Impunidad para el genocida Eduardo Alfonso

Impunidad para el genocida Eduardo Alfonso

Una resolución de la Cámara de Casación Penal dejó sin efecto la condena del represor por el asesinato de Domingo García, desaparecido durante la última dictadura. La hija de la víctima asegura que apelarán en la Corte.

En tiempos donde la historia es relativizada desde las huestes oficialistas, y vuelven a tener voz discursos de reivindicación de la dictadura cívico militar de 1976, la Sala II de la Cámara de Casación Penal falló a favor del exmilitar Eduardo Alfonso, dejándolo impune por el asesinato de Domingo Antonio García. El jefe de operaciones estuvo prófugo cuatro años en Paraguay antes de ser condenado en primera instancia por su participación en el allanamiento ilegal a la casa de los García-Recchia. Sin embargo, ahora, podrá salir en libertad nuevamente pese a las pruebas que lo involucran en el homicidio.

“Esta decisión es política, no tiene ningún anclaje jurídico”, asevera Juliana García en conversación con ANCCOM, hija de Domingo García y Beatriz Rechchia, que con tres años fue privada de su libertad junto a su madre embarazada de cinco meses. “Esto tiene que ver con el clima de época, y las políticas de Estado respecto a las cuestiones de memoria, verdad y justicia”, concluye. En el juicio por el operative ilegal hecho en el domicilio de Villa Adelina, se demostró el asesinato de Domingo Antonio tras un enfrentamiento armado, así como el posterior secuestro de Beatriz Recchia que estaba embarazada y tuvo que dar a luz meses más tarde bajo condiciones inhumanas en el centro clandestine de detención, tortura y exterminio ubicado en Campo de Mayo.

La abogada Carolina Villella, que lleva adelante causas judiciales de Abuelas de Plaza de Mayo, asegura que “este fallo desconoce los hechos juzgados anteriormente, y lo que se está buscando es evitar la cadena perpetua para Alfonso”. También señala que “hay una explícita contradicción entre lo que la Sala II sentenció hace 4 años, y lo que resuelve ahora”. Cuando el exmilitar se entrega en el año 2017, la justicia en primera instancia lo absuelve por el asesinato a García, pero frente a los recursos interpuestos por la querella de Juliana García, el 3 de diciembre de 2020, Alfonso fue condenado a las penas de prisión perpetua e inhabilitación absoluta y perpetua por el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 1 de San Martín, siguiendo los lineamientos establecidos por la CFCP.

En su búsqueda incansable de justicia, Juliana García afirma que presentará un recurso ante la Corte para que revise este nuevo fallo de Casación y se vuelva a dictar la sentencia. “Alfonso es una persona que tiene poder real en el Ejército, y evidentemente no le soltaron la mano. No es casual que haya podido aguantar cuatro años prófugo sin problemas, y con ayuda de la Interpol”. Por su parte, Villella expresó que “acá se están violando las obligaciones internacionales en relación al deber de investigar, de juzgar y sancionar adecuadamente estos crímenes, por lo que presentaremos un recurso extraordinario con el que volveremos sobre el pedido de perpetua para el represor”.

El Gobierno porteño contra los artesanos de La Boca y San Telmo

El Gobierno porteño contra los artesanos de La Boca y San Telmo

Los delegados de las ferias artesanales de la Vuelta de Rocha I y II, de La Boca, y los representantes de las ferias de Plaza Dorrego y calle Defensa reclaman mantener sus espacios de trabajo y no ser desalojados. Se abrió una mesa de negociación después de una protesta.

“Vamos a plantear que deroguen la Disposición 2166, que es la que firmó Yoana Fiore de la Dirección General de Permisos y Ferias. Después de eso, nos podemos sentar a ver de qué manera podemos reacomodarnos en el emplazamiento histórico nuestro”, señaló Darío Sánchez, delegado de las ferias artesanales Vuelta de Rocha I y II de La Boca, en una conversación con ANCCOM. Lo dijo pasadas las 10 de la mañana de este miércoles, justo antes de entrar -junto a los delegados de las ferias de Plaza Dorrego y calle Defensa al 1200 y 1300 de San Telmo- a la reunión que tenían pactada con las autoridades del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño.

