Censurar la memoria

Censurar la memoria

El gobierno, con la complicidad del Poder Judicial, prohibió un recital de Milo J que se iba a relizar en el Espacio de la Memoria Ex-Esma cuando 20.000 adolescentes y jóvenes hacían fila para ingresar. Policías y carros hidrantes amenazaban con la represión. Repudio de organismos de derechos humanos y artistas.

A pesar de las horas de acampe, las largas filas y la emoción de miles de adolescentes y jóvenes, la música de Milo J no sonó este miércoles 12 en la ex−ESMA. El show gratuito que el joven artista tenía programado en el Espacio para la Memoria (ex ESMA) fue suspendido por orden judicial, tras la presentación de una medida cautelar del gobierno nacional que argumentó supuestas irregularidades en la organización del evento. La decisión cayó como un baldazo de agua fría sobre unos 20.000 jóvenes que esperaban ansiosos para ingresar al predio y provocó una ola de indignación entre organismos de derechos humanos, familiares de víctimas del terrorismo de Estado y el equipo del cantante.

Desde la Secretaría de Derechos Humanos, a cargo de Alberto Baños, sostuvieron que el evento no contaba con las habilitaciones correspondientes. Sin embargo, los organizadores desmintieron tajantemente esas acusaciones. «Es totalmente falso. Se pidieron todos los permisos, se trabajó en un plan de evacuación y se contó con el apoyo del personal del lugar», aseguró Aldana Ríos, manager —y mamá— de Milo J en la conferencia de prensa realizada en la vereda de la avenida Libertador, en el frente del Espacio de Memoria, entre el público aun presente y medios de comunicación.

Algunos adolescentes llevaban dos noches acampando a la espera del recital.

 

Bronca

Desde la noche anterior, decenas de chicos acamparon para asegurarse un buen lugar en la preescucha de 166 Deluxe, el nuevo álbum de Milo J. Pero el evento nunca comenzó. La orden judicial llegó a pocas horas de que comience, y con ella, un operativo policial que incluyó camiones hidrantes y motos. «Nos amenazaron con reprimir a los chicos que estaban esperando para ingresar», denunció Ríos.

La noticia llegó a los asistentes cerca de las 16 a través de las redes oficiales de Milo J, y despertó reacciones que incluyeron lágrimas, impotencia y gritos de protesta contra la decisión del gobierno. «Vimos pibes que pasaron dos noches bajo la lluvia, durmiendo para poder verlo, irse llorando, irse a los gritos, muy enojados», relató Candela Fernández, de la agrupación Nietes.

Este fue el caso de de Aixa Álvarez, una joven de San Luis de 19 años, que esperaba con sus amigos ansiosa por ver al artista que la cautivó por “la mentalidad que tiene para su edad” y gracias a quién pudo conocer la Ex−ESMA: “Muchos de los que vinieron son menores de edad, así que también fue una oportunidad para que ellos le preguntaran a sus padres qué es la ESMA, qué pasó acá”, expresó.

Milo J. pidió a sus seguidores que se retiraran para evitar que se concrete la amenaza de represión.

 

Entre los que se quedaron en las inmediaciones del evento, también se encontraba Nicolás El Lakkis, de 33 años, acompañado de su sobrina Milagros, fanática de Milo. «Me parece muy grave que se suspenda un show de música. No era nada del otro mundo. Creo que hay un gobierno que le teme a la cultura, que le teme a que la cultura reúna gente en un espacio de memoria, y por eso suspendieron el evento», expresó con indignación. Además, Nicolás forma parte de un bar cultural cooperativo dentro del Espacio Memoria, por lo que también expresó el impacto de la decisión en su propio trabajo: «Teníamos mercadería comprada, todo listo para hoy. Nos afecta económicamente, pero también políticamente. Tanto que hablan de libertad, pero nos impiden escuchar la música que queremos. Esto no es libertad».

 

Falsa libertad

Para los organismos de derechos humanos, la suspensión del show es una fuerte muestra del avance del negacionismo. «El hecho de que miles de jóvenes vinieran al espacio de memoria era un hecho sumamente importante en un momento en que también estamos perdiendo soberanía y derechos», sostuvo Fátima Cabrera, representante de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora. Por su parte, Manolo Franco, sobreviviente de la ESMA, tomó la palabra y dejó un mensaje de resistencia: «Hoy el negacionismo debe pensar que nos hizo un gol, pero yo digo que vienen perdiendo por goleada. Hoy miles de jóvenes entendieron que esta fue una negación política de permitir que conozcan parte de la verdad y se haga la transmisión de la memoria».

