Resistiré

Resistiré

Feb 15, 2025 | Destacado 1, Vidas políticas

Un centenar de organizaciones retomaron la Marcha de la Resistencia, nacida en la última dictadura, para repudiar el vaciamiento del Estado, de las políticas sociales y también las de memoria, verdad y justicia. También se rechazaron las conductas autoritarias y discriminatorias del gobierno.

Bajo un cielo gris, entre paraguas, pilotos y pasos firmes, la Plaza de Mayo es, una vez más, el escenario de la resistencia. Banderas desplegadas, carteles en alto y cantos que atraviesan la tarde sostienen la consigna: “Una memoria que arde, una lucha que no se apaga”.

Desde las 17 de este viernes, una nueva Marcha de la Resistencia avanza contra las políticas de ajuste y persecución del gobierno de Javier Milei. Convocada por más de un centenar de organizaciones de derechos humanos, sindicales y sociales, la movilización gira en torno a la Pirámide de Mayo y lo hará durante 24 horas, hasta el sábado a las 17. La movilización, impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Capital y Madres de Plaza de Mayo, retoma el espíritu de las largas jornadas de protesta que marcaron la resistencia durante la última dictadura cívico-militar.

Para el secretario general de ATE Capital, Daniel «Tano» Catalano, la marcha es una señal de que la resistencia está en pie. “Las políticas de Memoria, Verdad y Justicia no pueden abandonarse; como argentinos, tenemos que seguir levantando las banderas que nos hicieron grandes”, señala en diálogo con ANCCOM. “No podemos permitir que un gobierno que busca restringir libertades y derechos siga avanzando, atacando a los trabajadores, ajustando a los más vulnerables mientras los poderosos acumulan riquezas, profundizando la desigualdad y persiguiendo a quienes no se alinean con sus políticas de odio”, sostuvo. También enfatizó la necesidad de «construir un frente político que nos permita liberarnos del fascismo».

La marcha se enmarca en la denuncia de los recortes en políticas públicas vinculadas a la memoria histórica y la justicia social. Uno de los ejes centrales de la movilización es el vaciamiento de la Secretaría de Derechos Humanos bajo la gestión de Alberto Baños, quien redujo drásticamente la planta de trabajadores, así como el cierre del Centro Cultural Haroldo Conti, un espacio fundamental para la preservación de la memoria. En diálogo con ANCCOM, Pedro Lynn, secretario gremial de ATE Capital, remarcó que el vaciamiento de organismos estatales afecta no solo a los empleados públicos, sino a toda la sociedad y advirtió sobre el impacto de las medidas de ajuste del gobierno en los trabajadores del Estado. «El presidente, en vez de buscar profesionalizar y organizar el trabajo estatal, hace lo contrario: siembra el caos, destruye todo, baja los salarios al máximo y despide», denunció.

Es la primera marcha sin la presencia de Hebe de Bonafini, fallecida en 2022. “Sigue siendo nuestra guía”, describió Carmen Arias, titular de Madres de Plaza de Mayo. “Es muy duro lo que estamos pasando y tenemos que salir a la calle para demostrarlo. Hay que demostrar que estamos organizados y unidos porque quieren vernos a todos separados”, destacó.

Un legado de lucha

La Marcha de la Resistencia tiene sus orígenes en plena dictadura, cuando en 1981, en medio de un endurecimiento del régimen, las Madres de Plaza de Mayo ocuparon la Plaza durante 24 horas para exigir la aparición con vida de sus hijos y el fin de la impunidad de los responsables del terrorismo de Estado. A lo largo de los años, la movilización se convirtió en un símbolo de resistencia contra las leyes de impunidad y las políticas neoliberales.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner, la marcha fue suspendida por considerarse que «el enemigo ya no estaba en la Casa Rosada». Sin embargo, en 2015, con la llegada de Mauricio Macri al poder, las Madres volvieron a convocar para denunciar las políticas de ajuste y represión. Hoy, con la asunción de Javier Milei, la Marcha de la Resistencia cobra un nuevo significado: un rechazo al negacionismo, al vaciamiento de políticas de memoria y a la profundización de la desigualdad social.

El sábado por la tarde, la movilización concluirá con la lectura de un documento consensuado por las organizaciones convocantes. Como gesto simbólico, un trabajador despedido de la Secretaría de Derechos Humanos será el encargado de leer un manifiesto en defensa de la Memoria, la Verdad y la Justicia, y en rechazo a las políticas de ajuste y desmantelamiento de organismos estatales.

Nada de pasivos

Nada de pasivos

Feb 14, 2025 | Comunidad, Destacado 3

Cientos de jubilados se manifestaron frente al Congreso Nacional y en distintos puntos del país para reclamar que vuelva la gratuidad de los medicamentos y un aumento en sus haberes. También juntaron firmas para proyectos legislativos.