Los primeros días de agosto, el Gobierno de la Ciudad (GCBA) había enviado a los artesanos de Vuelta de Rocha I y Vuelta de Rocha II de La Boca una disposición judicial para trasladar las ferias que estaban históricamente ubicadas en la Plazoleta de los Suspiros hacia la Plazoleta Bomberos Voluntarios. Al poco tiempo, y de noche, el GCBA corrió, de manera repentina y abrupta, los puestos de un sector al otro. “Yo estuve ese día, fue de madrugada. Fue violento como todo lo que hace este gobierno que está ahora —dijo Sánchez—. La semana pasada nos desarmaron la feria más violentamente. Los puestos en la Plaza de los Bomberos estaban generando diez mil problemas y como nadie se estaba preocupando por nuestra situación trasladamos nosotros los puestos a nuestro lugar histórico, y ahí nos los desarmaron”. Mientras Sánchez pronunciaba esas palabras, un feriante sostenía en alto un cartel que decía “La feria es con todos adentro” y un grupo de artesanas agitaba una bandera que rezaba “La feria de Plaza Dorrego no se achica”.

Los artesanos de las ferias Vuelta de Rocha I —que funcionaba los jueves y viernes— y Vuelta de Rocha II —que se desarrollaba los sábados y domingos—, no están pudiendo trabajar desde hace dos meses porque en la Plazoleta Bomberos Voluntarios de La Boca no sólo no hay espacio suficiente para los 140 feriantes sino que además es una zona alejada de los turistas. El hacinamiento y la disminución en las ventas son los mayores problemas que tendrían que enfrentar los feriantes boquenses si acataran la orden del GCBA, cosa que no está sucediendo y por eso están sin poder trabajar y reclamando todas las semanas.

En San Telmo la situación es un tanto diferente. A los artesanos de la calle Defensa al 1200 y 1300 les llegó una disposición por escrito hace un mes, también enviada por el GCBA, que busca reducir la feria a una sola mano, de manera que la mitad de los feriantes quedaría sin trabajo. El argumento que dio el Gobierno porteño fue que las autobombas y los vehículos policiales no estaban pudiendo circular. No obstante, ese criterio no se aplicó en la feria que funciona desde Defensa e Independencia hasta Plaza de Mayo, ya que sigue siendo de doble mano. Es así que solamente se verían afectados por la medida los artesanos de Defensa al 1200 y 1300, razón por la cual muchos de ellos consideraron este hecho como discriminatorio.

“En la reunión de hoy vamos a pedir que se frenen esas disposiciones para que se pueda abrir una mesa de diálogo donde realmente se hable de las razones por las que están tomando estas decisiones”, comentó a esta agencia Delfina Torres, delegada de los artesanos de la calle Defensa al 1300, San Telmo. “Queremos que el reordenamiento sea favorable para todos, nosotros somos parte de la Ciudad y del turismo. Gracias a nuestras ferias abrieron locales que no existían, y ahora ellos son parte de quienes nos quieren desplazar del espacio”, agregó Torres al tiempo que iban llegando cada vez más y más artesanos a la concentración que estaba prevista sobre las calles Martín García y Avenida Regimiento de Patricios, justo enfrente del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño.

 A su vez, a los feriantes de la Plaza Dorrego no les llegó una notificación formal escrita que indique un traslado (como les pasó a los de La Boca) o una reducción de los puestos (como les sucedió a los de Defensa al 1200 y 1300), pero saben —por una reunión informal que los delegados y las autoridades porteñas tuvieron en junio— que el GCBA tiene intenciones de desalojar la parte de la feria que funciona en lo que se conoce como “el murito”, que tiene un poco más de un metro de altura y separa el centro de la plaza y la vereda. El argumento que dio el Gobierno porteño en ese caso, de manera informal, fue que los feriantes estaban dañando parte del casco histórico y que era ilegal poner puestos ahí.

Para las 11 y media de la mañana, los delegados de las ferias artesanales de La Boca y San Telmo ya estaban reunidos con las autoridades porteñas en una sala del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. En la calle, por otro lado, había un centenar de feriantes que pedían, con bombos y carteles, que el GCBA no avance con el traslado ni la reducción de las ferias.

Los más corajudos se animaron a colgar una bandera que decía “El arte no es delito” en una camioneta del gobierno porteño, una que tenía impregnado el lema “Vamos Buenos Aires”. Y el otro grupo de osados pegó sobre una vidriera publicitaria ubicada en la parada de los colectivos 29 y 53 un cartelito que decía “Feria Artesanal Vuelta de Rocha. 40 años de historia” y otro que rezaba “Artesanía es cultura. Cultura es identidad”. Era una batalla territorial lo que se estaba desatando, que empezó cuando al Gobierno porteño se le ocurrió que las ferias populares ya no estaban de moda y había que sacarlas de la vista de los turistas.