«Que miles de jóvenes vinieran al Espacio de Memoria era un hecho sumamente importante en un momento en que también estamos perdiendo derechos», sostuvo Fátima Cabrera, de Madres de Plaza de Mayo.

 

«Nos amenazaron con reprimir a los chicos que estaban esperando para ingresar», denunció Ríos, madre y manager de Milo J.

Este evento significaba más que un simple show. «La censura que sufrió Milo es gravísima. La decisión de tocar acá no fue política ni partidaria. Vinimos a un espacio de memoria donde nos sentimos contenidos», sostuvo su madre y manager. El artista, que ya había expresado en otras ocasiones su compromiso con la memoria y los derechos humanos, eligió la ex−ESMA por su carga simbólica y por su historia personal: su familia también fue víctima de la dictadura.

La cancelación del show generó un efecto contrario al buscado por el gobierno de Javier Milei: en lugar de silenciar la memoria, la potenció. «Ojo, porque esto ya pasó. Ojo, porque si mañana alguien canta una canción que no les guste, también pueden censurarlo. Ojo, porque pueden cortar un sonido, apagar luces, interrumpir un recital y hasta detener a los asistentes. Esto no nos puede volver a pasar», advirtió Ríos.

En un contexto de despidos masivos en organismos de derechos humanos y de recortes en políticas de memoria, la suspensión del show de Milo J se convirtió en un símbolo de la tensión entre el gobierno y los espacios de memoria. Llegando al final de su declaración, la madre del artista hizo una breve pausa, miró firmemente al frente en dirección a uno de los tantos vehículos policiales que custodiaban el lugar y exclamó con fuerza: “¿Tanto miedo les da un chico de 18 años?”.Los aplausos llenaron el espacio y un grito de “nunca más” pudo oírse desde la audiencia.

Mientras el gobierno justifica su decisión y los organismos de derechos humanos preparan una respuesta legal, miles de jóvenes se fueron del Espacio Memoria y Derechos Humanos con un aprendizaje inesperado. No vieron a Milo J en vivo, pero vivieron en carne propia lo que significa la censura. Y, quizás, entendieron más que nunca la importancia de la memoria.

«Cuando bajamos de la camioneta esperamos el tiro»

«Cuando bajamos de la camioneta esperamos el tiro»

Con el testimonio de Silvia Amar, se reiniciaron las audiencias por la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II que investiga los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. La declaración complicó al imputado José Juan Zyska.

“Cuando bajamos de la camioneta esperamos el tiro. Nos dijeron ‘no miren para atrás y caminen’. Ahí fue el gran miedo: nos agarramos de la mano con mi compañera, empezamos a caminar despacio y dije ‘acá nos matan’. Cuando sentimos que la camioneta se alejaba empezamos a correr”, expresó Silvia Beatriz Amar, única testigo de la jornada, en la sesión testimonial de este martes 10 con la que se reanudó el proceso judicial de la megacausa Mansión Seré IV y RIBA II. Luego de un periodo feria judicial el proceso iniciado en agosto del año pasado avanza en la búsqueda por verdad y justicia en un contexto adverso para los Derechos Humanos.

El día de su secuestro, Amar llegó al comercio donde trabajaba con su compañero: una casa de copias en La Plata. Allí los encontró a él y a un cliente con las manos en alto contra la pared. A la fuerza, la ubicaron en la misma posición. Mientras un hombre vestido de civil la interrogaba, otros inspeccionaron el local buscando objetos de valor. A la pareja la subieron a una camioneta: “Fue un viaje eterno en el que fue violada una de mis compañeras por la persona que nos custodiaba atrás”, sostuvo Amar en torno al traslado desde su lugar de secuestro hacia el centro clandestino de detención. “Cuando entramos a la camioneta ya había dos personas, amigos nuestros. El recorrido duró cerca de una hora y media. Pararon a buscar a otro matrimonio y a un estudiante de Abogacía”, relata la víctima, que intentó escapar durante una de estas paradas, pero tras el intento fallido recibió un culatazo en la cabeza: fue así que tomó consciencia de la presencia de armas.

