Reabren una causa por gatillo fácil en Mendoza

Reabren una causa por gatillo fácil en Mendoza

Revocaron el sobreseimiento de los gendarmes acusados de fusilar en un retén al joven de 20 años Andrés García Campoy. El juez que los había exculpado ahora es juzgado por múltiples delitos.

La justicia de Mendoza revocó el sobreseimiento a los gendarmes investigados por la muerte de Andrés García Campoy, quien falleció de un disparo en la cabeza a la salida de un retén policial en 2014, y ordenó nuevas medidas probatorias para determinar qué fue lo que le sucedió.

La apelación interpuesta por el Ministerio Público Fiscal del sobreseimiento dictaminado por el exjuez Walter Bento, quien hoy se encuentra preso por corrupción, logró que la Sala A de la Cámara Federal de Mendoza ordenara reabrir el caso. Los jueces Manuel Alberto Pizarro y Juan Ignacio Pérez Curci resolvieron revocar el sobreseimiento a los gendarmes Maximiliano Alonso Cruz y Corazón de Jesús Velázquez imputados por la muerte de Andrés García Campoy.

El tribunal señaló que existen “defectos en la valoración de los elementos de prueba”, y se ordenó profundizar el caso y hacer nuevas pericias balísticas y forenses que no se habían hecho anteriormente, para determinar qué fue lo que sucedió el 13 de junio de 2014.

Aquel día, Andrés García Campoy, un joven mendocino de 20 años, estudiante de la Tecnicatura de Higiene y Seguridad, conducía su Peugeot 504, cuando un retén de efectivos de Gendarmería nacional, en Luján de Cuyo, lo detuvo sobre el kilómetro 1060 de la Ruta 7. Allí, en circunstancias que aún no están claras, Andrés falleció de un disparo por detrás de la cabeza.

La versión de los gendarmes fue que el joven se disparó él mismo, pero una pericia al cuerpo de Andrés dictaminó que el orificio de la bala, que era de unos siete milímetros, no correspondía a esa hipótesis por su tamaño y porque se encontraba casi en su nuca, detrás de la oreja izquierda, un posición poco natural para tratarse de un suicidio. Además no encontraron restos de pólvora en la ropa o en las manos del chico, ni sangre dentro del vehículo.

En diálogo con ANCCOM, Mónica Campoy, la madre de Andrés, comentó: “Quiero que se haga justicia por mi hijo, y espero que los gendarmes vayan presos, nadie me va a devolver a Andrés, pero lo que hicieron ellos lo tienen que pagar”. Ambos uniformados están en libertad, uno de ellos aún en funciones en esa fuerza de seguridad. “Ellos sabían lo que hacían, tendrían que haber cuidado de mi hijo, y me lo mataron”, agregó.

La causa

A pesar de que el fiscal de instrucción de turno del Ministerio Público intervino en las investigaciones iniciales ordenando el secuestro de las armas reglamentarias de los gendarmes, no se les hizo la investigación correspondiente, ya que se adujo que la bala que acabó con la vida de Andrés se destruyó en el impacto.

Una pericia psicológica en la que se entrevistó a familiares y conocidos de Andrés determinó que no había “ningún tipo de indicio para pensar que se quitó la vida”. Él incluso había pagado su cuota universitaria el día anterior, y comprado un vino como regalo por el cumpleaños de un amigo. Era un chico alegre y con proyectos de vida, según el relato de sus allegados.

En su vehículo llevaba una vieja y herrumbrada carabina de más de cien años que no funcionaba, que le había heredado su abuelo con la intención de mostrarla a una persona que quería comprarla. El testimonio de los gendarmes imputados fue que Andrés habría sacado esa arma para amenazarlos, pero que habría tomado la decisión de quitarse la vida con la misma.

El celular de Andrés, donde seguramente se hubiesen encontrado las conversaciones con este posible comprador, fue destruido, y nunca se pudo lograr la recuperación del historial de conversaciones para ser utilizado como prueba. Los mismos abogados pidieron en su momento a la compañía telefónica este listado, pero no pudieron proporcionarlo porque ya estaba retenido judicialmente.

“Ahora vamos a poner peritos balísticos y forenses para ver si por fin se puede exhumar el cuerpo de Andrés, que siempre me lo denegaron”, comentó Mónica, y señaló que “la bala sigue alojada en la cabeza de mi hijo, dicen que supuestamente se destruyó, yo quiero saber de dónde salió esa bala”. Seguramente la más grande pregunta de este caso es por qué no fueron debidamente presentadas las pruebas en tiempo y forma, y por qué nunca se permitió exhumar el cuerpo de Andrés.