“Hay que construir un gran frente que derrote a Milei y posibilite construir una relación diferente con esta vergüenza de Congreso de la Nación que permite que el presidente pueda gobernar por decreto como un déspota”, manifestó Hugo Godoy, el secretario general de la Central de Trabajadores de la Argentina Autónoma (CTA-Autónoma), con micrófono en mano. Se dirigía a unos cuantos jubilados, un puñado de jóvenes, algunos diputados de la oposición y referentes de sindicatos como la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), que estaban concentrados sobre la Avenida Entre Ríos, en la plaza que está frente al Congreso nacional. Quienes no habían sido invitados pero estuvieron presentes de todos modos, aunque sin escudos en alto, fueron los oficiales de la Policía Federal Argentina (PFA), que formaron una hilera humana para que los manifestantes no cortaran la calle. Otro grupo de oficiales hizo lo mismo en la puerta del Congreso. 

El motivo de la concentración fue el “Jubilazo Federal”, que se hizo este jueves 13 de febrero por la tarde en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en diferentes provincias del país y cuya convocatoria estuvo a cargo de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) y de la CTA-Autónoma. Consistió en reunir firmas de ciudadanos de a pie para pedir al Estado una vuelta atrás a la reciente política implementada por PAMI —la obra social estatal de los jubilados—, que redujo la cantidad de afiliados que pueden acceder a la cobertura del 100% de medicamentos como Aciclovir (antiviral), Benznidazol (antiparasitario), Ceftriaxona (antibiótico) y Clobetasol (corticoide), entre otros. 

Si bien el beneficio se mantiene para los afiliados con ingresos menores a una jubilación mínima y media, que no tienen una prepaga, que no cuentan con más de una propiedad a su nombre y que no posee un auto de menos de 10 años de antigüedad, lo cierto es que para acceder a la cobertura del 100% de esos medicamentos deben realizar un trámite en el sitio web de PAMI o acercarse a una de sus sucursales con el DNI más una receta médica que indique el diagnóstico y solicitar un “subsidio por razones sociales”. Para eso, los jubilados deben tener acceso a una computadora e Internet o estar en condiciones físicas de trasladarse hasta una sede. 

“Hay una enorme cantidad de jubilados y jubiladas que han interrumpido sus tratamientos de alto costo. Están poniendo a ancianos y ancianas al borde de la muerte”, dijo a ANCCOM Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, mientras detrás de él se formaba una fila no muy larga de personas que se acercaban a una mesa para dejar su firma en una lista de reclamos. “Además, hay una barrera cultural —agregó Yasky—. No todos los adultos mayores están en condiciones de llenar un formulario a través de una computadora. Son todas trabas que van poniendo premeditadamente, porque saben que, de hecho, cada formulario es un filtro”. 

En determinado momento tomó el micrófono Leopoldo Moreau, diputado nacional de Unión por la Patria (UP), y dijo que “el Gobierno de Miei tiene como enemigos a los adultos mayores no solamente porque han sido objeto de un brutal ajuste sino porque además el Gobierno considera a los adultos mayores como un segmento de la sociedad prescindible o que debe ser hundido en la pobreza estructural. Nosotros vamos a acompañar esta lucha. Ya hemos presentado más de un proyecto vinculado a la necesidad de una prórroga de la moratoria previsional”. 

Ese reclamo fue otro de los motivos por los que la CTA y la CTA-Autónoma realizaron el “Jubilazo Federal”. Resulta que en 2023, bajo el Gobierno de Alberto Fernández, se sancionó la Ley 27.705 —titulada “Plan de Pago de Deuda Previsional”—, que permitía que las mujeres de 60 años y los hombres de 65 que no tenían realizados los 30 años de aportes requeridos para jubilarse lo pudieran hacer a través de la compra, a un precio determinado, de los aportes que les hacían falta para completar los años solicitados por el régimen previsional. Dicha ley tiene fecha de caducidad el 23 de marzo de 2025 y el Gobierno actual anticipó que no la extenderá. “Estamos pidiendo la prórroga de la moratoria para poder transitar un tiempo que nos permita establecer este sistema, porque Argentina es un país que estructuralmente tiene una gran cantidad de trabajadores que están en negro, que no van a acceder nunca a la jubilación si no hay moratoria y que son víctimas de una anomalía social”, comentó Yasky a esta agencia. 

Después del 23 de marzo de este año, quienes no tengan cumplidos los 30 años de aportes ya no accederán al plan de pagos y solamente podrán solicitar una Prestación Universal para el Adulto Mayor (PUAM), que equivale al 80% de una jubilación mínima y se va actualizando según la Ley de Movilidad. “La PUAM va a ser un problema porque va a tener niveles de indigencia —advirtió Yasky—. Es el 80% ahora, pero a medida que las cuentas no les cierren, la van a ir bajando. Como este Gobierno tiene como objetivo, además, privatizar el sistema jubilatorio, sabemos que los que cobren la PUAM van a formar parte de los primeros contingentes que van a quedar absolutamente a la intemperie. Hay que pelear para que el sistema sea justo y les reconozca el derecho a jubilarse a través de la moratoria”. 