La testigo reconoció similitudes físicas entre el imputado Zyska y el hombre que la interrogó en su lugar de secuestro y que violó a su compañera en el traslado.

Un punto de gran importancia de la declaración ocurrió cuando la testigo reconoció similitudes físicas entre el imputado Zyska y el hombre que la interrogó en su lugar de secuestro y que violó a su compañera en el traslado. El tribunal recurrió a declaraciones previas en las que la Amar, a partir de un conjunto de fotografías, ratificó sus palabras: “Coinciden la cara poseada, el bigote y la tez morena”.
Aunque durante sus días de cautiverio Amar no debió padecer sesiones de torturas, sí fue testigo de los gritos de horror de otros detenidos: “Escuchábamos las voces de compañeros torturados”, subrayó. Recordó simulacros de fusilamientos y ruidos de aviones y trenes que llegaban a la habitación.

La testigo no dejó de destacar las consecuencias psicológicas y físicas que afrontó luego de su liberación. Hizo hincapié en el periodo en que le tocó esperar por su novio, quien siguió en cautiverio por un prolongado tiempo más: “La eterna espera para ver si aparecían nuestros compañeros. Nos decían ‘quedate tranquila que va a aparecer’ pero luego cambiaban a ‘lo vas encontrar en una zanja’. Siempre tuvimos la esperanza de que los íbamos a volver a ver”.

Al finalizar el testimonio, Martha Ibarra, referenta de la Asociación Civil Moreno por la Memoria y querellante de la causa, dialogó con ANCCOM sobre el desarrollo de la megacausa y adelantó que luego de 24 declaraciones quedan aún otras 10. Sostuvo que aunque el juicio estuviera previsto con un desarrollo de dos años son varios los motivos que prolongan la extensión, entre ellos, la alternancia de audiencias cada quince días o la prestación declaratoria de un único testimonio, sumados además entre ellos los testigos de concepto. Puntualizó además que “conocer la modalidad de cada audiencia con pocos días de antelación dificulta la organización y presencia de la juventud en la sala” sector que se siente que debe ser interpelado a concurrir y ser testigo de los avances de las causas.

Por otra parte, en torno al vaciamiento en las áreas destinadas a la defensa, construcción y conservación de Derechos Humanos, vapuleados en el último tiempo por el actual gobierno libertario, Ibarra declaró que “sin trabajadores no hay memoria y es justamente lo que el gobierno nacional está gestando”. Y agregó: “Que los juicios de lesa humanidad continúen aún con este gobierno que reivindica la dictadura y niega los 30.000 marca independencia del Poder Judicial. Pero lo que sí logró el gobierno de Milei es vaciar de trabajadores la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, en vez de garantizar con los recursos la continuidad de las políticas públicas de memoria, verdad y justicia. Los Espacios de Memoria -referencia física que otorga mayor sustento a los testimonios de los sobrevivientes, materialidad y prueba de los crímenes allí perpetrados- también están siendo vaciados de trabajadores y recursos”.

De los cinco imputados de la causa, Juan Carlos Herrera, José Juan Zyska, Ernesto Rafael Lynch, Julio Cesar Leston y Juan Carlos Vazquez Sarmiento, este último no estuvo presente lo que dio lugar a que en el inicio de la jornada se realizara un cuarto intermedio para debatir acerca de su inasistencia. Un informe de la unidad penitenciaria de Ezeiza alega un estado de salud deteriorado física y psicológicamente, por lo que la Defensa solicitó la suspensión del juicio para el imputado. El pedido fue denegado por la jueza María Claudia Morgese Martin, aunque reevaluará la situación del imputado en el devenir de las próximas jornadas.

En diálogo con ANCCOM, el abogado también miembro de la Asociación Civil Moreno por la Memoria, Sebastián Taiariol, se refirió al nuevo intento del genocida y apropiador de bebés Vázquez Sarmiento de ser declarado inimputable: “Estimamos que no se encuentra acreditada la indisposición que argumenta su defensa”. Previamente accedieron a las autorizaciones concedidas al imputado durante el año pasado para realizar consultas clínicas y pericias psiquiátricas de las cuales “no surge diagnóstico concluyente sobre la imposibilidad física o psíquica para ser parte de este juicio”.

La siguiente audiencia de la causa se llevará a cabo el 21 de febrero a las 9 horas.

