Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

Las mujeres también reclamaron al Estado ante la CIDH

Nov 15, 2024 | Comunidad, DDHH, Destacado 2, Destacado 4

En la audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la situación de los derechos de género en Argentina, el Estado se negó a responder y señaló que la violencia “no tiene género”.

Este jueves 14 de noviembre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llevó a cabo una audiencia sobre la situación de los derechos de género en Argentina, en la que organizaciones de la sociedad civil denunciaron lo que describen como una gran regresión en los derechos de género en el país. Durante la audiencia, las organizaciones Amnistía Internacional Argentina, ELA, CELS, FUNDEPS y Mujeres X Mujeres, se enfrentaron a los representantes del Estado argentino en un encuentro que desnudó las profundas fisuras de una nación que parece abandonar sus responsabilidades hacia quienes más necesitan su protección. Según Natalia Gherardi, directora ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), el país atraviesa “un acelerado proceso de desresponsabilización del Estado Nacional, que abandona a las mujeres, renunciando a su rol de garante de un piso mínimo de derechos en todo el país”.

Un país que retrocede

La audiencia, que duró una hora y media, comenzó con la exposición de las organizaciones de la Sociedad Civil. Uno de los puntos más destacados fue la denuncia por la eliminación de la Subsecretaría de Protección contra la Violencia de Género, justificada por el Estado con el argumento de que “la violencia no tiene género”. Según Mayca Balaguer, Directora Ejecutiva de FUNDEPS, esta decisión significa «un retroceso institucional de casi 40 años”, ya que priva a miles de mujeres en situación de violencia y vulnerabilidad de una protección esencial. Balaguer también alertó sobre los recortes presupuestarios en servicios clave para la atención a situaciones de violencia de género, como la línea de emergencia 144, que sufrió una reducción presupuestaria del 28% y una reducción de personal del 42% en junio de este año.
La situación en torno al acceso a derechos sexuales y reproductivos también implicó fuertes denuncias. Lucila Galkin, Directora de género y diversidad de Amnistía Internacional Argentina, denunció la paralización total en la distribución de insumos médicos como el Misoprostol, esencial para garantizar el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, y otros métodos anticonceptivos, lo cual, según expresó, “pone en riesgo la vida y la salud de niñas, mujeres y personas gestantes”. Galkin destacó que este desabastecimiento está generando un contexto de absoluta desigualdad en el acceso a la salud sexual y reproductiva en Argentina, con consecuencias que afectan particularmente a las mujeres en situación de vulnerabilidad.

La justificación del Estado: Crisis y ajuste

En defensa de estas políticas y en representación del Estado argentino, Alberto Baños, Secretario de Derechos Humanos, argumentó que el país atraviesa “una crisis económica y social sin precedentes” y que la reestructuración y los recortes son medidas necesarias. “El ajuste fiscal en el sector público nacional fue necesario para corregir la crisis terminal que enfrentaba la economía argentina”, explicó Baños.

Además, explicó que en esta reestructuración las competencias en políticas de género fueron absorbidas por el recién creado Ministerio de Capital Humano, encargado de centralizar las funciones de varios organismos. También, defendió que la línea de emergencia 144 seguirá activa y operativa, aunque se convertirá en un servicio de atención a situaciones de violencia en general, sin la especificidad de género que tenía anteriormente. Esta decisión fue fuertemente cuestionada por las organizaciones civiles, quienes advirtieron que “se pierde la especificidad en la atención de una problemática estructural de violencia hacia las mujeres”.

En este sentido, Patricia Sotile, integrante del área Jurídica de ELA, agregó en diálogo con ANCCOM: “La encuesta sobre prevalencia de las violencias en CABA muestra que la línea 144 es la más conocida entre las mujeres a la que pueden recurrir en caso de encontrarse en una situación de violencia de género en busca de ayuda. Esta forma extendida de conocimiento es la que permite que cada vez, más mujeres en situaciones de violencia puedan recurrir a las instituciones y mecanismos en busca de ayuda”.

Interrogantes sin respuestas

Los comisionados de la CIDH interpelaron al Estado sobre el futuro de programas de acción contra la violencia de género, los mecanismos de monitoreo y los protocolos de intervención. En su intervención, uno de los comisionados resumió la frustración y urgencia de las organizaciones civiles: “Lo que no se nombra no existe; si decimos que la violencia no tiene género, la protección del género no existe”. Sin embargo, Alberto Baños adelantó que el Estado Nacional no respondería preguntas durante la audiencia, sino que lo haría por escrito el lapso que la comisión disponga.
“El Estado, por su parte, continúa sin dar respuestas. Pese a que las y los comisionados solicitaron a los representantes del Gobierno que den respuestas en la audiencia sobre la coordinación de las políticas públicas sin presupuesto; que especifique cuáles son los programas que siguen vigentes y qué medidas tomarán para fortalecer la administración de justicia en casos de violencia de género, dichos interrogantes no fueron abordados ni hizo mención alguna sobre cómo va a cumplir con sus compromisos”, expresó Patricia Sotile en diálogo con ANCCOM.

