En una nueva audiencia del juicio que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos por la dictadura en la Mansión Seré y el circuito Riba, declararon los sobrevivientes Adriana Cristina Martín e Indalecio Aristardo Fernández

Luego de tres sesiones con testigos de concepto, sustentadas con declaraciones escuetas y sin aportes de datos sustantivos a las causas, volvieron a testificar sobrevivientes de la dictadura para la megacausa que investiga los crímenes de lesa humaniad de la Mansión Seré y el circuito RIBA. Esta vez les tocó a Adriana Cristina Martín e Indalecio Aristardo Fernández. También prestaron declaración en calidad de testigos su esposa María Concepción Ocampos, y el hijo del matrimonio, Gustavo Javier Fernández.

Adriana Martín fue secuestrada a los 14 años por primera vez, quedó en libertad vigilada y volvió a ser llevada a un centro clandestino de tortura y detención a los 16. La testigo dio su declaración desde el excentro clandestino, hoy renombrado Espacio Mansión Seré, razón por la que la audiencia se desarrolló en modalidad virtualidad. Esto dio pie a que, a pocas palabras de iniciar, fuese interrumpida por un abogado defensor que le solicitó un paneo de la habitación para constatar que no leía su declaración ni que estuviera acompañada. “Está todo acá”, le respondió Adriana señalando su cabeza.

Declaraciones previas de la testigo fueron tomadas en cuenta antes de iniciar esta decimosegunda audiencia por la jueza Claudia Morgese que enumeró un conjunto de leyes, tratados y acuerdos que resguardaban a la declarante principalmente por su débil condición de salud. Martín inició su relato el día en que un conjunto de personas irrumpieron en su casa de manera violenta preguntando por su hermana, Zoraida Isabel Martín, que no estaba presente. Ese 16 de diciembre de 1976, Adriana fue trasladada en un auto hasta la Comisaría 3ª. de Castelar donde sufrió abusos y violencias de todo tipo hasta febrero de 1977. “No me picaneban. Yo estuve atada a una silla y recibía golpes en todo el cuerpo. La mente de un niño no puede procesar tanto terror, me costó mucho asumir la violencia que sufrí allí. En la Comisaría viví situaciones muy violentas provocadas por personas que me doblaban la edad. Solo tenía 14 años. Sin mi actividad militante era una solo niña que maltrataban, a la que no daban alimentos ni dejaban higienizar. Yo no concibo la violencia en los niños, son, somos, indefensos, no podemos hacer nada”.

El domicilio de la familia en Villa Udaondo (Ituzaingó) fue allanado 13 veces y con sus hermanos menores compartían “los ojos de terror». “Me afectó mucho lo que viví, intenté reordenar mi vida y buscar refugio, pero los traumas y las secuelas persisten”. Sobre sus dos hermanos pequeños, que tenían en aquel entonces 9 y 12 años respectivamente, detalla que “Gustavo quedó mudo, literalmente, por la violencia vivida en esa casa. Sergio, nunca quiso estudiar por miedo a sufrir lo mismo que sus dos hermanas mayores. La violencia en los menores queda muy marcada”.

Adriana Martín militaba en Unión de Estudiantes Secundarios (UES) y era presidenta del centro de estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica 1° de Moreno, móvil de su segundo secuestro el 29 de septiembre de 1977 durante un megaoperativo realizado en Villa Udaondo, en el que fue trasladada a la Brigada Aérea de San Justo. “Mis compañeros estaban allí, tuvimos una sesión de tortura colectiva. Estábamos todos. Creo que soy la única sobreviviente del simulacro de fusilamiento que vivimos”. Nada se supo de sus compañeros luego de diciembre de ese año. En el año 2020 prestó declaración en el histórico juicio de la Brigada de Investigaciones de San Justo que actuó en el “Circuito Camps”.