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

La ONU condenó a Paraguay por el caso Villalba

Consideró al Estado responsable de la muerte de las dos niñas de once años, a quienes las autoridades intentaron hacer pasar por terroristas.

La Gremial de Abogados y Abogadas y la Campaña Internacional de Solidaridad con la familia Villalba consideró como una victoria el pronunciamiento del Comité de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas que condenó al estado de Paraguay por infanticidio. 

El Comité publicó su informe después de realizar la investigación confidencial sobre las mujeres asesinadas Lilian Mariana Villalba y María Carmen Villalba, en septiembre del 2020 en Yby Yaú, Departamento de Concepción. Los dos cuerpos fueron enterrados apresuradamente, y las autoridades afirmaron inicialmente que tenían 15 y 18 años.

La justicia paraguaya exigió la exhumación de los cadáveres tres días después, y la autopsia confirmó que se trataba de niñas de 11 años. En la autopsia también se encontraron heridas de bala en la parte delantera y trasera de los cuerpos, pero los forenses no pudieron establecer la distancia a la que se habían disparado las balas porque la ropa de las niñas estaba destrozada.

Asimismo, recibió una denuncia sobre los homicidios en relación a que Paraguay había adoptado medidas para encubrir el incidente.

“Los homicidios de las dos niñas de 11 años constituyeron una grave violación del derecho a la vida, especialmente teniendo en cuenta la participación directa de la Fuerza de Tarea Conjunta del Estado,” afirmó el Comité. Y añadió: “Esta violación se agrava aún más por el hecho de que Paraguay no llevó a cabo una investigación exhaustiva, lo que sugiere una grave negligencia o un encubrimiento intencionado de detalles importantes.”

A partir de entonces, el Comité inició una investigación con arreglo al Artículo 13 del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a un procedimiento de comunicaciones y nombró a dos investigadores de entre los miembros de ese organismo. Entrevistaron a 32 personas, incluidos testigos y funcionarios de Paraguay, como el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta, el Jefe del Departamento Antisecuestros de la Policía Nacional y jefes de las direcciones de derechos humanos de varios ministerios.

Según el Comité de los Derechos del Niño, Paraguay es responsable de violaciones de derechos humanos graves, en lo que respecta con el asesinato de dos niñas de 11 años durante una operación que organizó la Fuerza de Tarea Conjunta de Paraguay contra el grupo guerrillero Ejército del Pueblo Paraguayo.

“Las pruebas demuestran que el Estado parte no cumplió con su obligación de respetar, proteger y hacer efectivo el derecho a la vida de las dos niñas,” dijo el Comité.

El Comité le pidió a Paraguay que adoptara las medidas adecuadas para concluir la investigación de la muerte de las dos niñas, incluida la posibilidad de contar con la asistencia de una misión internacional de expertos. También pidió al Estado paraguayo que reforzara la infraestructura de su marco jurídico y normativo en relación con sus agentes del orden.

“Conocemos a los niños desde muy pequeños y siempre los acompañamos y es importante destacar lo sanos que se encuentran, muy fuertes y eso es mérito de las mujeres mayores que sin ocultarles nada, supieron apoyarlos y contenerlos”  concluyó a ANCCOM emocionado y satisfecho por el amplio espectro de organizaciones presentes en la conferencia de prensa que anunció el fallo, el abogado Franquet Gustavo. 

 

Algunos integrantes de la Campaña Internacional exigieron el castigo para los responsables del gobierno paraguayo, acusado de infanticidio, en la conferencia de prensa que tuvo lugar este martes en la CTA Autónoma. También lo hicieron los integrantes de la Gremial de Abogados y Abogadas, entre ellos Gustavo Franquet, quién aludió a la situación difícil y dolorosa por la que atraviesan los más humildes del Paraguay.

Dos de los testimonios más  relevantes fueron el de Salvador Sánchez, abogado paraguayo de Laura Villalba, madre de una de las niñas asesinadas, quien fue condenada a más de 30 años de prisión luego de la desaparición de su otra hija, Lichita. Él y la periodista Claudia Korol denunciaron que las presas políticas Carmen y Laura Villalba y Francisca Andino, están en una cárcel de máxima seguridad, a la que definieron como “la Guantánamo paraguaya”, “donde a las compañeras las sacan encapuchadas cuando reciben visitas del abogado”.