 Al mediodía, todos los artesanos —los de San Telmo y La Boca juntos— hicieron sonar bombos, platillos, vuvuzelas, latas, cencerros y cualquier otra cosa que hiciera ruido. Era para demostrar que la bronca acumulada por tantos destratos estaba organizada. Al mismo tiempo, algunos feriantes pintaron con stencil algunos sectores de la vereda y de la fachada del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana. “San Telmo resiste”, era uno de los mensajes grabados. Poco después empezaron a llegar al baile algunos efectivos de la Policía de la Ciudad, que miraban a los feriantes de reojo y cada tanto se decían cosas inaudibles entre sí.

“Estas disposiciones son un nuevo ataque a las clases trabajadoras. Entendemos que esto está ligado a que hay algunas personas poderosas, que no necesitan el dinero para pagar la luz ni comer todos los días, que quieren incrementar sus ganancias. En la calle Defensa, unas 45 familias nos vamos a quedar sin nuestro sustento, todo para que un millonario aumente sus ganancias”, dijo a esta agencia Guga Paita, que vende artesanías en la feria de San Telmo desde hace dos años. “Nos estamos organizando artesanos y manualistas de diferentes ferias que actualmente están siendo amenazadas porque esto nos afecta a todos. Somos una fuerza que está en lucha”, agregó la artesana.

Dos horas y media después, los delegados que habían estado reunidos con las autoridades porteñas salieron y contaron que la Subsecretaría de Ordenamiento Urbano se comprometió a no reducir, por el momento, la feria de Defensa al 1200-1300 y Plaza Dorrego mientras tengan lugar las sucesivas mesas de diálogo. A su vez, el organismo se comprometió a decirles esta semana a los artesanos de La Boca si van a poder trabajar o no en la Plazoleta de los Suspiros otra vez su espacio histórico al menos provisoriamente, mientras tengan lugar las diferentes reuniones previstas para los próximos meses.

«La bicicleta en algún momento se detiene»

«La bicicleta en algún momento se detiene»

El modelo de Milei tiene ganadores y perdedores: por un lado, las grandes empresas obtienen rentas extraordinarias y los ricos disfrutan del dólar barato, y por otro, los sectores medios y bajos ven desplomarse sus ingresos. Un especialista explica la dinámica y vaticina qué puede ocurrir.

Según un informe reciente del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP), «mientras los ingresos de la mayor parte de la sociedad caen entre un 20 y un 40 por ciento, las ganancias netas de diferentes mercados se incrementan en más de un 800 por ciento respecto al año anterior, con aumentos que superan el 9000 por ciento en laboratorios, el 5000 por ciento en el complejo exportador de granos, más del 1300 por ciento en el sector alimenticio, 945 por ciento en el sector bancario y 790 por ciento en el hidrocarburífero». Para entender esta trasferencia masiva desde los sectores populares hacia el capital concentrado, ANCCOM dialogó con Martín Epstein, docente, politólogo y analista económico del Centro de Economía Política Argentina (CEPA).

¿Qué decisiones del Gobierno han favorecido las ganancias de estos sectores?

Desde el comienzo se vieron beneficiados. La política de desregulación flexibilizó restricciones, especialmente en el sistema bancario. Las tasas e intereses en el sistema financiero quedaron desregulados, mientras que el Banco Central bajaba progresivamente la tasa de referencia. Esta diferencia entre la capacidad de la gente para cubrir sus deudas y las facilidades del sistema financiero genera una brecha de rentabilidad extraordinaria para los bancos. En el sector alimenticio, a su vez, hubo una estampida de precios con aumentos que treparon un 40 o 50 por ciento en algunos productos en solo una semana. Esto impactó fuertemente, ya que los precios que venían altos desde 2023, tuvieron un aumento aún más pronunciado. Aunque la inflación en alimentos disminuyó en los últimos meses, los precios se mantienen elevados y no bajaron en términos reales. Las grandes empresas alimenticias hicieron un margen de renta muy importante. Y el sector energético tuvo la liberación del «barril criollo». Antes, el precio del combustible era diferenciado para consumo interno y exportación, ahora con la nueva política esta distinción desapareció. Esto hizo que el precio del combustible en el mercado local superara los mil pesos por litro, cuando al asumir el nuevo gobierno era menos de un tercio de ese valor. Este aumento representa una transferencia directa de ingresos hacia las energéticas.

¿Cuáles son las implicaciones de esta transferencia?