“Mi abogado empezó a descubrir cosas que nunca se habían investigado, y de ahí es que podemos hacer la apelación delante de los jueces y ellos se dan cuenta de que lo que dicen los abogados es cierto, ¿cómo van a llevar una causa sin investigar?”, comentó Mónica.

 De juez a acusado

El fiscal provincial Jorge Calle, que fue quien tomó el caso por primera vez, caratuló la causa como homicidio doblemente agravado por la calidad del sujeto activo, ya que ambos imputados pertenecían a fuerzas de seguridad, y por el uso de arma de fuego. Nunca se pudo cambiar esa calificación del hecho.

Sin embargo, el fuero provincial declinó su competencia y el juicio cayó en manos del juez federal Walter Bento. Este dictaminó el 5 de septiembre de 2014 la falta de mérito de los acusados, determinó que Andrés se había suicidado, y finalemente sobreseyó a Alonso Cruz y Velázquez.

En 2023, Bento fue detenido de forma preventiva, y enfrenta acusaciones relacionadas con diversos delitos. Estos incluyen asociación ilícita, cohecho pasivo, omisión y retardo de justicia, falsedad ideológica, prevaricato, lavado de activos de origen delictivo y enriquecimiento ilícito, entre otros. Además, es señalado por haber recibido, por medio de abogados, sobornos de imputados para beneficiarlos y manipular procesos judiciales.

Mónica comentó que “cuando cayó Bento, fue más fácil para mí que me empezaron a llamar los medios, y de ahí es que surge de nuevo la causa y hemos llegado hasta acá”. 

A pesar de todo lo que se habló acerca de este juez, que incluso Mónica cree que pudo haber repercutido también en la sentencia de la causa por la muerte de su hijo, ella no dejó tampoco de creer en la justicia: “Tuve la mala suerte de que me tocó un juez corrupto, con uno diferente no habríamos estado diez años peleando”.

“Cuando pasó lo de Santiago Maldonado, yo ahí me atreví a decir que a mi hijo también lo había matado Gendarmería en un caso insólito: le pegaron un tiro saliendo de un retén», dice Mónica.

La labor social de los medios

Luego de tantos años de lucha y toda la energía gastada en el sistema judicial, de todas las marchas pidiendo justicia, de todas las veces que tuvo que contar la historia de su hijo, y de tantas situaciones adversas, Mónica aún encuentra fortaleza en Andrés. “Saco la fuerza de mi hijo, porque yo soy su voz, y tengo la esperanza de que tenga justicia”.

Mónica siempre estuvo agradecida a los medios de comunicación y a las personas que la ayudaron a difundir su historia, y que gracias a los diarios y radios que la invitaron a contarla fue que la gente empezó a reconocer el caso de Andrés. “Sin ellos nadie hubiese conocido quién fue mi hijo”.

En 2014, cuando todo esto pasó, Mónica no contó con mucha difusión de los medios, pocos sabían lo que le había pasado a Andrés García Campoy, y pocos supieron la sentencia de Walter Bento.

“Cuando pasó lo de Santiago Maldonado, yo ahí me atreví a decir que a mi hijo también lo había matado Gendarmería en un caso insólito, que le pegaron un tiro saliendo de un retén, y ahí empezaron a llegar las notas de los diarios”. Mónica también se animó a hacer la comparación con el caso de Rafael Nahuel, quien finalmente tuvo su justicia, y comentó: “Siempre que las fuerzas están involucradas en hechos así, se habla de suicidios”.

“Ahora sobre todo tengo esperanza, no la perdí nunca”, comentó Mónica y agregó: “Tengo la esperanza de que se sepa la verdad, y que mi hijo pueda descansar en paz, sabiendo que su mamá hizo las cosas bien”. Finalmente, Mónica dejó un mensaje para quienes siempre la han acompañado y para todos los que escuchan la historia de Andrés García Campoy por primera vez: “A la sociedad quiero agradecerle por estar conmigo, por acompañarme a las marchas, por ayudarme a difundir. Hoy se están enterando del caso de Andrés, eso lo ha hecho la misma gente que escucha mi testimonio, me acompaña y corre la voz. Gracias a esa gente”.

«No somos angelitos pero tenemos alas»

«No somos angelitos pero tenemos alas»

En una nueva audiencia judicial por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II declararon testigos ligados al sobreviviente Sergio Gobulin. Otra vez fue mencionado Jorge Bergoglio.