Una lucha que continúa

En medio de un contexto internacional en que el mundo observa con atención, Argentina parece alejarse de su propio pasado de liderazgo en derechos humanos. Su voto este mismo jueves contra la iniciativa global de Naciones Unidas para combatir la violencia digital hacia mujeres y niñas, así como el retroceso en políticas de género, no son solo decisiones políticas, sino también señales preocupantes que parecen dar la espalda a los logros de décadas de lucha por la igualdad.

A cada recorte presupuestario, a cada ajuste, se suma el dolor de aquellos que ven, poco a poco, cómo se desmoronan las estructuras de apoyo que tantas veces fueron salvavidas en tiempos de violencia y desamparo. Las organizaciones civiles dejaron claro que el debilitamiento de los derechos humanos en un país como Argentina es una advertencia que resuena en toda la región, donde la igualdad y la protección aún son conquistas frágiles.

La audiencia en la CIDH se cierra, pero los reclamos y denuncias permanecen abiertas, expuestas a la atención de una comunidad internacional que observa y de la sociedad argentina que espera que la protección y la justicia no se conviertan en recuerdos de un pasado más esperanzador.

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”

Nov 15, 2024 | DDHH, Destacado 3

Mientras que el Gobierno de Milei anunció que le quita el estatus de refugiada a las integrantes de la familia que viven en Argentina, se agravaron las condiciones de detención de las detenidas en Paraguay.

“El gobierno paraguayo tiene secuestradas a las Villalba”, afirmó Eduardo Soares, de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina. Esta agrupación denunció que se agravaron las condiciones de detención de las presas Carmen y Laura Villalba por su traslado a la cárcel de máxima seguridad Minga Guazú y que allí padecieron torturas. En tanto, la Campaña Internacional en Solidaridad con la familia Villalba acusó a Paraguay de haberlas llevado a una prisión similar a Guantánamo. Esto sucedió porque la Sala Penal de la Corte rechazó el habeas corpus presentado por su defensa. A eso se suma la intención del gobierno de Javier Milei de quitarles su estatus de refugiados políticos a la parte de la familia que vive en Argentina.

La persecución a la familia Villalba, cuyos miembros militaban en el desaparecido partido de la izquierda paraguaya “Patría Libre”, comenzó por su participación en la lucha campesina en Paraguay y por acusaciones de estar relacionadas con la resistencia armada. En el caso de Carmen, Liliana y Osvaldo, fueron militantes también del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), considerado como un grupo criminal por parte de ese país. En este contexto, la familia Villalba sufrió el asesinato y la desaparición forzada. Durante el operativo de las Fuerzas de Tareas Conjunta (FTC) del 30 de noviembre de 2020 fueron asesinadas Lilia y María, y fue secuestrada y desaparecida Carmen Elizabeth Oviedo Villalba, una adolescente de 14 años conocida como “Lichita”. Además Laura, la madre y tía de las niñas y Carmen, se encuentran encarceladas por causas que su defensa denuncia como inventadas y violatorias de los derechos humanos. 

Desde la detención de Carmen, el resto de la familia, compuesta por adultos y menores, comenzó a sufrir persecuciones, hostigamientos y ataques por parte de las fuerzas del Estado, como también de parapoliciales por lo que buscó refugio en Argentina para su protección. Después de intensas gestiones y gracias a los reclamos de organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, lograron que la administración de Alberto Fernández les otorgara el asilo, siendo reconocidos como refugiados por la Comisión Nacional para los Refugiados (CONARE).

Derechos a los refugiados, ¡AFUERA!

El gobierno de Javier Milei, por su parte, decidió quitarles el refugio a las mujeres y niñas paraguayas acusando a las mujeres de “ocultar información al momento de pedir el refugio”, lo cual sus abogados dicen que es falso. Por este motivo, la CONARE revocó su estatus de refugio, lo que coloca a la familia Villalba en una situación de grave riesgo.

Desde la Gremial de Abogades expresaron a ANCCOM que “la decisión de la CONARE no está firme, es una decisión administrativa dado que nosotros presentamos el recurso ante la Cámara de Apelaciones. En este sentido, el juez federal Daniel Rafecas volvió a prohibir su salida del país y exigió que les devuelvan las pertenencias secuestradas durante los allanamientos”. Se refieren a los procedimientos de abril de este año, el primer intento del gobierno de Milei de expulsarlos. El abogado Gustavo Franquet recordó que en esos operativos “la policía entró violentamente a las casas durante la madrugada, apuntando a los niños con armas, teniéndolos retenidos durante horas hasta que les permitieron salir, siendo derivadas a una dependencia de la Policía Federal”. 