Algunos integrantes de la familia Villalba formaron parte del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) a quienes el gobierno de ese país persigue como terroristas, haciendo extensiva la acusación a otros familiares que no integraban la organización.

A su vez, la abogada Laura Tafettani y Eduardo Soares mostraron que la gran victoria obtenida por la condena de la ONU, tiene que continuar con una campaña de denuncia. 

Otro testimonio emotivo fue el de Miriam Villalba, quién debió huir de Argentina con su familia y varios niños, perseguidas por la complicidad del gobierno de Javier Milei con el de Paraguay. “Ya estamos condenados por tener el apellido Villalba”, contó Miriam. “Vamos a seguir luchando con todas nuestras fuerzas para que el gobierno paraguayo pague por sus crímenes”, agregó.

Actualmente, tal como Miriam explicó, viven en un  difícil contexto, donde más que nada los niños no tienen ningún tipo de estabilidad, pasan sus días con miedo ante la posibilidad de operativos violentos como el que vivieron a finales del año pasado. 

Una celebración del teatro

Una celebración del teatro

En el reconocido espacio Timbre 4 y con una programación que incluye obras de España y Francia, comienza una nueva edición de TABA, el festival de artes escénicas que promueve el intercambio entre artistas locales y extranjeros.

Una de las obras que podrá verse será Precoz, basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega e interpretada por Valeria Lois y Tomás Wicz.

 

Del 13 al 23 de febrero, se celebrará en el Teatro Timbre 4 una nueva edición del Festival Temporada Alta en Buenos Aires (TABA). El evento, que se realiza ininterrumpidamente desde 2013, se ha consolidado como un espacio de encuentro entre creadores de distintas culturas y en epicentro de las artes escénicas durante el verano porteño. “Su presencia en Iberoamérica no tiene un objetivo económico, sino que busca generar una sinergia entre artistas”, sostiene Narcis Puig, director general del Festival en diálogo con ANCCOM.

TABA es la extensión argentina del reconocido Festival Temporada Alta que desde hace más de 28 años se desarrolla en Girona, España, y que ha sido calificado como uno de los mejores de la escena mediterránea. En Buenos Aires, funciona desde hace 13 años como un espacio de exhibición para que artistas internacionales como Jan Fabre y Angélica Liddel presenten sus producciones en las salas porteñas y como una puerta de entrada para que artistas argentinos, como Mariano Pensotti y Daniel Veronese,u obras como El viento en un violín y La omisión de la familia Coleman de Claudio Tolcachir, puedan acceder a la escena europea. “Buenos Aires es una gran capital teatral y exporta mucho talento”, afirma Puig.

Para esta nueva edición, la programación cuenta con doce propuestas, entre las que se destacan las colaboraciones entre Francia y Argentina como el espectáculo Nana canta Piafy Chin, chin, monamour, un ciclo de entrevistas y lecturas dedicado a la poesía. También se podrán ver las obras de teatro Sugar Girlse Historia de una pierna, producto de un trabajo en conjunto entre Argentina y España. “Es muy importante que la muestra que hacemos sea diversa y represente distintos aspectos de lo que se hace en este lado del charco”, señala Puig.

Entre las obras nacionales sobresalen El Brote de Emiliano Dionisi, protagonizada por Roberto Peloni y Precoz, basada en la novela homónima de Ariana Harwicz, dirigida por Lorena Vega e interpretada por Valeria Lois y Tomás Wicz. “El desafío es tener una programación que sea variada e interpele a distintos públicos”, subraya Eleonora Pereyra, coordinadora general del Festival.

El Brote, de Emiliano Dionisi y protagonizada por Roberto Peloni también forma parte de la programación.

 

Respecto al proceso de selección, tanto Puig como Pereyra coinciden en que “las obras que se presentan deben ser de calidad, diversas y con un formato fácil de transportar” y que el rol de Timbre 4 en la curaduría es fundamental. Fundada en 2002 por Claudio Tolcachir, la sala se ha consolidado no sólo como un espacio clave del teatro independiente porteño, sino también como el hogar de TABA desde sus inicios. Su compromiso con ser un punto de encuentro entre artistas y espectadores confluye con el espíritu de intercambio que caracteriza al Festival. “Por suerte tenemos un espacio que es muy sólido y el público siempre nos acompaña”, asegura Pereyra.