“Tenía una ausencia tremenda, no tenía pertenencia a una cultura, a una nación, es algo que me falta”, expresó este martes -en la sexta audiencia de la casua Mansión Seré y RIBA II- Natalia Paola Gobulin, hija del matrimonio Barzola Gobulin, quienes testimoniaron en sesiones anteriores, también de forma virtual vía zoom, dado que viven en Italia desde su exilio. Antes de iniciar su declaración, Natalia aclaró que aún tiene algunas dificultades con el idioma español. Partió desde aquella aclaración para iniciar un recorrido en el tiempo en torno a aquellas cosas que le fueron arrebatadas: “Fueron faltandome personas, yo le preguntaba a mi mamá porqué no teníamos a la familia cerca, no sabía donde quería estar. Fueron detalles pero me cambiaron como persona”, prosiguió su relato. Sobre el secuestro de su padre, mencionó que aunque ella era apenas una beba y guarda escasos recuerdos, también existieron  consecuencias: “Saber que vivieron aquellos momentos me dolió como hija, pero también lo viví en primera persona, esta sensación de miedo, una la lleva dentro”, reflexionó la testigo acerca de las consecuencias de este episodio que la atravesaron y concluyó: “En esta historia todos tenemos nuestra parte”.

“Creció en Italia un poco confundida y perdida”, analizó Roberto Gobulin, hermano menor de Sergio Gobulin, en relación a su sobrina y a su infancia lejos de sus raíces: “Natalia estaba entre Argentina e Italia”, sostuvo haciendo alusión a diferentes momentos en los que ella se debatió entre qué país elegir. El testigo también se refirió a cuando fue el nexo principal de la familia con el entonces padre Jorge Bergoglio, hoy Papa Francisco, situación que ya tuvo debate en la causa ante el pedido de la querella y de la defensa de incorporarlo como testigo del juicio: “Bergoglio había tocado varias puertas, creía que lo tenía detenido la Fuerza Aérea. Unos días antes de la liberación de Sergio, tuvimos una entrevista en el Colegio Máximo. Había logrado un contacto de alto mando que le había prometido que en esos días o salía o no lo veíamos más”, relató el testigo, en torno a las averiguaciones que pudieron recabar durante el periodo de desaparición de su hermano, mediante contactos militares. “Eso fue terrible para mí. Un golpe muy grande. Pero dentro de todo lo malo llegó la buena noticia, a los 18 días del secuestro me llamó Aldo Barzola: lo habían encontrado y estaba en el Hospital Italiano”. Roberto Gobulin hizo principal hincapié en que la ayuda y el compromiso de Bergoglio fue la clave para la aparición con vida de su hermano: “El se jugó por mucha gente, es una persona muy digna y valorable”, sostuvo.

Roberto Gobulin estuvo muy aprensivo por las consecuencias psicológicas que el secuestro y la tortura cimentaron sobre su hermano, durante el periodo de internación hospitalaria y a posteriori: “Estaba vencido y muy golpeado. Lo encontré quebrado en su caracter. Lo desconocía”, expresó acerca del estado de su hermano tras la liberación. De la misma forma, relató los motivos que arrojaron a su hermano y a su familia al exilio: la persecución posterior al secuestro con un mensaje claro: “A vos te conviene irte”.

Los testimonios en torno al secuestro de Sergio Gobulin se fueron sucediendo y sumaron información de lo ocurrido desde el lugar en que cada uno lo vivió. El tercero en declarar fue el único testigo que presenció el secuestro de Gobulin, Ramiro Ferreiro Rodríguez, amigo que Sergio Gobulin conoció cuando era un joven estudiante de Teología en el Colegio Máximo de San José y con quien luego volvieron a coincidir trabajando en “El Observatorio”, una imprenta de papers académicos y administrativos de la Universidad de Loyola que administra a ambas instituciones perteneciente al grupo religioso jesuita y que integra el papa Francisco. El testigo reflexionó que se puede analizar el secuestro en dos etapas, un primer momento en el que se realizaron tareas de espionaje y luego, la materialización del del hecho: “La semana anterior al secuestro vino un grupo de personas interesadas en el funcionamiento de las máquinas. Con el diario del lunes, sospechamos que en realidad hacían tareas de investigación y les interesaba en realidad el contenido de lo que publicábamos”, analizó el testigo sobre este episodio de inteligencia previo al secuestro.