Esto fue posible por un reciente decreto de necesidad y urgencia (DNU) del Gobierno que cambió la Ley de Refugiados, estableciendo una serie de medidas inconstitucionales y un proceso judicial que salta varías etapas, lo cual también es inconstitucional ya que no permite la doble revisión completa de la causa. «Más allá de su justificación plenamente falsa, está lo que el Gobierno dice en sus redes sociales, esa forma de comunicación donde no se privó de violar el principio de confidencialidad hablando de ellas, que la ministra de Seguridad de un país acuse a alguien de ser terrorista es algo que genera terror” concluyó Franquet.

“En enero hubo una resolución de Naciones Unidas sobre la investigación que el Comité de Derechos del Niño realizó sobre el asesinato de Lilian y María Villalba. Dicha resolución que está en estado de confidencialidad se va a hacer pública pronto, por lo que no nos es ajeno que toda esta persecución desatada fundamentalmente este año, tiene mucho que ver con esto”, afirmó Laura Taffetani, integrante de la Gremial de Abogados. Desde los organismos de derechos humanos y sociales que integran la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba denuncian que en Paraguay persiste la persecución, con abusos y trato inhumano hacia las presas políticas Carmen y Laura. A pesar de haber cumplido en 2021 su condena de 18 años, Carmen Villalba continúa encarcelada con una nueva acusación armada, mientras que Laura Villalba enfrenta una condena de 25 años únicamente por ser la madre de una de las niñas asesinadas por el ejército paraguayo: la acusan de faltar a su deber de cuidado.

Comenzó el juicio que investiga el femicidio de Micaela Rascovsky

Comenzó el juicio que investiga el femicidio de Micaela Rascovsky

Nov 15, 2024 | Destacado 5, Géneros

Declaró quien era su pareja, el principal acusado. También los padres de la víctima, una estudiante de Medicina de la UBA que tenía 25 años.

“Yo a Micaela jamás la lastimé”, dijo Guido Pascuccio en la primera audiencia del juicio público al que llegó como acusado por los delitos de “abandono de persona seguida de muerte y lesiones doblemente agravadas en contexto de violencia de género” por el fallecimiento de Micaela Rascovsky, quien era su novia, el 13 de abril de 2021. Si bien Pascuccio —que es abogado como su papá y su hermano— estuvo preso durante un año y cinco meses, al juicio llegó en libertad por haber pagado una fianza de tres millones de pesos. 

El inicio del juicio tuvo lugar este jueves 14 de noviembre en el 6° piso del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En un lapso de seis horas Pascuccio prestó declaración oral como acusado, mientras que Patricia Ortiz y Sebastián Rascovsky —papás de la joven— y María Ortiz —tía de la chica— lo hicieron en carácter de testigos. En el transcurso de toda la audiencia tanto los abogados de la querella y la fiscalía como los abogados de la defensa fueron haciendo sucesivas preguntas al acusado y a los testigos para que corroboraran los dichos que habían declarado previamente en la etapa de instrucción. 

Rascovsky tenía 25 años y estudiaba la Carrera de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Convivía con Pascuccio en un departamento de Villa Ortúzar, donde apareció sin vida en 2021. El día del fallecimiento de Rascovsky, Pascuccio llamó a Emergencias y dijo: “Me levanté y escuché unos ruidos en el living y estaba mi mujer convulsionando. No sé si tomó algo, estoy muy asustado. No la puedo hacer reaccionar. Tengo miedo de que haya tomado algo, alguna pastilla o algo”. De ahí en más planteó la hipótesis de que su novia se había suicidado con una sobredosis de cocaína. ¿El motivo, según Pascuccio? Que no soportó el dolor causado por no haber podido llevar a término su embarazo, que era ectópico. 

No obstante, el día del fallecimiento de Rascovsky fue a reconocer el cuerpo María Ortiz —tía de la joven—, quien encontró a su sobrina con moretones en todo el cuerpo. Ese hecho la llevó a pensar que Pascuccio le había vuelto a pegar a la joven, como ya había ocurrido antes, pero esta vez por una presunta represalia porque Rascovsky había contado a los papás de su novio que él tenía consumos problemáticos de drogas. 

Enseguida, la autopsia determinó que Rascovsky tenía ADN de dos personas masculinas debajo de las uñas y líquido seminal de su novio en la ropa interior. La familia de la joven consultó la opinión profesional de Borja Moreno Víchez —médico que integra el Cuerpo Nacional de Médicos Forenses de España— a raíz de los resultados de la autopsia, y él dijo que el cuerpo de Rascovsky presentaba señales de defensa, por lo que descartó completamente la hipótesis del suicidio que Pascuccio había planteado desde el principio. El testimonio de Moreno Víchez se puede escuchar en el documental sobre la muerte de Rascovsky realizado por la productora española “Triun Arts”, que consta de tres partes. “Fabricando una mentira” es el título de la primera.

En una conversación con ANCCOM, Sebastián Rascovsky dijo que “si Miki hubiese contado en su momento la violencia de género que estaba viviendo yo la hubiese ido a buscar. Lamentablemente, esto ayuda a concientizar que todas las chicas tienen que hablar, no tienen que callar. Al primer cachetazo te tenés que ir y pedir ayuda. Hay un porcentaje de hombres que está totalmente enfermo, porque no hay femicidios de mujer a mujer, el femicidio siempre lo hace el hombre”. 

