quedó una parte del espacio sin adjudicar, que le pertenece a la Municipalidad. En ese lugar, durante el 2022 empezó a diseñarse La Restinga London Dry Gin, un bar y destilería de Gin propuesto por Matías Iriarte, empresario y dueño de otros negocios vinculados al ocio y a la diversión nocturna en La Feliz. Dicho plan se pensó sobre calles internas que dan cuenta que ese lugar era parte de la ex ESIM y que no pueden desentenderse de lo que fue el Centro Clandestino de Detención.

El sur marplatense se caracterizó en el último tiempo por ser escenario de diferentes proyectos de inauguraciones empresariales en terrenos lindantes al mar. Esto último no podría haberse llevado a cabo sin el accionar del intendente Guillermo Montenegro –ex fiscal federal y ex Ministro de Seguridad durante la gestión de Mauricio Macri, conocido por sus acciones privatizadoras y negacionistas–, que empezó un proceso en la ciudad para convertir espacios públicos en emprendimientos privados.

Ana Pecoraro, militante de Derechos Humanos y coordinadora del Faro de la Memoria, explicó a ANCCOM que “el intendente está poniendo a la venta prácticamente la mitad de la ciudad. Ahora quiere quedarse con Punta Mogotes y parece que quiere hacerlo tipo Puerto Madero. Acaba de entregar tierras públicas a un country por un precio irrisorio y está queriendo privatizar el Estadio Mundialista porque se está venido abajo”. Sobre la seguridad y cuidado en la zona costera, Pecoraro reflexionó: “La zona sur de Mar del Plata está saturada en el verano. En las playas y boliches nadie controla ni regula, el año pasado murieron dos pibas. No hay control municipal, el ambiente natural de las playas también está realmente destrozado. En menos de un kilómetro hay más de diez boliches en verano. Necesitamos otra cosa también, algo que equilibre a nivel cultural e histórico”.

Frente a la decisión de Montenegro de favorecer a la empresa Burbarrel S.A., propiedad de Iriarte, se estuvieron llevando a cabo de parte de distintas entidades marplatenses diferentes actos para detener el proyecto, en el entendimiento de que la instalación de un bar es un ataque a la memoria histórica y colectiva que tanto tardó en lograrse. Sin embargo, no pudieron impedir que la iniciativa fuera aprobada en el Consejo Deliberante, con 15 votos a favor del PRO, la UCR, la CC y la LLA; y en contra de UP, FR y Acción Marplatense.

Memoria y ambiente

Frente a esto, distintos integrantes de organismos de derechos humanos gestionaron una acción preventiva de daño ante la justicia, para que dicte un amparo en resguardo de la integridad del predio. En principio, la acción fracasó porque el juez Simón Issach resolvió que la demanda resultó “abstracta” tras la aprobación de la Ordenanza 26400 que habilita la instalación del bar de gin de la marca Restinga.

El as en la manga para repelerlo fue un amparo ambiental iniciado por dos estudiantes de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Felipe Oliveri y Jerónimo Santos, con la intención de demostrar la cantidad de irregularidades que contenía el expediente. “Junto con mi compañero fuimos a las sesiones del Concejo Deliberante en las cuales estaba para aprobar el proyecto de ordenanza, y observamos que a pesar de las irregularidades presentadas y expuestas, el proyecto se aprobó de todas maneras” expresó Oliveri a ANCCOM.

El estudiante de Derecho dijo que gracias a una materia que aprobó junto a su otro compañero en el anterior cuatrimestre, pudo dar cuenta de las irregularidades vistas y llevar su conocimiento a la práctica: “Habíamos aprobado la materia Derecho Ambiental enseñada por nuestro profesor Iván Luchessi y a partir de ello seleccionamos los fundamentos y el cuerpo de un amparo de ciencia colectiva por haberse violado ciertas normas en el procedimiento ambiental y administrativo que se tiene que cumplir siempre que uno otorga un permiso de construcción en un lugar”, describió.

En su investigación, logró dar cuenta de la violación del principio de estudio del impacto ambiental. “No solo es un lugar donde hubo torturas y desapariciones sino que es una reserva forestal y turística que requiere de un tratamiento especial agravado, es decir, más solemne, lo cual en la cuestión administrativa no se dio”, expuso sobre un relevamiento de estudio ambiental sobre el terreno en el que se desea colocar el bar que no se hizo.

Junto a los estudiantes están los abogados Bautista Penna e Iván Luchessi, quienes los orientaron y les brindaron el visto bueno en el amparo a realizar. “Luchessi es un abogado militante en materia ambiental, nos ayudó a esquematizar todo el proceso dándole una validez técnica para posteriormente poder presentarlo. También es quien nos concede la firma”, comentó Oliveri.