A corto plazo, una consecuencia directa es la caída del consumo, lo que lleva a la economía a estabilizarse, pero en niveles bajos. Hoy, aunque el consumo sube en ciertos meses, luego vuelve a caer, sin recuperar niveles previos. Esto provoca un estancamiento económico que afecta la recaudación. Si esta tendencia continúa, el riesgo es que la economía siga cayendo o se estabilice en niveles bajos, llevando a un largo letargo donde el estancamiento condena a generaciones a empleos de baja calidad y salarios sin capacidad de compra. La pregunta es: ¿Hasta cuándo los mercados seguirán confiando en la viabilidad de este programa económico? Lo que hoy mantiene en pie a esta dinámica es la confianza de los mercados, que siguen especulando con que el programa económico de Milei es sostenible, pero no sabemos por cuánto tiempo se mantendrá esa confianza.

¿Esta dinámica es típica de procesos inflacionarios o específica de las políticas actuales?

Hay dos aspectos importantes. Primero, el sector energético experimenta gran volatilidad desde que se eliminó el barril criollo. Esto implica que cuando sube el precio internacional del barril, el aumento se traslada directamente al combustible. Por ejemplo, en octubre, el precio de las naftas bajó un 1 por ciento tras haber subido un 240 por ciento. Sin embargo, en noviembre, hubo un nuevo aumento del 4 por ciento, que revirtió y superó la baja. Estos sectores no regulados, como el energético y la salud, quedan libres en su búsqueda de rentabilidad, lo que afecta a las familias, que deben destinar más ingresos a tarifas y servicios esenciales. Esto impacta directamente en el consumo, que viene bajando desde diciembre hasta hoy.

¿Qué medidas políticas serían posibles para revertir esta situación?

En el contexto del actual Gobierno, no veo mucha voluntad para revertir esto. Es un Gobierno que cree en liberar las fuerzas del mercado, sin medidas que alteren la rentabilidad de ciertos sectores. Sin embargo, un cambio de gobierno podría abrir un espacio para discutir políticas de largo plazo. Un primer punto sería cuestionar por qué, siendo un país productor de energía, debemos pagarla a costo internacional. Se podría establecer un mecanismo de desacople de precios internos e internacionales, como ya se hizo con el barril criollo. Pero esto choca con los grandes grupos económicos energéticos, que prefieren que el precio interno iguale al externo. En el sector alimenticio, la situación es similar. Sería necesario analizar los encadenamientos productivos y cómo los grandes grupos obtienen rentabilidad, mientras que los pequeños productores no captan la misma ganancia porque el pequeño productor no se beneficia de estos aumentos. Por ejemplo, los productores de lácteos y carnes ven aumentos en sus costos, pero no perciben una rentabilidad comparable a la de las grandes empresas que se benefician del aumento de los precios en la cadena de distribución. Ahí también hay un espacio para intervención. El último intento serio de políticas de Estado para mirar la rentabilidad empresarial dentro de las cadenas productivas fue en 2015, pero desde entonces el aparato de la Secretaría de Comercio Interior, que tenía una política activa de control de precios y regulación interna de las cadenas productivas, se desmanteló y nunca se recuperó.

¿Cómo percibís la opinión pública respecto a este modelo?

Las encuestas de opinión ofrecen un marco para pensar sobre lo que está sucediendo, pero no son determinantes. A veces las encuestas fallan al interpretar lo que está ocurriendo realmente. Por ejemplo, en 2001, aunque no anticiparon la caída del gobierno de De la Rúa, la realidad se manifestó en un tiempo corto. Hoy la opinión pública está influenciada por mecanismos de contención social, como la AUH o la Tarjeta Alimentar, que permiten a los sectores vulnerables mantener un mínimo ingreso. Los sectores medios soportan la situación, a veces con más horas de trabajo o sacrificando tiempo. Los sectores altos, en cambio, disfrutan de un dólar más barato, lo que mejora su consumo y apoyo al modelo.

¿Cómo ves el fin de este ciclo económico?

Basado en mi experiencia, y en lo que ocurrió en modelos económicos similares, siempre que se armó una bicicleta financiera, hay un momento en que esa bicicleta se frena. Este ciclo de altas tasas de rentabilidad sin costos altos puede desacelerarse gradualmente o romperse de golpe, afectando a quienes se queden demasiado tiempo en él. Siempre que se ha armado una bicicleta como esta, hay un momento en que se detiene. La estabilidad del Gobierno y del programa económico depende de la confianza del mercado, que sigue operando dentro del cepo cambiario. Mientras los actores económicos crean en esta estabilidad, el ciclo se mantiene. Pero cuando esa confianza se quiebra, es probable que el modelo se frene. En ese punto, va a ser difícil sostener una imagen positiva del Gobierno y el respaldo del mercado. Hoy, los sectores que participan en esta bicicleta financiera, como los bancos y actores privados, aprovechan tasas de rentabilidad en pesos, aunque ello implica un deterioro macroeconómico con efectos en el empleo, pequeñas y medianas empresas y consumo. Entre diciembre y julio se perdieron miles de empleos y empresas. Ya vemos síntomas sociales graves, como la desnutrición y la creciente necesidad de acceso a alimentos básicos a través de comedores comunitarios. La baja en el consumo de productos esenciales es un indicador claro de la gravedad del problema social, que se agudizará si no hay un cambio de políticas.