Sobre el hecho de que, hasta el día de hoy, Pascuccio sigue sosteniendo la hipótesis del suicidio de su novia, Sebastián Rascovsky dijo que “me causa dolor, porque les puede llegar a hacer ruido a los jueces, que no conocieron a Micaela. Yo sé que ella era incapaz de lastimarse y de lastimar a otros. Era una resiliente. Tuvo cinco operaciones por su labio leporino, perdió dos embarazos y perdió a su hermanito de 53 días de nacido, así y todo ella siempre se repuso. Que no me vengan con el suicidio porque es imposible”. 

El inicio del juicio público que tuvo lugar este jueves estuvo cargado de mucha intensidad. “Es un día muy esperado para toda la familia —dijo a esta agencia María Ortiz—. Nos venimos acompañando desde hace 3 años y 7 meses. Yo estoy tranquila porque vengo con la verdad. Vengo a pedir justicia por el femicidio de Micaela. No tenemos dudas de que fue un femicidio. Yo estoy convencida desde el momento en que recibí el cuerpo de mi sobrina desnudo, que le saqué fotos por los moretones que tenía, y que fueron parte de la evidencia. Vamos por la prisión perpetua”. 

La sala del Tribunal Oral en lo Criminal Nº 10 estuvo, en todo momento, atiborrada de personas que fueron a acompañar tanto a la querella como a la defensa. Además, quedó muy marcada la diferencia entre las versiones que cada parte tenía acerca de la muerte de Rascovsky. Tal es así que Pascuccio se encargó de mostrar audios y chats de su novia para dar a entender que la joven había consumido cocaína otras veces de manera consensuada y en compañía de él. También sostuvo que su pareja había buscado en Internet, días antes de que se la encontrara sin vida, cómo una persona podía morir de sobredosis con esa sustancia. Además dijo que “era Micaela la que ejercía violencia psicológica conmigo porque era ella la que estaba mal” y que “los problemas con las drogas los tenía ella”. 

Después de un cuarto intermedio que duró unos diez minutos, Sebastián Rascovsky fue directo y contundente en su declaración como testigo. “No tengo dudas de que fue un femicidio”, dijo al tiempo que Pascuccio era incapaz de sostener la cabeza en alto. Siguió cabizbajo cuando el papá de la joven —su exsuegro— sostuvo que “estamos muertos en vida. Nos arruinaron la vida. Mica sólo quería ayudar a su novio por la adicción a las drogas que él tenía y fue asesinada”. Además resaltó que al velatorio de la joven fueron el papá y el hermano de Pascuccio, pero no él. Ante la pregunta de los abogados defensores acerca de si sabía que su hija consumía drogas, Sebastián Rascovsky respondió que “Mica no sabía ni siquiera lo que era un cigarrillo.”. 

Patricia Ortiz —mamá de la joven— fue todavía más concluyente. Contó que su hija le había comentado, días antes de su muerte, que se quería ir del departamento que compartía con Pascuccio porque no toleraba más la violencia verbal y física que él ejercía contra ella. Es más: dijo que a partir de que la joven empezó a convivir con su novio, él empezó a poner excusas para que los papás de ella no fueran a la casa de los dos, con el argumento de que él “se sentía invadido”. Ortiz sostuvo que a partir de entonces su hija empezó a quedar aislada, dado que ya no veía a sus papás con la misma frecuencia que antes. 

Además, Ortiz aseguró que su hija, días antes de morir, le contó que un día Pascuccio “la recagó a palos” y que le dijo: “Mirá cómo te vestís, como una puta”. Ante la pregunta de la Fiscalía acerca de si Rascovsky le había comentado a alguien más su intención de separarse de su novio, Ortiz dijo que sí y mencionó el nombre de tres personas. La mamá de la joven cerró su testimonio diciendo que “Micaela fue víctima de femicidio. Ruego que su asesino, al que Mica le iba a dar un hijo, tenga la hombría de decir la verdad. El dolor que nos ha causado no tiene reparación”. 

La próxima audiencia será el jueves 21 de noviembre a las 9:30 horas. Para más información sobre tipos y modalidades de violencia de génro se recomienda la lectura de la Ley 26.485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

 

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otra vez posa su mirada sobre lo que ocurre en Argentina

Nov 15, 2024 | DDHH, Destacado 1

Organizaciones sociales y de Derechos Humanos denunciaron en una audiencia de la CIDH el desmantelamiento de las políticas de memoria, verdad y justicia. El gobierno se justificó con la crisis económica y volvió a hablar de «memoria completa».

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dedicó tres audiencias este jueves 14 de noviembre para analizar la situación en la que se encuentra el país a partir de la asunción del gobierno de Javier Milei. Diferentes organismos de derechos humanos denunciaron que el gobierno está poniendo un freno a las políticas de memoria, verdad y justicia, a políticas sociales y de género.