El amparo fue acompañado por más de 100 firmas, que serán presentadas como prueba documental y política. La junta de firmas fue realizada el pasado sábado 24 de agosto, durante una movilización organizada bajo el nombre Mateada por la memoria con la intención de defender la presencia del Faro y en repudio de la instalación del bar. “Es urgente, cuidemos la reserva, cuidemos la memoria. Restinga: nunca más es nunca más”, fue el llamado que contenía el flyer. En esa jornada cada persona que tiene algún familiar, amigo o conocido que esté detenido o desaparecido llevó una imagen para colgarla en los alambrados y en la puerta donde se instalaría el bar.

Mónica Scatizxi es docente de Recursos Naturales de la Licenciatura en Turismo de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue estudiante de la misma universidad y cuenta que durante su trayectoria estudiantil tuvo compañeros detenidos desaparecidos que pasaron por el Faro de la Memoria. “Así fue como yo me acerqué al lugar y trabajé con ellos. Acompaño algunas actividades desde lo que es la educación y los derechos humanos, hace poco hicimos una jornada sobre los océanos donde estuvieron estudiantes de turismo haciendo las prácticas comunitarias”, comentaba Scatizxi. Además, expresó que el sábado “se juntó mucha gente y que fue bueno para el ánimo y para el corazón”.

Ana Pecoraro fue quien se encargó de brindar todos los detalles sobre la situación del faro y acompañar en el recorrido. “El predio siempre estuvo atravesado en una serie de disputas permanentes y de contextos de distintos gobiernos complejos”, contó. Sin embargo, la coordinadora del espacio explicó que nunca se perdió el compromiso para resguardarlo, y que hace años se vienen llevando a cabo distintos proyectos que vinculan al Faro de la Memoria con actividades educativas y ambientales: “Le pedimos a la Universidad que presenten algún proyecto para ese predio, porque sabíamos que a la Secretaría de Derechos Humanos o a los Derechos Humanos, Montenegro no lo iba a entregar”.

Pecoraro explicó que la iniciativa se centraba en transformar ese establecimiento en un espacio público, de promoción de derechos, “que también se rescaten las características del predio que eran los inicios de una reserva forestal, que en los 80 la dictadura se la entregó al municipio”. Se buscó realizar un proyecto para inaugurar un parque de las infancias como iniciativa ambiental y de derechos humanos entendiendo también al cuidado del ambiente como un derecho humano. Pero ese proyecto nunca fue tratado.

La coordinadora agregó que fue partícipe de las comisiones que se realizaron por el tratamiento del expediente: “Nos presentamos en la Comisión de Obras donde habló un sobreviviente y tres testimonios más, volviendo a explicar, porque ya lo habíamos hecho dos años atrás, por qué no se debería estar gestionando todo esto. Luego nos presentamos en la Comisión de Legislación, ahí se presentó la Universidad Nacional de Mar del Plata, una ONG ambientalista que se llama Surfrider y la expresidenta de la Sociedad de Fomento, quien repudió el proyecto y dijo que en él había un montón de irregularidades por las que el oficialismo no estaba haciendo nada, una de ellas, que no había habido Asamblea Extraordinaria”. A pesar de los conflictos, Pecoraro destacó que el interés de los organismos, sus compañeros y otras entidades no faltó: “El Concejo Deliberante ha estado lleno, la gente se mostró muy preocupada. Yo tengo el teléfono estallado con gente preguntándome “Ana ¿Qué hacemos? ¿Cómo seguimos?”, por eso sabemos que esto se trata de seguir protestando y de salir a la calle”.

La palabra ahora la tiene una vez más el juez Issach, ante quien se presentaron nuevos amparos y apelaciones.

«Cada tanto volvemos a sentir miedo»

«Cada tanto volvemos a sentir miedo»

En el Día Internacional del Detenido Desaparecido, la Casa de la Identidad organizó un debate para mirar el recorrido de las políticas de memoria, verdad y justicia y analizar el resurgimiento de la apología del Terrorismo de Estado.

“Cada tanto volvemos a sentir miedo, tantos años de terapia y con este gobierno volví a sentirlo al dormir a la noche con la luz apagada”, expresó Graciela Montarriso, hija de Jorge Montarriso, que continúa desaparecido desde la última dictadura. Y reveló a ANCCOM: “Antes pensaba que de verdad el amor vencía al odio, pero ya no estoy tan convencida”. Esta declaración fue realizada el viernes 30 de agosto, el Día Internacional del Detenido-Desaparecido en una charla abierta organizada por Abuelas de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S. y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) para debatir sobre la importancia de esta fecha, el rol del derecho internacional y la importancia de seguir manteniendo presente la lucha por la memoria y los derechos humanos en un contexto de políticas regresivas por parte del gobierno de Javier Milei. El encuentro tuvo lugar en Casa por la Identidad, dentro del predio de la exescuela de Mecánica de la Armada.