Mirta Romeo, una jubilada que asistió a la jornada convocada por las dos CTA, contó a esta agencia que ella no cobra la jubilación mínima sino una superior “pero eso no quiere decir que uno no esté presente para los demás”, aseguró. Por su parte, Luciano Quiroga, otro jubilado presente, dijo que “andan diciendo que la gente se jubila sin haber aportado nunca, pero en realidad el que no aportó fue el patrón”. 

Un muro a los pobres

Un muro a los pobres

Feb 14, 2025 | Comunidad, Destacado 4

Bullrich colocó el primer poste del alambrado que separará Bolivia de Salta pero al día siguiente desapareció. La excusa del narcotráfico y los verdaderos perjudicados. Los dos muertos a manos de Gendarmería.

Al mejor estilo Donald Trump, empezó la construcción del alambrado de 200 metros que pretende dividir la frontera entre Argentina y Bolivia. Tras aprobar su presupuesto, se inició esta obra en un acto que encontró a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y al gobernador de Salta Gustavo Saénz, colocando el primer poste en Aguas Blancas. La excusa es la de siempre: la lucha contra el narcotráfico y el “control de los bagayeros”, que ya se cobró la vida de dos personas a manos de la Gendarmería. Como suele suceder con las puestas en escena oficialistas, al día siguiente el poste no estaba.

El martes 4 de febrero se llevó a cabo la adjudicación de la obra que cubrirá el equivalente a dos cuadras de frontera en una de las zonas, calificadas por las autoridades, más complejas del límite con el vecino país. Sólo una empresa se presentó a la licitación, ofreciendo un presupuesto oficial de 36 millones de pesos, que serán abonados con fondos nacionales. La suma corresponde a la construcción de un vallado de casi tres metros de alto coronado con un alambre de púas de tipo gillette, el mismo que se utiliza en construcciones de alta seguridad. Muchos propietarios rurales, trabajadores de la soja y el tabaco, entre otros, se pronunciaron acerca de este presupuesto, afirmando que con ese dinero podría hacerse una vallado de excelente calidad hasta cuatro veces más largo. 

En diálogo con ANCCOM, Adrián Zigarán, interventor en el municipio de Aguas Blancas comentó que “existe una suerte de vía libre en la frontera, por lo que se decidió construir un alambrado desde la terminal hacia migraciones y el río”. Dentro de esa construcción que tendrá “forma de L”, se encuentra el puesto fronterizo “Las Chalanas”, que es el paso fluvial que se pretende controlar con esta obra.

El informe oficial del Gobierno de la provincia de Salta anunció el 28 de enero la obra con el objetivo de “seguir garantizando la seguridad y el orden urbano en la frontera norte”, ya que la misma forma parte de la implementación del Plan Güemes, un esfuerzo estratégico del Ministerio de Seguridad para reforzar los controles limítrofes entre Salta y Bolivia. 

Ese plan ya se cobró la vida de un bagayero, Fernando Gómez, un trabajador de frontera que fue asesinado por Gendarmería Nacional a tan sólo seis días de su implementación, como así también la del joven kolla Ivo Torres, fusilado por gendarmes el 6 de febrero.

“El plan es la lucha contra el narcotráfico y el control de los bagayeros”, afirmó Zigarán, refiriéndose a los miles de trabajadores de frontera que se dedican a introducir artículos como electrodomésticos e indumentaria al país, principal motor de la economía de todos los ciudadanos argentinos y bolivianos del lugar. “En este sector se calcula que pasa el 15% del contrabando total de la zona, mientras que el resto es transportado por gomones que salen fuera del pueblo hacia Orán, por Puerto Carina”, comentó el interventor. Todo ese caudal de productos que queda por fuera de Puerto Chalanas, no será afectado por este alambrado, y precisará de una mayor presencia militar para ser controlado.

“Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado, asesinaron a Fernando Gómez, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, transportaba mercancías para poder subsistir”, señala Planes.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, se pronunció acerca de esta medida, y aseguró que se trata de un plan para ”taponar la zona por donde más droga entra”. La funcionaria le atribuye a un cerco fronterizo que cubre 200 metros de los más de 700 kilómetros de frontera la tarea de combatir contra todo el caudal del narcotráfico que ingresa al país. “Existe un plan para recuperar el control total de nuestras fronteras”, dijo Bullrich al poner el primer poste, sumando presencia militar en lugares estratégicos como Aguas Blancas y La Quiaca.

“Lo único que quieren con el Plan Güemes es justificar mayor presencia de Gendarmería en nombre de la lucha contra el narcotráfico”, comentó a ANCCOM Daniela Planes, docente de educación especial y militante socialista que acompañó a la familia de Fernando Gómez en las últimas semanas. “Tenían que realizar supuestos controles en la frontera, pero la realidad es que mientras el negocio de las drogas está al amparo del Estado por las distintas vías institucionales, asesinaron a Fernando, un joven trabajador precarizado que, lejos de estar en una actividad criminal, lo que estaba haciendo era transportar mercancías para poder subsistir”.