A partir de las 13, expusieron referentes de distintas organizaciones vinculadas a la economía popular bajo el título “Impacto de las políticas sociales en personas trabajadoras de la economía popular en Argentina”. Luego se llevó a cabo la segunda audiencia, “Situación de las políticas de prevención, sanción y erradicación de las violencias de género en Argentina”. La última fue sobre “Impacto en las políticas de memoria, verdad y justicia en los derechos humanos en Argentina”. Es un hecho inédito que la CIDH haya concedido tres audiencias para un mismo día a un mismo país. En el caso de la última, el encuentro ante la comisión fue híbrido, por lo que los organismos peticionantes Abuelas y Madre de Plaza de Mayo, H.I.J.O.S Capital, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, el CELS y Memoria Abierta, invitaron a la sociedad civil en la Ciudad de Buenos Aires a presenciar la audiencia de manera remota: “Es un gran honor estar nuevamente frente a esta Comisión pero también una gran tristeza”, inició Estela de Carlotto ante la Comisión.

Con una cámara apuntando hacia un auditorio lleno desde la Casa por la Identidad en la ex ESMA, Estela y Taty Almeida participaron de la tercera audiencia conectadas por videollamada a Washington. Del otro lado, estaban representando a la sociedad civil Claudia Poblete, nieta restituida y miembro de la comisión directiva de Abuelas de Plaza de Mayo; Carolina Villella, coordinadora del equipo jurídico de la misma organización, Verónica Torras, miembro de Memoria Abierta, Paula Litvachky del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Martín Kohan, escritor y docente universitario. Desde Buenos Aires también acompañaron como expositores Carlos Pisoni, de H.I.J.O.S Capital, y Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).

Los primeros veinte minutos de la audiencia fueron dedicados a la exposición de la sociedad civil. Estela continuó: “Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”.

“Fuimos por primera vez a pedir vuestra ayuda cuando en nuestro país nos cerraron todas las puertas y negaban las graves violaciones de derechos humanos que se estaban cometiendo. Desde ese entonces para nosotras fue fundamental y de gran importancia su acompañamiento. Vuelvo hoy con 94 años de edad a pedir una vez más vuestra ayuda ante todos los retrocesos que se viven en la Argentina en materia de derechos humanos”, declaró Carlotto.

Claudia Poblete, desde Washington continuó: “Desde marzo, la Secretaría de Derechos Humanos ha puesto en riesgo la continuidad de diversos programas de memoria, verdad y justicia. Ha venido realizando despidos que afectaron principalmente a la dirección de sitios y espacios de memoria” Y denunció: “En agosto se despidió a abogados que sostenían las querellas institucionales en casos por crímenes de lesa humanidad en distintas provincias y en septiembre la gestión del Ministerio de Justicia anunció la discontinuidad de un régimen de contratación que abarca al 48% de los trabajadores de la Secretaría de Derechos Humanos. Las autoridades comunicaron que para fines de diciembre serían desvinculados”.

Luego de la exposición de los peticionarios por parte de la sociedad civil, le correspondió defenderse durante otros veinte minutos al Estado Argentino, encabezado por la embajadora ante la OEA Sonia Cavallo, hija del exministro de Economía. Le siguió Juan Battaleme, Secretario de Asuntos Internacionales para la Defensa del Ministerio de Defensa de la Nación que comentó: “La catástrofe financiera en la que esta administración recibió al país, impulsó la urgente necesidad de un Estado más eficiente. Nuestro presidente, Javier Milei, lidera una política de reestructuración y modernización del Estado, no se trata de una decisión meramente administrativa”. También tomó la palabra Alberto Baños, secretario de Derechos Humanos de la Nación quien manifestó que los organismos de derechos humanos “se consideran dueños del relato, pero la memoria es para todas las víctimas sin excusas ni banderas. Con las señoras que hoy participaron de la audiencia por video uno no puede tener sino empatía por la situación que han vivido, pero eso no las puede convertir en directoras de las políticas públicas a más de 40 años de perpetrados los hechos. Nosotros seguimos respetando la memoria de quienes hayan sido víctimas pero también el Gobierno está respetando la memoria de aquellos que hayan sido víctimas del accionar terrorista. Las causas por delitos de lesa humanidad continúan su curso habitual”.

Siete minutos fueron dados también al representante de la oficina del alto comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los derechos humanos, Jan Jarab, que expuso: “La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”. Jarab trajo a colación el Artículo 2° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que establece la obligación del Estado de investigar y castigar las violaciones de derechos humanos y de luchar contra la impunidad por estos delitos. Además, resaltó la preocupación por la reciente derogación del decreto 715/2004 que creó la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños. La misma fue creada para garantizar apoyo operativo a las tareas realizadas por la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDi).