¿Por qué existe este día?

Luciano Hazan, moderador del conversatorio y quien supo ser miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, abrió el conversatorio señalando la importancia de esta efeméride: “Para los familiares que están buscando a sus seres queridos desaparecidos es importante cada día. Entonces puede parecer injusto hablar de un día. Pero es importante tenerlo porque nos permite tocar las puertas del resto de la sociedad nuevamente, llamar la atención y de alguna manera buscar la empatía y la solidaridad”.

En América Latina, esta conmemoración fue iniciativa de FEDEFAM (Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos–Desaparecidos). Luego, en 2010, la Asamblea General de Naciones Unidas estableció esta fecha como el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas con el objetivo de reflexionar sobre este delito de lesa humanidad, que en Argentina fue un mecanismo fuertemente utilizado durante la última dictadura cívico-militar.

De esta manera, la Convención Internacional para la Protección de las Personas contra las Desapariciones Forzadas señala que estas se producen cuando se arresta, detiene o traslada contra su voluntad a las personas por parte de agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, u otras organizaciones. Además, implica que se niegan a revelar el paradero de esas personas o a reconocer que están privadas de la libertad, sustrayéndolas así a la protección de la ley.

Las mujeres y la búsqueda de la verdad

Luego de la presentación de Hazan, tomó la palabra Ana Lorena Delgadillo, quien se desempeña en el Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de Naciones Unidas y destacó la labor de las mujeres en la búsqueda de desaparecidos. En este sentido, mencionó un informe reciente de Amnistía Internacional, que detalla los estándares internacionales aplicables a la protección de mujeres buscadoras en las Américas. “Las Madres y las Abuelas -dijo Delgadillo- son las que abrieron el camino de búsqueda de la verdad y la justicia. Y esto ha quedado marcado en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Detenidas Desaparecidas y en muchos otros instrumentos que son parte ahora del sistema universal y del sistema regional. Es mucho lo que, como sociedad, tenemos que agradecer al camino abierto por Madres y Abuelas de Argentina”.

Políticas regresivas

Posteriormente, tanto Anabela Montaner, perteneciente a la organización H.I.J.O.S., y Diego Morales, director del Área de Litigios del CELS, hicieron hincapié en el retroceso de políticas públicas de derechos humanos que lleva a cabo el gobierno de La Libertad Avanza, entre ellos el cierre del equipo de relevamiento y archivo (ERyA) del Ministerio de Defensa y el reciente desmantelamiento de la unidad especial de investigación dependiente de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI).

Por otro lado, Montaner recalcó que solamente el 6% de los condenados por delitos de lesa humanidad se encuentra cumpliendo su condena en la cárcel. Mientras que el resto cumple prisión domiciliaria o continúan en libertad.

El derecho internacional

Los organismos internacionales, a lo largo de los años, han desempeñado una tarea fundamental para el cumplimiento de los derechos humanos. Uno de los primeros rastros se halla en la visita de la Comisión Interamericana en 1978, la que, según destacó Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de Abuelas de Plaza de Mayo, “tuvo un impacto a nivel internacional porque permitió visibilizar fuertemente lo que estaba sucediendo y potenciar las voces que acá estaban tratando de ser silenciadas”.

Hazan, en diálogo con ANCCOM, destacó la primera Declaración sobre la Desapariciones Forzadas, aprobada por Naciones Unidas en 1992. Más tarde, en el 2006, se aprueba la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas y esa última declaración es el último gran logro de los familiares empujando por un derecho que proteja a las personas contra las desapariciones forzadas. Además, se creó un Comité contra la Desaparición Forzada. “Tiene la facultad de hacer cumplir la Convención y eventualmente hasta decidir sobre la responsabilidad internacional de los Estados que ratificaron la Convención, Argentina entre ellos”, señaló Hazan, quien fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas y del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas.

Por otra parte, recalcó la existencia del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas que desde 1980, por impulso de las denuncias que estaban haciendo los familiares de Argentina y de Chile, es el primer procedimiento especial temático de derechos humanos que creó Naciones Unidas. “Todos estos son mecanismos de Naciones Unidas que están muy atentos a lo que está sucediendo y están empezando a mandar comunicaciones al Estado diciéndole cuáles son sus obligaciones. Frente a este contexto nos vemos en la necesidad de utilizar estas herramientas del pasado para poder enfrentar el presente”, concluyó Hazan.