En esta parte del país existe un gran número de personas que no tienen otra opción más que dedicarse a esto, colgarse enormes bolsas de consorcio en la espalda y lanzarse al agua para flotar a merced del río y en horas de la madrugada, para recibir a cambio un salario que apenas les alcanza para alimentar a sus familias. “El reclamo de esta gente es tener acceso a trabajo genuino, eso no se va a resolver con un alambre”, reflexionó Daniela. 

La lucha simbólica

Aguas Blancas no es ni siquiera la frontera salteña más conocida en el límite con Bolivia, hay otra mucho más grande y concurrida en el municipio de Salvador Mazza. Pero lo que sí ha suscitado esta obra es la opinión de aquellos trabajadores de frontera, bagayeros salteños y sus familias que muchos reveses vienen sufriendo por la implementación del Plan Güemes. “Yo fui el que cometió el error de haber anunciado el alambrado”, reflexionó Zigarán, “primero porque es un tema menor, nadie que tenga dos dedos de frente puede entender que un cerco de 200 metros sea para combatir el narcotráfico”. Por Puerto Chalanas se calcula que hay un caudal de entre 1.500 a 3.000 personas intentando cruzar todos los días, que saltan un pequeño muro de contención de inundaciones que se encuentra construido a la vera del río, e ingresan de forma ilegal al país por ese sector.

 A partir de toda esta situación, es que el gobierno boliviano reaccionó de forma negativa, y muchos sectores políticos y culturales han acompañado el reclamo entendiendo que se trata de un hecho cargado de xenofobia por los constantes agravios que viene teniendo el gobierno salteño con el vecino país, muchos propiciados por una violenta política nacional del gobierno de Javier Milei, de aplaudir las recurrentes decisiones de obstaculizar el acceso a los hospitales e instituciones públicas de los ciudadanos bolivianos, además de perseguir a las personas de los pueblos originarios que hace cientos de años habitan la zona. Muchas de estas políticas han sido secundadas por la falta de reciprocidad que el gobierno reclama a Bolivia, la negación del acceso al combustible y los hospitales de los argentinos que visitan el vecino país.

La reacción del gobierno boliviano.

Por su parte, el Ministerio de Relaciones Exteriores boliviano, anunció mediante un comunicado oficial su preocupación por lo que puede significar esta medida fronteriza. Según el mismo, se trata de una medida unilateral que “puede afectar la buena vecindad y la convivencia pacífica entre pueblos hermanos”. A su vez, César Siles, ministro de Justicia boliviano, declaró que esta medida estaría en contra de los tratados internacionales, y calificó el mandato del presidente Javier Milei como “vulneratorio de los principios más elementales de la convivencia pacífica” entre países. “Este comunicado al principio me dió risa y después nos preocupó”, comentó al respecto Zigarán. “La convivencia pacífica la altera el gobierno boliviano que, por su inacción, permite que nos llenen el país de cocaína”, dijo el interventor.

La realidad es que la “narcofrontera” en los últimos años se ha corrido casi 300 kilómetros en el interior del país, y ha causado estragos políticos y sociales en muchos de los municipios del norte salteño y jujeño que, así como Aguas Blancas, han necesitado de intervención gubernamental para ser reestabilizados. El mismo Zigarán ya ha ocupado ese puesto en el pasado en lugares como Salvador Mazza y Aguaray.

Un municipio intervenido

Aguas Blancas es un municipio salteño que tuvo que ser intervenido por el gobierno de la provincia en octubre pasado debido a la detención del por entonces intendente Carlos Afredo Martínez por interferencias en la investigación del homicidio de su hermano, César Martínez, enlazado con el narcotráfico. Es en ese marco que se decide intervenir el municipio y colocar a Zigarán a la cabeza del mismo. La idea de esta obra es que se construya en 60 días, para así conseguir finalizarla antes del 11 de mayo, día señalado para las elecciones provinciales que, entre otras cosas, dará lugar a que se elija finalmente un nuevo intendente para este convulso municipio.

La “narcofrontera” en el norte del país viene siendo noticia desde que Bullrich y Gendarmería Nacional tomaron la partida de implementar el Plan Güemes, una estrategia para fortalecer los controles, obstaculizar el paso ilegal y detener el narcotráfico. Pero desde su implementación, las mayores víctimas han sido los ciudadanos salteños, trabajadores de frontera de familias muy humildes que necesitan de esta economía de contrabando de productos para su subsistencia, y que lejos están muchas veces de ser, como ya los señaló la ministra Bullrich, todos narcotraficantes.