A veinte años de la Masacre de Quilmes

A veinte años de la Masacre de Quilmes

Hace dos décadas, cuatro adolescentes murieron tras un incendio en la Comisaría 1ª ante la mirada pasiva de los policías que los habían golpeado y torturado. Desde entonces, se prohibió el alojamiento de menores en esas dependencias bonaerenses.

El 20 de octubre de 2004 cuatro adolescentes perdieron la vida en un incendio en la Comisaría 1ª de Quilmes ante las miradas de los policías que los habían golpeado y torturado, y que de forma deliberada tardaron mucho tiempo en socorrerlos, los sacaron de sus celdas y los siguieron golpeando. Veinte años después, este caso se ha convertido en un hecho emblemático en la lucha contra la violencia institucional y los beneficios judiciales que siguen teniendo las fuerzas de seguridad que actúan de forma violenta.

Aquel día Diego Maldonado, de tan sólo 16 años, recibió la noticia de la muerte de su hermana menor mientras se encontraba privado de su libertad, por lo que solicitó poder asistir a su velatorio. Los policías le negaron esta petición y le cortaron la comunicación con su familia. Este hecho fue la gota que rebalsó el vaso para los 17 jóvenes, todos menores de 18 años, que se encontraban en el lugar de forma transitoria esperando sus traslados a algún centro de detención juvenil o a centros de rehabilitación por consumo problemático.

A modo de protesta y cansados de las vejaciones que sufrían por parte de los policías, incendiaron un colchón para que los dejasen salir, pero el fuego se salió de control y los agentes que se encontraban en el lugar tardaron demasiado en reaccionar. Cuatro chicos murieron a causa de este hecho.

Elías Giménez tenía 15 años y estaba allí porque la policía lo confundió con un homónimo que estaba prófugo, un hombre de 30 años, y lo detuvieron por averiguación de antecedentes.

Diego Maldonado, de 16 años, y Manuel Figueroa, de 17, tenían problemas con el consumo de drogas. Diego murió en un móvil policial, esposado a otro compañero, mientras eran trasladados al Hospital de Quilmes.

A Miguel Aranda lo golpearon antes y después del incendio, él estaba preso preventivamente desde hacía ocho meses. Estuvo en coma durante 17 días y falleció cuatro días después de despertar y pedirle a su madre que “no diga nada de la policía”, por miedo a las represalias.

Los adolescentes que estaban en aquella comisaría se encontraban repartidos en dos calabozos ciegos de tres por cuatro metros, y a diario eran sometidos a violentas requisas, siendo constantemente humillados por los policías que los hacían desnudarse frente a sus compañeros, los golpeaban e insultaban, no tenían tiempo de esparcimiento ni los dejaban salir al patio.

Elvia González, conocida por todos como Telvi, quien falleció en julio de este año, era la madre de Diego Maldonado. A ella fue a quien algunos sobrevivientes le contaron que los policías organizaban peleas entre los adolescentes, uno de ellos se le acercó luego de los hechos para pedirle disculpas porque lo habían obligado a luchar contra su hijo.

“Estamos hablando de una mecánica sostenida que pasaba dentro de la comisaría de violencia contra los pibes, de denigración y desnudos, les pateaban las pertenencias”, dijo a ANCCOM el exsacerdote Tobías Corró Molas. Todo esto, según sus palabras, se trataba de “quebrar psicológicamente al detenido y aniquilar cualquier tipo de resistencia”.

Tobías estuvo acompañando a las familias de las víctimas y a los sobrevivientes en todo el proceso posterior al hecho. “Mi rol lo fui aprendiendo, al principio fue acompañar y facilitar muchas audiencias para que las personas que los podían ayudar pudiesen conocer a las víctimas”, explicó. Luego de un largo proceso para lograr que la noticia trascendiera y llegase a personas clave, él se encargó de “ser parte de la causa y estar en contacto con los abogados”.