Además de las obras teatrales, TABA contará con el clásico y aclamado Torneo de Dramaturgia, en el que dos autores catalanes y argentinos compiten con sus textos. Durante el torneo, las piezas son interpretadas sin revelar la identidad de sus autores hasta el final de la función, lo que permite que el público tenga el foco puesto en la calidad de la historia. Por el Río de la Plata competirán Lucas Sánchez y Javier Grinstein, mientras que Jaume Viñas y Martina Cabanas serán los encargados de representar al Mediterraneo. Al igual que en ediciones anteriores, será la audiencia la que determinará mediante voto secreto cuál es el texto que avanzará a la gran final que tendrá lugar el domingo 23 de febrero a las 20:30.

En el Festival también se desarrollará “Fuera de Escena – Cruces de las Artes Escénicas”, un ciclo de actividades especiales que propone dialogar sobre diversos temas que rodean al teatro. Entre ellas se destacan “Aprende a decir que no”, un taller de auto-indagación y asertividad a cargo de la artista Joana Brabo y “De la idea al proyecto: Dramaturgia editada”, un conversatorio sobre la publicación independiente de obras teatrales coordinado por la propia Eleonora Pereyra.

Con el objetivo de garantizar el acceso del público a las propuestas culturales, tanto el ciclo como algunas de las proyecciones teatrales contarán con entrada libre y gratuita o en algunos casos a voluntad. “Es una manera de que las personas vengan a una obra y después puedan ver otra más”, concluye Pereyra.

La programación completa de TABA se puede ver en la página web del Festival

El subte a las nubes

El subte a las nubes

Se viene un nuevo aumento y el pasaje llegará a 832 pesos. Luego habrá subas mensuales atadas a la inflación. Duras críticas al Gobierno porteño y a la empresa concesionaria por la mala calidad del servicio y la falta de accesibilidad.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció una nueva suba del boleto de subte, que a partir de marzo pasará a costar 832 pesos, un 10 por ciento más que los actuales 757 pesos, que rigen desde octubre pasado. El Ejecutivo porteño comunicó el aumento durante una audiencia pública convocada para tratar la tarifa del subte, realizada el jueves último vía Zoom y transmitida por YouTube.

Participantes de la audiencia cuestionaron el incremento, que asciende a casi un 1.000 por ciento desde que asumió Jorge Macri como jefe de Gobierno el 10 de diciembre de 2023, cuando el boleto costaba 80 pesos. Mientras tanto, la inflación en 2024 fue del 118 por ciento y la prestación del servicio es cada vez más deficiente.

“Si bien la empresa requiere una actualización, nada manifiesta respecto a las mejoras en la frecuencia e higiene tanto en las instalaciones como en los vagones; falta de ventiladores en andenes, baños clausurados, escaleras mecánicas sin funcionar en varios momentos; y personas con capacidad reducida que no pueden acceder a los ascensores”, objetó la referente de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA), Paola Cecilia Cáceres.

Por su parte, el presidente de Subterráneos de Buenos Aires (SBASE), Javier Ibáñez, justificó el aumento debido a la necesidad de compensar el incremento en los costos de explotación y mejorar la relación subsidio-sustentabilidad del sistema.“Se busca recuperar los niveles de cobertura históricos que rondaron siempre entorno al 40 por ciento y que en el mundo ronda entre el 40 y el 60”, afirmó.

Según Ibáñez, la Ley 4.472 establece que las tarifas deben ser revisadas anualmente o cuando el costo del servicio supere un 7 por ciento. En su intervención, dijo que la tarifa técnica del subte a septiembre del año pasado era de 1.950,56 pesos, en tanto que hoy es de 2.305,28. Por consecuencia, y de acuerdo a lo propuesto por SBASE, el pasaje con SUBE registrada, tarjetas bancarias y billeteras virtuales, será de 832 pesos a partir del 1° de marzo, y que el Premetro costará 291,20 pesos.

Está previsto que se apliquen actualizaciones tarifarias mensuales durante los próximos 12 meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 por ciento adicional, para que los incrementos superen el nivel de inflación. “La proyección para este año es que el Estado pague un poco más del 72 por ciento del pasaje”, anticipó el titular de SBASE, quien defendió la suba de la tarifa enumerando las obras realizadas o por realizar, como la finalización del Nodo Obelisco, puesta en valor de estaciones, instalación de ascensores en Carlos Pellegrini, Federico Lacroze y Plaza de los Virreyes, el cierre del loop del Premetro y el reemplazo de escaleras mecánicas.