“La Gendarmería asesinó a Fernando Gómez en Aguas Blancas, la semana pasada en La Quiaca, en Jujuy, asesinaron a Ivo Torres, un jóven estudiante y trabajador de la comunidad kolla”, comentó Daniela. Se pretende reforzar la frontera para pelear con el narcotráfico, pero las consecuencias son las vidas de personas inocentes. “Lo que pone en manifiesto está política en los gobiernos provinciales y nacionales es que refuerza el racismo y la xenofobia en las fronteras bajo un falso pretexto, 200 metros de alambre no trae ninguna solución a nadie”, sentenció.

 

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Donde hubo fuego, causas penales (a mapuches y brigadistas) quedan

Feb 14, 2025 | Comunidad, Destacado 2

Con el objetivo de señalar algún culpable y disimular el abando del Estado en la prevención, las autoridades patagónicas criminalizan a pueblos originarios y voluntarios. También allanaron y destruyeron una radio.

“Quien tenga estos libros en su biblioteca estaría en peligro como lo estoy yo, así actúan las dictaduras”, dice visiblemente afectada la referente mapuche Moira Millán, desde su comunidad Pillán Mahuiza, en Chubut. Un comando conjunto de fuerzas estatales allanó su casa y secuestró Feminismo Negro de Angela Davis, Pampas y Lanzas de Liborio Justo, El Niño Resentido de César González, Mujeres, vida y libertad de Rosa Luxemburgo; la historia de las Madres de Plaza de Mayo, Los caminos del Zapatismo y Derecho de las Mujeres Indígenas, entre otros de sus libros. Millán enfatiza que si se concreta la amenaza del gobernador Ignacio Torres de desalojar la Lof Pillán Mahuiza “estaría desconociendo el estado de derecho y los convenios internacionales”. Al borde de las lágrimas, y tras exigir la inmediata libertad de la mapuche Victoria Núñez Fernández, Millán cierra: “Soy una mujer mapuche pero también soy escritora, los libros han abierto mi mente, defendamos el derecho a pensar, a escribir y a leer, la democracia para todos, no sólo para la blanquitud, me estoy enterando de que me quieren encarcelar, quizás este sea mi último video, ante las difamaciones guarden mi verdad”.

El pasado martes 11 de febrero se realizaron diversos allanamientos en comunidades mapuche–tehuelches tales como las Lof Cañío, Catriman Colihueque y Nauelpan, entre otras, y en algunos domicilios de Esquel, en el marco de las causas que investigan la intencionalidad de los incendios en la Patagonia. También fue allanada una radio comunitaria, FM la Petü Mogeleiñ. En paralelo, Patricia Bullrich, quien tiene a su cargo el Sistema Nacional de Manejo del Fuego dentro del Ministerio de Seguridad, apareció en El Bolsón anunciando la creación de una nueva oficina burocrática: la Agencia Federal de Emergencia. El anunció sorprendió porque en el último año se subejecutó el presupuesto del Plan Nacional de Manejo del Fuego y fueron despedidos casi quinientos brigadistas.

Moira Millan.

Bullrich también señaló que caerán “con toda la fuerza de la ley a aquellos que incendian”. Mientras tanto, el fuego continúa, algunos focos en El Bolsón se van enfriando, pero la ayuda gubernamental no llega y los vecinos en las redes sociales agradecen a Dios y a la Mapu cuando llueve.

“Estos van a ser declarados, por el Artículo 41, como terroristas”, escribió Bullrich en X (ex-twitter), para referirse a la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), y para anunciar la detención de “una incendiaria terrorista pseudo mapuche”. La detenida es Núñez Fernández de 33 años, integrante de la Lof Pillan Mahuiza. En estos momentos se encuentra privada de su libertad en la Comisaría 1 de Esquel. Estuvo incomunicada desde el momento de su detención, y en ningún momento se le hizo saber por qué acción concreta estaba imputada. El 12 de febrero a las 12 se realizó la audiencia en la oficina judicial para definir su situación procesal. Luego, el juez penal Jorge Criado dictó, a pedido de la Fiscalía, la prisión preventiva por 60 días para esta mujer.

Núñez Fernández fue detenida en el contexto de allanamiento en Pillán Mahuiza, ubicada cerca de Corcovado, a 100 kilómetros de Esquel. “Las fuerzas especiales entraron a la fuerza, no querían mostrar la orden de allanamiento, rompieron puertas y ventanas, nos hicieron tirar a todos en el piso y a algunos le pusieron precintos en las manos”, explicó Evis Millán, hermano de Moira Millán weichafe (guerrera) de la comunidad.

En la radio comunitaria FM Petü Mogeleiñ, la policía provincial irrumpió en la radio sin avisar y sin orden de allanamiento, rompieron las cerraduras del local donde se encontraba el transmisor, la sala de operación y la de locución” , informan desde la radio. También rompieron la habitación de archivo que se encuentra en el lateral de la edificación, el SUM de la radio y una vivienda cercana. Durante el allanamiento también tiraron materiales diversos, comida y aparatos costosos que le permiten a la radio salir al aire, entre ellos, dos CPU que también les posibilita retransmitir por streaming. 