“Otro día vinieron y preguntaron por Sergio. Él no estaba. Se había tomado licencia para resolver unos problemas en la construcción de su casa. Fui a la construcción a avisarle, pero cuando llegué había tres personas. Una de ellas me encara y me pide documentos, dentro de la campera me muestra un revólver. Estaban vestidos de negro. No tenían insignias ni me mostraron credenciales o identificación. A los minutos llega un auto con otras dos personas, una de las cuales era la que había ido a preguntar al Observatorio”, relató el testigo de forma muy metódica y precisa sumando datos sobre colores, cantidad exacta de personas y modelos de autos. “Lo esposaron y lo metieron en un Peugeot 204 color beige o café y se fueron junto a un 128 verde, que a la semana siguiente lo volví a ver fuera de en un edificio de la Fuerza Aérea -relató y para finalizar agregó:- En esa época se decía que si estabas cerca de un detenido corrías la misma suerte. Sentí esa persecuta, principalmente porque en el allanamiento a la casa de sus suegros habían robado fotos donde yo aparecía. Esta es la primera vez que hablo sin tener presión de ningún tipo”.

“En la época que Ana Barzola estaba por tener el bebe a mí me secuestraron”, inicia el último testimonio de la sesión, Nélida Olivieri, amiga que le facilitó al matrimonio una casilla en el fondo de su casa cuando les allanaron por primera vez, meses antes del secuestro de Gobulin, la vivienda en Villa Mitre. En su declaración hila el secuestro en primera persona, pero también aquello que vivió Sergio Gobulin y el arquitecto Alejandro Miceli, quien declaró en la audiencia anterior. “Tenía una mirada muy inocente, experiencia de otras épocas, cuando mi propio padre estuvo preso y a la gente la detenían y la golpeaban, pero luego la soltaban. No desaparecían o aparecían muertos”. Hija de un mecánico de la Fuerza Aérea, vivió su infancia en la Base Aérea de Moreno, hasta que su padre fue trasladado a Córdoba: “Para mí la Aeronáutica era lo más en la infancia. Mi papá dejó la vida ahí y fue muy duro para mi darme cuenta de que hacían eso”.

Aunque ya declaró en circunstancia de otro juicio y su caso no pertenece a esa causa, Olivieri se refirió al momento de su secuestro durante el testimonio: “Preguntaron por la maestra de cuarto grado. Yo repregunté: ‘¿La maestra de cuarto grado?’. Pero se bajaron del auto y me subieron en el baúl. De entrada supe que estaba en la Base Aérea porque escuchaba el mismo vocabulario que en toda mi infancia: hangares, pista, ‘no somos angelitos pero tenemos alas’”. Agrega que en las torturas se referían a ella como Noemí, le preguntaban por su padre médico y quién era su jefe en el ERP: “En el interrogatorio no salía que yo era estudiante de psicología. En cambio me decían que yo era de esas madres que dejaba a sus hijos para ir a poner bombas. Después de 20 años me pude enterar a qué maestra buscaban en realidad”, aunque confiesa que no recuerda con exactitud su apellido.

En diálogo con ANCCOM, la testigo amplió información sobre amigos y vecinos desaparecidos del barrio: “El doctor Rodolfo “Rolo” Freyre con quien me unió una larga amistad y el arquitecto de mi casa Alejandro Miceli. Solo después de 15 años supe que él -Miceli- también estuvo secuestrado. Nunca lo hablamos. No sé si él sabrá de mi situación. Nadie habla de esto, es muy difícil explicar. Uno se callaba y no decía nada”.

El fiscal Félix Crouse le consultó antes de finalizar su testimonio, cómo analiza a partir de las herramientas que le da su profesión el silencio por parte de las víctimas del terrrorismo de Estado. La respuesta de la sobreviviente y psicóloga fue: “Uno no hace sufrir a las personas que quiere: yo a mis papas no se los conté nunca”, y se tomó un momento para recuperar la voz.

La próxima sesión está programada para el martes 21. Aún resta  confirmar si será de manera virtual, caso en el cual se puede acceder a través de la transmisión de FM en Tránsito y el portal La Retaguardia, o bien, de manera presencial en el Tribunal Federal Oral N°5 de San Martín, ubicado en Pueyrredón 3734. 

El tribunal que investiga la masacre del Pabellón Séptimo convalidó la transmisión del juicio

El tribunal que investiga la masacre del Pabellón Séptimo convalidó la transmisión del juicio

En la segunda audiencia que juzga a los responsables de estos crímenes de lesa humanidad, la defensa de los represores intentó en vano que el proceso no sea público.

Luego de su apertura el pasado miércoles 9 se reanudó la audiencia del debate en el juicio oral y público por la masacre en el Pabellón Séptimo, la mayor matanza carcelaria de la historia, ocurrida entre el 13 y el 14 de marzo de 1978. Los imputados se negaron a volver a prestar declaración indagatoria mientras que sus defensas buscaron impedir la transmisión del proceso. ANCCOM habló con una de las abogadas de la querella.