No más pibes en comisarías

Hoy Tobías trabaja en un Centro de Formación Profesional en Quilmes, junto a la parroquia y a un hogar de día. Ese fue siempre el lugar de reunión con las familias, en donde se fue comunicando los avances de la causa y deliberando los pasos a seguir. “Es un proceso que desde que lo empezamos lo empujamos para adelante, cuando mirás para atrás ves que pasaron 20 años, pero para nosotros siempre fue ver qué sigue, qué logramos y para dónde vamos”, agregó.

“Las familias siempre fueron protagonistas de sus propias causas, por eso no nos permitíamos hacer audiencias sin ellas”, comentaba Tobías. La ya mencionada Telvi, junto con Isabel Figueroa, madre de Manuel, que falleció en diciembre del año pasado, fueron las más activas luchadoras por la justicia de sus hijos.

Su estrategia fue siempre acompañar en otras causas para mostrar también la suya de esa forma. “La idea es trascender el propio reclamo y construir algo más transversal y colectivo”, comentó Tobías. Y agregó que “la realidad es que la lucha nunca termina porque siempre hay otras causas y otras vinculaciones, los que han sido víctimas de violencia institucional saben que la vida va a cambiar para siempre”.

En 2015, once años después de los hechos, se realizó el juicio. Allí fueron condenados diez policías por el Tribunal en lo Criminal N° 3 a condenas de entre 3 y 16 años, aunque la mayoría de ellos recibió penas leves o fueron beneficiados con libertad condicional. El entonces comisario Juan Pedro Soria recibió 10 años por los delitos de estrago culposo seguido de muerte y omisión de evitar torturas. “Él no pegó, pero lo que se le atribuye es que en su comisaría y con él presente hubo reiteradas torturas y no hizo nada para evitarlas”, comentó Tobías.

Entre los testimonios más importantes estuvieron los de los sobrevivientes, a quienes el tribunal les creyó porque se limitaron a señalar sólo lo que habían presenciado. Un oficial, el imaginario a cargo de la custodia de los chicos, declaró que fue el único que intentó hacer algo a tiempo pero no tenía las llaves de las celdas en su poder, y que para cuando liberaron a los adolescentes “llovieron algunos palos”, dando a entender que fueron golpeados aún después del incendio.

Hugo D´Elía fue condenado a diez años por apremios ilegales en concurso real con torturas, Juan Carlos Guzmán a nueve años por los mismos hechos, y hubo penas de entre tres y cuatro años para Basilio Vujovic, Elizabeth Grosso, Franco Góngora, Daniel Altamirano, Jorge Gómez y Gustavo Ávila.

El exoficial inspector Carlos Pedreira Catalonga fue quien recibió la pena más alta, de 16 años. En 2022 fue trasladado a la Unidad Penitenciaria N°9 de La Plata, y es el único ex agente que cumple su condena en cárcel común. En diciembre del mismo año también fue condenada a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación la exagente Elida Marina Guaquingchay Bogado, quien se constató que estuvo en el lugar de los hechos pero que, según ella, no participó porque se encontraba embarazada y con contracciones.

Pocos meses después de la masacre, el por entonces Ministro de Seguridad León Arslanian prohibió por resolución el alojamiento de menores de edad en dependencias policiales. En 2004, al momento de los hechos, había más de 300 chicos menores de edad detenidos en comisarías. En la actualidad, el cumplimiento de esta resolución sigue siendo un motivo de reclamo.

Creerle a los pobres

Según Tobías, los procesos judiciales en casos de violencia policial son siempre complejos y requieren de una labor más dedicada que lo normal: “Los pibes cuando son acusados ni se dan cuenta y tienen el juicio y la condena encima, cuando uno se mete con las fuerzas de seguridad se da cuenta que hay un verdadero trabajo dispuesto a sacar inocentes o minimizar las penas de los efectivos”. Además comentó que “el fiscal sabe que su primer aliado es la policía porque trabajan codo a codo en las detenciones y allanamientos, pero cuando un tribunal le cree a los pibes pobres, se muestra que no son impunes”.

Finalmente reflexionó sobre todos los años de lucha que siguieron a la masacre, y que a pesar de que se hizo justicia “no hay nada que pueda restituir la vida de los pibes, y las mamás sabían eso”, cuando ellas se enteraron de las condenas, “no hubo en sus rostros una sonrisa, sino una triste calma”.