La semana pasada ANCCOM informaba sobre el inicio de las detenciones, primero a brigadistas y luego a mapuches, que en su mayoría terminaron con los imputados en libertad por falta de pruebas. Sin embargo, además de Núñez Fernández permanece detenido el albañil neuquino Nicolás Heredia, que estaba de vacaciones y acudió a llevar comida a los brigadistas que luchaban contra el fuego en Mallín Ahogado. Varios organismos de derechos humanos levantaron su voz por la cacería de brujas que está llevando adelante el Poder Judicial, tal como lo expresó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Por su parte, ayer el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) dijo que “la prisión preventiva a Nicolás Heredia y los allanamientos a medios de comunicación mapuche muestran una tendencia preocupante en el sistema penal en la Patagonia: la criminalización de defensores ambientales y el hostigamiento a comunidades indígenas”.

 

La conferencia de prensa del gobernador de Chubut

El gobernador Ignacio «Nacho» Torres encabezó una conferencia de prensa este martes 11, en donde se explayó sobre los allanamientos realizados. La conferencia fue titulada como “El atentado en Trevelin expone la red de responsables de los incendios en la provincia”, y en ella expuso una cronología de los hechos, un tanto particular. Comenzó mencionando el 2 de enero como el anuncio del desalojo de la “ocupación ilegal’’ en el Parque Nacional Los Alerces desde el 2020. En ese año el gobierno de Alberto Fernandez reconoció desde el Estado que esas tierras le correspondía al pueblo mapuche–tehuelche Lof Paillako, sin embargo el actual gobierno mantiene su postura de decir que fue una ocupación ilegal.

Torres continuó con el 9 de enero, el día del desalojo, que lo tituló como el día que “recuperamos las tierras tomadas”. Y afirmó que “menos de una semana después del desalojo, se inició el incendio intencional en Epuyén”. El mandatario provincial expresó que “muchas teorías conspiranoides de terraplanistas hacían referencia a grandes terratenientes que prendían fuego sus campos para lotear y vender las tierras, acá no hay grandes terratenientes.”. Sin embargo, nada dijo de los empleados del magnate británico Joe Lewis pretendiendo impedir el despegue de un avión hidrante y el ataque de un grupo similar, “la patota de gauchos armados con cuchillos” cuando se fue a pedir por la libertad de los brigadistas acusados la semana pasada. También hubo sospechas respecto al destino de las tierras quemadas, porque el presidente Javier Milei había anunciado que derogaría la ley que impide su venta por 60 años, algo que finalmente no sucedió.

En su cronología, acompañada por un Power Point, siguió con el 18 de enero como el día del “atentado incendiario” en la Estancia Amancay de Trevelin. Según Torres, a partir de esta situación se pudo “ver la vinculación entre los distintos focos y los responsables del atentado hecho con bombas molotov”. En ese punto acusó a Victoria Núñez Fernández, a Luisa Vanesa Roldan, a Lianca Millán, a Mau Belen Jones y a Moira Millán de “refugiarlos en una propiedad usurpada cerca de Corcovado”. Esa “propiedad usurpada” es la Lof Pillán Mahuiza, la que fuerzas especiales allanaron violentamente el 11 de febrero sin mostrar la orden judicial y detuvieron a Victoria Núñez Fernández. 

Finalmente Torres sostuvo que “el 4 de febrero denunciaron penalmente a Jones Huala, y dos días después se iniciaron seis focos de incendio simultáneos en El Pedregoso, y un día más tarde en Cholila”. Para Mirta Ñancunao, de la comunidad mapuche Las Huaytecas y werken (vocera) de la Coordinadora del Parlamento Mapuche–Tehuelche de Río Negro, “estos incendios es el medio que utilizan los gobiernos para despojar a comunidades y campesinos”. El condimento de la ensalada de datos que presentó Torres, como siempre, es la RAM, cuya actividad en la Patagonia es mucho menos protagónica que los funcionarios de derecha pretenden.

 

Por su parte, la Red Enfoques de medios comunitarios, alternativos y populares de la Patagonia afirmó: “Todavía desconocemos los motivos judiciales de este operativo, pero sabemos las razones políticas: buscar chivos expiatorios, perseguir y estigmatizar al pueblo mapuche–tehuelche, y a todo tipo de solidaridad comunitaria”. Y agregó que “no es casual la presencia en la zona de Patricia Bullrrich y de Luis Petri como ministros represores del gobierno nacional, sumado a las reiteradas declaraciones del gobernador de Chubut Ignacio Torres en contra del pueblo mapuche. Es claro que forma parte de una maniobra mediática, política y judicial represiva, en lugar de combatir el fuego y asistir a las familias damnificadas.”