De sus días de secuestro conocía a una persona apodada Jorge: “Pibita cuidate que ahora viene Jorge”, relata haber oído decir a sus carceleros. “Si se preocupaban de que no hiciera berrinches cuando venía esta persona, absolutamente era personal con voz de mando”, concluyó Martín. Muchos años después, con la democracia restituida pudo unir el seudónimo Jorge al nombre real: Julio César Leston. “Pude identificar en al menos 10 oportunidades en un álbum de fotos en el Juzgado Federal N°3 de Capital Federal –ubicado en Comodoro Py- a Jorge, aún sin saber que en realidad se llamaba Leston. Solo sabía que esa persona, esa cara, había cometido ciertos actos. Recién varios años después vinculé a Jorge con el nombre Julio César Leston: intentó ingresar en la Comisaría 2° de Ituzaingó donde mi mamá trabajaba en la sección de Derechos Humanos. Cuando tuvo su legajo hicimos la asociación”. Julio César Leston era el nombre de Jorge, un represor que la familia conocía muy bien. “El día que me liberaron de la Comisaría 3ª de Moreno no viajé en el baúl, sino en los asientos del auto con él. Me dio la orden de ir a un tribunal de menores, de declarar que había escapado de mi casa y de volver a la escuela todos los días”. También lo conocía su hermana Zoraida Martín: “Este personaje sobrepasaba los límites que establece la Fuerza Aérea, tenía una obsesión con mi hermana”. Mientras continuaba la detención de su hermana aparecía en su casa y miraba los álbumes de fotos de sus compañeros. “La casa era pequeña y todos presenciamos esa escena. Nosotros sabíamos que siempre rondaba la casa, mi familia no tenía vida”. Y para finalizar agregó: “Si bien ahora se ve una persona mayor, yo lo conocí hace varios años. Los rasgos podrán cambiar pero las personas no: es muy difícil olvidar una mirada tan fría y perversa como la suya”.

En diálogo con ANCCOM luego de su declaración, la sobreviviente pudo referir al contexto actual en la temática de derechos humanos y la búsqueda de verdad y justicia. Expresó que declarar y hacerlo puntualmente desde el excentro Mansión Seré, donde hoy funciona un espacio para la memoria, es un “hecho político, estar frente a los imputados y reivindicar las luchas sociales. Entre ellas, el trabajo de los organismos de derechos humanos, no solo por ser víctima directa, sino porque creo que el valor de la vida está muy relacionado con la libertad, entendida como la participación y expresión política, muy distinta a la libertad de mercado que se entiende hoy. Agradezco que a pesar de este contexto adverso hoy pude expresarme libremente, dando mi testimonio para lograr justicia, no venganza”.

El segundo testimonio de la audiencia fue el de Indalecio Aristardo Fernández conocido como “Paragua”, quien fue secuestrado de su domicilio en el barrio San Jorge, Moreno, el 17 de abril de 1977. “Antes de subirme a una camioneta verde me encapucharon. Tenía un pequeño agujerito desde donde pude ver que llevaban una alita en el pecho. Estoy seguro de que eran de la Fuerza Aérea. Aún estaba lúcido, así que sé por el trayecto del viaje que me llevaron a la Subcomisaría de Francisco Álvarez”. Durante su relato se disculpó de antemano y reiteradas veces por no recordar algunas circunstancias, ya que su mente por casi 30 años bloqueó los recuerdos del terror. “Me acusaron de estar en las Fuerzas Armadas del Peronismo, buscaron armas, pero nunca las encontraron. Éramos de la juventud peronista, pero solo hacíamos trabajo social, mejorábamos nuestro barrio.”

Sobre las sesiones de torturas, recordó que se realizaban en una instalación distinta y quienes aplicaban los tormentos no tenían el uniforme de la Policía Bonaerense, sino uno gris “probablemente eran de 8° Brigada Aérea de Moreno”. Las preguntas siempre se repetían: le preguntaban por nombres y apodos de los compañeros de militancia, que dijera dónde escondía las armas, o lo amenazaban con su familia. Recuerda una sesión en que “me dijeron que mi esposa estaba en la pieza contigua siendo torturada, que ya la habían acostado en la cama de hierro donde torturaban con picana. Se oían gritos, pero yo la conozco, nunca creí que estuviera ahí, era trabajo psicológico lo que me hacían”, declaró Fernández.