Los sobrevivientes de la masacre hoy siguen intentando retomar sus vidas, sabiendo que hay un deber de verdad para con Diego, Elías, Manuel y Miguel, y que se animaron a declarar por ellos, para que pudiesen descansar en paz y con dignidad, que siempre fue lo único que sus familiares querían conseguir.

Trump al gobierno, Elon Musk al poder

Trump al gobierno, Elon Musk al poder

El nuevo presidente de los Estados Unidos amplió su base electoral y manejará también el Poder Legislativo y el Judicial. El dueño de X, a su vez, no sólo tendrá negocios con el Estado sino que será funcionario gubernamental. ¿Cómo será la relación con Argentina?

Donald Trump será el 47° presidente de los Estados Unidos tras imponerse en las elecciones del martes pasado frente a la candidata demócrata Kamala Harris. El próximo miércoles el republicano se reunirá con el actual primer mandatario Joe Biden para comenzar el proceso de transición, cosa que no ocurrió a la inversa hace cuatro años. ANCCOM dialogó con especialistas en política internacional para entender por qué la sociedad norteamericana se volcó otra vez hacia la ultraderecha y para dilucidar tanto el próximo gobierno como su relación con Argentina y el mundo.

 

La elección

La performance de Trump fue muy buena, al imponerse en todos los estados pendulares que definían la elección. Facundo Cruz, politólogo especialista en partidos políticos y procesos electorales, destaca que “logró consolidar su base electoral y ampliarla levemente. Le fue muy bien de vuelta en población rural, hombres y personas no educadas, pero ahora ganó en población latina y amplió su base en mujeres y jóvenes”.

En cuanto a los factores que definieron la elección, la economía del gobierno de Biden apareció como principal preocupación. La inflación en Estados Unidos fue del 7,04% en 2021 y del 6,45% en el 2022, pero comenzó a descender a un 3,35% en el 2023 y lleva un 2,8% acumulado en el 2024. Para Cruz, «un año de buenos resultados no compensó tres años de mala gestión económica». En consecuencia, la imagen del gobierno demócrata llegó muy lacerada, como se pudo observar en un boca de urna a nivel nacional de la cadena NBC, en la que el 75% de los votantes respondieron que el país estaba yendo en la dirección equivocada.

La opinión negativa en este aspecto fue tal, que la situación judicial de Trump pareció no hacer mella en sus posibilidades como candidato. El hoy presidente electo enfrenta 88 causas en su contra. En 34 de ellas, correspondientes al caso Stormy Daniels, en el cual falsificó documentos para encubrir un soborno de 130 mil dólares a la actriz porno para silenciarla, fue declarado culpable. Además, el juicio en su contra por su interferencia en el proceso electoral del 2020 está en pleno proceso. Para Cruz, “el voto económico pesa por sobre cualquier consideración judicial”.

Por su parte, Martín Schapiro, abogado especializado en derecho administrativo y en estudios internacionales,  señala que aquel factor es algo a lo que hay que prestarle atención: “Trump terminó siendo un candidato formidable. La coalición que realizó, quiénes lo votaron y cómo lo votaron es muy difícil de generar para los republicanos cuando uno mira otras experiencias. Hay muchos estados que votaron masivamente a favor del aborto y votaron masivamente por él”.

Captura de pantalla. 

En su segundo gobierno, el presidente electo tendrá mayoría tanto en la Cámara de Representantes como de Senadores, además de una Corte Suprema favorable. Schapiro marca que “hoy el control político e ideológico de Trump por sobre el Partido Republicano es absoluto, algo que de ninguna manera tenía en el 2016. En ese momento también tenía mayoría en las dos cámaras y una corte conservadora, pero tanto esa corte como el partido eran otros. Había políticos como Mitt Romney o John McCain, que estaban lejos de alinearse con Trump, y el tribunal era más moderado”.

Según Cruz, este segundo mandato trumpista será “en quinta a fondo”, ya que “va a tener un poder institucional muy parecido al primer gobierno de George W. Bush”. Incluso, destaca que será mucho más poderoso que otros presidentes republicanos como Ronald Reagan, Dwight Eisenhower o Richard Nixon, en el sentido de la correlación de fuerzas con el Congreso. Además, resalta que “asume con una legitimidad social mucho más amplia, ya que es el segundo candidato republicano que gana el voto popular desde la caída del Muro de Berlín”. El último en hacerlo fue Bush, en su reelección en el 2004, ya que en su primera elección el candidato demócrata Al Gore lo superó en esa instancia.

 

Musk se perfila a ser funcionario en un área todavía sin especificar, pero que apunta a auditar el financiamiento federal.