Ibáñez mencionó además el proceso de licitación para la adquisición de nuevos trenes para la Línea B, un reclamo de larga data de los Metrodelegados por el que se movilizaron en enero; el desarrollo de ingeniería de la futura Línea F, cuya etapa de diseño conceptual del tramo Barracas-Santa Fe ya fue completada; y el avance del plan de seguridad. Por último, destacó la migración de abonos y pases a la SUBE; la renovación de 654 validadores de los molinetes, donde 145 de ellos pasaron a ser exclusivos para pagos con tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales; y la extensión horaria de la Línea B los viernes a la noche.

A su turno, usuarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y dirigentes políticos de la oposición al macrismo, cuestionaron a Ibáñez y al Ejecutivo porteño. Además de las críticas al aumento acumulado de la tarifa, desproporcionado en relación a la inflación general, se hizo alusión a las graves distorsiones que genera el costo del transporte público, que desde diciembre de 2023 incidió fuertemente en la pérdida del poder adquisitivo de las familias.

El exlegislador del Frente de Izquierda, Patricio Del Corro, calificó el aumento de injusto e irrazonable: “Metrovías (EMOVA) y el Gobierno de la Ciudad están teniendo una paritaria y un nivel aumento que no sueña nadie a nivel país. Ustedes les están exigiendo que paguen un aumento sideral a personas que estamos cobrando mucho menos que hace algunos años”.

“Las tarifas del subte tienen que estar por debajo de los transportes que usan combustible fósil contaminante (N. del. R.: el colectivo). Tiene que haber una reconsideración de este esquema tarifario, un planteo más realista, en ningún momento se está pensando en el bolsillo de los usuarios”, opinó la presidenta de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino.

Por la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Matías Rodríguez Fernández valoró la indexación mensual del esquema tarifario porque “permitirá aumentar el porcentaje de cobertura de los costos por venta de los pasajes”, aunque advirtió que su impacto “es tan impredecible como el devenir de las variables macroeconómicas del país”.

Otro cuestionamiento a la empresa fue en torno a los problemas para las personas con discapacidad en las estaciones. Apenas el 34 por ciento poseen ascensores, los cuales se vuelven inaccesibles por falta de mantenimiento. “Se pagó a una empresa, FEMYP SRL, más de 87 millones de pesos en septiembre de 2024 para el mantenimiento de escaleras y ascensores, que se descomponen permanentemente. No se mantienen las compensaciones necesarias que por ley nos corresponden y convierte al servicio público en discriminador”, manifestó Carlos Scally, un usuario con discapacidad.

La comunera de la Comuna 3 por Unión por la Patria, Inés Fornassero, apuntó contra Jorge Macri por la falta de políticas y calificó de deficiente el plan de obras: “Escuchar al jefe de Gobierno que hace poco habló de un plan integral de discapacidad, cuando ni siquiera tenemos garantizado el transporte público para cualquiera que necesita un ingreso, eso no lo tenemos garantizado”.

Respecto a la calidad del servicio, participantes de la audiencia señalaron la presencia de sarna, ratas y alacranes; los casos de asbestosis, que mataron a seis empleados del subte; las filtraciones durante días de lluvia en las estaciones, incluyendo las que fueron reacondicionadas; y las fallas técnicas constantes en formaciones, ascensores y escaleras.

“Nos preocupa la falta de higiene y limpieza de las estaciones, pasillos, escaleras y formaciones de la red, el deterioro de la prestación de la Línea B y la calidad del servicio del Premetro”, señaló Rodríguez Fernández. Otro orador, Nicolás Descalzo, dijo: “Desde la última audiencia en abril de 2024 hasta hoy, casi un año después, la situación del subte empeoró. Tenemos que tomar dimensión de lo que está pasando en la realidad, más allá de los planes”.

En representación del Observatorio del Derecho a la Ciudad, Myriam Godoy Arroyo,reclamó la postergada extensión de la red del subte: “Eso incentiva el uso, porque los barrios que no tienen el servicio y están desatendidos, si lo tuvieran, lo preferirían”, aseguró.