El pasado fin de semana, en su show en Neuquén frente a medio millón de personas, Maria Becerra pidió donaciones por los incendios en la Patagonia. “Hay que visibilizar la situación, y sí el Estado no está dando la ayuda necesaria, la damos nosotros. Demostremos que Argentina es un pueblo solidario”, dijo la cantante. Al igual que cuando atacó a Lali Espósito, el presidente Javier Milei, vía historias de Instagram, respondió con un meme que dio a entender que la cantante quiere hacer plata con esa causa. 

 

Bondis porteños más caros y sin identidad

Bondis porteños más caros y sin identidad

Feb 14, 2025 | Comunidad, Destacado 5

El boleto mínimo costará 408 pesos en marzo y luego se ajustará mes a mes por inflación. Cuestionamientos al gobierno de Jorge Macri por el incremento, por el azul que unificará a todas las unidades de CABA y por la falta de una mirada integral del AMBA.

A poco más de cinco meses del traspaso de las líneas de colectivo del Estado nacional a la Ciudad de Buenos Aires, la gestión de Jorge Macri anunció una suba del boleto que entrará en vigencia a partir del 1° de marzo. Al igual que con el subte, el Ejecutivo porteño lo comunicó en una audiencia pública realizada el pasado lunes vía Zoom –transmitida por YouTube–, en la que recibió cuestionamientos no sólo por este incremento, sino también por otras medidas y una mirada alejada del Área Metropolitana.

«Falta una visión regional. Se segmenta teniendo una visión solo de Capital Federal. Ahora empezamos a presenciar la separación entre los colectivos que circulan sólo en la ciudad y los que circulan en el AMBA, lo que llevará a regulaciones y tarifas distintas», criticó el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, Claudio Boada.

El secretario de Transporte porteño, Héctor Guillermo Krantzer, justificó la medida debido a la necesidad de compensar el aumento en los costos de explotación, garantizar el buen funcionamiento y modernizar el sistema, cubrir las nuevas gratuidades como el boleto terciario-universitario y «recuperar los niveles de cobertura, de manera de contribuir a una rebaja del gasto fiscal».

En su intervención, sostuvo que la tarifa técnica del colectivo es de 1.008,74 pesos sin IVA, y una cobertura del subsidio del 72 por ciento. A su vez, planteó que el índice pasajeros-km durante el año pasado fue de 2,99. «Esto nos dice que la cobertura del costo de brindar el servicio por parte de la recaudación está en el orden del 27 por ciento».

Se tiene previsto aplicar actualizaciones tarifarias mensuales durante los próximos 12 meses, según la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) más un 2 por ciento adicional, para que los incrementos superen el nivel de inflación. «Vamos a estar en un nivel de cobertura del 36 por ciento a diciembre de este año, que se aproxima al 40 por ciento de la prepandemia», expresó.

El funcionario defendió los subsidios a los “Colectivos de la Ciudad”, el cual es asumido por los porteños «a través de sus impuestos» para garantizar la sustentabilidad económica del servicio. «No nos tiene que escandalizar que exista. Casi la totalidad de las ciudades del mundo compensan sus sistemas de transporte».

En relación al valor del boleto con la tarjeta SUBE registrada, el mínimo pasará a costar 408,24 pesos; de 3 a 6 km saldrá a 454,78; de 6 a 12 subirá a 489,82 y de 12 a 27 quedará a 524,89. Además, se mantendrán los descuentos de la Red SUBE, la Tarifa Social Federal –que equivale un 45 por ciento del valor del pasaje– y la gratuitad del boleto educativo.

Esto implica que el transporte porteño saldrá un 10 por ciento más caro que las demás líneas que circulan en CABA y continúan bajo la órbita de Nación, que hasta hoy no ha anunciado subas. Aún así, seguirá siendo uno de los pasajes más baratos, en comparación con otras 55 ciudades del interior, como los casos de Córdoba o Rosario que superan los 1200 pesos.

En otro orden, se busca mejorar la experiencia mediante la instalación de cámaras de seguridad, limitación de la vida útil de la flota a los diez años –cuando en los servicios nacionales es de trece–, implementación del boleto para estudiantes terciarios, del pago con tarjetas bancarias y de un corredor de minibuses eléctricos en el microcentro, entre otros.

Tras la exposición de Krantzer, fue el turno de usuarios, representantes de organizaciones no gubernamentales y de una cámara empresaria. Al respecto, las opiniones mayoritarias estuvieron centradas en cuestionar la decisión del Ejecutivo porteño de aumentar las tarifas.

La representante de la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA), Paola Cáceres, calificó la suba de «inapropiada» y cuestionó «las pocas precisiones y elementos de análisis» aportados por la Secretaría de Transporte. «Significaría en el término de 12 meses un aumento total de 57 por ciento cuando la inflación anual estimada cercana sería de un 25 por ciento, afectando la propia ecuación económica financiera».