El estáblishment 

El panorama de un segundo gobierno de Trump es diferente también en cuanto a su relación con el establishment económico. Según Schapiro, “está mucho más asentado en el mundo de los negocios y el empresariado. En SIllicon Valley los apoyos en esta elección fueron neutrales o trumpistas. El poder económico no solo está intranquilo sino que está contento, sobre todo el mundo de las criptomonedas, que se volcó masivamente a él”.

La figura de Elon Musk fue muy relevante en la campaña republicana, gravitando mucho en donaciones económicas y también utilizando a X como plataforma. “Es una figura importante, por el tipo de mensaje que llevará el gobierno y también porque es el principal contratista del ministerio de Defensa”, destaca Schapiro.

Lail Furchi, economista especializado en energía, geopolítica y desarrollo productivo subraya que Musk “se vio muy beneficiado por los programas de energía renovable del gobierno demócrata y se fue alineando con Trump con mucha inteligencia para poder sostenerlos. Tuvo un par de éxitos convenciendo a los republicanos a apostar a los vehículos eléctricos, tanto que el candidato republicano en uno de sus rallies afirmó estar reconsiderando su posición sobre ellos”.

Pero el poder del CEO de Tesla, X, SpaceX y Starlink no parece centrarse sólo en el lobby. Furchi afirma que “se perfila a ser funcionario en un área todavía sin especificar, pero que apunta a auditar el financiamiento federal. Está parado en una situación muy privilegiada, en la cual tiene muchísima influencia en la opinión pública con X, con contratos millonarios con el gobierno de Estados Unidos y también ocupando un lugar de vanguardia en la construcción de vehículos eléctricos compitiendo con China”. 

 

El mundo según Trump

Sobre esto último, está la expectativa de un recrudecimiento en la guerra comercial con el gigante asiático, con las energías renovables en el centro. Según Furchi, los esfuerzos de Trump se centrarán en defenderse de la ofensiva comercial del gigante asiático en este rubro, como en los autos eléctricos, la inteligencia artificial y la tecnología de punta.

De todos modos, marca que “ambos partidos iban a profundizar la guerra comercial. Trump ya avisó que va a colocar un arancel de 60% a productos chinos y se va a enfocar específicamente en los sectores mencionados”.

Con respecto al resto del mundo, Furchi destaca que “seguramente empiece a dejar de lado muchos espacios al igual que en su primer mandato, como sus aliados de la OTAN en Europa. Ya dio los primeros avisos de que quiere terminar la guerra entre Rusia y Ucrania, y esto es importante debido a su buen vínculo con Vladimir Putin”.

 

Milei y Trump: ¿amor correspondido?

El alineamiento ideológico del presidente argentino con el magnate republicano es, a todas luces, total. En base a esto, en el gobierno argentino se tiene mucha expectativa en cuanto a los frutos que puede brindar esta relación bilateral.

Cruz destaca que Trump se para ideológicamente en la ultraderecha pero que es “un político profundamente pragmático”. En ese sentido, destaca que “va a tener una relación positiva con Argentina siempre que le brinde resultados a su gestión, si no es así no hay afinidad política que valga”.

Sobre este punto, Schapiro no prevé un escenario en el que Argentina ocupe un lugar central en la agenda geopolítica del gobierno de Trump. “La relevancia de América Latina en ese mapa mental es mercados ilegales e inmigración”. De todos modos, remarcó que, de los grandes países latinoamericános con los que se va a relacionar el próximo presidente de los Estados Unidos, “Milei es el único con el que tiene afinidad política”.

En ese sentido, para Furchi esto abre una posibilidad de que “Argentina sea el primer representante de los Estados Unidos en Latinoamérica, ya que Brasil está presidida por Lula Da Silva. Esto puede ser una oportunidad para nuestro país, pero no significa que vayamos a ser una prioridad”.

Respecto a la posibilidad de alguna ayuda crediticia motorizada por Trump, Furchi piensa que es posible, pero destaca que la dificultad del gobierno está con la disparidad con el Fondo Monetario Internacional sobre el programa económico. “Vemos muchas fricciones porque el FMI quiere que devaluemos ya. No está claro cuánta presión va ejercer Estados Unidos para favorecer a la Argentina, pero que la va a ejercer es bastante seguro”.

Por su parte, para Schapiro Argentina ya estaba alineada con los Estados Unidos, por lo que no ve que la afinidad de Milei con Trump traiga beneficios considerables: “No creo que le presten plata a Milei para salir del cepo con este tipo de cambio y no imagino que Trump ponga todo su peso político para romper con las reglas del FMI como lo hizo con Macri”.