Seguido a esto, Baños interrumpió al presidente de la CIDH, Carlos Bernal Pulido, para manifestar su “sorpresa y estupor por la participación de este señor de las Naciones Unidas, no avisada ni informada y como si tuviera una verdad que le ha sido transmitida. ¿Con qué derecho viene a cuestionar las políticas públicas de la República Argentina?”. Se le comentó al secretario que en la carta de convocatoria enviada el 30 de septiembre se le solicitaba al Estado argentino que entrara al sitio web de la CIDH donde figuraba la información sobre posibles intervenciones de otros organismos internacionales. Así mismo, desde mediados de octubre, habían actualizado los datos que referían a la representación de la ONU en la exposición.

“La existencia de una crisis económica no debería significar la limitación de recursos humanos y financieros para ciertas áreas de crucial importancia como lo son las entidades dedicadas al esclarecimiento de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La oficina expresa su preocupación por los riesgos que esto podría implicar”, subrayó el alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab.

La audiencia continuó con tensión, por el tiempo de interrupción utilizado por el Secretario de Derechos Humanos argentino. Luego fue el turno de la propia CIDH donde en 20 minutos realizó una serie de preguntas tanto a la sociedad civil como al Estado argentino que fueron respondidas en los tiempos asignados para cada una de las partes. Durante el cierre de la sociedad civil, Taty Almeida declaró: “Hoy sentimos que nuestra labor está siendo agredida por un gobierno que no cree en los derechos humanos. Por eso les pedimos por favor que vengan a escucharnos a nuestro país para que puedan comprobar en persona todo lo que hemos dicho. Para que ustedes comprueben personalmente que todo lo que hemos denunciado es pura y exclusivamente la verdad”.

El Estado argentino cerró con las declaraciones de Juan Battaleme y Alberto Baños pidiendo por “memoria completa” y solicitando a la Comisión Interamericana que esté a la altura de sus precedentes.

Después de una hora y 45 minutos de audiencia, pasados 15 minutos debido a las interrupciones de Baños en la sesión, se otorgó a Estela de Carlotto la posibilidad de un cierre: “Por todo esto, le pedimos al Gobierno que abandone el camino de la destrucción y se sume a la senda de la construcción colectiva, de un país que durante más de 40 años de democracia ha sido ejemplo para el mundo”. Al final de la transmisión, los aplausos contenidos durante toda la audiencia estallaron en la Casa por la Identidad. Los referentes de las diferentes organizaciones sociales reunidas en la Casa por la Identidad se acercaron a Taty y Estela para saludarlas y abrazarlas. Luego salieron todos y todas a la puerta a hacer una foto final.

Entre las organizaciones presentes estaban los organismos peticionantes, la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, Liga Argentina por los Derechos Humanos, Asociación Buena Memoria, Nietes. También acompañaron los rectores de la Universidad Nacional de Lanús, Moreno y Quilmes junto con el Consejo Interuniversitario Nacional. Se contó con la participación de los centros de estudiantes de la facultades de Exactas, Sociales, Derecho y Filosofía y Letras de la UBA y de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata y diversos centros secundarios. Además, acompañaron diferentes sindicatos, artistas vinculados con Abuelas y sectores vulnerados como trabajadores del Hospital Garrahan y Laura Bonaparte.

“Nos encontramos con una situación vergonzosa por parte del Ejecutivo haciendo mucho hincapié en una versión de contar una historia que vuelve a poner el foco en la Teoría de los Dos Demonios, dejando de lado el enorme trabajo que se ha hecho desde distintos organismos de derechos humanos y organizaciones populares”, manifestó en diálogo con ANCCOM Nazarena Sciola, vicepresidenta del Centro de Estudiantes de Ciencias Sociales.

También se acercaron a la Casa por la Identidad estudiantes secundarios, como es el caso de León Rodríguez Gueito de 17 años, presidente del Centro del Colegio Nacional Buenos Aires que comentó a ANCCOM: “Nosotros buscamos representar a los estudiantes y entendemos que uno de sus reclamos es la reparación histórica por el reclamo de la memoria, la verdad y la justicia, por todos los desaparecidos que tiene el colegio”.

En la misma línea, Candela Fernández, militante de Nietes opinó sobre lo ocurrido en la audiencia: “Una vergüenza, nunca vimos algo así pero me pone muy contenta el apoyo que recibimos para las Abuelas. Nosotros estamos para eso, para apoyarlas a ellas, para demostrarles que estamos acá y que vamos a seguir luchando siempre por lo mismo. Muy contenta por el resultado pero una vergüenza el Estado Nacional”.

Marcela Perelman, directora de investigación del Centro de Estudios Legales Y Sociales (CELS) cerró la noche: “Salimos de alguna manera fortalecidos porque, a pesar de que la audiencia tuvo momentos agresivos y muy intensos, creemos que nuestra perspectiva se escuchó muy sólida, muy documentada, fuimos muy acompañados y superó muchísimo lo que habíamos imaginado”.

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Las comunidades originarias ya padecen el RIGI

Nov 15, 2024 | Comunidad, Destacado 5

El voto solitario de la Argentina en la ONU contra una declaración a favor de los pueblos originarios está en sintonía con las políticas públicas que desconocen los derechos de las comunidades preexistentes a la nación. El comando antibloqueos de Bullrich debutó en Vaca Muerta.