«El Gobierno propone que los usuarios seamos quienes garanticemos el equilibrio fiscal y la sustentabilidad del servicio», afirmó la comunera de Unión por la Patria Yamila Iphais Fuxman. Mientras que la titular de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, María José Lubertino, expresó: «Las subas no están acordes a los aumentos que estamos teniendo en nuestros bolsillos que no se actualizan con esta periodicidad».

En representación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, Rodrigo Franco, valoró el ajuste gradual del esquema tarifario, aunque advirtió el peligroso impacto que podría tener a partir de «la volatilidad de las variables macroeconómicas del país, una coexistencia de tarifas diferentes para servicios similares» y la potencial migración de pasajeros a las líneas nacionales.

Por su parte, Luciano Fusaro, presidente de la Asociación Argentina de Empresas de Transporte Automotor (AAETA), uno de cuyos asociados es la firma Metropol (operadora de las líneas 65, 90 y 151), comentó que las subas en los últimos tiempos fueron por un arrastre consecuencia de un boleto planchado durante varios años.

«Es cierto que el año pasado hubo un aumento de la tarifa del 600 por ciento por encima de la inflación, pero hay que mirarlo en un contexto donde la tarifa estuvo congelada durante muchísimo tiempo. Todos sabemos muy bien qué es lo que ocurre cuando las tarifas se empiezan a congelar en un contexto de inflación muy alta».

Además, acusó al Estado nacional de incumplir desde hace años una cláusula con los contratos de explotación, en el que, en caso de haber desequilibrios en ingresos por valores superiores al 6 por ciento, se «tiene que permitir a las empresas recomponer la estructura de costos de manera que se pueda sostener la calidad de la prestación».

En ese sentido, aseguró que, como consecuencia de dicho incumplimiento, los ingresos de las prestadoras quedaron por debajo de la inflación desde 2016, con del 36 por ciento entre 2015 y 2024 –arrastrado a una pérdida de pasajeros del 20 por ciento–, lo que repercute, según Fusaro, en «la pérdida de capacidad de renovar la flota» y en «cada vez menos servicios nocturnos», esto último cuestionado por otros participantes presentes.

Un aspecto que generó controversia fue la decisión de reemplazar parte de los cortes de pintura de las 31 líneas porteñas por un diseño unificado y marketinero, con un “fileteado ploteado”, contra el cual, desde fines de noviembre pasado, circula un petitorio en la plataforma Change.org, que cuenta con 14 mil firmas.

«Imitamos siempre a alguna ciudad prestigiosa. Sería un error enorme. Las personas tienen dificultades visuales y reconocer los colores tradicionales de los colectivos es muy importante», señaló María Teresa Gutiérrez Cullen de Aráoz. Otra oradora, Tamara Mingrone afirmó que los «colores, filetes y luces forman parte de la identidad cultural de esta ciudad, pero fundamentalmente cumplen la función práctica de poder divisarlos a la distancia».

El uso de energías alternativas, como las baterías de litio o energía solar, fue otro tema abordado en la audiencia, a partir de la mención realizada por Krantzer de la próxima implementación de una línea con minibuses eléctricos. «Es auspicioso que haya una línea que no dependa de los combustibles fósiles, pero no queremos que esto se reduzca a una muestra cosmética. Tiene que haber un proyecto y un proceso de transición hacia las energías limpias», opinó Lubertino, quien se refirió a la posibilidad de promover «alianzas estratégicas entre la academia, la ciencia y la ciudad de Buenos Aires», y puso de ejemplo un convenio entre la Universidad Nacional de La Plata y la empresa Nueve de Julio S.A.T. de esa ciudad, con el objetivo de reconvertir colectivos en eléctricos.

La necesidad de pensar en un transporte metropolitano e integrado también fue motivo de debate, a raíz del uso de diferentes medios por parte de millones usuarios de Capital y Provincia. Rodrigo Franco habló de la necesidad de «poner más esfuerzos por congregar la Agencia de Transporte para dar respuesta a todos los problemas de transporte y los desafíos».

Cabe recordar que Nación y Ciudad firmaron el 3 de septiembre de 2024 un acta de acuerdo para traspasar 31 corredores, que equivalen a un tercio de los servicios que operan y que, según el Artículo 2 de la Ley 26.740, corresponden al gobierno porteño su «competencia y fiscalización».

Veintisiete de las líneas circulan exclusivamente en el ámbito de la Capital Federal: 6, 7, 12, 23, 26, 34, 39, 42, 44, 47, 50, 61, 62, 64, 65, 76, 84, 90, 99, 102, 106, 107, 108, 109, 115, 118 y 132. Mientras que otras cuatro poseen una de sus puntas en el lado Provincia, a metros de la Avenida General Paz: 4, 25, 68 y 151. «Esto es un hito en términos de la autonomía de la Ciudad. En definitiva, implica la asunción de las competencias regulatorias que constitucionalmente le corresponden», destacó Krantzer.

El representante de la Defensoría dijo que el acta propicia el «privilegio al respeto de la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires, fundamentalmente en lo que tiene que ver con su autonomía».