Luego contó su paso por un último centro de detención donde se reencontró con compañeros de militancia: Faustino “Salta” Altamirano y “Pancho” Mario Sánchez. Hablando pared por medio con ellos supo que también Beatriz “Mafalda” Boglione se encontraba en el lugar. “Pancho me dijo: ‘Paragua, a vos no te van a matar, yo si estoy para ser boleta.’ Luego de eso Pancho desapareció y nunca más se supo de él”. Al tiempo las cosas “aflojaron” y volvieron a compartir la comisaría con presos comunes: “Por ellos me enteré que estábamos en la Comisaría 1ª de Moreno”, la que éste y otros testigos de anteriores audiencias describieron por sus pasillos largos de calabozos a ambos lados.

Los dos últimos testigos de esta audiencia pudieron declarar luego de reiterados problemas técnicos de conexión, lo que incentivó a los abogados defensores a querer dar por terminada la jornada. María Ocampos, esposa de Fernández, fue quien pudo dar mejores detalles sobre el día del secuestro y las consecuencias físicas y psíquicas que sufrió su esposo. “Entraron a la casa como si fuera suya y comenzaron a revisar y tirar todo. El barrio era pequeño y estaba repleto de autos. Incluso un helicóptero. No entendíamos nada de lo que pasaba. Vivimos un atropello horrible. No éramos nadie. Existían solo ellos. Se llevaron la biblioteca entera de mi esposo, libros que había comprado a crédito para los niños”.

Gustavo Fernández, hijo del matrimonio, era un niño cuando sucedió. Sin embargo, no olvida: “Lo impactante del momento fue ver tanta gente con armas. Desde el momento que nos piden que levantemos las manos el trato no es cordial”. Y agregó: “No sé con exactitud cuánto tiempo desapareció. Para mí fue una eternidad. Esperarlo día a día. Preguntarle a mi mamá y ella sin saber qué decirme”.
María Ocampos comenzó la buscar de su marido luego de 72 horas de precaución y miedo: “Ya no podía salir a trabajar. Me tuve que arreglar con lo que tenía. Una vecina cuidaba a mis hijos y yo iba a buscar a su padre”. A cada lugar que iba y decía “ando averiguando el paradero de mi esposo, que fue levantado por los militares” le respondían “acá no señora, y no me tomaban la denuncia”.

Cuando Fernández volvió, sus hijos que tanto lo habían esperado y preguntado por él no lo reconocieron. “Tenía la cara lastimada por la picana y nos miraba como un extraño.” Ocampos relató aquello que el esposo había aclarado previamente no recordar: “Cuando volvió me pidió que no le faltara nunca el agua ni que le apagara la luz. Yo hacía las cosas de la casa con él siempre detrás mío, no me deja en ningún momento”.

El abogado Sebastián Taiariol de la Asociación Civil Moreno por la Memoria reflexionó para ANCCOM sobre la audiencia de la fecha y el desarrollo del juicio. “Los testimonios dejaron varios puntos ineludiblemente confirmados. Por un lado, que quienes realizaron los operativos de ambos secuestros e incluso las sesiones de tortura, eran personal de la Fuerza Aérea. También, que el motivo de ambos secuestros fue la militancia política y territorial que realizaban Martín y Fernández”. Destacó la importancia de profundizar la investigación sobre la participación y el apoyo civil que tuvo la dictadura. “Ambos testimonios lo mencionaron: en el caso de Adriana Martín las autoridades de la escuela secundaria donde estudiaba, eran personal retirado que luego de su segunda liberación no le permitieron volver a estudiar y lo debió hacer de grande. Relató, cuando se refirió a la libertad vigilada, que había personas extrañas que hacían averiguaciones o inteligencia en las inmediaciones de la escuela, en la puerta, y operativos que armaban en el trayecto del colectivo”. Y concluyó analizando que “los martes dejamos la sala del juicio con la sensación de que esto no puede haber ocurrido, que esas historias no son de la vida común que nosotros llevamos. Como detallaron los testigos, estos hechos no sólo arruinaron su vida sino la sus familias. Adriana que solo tenía 14 años o los hijos del matrimonio Fernandez-Ocampo, de ningún modo pudieron tener el mismo crecimiento luego de vivir estos acontecimientos. Todos los crímenes son aberrantes, pero en estas situaciones aún más”.

La próxima audiencia de este juicio está programada para el martes 17 de diciembre a las 9:00 hs.