Al igual que el miércoles anterior, la audiencia tuvo lugar en la Sala SUM del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 5 de la Ciudad de Buenos Aires. El juez Nicolás Toselli reanudó la audiencia consultando a las partes si tenían cuestiones preliminares para plantear. Gerardo Miño, defensor público del imputado Gregorio Zerda, solicitó que las audiencias no sean transmitidas en vivo –lo hacen el canal de la Corte Suprema y la plataforma online La Retaguardia– durante la declaración de los testigos. “No es lo mismo ver al testigo, escucharlo, ver a las partes cómo preguntan, ver al tribunal, al público como reaccionan. Todo eso puede afectar sustancialmente la declaración de los testigos posteriores” explicó el defensor. 

Luego tomó la palabra el fiscal general Abel Córdoba para expresar el completo rechazo a la petición porque consideró que “implicaría una prohibición de contacto, un aislamiento de todos los testigos entre sí, de acá hasta que termine el debate, la parte recursiva y demás, es imposible su realización”. Además, Córdoba añadió que lo que se expresa como fundamento no es algo más que un temor eventual, siendo no más que “una situación imaginaria donde algún futuro testigo vaya a guiarse por algo que haya visto realizarse en el proceso y que a partir de eso altere o modifique su testimonio en un sentido que afecte su juramento de verdad”.

Finalizada su intervención, el juez Toselli le dio la palabra a la abogada de la querella, Claudia Cesaroni, quien adhirió a lo planteado por Córdoba y enfatizó en que se comprenda que se está investigando un hecho en el que se ha producido un proceso de construcción de memoria colectiva: “Estamos hablando de víctimas, de sobrevivientes, de familiares que han tardado años en lograr reconocerse como víctimas de un delito, de una masacre, de un crimen contra la humanidad, y que en ese encontrarse durante todos estos años se han visto un montón de veces libros, notas periodísticas que relatan este caso”. Por tanto, la abogada planteó que “sería un ritualismo absurdo, excesivo y carente de todo sentido suponer que no deberían comunicarse a partir de ahora, o que porque van a ver cómo uno de ellos cuenta lo que ya escucharon decenas de veces lo que sucedió y que otros han vivido podrían influir en su testimonio”.

Por la Secretaría de Derechos Humanos, el abogado Máximo Castex también adhirió al rechazo de la petición y retomó lo explicado previamente por Córdoba, manifestando que aquel planteo sería adelantarse a algo que aún no ocurrió. Después de un cuarto intermedio, el juez Toselli, en nombre del resto del tribunal, expresó que se rechazará la cuestión preliminar introducida. “Al contrario de lo que establece el señor defensor, los artículos que tienen que ver con la publicidad y la transmisión de juicios están vigentes para todos los tribunales federales y nacionales desde el 24 de noviembre de 2020”. Así se continuó con la decisión original de la transmisión completa del proceso.

Derecho a no declarar

Toselli continuó con el devenir del debate, refiriéndose particularmente a los imputados, siendo la primera oportunidad que otorga la ley procesal para que cada uno declare. 

Juan Carlos Ruiz, el exdirector del Instituto de Detención de Devoto, imputado por haber dispuesto una requisa disciplinadora que devino en la feroz represión y el incendio que mató a 65 presos e hirió de gravedad a otros 88, dijo que no declararía. Solo se dio lectura a la declaración indagatoria que había realizado en la etapa de instrucción de la causa ante el juez federal Daniel Rafecas. 

Gregorio Bernardo Zerda, excelador de la División Seguridad Interna, imputado por haber omitido el salvataje de las víctimas y de haber agredido a los sobrevivientes, expresó que por consejo de su abogado, tampoco hablaría. Por último, Horacio Martín Galíndez, exjefe de la División de Seguridad Interna, imputado por ejecutar la orden de requisa y haber dejado avanzar el incendio tampoco se manifestó. En ambos casos, también se incorporaron, entonces, las declaraciones realizadas en la instrucción.