Argentina fue el único país con representación en las Naciones Unidas (ONU) en votar en contra de una resolución sobre derechos de los pueblos originarios en su Asamblea General en Nueva York. El documento promueve el compromiso internacional de proteger y promover los derechos de las comunidades originarias, el acceso a la justicia, la protección del medioambiente y la preservación de sus lenguas y culturas. Sin embargo, los pueblos indígenas preexistentes a la nación argentina no se sorprendieron, el voto del nuevo ministro de Relaciones Exteriores Gerardo Werthein es coherente con el ataque sistemático a las comunidades originarias que recrudeció en estos meses de la administración de Javier Milei.

El gobierno de La Libertad Avanza ha demostrado en reiteradas veces su persecución y hostigamiento hacia los pueblos indígenas y su rasgo neocolonial a la hora de administrar el poder estatal. El impulso del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) que posibilita arrasar con los territorios sin consulta a sus habitantes, la incógnita de qué sucederá con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) el anuncio que hizo el gobierno de no prorrogar la  Ley 26.160 que declara la emergencia de la propiedad indígena y suspende los desalojos, están poniendo en jaque la relación entre los habitantes de Abya Yala -tal como llamaban las poblaciones autóctonas a estas tierras- y el Poder Ejecutivo. 

Si bien los conflictos con los pueblos originarios no inician en la era Milei, están siendo exacerbados por la gestión de este gobierno. La situación tiene que ver con cosmovisiones de mundo distintas, que a veces encuentran consensos entre ambas partes y a veces no. Aunque la población aborigen está reconocida por la Constitución, carece de una representación política que plasme tal reconocimiento en soluciones concretas y acuerdos que permitan el respeto de sus intereses. 

La explotación petrolera y gasífera de Vaca Muerta por parte de YPF en colaboración con empresas como Vista, Pan American Energy, Pampa Energía, Chevron y Shell, está en colisión con las comunidades originarias. Este martes, la Confederación Mapuche de Neuquén denunció la primera intervención pública del Comando Unificado de Seguridad Productiva de la Nación, más conocido como “Comando Antibloqueos”, en la zona caliente de Vaca Muerta. En un comunicado asegura que junto a la Policía provincial irrumpió en Campo Maripe, territorio en disputa con YPF. «Bullrich -señala el documento- está ensayando la intervención de Gendarmería para (garantizar) el saqueo de las petroleras en Vaca Muerta. En la mañana de hoy la Gendarmería y la Policía de Neuquén irrumpieron conjuntamente en territorio comunitario del Lof Campo Maripe, una escena que recuerda a junio de 2017, cuando la Gendarmería intentó avasallar el derecho mapuche con represión».

 

Desde la aprobación del RIGI  –un régimen de incentivos para que las empresas extranjeras “inviertan” en el país a cambio de una rentabilidad asegurada y exenciones impositivas– ses agravaron los conflictos preexistentes para los pueblos originarios de Jujuy, Salta, Neuquen, Rio Negro y Chubut. 

En el Parque Nacional Los Alerces, en Chubut, buscan desalojar con una causa judicial a la comunidad mapuche Pailako, que habita ese territorio desde hace muchísimas generaciones. En ese contexto, el conflicto previo al RIGI es la llegada al país hace dos años de la empresa estatal israelí de aguas, Mekorot. El lonko Mauro Millan explicó a ANCCOM que “las acciones judiciales que hoy enfrentamos están relacionadas con la intención que tuvimos y tenemos de volver al territorio y de plantearlo como una decisión política. El Poder Judicial actúa como infantería de la represión”. Tanto Cristian Larsen, funcionario y director de la Administración de Parques Nacionales (APN), como el gobernador provincial Ignacio Torres acusan sin pruebas a la lof de los incendios que quemaron aquel territorio durante los últimos dos veranos.

Larsen dice a través de su cuenta de X (Twitter): “En la gestión pasada fue moneda corriente que se usurpen terrenos de Parques Nacionales y que las anteriores autoridades no hagan nada para evitarlo, por el contrario muchas veces a través de organismos como el INAI se les daba ayuda a estas falsas comunidades o a estas personas que escudándose en sus condiciones de mapuches utilizaban los recursos del Estado”. Fiel al explícito estilo libertario agrega: “Esta política cambió, hoy hay un cambio cultural que lo está llevando a cabo el presidente Milei y que tiene que ver con el cumplimiento estricto de la ley”. Al parecer, la ley de leyes que es la Constitución, no cuenta para este Gobierno. El Artículo 75, Inciso 17 de la Carta Magna reconoce a los pueblos preexistentes y obliga a los estados nacionales y provinciales a respetar los territorios que actualmente habitan los pueblos originarios. 