Finalmente, la Fiscalía reiteró su solicitud para que se realice una inspección en el lugar donde ocurrieron los hechos en la cárcel de Devoto. “La manera de tomar realmente dimensión y poder poner en contexto las palabras de las personas que van a declarar en lo sucesivo es a través de la presencia del tribunal y de las partes en el lugar en que ocurrieron los hechos”, planteó María Laura Grigera, auxiliar fiscal. Para esta actividad solicitó que se fije una fecha para realizar esta medida en el penal de Devoto con la presencia de las partes y de los testigos, incluyendo la inspección del pabellón, los pasillos y pasarelas vinculadas, así como también todos los espacios aledaños de los lugares a los que fueron llevados los detenidos una vez que retirados del pabellón, incluyendo la visualización de las entradas, las salidas, los muros exteriores e interiores donde se produjeron disparos y cualquier otro espacio que pudiera ser de utilidad para efectuar el reconocimiento teniendo en cuenta el objeto de la imputación. 

Toselli respondió que se tendrá presente la petición y que de por sí el tribunal tiene intenciones de avanzar en esa inspección para tener conocimiento directo de la estructura edilicia. Sin embargo, señaló que también hay cuestiones de logística que implican ponerse en contacto con las autoridades pertinentes para gestionar la mejor forma posible de cumplir con las medidas y también contar con la seguridad de las personas que están cumpliendo su detención. 

A su turno, la defensa agregó la necesidad de comunicar a las autoridades para que muestren o informen si hubo modificaciones en las aperturas de las puertas, en el cambio de colchones o cualquier otro cambio posible, solicitud posteriormente aprobada por el juez. 

Casi una hora después de su inicio, Toselli estableció un nuevo cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 23 de octubre. 

Clase pública

Una vez finalizada la audiencia se produjo una clase pública en el subsuelo del tribunal para los estudiantes de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo (UNMA) que habían asistido a la audiencia. Participaron las abogadas Cesaroni y Natalia Dalessandro, el sobreviviente Juan Olivero y Cristina Cresente, familiar de una de las víctimas. 

A modo de síntesis de la jornada, Cesaroni expresó que “era muy factible que los imputados no volvieran a declarar en el debate oral, aunque recordamos siempre que lo pueden hacer en cualquier momento”, explicó la abogada. Respecto a la solicitud de prohibir la transmisión, Cesaroni comentó que en los juicios de lesa humanidad no se suelen admitir estas objeciones. “Nosotros profundizamos la cuestión de que justamente es un poco absurdo pensar que unos y otros no se han escuchado cuando desde hace 11 años estamos dando batalla por este juicio y cuando precisamente el proceso de construcción de memoria colectiva implica que los sobrevivientes se junten, hablen, se cuenten las cosas. Además los testigos luego juran decir verdad, si la defensa observa que hay alguna situación en la que se puede estar mintiendo tienen las herramientas para hacer sus planteos”, detalló.

Por último, Cesaroni comentó sobre las primeras declaraciones testimoniales que se llevarán a cabo durante la próxima audiencia. “El miércoles que viene van a declarar dos sobrevivientes, Hugo Ricardo Cardozo y Roberto Montiel. Vamos a tratar de que cuenten todo lo que pasó tal cual lo han venido contando pero por primera vez ante jueces que tienen la posibilidad de decidir si hay una condena por esos hechos de los que fueron víctimas”, anticipó.

 

No hay plata, excepto para espiar

No hay plata, excepto para espiar

La Comisión de Presupuesto de Diputados recibió a Patricia Bullrich que lejos de responder preguntas agredió a los legisladores que cuestionaron la falta de partidas que garanticen derechos como la educación y la salud. El presupuesto para Inteligencia es uno de los dos que más crecería el año próximo.

Una semana después de que el poder ejecutivo -con el respaldo de la Cámara de Diputados- haya vetado la Ley de Financiamiento Universitario y casi a un mes de la anulación de la Ley Jubilatoria, Patricia Bullrich, ministra de Seguridad de la nación, expuso frente a la Comisión de Presupuesto y Hacienda las razones de aumentar en un 19% los recursos económicos previstos para su area en el año 2025 – el segundo que más incremento recibió, por detras de Capital Humano-. Bajo la premisa “no hay plata” Y “el que las hace las paga”, Bullrich abrió el debate con una defensa de su gestión, en el que le agradeció a los diputados presentes el voto de las leyes que introdujo su Ministerio.

La exposición, que comenzó pasadas las 15 y culminó cerca de las 18, estuvo marcada por altercados, discusiones y acusaciones cruzadas. La disposición de la comisión -que solo permitía 10 preguntas sin la posibilidad de repreguntar- dio lugar a dudas e interrupciones debido a la evasión de preguntas por parte de la Ministra. Ante la declaración de Bullrich acerca de que su gestión “nunca considera como delincuentes a los diputados”, la diputada por Unión Por la Patria, Lorena Pokoik la interrumpió para acusarla de “caradura”, lo que desató un intercambio de imputaciones con el presidente de la comisión, José Luis Espert, mandando a sentar, fiel a su estilo, a la diputada. En medio de la discusión, Pokoik advirtió a un hombre de traje, a quien ella identificó como personal de seguridad de Bullrich, filmarla con su celular; ante esto, la legisladora peronista pidió enérgicamente que se retire esa persona, para posteriormente abandonar ella misma el recinto, buscando explicaciones de tal accionar.

El Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) solicitó para el año próximo un presupuesto de 7,2 billones de pesos para gastos salariales y de funcionamiento pero el gobierno asignó casi la mitad: 3,8 billones. El Ministerio de Seguridad tiene previsto recibir 5,3 billones.

Ante la decisión de destinar al Ministerio de Seguridad 5,3 billones de pesos anuales, el diputado por el Frente de Izquierda Unidad, Nicolás del Caño, declaró en conversación con ANCCOM: “Las partidas de educación es menor al aumento del de seguridad, eso se lo preguntamos a la Ministra Bullrich. Este presupuesto marca el ajuste de partidas muy sensibles: educación, trabajadores, jubilados. Obviamente, los pagos de la deuda son la prioridad de este gobierno, por eso creo que la resistencia de las mayorías trabajadoras va a ser cada vez más fuerte con respecto a esta situación, donde el Gobierno busca consolidar el ajuste de este 2024 y aumentar ese recorte en muchas partidas para el 2025”. En este sentido, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) había solicitado un presupuesto de 7,2 billones de pesos anuales para gastos salariales y de funcionamiento, a lo que el gobierno respondió con una asignación de casi la mitad, 3,8 billones.

Otro de los altercados que tuvo Bullrich en su exposición ante la Comisión de Presupuesto y Haciendalo protagonizó con Leopoldo Moreau, integrante del bloque de Unión Por la Patria, quien utilizó sus cinco minutos para preguntarle, entre otros temas, sobre el sistema de inteligencia en las cárceles. Ante la consulta, la ministra confundió al diputado Mena, con Martín Soria, exministro en la gestión de Alberto Fernández, quien fue el encargado de poner en marcha la inteligencia del  Servicio Penitenciario. En medio de la correcciones por parte de los integrantes de la Comisión y las chicanas sobre su estado etílico, Moreau la acusó de “mercenaria”, invitándola a callarse, lo que despertó la furia de la excandidata a presidenta “Callate vos, ¿Quién habla?¿Querés que te cuente la plata que te cobraste de Yabrán?”. El cruce desató el griterío del recinto y la indignación de los diputados opositores, que le recordaron su pasado político y los permanents cambios de posicionamiento partidario. Ante esto, Moreau anunció más tarde que denunciará a Bullrich por “calumnias y amenazas”.

Por otra parte, Moreau interrogó a la ministra por los 197.238 millones de pesos destinados a la Secretaría de Inteligencia De Estado -SIDE- en el presupuesto del año próximo. “Para esto sobra plata en la República Argentina, acá no hay preocupación por el equilibrio fiscal. Esta es la inteligencia que quieren, no la que se produce en las universidades, sino la que está destinada a perseguir a los argentinos y espiarlos”, dijo el diputado.

La asignación a la SIDE despertó polémica debido a que, hace unos meses, había sido vetado el decreto que asignaaba un presupuesto de 100.000 millones para tal organismo. Para Nicolás Del Caño “es un disparate. Demuestra que hay plata para algunas cosas, pero no hay para educación, para la salud, para las jubilaciones pero sí para los controles y los espías. Lo cual, bueno, muestra el doble discurso, la doble vara que tiene este gobierno”.

Sin embargo, el momento de mayor indignación tuvo lugar cuando la Ministra de Seguridad volvió a asegurar que el episodio que tuvo como víctima a una menor de edad -en el que un efectivo de la policía le disparó gas pimienta a escasos centímetros de distancia en medio de una protesta- , fue responsabilidad de un grupo de manifestantes, asegurando disponer de un video en el que se ve al supuesto militante lanzando el gas que afecta a la niña. Bullrich no mostró el video, alegando que se lo va a facilitar a la justicia.

Finalizando la jornada, Mariano De Los Heros, titular de la Administración Nacional de Seguridad Social -ANSeS-, hizo defensa de su gestión y argumentó el presupuesto de su partida, la cual se realizó en un clima mucho más calmo, en comparación con la expectativa que había por la declaración de Patricia Bullrich

La ronda de los martes

La ronda de los martes

Con el impulso de organizaciones sociales y la presencia Adolfo Pérez Esquivel y Paco Olveira comenzaron los “martes por la resistencia pacífica”, una convocatoria semanal frente al exministerio de Desarrollo Social para “denunciar las injusticias, los atropellos y la violencia que ejercen los poderes de la muerte, enquistados en estas formas de gobierno”.