Lo que ocurre hoy es que gracias al RIGI, el presidente Milei, en uno de sus tantos viajes a Israel, reafirmó los acuerdos del gobierno de Alberto Fernandez con Mekorot. El convenio firmado en 2022 para diseñar el desarrollo de infraestructura hídrica es poco claro, con información vaga y fragmentada.  Por otra parte, en 2014 Mekorot fue denunciada en la ONU por violar el derecho al agua del pueblo palestino. “Ocupan las nacientes de los ríos, violan normativas de agua, fronteras y viviendas”, denunció Millán. Pero el convenio que firmó Mekorot Israel National Water con el Consejo Federal de Inversiones (CFI) no abarca solo a Chubut. También a Neuquén, Río Negro, Jujuy y otras provincias. 

En Salta, la empresa surcoreana Posco presentó un proyecto bajo el RIGI, con una inversión que rondaría los 1.000 millones de dólares. Los detalles del proyecto aún no se han revelado, pero se sabe que la compañía está expandiendo sus operaciones en la provincia. Y es reciente también, la inauguración de la planta de producción de hidróxido de litio, que pertenece al proyecto “Sal de Oro”. 

En esta provincia, las comunidades indígenas Oka Pukie (Mi Troja) y Kyelhuk (Quebracho) han sido demandadas en la localidad de Tartagal por la finquera María Montserrat, esta empresa busca recobrar posesión de los territorios mediante un posible desalojo de ambas comunidades. La Ley 26.160 hasta octubre las protegía porque declaraba la emergencia de la propiedad indigena y, justamente, suspendía los desalojos. El problema es que en noviembre venció este decreto presidencial, y el actual Gobierno nacional no lo prorrogará. En sintonía con los demás reclamos, la comunidad ​​repudia estas acciones y afirma que el fin de todas estas maniobras es seguir ampliando la frontera agropecuaria sobre los territorios indígenas, que usan la fuerza judicial para atropellar los derechos y las vidas de nuestras comunidades frente al poder de grandes empresarios con recursos económicos.

En agosto pueblos indígenas y sectores populares de Jujuy se manifestaron en contra del RIGI al entender que abre las puertas a grandes inversiones de empresas transnacionales para el saqueo y el extractivismo, atentando contra el medio ambiente y la Pachamama, y los derechos territoriales que ellos tienen como pueblos indígenas. En octubre, la comunidad indígena de Guerrero en Jujuy, fue desalojada por efectivos policiales y de Gendarmería  por orden de la jueza Liz Valdecanto Bernal. Alviso Cazón, abogado de la comunidad, dice que la sentencia fue ordenada por Guillermo Jenéfes, exvicegobernador jujeño, que es parte actuante en la causa. La noche previa al 15 de octubre de 2024 la policía fue cercando a la comunidad para que no pudieran ingresar vecinos a ayudarlos. Golpearon y forcejearon con mujeres y hombres, no respetaron las infancias y adolescencias y se llevaron a una abuela de 100 años. 

En Río Negro hubo otra situacion similar. La jueza de Bariloche, Romina Martini, ordenó el desalojo de la lof Quemquemtreu en Cuesta de Ternero, cerca de El Bolsón. La magistrada también condenó a Romina Natalia Jones, Lautaro Cárdenas Despo y Alejandro Javier Morales Godoy, referentes de la comunidad mapuche a tres años y seis meses de prisión en suspenso como coautores penalmente responsables del delito de usurpación. La denuncia fue impulsada por el empresario Rolando Rocco, quien tenía permiso para la explotación forestal de esa zona. Pero tiempo atrás se llegó a un acuerdo con la provincia para que la lof Quemquemtreu permaneciera en el predio porque el 21 de noviembre de 2021 empleados de Rocco asesinaron a Elías Garay, joven mapuche, de un disparo. Estos empleados fueron condenados en otro juicio. “El Dios de los winka (blancos) es la propiedad privada”, dice Millán en referencia a los acontecimientos en el sur del país.

La Confederación Mapuche plantea que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.

Una buena

En Neuquén sobreseyeron a los siete mapuches que el exbasquetbolista Emanuel Ginobili había denunciado por usurpación en 2018. El juez Ignacio Pombo consideró que la acción contra los integrantes de la Lof Paincil Antriao prescribió en 2023. En 2004 Ginobili había comprado 12 hectáreas en el Cerro Belvedere, territorio ancestral mapuche sobre el río Correntoso, con la intención de hacer un negocio inmobiliario y turístico. En línea con este resultado judicial, el 7 de octubre en la Legislatura de Neuquén se llevó a cabo una audiencia pública contra la adhesión de la provincia al RIGI. Del encuentro participaron la Red Ecosocialista, MST, PTS, Espacio Ojalá la Tierra Solidaria, APCA, Marabunta, el Centro de Estudiantes de la Facultad de Humanidades de la UNCo, el PO, vecinos de Sauzal Bonito y la Confederación Mapuche, entre otros. Desde la Confederación Mapuche se planteó que el RIGI propone que los bienes comunes, fundamentalmente el agua, sean para las grandes corporaciones y no para las comunidades que habitan los territorios.