«Como nos enseñaron nuestras Madres de Plaza de Mayo, que cada jueves resisten en la Plaza, y como lo hacen nuestros jubilados y jubiladas todos los miércoles frente al Congreso, nosotros también decidimos reunirnos todos los martes a las 15:30 para seguir ese mismo camino de resistencia pacífica», expresó Francisco Paco Olveira, cura y miembro del grupo Opción Por Los Pobres, al inciar el primer encuentro de la Mesa Ecuménica por la Democracia, la Vida y el Bien Común, que tuvo lugar hoy frente al exministerio de Desarrollo Social.

Bajo el lema «¡Basta de hambre! ¡La vida reclama!», un grupo de organizaciones cristianas y de Derechos Humanos como el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj), Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos (MEDH), Curas Villeros, Curas en Opción por las y los Pobres (COPP) entre otros, se congregaron para exigir, a través de una resistencia pacífica, respuestas ante la creciente pobreza y el hambre que afecta a miles de familias en Argentina. La convocatoria reunió a personas de todas las creencias y también a artistas que participaron con música y poesía como forma de denuncia. La convocatoria, prometen, se realizará todos los martes.

En su intervención, Olveira destacó la necesidad de unirse para «terminar con el hambre en nuestra patria». Señaló el simbolismo del lugar de la convocatoria: «Estamos frente al Ministerio de Capital Inhumano, bajo la imagen de Evita. Su rostro que mira al norte refleja la bronca, porque allí se come bien, mientras que su mirada hacia el sur expresa cariño, porque ahí están sus pobres, aquellos que hoy no tienen para comer».

Luego, el pastor Diego Mendieta, de la Pastoral Social Evangélica, reforzó este mensaje, llamando a «construir escenarios que nos convoquen» y a «estar en la calle junto al pueblo, levantando la voz». Subrayó el trabajo territorial de las organizaciones de la Mesa Ecuménica a través de merenderos y comedores, y agregó: «Necesitamos construir una diaconía profética capaz de abrazar a los débiles y sentir el dolor ajeno, pero también de denunciar las injusticias, los atropellos y la violencia que ejercen los poderes de la muerte, enquistados en estas formas de gobierno y políticas que solo buscan robar la dignidad y la felicidad a nuestro pueblo». Además, enfatizó que «no habrá paz sin justicia social, económica, ambiental y de género».

Después de la intervención de Mendieta, el encuentro continuó con la lectura del Evangelio y canciones interpretadas por el grupo La Tranquera. Finalmente, el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, tomó la palabra: “Tenemos que unirnos en la diversidad para construir un nuevo amanecer. El pueblo argentino ha demostrado una y otra vez su capacidad de resistencia y rebeldía contra las injusticias”.

Pérez Esquivel destacó que «sin pan y sin trabajo no habrá paz», recordando que la paz no es simplemente la ausencia de conflicto, sino «una dinámica permanente de relaciones humanas, de compartir el pan y la libertad», y lamentó que en Argentina hoy esto no exista. También hizo un llamado a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, exigiendo una reunión urgente para dialogar: “Es cruel e inhumano que toneladas de alimentos estén secuestradas sin ser compartidas con el pueblo que lo necesita”.

El activista también remarcó que una verdadera democracia debe significar «derecho e igualdad para todos y todas, no solo para algunos que se enriquecen a costa de los pobres», y criticó al gobierno por priorizar los números sin considerar que detrás de ellos «hay rostros de niños, hombres y mujeres que reclaman una vida digna».

En diálogo con ANCCOM, Pérez Esquivel profundizó en su análisis sobre la crisis actual: «Que Argentina, que produce tantos alimentos, tenga niños desnutridos y jubilados que no llegan a fin de mes es el resultado de malas políticas que están destrozando el país. En el norte, les están quitando hasta el agua para favorecer a las mineras», señaló, responsabilizando a los gobernadores que, según él, «son testaferros del gran capital».

También expresó su preocupación sobre el gobierno de Javier Milei: “Lo que más me preocupa no es Milei, sino los diputados y senadores que le votaron todo y entregaron el poder, traicionando al pueblo argentino”. Y finalizó: “Necesitamos construir otras alternativas sociopolíticas, culturales y económicas».